El ‘Yo acuso’ de los magistrados

La opinión del Ex Defensor del Pueblo…..

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Juan Antonio Tejada

EXPEDIENTE. Considero que los salvamentos de votos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reivindican a la Procuradora, y efectivamente visibilizan, con todo respeto, que se trata de un proceso amañado, que desatiende lo previsto en la Constitución y en las leyes de la República.

Basta leer los salvamentos de voto, particularmente el del magistrado Jerónimo Mejía. Tales salvamentos contienen consideraciones jurídicas que, en su conjunto, bien pueden interpretarse como un “Yo acuso” [en referencia al célebre J’acusse de Emile Zola].

Y es que la celeridad que se le imprimió al proceso de la Procuradora General de la Nación, así como el hecho de que no se atendiera su “derecho a un juez imparcial”, pese a que existe una clara causal de impedimento por parte del hoy magistrado Wilfredo Sáenz, y más aún, que no se resolvieran oportunamente las acciones judiciales presentadas en su momento por la defensa, dan clara cuenta de que el proceso que nos ocupa sigue avanzando en clara violación al “debido proceso”.

En mi opinión como abogado, lo acontecido no tiene precedentes en nuestra historia judicial y ocasiona un grave perjuicio al estado de derecho. Esperaría, sinceramente, que se rectifique y que no se continúe por ese camino.

Es de mencionar que me siento alucinado cuando en el fallo, por el cual se admite la petición de suspensión del cargo a la Procuradora General de la Nación, se hace referencia –como “disposición legal aplicada”– al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 14 de 1976 por la república de Panamá.

Y, por último, en cuanto a la negativa del recurso de reconsideración anunciado por la propia Procuradora, resulta claro que los antecedentes jurisprudenciales dan cuenta de que la admisión o no de tales recursos ha sido un tema que conoce el pleno de la Corte Suprema, y no un magistrado sustanciador, como fue el caso.

En ese sentido, podemos citar el fallo del 8 de marzo de 2004, en el que todos los magistrados analizaron la viabilidad de un recurso de reconsideración presentado por la entonces procuradora general encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, en el proceso penal seguido contra H.L. Carlos Afú Decerega y otros, por delito contra la administración pública.

En fin, a la Procuradora General de la Nación se le ha negado toda posibilidad de defenderse y de ser “oída” ante un tribunal independiente e imparcial. Tales contravenciones resultan gravísimas y, con seguridad, merman la garantía constitucional del debido proceso, que implica “la obligación que tienen las autoridades a quienes se les ha confiado la tarea de administrar justicia, y de cumplir con los procedimientos establecidos en la ley”.

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Publicado el 7 de febrero en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.