La realidad de los impuestos municipales

 

La opinión del Presidente de la CCIAP…

FERNANDO ARANGO MORRICE
farangom@cciap.com

Si una lección nos dejó 2008 y 2009 es que, nunca antes el mundo había experimentado tan de cerca la interdependencia de la globalización, donde todos sufrimos las consecuencias de las acciones de otros. Esto mismo aplica a la economía nacional donde todos somos actores, Gobierno Central, gobiernos locales, empresarios, trabajadores y consumidores, en el momento que uno de estos actores cree una distorsión en la hoja de ruta plasmada para el desarrollo económico todos sufriremos las acciones de ese único jugador. De ahí la premisa número uno de la importancia de consultar y tratar de consensuar lo más posible en beneficio de todos por igual.

Cuando el Municipio de Panamá decidió de manera unilateral, arbitraria e inconsulta aprobar este cambio radical a los impuestos municipales, ciertamente no tomó en cuenta el impacto que esto tendría en los diferentes actores de la economía nacional, ni siquiera pareciera haber evaluado el peso que su distrito tiene sobre las demás comunas del país. Lo invito, estimado lector, a que hagamos este ejercicio y sea Usted quien saque las conclusiones de si esto solo impactará a las empresas grandes.

Dentro de las empresas que aportan al erario municipal, podemos mencionar una distribuidora grande que está sufriendo un aumento de 1,150%, si estas empresas tienen un aumento de tal magnitud en sus costos, lo más probable es que lo apliquen a sus productos para recuperar; aunque no descarten para palear semejante alza, ya sea mudar su empresa a otro municipio y/o hasta considerar reducción de personal.

Pero planteemos el escenario de que el distribuidor le aplique esto a los productos que hace llegar a los mini súper y supermercados, a los cuales los impuestos municipales les están incrementando en promedio 400% y 2,504%, respectivamente. Nuevamente, el mini súper y supermercado que ya pagaron el producto con aumento, tendrán que recuperar el aumento de sus costos, tanto el aplicado al producto por el distribuidor como el alza del impuesto municipal a su actividad económica; es decir, el producto llegará al consumidor final, tanto grande como pequeño, con doble alza de precio.

Por otra parte, analicemos el impacto en el Gobierno Central.   Panamá, ha atraído inversiones en base a una política económica de reducción en materia impositiva y logramos sobrevivir la crisis económica internacional en números positivos, obtuvimos las calificaciones de grado de inversión y a diario llegan cientos de inversionistas a Panamá buscando establecer sus negocios y aportar puestos de trabajo, de acuerdo a las reglas de juego vigente. Nuevamente, observamos cómo este Acuerdo Municipal rompe con la política económica de Estado, que nos ha logrado tantos beneficios para el desarrollo de nuestro país, no solo por el flujo de capitales, sino por la creación de puestos de trabajo, entre otras cosas.

Así pues, querido lector, como observa, estos impuestos municipales tendrán un efecto cascada en diferentes aspectos de la vida nacional. Entonces, pregúntese usted si realmente esto afectará solo a las grandes empresas.

Este artículo se publicó el  6  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Qué sabes de impuestos?

La opinión de…

 

Antolino Herrera

Los impuestos son tan antiguos como la humanidad misma. En la Roma antigua se referían a la voz latina tributum, que era la contribución que el gobierno exigía para capitalizar las finanzas públicas y así (hoy día), el Estado y sus municipios, cumplir con las obligaciones más relevantes: servicios de correo, policía, bomberos, salud, educación, vivienda y otras ya conocidas. Se denominaba tributum, porque entre los romanos se pedía por tribus.

En la actualidad, cuando nos referimos a tributos estamos hablando de tres cosas: impuestos, tasas y contribuciones especiales (las de mejoras y las de la seguridad social). Se agregan los intereses y sanciones que se aplican por penas, infracciones a la ley o multas.

La denominación más extendida en Panamá es la de impuesto, aunque sabemos que este es una parte sustancial del esquema del ingreso público por vía de la recaudación. Lo que hemos aprendido de estos tributos es que no son de fácil aplicación. Basta que usted aplique mal un impuesto y se sucederán toda una cadena de acontecimientos negativos, en el mismo orden o proporción con que se aplica.

En cualquier país del mundo, si se realizan reformas fiscales sin preveer los efectos que acarreará sobre los ciudadanos y las empresas, pueden ocurrir dos cosas, por lo menos. La primera, que toda la región en donde se aplique el impuesto retroceda, es decir, que los individuos experimenten mayor pobreza. Si los impuestos se aplican sin mayores estudios; elaboración de proyecciones, haciendo modelos de regresión múltiple en el tiempo, encuestas; gráficos, cuadros estadísticas, etc., el proyecto de aplicación sería una aventura.

Además, hay que indagar como anda el coeficiente de presión fiscal (ingresos tributarios entre el producto interno bruto a precios de mercado). Este lo calcula un departamento de Estadística Tributaria de la Dirección General de Ingresos.

El coeficiente nos indica si el país tiene niveles de carga impositiva muy alta o aun tolerable por el resto de la sociedad. Hay que observar también la presión psicológica del tributo sobre el ciudadano. Si más conocimiento tienen los individuos y las empresas sobre la aplicación de la nueva tarifa, se elimina en parte su resistencia al pago.

Hay que considerar los límites psicológicos, económicos y políticos de los impuestos. Existe una buena cantidad de teorías y experiencias en este campo. Quienes auspician la reforma fiscal deben tratar de conocer por ejemplo: Los efectos macroeconómicos de los impuestos sobre la inversión, el consumo, el ahorro, el trabajador o asalariado; y tomar en cuenta cómo afectará la reforma a la empresa o sociedades anónimas.

Generalmente, las empresas trasladan los impuestos a los consumidores a través de los precios. El asunto no pinta nada sencillo, porque aun si se estudia el comportamiento promedio esperado de las personas o empresas sobre la cual recaerá el impuesto, hay variables, datos o situaciones imprevistas o concomitantes que pueden pasar desapercibidas al ojo u olfato del más sagaz analista de impuestos.

¿Cuántos de estos ejercicios habrán ensayado nuestros estimados reformadores fiscales en la hoy cuestionada Alcaldía capitalina. No es para molestar, es solo para compartir, lo que para los especialistas en impuestos es algo conocido.

Entiendo que en Panamá hay universidades que dictan maestrías en tributación. En el sector público hay muchos funcionarios con una amplia formación en materia fiscal. Parte de este texto corresponde al estudio de grado de los economistas Carlos A. Davis y este servidor, en la tesis, Análisis Económico de los Impuestos y la Presión Fiscal en Panamá. Ojalá y salgan de la crisis en el Municipio, nada más que por mover unas tarifas, tasas o impuestos.

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Este artículo se publicó el 4  de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los municipios tienen autonomía

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La opinión del Doctor en Derecho…

Ernesto Cedeño Alvarado 

Un futuro proyecto de ley se avecina, cuentan los medios, y pretende hacer, que los municipios del país, le tengan que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas, cualquier reforma que implique un aumento de impuestos, para los contribuyentes.
Según mi concepto, si la idea se llega a convertir en ley de la república, a mi juicio el instrumento sería inconstitucional, por lo siguiente: Atentaría contra el principio de separación de poderes, que reza el Artículo 2 constitucional.

Afectaría la función constitucional del Consejo Municipal, de determinar la aprobación o eliminación de sus impuestos municipales, de manera independiente, como consta en la Constitución, en su Artículo 242, numeral 5.

Minimizaría la autonomía municipal, que se recogen en los Artículos 232 y 233 de la Carta Magna.

Conculcaría la atribución del Alcalde de presentar proyectos de Acuerdos impositivos al Consejo Municipal, para su aprobación, de manera autónoma. (Véase el Artículo 243 de la Constitución, numeral 1).

Huelga añadir que el Órgano Ejecutivo, por imperio del Artículo 233 constitucional, debe garantizar el cumplimiento de los fines municipales, precisamente en base al principio de autonomía, entre otros; por lo que impera realizar una profunda reflexión sobre la idea en ciernes, para adecuarla al pensamiento supremo del constituyente, que he expuesto anteriormente; elucubro yo.

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<>Artículo publicado el 31  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otro plato roto que paga el pueblo

La opinión del Abogado…

Octavio Villalaz Benzadon

Sentado en el sofá de mi casa, viendo un programa de televisión, el mismo es interrumpido por una propaganda pagada por el Municipio de Panamá, la cual trata de justificar el aumento de impuestos municipales a los comerciantes del Distrito.

Si bien es cierto que el Municipio de Panamá tiene la facultad de gravar aquellos impuestos que no son gravados por la Nación, es igual de cierto que la demanda interpuesta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene ningún sentido, ya que decir que los impuestos municipales se equiparan al derecho que tiene el gobierno central de cobrar el impuesto sobre la renta, sería dejar en la ruina a la urbe capitalina y a todos los municipios de la República.

Si al Municipio le da la gana de gravar a los comerciantes con un 100% adicional sus actividades comerciales, el gobernante municipal tiene la facultad para hacerlo previa aprobación del Consejo Municipal.

Ahora, como nosotros -y hablo por aquellos a los que no perjudica el alza o la baja de los impuestos municipales como contribuyentes, pero sí como consumidores- podemos ver desde nuestra perspectiva lo que está pasando y opinar objetivamente sobre quién tiene la razón.

Entonces, las preguntas que nos hacemos serían: ¿Cuál es el programa social que tiene la Alcaldía de Panamá?, ¿Cuál es su programación para el año 2011 y lo que le queda de gestión al Alcalde Bosco?, ¿Qué ha hecho todo este tiempo sentado en su silla?

La percepción negativa que tiene la mayoría de los ciudadanos sobre el Alcalde, radica principalmente y según él, en el fuego amigo que tanto cacarea y el cual es promovido por un sector económico que tiene vinculación con el poder ejecutivo, razón por la cual su sed de venganza la centró en una reforma del régimen impositivo que arrastra a otros sectores comerciales ajenos a la disputa política. ¿Acaso somos los panameños culpables de estas guerras intestinas? Pues No.

¿Qué derecho tenía el Alcalde de hacer una reforma inconsulta, esgrimiendo el garrote por delante de toda negociación?   Ello solo demuestra la carencia de la inteligencia política que se debe tener para estos casos.

La Alcaldía no es un sitio de poder que otorga facultades plenipotenciarias para adjudicar consultorías a diestra y siniestra, cuyos beneficios en ningún momento impactan en forma directa o indirecta a los ciudadanos.

¿Qué desean al final: servir a la ciudad o a sus propios intereses? Hasta cuando tenemos que soportar los ciudadanos semejante apatía y seguir sintiendo impotencia por cómo se juega con el bolsillo nuestro, que al final del camino, es el que paga todo el desgreño municipal.

<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Capacidad y responsabilidad de imponer

La opinión del Abogado, Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

En el año 1215, los nobles ingleses impusieron al rey Juan Plantagenet, “Juan sin Tierra”, hermano y sucesor de Ricardo “Corazón de León”,  la que, desde entonces, se conoce como “la Carta Magna”, que limitó el poder del monarca para imponer tributos a sus súbditos, de manera inconsulta. No se desconoció el poder “del soberano” a decretar impuestos; pero, a partir de allí, dejó de ser ilimitado. 

Los gobiernos en los estados modernos tienen la potestad de imponer tributos: impuestos, tasas y otras exacciones a los gobernados;   pero ese poder debe ser ejercido dentro de los límites constitucionales y legales y, sobre todo, con responsabilidad.

En la Constitución de 1904, el Artículo 131 disponía lo siguiente: “Corresponde a los Consejos Municipales ordenar, por medio de acuerdos propios o de reglamentos dictados por Juntas o Comisiones técnicas, lo conveniente para la administración del Distrito; votar las contribuciones y gastos locales con las limitaciones que establezca el sistema tributario nacional; y ejercer las demás funciones que las leyes les señalen.”

En la Constitución de 1941, el Artículo 186 decía: “El presidente de la República podrá suspender todo acuerdo municipal o acto del Concejo que sea violatorio de la Constitución, de la Ley, de los decretos del Poder Ejecutivo, o de las ordenanzas provinciales. Los gobernadores de Provincia y cualquier ciudadano podrán pedir la nulidad de tales acuerdos”.

La intención de esas normas era evitar que los municipios pudieran “desbocarse” y trastocar el “sistema tributario nacional”, creando a su antojo y capricho tributos excesivos. Pero esa limitación, desapareció en la Constitución de 1946, por virtud del Artículo 202, de siguiente tenor:   “Los acuerdos, resoluciones y demás actos del Consejo Municipal, de las comisiones o de los Alcaldes, cuando éstos sean elegidos por el voto popular, sólo podrán ser suspendidos o anulados por tribunales competentes.”

La Constitución vigente (artículos 232 y siguientes) reforzó la autonomía municipal y eliminó la posibilidad de que sus acuerdos puedan ser “vetados” o anulados por una instancia superior, distinta de la judicial.   Por ello, la reciente decisión del alcalde Vallarino y el Consejo Municipal de aumentar, desmedidamente y sin ninguna adecuación al “sistema tributario nacional”, plantea un conflicto constitucional y legal difícil de superar,  aunque no insalvable.

Los tributos se justifican para asegurar fuentes de financiamiento de la Administración Pública, tanto nacional como municipal, y de los servicios que están supuestas a prestar a la comunidad.

El Municipio de Panamá, por ser capital de la República y sede del gobierno nacional y, además, centro principal de las actividades económicas, es distinto al resto de los otros distritos y, por consiguiente, sus rectores deben, con buen sentido, coordinar, previamente, sus iniciativas tributarias con las autoridades nacionales, especialmente cuando, como en el caso del distrito capital, los principales servicios públicos son prestados o son responsabilidad de las autoridades centrales, como ocurre con la seguridad, la salud, al agua y el alcantarillado, la educación, la vivienda, la construcción y reparación de calles, el transporte público y la regulación del tránsito vehicular. Y si a eso se agrega que la recolección de la basura ya no es competencia del municipio, cabría preguntar:   ¿en qué se fundamenta un municipio de tan limitadas competencias para lanzarse a una desenfrenada e irresponsable, por inconsulta, carrera de aumentos impositivos?

Desde que a “Juan sin Tierra” se le cortó la facultad de “imponer tributos”, la sensatez y la prudencia han sido criterios rectores de las políticas impositivas y quienes todavía conservan la facultad de decretarlos nunca deben olvidarlos. De lo contrario, se exponen, como en el caso presente, al repudio de la comunidad y, de paso, justifican que sea necesario volver a implantar medidas como las previstas en las constituciones de 1904 y 1941.

<>Artículo publicado el  25  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Por qué?

La opinión del Honorable Diputado…

José Blandón Figueroa

Es la pregunta que me han hecho mucho en las últimas semanas.   ¿Por qué estás asumiendo el desgaste de ayudar a una administración municipal que tiene bajísimos niveles de aceptación popular? ¿Por qué has asumido la vocería de una reforma impositiva a nivel municipal que se ha granjeado tan poderosos enemigos?

Tengo cuatro períodos consecutivos de ser miembro de la Asamblea Nacional, en representación de uno de los cuatro circuitos que componen el distrito de Panamá.   Durante casi todo ese tiempo, he participado de la Comisión de Gobierno, que tenía dentro de sus temas el de la descentralización.

A lo largo de los años, he podido asistir a eventos fuera del país sobre los gobiernos locales y percatarme del alto grado de centralismo que impera en Panamá. Durante este tiempo, he llegado a convencerme de que el próximo paso en la consolidación de la institucionalidad democrática en Panamá es la descentralización municipal.

Con frustración y envidia, de la buena, uno ve lo que se hace en Medellín, Bogotá, Guayaquil, Tegucigalpa y otras ciudades de nuestra América Latina.    Contrastar esas realidades con lo que ha sucedido en nuestra ciudad capital en los últimos 10 años es decepcionante.   Basta con decir que de 2000 a 2010,   solo se construyó un parvulario y ni una sola instalación deportiva de importancia en todo el distrito capital. Cuando acepté ayudar al alcalde Vallarino, revisamos en equipo la situación y uno de los temas ineludibles era, sin lugar a dudas, el tema impositivo.

El Municipio necesita de más recursos para inversión. Eso se logra haciendo más eficiente el gasto y aumentando las recaudaciones. Para aumentar las recaudaciones, no necesariamente se requiere subir los impuestos, puesto que se puede mejorar la fiscalización y aumentar los contribuyentes, “capturando” a muchas empresas que operan en la ciudad de Panamá, pero no se han registrado en la Tesorería Municipal. Sin embargo, analizando el impuesto por actividad económica, que desde el 2006 se paga en función de la facturación anual de las empresas, el equipo técnico del Municipio sugirió modificaciones al cálculo de este impuesto para hacerlo más equitativo.

¿Dónde reside la oposición a los cambios aprobados en diciembre del año pasado?   El 85% de las empresas contribuyentes pagarán en abril lo mismo o menos de lo que pagan hoy en enero. ¿Por qué entonces la oposición de la Cámara de Comercio y el Conep?   Porque las tablas vigentes desde el 2006 establecen topes máximos, lo que provoca que una empresa de venta al por menor que factura 6 millones anuales pague lo mismo que otra que factura 120 millones al año, esto es, mil balboas mensuales.

A usted, amigo lector, ¿le parece que eso es justo?    ¿Que yo facture 20 veces más que tú, pero pague lo mismo al Municipio?    Entendemos que pasar de pagar mil balboas al mes a pagar 10 mil balboas al mes es un salto grande, pero lo que está pagando es el mismo porcentaje que todos los demás.   ¿Dónde está el punto de equilibrio?   ¿Cuánto quieren pagar las grandes empresas? ¿Quieren un tope mensual de 2 mil, 3 mil ó 5 mil mensual? ¿Cuánto consideran que es justo pagar para que la ciudad tenga mejores parques, aceras, instalaciones deportivas y más espacios públicos para los ciudadanos?

En definitiva, ¿por qué estoy en esto? Porque considero que la posición es la correcta y porque creo que esta ciudad se merece un mejor destino. Porque creo que si nuestra democracia desea crecer y fortalecerse debe tener gobiernos municipales fuertes, con recursos para invertir en obras. Porque pienso que humildemente puedo aportar mi experiencia y mi trayectoria a lograr que podamos construir una mejor ciudad, especialmente para los panameños más humildes y aquellos que viven en las afueras de la ciudad donde la presencia institucional de la Alcaldía es nula o casi inexistente.

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Este artículo se publicó el 28  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La realidad de los impuestos

La opinión de…

 

Fernando Arango Morrice

Si una lección nos dejaron 2008 y 2009 es que nunca antes el mundo había experimentado tan de cerca la interdependencia de la globalización, en la que todos sufrimos las consecuencias de las acciones de otros. Esto mismo aplica a la economía nacional, en la que todos somos actores, Gobierno central, gobiernos locales, empresarios, trabajadores y consumidores; en el momento en que uno de estos actores cree una distorsión en la hoja de ruta plasmada para el desarrollo económico todos sufriremos las acciones de ese único jugador. De ahí la premisa número uno de la importancia de consultar y tratar de consensuar lo más posible en beneficio de todos por igual.

Cuando el Municipio de Panamá decidió de manera unilateral, arbitraria e inconsulta aprobar este cambio radical a los impuestos municipales, ciertamente no tomó en cuenta el impacto que esto tendría en los diferentes actores de la economía nacional, ni siquiera pareciera haber considerado el peso que su distrito tiene sobre las demás comunas del país.

Lo invito, estimado lector, a que hagamos este ejercicio y sea usted quien saque las conclusiones de si esto solo impactará a las empresas grandes. Dentro de las empresas que aportan al erario municipal, podemos mencionar una distribuidora grande que está sufriendo un aumento de 1,150%, si estas empresas tienen un aumento de tal magnitud en sus costos, lo más probable es que lo apliquen a sus productos para recuperar, aunque no descarten para palear semejante alza, ya sea mudar su empresa a otro municipio y/o hasta considerar reducción de personal.

Pero planteemos el escenario de que el distribuidor le aplique esto a los productos que hace llegar a los mini súper y supermercados, a los cuales los impuestos municipales les están incrementando en promedio 400% y 2,504%, respectivamente. Nuevamente, el mini súper y supermercado, que ya pagó el producto con aumento, tendrá que recuperar el aumento de sus costos, tanto la aplicada al producto por el distribuidor como el alza del impuesto municipal a su actividad económica, es decir, el producto llegará al consumidor final, tanto grande como pequeño, con doble alza de precio.

Por otra parte, analicemos el impacto en el Gobierno central. Panamá ha atraído inversiones con base en una política económica de reducción en materia impositiva y logramos sobrevivir la crisis económica internacional en números positivos; obtuvimos las calificaciones de grado de inversión y a diario llegan cientos de inversionistas a Panamá buscando establecer sus negocios y aportar puestos de trabajo, de acuerdo con las reglas de juego vigente. Nuevamente, observamos cómo este acuerdo municipal rompe con la política económica del Estado, que nos ha logrado tantos beneficios para el desarrollo de nuestro país no sólo por el flujo de capitales, sino por la creación de puestos de trabajo, entre otras cosas.

Así, pues, querido lector, como observa, estos impuestos municipales tendrán un efecto cascada en diferentes aspectos de la vida nacional. Entonces, pregúntese usted si realmente esto afectará solo a las grandes empresas.

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Este artículo se publicó el 30  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.