¿Orden de conducción o de detención solapada?

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-La opinión del Jurista…

JAIME A. PADILLA G.

Vemos con preocupación, el abuso en que han caído funcionarios del Ministerio Público con relación a la ‘orden de conducción’, percatándonos de que existe una solapada intención de convertirla en una ‘orden de detención’.  Esto es peligroso y violatorio del principio del debido proceso y de las garantías constitucionales que salvaguardan a nacionales y extranjeros, la Carta Magna y otras normas de derecho sustantivo y adjetivo, que están siendo burladas por estos funcionarios.

¿Qué se entiende por ‘conducción’?   De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo año, la ‘conducción’ es ‘el acto de conducir a una persona al despacho del funcionario de instrucción cuando la investigación requiera su presencia’. De igual forma el juez también lo podrá ordenar, siempre y cuando él estime que existe mérito para ello o para aclarar algunos puntos oscuros o dudosos en el expediente. Yo la podría definir como ‘mecanismo procesal mediante el cual el despacho instructor, ante la necesidad de requerir a alguna persona, haga que ésta comparezca al despacho para alguna diligencia, al término de la distancia o sea al instante’.

En cuanto a los trámites procesales a cumplir, antes de ordenar la conducción de alguna persona al despacho requirente, se tiene que seguir el parámetro substancial que brinda el Artículo 17 de nuestra Constitución, que prevé los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse ante todo.   En todo momento, los funcionarios de instrucción, deben respetar y proteger estas garantías fundamentales, con marcado respeto a la dignidad humana, y no ordenar la conducción, sino se han agotado previamente todos los mecanismos elementales de comunicación y notificación, como llamadas telefónicas a celulares, correos electrónicos, faxes y cualesquiera otros.    Concluida esta etapa, si se comprueba la renuencia o rebeldía de la persona en no asistir, entonces es que puede ordenarse su conducción al despacho, pues ya no le queda otra salida al funcionario de instrucción que utilizar este mecanismo procesal de comparecencia obligada.

¿Pero qué sucede hoy por hoy? Que sin ningún tipo de comunicación, o búsqueda previa, se procede directamente a ordenar la conducción de la persona. Recordemos el caso de la juez suplente Zulay Rodríguez, a quien el Ministerio Público le ordenó conducción sin ningún acto previo de notificación o llamado, y el reciente caso de Saúl Méndez, tratándolos como evasores de la justicia.

Esta mala praxis, no es otra cosa que la intención solapada de ignorar el orden de las medidas cautelares que contempla el Código Judicial en su Artículo 2127 y siguientes y aplicar directamente la detención preventiva, sin ningún sustento fáctico—jurídico y sin haber cumplido con los trámites procesales para aquella.

Aquí tenemos que aclarar que la detención preventiva es la última y la más gravosa de las medidas cautelares, y que para ordenarse tienen que haberse cumplido los requisitos exigidos por el Código Judicial en el Artículo 2128, siendo medida distinta a la simple conducción, pues, la conducción es netamente administrativa procesal y la detención preventiva es de naturaleza procesal con fines distintos.

La conducción pretende hacer comparecer al sujeto requerido al despacho requirente; mientras que la detención, priva de la libertad al sujeto requerido y lo aisla por completo de la sociedad, so pretexto de tenerlo a órdenes del despacho indefinidamente.

En fallo del 23 de julio de los corrientes, dentro del caso de la solicitud de Habeas Corpus a favor de Saúl Méndez, la Corte Suprema, en pleno, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’, y que ‘debe manejarse con prudencia’, de manera que solo se aplique cuando ‘se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso’.

El fallo agrega que la orden de conducción debe producirse dentro del margen de la constitucionalidad. La advertencia de la Corte indica a los funcionarios de instrucción que la orden de conducción incluye poner en conocimiento del conducido, los derechos contenidos en los Artículos 22 y 25 de nuestra Constitución.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
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Inquietudes procesales

La opinión del Abogado…

JUAN CARLOS PASTOR

La necesidad nos llevó a elevar conductas a fin de destacarlas e individualizarlas a efecto de crear Leyes o Delitos.   He ahí ‘El derecho Sustantivo’, cuyo origen ha sido siempre noble e instructivo. Nuestra desgracia no se ha encontrado en la elaboración de nuestras leyes, menos en la descripción restrictiva de las figuras delictivas, pues, en la creación de estas y aquellas, ha existido un control razonable que mayormente aleja toda maldad e interés particular en la regulación general.

Nuestro pecado ha estado siempre en aquella porción de la justicia donde ha intervenido un número reducido de actores generalmente ligados al poder o vendidos a este. Este ínfimo numero de actores se ha dotado, consuetudinaria y crecientemente, de una idoneidad tan compleja como la variedad de sus vicios, y mediante este subterfugio ha logrado montarse sobre la norma sustantiva y el derecho.

Todo nuestro Sistema adolece de inmundicia sin revisar e inequidad, sobrepasando el Debido Proceso, haciéndolo trizas. Esa inmundicia es el exceso procesal, que aleja los valores Constitucionales y el Derecho mismo de la realidad concreta. El Exceso Procesal, es fuente también de arbitrariedad, mora y medianía en la figura de los juzgadores, es madre de la corrupción y la desidia; lo que ellos decidan.

¿Vemos cómo prosperan sobre todos, los pomposos Congresos del Derecho Procesal?, que al final pocos comprenden en su objetivo y la justicia y además nada aportan a la mejoría del sistema, aunque numerosos y constantes, mas sí, a la noblelización del Sistema, atrasándolo en el tiempo y el espacio, mientras es validado ante la masa de confundidos, que solo fijan su intención en apoderarse del certificado que los determine Procesalistas.

Puedo demostrar que nuestro proceso no es más que el catéter enchufado al enfermo para transmitirle el líquido malicioso que confunde la noción de justicia, con el espejismo de la misma noción ordenada desde otro poder o intereses como del Ejecutivo, ocultándosenos para dificultar su artimaña. Los ritualismos procesales insuperados cumplen su función conforme a la injusticia.

Veamos lo riguroso del Proceso civil, mientras se empeña en rechazar toda noción de adecuación a la tecnología de comunicaciones y afianza su desconocimiento público, apartándose de toda revisión, análisis y actualización. Los jueces de su esfera actúan con igual concepto y sospechosamente nada proponen o escriben haciéndonos creer en la pulcritud de lo allí acaecido o alardeando por defecto, su evidente medianía al delegar la posibilidad de críticas al protagonismo del mundo exterior, reservado a la voluntad de los políticos; pero algún beneficio deben ubicar de entre tantas miserias, que los motive a envejecer en el obscurantismo y la inquisición injusta que ellos y su sistema propician a nuestra sociedad.

La Inmensa ritualidad, a veces tan obviamente absurda normatividad antojadiza e innecesaria, se contradice con el simple derecho sustantivo, recopilado en código de excesiva sabiduría y equidad, y que ha perdurado, alejando con su autoridad las pretensiones de la maldad, que han preferido desviarse a otras ramas para intentar sus abusos, dado que su ignorancia les impide sustentar sus intereses, frente a una norma fundamentada como el Código Civil que, sin embargo, es saboteada por la vía del proceso consumando aquellos, su canalla finalidad.

¿Y porqué no es El Administrativo así ritualizado, o fatal en términos? ¿Por qué en lo penal se plantean cambios contra un modelo reconocidamente inquisitivo y estos cambios acuden vigorosamente a la destrucción del proceso predecesor, reconociéndose públicamente que es este el origen de la incongruencia entre la Justicia efectiva o injusticia y el Cumplimiento de los Principios y Garantías respecto al individuo?

La Existencia de la revisión procesal penal es luz brillante que ratifica lo afirmado. El proceso abusador, inadvertido por jueces del ramo, sea por maldad, ignorancia o incompetencia, coadyuvan lastimosamente a preservarlo, en contra de las necesidades de justicia de esta sociedad, es razón fundamental de la crisis en el Sistema. El proceso ha sido manipulado de forma tal que llamamos justo a lo injusto y bueno a lo malo y además allana cualquier pretensión moral o heroica en la actuación de juzgadores, siendo puerta de ingreso para toda manipulación y falta de independencia del modelo mismo.

<>Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quienes damos,   lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Profundización de la crisis

La opinión de…

Jorge Gamboa Arosemena

El caso de Ana Matilde Gómez debe abstraerse de los subjetivismos personales que ella puede generar a favor o en contra. Que la hoy ex procuradora haya o no tenido un desempeño criticable durante su ejercicio no debe confundir a los ciudadanos que deben defender la institucionalidad democrática.

Desde mi óptica, ella debió haber sido procesada desde mucho antes por incumplimiento de los deberes de su cargo, claro está, mediante un debido proceso que, considero yo, no se puede dar en un Estado enfermo.

Muchas de las pérdidas de las oportunidades para hacer justicia, ya sea en lo judicial, como en lo social y económico, se dan porque la ciudadanía no ha aceptado que el cuerpo de la nación panameña está enfermo.

Hágase una pregunta, estimado lector: ¿una persona enferma puede rendir a cabalidad el objetivo de su responsabilidad, o tiene que atenderse sus afecciones para poder producir lo que una sana puede producir? ¿Un Estado enfermo puede producir bienestar común?

Hemos asistido a la profundización de la crisis con un golpe de Estado sutil para controlar la administración de justicia, en su parte de instrucción de los sumarios, que le faltaba a este gobierno.   La Corte y la Asamblea están bajo control.   Instituciones como la Procuraduría de la Administración y la Universidad seguirán sin cambios, si muestran abyección.   Aunque esto no es del todo cierto porque, cabe recordar que, a principio de año, la Sra. Gómez, luego de unas escaramuzas con el Ejecutivo dijo por los medios que había entendido las “señas de boca a oído”, lo cual no valió para ser removida unos días después.

Hoy los panameños estamos perdiendo de vista el bosque por ver un árbol. El problema no es el caso de esta señora, que ya se habla de que, agotada la instancia interna, acudirá a la justicia internacional, donde es muy probable que gane el caso, pero tarde para ser restituida por el vencimiento de su período. El problema es que perdemos de vista lo medular que es el colapso de la institucionalidad democrática.

Tendremos que esperar que la crisis se profundice mediante circunstancias que seguro se darán, pero mientras tanto seguiremos en un país de tráfico de influencias, de injusticias, donde vergonzosamente más de 30% vive en pobreza y más del 20% en pobreza extrema, donde un gobierno mata, reprime y desaparece manifestantes, mientras sus voceros se engañan con sus propias mentiras.

El momento propicia profundizar la crisis, lo cual podría darse mediante la renuncia o la denuncia de los llamados magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no condenaron. La renuncia porque, si tienen un poco de dignidad, no pueden estar en un cuerpo adocenado, o la denuncia contra sus colegas que violan normas. El seguir en sus puestos, sin una de estas acciones, los hace cómplices de lo que ha salido, en el pasado y presente y lo que saldrá en el futuro, de ese cuerpo.

Ojalá no sigamos engañándonos con que vivimos una democracia normal, cuando estamos enfermos como Estado. La única medicina política para esta República enferma es la constituyente, donde los panameños busquemos constituir la nueva República.   Si no ordenamos la vida política de la nación, los anhelos de seguridad, salud, educación, trabajo e igualdad de oportunidades seguirán siendo un quimera, con unos pocos que viven y una gran mayoría que sobrevive a duras penas, en este Panamá secuestrado.

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Este artículo se publicó el  18  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Carga de la prueba

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

En el reclamo sobre la aplicación de la ley hay muchos vericuetos creados por el Hombre y la costumbre. Es ese camino recto del Derecho, que, seguramente, proviene de la irradiación divina y perfecta, pero que se distorsiona con la manipulación de la gente. Si la excelencia es genuina no necesita de reglas que debemos crear para regular cosas que nacen primero, de la exigencia para enderezar entuertos, para emparejar la fuerza o la razón, para alcanzar el equilibrio, o para que cada cual tenga lo que le corresponda. Dicho esto así, parece muy sencillo, pero no lo es.

Debemos probarlo a conveniencia, aun con la cosa cierta. El asunto es que el todo en lo puro, es limpio o natural, pero tampoco en los extremos, lo podemos calificar como impuro, sucio, contaminado, tal vez habrá que diseccionarlo sobre el justo medio para de allí, plantear el juicio de valores, y es aquí donde aparece la Ley como el árbitro, mecida bajo la dirección de un pensamiento cultivado por las reglas para proferir el veredicto que nuestro sistema procesal penal estira a la doble instancia, más los recursos ordinarios y extraordinarios, en una discusión de altura, para recibir dos veces con la sentencia, la respuesta que el régimen legal le ofrece a los particulares.

Esto no quiere decir que con la mencionada saga se pulverizan o desaparecen los inconvenientes, que por cierto abundan en estos menesteres, por aquello de los fantasmas de las imperfecciones, lo que más bien es una lucha de aciertos y constancias sobre lo que deseamos y lo que conseguimos, si la ley es apropiada, y es debidamente analizada y aplicada, sin descontar toda la trayectoria del proceso, con el juicio debido y la legalización apropiada.

Nos vanagloriamos de gozar de ese principio del Debido Proceso, casado con el Principio de Legalidad, para en primera instancia, exigir a la Ley que se cumpla, de acuerdo a lo que está programado en el Código Judicial, sobre los pasos a seguir y a la igualdad de derechos en la discusión particular, sin menoscabar aquellas garantías consagradas en la Constitución, Tratados Internacionales suscritos y nuestra propia Ley: Visto en la práctica, el asunto tiene más ribete moral que legal y ni siquiera gozamos del mecanismo para exigir al paso que se cumpla para la tranquilidad de todos y la salud de la credibilidad de la justicia, que a propósito está por encima de la Ley.

Si somos los ofendidos, tenemos el procedimiento para que de una forma apropiada se pueda derramar nuestra insistencia, en caso contrario y con una contada excepción, es el Estado el que debe probar la acusación, mientas el señalado sospechoso goza de la refulgente aureola del Principio sobre la Presunción de Inocencia, cuyo extremo es el de presumir la culpa, con el agravante de la incomunicación y de la inversión en la carga de la prueba. Esta desviación ha costado mucho sufrimiento, lágrima y vidas.   Mientras avanza la impunidad delincuencial, y naufragan y ahogan las conquistas procesales sobre las garantías individuales y los derechos humanos.

En avanzada y al sur de nuestro Continente, la descomunal delincuencia ha hecho retroceder a la autoridad y para atajarlos han creado jueces y testigos sin rostros, amén de otros actos ilegales como sacos de arena en contención. Nosotros heredamos el testigo oculto, una aberración jurídica trasladada al nuevo sistema acusatorio, cuando en su origen ya fue superado, aunque la espiral de violencia no merma.

Tenemos en Panamá una escasa inversión de la carga de la prueba, como en la calumnia e injuria y en el narcotráfico, más las pruebas para demostrar los hechos que se abanderan en los reclamos judiciales.   Siempre el acusado espera que el Ministerio Público o el querellante y hasta el juez para condenar al justiciable, accionen y practiquen las pruebas de oficio.

En nuestro medio tenemos enjaulado al 60% de los presos sin condenas, un asunto insólito, pero es una verdad de Perogrullo, como lo patentizó el asturiano mencionado por Francisco Quevedo y Villegas.   Y para rematar, nos parece hasta gracioso el inusitado interés mundial por aligerar la población carcelaria con el novedoso implante corporal del brazalete electrónico.   Lo que significa que un interno se resta del recinto carcelario, mientras debe permanecer estrictamente en su casa, con ese aparato eslabonado a un satélite o red electrónica, con el que se monitorea al sujeto. Un asunto en que, si lo analizamos ampliamente, hay una transferencia en la carga de la prueba, puesto que la confianza está depositada en la persona sujeta a perder esa bondadosa facilidad, pero para ahorrar, lo mismo se puede lograr con un BlackBerry.

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Este artículo fue publicado el  8 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Sobre caso de la jueza Zulay Rodríguez

La opinión del Abogado….

JAIME A. PADILLA GONZALEZ

Dentro de la maraña de arbitrariedades que se están experimentando en el Órgano Judicial, tenemos el caso reciente de la jueza suplente Zulay Rodríguez. No entiendo, ¿cómo es posible que un fiscal inicie una investigación contra la jueza Rodríguez, porque no le gustó que otorgara una fianza en un caso de narcotráfico?

Fuera de todo orden procesal, el fiscal Parodi inició de oficio una investigación contra la jueza Rodríguez por haber otorgado una fianza, ordenando su conducción, cuando en la etapa procesal correspondiente, si él no estaba de acuerdo, debió oponerse, pero no lo hizo y, contrariamente, dispuso abrirle una investigación.

Desde el punto de vista jurídico—procesal esto es una típica intromisión del Ministerio Público en las decisiones del Órgano Judicial, que violenta principios consagrados en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.

Si bien es cierto, según estas excertas legales, el Ministerio Público y el Órgano Judicial se encuentran en paridad, ésta rige para ciertas actuaciones y no para todas, o sea que esta paridad no es restrictiva y tiene sus excepciones. (Artículo 216 de la Constitución Política de la República. Artículo 127, numeral 1 del Código Procesal Penal. —Artículo 350 del Código Penal).

Las decisiones de los jueces o magistrados no pueden cuestionarse arbitrariamente; si se tiene la percepción de que sus actuaciones, en un caso determinado, tienen visos de corrupción o de ilegales, deben seguirse las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución.

Lo viable era interponer una querella en contra de la jueza, a través de la cual podría iniciarse la investigación, solicitando su separación y adjuntando las pruebas, todo ante su superior jerárquico, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que es la autoridad competente.

Las actuaciones del fiscal violentaron flagrantemente los siguientes principios:

Principio de Independencia Judicial: Los jueces y magistrados del Órgano Judicial son independientes en el ejercicio de sus funciones, nadie los puede cuestionar y mucho menos perseguir por los actos que decidan en el ejercicio de sus funciones.

Principio del Debido Proceso: Al no seguir los mecanismos que la Ley dispone, para este tipo de procesos, es el superior jerárquico de la jueza quien debió conocer del caso, pedir su separación, presentar la prueba sumaria, si es que existe alguna, y luego iniciar la investigación.

No podía el fiscal iniciarla y mucho menos girar orden de conducción en su contra, aún cuando no estuviere de acuerdo en el otorgamiento de la fianza. Es cierto que el Código Penal establece que no habrá fianza de excarcelación en los delitos de drogas, pero igual establece una excepción clara, dejando al criterio de la Sana Crítica del juzgador, si otorga o no la fianza. Por ende, presumimos que la jueza utilizó la Sana Crítica y motivó su decisión en aplicar medida cautelar distinta a la detención preventiva.

El Derecho Procesal Penal no se basa en fórmulas alquimistas, es decir, que si la norma dice que no habrá derecho a fianza en los delitos de narcotráfico, automáticamente tenga que aplicarse la detención preventiva, pero así lo entienden los obtusos del Ministerio Público.

Principio de Legítima Defensa: La señora jueza tenía derecho a defenderse y saber por qué la estaban investigando. Lo curioso e inconcebible de este caso es ¿cómo a una funcionaria de justicia, que administra justicia, la quieran conducir como si estuviera evadiendo la justicia? Es lo más gracioso, doloroso y preocupante, porque esto no es más que un acto de persecución contra la funcionaria. Actos como éstos solo los veíamos en tiempos del noriegato o gorilato.

Principio de Inocencia: El fiscal giró nota de conducción, presumiendo su culpabilidad, ignorando el derecho a defenderse; vemos que no tuvo otro mecanismo más inteligente que conducirla. Pareciera que el fiscal ignoraba el paradero de la jueza o un número telefónico o correo electrónico o la ubicación del juzgado donde ella ejercía su suplencia.

Ni los abogados, ni la sociedad panameña, podemos permitir actos como éstos bajo ningún concepto. Imagínense, ¿si esto está pasando en contra de una funcionaria judicial, qué no harán entonces con un hijo o hija de Juan Pueblo?

Rechazamos categóricamente este tipo de actuaciones que fueron costosamente superadas y exigimos la vuelta al respeto al debido proceso y a los principios sagrados del proceso penal.

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Este artículo fue publicado el 2 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por falta de sintonía

La opinión de…

Javier A. Zaragoza Aguado 

Entre los principios básicos del Estado de Derecho debe destacarse la necesidad de observar de forma escrupulosa las reglas del debido proceso. Esto quiere decir que en un proceso criminal los procedimientos de investigación que se empleen para obtener medios de prueba, y su incorporación como tales al proceso debe hacerse respetando las formalidades legales y evitando la vulneración de derechos fundamentales.

Es grave que esto pueda suceder, y por eso el propio ordenamiento jurídico establece sus propios filtros y controles para apartar del proceso aquellas pruebas que puedan verse contaminadas por tal motivo. Pero todavía lo es más que se pueda utilizar torticeramente el proceso penal para apartar a quien cumpliendo con su obligación de investigar resulte incómodo para el poder político.

Esta reflexión enlaza directamente con la extraña situación que actualmente vive la Procuraduría General de la Nación de Panamá, cuya titular se ha visto envuelta en un proceso penal, y apartada provisionalmente de su cargo, por autorizar la investigación de un gravísimo delito de corrupción presuntamente cometido por un funcionario auxiliar del Ministerio Público bajo su cargo.

Desde el más absoluto respeto a la institución judicial panameña, y muy particularmente a la Corte Suprema como órgano competente para resolver semejante disparate jurídico, me parece oportuno formular dos breves consideraciones sobre el caso en cuestión.

La primera tiene relación con las propias competencias del Ministerio Público en la legislación panameña. Algunas normas legales legitimaban a la Fiscalía para intervenir las comunicaciones (en casos de narcotráfico y de delitos contra la libertad sexual y sus conexos), hasta que una interpretación restrictiva del pleno de la Corte Suprema adoptada en 2007 en relación con el Art. 29 de la Constitución limitó el concepto de autoridad judicial a los integrantes del organismo judicial.   Es obvio que, al igual que las leyes desfavorables carecen de carácter retroactivo, un criterio interpretativo restrictivo de la Corte no puede deslegitimar lo que se hizo anteriormente conforme a la ley.

La segunda, a mi juicio la más relevante para la adecuada resolución del caso, tiene mucho que ver con el alcance y el ámbito de protección del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Al igual que la Constitución panameña, la norma fundamental española sólo permite su interceptación con autorización judicial.   Pues bien, tanto la doctrina constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han entendido de modo uniforme que el secreto de las comunicaciones garantiza la impenetrabilidad de la comunicación por terceros ajenos a la misma, sean estos ciudadanos o agentes de los poderes públicos, pero en ningún caso puede oponerse frente a los intervinientes en la comunicación, de manera que no podrá entenderse vulnerado el derecho fundamental y, en consecuencia, tampoco podrá considerarse ilícita la prueba obtenida por esta vía.

Si tenemos en cuenta que la grabación en cuestión se hizo con el beneplácito de la víctima del chantaje, la cual podía proceder a la grabación directa de su conversación como medio para acreditar la extorsión a la que era sometida, difícilmente podremos concluir que la actuación fuera ilegal, ya que no era necesaria la autorización judicial.

Y desde esta perspectiva, la actuación de la Fiscalía, como responsable de la investigación, representaba un plus de garantía para el proceso, pues no tenía más objetivo que contribuir a la obtención de las pruebas del delito sin conculcación de derechos fundamentales.

Es de esperar que finalmente la razón jurídica se imponga. Cualquier otra solución violaría gravemente la independencia del Ministerio Público y condicionaría en términos inaceptables el ejercicio de sus funciones constitucionales. Si todo apunta, como parece, a una falta de sintonía entre Gobierno y Fiscalía, habrá que recordar necesariamente que esta es una institución autónoma e independiente, y que estos valores son la mayor garantía de la igualdad y de la justicia para la ciudadanía panameña.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Derecho de defensa en Panamá

La opinión de….

LUIS FUENTES MONTENEGRO


Los niveles de arbitrariedad que prevalecen en la justicia penal del país se deben en parte a la inadecuada configuración jurisprudencial de los derechos constitucionales del acusado por parte de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la jurisprudencia en relación al debido proceso no ha dotado de contenido sustantivo a los derechos del acusado y tampoco se han desarrollado implementos para que algunos agentes del Ministerio Público y algunos jueces penales modifiquen o limiten sus conductas arbitrarias, ya que se amparan en una sana crítica que conlleva una especie de discrecionalidad que necesita ser regulada.

El derecho del acusado de contar con una defensa tanto en la fase de instrucción sumarial como en la plenaria, y aún mucho antes, cuando se da el hecho e interviene la Policía o la Dirección de Investigación Policial, es para garantizar que la sanción más severa (detención o prisión) sea siempre mediante un proceso justo, lo cual implica otros derechos concatenados, como son el derecho a contar con un abogado desde el momento de la privación de libertad -llámese aprehensión, detención o el eufemismo que sea-, el derecho a guardar silencio, el derecho a no ser incomunicado ni torturado, el derecho a no ser sometido a ninguna privación de libertad de hecho, arbitraria o ilegal, el derecho a ser informado de las razones de la detención y también del contenido del expediente, de los informes y pruebas en contra, el derecho a presentar pruebas y el derecho a que se le presuma verdaderamente la inocencia.

La eficacia del derecho de defensa en las agencias del Ministerio Público o ante las agencias policivas es relativa y existen informes donde dicho derecho se ha violado sin ningún tipo de consecuencia ni responsabilidad alguna para quienes la hayan violentado -policías, agentes de instrucción, personeros, fiscales-; las violaciones a los derechos del acusado o detenido por tales entes tienen graves efectos e inhibe de forma significativa la posibilidad del acusado o detenido de tener un juicio en cumplimiento pleno de las garantías constitucionales.

El hecho de que se asegure al acusado o detenido un defensor de oficio o que tenga un abogado privado para su defensa no significa que está garantizada una defensa adecuada como lo estipula la Constitución, no significa que se está cumpliendo plenamente con el derecho constitucional a la defensa; dicho derecho va más allá de la presencia o de la acreditación de un abogado defensor.

En algunos despachos policivos y del Ministerio Público se han dado prácticas de medidas que disminuyen el rol proactivo del defensor y lo convierten en ente pasivo, inerte, como si el abogado defensor fuera enemigo del policía o del agente policial, lo cual es incorrecto e infortunado.

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Artículo publicado el  20 y el 25 de mayo de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.