¿Orden de conducción o de detención solapada?

*

-La opinión del Jurista…

JAIME A. PADILLA G.

Vemos con preocupación, el abuso en que han caído funcionarios del Ministerio Público con relación a la ‘orden de conducción’, percatándonos de que existe una solapada intención de convertirla en una ‘orden de detención’.  Esto es peligroso y violatorio del principio del debido proceso y de las garantías constitucionales que salvaguardan a nacionales y extranjeros, la Carta Magna y otras normas de derecho sustantivo y adjetivo, que están siendo burladas por estos funcionarios.

¿Qué se entiende por ‘conducción’?   De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo año, la ‘conducción’ es ‘el acto de conducir a una persona al despacho del funcionario de instrucción cuando la investigación requiera su presencia’. De igual forma el juez también lo podrá ordenar, siempre y cuando él estime que existe mérito para ello o para aclarar algunos puntos oscuros o dudosos en el expediente. Yo la podría definir como ‘mecanismo procesal mediante el cual el despacho instructor, ante la necesidad de requerir a alguna persona, haga que ésta comparezca al despacho para alguna diligencia, al término de la distancia o sea al instante’.

En cuanto a los trámites procesales a cumplir, antes de ordenar la conducción de alguna persona al despacho requirente, se tiene que seguir el parámetro substancial que brinda el Artículo 17 de nuestra Constitución, que prevé los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse ante todo.   En todo momento, los funcionarios de instrucción, deben respetar y proteger estas garantías fundamentales, con marcado respeto a la dignidad humana, y no ordenar la conducción, sino se han agotado previamente todos los mecanismos elementales de comunicación y notificación, como llamadas telefónicas a celulares, correos electrónicos, faxes y cualesquiera otros.    Concluida esta etapa, si se comprueba la renuencia o rebeldía de la persona en no asistir, entonces es que puede ordenarse su conducción al despacho, pues ya no le queda otra salida al funcionario de instrucción que utilizar este mecanismo procesal de comparecencia obligada.

¿Pero qué sucede hoy por hoy? Que sin ningún tipo de comunicación, o búsqueda previa, se procede directamente a ordenar la conducción de la persona. Recordemos el caso de la juez suplente Zulay Rodríguez, a quien el Ministerio Público le ordenó conducción sin ningún acto previo de notificación o llamado, y el reciente caso de Saúl Méndez, tratándolos como evasores de la justicia.

Esta mala praxis, no es otra cosa que la intención solapada de ignorar el orden de las medidas cautelares que contempla el Código Judicial en su Artículo 2127 y siguientes y aplicar directamente la detención preventiva, sin ningún sustento fáctico—jurídico y sin haber cumplido con los trámites procesales para aquella.

Aquí tenemos que aclarar que la detención preventiva es la última y la más gravosa de las medidas cautelares, y que para ordenarse tienen que haberse cumplido los requisitos exigidos por el Código Judicial en el Artículo 2128, siendo medida distinta a la simple conducción, pues, la conducción es netamente administrativa procesal y la detención preventiva es de naturaleza procesal con fines distintos.

La conducción pretende hacer comparecer al sujeto requerido al despacho requirente; mientras que la detención, priva de la libertad al sujeto requerido y lo aisla por completo de la sociedad, so pretexto de tenerlo a órdenes del despacho indefinidamente.

En fallo del 23 de julio de los corrientes, dentro del caso de la solicitud de Habeas Corpus a favor de Saúl Méndez, la Corte Suprema, en pleno, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’, y que ‘debe manejarse con prudencia’, de manera que solo se aplique cuando ‘se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso’.

El fallo agrega que la orden de conducción debe producirse dentro del margen de la constitucionalidad. La advertencia de la Corte indica a los funcionarios de instrucción que la orden de conducción incluye poner en conocimiento del conducido, los derechos contenidos en los Artículos 22 y 25 de nuestra Constitución.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Inquietudes procesales

La opinión del Abogado…

JUAN CARLOS PASTOR

La necesidad nos llevó a elevar conductas a fin de destacarlas e individualizarlas a efecto de crear Leyes o Delitos.   He ahí ‘El derecho Sustantivo’, cuyo origen ha sido siempre noble e instructivo. Nuestra desgracia no se ha encontrado en la elaboración de nuestras leyes, menos en la descripción restrictiva de las figuras delictivas, pues, en la creación de estas y aquellas, ha existido un control razonable que mayormente aleja toda maldad e interés particular en la regulación general.

Nuestro pecado ha estado siempre en aquella porción de la justicia donde ha intervenido un número reducido de actores generalmente ligados al poder o vendidos a este. Este ínfimo numero de actores se ha dotado, consuetudinaria y crecientemente, de una idoneidad tan compleja como la variedad de sus vicios, y mediante este subterfugio ha logrado montarse sobre la norma sustantiva y el derecho.

Todo nuestro Sistema adolece de inmundicia sin revisar e inequidad, sobrepasando el Debido Proceso, haciéndolo trizas. Esa inmundicia es el exceso procesal, que aleja los valores Constitucionales y el Derecho mismo de la realidad concreta. El Exceso Procesal, es fuente también de arbitrariedad, mora y medianía en la figura de los juzgadores, es madre de la corrupción y la desidia; lo que ellos decidan.

¿Vemos cómo prosperan sobre todos, los pomposos Congresos del Derecho Procesal?, que al final pocos comprenden en su objetivo y la justicia y además nada aportan a la mejoría del sistema, aunque numerosos y constantes, mas sí, a la noblelización del Sistema, atrasándolo en el tiempo y el espacio, mientras es validado ante la masa de confundidos, que solo fijan su intención en apoderarse del certificado que los determine Procesalistas.

Puedo demostrar que nuestro proceso no es más que el catéter enchufado al enfermo para transmitirle el líquido malicioso que confunde la noción de justicia, con el espejismo de la misma noción ordenada desde otro poder o intereses como del Ejecutivo, ocultándosenos para dificultar su artimaña. Los ritualismos procesales insuperados cumplen su función conforme a la injusticia.

Veamos lo riguroso del Proceso civil, mientras se empeña en rechazar toda noción de adecuación a la tecnología de comunicaciones y afianza su desconocimiento público, apartándose de toda revisión, análisis y actualización. Los jueces de su esfera actúan con igual concepto y sospechosamente nada proponen o escriben haciéndonos creer en la pulcritud de lo allí acaecido o alardeando por defecto, su evidente medianía al delegar la posibilidad de críticas al protagonismo del mundo exterior, reservado a la voluntad de los políticos; pero algún beneficio deben ubicar de entre tantas miserias, que los motive a envejecer en el obscurantismo y la inquisición injusta que ellos y su sistema propician a nuestra sociedad.

La Inmensa ritualidad, a veces tan obviamente absurda normatividad antojadiza e innecesaria, se contradice con el simple derecho sustantivo, recopilado en código de excesiva sabiduría y equidad, y que ha perdurado, alejando con su autoridad las pretensiones de la maldad, que han preferido desviarse a otras ramas para intentar sus abusos, dado que su ignorancia les impide sustentar sus intereses, frente a una norma fundamentada como el Código Civil que, sin embargo, es saboteada por la vía del proceso consumando aquellos, su canalla finalidad.

¿Y porqué no es El Administrativo así ritualizado, o fatal en términos? ¿Por qué en lo penal se plantean cambios contra un modelo reconocidamente inquisitivo y estos cambios acuden vigorosamente a la destrucción del proceso predecesor, reconociéndose públicamente que es este el origen de la incongruencia entre la Justicia efectiva o injusticia y el Cumplimiento de los Principios y Garantías respecto al individuo?

La Existencia de la revisión procesal penal es luz brillante que ratifica lo afirmado. El proceso abusador, inadvertido por jueces del ramo, sea por maldad, ignorancia o incompetencia, coadyuvan lastimosamente a preservarlo, en contra de las necesidades de justicia de esta sociedad, es razón fundamental de la crisis en el Sistema. El proceso ha sido manipulado de forma tal que llamamos justo a lo injusto y bueno a lo malo y además allana cualquier pretensión moral o heroica en la actuación de juzgadores, siendo puerta de ingreso para toda manipulación y falta de independencia del modelo mismo.

<>Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quienes damos,   lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Profundización de la crisis

La opinión de…

Jorge Gamboa Arosemena

El caso de Ana Matilde Gómez debe abstraerse de los subjetivismos personales que ella puede generar a favor o en contra. Que la hoy ex procuradora haya o no tenido un desempeño criticable durante su ejercicio no debe confundir a los ciudadanos que deben defender la institucionalidad democrática.

Desde mi óptica, ella debió haber sido procesada desde mucho antes por incumplimiento de los deberes de su cargo, claro está, mediante un debido proceso que, considero yo, no se puede dar en un Estado enfermo.

Muchas de las pérdidas de las oportunidades para hacer justicia, ya sea en lo judicial, como en lo social y económico, se dan porque la ciudadanía no ha aceptado que el cuerpo de la nación panameña está enfermo.

Hágase una pregunta, estimado lector: ¿una persona enferma puede rendir a cabalidad el objetivo de su responsabilidad, o tiene que atenderse sus afecciones para poder producir lo que una sana puede producir? ¿Un Estado enfermo puede producir bienestar común?

Hemos asistido a la profundización de la crisis con un golpe de Estado sutil para controlar la administración de justicia, en su parte de instrucción de los sumarios, que le faltaba a este gobierno.   La Corte y la Asamblea están bajo control.   Instituciones como la Procuraduría de la Administración y la Universidad seguirán sin cambios, si muestran abyección.   Aunque esto no es del todo cierto porque, cabe recordar que, a principio de año, la Sra. Gómez, luego de unas escaramuzas con el Ejecutivo dijo por los medios que había entendido las “señas de boca a oído”, lo cual no valió para ser removida unos días después.

Hoy los panameños estamos perdiendo de vista el bosque por ver un árbol. El problema no es el caso de esta señora, que ya se habla de que, agotada la instancia interna, acudirá a la justicia internacional, donde es muy probable que gane el caso, pero tarde para ser restituida por el vencimiento de su período. El problema es que perdemos de vista lo medular que es el colapso de la institucionalidad democrática.

Tendremos que esperar que la crisis se profundice mediante circunstancias que seguro se darán, pero mientras tanto seguiremos en un país de tráfico de influencias, de injusticias, donde vergonzosamente más de 30% vive en pobreza y más del 20% en pobreza extrema, donde un gobierno mata, reprime y desaparece manifestantes, mientras sus voceros se engañan con sus propias mentiras.

El momento propicia profundizar la crisis, lo cual podría darse mediante la renuncia o la denuncia de los llamados magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no condenaron. La renuncia porque, si tienen un poco de dignidad, no pueden estar en un cuerpo adocenado, o la denuncia contra sus colegas que violan normas. El seguir en sus puestos, sin una de estas acciones, los hace cómplices de lo que ha salido, en el pasado y presente y lo que saldrá en el futuro, de ese cuerpo.

Ojalá no sigamos engañándonos con que vivimos una democracia normal, cuando estamos enfermos como Estado. La única medicina política para esta República enferma es la constituyente, donde los panameños busquemos constituir la nueva República.   Si no ordenamos la vida política de la nación, los anhelos de seguridad, salud, educación, trabajo e igualdad de oportunidades seguirán siendo un quimera, con unos pocos que viven y una gran mayoría que sobrevive a duras penas, en este Panamá secuestrado.

<>

Este artículo se publicó el  18  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Carga de la prueba

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

En el reclamo sobre la aplicación de la ley hay muchos vericuetos creados por el Hombre y la costumbre. Es ese camino recto del Derecho, que, seguramente, proviene de la irradiación divina y perfecta, pero que se distorsiona con la manipulación de la gente. Si la excelencia es genuina no necesita de reglas que debemos crear para regular cosas que nacen primero, de la exigencia para enderezar entuertos, para emparejar la fuerza o la razón, para alcanzar el equilibrio, o para que cada cual tenga lo que le corresponda. Dicho esto así, parece muy sencillo, pero no lo es.

Debemos probarlo a conveniencia, aun con la cosa cierta. El asunto es que el todo en lo puro, es limpio o natural, pero tampoco en los extremos, lo podemos calificar como impuro, sucio, contaminado, tal vez habrá que diseccionarlo sobre el justo medio para de allí, plantear el juicio de valores, y es aquí donde aparece la Ley como el árbitro, mecida bajo la dirección de un pensamiento cultivado por las reglas para proferir el veredicto que nuestro sistema procesal penal estira a la doble instancia, más los recursos ordinarios y extraordinarios, en una discusión de altura, para recibir dos veces con la sentencia, la respuesta que el régimen legal le ofrece a los particulares.

Esto no quiere decir que con la mencionada saga se pulverizan o desaparecen los inconvenientes, que por cierto abundan en estos menesteres, por aquello de los fantasmas de las imperfecciones, lo que más bien es una lucha de aciertos y constancias sobre lo que deseamos y lo que conseguimos, si la ley es apropiada, y es debidamente analizada y aplicada, sin descontar toda la trayectoria del proceso, con el juicio debido y la legalización apropiada.

Nos vanagloriamos de gozar de ese principio del Debido Proceso, casado con el Principio de Legalidad, para en primera instancia, exigir a la Ley que se cumpla, de acuerdo a lo que está programado en el Código Judicial, sobre los pasos a seguir y a la igualdad de derechos en la discusión particular, sin menoscabar aquellas garantías consagradas en la Constitución, Tratados Internacionales suscritos y nuestra propia Ley: Visto en la práctica, el asunto tiene más ribete moral que legal y ni siquiera gozamos del mecanismo para exigir al paso que se cumpla para la tranquilidad de todos y la salud de la credibilidad de la justicia, que a propósito está por encima de la Ley.

Si somos los ofendidos, tenemos el procedimiento para que de una forma apropiada se pueda derramar nuestra insistencia, en caso contrario y con una contada excepción, es el Estado el que debe probar la acusación, mientas el señalado sospechoso goza de la refulgente aureola del Principio sobre la Presunción de Inocencia, cuyo extremo es el de presumir la culpa, con el agravante de la incomunicación y de la inversión en la carga de la prueba. Esta desviación ha costado mucho sufrimiento, lágrima y vidas.   Mientras avanza la impunidad delincuencial, y naufragan y ahogan las conquistas procesales sobre las garantías individuales y los derechos humanos.

En avanzada y al sur de nuestro Continente, la descomunal delincuencia ha hecho retroceder a la autoridad y para atajarlos han creado jueces y testigos sin rostros, amén de otros actos ilegales como sacos de arena en contención. Nosotros heredamos el testigo oculto, una aberración jurídica trasladada al nuevo sistema acusatorio, cuando en su origen ya fue superado, aunque la espiral de violencia no merma.

Tenemos en Panamá una escasa inversión de la carga de la prueba, como en la calumnia e injuria y en el narcotráfico, más las pruebas para demostrar los hechos que se abanderan en los reclamos judiciales.   Siempre el acusado espera que el Ministerio Público o el querellante y hasta el juez para condenar al justiciable, accionen y practiquen las pruebas de oficio.

En nuestro medio tenemos enjaulado al 60% de los presos sin condenas, un asunto insólito, pero es una verdad de Perogrullo, como lo patentizó el asturiano mencionado por Francisco Quevedo y Villegas.   Y para rematar, nos parece hasta gracioso el inusitado interés mundial por aligerar la población carcelaria con el novedoso implante corporal del brazalete electrónico.   Lo que significa que un interno se resta del recinto carcelario, mientras debe permanecer estrictamente en su casa, con ese aparato eslabonado a un satélite o red electrónica, con el que se monitorea al sujeto. Un asunto en que, si lo analizamos ampliamente, hay una transferencia en la carga de la prueba, puesto que la confianza está depositada en la persona sujeta a perder esa bondadosa facilidad, pero para ahorrar, lo mismo se puede lograr con un BlackBerry.

<>

Este artículo fue publicado el  8 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Sobre caso de la jueza Zulay Rodríguez

La opinión del Abogado….

JAIME A. PADILLA GONZALEZ

Dentro de la maraña de arbitrariedades que se están experimentando en el Órgano Judicial, tenemos el caso reciente de la jueza suplente Zulay Rodríguez. No entiendo, ¿cómo es posible que un fiscal inicie una investigación contra la jueza Rodríguez, porque no le gustó que otorgara una fianza en un caso de narcotráfico?

Fuera de todo orden procesal, el fiscal Parodi inició de oficio una investigación contra la jueza Rodríguez por haber otorgado una fianza, ordenando su conducción, cuando en la etapa procesal correspondiente, si él no estaba de acuerdo, debió oponerse, pero no lo hizo y, contrariamente, dispuso abrirle una investigación.

Desde el punto de vista jurídico—procesal esto es una típica intromisión del Ministerio Público en las decisiones del Órgano Judicial, que violenta principios consagrados en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.

Si bien es cierto, según estas excertas legales, el Ministerio Público y el Órgano Judicial se encuentran en paridad, ésta rige para ciertas actuaciones y no para todas, o sea que esta paridad no es restrictiva y tiene sus excepciones. (Artículo 216 de la Constitución Política de la República. Artículo 127, numeral 1 del Código Procesal Penal. —Artículo 350 del Código Penal).

Las decisiones de los jueces o magistrados no pueden cuestionarse arbitrariamente; si se tiene la percepción de que sus actuaciones, en un caso determinado, tienen visos de corrupción o de ilegales, deben seguirse las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución.

Lo viable era interponer una querella en contra de la jueza, a través de la cual podría iniciarse la investigación, solicitando su separación y adjuntando las pruebas, todo ante su superior jerárquico, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que es la autoridad competente.

Las actuaciones del fiscal violentaron flagrantemente los siguientes principios:

Principio de Independencia Judicial: Los jueces y magistrados del Órgano Judicial son independientes en el ejercicio de sus funciones, nadie los puede cuestionar y mucho menos perseguir por los actos que decidan en el ejercicio de sus funciones.

Principio del Debido Proceso: Al no seguir los mecanismos que la Ley dispone, para este tipo de procesos, es el superior jerárquico de la jueza quien debió conocer del caso, pedir su separación, presentar la prueba sumaria, si es que existe alguna, y luego iniciar la investigación.

No podía el fiscal iniciarla y mucho menos girar orden de conducción en su contra, aún cuando no estuviere de acuerdo en el otorgamiento de la fianza. Es cierto que el Código Penal establece que no habrá fianza de excarcelación en los delitos de drogas, pero igual establece una excepción clara, dejando al criterio de la Sana Crítica del juzgador, si otorga o no la fianza. Por ende, presumimos que la jueza utilizó la Sana Crítica y motivó su decisión en aplicar medida cautelar distinta a la detención preventiva.

El Derecho Procesal Penal no se basa en fórmulas alquimistas, es decir, que si la norma dice que no habrá derecho a fianza en los delitos de narcotráfico, automáticamente tenga que aplicarse la detención preventiva, pero así lo entienden los obtusos del Ministerio Público.

Principio de Legítima Defensa: La señora jueza tenía derecho a defenderse y saber por qué la estaban investigando. Lo curioso e inconcebible de este caso es ¿cómo a una funcionaria de justicia, que administra justicia, la quieran conducir como si estuviera evadiendo la justicia? Es lo más gracioso, doloroso y preocupante, porque esto no es más que un acto de persecución contra la funcionaria. Actos como éstos solo los veíamos en tiempos del noriegato o gorilato.

Principio de Inocencia: El fiscal giró nota de conducción, presumiendo su culpabilidad, ignorando el derecho a defenderse; vemos que no tuvo otro mecanismo más inteligente que conducirla. Pareciera que el fiscal ignoraba el paradero de la jueza o un número telefónico o correo electrónico o la ubicación del juzgado donde ella ejercía su suplencia.

Ni los abogados, ni la sociedad panameña, podemos permitir actos como éstos bajo ningún concepto. Imagínense, ¿si esto está pasando en contra de una funcionaria judicial, qué no harán entonces con un hijo o hija de Juan Pueblo?

Rechazamos categóricamente este tipo de actuaciones que fueron costosamente superadas y exigimos la vuelta al respeto al debido proceso y a los principios sagrados del proceso penal.

<>

Este artículo fue publicado el 2 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por falta de sintonía

La opinión de…

Javier A. Zaragoza Aguado 

Entre los principios básicos del Estado de Derecho debe destacarse la necesidad de observar de forma escrupulosa las reglas del debido proceso. Esto quiere decir que en un proceso criminal los procedimientos de investigación que se empleen para obtener medios de prueba, y su incorporación como tales al proceso debe hacerse respetando las formalidades legales y evitando la vulneración de derechos fundamentales.

Es grave que esto pueda suceder, y por eso el propio ordenamiento jurídico establece sus propios filtros y controles para apartar del proceso aquellas pruebas que puedan verse contaminadas por tal motivo. Pero todavía lo es más que se pueda utilizar torticeramente el proceso penal para apartar a quien cumpliendo con su obligación de investigar resulte incómodo para el poder político.

Esta reflexión enlaza directamente con la extraña situación que actualmente vive la Procuraduría General de la Nación de Panamá, cuya titular se ha visto envuelta en un proceso penal, y apartada provisionalmente de su cargo, por autorizar la investigación de un gravísimo delito de corrupción presuntamente cometido por un funcionario auxiliar del Ministerio Público bajo su cargo.

Desde el más absoluto respeto a la institución judicial panameña, y muy particularmente a la Corte Suprema como órgano competente para resolver semejante disparate jurídico, me parece oportuno formular dos breves consideraciones sobre el caso en cuestión.

La primera tiene relación con las propias competencias del Ministerio Público en la legislación panameña. Algunas normas legales legitimaban a la Fiscalía para intervenir las comunicaciones (en casos de narcotráfico y de delitos contra la libertad sexual y sus conexos), hasta que una interpretación restrictiva del pleno de la Corte Suprema adoptada en 2007 en relación con el Art. 29 de la Constitución limitó el concepto de autoridad judicial a los integrantes del organismo judicial.   Es obvio que, al igual que las leyes desfavorables carecen de carácter retroactivo, un criterio interpretativo restrictivo de la Corte no puede deslegitimar lo que se hizo anteriormente conforme a la ley.

La segunda, a mi juicio la más relevante para la adecuada resolución del caso, tiene mucho que ver con el alcance y el ámbito de protección del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Al igual que la Constitución panameña, la norma fundamental española sólo permite su interceptación con autorización judicial.   Pues bien, tanto la doctrina constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han entendido de modo uniforme que el secreto de las comunicaciones garantiza la impenetrabilidad de la comunicación por terceros ajenos a la misma, sean estos ciudadanos o agentes de los poderes públicos, pero en ningún caso puede oponerse frente a los intervinientes en la comunicación, de manera que no podrá entenderse vulnerado el derecho fundamental y, en consecuencia, tampoco podrá considerarse ilícita la prueba obtenida por esta vía.

Si tenemos en cuenta que la grabación en cuestión se hizo con el beneplácito de la víctima del chantaje, la cual podía proceder a la grabación directa de su conversación como medio para acreditar la extorsión a la que era sometida, difícilmente podremos concluir que la actuación fuera ilegal, ya que no era necesaria la autorización judicial.

Y desde esta perspectiva, la actuación de la Fiscalía, como responsable de la investigación, representaba un plus de garantía para el proceso, pues no tenía más objetivo que contribuir a la obtención de las pruebas del delito sin conculcación de derechos fundamentales.

Es de esperar que finalmente la razón jurídica se imponga. Cualquier otra solución violaría gravemente la independencia del Ministerio Público y condicionaría en términos inaceptables el ejercicio de sus funciones constitucionales. Si todo apunta, como parece, a una falta de sintonía entre Gobierno y Fiscalía, habrá que recordar necesariamente que esta es una institución autónoma e independiente, y que estos valores son la mayor garantía de la igualdad y de la justicia para la ciudadanía panameña.

<>

Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Derecho de defensa en Panamá

La opinión de….

LUIS FUENTES MONTENEGRO


Los niveles de arbitrariedad que prevalecen en la justicia penal del país se deben en parte a la inadecuada configuración jurisprudencial de los derechos constitucionales del acusado por parte de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la jurisprudencia en relación al debido proceso no ha dotado de contenido sustantivo a los derechos del acusado y tampoco se han desarrollado implementos para que algunos agentes del Ministerio Público y algunos jueces penales modifiquen o limiten sus conductas arbitrarias, ya que se amparan en una sana crítica que conlleva una especie de discrecionalidad que necesita ser regulada.

El derecho del acusado de contar con una defensa tanto en la fase de instrucción sumarial como en la plenaria, y aún mucho antes, cuando se da el hecho e interviene la Policía o la Dirección de Investigación Policial, es para garantizar que la sanción más severa (detención o prisión) sea siempre mediante un proceso justo, lo cual implica otros derechos concatenados, como son el derecho a contar con un abogado desde el momento de la privación de libertad -llámese aprehensión, detención o el eufemismo que sea-, el derecho a guardar silencio, el derecho a no ser incomunicado ni torturado, el derecho a no ser sometido a ninguna privación de libertad de hecho, arbitraria o ilegal, el derecho a ser informado de las razones de la detención y también del contenido del expediente, de los informes y pruebas en contra, el derecho a presentar pruebas y el derecho a que se le presuma verdaderamente la inocencia.

La eficacia del derecho de defensa en las agencias del Ministerio Público o ante las agencias policivas es relativa y existen informes donde dicho derecho se ha violado sin ningún tipo de consecuencia ni responsabilidad alguna para quienes la hayan violentado -policías, agentes de instrucción, personeros, fiscales-; las violaciones a los derechos del acusado o detenido por tales entes tienen graves efectos e inhibe de forma significativa la posibilidad del acusado o detenido de tener un juicio en cumplimiento pleno de las garantías constitucionales.

El hecho de que se asegure al acusado o detenido un defensor de oficio o que tenga un abogado privado para su defensa no significa que está garantizada una defensa adecuada como lo estipula la Constitución, no significa que se está cumpliendo plenamente con el derecho constitucional a la defensa; dicho derecho va más allá de la presencia o de la acreditación de un abogado defensor.

En algunos despachos policivos y del Ministerio Público se han dado prácticas de medidas que disminuyen el rol proactivo del defensor y lo convierten en ente pasivo, inerte, como si el abogado defensor fuera enemigo del policía o del agente policial, lo cual es incorrecto e infortunado.

<>

Artículo publicado el  20 y el 25 de mayo de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sangre y proceso

La opinión de…..

.

Silvio Guerra Morales

Según las estadísticas del Órgano Judicial de Panamá un 33% de los acusados por homicidios son declarados inocentes o terminan con sentencias absolutorias.   Más de un 40% son sobreseídos, ya sea de manera definitiva o provisional, al fin de cuentas, quedan en libertad; un 7% de esos mismos casos, por cualquier otra razón, no quedan en nada.

Estos números, analizados fríamente, indican que, siendo así las cosas, por cada 100 víctimas de las garras del crimen y que pierden sus vidas, más de 80% de los autores de esos crímenes quedan en libertad o, simplemente, nunca purgarán una pena.

Sin desmedro de considerar que muchos de los casos de homicidio que terminan con decisiones de inocencia por parte del jurado o con sentencias de absolución si se trata de juzgamientos en Derecho, realmente obedecen a la efectiva inocencia de las personas que han sido juzgadas, tampoco podemos ocultar o esconder nuestro rostro de una patética realidad: casos que son, desde la perspectiva procesal y probatoria, irregularmente instruidos; casos que desde sus inicios, durante el procedimiento investigativo, se encuentran plagados de violaciones sin fin al debido proceso y a otras disposiciones constitucionales consignatarias de derechos y libertades individuales y procesales, etc., son los que permiten al hábil abogado señalarle a los jueces o al jurado que la prueba es ilícita, que la prueba está contaminada, etc. y de este modo lograr “poner al acusado de vuelta en la calle”.

En este orden de ideas, respaldado por la experiencia en los tribunales y especialmente ante los jurados que deciden en conciencia, puedo afirmar que no hay nada que moleste tanto a un decisor de justicia –juez o jurado- como cuando advierte o indica que se han violentado las formas propias del juicio penal en contra de un ciudadano y que tal hecho entraña clara y evidente violación a los derechos y libertades consagrados en el estatuto constitucional.

Luego, queremos culpar a los jueces y a los magistrados, sobre todo al jurado, porque dictan absoluciones o veredictos de inocencia según corresponda, y salimos a la palestra a censurar y despotricar en contra de la Administración de Justicia –sin desmedro de que algunas críticas han de ser fundadas- generalizando una crisis que tiene distintos focos y que, no necesariamente, se encuentran en el seno de Temis.

Por ello, recientemente, señalaba en un programa de televisión, que hay que poner un alto, un basta a las investigaciones improvisadas; un freno a las detenciones sin fundamento legal y que nacen a merced de un espíritu investigativo inquisitivo, perseguidor, sanguinario, carcelario y, en defecto de ello, hacernos parte de una cultura procesal, de investigación, que incluya a abogados, fiscales, jueces, sociedad, en la que destaquen votos concretos de una feligresía jurídica que postula y cree en el estado de inocencia y el respeto casi absoluto debido a este apotegma constitucional; creencia en el debido proceso ya que sin él no hay proceso sino una parodia burda y torpe de juicio; una constante devoción a la igualdad de todos ante la ley y que, finalmente, tengamos la convicción de que cuando se condena a un ciudadano es porque se le ha probado su culpa en un juicio cónsono con el debido proceso y que si se le absuelve o declara inocente es porque así ha sido en estricto derecho.

Pero también de una sociedad cuya cultura forense empiece a dar muestras de “respetar las decisiones de los tribunales” y aprender que se trata de fortalecer el Estado de Derecho para bien de todos.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cómo procurar un cambio

La opinión de…….

.

Carlos Eduardo Galán Ponce


La tarea de gobernar, para cualquier hombre que no llegue a la más alta magistratura de la Nación con la intención de enriquecerse sino con el firme propósito de hacerle frente a la delincuencia, entre otros problemas, no es ningún “confite”.

Los pocos, llamados de cuello blanco, a los que se les logra, después de mil y quinientas, armar un caso, cuentan con tantos recursos legales para dilatar interminablemente los procesos en su contra. Y hasta para al final salir indemnes. No importa que los beneficios económicos de los hechos que se le imputan estén ostentosamente a la vista. Cuando es claro que el propósito de la corrupción, invariablemente, es el enriquecimiento material –ni sueñes que va a ser el intelectual–. De allí aquella sentencia universal que reza: “Las propiedades cuyo valor superen los ingresos legítimos se considerarán un bien ilegítimo”. Y parece ser tan sencillo hacer ese escrutinio.

Por otro lado, los procesos contra los de cuello de otros colores o de los “sin cuello” no despiertan interés y se estancan en los escritorios, en tal forma que muchos individuos se “pudren” en las celdas por períodos más largos de los que les corresponderían si fuesen culpables de los actos que se les imputan.

A esto, súmale los que son capturados in fraganti y por una u otra razón, al día siguiente andan libres por las calles planeando algún otro desafuero. Y solo faltan en esta ensalada, los menores de edad, cuya condición es suficiente para que con sus manos aún empapadas de la sangre de sus víctimas salgan, pavoneándose de sus hazañas, a esta selva de inseguridad.

Y por el lado de “los buenos”, las cosas no andan mucho mejor. Pululan jueces hurgando en cada caso por tecnicismos que van desde un error ortográfico hasta un número de finca o de cédula equivocado para declarar nulos los procesos contra los que a todas luces han violado la ley. Un tipo entra a un sitio público, le pega 10 balazos a un parroquiano indefenso delante de todo el mundo y luego tienes que referirte a él como “el presunto homicida” si no quieres arriesgarte a que un abogado inescrupuloso te demande por maltratar la honra de semejante despojo.   Pareciera que los hechos, que son la única y verdadera realidad, no cuentan. Y para reafirmarlo, ahora se inventaron otra.   “Lo que no está en el expediente no existe”.   Qué bonito.   Si se te olvidó apuntar a un muerto, el tipo está vivo. Y lo máximo. La Procuraduría General, el fiscal mayor de la Nación, “presumiendo” que todo mundo es inocente.

Entonces, cuando un Presidente, preocupado por la seguridad de sus ciudadanos, le pide a los encargados de aplicar la justicia que no se amilanen, que no les tiemble la mano para pedirle cuentas a los delincuentes de alto perfil y que para ello cuentan con su apoyo, eso parece ser un pecado.   Te revisten con el mote de dictador en ciernes.    Y lo curioso es que el epíteto proviene, precisamente, de los incubados en una cruel dictadura, manchada de sangre inocente, a la que aplaudieron a rabiar.

En México, sin negarse su estado de derecho, el presidente Felipe Calderón, al tomar posesión de su cargo, le advirtió públicamente a los secuestradores de infantes que su gobierno se iba a encargar de encerrarlos cinco pisos bajo tierra. Y a nadie se le ocurrió decir que eso era “violar la separación de los poderes”.

En Estados Unidos, cuna de la democracia, durante el gobierno del presidente Kennedy, su hermano Robert, procurador general de la Nación, se encontró en una ocasión en el lobby de un hotel al mafioso del transporte Jimmy Hoffa.   Se le acercó y señalándolo con el dedo le dijo “yo voy a hacer que te pudras en una cárcel”.    Y en esa civilización nadie salió a acusarlo de violar la “presunción de la inocencia”.    Poner a un individuo de esa clase a buen recaudo era el deber de su cargo.   Pero el tipo tenía tantos enemigos que finalmente nadie supo a ciencia cierta dónde se pudrió.   Solamente desapareció y la sociedad quedó con un peligro menos.

No soy versado en temas legales, pero como un ciudadano formado en otra disciplina se me hace difícil comprender el porqué de una serie de normas que no parecen dirigidas a hacerle a los delincuentes difícil evadir la justicia. Todo lo contrario. El menor error en un documento sirve de asidero para anular un proceso, mientras el delincuente se puede equivocar todas las veces que le dé la gana.   Si le falla al primer balazo, puede ir corrigiendo la puntería hasta que te acierta en la cabeza.

El “debido proceso” a que tenía derecho la víctima se va con ella a su fosa en el cementerio (¿Y el victimario?).   Festín para sus defensores que no dudarán en tratar de convertir el hecho en suicidio y devolver al pistolero a las calles a repetir la hazaña. “Presumir de inocentes” a asesinos irredimibles, confesos, con expedientes kilométricos y un rosario de víctimas, hasta ejecutadas frente a testigos, es un exabrupto.   Pero así, la delincuencia parece ir arrinconando a la justicia.   Y los que tienen que vivir encerrados son los ciudadanos decentes por temor a lo que les puede esperar en las calles. ¿Queremos que esto siga así? No. Algo debe cambiar. Y parece que ya comenzó.

<>

Publicado el 26 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Víctimas del sistema

La opinión de la periodista……

.

Adelita Coriat

En este país la justicia parece estar a merced del poder, hechos concretos muestran un procedimiento sistemático que amaña las investigaciones, prolonga audiencias y celebra juicios que rebasan el plazo otorgado por la ley. Quien tiene poder, puede aplicar derecho, pero quien no lo tiene simplemente queda preso de la injusticia.

Imagine que a usted le acusan de narcotráfico y otros delitos. En el transcurrir la Corte le niega una medida cautelar, no hay señales de una audiencia o un juicio, y después de años de prisión un juez lo declara inocente.

Lo más grave es que no hay pruebas que respalden las acusaciones, aunque usted, continúa preso. Esto le sucedió a más de 100 panameños en los últimos 4 años, en cuyos casos hubo faltas graves en los informes policiales, financieros y declaraciones de testigos protegidos.

En uno de los fallos que involucraba a más de 70 personas (Ley Patriótica III) acusadas de blanqueo la juez afirmó; “el informe financiero lo consideramos huérfano, es decir, sin respaldo de otras pruebas”, agrega incongruencias por falta objetividad y documentación. En este mismo caso, 17 imputados no se les logró hacer indagatoria. La juez De Gracia agregó que los informes policiales presentados eran falsos.

Ley Patriótica I, la juez desacreditó las declaraciones del testigo protegido, pues la misma persona aparece 2 y 3 veces con distintos nombres, afirmaciones que la fiscalía no comprobó según la juez Joseph. Se acusó de narcotráfico pero no se incautó ningún gramo de droga.

En el caso Rayo al cabecilla no se le indagó por asociación ilícita, algunos imputados tardaron 5 años en rendir indagatoria, los informes financieros están mal sumados, carecen de análisis. A Rayo se le acusa de lavado pero solo se le atribuyen 115 mil dólares como patrimonio neto. Y aún hay más casos similares.

¿Cómo reaccionaría usted si fuera víctima del sistema?

<>

Publicado el 22 de febrero de 2010 en el diario El Panamá América , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué hay del debido proceso a los docentes?

La opinión de…..

.

Darío Herrera Díaz

A raíz de las investigaciones que se le siguen a la separada procuradora de la Nación, al ex presidente Pérez Balladares y a los ex ministros de educación, el “debido proceso” y la “justicia selectiva” se mencionan en todos los medios de comunicación social. Los juristas, comentaristas y el público en general concuerdan en que se les debe respetar las garantías fundamentales a las que tienen derecho; pero, ¿qué hay del debido proceso al que tienen derecho los docentes de nuestro sistema educativo?

La Ley 47 Orgánica de Educación establece que las quejas interpuestas sobre algún miembro del personal docente deben ser investigadas por el director del centro escolar tan prolijamente como su importancia demanda; no obstante, establece que estas deben llegar por algún conducto digno de crédito.

¿Es digno de crédito un padre que en vista de que su hijo reprueba o es amonestado por agredir a una compañera, en acto de venganza, levanta calumnias e injurias contra un docente? ¿Acaso tienen credibilidad las asociaciones de padres, madres y acudientes que no rinden informe del dinero que manejan?

Los directores o directoras llevan acabo las “encuestas” o “investigaciones” y en muchos casos, incluso intencionalmente, solo se apegan al artículo 192 de la Ley 47. Este artículo establece que de ser culpable el docente se le pasará el pliego de cargos y este solo tendrá ocho días para defenderse.

¿Acaso el docente no tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado del proceso y a presentar incidentes al mismo, como lo establece la Ley 38 de 31 de julio de 2000? ¿Dónde queda el derecho de obtener pronta resolución, de peticiones hechas por parte de los docentes a los directores sobre informaciones contenidas en archivos, registros o expediente de él que mantenga la institución de la cual forma parte? ¿Tiene el docente que resignarse a esperar la sanción y contar con tan solo ocho días para defenderse? ¿Qué pasa cuando el fiscal, jurado y juez, es decir el director, también está siendo investigado (v. gr. alterar documentos)? ¿Está permitido comentar con particulares o subalternos el contenido de una investigación por parte de los que investigan? ¿No hay violación del debido proceso, de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, de la Ley No, 6 de 22 de enero de 2002 (v. gr. artículo 3) e incluso de la Constitución Política de la República de Panamá (v. gr. artículo 41)?

Por otra parte, las estadísticas muestran que cuando un docente interpone una denuncia contra un director, ya sea por abuso de autoridad o extralimitación de funciones; estos no son, por parte del director o directora regional, prolijamente investigados como lo establece la Ley 47. ¿No es este un caso de justicia selectiva?

La violación del debido proceso y la justicia selectiva conducen a los docentes a hacerse los sordos, mudos y ciegos ante las injusticias o anomalías que se dan en los centros escolares. Si interviene o media en los conflictos que se dan entre estudiantes o en las reyertas que estos protagonizan quedan expuestos a que los sancionados, con sus acudientes, posteriormente, levanten calumnias e injurias contra ellos y el sistema del cual forma parte, en el mejor de los casos, los deja que se defiendan como puedan; y en el peor de los casos, se vuelva contra ellos. Si denuncia irregularidades administrativas, mismas que mantienen a los colegios en pésimas condiciones, los directores inician una cacería de brujas hasta trasladarlos.

Sin lugar a dudas, tienen sentido las reflexiones de Temas de Nuestra América; a saber: “Los sueños perduran, pero muere el soñador. Tal vez no muera el ideal, pero el idealista sí: muere de inanición o asume las complicidades de la coyuntura”.

<>

Artículo publicado  el 20  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una actuación insólita

La opinión de…..

.

Rigoberto González Montenegro

Un principio de simple lógica jurídica da cuenta de que una decisión adoptada por un tribunal colegiado debe ser recurrida, en caso de tribunal de única instancia, ante el mismo tribunal.

Ello implica que si en un fallo en el que se adoptó una decisión, de existir una inconformidad por parte de quien se sienta afectado con lo decidido, ésta ha de ser del conocimiento de todos los miembros de dicho tribunal, a objeto de conocer en qué consiste tal inconformidad.

Aún más, pese a que se termine considerando que el recurso al que se recurre para hacer saber el cuestionamiento a lo decidido es improcedente, por haber surgido el fallo del seno del tribunal como un todo, es ante éste, y no ante uno solo de sus miembros, a quien compete decidir ello.

De proceder de otra manera, es decir, que uno solo de los integrantes se arrogue la facultad de los demás, se estaría infringiendo, por lo menos, dos derechos fundamentales, a saber:

1. El derecho de acceso a la justicia, al impedir que quien recurre sea oído por los demás integrantes del tribunal, quienes son los que deben conocer el recurso promovido, en el que se plantea la inconformidad de quien recurre, y

2. El derecho al debido proceso, es decir, lo atinente al tribunal competente, en la medida en que deben ser todos los integrantes del tribunal colegiado, que ha actuado como tribunal de única instancia, quienes deben conocer y decidir sobre el recurso que se haya presentado.

Esto constituye un razonamiento de simple lógica jurídica de derecho procesal.

Tan elemental razonamiento jurídico, que a su vez conlleva el reconocimiento de derechos fundamentales, ha sido desconocido recientemente por un magistrado suplente de la Corte Suprema. Los hechos son los siguientes:

El 28 de enero de 2010, el pleno de la Corte, con el salvamento de voto de cuatro de los nueve integrantes de este tribunal, emitió una decisión. Dicha decisión se da dentro de la causa penal que se le sigue a la procuradora, mediante la cual se dispuso prohibirle que abandone el territorio de la República sin autorización judicial, así como la suspensión de su cargo, hasta tanto finalice el proceso respectivo.

Esta resolución, como es lógico, debía ser notificada a la persona afectada, quien al estar en conocimiento de lo decidido anunció un recurso de reconsideración.

Devuelto el expediente a la Corte, y en un corto tiempo, se le vuelve a notificar el rechazo de su recurso por parte del magistrado suplente, quien ante sí y de por sí, sin darle conocimiento al resto de los magistrados, adoptó tal posición.

Ante esta eventualidad, y en base al artículo 109 del Código Judicial, la procuradora anuncia el recurso de apelación ante el resto de los magistrados.

No obstante, el mismo magistrado suplente, una vez más, por sí solo sin que los demás magistrados conozcan de lo que se les está cuestionando por parte de la persona y funcionaria que se siente afectada del fallo de 28 de enero de 2010, decide rechazar el recurso de apelación anunciado, ahora contra su resolución que declaraba inadmisible el de reconsideración.

Como se ve, con dicho proceder, el magistrado suplente de la Corte vulnera no solo el razonamiento de lógica jurídica, sino que le desconoce los derechos que le asisten a la procuradora de ser oída por su juez natural o, si se quiere, por el tribunal competente para conocer su causa, que no es otro que el pleno de la Corte.

Lo anterior obliga a hacer las siguientes reflexiones y preguntas. Si existen los tribunales colegiados, eso significa que sus decisiones deben ser adoptadas una vez que todos sus integrantes hayan conocido el tema con respecto al cual se van a pronunciar.

Por ende, si el fallo de 28 de enero fue discutido por el pleno de la Corte y su adopción, con los salvamentos de votos respectivos, lleva la firma de los nueve magistrados ¿cómo es posible que cuando se da su impugnación por la procuradora, uno solo de los magistrados de la Corte, en este caso el sustanciador, arrogándose la facultad de los demás magistrados decida no admitir el recurso de reconsideración, primero, y el de apelación después?

¿Lo propio no era que se siguiera igual procedimiento para conocer del recurso de reconsideración que el seguido para el debate y adopción del fallo de 28 de enero de 2010?

¿El papel del magistrado sustanciador no era el de adelantar lo referente al recurso de reconsideración, dar traslado para su sustentación, preparar el proyecto de fallo con su criterio y darle conocimiento al resto de los magistrados, a fin de contar con los votos necesarios en respaldo de su decisión?

¿Por qué el fallo de 28 de enero es debatido por el pleno de la Corte y no así el recurso promovido en su contra?

Llama la atención que en la resolución de 5 de febrero de 2010, mediante la cual el magistrado sustanciador, en la que decide no dar curso al recurso de apelación ante el resto de los magistrados de la Corte, anunciado por la procuradora, se señala: “en consecuencia, declaramos inadmisible el recurso de apelación anunciado”, cuando su actuación solo lleva su firma, con la del secretario general de la Corte, sin que aparezca la de ningún otro magistrado.

Por tanto, ¿quiénes son los que debemos entender, son los que “declaramos inadmisible el recurso de apelación anunciado”? ¿El magistrado sustanciador con el secretario general de la Corte? ¿Y el criterio de los demás magistrados qué?

¿Se debe entender en función de lo anterior que el magistrado sustanciador, al dejar consignado “declaramos inadmisible el recurso de apelación anunciado”, consideró que en ese momento y de acuerdo a su criterio su sola voluntad recogía y constituía el pleno de la Corte?

¿Cómo sabemos si el resto de los magistrados estaban o no de acuerdo con la decisión adoptada por uno solo de sus magistrados? ¿Es esto lo correcto jurídicamente?

Éstas son las preguntas que surgen ante lo actuado por el magistrado sustanciador del fallo del 28 de enero de 2010, quien ante los recursos anunciados por la procuradora, ante sí y de por sí, se erigió como juez único e infalible, al decidir no dar traslado y poner del conocimiento de los demás magistrados, los referidos medios impugnativos.

Con tal proceder, se vulneró el derecho de acceso a la justicia y de paso, el debido proceso legal.

A todas luces, esto es una actuación insólita.

<>

Publicado el 10 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.