Sala V: entre la validez y la eficacia

La opinión del Abogado…

ROBERTO RUÍZ DÍAZ
roberto_ruiz_diaz@yahoo.es

Ya es noticia vieja, aun cuando si hablamos de validez y eficacia todavía el fallo de la Corte Suprema, que declara la inconstitucionalidad de la derogatoria a la Ley que creó la Sala Quinta, no ha cumplido todos los trámites de rigor, para decir que el mismo tiene una validez formal y de ahí que entré la vigencia de la norma que había sido derogada.   Si bien una vez surtido aquellos requisitos de mero tramites, debemos sentarnos a ver que si bien la validez de la norma contenida en la Ley 32/99 vuelve a tener vigencia, se tiene que esperar que la misma entre en eficacia. ¿Como así? pues que la norma se ponga en práctica y sus efectos pueden ser exigidos. Tenemos antecedentes recientes, con la creación del Tribunal de Cuentas, donde la Norma tenía validez y se encontraba vigente, mas su eficacia no había sido exigida o puesta en marcha, toda vez que después de algún tiempo de su creación es cuando el Ejecutivo decidió proceder a nombrar a los Magistrados que compondrían este nuevo Tribunal. De ahí que para que la Sala Quinta tenga eficacia, debe el Órgano Ejecutivo proceder a realizar los nombramientos de rigor. Mientras esto no se dé, el Pleno de la Corte tiene la obligación de seguir conociendo de las acciones de Amparo, los Habeas Corpus y el tema de Habeas data, figura esta que nace en forma posterior a la creación de la Sala Quinta. Desde la discusión de la creación de la Sala Quinta he sido constante en mi planteamiento, requerimos un Tribunal Constitucional y desde el año 99 recomendaba el modelo español como manera de utilizarlo, solo que con una cantidad menor de Magistrados por cuestión presupuestaria. En si la reactivación de la Sala Quinta no limita y mucho menos amarra de manos al Órgano Ejecutivo, para que mediante reformas a la Constitución, se instale un Tribunal o Corte Constitucional, quien estaría encargado de revisar incluso la constitucionalidad o no de los fallos de las salas de la Corte Suprema actual.

Todo está en ver bien que mas beneficia a la Justicia, que por veces es cuestionada, dándole vida nuevamente con la entrada en eficacia de la Sala Quinta, o simplemente dejar dicha Ley como muchas otras que hay, que son letra muerta y embarcarnos en un tema que nos permita estar a un nivel jurídico internacional más elevado, al contar con un Tribunal Constitucional digno de apreciarse. Que a su vez para ser parte del mismo, exigir que sus miembros tengan como mínimo 55 años de edad y con experiencia en el ejercicio del derecho de más de 25 años; creo que con esos obtenemos jueces más comprometidos con la justicia y el derecho, que con su futuro económico.

Si lo observamos fríamente, esto si seria parte de un cambio en materia de justicia, pues el Tribunal Constitucional, tendría a su vez las facultades de conocer los habeas corpus, habeas data, las advertencias y demandas de Inconstitucionalidad y ser el único interprete de la Constitución, cuando se prevea conflictos entre la aplicación de sus normas. Incluso ser una vía alterna al Órgano Legislativo, en materia de consultas populares y referéndum

Este artículo se publicó el 1 de febrero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El gran negocio de la política

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La opinión del Periodista…

Juan B. Gómez 

“Entran limpios y salen millonarios”. Amigos, si ustedes dudaron en algún momento de que la política es un gran negocio, ahora no lo dude; confirmado. 

En el último año del gobierno de Pérez Balladares, se creó la Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia. Tres nuevos magistrados para ocuparla por 5 años por lo menos. Pero esta Sala tuvo vida corta, porque una de las primeras acciones que tomó el gobierno siguiente de Mireya Moscoso, fue decapitarla.   Pero hasta ahí no llegó la cosa: más de diez años después, se pretende revivirla.   ¿ Y qué se le ha ocurrido a los 3 magistrados de la Corte decapitada?    Que le paguen los años que no trabajaron. Un millón de dólares por lo menos para cada uno de ellos. ¿ Y esa demanda prosperará?   Nadie sabe, no se imaginan las cosas que pasan en nuestro querido país.

Recordé, que cuando Carlos Menem llegó al poder en Argentina ( 1989), uno de sus primeros objetivos fue apoderarse de la Corte Suprema; y antes de un año de gobernar, la dominaba por completo; y no contento con su triunfo supremo, creó una Quinta Sala más en la Corte, en la que nombró por supuesto a sus mejores amigos. (Julio Nazareno, que fue Presidente de la Corte era socio de su firma de abogado).

Entonces sí, por ahí no pasaba nada que oliera a un fallo contra él ni contra su gobierno. Y como quería gobernar más de un período, arregló las cosas para quedarse dos. (Todavía no está claro lo que ocurrió con los senadores del Partido Radical, enemigos tradicionales de los peronistas, que habían jurado que votarían contra la reelección, y terminaron votando por la reelección de Menem. Se decía por todas partes que los compraron con sumas inmensas).

Y cuando se aproximaba el fin de su gobierno, nada, Menem quería quedarse tres períodos consecutivos. Y sus amigos de la Corte empezaron a opinar que sí era posible, aunque la constitución señalaba claramente que el Presidente sólo podría estar dos periodos en el poder…

Bueno, la historia es muy larga, pero les digo que lo primero que hizo el presidente Kirchner fue mandar para su casa a todos los magistrados de Menem;   y si alguno se opuso, les iban a sacar a la luz pública todas las bajezas y chanchullos que había cometido durante su mandato… Así liberó Kirchner a la Argentina de la corrupta Corte Suprema de Justicia de Menem.

¿ Y ahora, nosotros queremos que haya en nuestra Corte una Quinta Sala, politizada y entregada al poder del mandatario que la imponga?   El pueblo, dicen, tiene la palabra…

Me gustaron las siguientes palabras de Juan Manuel Handal, en La Carta de Panamá: “Tenemos que encontrar camino a gobiernos más honestos y evitar que los estafadores, logren meter sus sucios dedos en la torta nacional”.

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<>Artículo publicado el  29  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Fallo de la Corte sobre la Sala Quinta

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La opinión de la Abogada,  Escritora y Feminista…

Mariblanca Staff Wilson 

mariblanca12@gmail.com
Después de más de once años de estar engavetada en la Corte Suprema de Justicia, la demanda de inconstitucionalidad contra la derogatoria de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, felizmente –mejor dicho- convenientemente, el pleno de la Corte declara inconstitucional su derogatoria.

¿Por qué hasta ahora el Pleno decide revivir dicha Sala, cuando la mayoría de los honorables Magistrados que conforman dicho máximo tribunal estaban en el cargo cuando se presentó la demanda de inconstitucionalidad? Sencillamente porque no era conveniente en aquel momento sino ahora.    ¿Por qué en 1999 era inconstitucional la Sala y ahora es constitucional? Las matemáticas no fallan: uno más uno es dos. Ni más ni menos.

Por tanto, si es inconstitucional la derogatoria de la Sala V, con mayor razón lo es la destitución de los Magistrados/as que integraban dicho tribunal y me da el derecho de interponer una demanda contra el Estado por los salarios caídos. Oportunamente presentaré la demanda. No estaré mendigando, sino ejerciendo y exigiendo mis derechos.

 

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<>Artículo publicado el 19  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Sala zombi o sala quinta?

La opinión de…

 

Felipe Echandi Lacayo

En 1803, la Corte Suprema de Estados Unidos de América resolvió el caso Marbury v. Madison, sentando así el primer precedente judicial de review de la Corte sobre actos del Congreso cuando éstos violen la Constitución.

Hasta entonces no era comúnmente aceptado que el Poder Judicial declarara nulo por inconstitucional un acto del Poder Legislativo. De hecho, el Poder Legislativo era visto como el árbitro principal de la constitucionalidad de sus propios actos.

Desde el caso Marbury v. Madison, la Constitución, un documento que tenía valor para definir la estructura del Estado y para actos protocolarios, adquirió relevancia para los ciudadanos de Estados Unidos.

Los derechos individuales garantizados en el Bill of Rights comenzaron a ser usados como argumentos en los tribunales de justicia teniendo incidencia real en la vida de las personas.

En Panamá, si bien desde 1941 ha existido la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa o de interponer amparos o recursos de hábeas corpus ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, no hemos tenido una vigencia real ni tangible de la Constitución o de los derechos fundamentales que en ella se consagran. Los ciudadanos panameños nos encontramos atados de manos frente a lo que dicte la mayoría. Esto ha ocurrido principalmente por la extrema lentitud con la que se resuelven las demandas y recursos interpuestos ante el pleno de la Corte Suprema, y por la insistencia de quienes han ocupado el Poder Ejecutivo de pervertir los pesos y contrapesos que una república moderna de ciudadanos libres debe tener, nombrando magistrados exclusivamente con base en afinidades políticas o personales.

He tenido la oportunidad de vivir en Costa Rica durante los últimos cinco años, en donde recientemente la Sala Constitucional (allá llamada comúnmente Sala Cuarta), similar a nuestra Sala Quinta, cumplió 20 años de existencia. Los ciudadanos han incorporado a su vida diaria la certeza de que tienen derechos fundamentales que la mayoría no les puede arrebatar. La expresión “meter un salacuartazo” se ha vuelto común, por lo que el Gobierno ha sido mucho más cuidadoso a la hora de ejercer su poder.

Por estos motivos, sin entrar a discutir las razones de fondo por las que la ley que había derogado la Sala Quinta recientemente se declaró inconstitucional, me parece una excelente noticia tener una sala especializada de la Corte Suprema que se dedique exclusivamente a la resolución de asuntos constitucionales. De implementarse correctamente, la Sala Quinta sería un importante mecanismo para prevenir que las mayorías pisoteen los derechos individuales cuando les plazca.

Como dijo Alexander Hamilton en el Federalista No. 78, “las cortes tienen el deber de servir como intermediarias entre el pueblo y sus representantes para, entre otras cosas, mantener a estos últimos dentro de los límites de su autoridad”.

Dado que los liberales afirmamos la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, no podemos dejar de notar la oportunidad que se le ha presentado al Gobierno con la reciente resolución del pleno de la Corte Suprema. La recreación de la Sala Quinta, si se implementa de forma adecuada, podría implicar que nuestra jurisdicción constitucional deje de ser prácticamente inexistente y pase a tener incidencia en la vida diaria de todos los ciudadanos.

El actual gobierno tiene la mesa servida, ya que podrá contribuir de forma casi inédita al fortalecimiento de la institucionalidad panameña. Por este motivo, esperamos que los magistrados que se escojan sean individuos imparciales e idóneos. Esto determinará si tendremos una sala zombi, resucitada de entre los muertos para devorarnos, o una Sala Quinta, abanderada y guardiana de nuestros derechos fundamentales.

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Este artículo se publicó el 24  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Operación Milagro – Una bendición para los humildes

La opinión de…

Bolívar Perigault Sánchez

Recientemente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la Resolución No. 3 del 7 de mayo de 2007, dictada por el Consejo Técnico de Salud, la cual no admitió una denuncia presentada por la Asociación Médica Nacional, que pretendía que se investigara el ejercicio, supuestamente ilegal, de la profesión por médicos extranjeros –en este caso cubanos– dentro del Programa denominado “Operación Milagro”. Este fallo, que tuvo como ponente al magistrado Víctor Benavides, fue avalado por los magistrados Winston Spadafora y Alejandro Moncada, y con él nuestro país se reivindica a la luz del derecho internacional.

En el fallo, la Corte elaboró una reseña histórica, referente a la ejecución del programa, que emerge del Convenio de Cooperación entre los ministerios de Salud de ambos países, del 18 de marzo de 2006, para mejorar la calidad de vida de los panameños con afecciones oftalmológicas, entre noviembre de 2005 y febrero de 2007, en Cuba: 5 mil 212 cirugías y una evolución médica de 22 mil panameños.

Gracias a la gestión del entonces presidente Torrijos, quien se reunió con su homólogo cubano, se decidió establecer el Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera, en Santiago de Veraguas, en marzo de 2007. Desde sus inicios, “Operación Milagro” cumplió con el principal objetivo de brindar atención oftalmológica gratuita a todos los ciudadanos panameños o residentes en Panamá, o de cualquier otro origen, de bajos recursos económicos y pobreza extrema. Esta labor se realizaba bajo los parámetros y supervisión del Ministerio de Salud, que en la captación previa proporcionaba personal de registros médicos, secretarias, laboratoristas, médicos generales que en conjunto con los especialistas cubanos del programa cumplían con tal objetivo.

En octubre de 2008, “Operación Milagro” comenzó a brindar servicios para glaucoma y retina, evaluando a los pacientes con diabetes mellitus y a los que presentaban retinopatía diabética se les aplicaba láser, según el tipo de retinopatía, dándoseles seguimiento hasta el día de alta. El total de pacientes atendidos en consulta entre el 27 de marzo de 2007 al 29 de diciembre de 2009 fue de 74 mil 961; realizaron 44 mil 515 cirugías, más las 5 mil 212 hechas en Cuba en la primera etapa, suman 49 mil 727.

Como bien señala el fallo, “resulta importante destacar que los números por sí solos no representan mucho, si no se tiene en cuenta el gran impacto social que este proyecto ha experimentado en el pueblo panameño, personas que llevan en ocasiones años de ceguera, así como personas que por no contar con accesibilidad económica, geográfica e institucional que les permita recuperar la salud visual, han encontrado en este programa la manera de recuperar la luz en sus vidas, rescatándoles de la oscuridad y elevándose considerablemente su autoestima, y la calidad de vida de los miles de panameños beneficiados”.

La decisión de la Corte, a mi juicio y leal entender, reivindica a esos médicos cubanos que dando cumplimiento a su juramento hipocrático se desplazaron desde Cuba hasta las regiones más apartadas de nuestro país, adonde la mayoría de nuestros “oftalmólogos” no acceden. El impacto positivo en la comunidad de la excelente labor profesional de los médicos cubanos de este programa devolvió la visión a 49 mil 727 panameños, a través de cirugías oftalmológicas gratuitas y de alta calidad.

Si consideramos que la Organización Mundial de la Salud estima que existen entre 40 y 52 millones de personas ciegas en todo el mundo, y otras 60 millones con deficiencia visual severa, y las tres cuartas partes de los casos corresponden a los países pobres, debo concluir que “Operación Milagro” es una bendición para los más humildes. Este fallo, igualmente respeta y se fundamenta en diversos convenios internacionales, firmados y ratificados por nuestro país, en diversas áreas de salud, que en su momento han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte.

Concluyo esta entrega, manifestando mi agrado por tan importante decisión y haciendo un llamado a nuestras autoridades para que, de una vez por todas, se despoliticen los asuntos de salud, a la mayor brevedad posible y actúen a favor del pueblo restaurando “Operación Milagro”, para que miles de panameños humildes, de a pie, indígenas, campesinos, marginados y olvidados, de las más apartadas regiones, puedan disfrutar nuevamente de la bendición de la salud que se les está negando.

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Este artículo se publicó el 27  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Yo quisiera, pero no puedo

La opinión del médico y político….

JORGE GAMBOA AROSEMENA
jgamboarosemena@hotmail.com

Yo quisiera escribir que el Ministerio Público instruye adecuadamente los sumarios, pero no puedo, porque aparecen escándalos como el de la infiltración de la institución por el narcotráfico, denunciado por mismos funcionarios.

Yo quisiera escribir que la Corte Suprema de Justicia atiende sus funciones, pero no puedo porque, como conejo salido de un sombrero, la Corte resuelve una demanda de inconstitucionalidad con 11 años de retraso, sirviéndole -los magistrados de aquellos tiempos- al gobierno de turno y los de ahora, al gobierno de turno. Es decir que ambos ‘coincidencialmente’ por omisión o sumisión sirvieron a los intereses del Ejecutivo de turno. Ahora resulta que, como por arte de magia, el actual mandatario, que actúa como mandamás, puede nombrar tres magistrados en la Corte, aumentando su control de la Corte.

Yo quisiera escribir que estamos logrando mejores controles en nuestros aeropuertos, pero no puedo cuando aparecen revelaciones en los famosos ‘wikileaks’ que ponen a enfrentarse al gobierno con grandes poderes económicos. El informe de la diplomática gringa advierte que hay sospechas de un funcionario de este gobierno que puede estar vinculado a narcotraficantes, lo que el gobierno desestima, pero estima como bueno y concluye que las concesiones de la Zona Libre de Tocumen se le pueden quitar a las dos familias que hoy controlan dicha Zona. El cable es veraz en una sección y falso en otra sección.

Yo quisiera escribir sobre el proyecto de mejorar la circulación vehicular en esta ciudad pero no puedo porque este gobierno pretende ‘comprar’ los corredores, so pretexto de buscar el bien de los ciudadanos, regalando 1070 millones a concesionarios que han incumplido con los contratos, por lo cual debieron ser penalizados y no premiados.

Yo quisiera escribir que mi partido está cumpliendo sus postulados, pero no puedo, porque hay dirigentes que pretenden usufructuar el poder, que el partido les da, en beneficio propio, y por la abyección de varios de sus allegados que no entienden que deben actuar dentro de principios y no de oportunismos, los cuales serán los vientos sembrados para las tempestades de mañana, que nos afectarán a todos. Pronosticando, arte difícil, censuro la intención que la dirigencia del panameñismo esgrimirá en la Convención Extraordinaria, de febrero próximo, al promover el voto por aclamación en lugar del voto secreto. Como son clientelistas, asumen que el convencional que le da un puesto público le debe sumisión. Vaya insensatos…

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Este artículo se publicó el 21  de enero de 2011   en el diario El Siglo, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Revuelvo la mirada

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado…

MARIELA   SAGEL
marielasagel@gmail.com

Ya veces siento espanto, continúa la poesía del poeta de la Patria Ricardo Miró.   Esa es la sensación que tengo cuando me siento a escribir esta columna, que he tenido que cambiar en dos ocasiones antes de enviarla a la paciente editora, porque cada minuto suceden cosas que no deberían ocurrir en un país que se precia de tener una democracia ya consolidada.

Y es que había dispuesto escribir mis impresiones sobre el ‘rescate’ de la Sala V, que fue presentada precisamente por mí ante la Asamblea Nacional en 1999, como me correspondía por el cargo que en ese momento ocupaba.   La conveniencia que ahora encontró el gobierno en contar con tres magistrados/as sumisos/as más para terminar de defenestrar ese órgano del estado y eliminar su independencia.

Referirme a la exposición de motivos que presentamos para que esa sala fuera aprobada, como en efecto lo fue, para que el desgobierno de la Presidenta Mocoso, en sus decisiones irracionales y totalmente viscerales, la derogara por el simple hecho que la había creado el gobierno de Pérez Balladares.

También había iniciado la investigación de cómo se ha estado implementando la Ley Penitenciaria en cuanto a la responsabilidad de capacitar a los custodios y su posible responsabilidad ante la masacre ocurrida en el Centro de Cumplimiento de Menores, al mismo tiempo que quería señalar la posible responsabilidad por omisión o por flojera de los bomberos, que no hicieron su trabajo para rescatar de las llamas a esos siete chicos que no merecían acabar sus días de una manera tan inhumana.

Pero como siempre uno propone y Dios dispone, fui a la presentación del libro de Paco Gómez Nadal, la compilación de artículos del periodista español que fue una de las primeras víctimas visibles de la intolerancia a la crítica que tiene esta gestión gubernamental, cuando intentaron silenciarlo –como si eso fuera posible en esta era cibernética, donde las redes sociales y el correo electrónico, además de los chats superan la lectura o el conocimiento de lo que publican los medios— y allí me confirmaron la renuncia de mi admirado amigo Ebrahim Asvat de la presidencia de este diario,  por las muchas presiones que ha recibido ante las críticas verticales que él vertía en su muy leída columna diaria Bitácora del Presidente, y que parece le es muy urticante para los mandamases de la gestión del 99.

En esa presentación hubo muchas intervenciones valiosas y valientes, entre las que destacó la de la activista de Derechos Humanos, Celia Moreno, que al querer felicitar a Paco por el esfuerzo y el compromiso de seguir señalando lo malo y lo feo, rompió en lágrimas por la impotencia que sentimos todos ante lo que pasa a diario y especialmente, por la falta de un pronunciamiento de sentido humanitario que a diario esperamos de nuestros gobernantes, que desde que ocurrió la tragedia del 9 de Enero (coincidentalmente, cuando conmemorábamos la gesta de nuestros mártires, con rampante indiferencia por parte del gobierno) no han dicho nada sino exteriorizar sus desavenencias y pelea por los espacios de poder, sin importarles un comino con esas pobres familias que hasta cuerpos putrefactos han tenido que enterrar.

Salí tan impresionada por la falta de acción, por la tranquilidad que tenemos todos ante esta tragedia, posiblemente la peor masacre que ha habido después de la invasión, que fue perpetrada con saña y alevosía, que nos fuimos al Santo Tomás a ver si podemos iniciar un movimiento que salga a las calles a protestar.

No somos pocos, como me dedicó Paco en el libro, los que nos atrevemos a denunciar. Son muchos pero tienen miedo, no vemos una cabeza que señale qué hacer. Hay que organizarnos y no esperar que ocurra otra tragedia para que reaccionemos.   Me avergüenza ver al Ministro de Desarrollo Social acompañando con murga a los tránsfugas lúmpenes que saltan del PRD al CD, pero ese mismo ministro, que sin hacer nada reporta altos índices de popularidad, no ha dicho esta boca es mía en un tema que le concierne directamente en el caso de lo ocurrido en el Centro de Cumplimiento.

Recordemos lo que dijo Mahatma Gandhi: ‘Lo más atroz de las cosas malas es el silencio de la gente buena’.

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Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Sobre la derogatoria y reminiscencia de leyes

La opinión del Jurista  y Ex Presidente del Colegio Nacional de Abogados…

JOSÉ A. ÁLVAREZ ÁLVAREZ
totoal02@hotmail.com

Recientemente se anunció que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la ley que derogó la ley que creó la ‘Sala Quinta’.   Fresca aún la noticia ya se comenta que el presidente Ricardo Martinelli, procederá a nombrar esos tres (3) nuevos Magistrados, porque se dice que a los nombrados con la creación de la Sala se les venció el período.

Advierto que a hoy jueves 20 de enero no conozco el fallo.

Sobre el particular, vale recordar y recordarle a los que desde ya piensan en esos nuevos nombramientos que el asunto no procede, y para ello citamos el Artículo 37 del Código Civil, que dice: ‘Art.37- Una Ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó.

Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia.

En este último caso será indispensable que se promulgue la ley que recobra su vigencia junto con la que la pone en vigor-.

Por otro lado, el artículo 206 de la Constitución Política es diáfano. Allí están claramente definidas las atribuciones legales y constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y en ninguno de sus tres (3) numerales aparece ‘revivir leyes que ella declare como inconstitucionales’.

Hagamos un poco de historia. La Sala V fue creada en el gobierno del doctor Ernesto Pérez-Balladares. Y una de las primeras leyes que se expidió en el gobierno de la presidenta Mireya Moscos fue derogar la ley que creó la Sala V.   Todavía esta fresca en mi memoria la marcha que organizó, y en la cual participamos, el Colegio Nacional de Abogados, dirigido por el gremialista César Guevara Quintero, solicitando la derogatoria de la Ley que creaba la mencionada Sala.

Esperamos igual actitud de la actual dirigencia del CNA, hoy, igual, en manos de otro gremialista, así como del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, otro gremialista y ex presidente del Colegio de Abogados, Licdo. Hernán Delgado Quintero.

Sentémonos a esperar que harán los diputados panameñistas en caso que se quiera dictar una nueva ley de Sala V, ¿contravendrán su postura de 1999?. En otro sentido, he oído hablar que quieren ‘revivir’ la Sala V a través de la teoría de la ‘Reminiscencia’, que es una teoría del conocimiento según la cual conocer es recordar.    Se atribuye a Platón en el diálogo ‘Menón’  con ocasión del estudio de la virtud. Pero, mejor esperemos el fallo de la Corte Suprema para un análisis del mismo.

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Este artículo se publicó el 24 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Intervenciones telefónicas en la doctrina procesal penal

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales

Acotaba el maestro y destacado constitucionalista panameño, el Dr. José Dolores Moscote, que los derechos y libertades fundamentales, vinieron a hacer la diferencia entre el viejo régimen del estado poderoso, absoluto y la modernidad liberal, que se caracterizó por el advenimiento de un estado limitado en su poder frente al ejercicio de derechos considerados como naturales e inherentes a la condición humana.

Nuestra Constitución Nacional, para los propósitos del presente artículo de opinión Jurídica y doctrinal, señala que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado, que lo de autoridad judicial, debe entenderse como la proveniente de mandato o decisión judicial, excluyendo al Ministerio Público del concepto de la judicialidad.   En ese sentido para que proceda la ejecución de una intervención de la naturaleza mencionada, la institución que lleva el sumario adelante, tiene la obligación de solicitar el mandato

que no puede otro, que el proveniente del Órgano Judicial.

La doctrina procesal penal, en cuanto a las intervenciones telefónicas, ha señalado que cuando estamos frente a intervenciones telefónicas,   a riegos de no caer en el campo de la arbitrariedad, el proceso que conduzca a la implementación de tal medida instrumental, deberá ceñirse al cumplimiento de varios principios, que según la jurisprudencia de el alto tribunal constitucional de España y la doctrina. corresponden a los Principios de Proporcionalidad;  el de Idoneidad y  el Principio del Mandato de lo Especial.

Los principios mencionados, implícitos en toda Constitución que se aprecie de tutelar de los derechos y garantías fundamentales. conducen a señalar, que la solicitud del funcionario instructor, tiene que darse dentro un sumario iniciado, debidamente fundamentado por el denominado auto cabeza de la investigación; la solicitud elevada a lo judicial, tiene que dar debidamente sustentada, marginada de conjeturas e inconducencias; de apreciaciones subjetivas y juicios de valoración; en otras palabras la petición tiene que estar sometida a los rigores propios de una relación de objetividad, entre el hecho objeto de la investigación y su eventual autoría.

En un estado de derecho, una solicitud al órgano Judicial, en el caso panameño, a la Sala de lo Penal, que no reúna los requisitos mencionados, trasunta el campo de la arbitrariedad y debe ser rechazada o en su defecto ordenada su ampliación, de tal suerte que se preserve la defensa del derecho a la no intervención de la comunicación privada.

Es importante señalar, que la decisión del Órgano Judicial de ordenar o mandatar la intervención, tiene que estar fundamentada, para no caer en el campo de la arbitrariedad y abuso. Tiene que ponderar, si lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a la investigación del presunto delito, puede ser instrumentalizado por otros medios, sin que se tenga que exponer o cruzar los límites de un derecho fundamental, como el objeto de estos comentarios.

Somos del criterio, que un proceso penal, donde se hayan omitidos tales formalidades, riñe con claros principios de la defensa penal, lo que pudiera dar lugar a la nulidad de todo lo actuado.

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<>Artículo publicado el 17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-ramiro/
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Legalizan impunidad y ‘juegavivo’

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA   S.   DE   RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hoy conmemoramos 107 años de separación de Panamá de Colombia, sin embargo parece que las experiencias vividas de poco valen para lograr que los políticos cambien la actitud mezquina del juegavivo por la de estadistas; lo que requiere este país para lograr un desarrollo sostenido.

En el transcurrir de nuestra vida como nación libre, se ha hecho costumbre la mala práctica que quienes ocupan cargos gubernamentales, principalmente los del Órgano Legislativo (independientemente del partido político), aprovechen celebraciones importantes (donde la ciudadanía se encuentra distraída), para aprobar leyes que en nada favorecen a la población.

El irrespeto de los electos hacia la población, es tal que en lugar de crear leyes que beneficien a los más necesitados y promuevan la cohesión nacional, tratan de meter nuevos camarones, aprobando el pasado jueves en segundo debate el ‘proyecto de ley 131, sobre juzgamiento a diputados’.

Según los entendidos, esta iniciativa parlamentaria intenta impedir que los ciudadanos puedan efectuar denuncias anónimas y así ‘quitarle al Ministerio Público la facultad de investigar a los diputados’.   Esta acción recaería solo en la Corte Suprema de Justicia, quien en un periodo no mayor a cuatro meses debería realizar indagatorias y decretar un fallo.

Mientras la población se debate en una multitud de situaciones que afectan su calidad de vida, como la inseguridad en las calles, aún con los operativos policiales y se implementa el pele—police para tratar de controlar los niveles de delincuencia, la corrupción continua en la figura del clientelismo político, botellas y desaciertos en la aprobación de leyes para favorecer intereses particulares, económicos o partidistas.

La población está en espera de un verdadero cambio. Es inaceptable lo publicado por los medios. El aumento en la dieta de los diputados, así como el artículo que incluyen en el Presupuesto General del Estado para el 2011, que los cargos por elección popular donde ellos son funcionarios en licencia, reciban ajustes salariales, aún cuando no estén ejerciendo esas funciones.

Es injustificable el exagerado incremento en los viáticos nacionales y al exterior para funcionarios que reciben gastos de representación y devengan altísimos salarios. Este es un país donde a la población trabajadora a duras penas le alcanza los escasos recursos que devenga para subsistir. Tal es el caso de los jubilados, quienes exigen un aumento de B/.50.00 en sus pensiones y esperan que el presidente Martinelli les cumpla la palabra empeñada.

La ciudadanía, pilar esencial para salvaguardar los intereses y patrimonio de los habitantes del país, debe estar vigilante para evitar atrocidades contra el erario. Exigir la rendición de cuentas oportuna contribuirá a garantizar la transparencia en el buen uso de los fondos en obras públicas financiadas con nuestros impuestos. Los diputados deben legislar con honestidad. Es su responsabilidad y deber analizar a conciencia los proyectos de ley que se presenten, y no aprobarlos a tambor batiente, a fin de que las leyes respondan a las demandas sociales de los conglomerados poblacionales.

 

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<> Este artículo se publicó el 3  de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en https://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-lizabeta-s-de/

Violación a las garantías ciudadanas

La opinión del Abogado….

Irving I. Domínguez Bonilla

Nuestra Carta Magna reconoce y tutela efectivamente el derecho de locomoción o tránsito de los ciudadanos, dentro del territorio nacional, haciendo efectivo un derecho fundamental de primera generación, que no puede ser objeto de cortapisas o limitaciones infundadas por parte de las autoridades del país. Esta garantía solo puede ser eclipsada por serios motivos previamente establecidos en la ley, conforme lo dispone el artículo 27 de nuestras normas fundamentales.

El derecho de tránsito es consustancial con el ser humano, con los cuales nace y muere, siendo entonces parte de su vida. Este derecho es el denominado ius movendi et ambulandi del que hablaban los romanos, o el power of locomation que consagra la jurisprudencia anglosajona, y que ha sido objeto de un completo análisis por la jurisprudencia del pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Este derecho ha sido atacado constantemente por parte de las autoridades nacionales, quienes al ejercer su rol adoptan actos de hecho, en unos casos, y en otros supuestamente amparados en las leyes de procedimiento, que tienden a minimizar o coartar el derecho de tránsito de los ciudadanos.   Y es que en la práctica nos encontramos con los agentes de la Policía Nacional quienes de forma extraña utilizan la figura llamada “retención por investigación”, con la cual privan de su libertad a las personas con el objeto supuesto de investigar si tienen causas pendientes.

Con esta medida se priva de su libertad a la persona durante un lapso, a veces de hasta 24 horas, hasta que en la mayoría de los casos la persona es liberada después de haber pasado todo ese tiempo privado de su libertad, aunado a las connotaciones estigmatizantes que se infieren con esta medida y la afectación psicológica al estar, incluso, en las cárceles de la policía en donde es retenido sin fundamento o razón.

Por otro lado, ya con un fundamento legal, nos encontramos con la figura llamada conducción, la cual tiene por objeto que la persona citada o requerida, por la autoridad investigativa o judicial, y existiendo reticencia de su parte a comparecer, sea trasladada a estos despachos a evacuar las diligencias ordenadas.

A pesar de su existencia legal, se da la situación en que se abusa de la figura ordenándola sin haberse citado a la persona, sin darle la oportunidad de comparecer voluntariamente, y en muchos casos se decretaba un día viernes, con lo cual el ciudadano tenía que permanecer retenido el fin de semana hasta que lo presentaran el día hábil siguiente a la autoridad.

Recientemente dos fallos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno con la ponencia de Jerónimo Mejía y el otro con ponencia de José Abel Almengor, han puesto coto al abuso de esta medida de conducción arbitraria estableciendo, vía estos fallos, los requerimientos necesarios para que esta sea procedente, llamando incluso la atención a los funcionarios al señalar que “dicha facultad debe manejarse con prudencia, evitando que en la práctica se instituya en un régimen preliminar de detención…” (Fallo de 23 de julio de 2010).

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Sobre indultos y constitucionalidad

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La opinión de….

Francisco Díaz Montilla

Pasada la vorágine con respecto a la inhabilitación profesional a dos periodistas, quiero compartir algunas inquietudes con los ciudadanos de este país.   Cuando la señora Ana Matilde Gómez fue condenada, quienes celebraron la sentencia señalaban que la Corte había fallado de acuerdo con la justicia. El argumento era simple y contundente: Violar la Constitución es un delito. Toda persona que comete un delito merece ser sancionado. La señora Gómez violó la Constitución; ergo…

Durante mucho tiempo los mandatarios instituyeron una mala práctica con respecto a la facultad constitucional de indultar. Por supuesto, el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución es claro al señalar que el Presidente puede indultar por delitos políticos, asimismo puede rebajar pena o conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Igual claridad encontramos en el artículo 116 del Código Penal. A pesar de ello, los gobernantes –muy a conveniencia– indultaban a medio mundo.

No es hasta el 30 de junio de 2008 cuando el pleno de la Corte reitera en un fallo lo evidente para todos, menos para los gobernantes: El Presidente de la República no puede decretar indultos por delitos que no sean de naturaleza política, y siempre que haya habido una condena.

Pero, ¿qué es un delito político? He allí una pregunta que no se puede responder desde el derecho mismo, sino desde la doctrina.   La Corte es del criterio de que “el hecho que en nuestro sistema no se cuente con el marco objetivo que identifique con amplitud y precisión el significado técnico de lo que es un delito político, no puede justificar, ni la mala práctica que con esa excusa, se decreten indultos con relación a cualquier tipo de conducta delictiva…” Pese a ello, “esta corporación de justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales”.

Señala la Corte que “el Presidente de la República posee una facultad constitucional para decretar indultos, empero el ejercicio de esa potestad no puede ejercerse de manera arbitraria o apresurada, sin atender la condición que la propia norma superior le impone al Ejecutivo, para el efectivo y eficaz ejercicio de esa facultad”.

Es claro, entonces, que el Presidente de la República no puede –por disposición constitucional– indultar sobre delitos que la Carta Magna no le autorice. Actuar en contrario es violar la Constitución, y ya sabemos qué implica tal violación.

Por supuesto, indultos de este tipo requieren que la Corte se pronuncie. Si esta es imparcial, mínimamente consistente y entiende el derecho como una práctica racionalmente fundada difícilmente podrá contravenir lo expresado en el fallo anterior. Entonces, para quienes “defendieron” la Constitución en el caso de la señora Gómez, la pregunta –al tenor del artículo 191 de la Carta Magna– es: ¿debería ser sancionado el Presidente por violar la norma fundamental al indultar sobre asuntos para los cuales no tiene competencia?    No olvidemos que en el juicio contra la señora Gómez una cosa quedó clara: Que los fallos de la Corte pueden usarse como pruebas de la comisión de delito.

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<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

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