La casa pierde y sí que se ríe

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La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez –

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Un día decidí cenar en uno de los tantos casinos que existen en mi Panamá, para probar unas recomendadas “quesadillas”.    Mientras esperaba mi pedido, fui al baño, y me tope con una escena verdaderamente dantesca, por decir lo menos; una señora de la tercera edad lloraba desconsoladamente, mientras le narraba a las curiosas cómo había dejado en una “maquinita” su cuenta de ahorros de Navidad, con la cual –según ella– pretendía regalarle unas zapatillas “de marca”, a dos de sus nietos y, además, comprar sus “cositas para la cena de Navidad”.

Acto seguido, la señora pidió un dólar prestado “para el pasaje”, porque hasta eso lo había apostado. Fue impactante observar este vivo retrato de una de las crueles realidades que está viviendo el “panameño de a pie”.

Que no se diga que a los casinos entran mayoritariamente los turistas extranjeros; ¡no señor! La realidad es que si uno se da una “vueltecita” por estos “antros de perdición” se percata de que es el “panameño de a pie” (el obrero, la enfermera, el estudiante universitario, el jubilado, etc.) el que está dejando el salario, el ahorro y hasta la plata que no es suya (el dinero del arriendo, de la matrícula del hijo, de la medicina de la esposa, de las zapatillas de los nietos, de la comida de la quincena) en estos lugares.

Y se dirá, entonces, que cada quien es libre de elegir invertir su dinero o no en un lugar de estos y es cierto; pero no menos cierto y censurable es el hecho de que a sabiendas que la apuesta es un vicio y que puede convertirse en una enfermedad (tipo conductual llamada ludopatía), el Estado –en franca complicidad con quienes nos les importa “un bledo” enriquecerse a costillas de otros– promueva la proliferación de estos lugares, flexibilizando las condiciones para sus instalaciones y operaciones (incluso en pueblos del interior de la República) y hasta es considerado, al imponerles impuestos por debajo del resto de los vicios, como el tabaco, el licor y las demás formas de apuestas.

¿Por qué ese trato preferencial? Si vicio es vicio por donde se mire.

Es lamentable el robo a mano armada que constituye un casino; se juega con las expectativas de un pueblo, al instalar un sinnúmero de máquinas tragamonedas, con las que jamás perderán su inversión. Sino, pregunte a los jugadores cuántas veces ganan en comparación con las “sopotocientas” que pierden, no hay proporción; la casa pierde, pero sí que se ríe, porque lo poco que paga una máquina al jugador se recuperará al 200% en otras.

El ambiente que rodea un casino le nubla el pensamiento al jugador: las luces, la música, la ausencia de reloj en las paredes, lo que impide que el factor tiempo inquiete; el licor gratis y hasta los alimentos, si eres “jugador frecuente”.   Ello, sin dejar de mencionar que algunos de estos sitios se han convertido en “guarida” de algunas de las que practican la “profesión más vieja del mundo”, ¿será como atractivo adicional o estrategia de marketing?

Una industria que enriquece a unos pocos, empobrece a demasiados, desintegra economías y hogares; a la postre se convierte en enfermedad y hasta genera homicidios (muchos han muerto por deudas de juego); y poco o ningún apoyo da el gobierno a aquel incauto que cae en sus garras, pero sí contribuye a la decadencia de la sociedad, promoviendo y facilitando la instalación de estos centros de perdición.

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Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

 

‘Tin marín de dos pingüé’

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La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez –

Observamos que en las últimas semanas, a pesar de haberse suscitado intensos y prolongados episodios de cierre de calles por parte de un grupo social al cual respetamos –mas con quienes no compartimos sus métodos de presión–, las autoridades han guardado un silencio casi que cómplice y “apadrinador”, al permitir que sus pretensiones perjudiquen a casi toda una ciudadanía. Aun cuando ya existe una ley que limita este tipo de conductas e, incluso, la califica como delito.

Recordemos que la Ley 14 de 13 de abril de 2010, denominada “Ley del Carcelazo”, en su artículo 9 adicionó al Código Penal el artículo 167–A que reza: “quien abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de la violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículo por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Entendimos, entonces, que el objetivo de esta ley era establecer límites al ejercicio del denominado “derecho de reunión”; tutelando no solo la libertad de tránsito, sino también la propiedad pública y privada. Según la norma, las conductas que configuran el delito son: impedir u obstaculizar el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y el causar daños a la propiedad pública o privada. Ello en abuso de ese derecho de reunión o manifestación y mediante el uso de la violencia.

Ciertamente, quienes han cerrando las calles en los últimos días merecen nuestro respeto y consideración (ya quisiera yo tener la energía del señor Eladio), pero como ciudadana no puedo sino reprochar que en aras de imponer su voluntad o de hacer prevalecer lo que ellos consideran su derecho, perjudiquen al resto de la nación, productiva y activa, que requiere trasladarse de un lado a otro, cuando muchas veces del oportuno traslado depende el mayor o menor ingreso (mensajeros, médicos, abogados, taxistas). Pero más reprochable es que el Gobierno, a través de las autoridades competentes, no haga respetar las leyes que se promulgan o, peor aún, que caprichosamente se aplique a ciertos sectores de la sociedad (estudiantes, obreros) y a otros no.

Me pregunto entonces, ¿en base a qué criterio? Será acaso en base al “Tin marín de dos pingüé”?

Nuestra Carta Magna, en su artículo 19, lo dice claro: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza,nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Así, también, el artículo 22 del Código Penal vigente establece que la “ley panameña se aplicará sin distinción de personas”.

El carcelazo fue una medida adoptada para salvaguardar los intereses de la mayoría, es una ley diría yo de “orden público e interés social”; no aplicarla a los “viejitos” (como cariñosamente los llamamos), es tanto como que el día de mañana uno de ellos asesine a una persona y, por su condición, no se le aplique la sanción correspondiente. Dura lex, ser lex (Dura es la ley, pero es la ley)

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<> Este artículo se publicó el 21  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/henriquez-u-querube/

A ponerle el cascabel al gato

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La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez –

Actualmente en mi Panamá hay varios gatos sueltos que necesitan de cascabel.   Entre esos gatos están aquellos conductores de transporte selectivo que colaboran en las fechorías de los delincuentes, ya sea facilitándoles la huida de la escena del crimen o transportando “el cuerpo del delito” (drogas, armas o hasta cadáveres).

Considero que en el caso anterior urge la tipificación de la acción como delito y se debe castigar a aquel que utiliza un vehículo que debe destinarse a una labor de carácter social, como lo es el transporte, para –por el contrario– facilitar la comisión e impunidad de un delito.    Se debe aplicar la máxima sanción al conductor del vehículo que es capturado y procesado, pero también se debe imponer una sanción de tipo solidaria (aunque sea más leve) para el propietario, para que sea más cuidadoso a la hora de “alquilar” o “prestar” su vehículo o al contratar a un “palanca”.

Creo que el pueblo panameño agradecería una iniciativa parlamentaria en este sentido, cansados como estamos de ver cómo cada vez es más frecuente que un taxi sea el vehículo empleado para transportar a los delincuentes, y desde donde se “abre fuego” hacia un grupo de personas o bien, para huir después de “matar el caso”.

El otorgamiento y uso de un cupo de taxi debe ir en franca proporción con el respeto a las normas de convivencia social y no en detrimento de la sociedad, y a quien no acate estas normas, además, se le debe suspender el cupo y dárselo a quien sí esté dispuesto a servir a la comunidad.

Otros de los gatos a los que urge ponerle el cascabel son aquellos dueños de comercios que, en franca burla del sistema de salud y de la seguridad social, atentan contra la vida de los panameños que se ven en la obligación de frecuentar restaurantes populares, fondas o “cuara y cuara”, donde se despachan comestibles de dudosa procedencia.

A la faz panameña se dio a conocer en días pasados la putrefacta realidad de muchos de estos comercios, en los que predominaba la falta de higiene, la podredumbre, los malos olores y hasta los animales muertos, en alegre comunión con las legumbres, sin dejar de lado, la actitud poco amable de los propietarios, que incluso trataron de entorpecer la labor de los funcionarios de salud y de los medios de comunicación que daban cobertura a la “cochina” realidad.

Observé a un diputado patrio manifestando, ante los medios televisivos, que se pretendía legislar en los próximos días a fin de otorgar mayores facultades al Ministerio de Salud, como la potestad de cerrar definitivamente los locales infractores. No obstante, soy de la opinión que lo transmitido a través de los medios televisivos francamente merece un análisis exhaustivo y la adopción de medidas más rigurosas, ya que no solo se trata del incumplimiento de normas o criterios de salubridad, sino que se está exponiendo a los panameños al contagio de enfermedades y/o epidemias.

En este sentido, contamos en el Código Penal con una norma, el artículo 305 (Gaceta Oficial No. 26519) que indica que “la persona que ofrezca en venta… alimentos… o cualquier otra sustancia destinada al consumo humano… a sabiendas de su carácter nocivo… será sancionada con prisión de tres a seis años”.

Vemos, pues, que la conducta está regulada por nuestro ordenamiento penal, ya que ofrecer esta clase de productos a todas luces nocivos pudiera dar lugar a disponer, como parte de la sanción administrativa, que a quien resulte reincidente en este tipo de situaciones se le ordene, además del cierre del definitivo de su local, una investigación a cargo de las autoridades del Ministerio Público, por el delito en mención.

Hay tantos gatos al garete en mi Panamá que, aunque maúllen de dolor, hay que pisarles de una vez por todas la cola y ponerles el cascabel.

<> Este artículo se publicó el 2  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

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Zapatero, a tus zapatos

La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez –

Mirando simultáneamente los noticieros matutinos de varios canales de la localidad, mientras bebo una taza de café, reflexiono en cuanto al enfoque periodístico que se está empleando al abordar un tema de interés social, político y/o judicial, a través de las “entrevistas” a los invitados especiales que se allegan a estos noticieros matutinos.

Algunos periodistas, sobre todo de medios televisivos, en su afán, creo que de destacar o de obtener mayor raiting, han traspasado las barreras de su especialidad, y sutil y subliminalmente se han adentrado en el ámbito de la investigación, casi que judicial.

Si bien, existe el denominado “periodismo investigativo”, hay que reconocer y respetar la diferencia entre lo que constituye una labor periodística investigativa, destinada a informar verazmente a la ciudadanía de un hecho y lo que corresponde a las autoridades investigativas y judiciales.   Zapatero a tus zapatos, como diría mi abuelo.

Sientan al “invitado especial” en una cómoda butaca, y a continuación lo bombardean con una “artillería” de preguntas, al mejor estilo de un “interrogatorio ante la CIA o la DEA”.   Atrás quedó aquel paradigma de brindarle la oportunidad al invitado de ejercer su derecho a réplica ante alguna acusación o bien para que denuncie alguna situación de la que es víctima o una simple entrevista informativa.

Ahora se le somete a preguntas, cuyas respuestas en algunas ocasiones hasta podrían comprometer la reputación, o hasta la libertad de esa persona; quien a lo mejor por ignorancia o por falta de orientación, no es consciente que, posteriormente, eso que dice ante una cámara de televisión, podría ser usado en su contra.

Ahora, algunos noticieros televisivos, se han autoproclamado “agencias delegadas del Ministerio Público y del Órgano Judicial”. Hacen interrogatorios (obviamente sin ningún tipo de formalidad, porque no creo que se tomen la molestia ni el tiempo de explicarle al invitado las implicaciones que podrían tener sus manifestaciones); examinan documentación legal que les presenta el invitado (la cual interpretan a su manera, ya que no son abogados ni legistas); y hasta realizan diligencias de “careo”, pues muchas veces confrontan al invitado con su contraparte, vía telefónica, y vemos en estos casos hasta “dime y diretes”.

Apoyo la labor social que llevan adelante los medios de comunicación y ese sentimiento de querer informar al televidente, oyente o lector con la mayor credibilidad posible, pero no puede ser que en aras de querer “informar primero” que los demás, incurramos en arbitrariedades y usurpación de funciones. Una cosa es informar y otra “jugar a ser” Ministerio Público, pues siendo este la primera autoridad investigativa en nuestro país, es a quien le correspondería obtener de primera mano la versión que tuviere alguien que brindar acerca del conocimiento que pueda tener de un hecho delictivo o bien de algún delito que hubiera sido cometido en su perjuicio.

Tampoco los medios deben prestarse para que las personas vayan a dirimir sus conflictos legales, ya sea judiciales o administrativos, en aras muchas veces de ocasionar una reacción en las autoridades u obtener “protagonismo”. Para eso existen las instancias correspondientes y el periodista debería, si fuere el caso, canalizar esa información que llega a su conocimiento, ante aquellas instancias y no ejercer el “rol” de agencia del Ministerio Público o del Centro de Recepción de denuncias, recibiendo, valga la redundancia, denuncias o querellas penales y mucho menos pretender interpretar el contenido de documentos legales o hasta practicar pruebas (como los careos aludidos).

Recordemos que el estado de derecho implica el reconocimiento de las garantías procesales y constitucionales de los ciudadanos y si bien en los últimos años las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial han experimentado duras críticas y, por qué no decirlo, han incurrido en numerosos desaciertos, ello no implica que debamos desconocer su labor o ignorar su función.

Por otro lado, la divulgación de información en los medios televisivos, muchas veces atenta contra el “principio de reserva del sumario” que debe observarse a propósito de algunos casos sensitivos, o bien, puede entorpecer la labor investigativa que se pueda estar adelantando en ese momento ante el Ministerio Público.

Sigamos informando en cumplimiento de nuestra labor periodística, pero si nos gusta más investigar, recibir denuncias y hasta juzgar, entonces vamos a estudiar derecho o ingresemos a alguna de las agencias autorizadas de la Policía Nacional, del Ministerio Público o del Órgano Judicial, que, por cierto, requieren de más personal para cumplir su delicada labor.

<>Artículo publicado el 4 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Algo está pasando en Panamá

La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez Urieta –

Algo está pasando en esta, nuestra pequeña nación. Algo cambió y no nos dimos ni por enterados, tal vez porque estábamos y estamos preocupados por salir a flote, entre tantas carencias o porque nos han tenido entretenidos con “puros shows mediáticos”.

Algo pasó que, cada día “casi niños” caen víctimas del flagelo del pandillerismo que después de atraparlos, cual tentáculos de pulpo putrefactos, los arroja a aquel abismo hostil, de donde si se llega a salir es directo para la cárcel o ejecutado, cual perro muerto en la calle. Ya el aforismo “juventud, divino tesoro”, parece haber pasado de moda.

Algo pasó que ya no se resuelven las “viejas rencillas” con una pelea callejera, donde salían a relucir los puños y las patadas y en el peor de los casos “te sacaban a golpes un diente”; ahora, si dos mantienen diferencias se arreglan “a punta de balas”.

Algo pasó con aquel hombre y aquella mujer que antes se unían para formar un hogar, con la firme convicción de criar a sus hijos, inculcándoles valores y principios y procurando un mejor porvenir para todos; ahora es notable la ausencia del padre, de la madre o de ambos; el consumo de drogas y de alcohol (sobre todo los domingos que se supone es un día para estar en familia, lo que predomina en los hogares es el “guaro”); y el arreglar los problemas maritales a golpes, todo ello en presencia de inocentes criaturas. Resultado: futuros agresores.

Algo pasó que nos hemos ya acostumbrado al clima de incertidumbre y angustia que ha ido germinando en nuestra pequeña nación, cual “ciudad Juárez”.   Ya los “ejecutados” no nos impresionan; las balaceras, menos y hasta encontramos consuelo “mórbido” cuando los diarios publican los antecedentes de aquellas malogradas víctimas, tal vez de sus propios actos. Se indica que “fulano tenía tal o cual antecedente policivo o caso pendiente con la justicia”, y nos consolamos pensando, “ah, se justifica el fatal desenlace; se lo buscó por andar en vainas raras”.

Pero es que nos olvidamos de que ya la muerte en nuestro país parece no distinguir si “andas en vainas raras o no”. Si no, pregúntenle a todos aquellos familiares de las víctimas inocentes de balaceras, robos a mano armada, violaciones y demás.

Algo pasó que la sociedad se ha vuelto cómplice de los que pertenecen al “lado oscuro de la fuerza”;   ya que si bien no apoyamos sus actividades delictivas, tampoco las denunciamos y no le exigimos a las autoridades que, de una vez por todas, adopten el problema de la delincuencia, la inseguridad y el aumento de la violencia doméstica como un problema de emergencia nacional y que hagamos un esfuerzo conjunto para combatir el terrible flagelo.

No se trata de marchar vestidos de blanco, ni de portar tarjetas rojas.  Lejos de simbolismos y marchas, hay que convocar a una asamblea general donde participemos todos los sectores y aportemos las mejores ideas, de donde salga un verdadero plan de contingencia. ¿O es que los gobernantes piensan que del pueblo no pueden salir ideas maravillosas?

Recordemos que “Vox populi, vox Dei” (“la voz del pueblo es la voz de Dios”).

Algo está pasando en Panamá, que pareciera que volveremos a la lucha de clases: los pobres se vuelven más pobres, pero no se van a dejar (la pobreza trae delincuencia); la clase media, ahogada en impuestos, trabajando por sus metas, llega un momento en que se topa con un techo dominado por una “élite” que pareciera no permitir el ingreso de nadie más a ese petite comité y los ricos, los menos, pero los que controlan casi todo el ingreso de nuestro país, pareciera que ahora extendieron ese control a otras instancias.

Algo pasó que quienes fueron elegidos para dirigir las riendas de este país, en quienes depositamos nuestra confianza, no están escuchando “el clamor de esta nación”.  Ese clamor que pide más seguridad, que se rebaje el precio de la canasta básica y que pide un alto a los impuestos; clamor que pareciera ahogarse entre los intereses de quienes quieren más y más.

Algo pasó y está pasando, y mientras sigamos con nuestra actitud de “dejad hacer, dejad pasar”, en poco tiempo no reconoceremos a mi Panamá.

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Este artículo se publicó el 9 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

A la raíz del problema

La opinión de la Abogada…

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Querube Del Carmen Henríquez Urieta

Según una publicación de un diario impreso, más de la mitad (54.48%) de las audiencias planificadas por los tribunales de justicia para los primeros cuatro meses de este año fueron suspendidas por falta de traslado de los internos; ya sea porque no había custodios para su seguridad o por falta de transporte.

Igual situación se plantea en el tema de las diligencias a realizarse en el Ministerio Público, donde muchas veces, luego de “haberle prácticamente rogado al funcionario” que te asigne una fecha para la práctica, por ejemplo, de una declaración indagatoria, el día esperado no trasladan al procesado; teniendo entonces el abogado que empezar de cero la titánica misión de lograr adquirir una nueva fecha para la “tan ansiada” diligencia.

Y es que una cosa es mirar el panorama desde afuera y otra muy distinta es “adentrarse al mismo estómago de la bestia” (como llaman los reclusos a la cárcel).   Basta hacer un recorrido por los centros penitenciarios para percatarnos de cuál es la realidad; realidad que afecta tanto al procesado como al abogado, a los familiares y a los tribunales y agencias de Ministerio Público.

La no realización de diligencias programadas en estos despachos acarrea un desgaste tanto de recursos financieros como de recurso humano, con carga económica al Estado.

No hay suficientes custodios ni agentes policiales para atender a la población recluida en un centro penal. Recordemos que la vigilancia de los reclusos está a cargo de los “custodios” (adscritos a la Dirección del Sistema Penitenciario) y ello sólo durante el día; en tanto, la seguridad del penal la asume la Policía Nacional, que a su vez asume el control total del centro al caer la noche.  Pero es que ni de uno ni de otro.

Por ejemplo, en centros como la Joya y la Joyita esta deficiencia es notable. En días de visita familiar se puede observar el “gentío” (entre familiares y reclusos) apostados en las áreas de visita y sólo uno que otro policía vigilando el área. En caso de un motín masivo, no quiero ni imaginar qué sucedería.

Al solicitar a un interno para una visita de abogado, los pocos custodios que hay procuran atendernos lo mejor posible, pero las limitaciones existentes impiden hablar de un servicio expedito y seguro. A pesar de que no existe gran distancia entre las celdas y la improvisada “sala de atención”, se debe esperar hasta una hora para que los conduzcan a nuestra presencia; y es que entre frases explicativas como “ya vamos, licenciada; “ espere un momento, licen”; “es que no hay personal, licenciada”, no nos queda más que esperar pacientemente, siempre vigilantes y atentos por si “algo anormal ocurre” y agradecer que tan siquiera, el trato amable de estos funcionarios en algo compensa la cansona experiencia. Y es que se trabaja “con las uñas”, a falta de recursos.

¡Y qué decir del personal administrativo que labora en los penales!   Tras que se “juegan” su seguridad día a día en aquella, la “dimensión desconocida”, tienen además que procurarse su propio transporte para entrar y salir de ese –su lugar de trabajo– ya que no siquiera cuentan con un vehículo oficial que por lo menos les dé un aventón hasta la avenida principal.

Y ni hablar de los precarios salarios que ostentan, que no compensan ni tan siquiera en un 50% el riesgo que corren en el desempeño de sus funciones.

¿Y si no hay transporte para el traslado de los reclusos y si no hay custodios o agentes policiales suficientes, responsabilidad de quién es? ¿Será que habrá que crear una nueva entidad que atienda exclusivamente los problemas del sistema penitenciario, así como se ideó una entidad que atendiera el problema de la basura, a falta de la acción de quien debería atender estos temas?

Estas deficiencias y la falta de recursos en el sistema, no sólo perjudica las diligencias de las agencias del Ministerio Público y los tribunales (lo cual a su vez incrementa la mora judicial), sino que es la causa primaria de las constantes evasiones (la cerca perimetral fue un rotundo fracaso y así lo demuestran las recientes fugas), de las reyertas, de la introducción de armas y de drogas e, incluso, de los homicidios que se han escenificado en las cárceles. ¿Qué parte no se entiende de esto o es que no hay voluntad de mejorar este, que es un problema de Estado?

Salgamos de nuestras oficinas refrigeradas y recorramos el “estómago de la bestia” para conocer cara a cara el problema. De un verdadero estudio de campo (que escarbe las opiniones de quienes día a día están allí, que viven el problema y quienes pueden sugerir soluciones), de seguro, surgirán las ideas y las acciones para reorganizar un sistema penitenciario eficaz.

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Artículo publicado el 3  de junio de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

El lado oscuro de la fuerza

La opinión de…..

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Querube del Carmen Henríquez Urieta

Me pareció apropiado utilizar como título de la presente opinión la tan conocida frase empleada en una película conocida en el mundo entero; y es que, la frase en mención, según el argumento de la película, se refiere al uso de las emociones que brinda poder a quien la emplea, pero daña su cuerpo. Pero acaso la característica más significativa del llamado lado oscuro de la fuerza (empleado por los denominados sith) es que se trata de un elemento alineado con el mal y el odio.

Examinando los recientes acontecimientos que se han escenificado en nuestro país en los últimos días, hago una comparación entre la ficción antes mencionada y nuestra cruda realidad; y la verdad, encuentro un parecido sorprendente. Pareciera que cada día en Panamá, más gente opta por unirse al lado oscuro de la fuerza, donde el odio, la intolerancia, el juega vivo y la crueldad son los factores que dominan y los que debes emplear si quieres sobrevivir y “derrotar a tu enemigo”. Panamá se ha convertido en una especie de “guerra entre dos mundos”; un bando, la minoría, está compuesto por seres carentes de valores, víctimas tal vez de las carencias de su entorno familiar y social, pero que han optado (erróneamente) por emplear el odio, el juega vivo y la maldad, para conseguir aquello que por una razón u otra sienten que la vida les ha negado, pero que lo merecen, y hay que obtenerlo al precio que sea.

Constituye un grupo minúsculo de personas que nos mantienen al resto sumidos en un clima permanente de angustia y zozobra, ya sea por la preocupación de convertirnos en sus víctimas o que nos convirtamos en testigos circunstanciales del momento en que emplean sus “técnicas maléficas” en contra de otra persona, estando en el lugar y la hora equivocada, lo cual nos puede costar la vida (ya sea en una balacera, en un robo a un establecimiento comercial, etcétera).

El otro bando, lo conformamos las personas con principios y valores, inculcados con mucho esfuerzo por nuestros padres; quienes nos enseñaron ese sentido de la responsabilidad, el “temor a Dios” y el respeto a la vida y la propiedad privada. Ciudadanos con metas y sueños, que luchamos día a día por cumplirlos y quienes creemos fielmente en que la clave para prevenir la delincuencia está en cumplir ese rol de padre y madre, ya que la educación y el fomento de valores empieza por casa. La desventaja de nosotros, el lado luminoso de la fuerza, es que pareciera que a nuestras ideologías de paz, diálogo y armonía las está venciendo el odio y la violencia del otro bando. La minoría pareciera superar con creces a la mayoría.

El Presidente de la República, al igual que el Ministro de la Presidencia, en recientes declaraciones, manifestaron que el problema de la delincuencia y la inseguridad no es fácil de resolver y que necesitan el apoyo de la ciudadanía. Es momento entonces de unir nuestros esfuerzos y hacer un verdadero plan de defensa.

El gobierno debe liderar dicho plan, adoptando de una vez por todas las medidas necesarias y que no hace falta ser un experto en materia de seguridad para saber cuáles deben ser. Y nosotros los ciudadanos debemos aportar lo propio, fomentando los valores en nuestros hijos, vigilando sus amistades y actividades y ejerciendo los controles debidos.

No dejemos que el lado oscuro de la fuerza se posesione sobre Panamá como una nube putrefacta que destile lluvia de terror y maldad. Estamos a tiempo. Que la fuerza nos acompañe.

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Este artículo se publicó el  7  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Carrera judicial excluyente

La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez Urieta

Hora, 9:45 de la mañana de un lunes. Una interminable fila de profesionales del derecho, hoja de vida en mano, rodea los predios de las oficinas de recursos humanos del Órgano Judicial, con sede en Ancón. Mientras hacen la fila conversan de los puestos a los que aspiran, los salarios y diversas anécdotas, esperanzados en que una de las 43 vacantes “abiertas a concurso” les sean atribuidas por “mérito propio”.

Lamentablemente, la realidad es otra. De tres mil 616 profesionales (según un diario) que invirtieron horas de su tiempo en aportar documentos ante la Dirección de Carrera Judicial y que gastaron varios dólares en fotocopias de sus diplomas, certificados de estudios y capacitación, sólo 43 serán elegidos,   y no necesariamente serán los mejores.

El reglamento de Carrera Judicial, tal y como está redactado, dificulta que los verdaderamente capacitados logren acceder a las “tan anheladas” posiciones de jueces y magistrados.

El procedimiento de selección es burocrático y excluyente desde su inicio. Primero, los aspirantes deben acreditar su capacidad y formación académica a través de la entrega de la documentación pertinente; luego, conforme lo previsto en el Acuerdo No. 165 de 19 de febrero de 2009, la Dirección de Carrera Judicial (creada a través de este mismo acuerdo de la Corte Suprema) evalúa la documentación, que luego será revisada por la Comisión de Personal, y se determina el listado de los seleccionables y los no seleccionables. De la lista de seleccionables, la denominada “Autoridad nominadora” (Sala Penal de la Corte Suprema, Primer Tribunal Superior de Justicia, jueces de Circuito en pleno u otros) deberá determinar “el elegido”.

He aquí entonces donde considero “excluyente y burocrático” el régimen de la carrera judicial vigente. La lista de los “seleccionables” se integra por personas que han invertido esfuerzo y dinero, ya sea en maestrías, doctorados, posgrados, cursos (ya sean de derecho o técnicos) o bien se han desempeñado como docentes en universidades del país o han publicado libros, ensayos o artículos de opinión en diarios de la localidad.

En este caso, no se toma en cuenta si quien aspira al puesto ya lo ha desempeñado o si tiene una larga trayectoria en el Órgano Judicial. Igual oportunidad de ser seleccionable tiene quien nunca haya ejercido el cargo, por ejemplo de juez civil, pero que sí tenga la formación académica que a criterio de la Comisión de Personal es suficiente.

Conozco el caso de abogados que se han dedicado a estudiar maestrías aquí y allá, y cursos de cualquier tipo para “inflar” su hoja de vida, y que imparten clases en universidades locales sin pedagogía y “para salir del paso”. Que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es dirigir un tribunal o de los trámites que allí se llevan. Muchos tampoco tienen la más remota idea de cómo redactar una sentencia o un auto, o cuál es, por ejemplo, el procedimiento para la consignación de una fianza de excarcelación o aquel seguido en caso de secuestro de bienes en la esfera civil, por citar sólo algunos ejemplos.

Y es precisamente esta clase de profesionales quienes en muchas ocasiones ganan las vacantes. Ello, por cuanto así lo permite el sistema de selección vigente. La primera batalla se gana al ser incluido entre los “seleccionables”; posteriormente, en la segunda batalla, se emplean otras herramientas, como el “buen manejo”, las relaciones interpersonales y otros factores que nada tienen que ver con la capacidad del aspirante.

No es la regla general, pero es una excepción que se traduce en desventaja para quien añora una posición de estas y cuenta solo con su formación académica y su experiencia profesional, no con otro tipo de “recursos”.

Ello, sin contar que muchas veces quien entrevista al aspirante no es el titular de la autoridad nominadora. Conozco a una persona que fue entrevistada para un puesto de oficial mayor en la Sala Cuarta de la Corte Suprema por los asistentes de magistrados.   Se anula entonces aquella “inmediación con el aspirante”, que debe prevalecer en toda entrevista de trabajo, donde salen a relucir aspectos propios de la personalidad del aspirante (léxico y presentación personal, entre otros), que también deben ser tomados en cuenta a la hora de elegir.

Entiendo que el nuevo reglamento de carrera judicial, aún en discusión en la Asamblea Nacional, corrige en gran parte estas deficiencias. Siendo así, comparto la opinión de algunos sectores de la sociedad civil, al indicar que se debió esperar su aprobación para la escogencia de los hombres y mujeres que próximamente formarán parte del sistema de administración de justicia en Panamá.

En ocasiones el mejor aspirante para juez o magistrado no necesariamente es quien presenta más certificados de estudios; se deben explorar otro tipo de aptitudes como sus aportes cívicos, su trayectoria moral como abogado o funcionario o su inteligencia emocional (capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones), la cual, según recientes estudios científicos determina en un 90% el éxito profesional.

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Este artículo se publicó  el  1 de abril de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ante las desgracias: excusas y más excusas

La opinión de…..

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Querube Henríquez U.

¡Qué coincidencia! Precisamente mientras conducía por el punto exacto de una de las vías de mi país, en donde se pintaron corazones azules en conmemoración de las víctimas fatales de sucesos de tránsito, transmiten por la radio la nefasta noticia de otro hecho acontecido en los predios de la Cinta Costera. Es un cuento de “nunca acabar”, con la diferencia de que el guión de este cuento, a pesar de ser repetitivo y sin final, sus protagonistas sí tienen desenlaces fatales.

Y mientras compadecía a aquellas personas que resultaron afectadas, escuché que en la nota periodística se indicaba que el conductor, además de no tener la edad legal para conducir un trasporte colectivo (tenía 20 años), portaba una licencia de vehículo tipo particular; el bus tenía placa vencida al año 2003 y, para rematar, hacía regatas con otro bus, sin importarle un bledo que transportaba una cantidad considerable de vidas humanas.

Pero acaso lo más triste de esta situación es la reacción de las autoridades: el jefe de Operaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Marcos Mora, al ser cuestionado sobre el hecho, manifestó que diariamente se realizan los operativos, sin embargo, esta situación escapa de las manos (sin explicar el porqué de esta excusa).

Por su parte, el Ministro de la Presidencia manifestó que el dueño del bus no tendría derecho a recibir la compensación de veinticinco mil dólares que anunció el Gobierno como parte de la modernización del sistema de transporte (esto no es certeza de castigo, esto es algo que “se cae de su peso”).

Me pregunto, ¿es que acaso el panameño “de a pie”, está condenado a conformarse con este tipo de excusas ante tamaña desidia e inacción, viendo que se adopten medidas únicamente cuando ocurren eventos desafortunados como éste?

No hay duda de que se requiere la mano sancionadora de la justicia para que haya “certeza de castigo”; pero también son importantes la fiscalización y la prevención, para evitar que personas no calificadas conduzcan vehículos aún menos calificados.

“La situación se escapa de nuestras manos”. Pero, ¿cómo no se va a escapar, si nunca se ha querido tener el control de la misma? No hay policías en las avenidas dirigiendo el tránsito (menos los fines de semana); no es cierto que diariamente se realicen operativos;   hay poquísimos retenes para verificación de documentos o estado de los vehículos y tampoco se percibe la voluntad de enmendar esta situación; sin embargo, sí vemos cómo se desperdicia tiempo y dinero en hacer funcionar los “semáforos disque inteligentes” (que a mi juicio han venido a agravar la situación del flujo vehicular)

Apoyo totalmente el proyecto gubernamental del metrobús y el futuro metro, pero ninguno de estos dosesfuerzos “rendirá sus frutos” si el “cambio” no llega a la institución encargada de hacer cumplir el ordenamiento vial e impartir educación y capacitación en este sentido a los conductores (si la cabeza anda mal, el resto del cuerpo también). ¿Cuántas desgracias más debemos presenciar para despertar de este letargo?

Pensemos un poco más en el “panameño de a pie”, desde la comodidad de nuestras oficinas y autos refrigerados.

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Publicado  el   19  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

El cuestionado poder presidencial

La opinión de…..

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Querube del C. Henríquez U.
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La reciente elección de dos magistrados de nuestra más alta corporación de justicia ha sido el tema de análisis y conversación en los últimos días en casi todas las esferas sociales (excluyendo a los delincuentes, a quienes al parecer no les interesa un bledo el acontecer nacional, y prueba de ello es que no cesan las acciones delictivas).

Pero acaso sería importante, antes de emitir una opinión, informarnos sobre la naturaleza jurídica de esa facultad presidencial de escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Y humildemente señalo lo anterior, ya que no en pocas ocasiones he observado tanto en noticias televisivas como radiales, programas de opinión y entrevistas al panameño común, que se emiten juicios en un franco desconocimiento de la materia.

Si bien es cierto vivimos en una país soberano, donde nuestra forma de gobierno (la democracia) nos permite expresarnos libremente, no menos cierto es que emitir una opinión conlleva una responsabilidad intrínseca; en el sentido de que si conocemos del tema, debemos tratar de ser objetivos, y si lo desconocemos, procurar instruirnos antes de opinar. Señalo lo anterior a efectos de que logremos ejercer eficazmente nuestro derecho a expresarnos de forma libre y soberana.

Y al respecto del tema cuestionado en los últimos días, no hay que ser un letrado para estudiar dónde se encuentra el fundamento legal de la referida facultad.   Basta leer nuestra Constitución y así quedarán disipadas nuestras dudas. Recuerdo que un profesor de la universidad nos aconsejó que siendo la Constitución la primera ley del país, que además contenía nuestros derechos y deberes, cada panameño debía portar un ejemplar en su carro, en su maletín o en su casa. Y tenía razón, porque en ese cuerpo legal encontramos la respuesta a muchas dudas como la que actualmente asalta a muchas personas en mi Panamá.

Al respecto, recomiendo la lectura del artículo 200 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que el Presidente de la República acordará con el Consejo de Gabinete (integrado por el vicepresidente y los ministros de Estado, designados por el Presidente), el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este y el artículo 203 (que se refiere a la ratificación de los elegidos por parte de la Asamblea Nacional) son las únicas normas que regulan la elección de los magistrados.

Tal y como está redactado el artículo 200 no hay duda de que esta facultad es meramente política, discrecional y producto del poder presidencial. Aunque se hayan hecho intentos por incluir la voz de la sociedad civil y otros estamentos gubernamentales (como lo hizo Martín Torrijos en 2004, al crear la Comisión Especial Evaluadora), ello no desnaturaliza ni resta valor a la primaria facultad presidencial, ya que es él quien al final decide.

Y es una realidad que mientras rija la actual Constitución, debemos acatarla, nos guste o no, a menos que por fin nos armemos del valor suficiente y decidamos convocar una Asamblea Constituyente para reformar ese cuerpo legal (la reforma constitucional de 2004, en su artículo 314, nos atribuyó como pueblo soberano la facultad de convocar una Asamblea Constituyente).

A diferencia de México, que exige como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia que el aspirante goce de buena reputación (artículo 95 de la Constitución mexicana), en Panamá dicho requisito no existe (ver artículo 204 de la Carta Magna), de forma que esa exigencia por parte de la sociedad no pasará de ser un mero clamor ciudadano, que puede o no ser tomado en cuenta por el Presidente, ya que nada lo obliga.

Si bien nuestro país en las dos últimas décadas ha alcanzado invaluables logros en materia constitucional y de democracia, tal y como está redactada la Constitución Política actual, jamás permitirá la expresión de una de las características que debe prevalecer en un estado de derecho, libre y soberano: la real y efectiva separación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); al final es la Asamblea Nacional a quien le corresponde ratificar o no a los magistrados elegidos por el Presidente (Art. 203 de la Constitución) y si éste cuenta con la mayoría en este órgano de poder, ya podrán imaginarse sin dificultad el final de esta historia.

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Publicado el  22  de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El clamor de una nación

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La opinión de….

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Querube Del Carmen Henríquez Urieta

Jamás imaginé ver a mi pequeña nación sumida en tan honda preocupación como la que cotidianamente acapara la mente del panameño: la inseguridad y el evidente aumento de la criminalidad en nuestro país.

Sin embargo, aún cuando grandes y chicos, ricos y pobres, mujeres y hombres, nos estamos debatiendo en ese estado de angustia diaria, aún no se perciben los esfuerzos y la voluntad efectiva de hacer los cambios necesarios e inminentes que se requieren para que, de una vez por todas, se combatan eficazmente ambos problemas.

Llaman poderosamente la atención las circunstancias que, a mi juicio, favorecen el cáncer de la delincuencia que en los últimos años ha hecho efervescencia como el más putrefacto caldo de cultivo,  y una de esas circunstancias está determinada por la falta o ausencia de vigilancia policial en las calles de Panamá.

Puedes recorrer varias cuadras antes de que, con suerte, logres avistar un agente policial, sobre todo en las noches; sin embargo, en el día, los vemos aquí y allá en los diversos proyectos de construcción que se asientan en nuestro país, principalmente en la ciudad. Pero, ¿quién ha dicho que la labor policial es la de vigilar el tránsito, de manera privada? ¿No sería primero velar por la vida y honra de los ciudadanos panameños?

Y es que eso tiene su razón de ser. Supongo que en ese momento esos agentes están en su día libre y en aras de llevar “alguito más” a su economía familiar laboran para fines privados;  esto no sucedería si motiváramos tanto su trabajo en horas extra como el  ingreso de nuevas integrantes. ¿Cómo? En mi humilde opinión, a través de un aumento significativo del salario de esos agentes  que se enfrentan cara a cara con la delincuencia  (no el de esos que están en las oficinas refrigeradas, leyendo periódicos); a través de la dotación de material de defensa  efectivo, acorde con los avances de la tecnología y, ¿por qué no decirlo?,  de  nuevas estrategias para enfrentar las innovadoras modalidades del delito que, lastimosamente, han germinado en las mentes malvadas y ociosas.

Aquí me refiero a armamento, equipo de telecomunicación, material para la protección corporal, etc. También  sería importante brindar una  capacitación adecuada en el uso de la fuerza necesaria y  en el planeamiento de las estrategias y acciones efectivas para  combatir el delito; ello acompañado de una  capacitación en materia legal para evitar que, posteriormente, un caso sea declarado nulo por no seguir los procedimientos de la ley.

Considero que otras de las circunstancias que el Gobierno debe analizar son, definitivamente, las políticas de prevención del delito, a través no de uno sino de varios organismos que se destinen para tal finalidad.

Tenemos que adentrarnos en los barrios en donde se está cociendo ese caldo de cultivo, en donde se  está enseñando a los niños a delinquir; tenemos que llevar soluciones efectivas a ese adolescente que aún quiere estudiar, pero no tienen la oportunidad, a esa madre que quiere sacar a sus hijos de un ambiente perjudicial, pero no cuenta con recursos. ¿Qué hace falta? Voluntad, no es otra la solución.

Organicemos mejor nuestros recursos y el equipo de trabajo  que sea necesario (ambas cosas, estoy segura de que están disponibles para el gobierno de turno) y llevemos una esperanza a aquellos que aún se pueden rescatar.

Por último, y no menos importante, hay que intensificar de manera ininterrumpida  la labor de represión del delito. El Estado está llamado por mandato constitucional a prevenir y reprimir el delito, a fin de garantizar la seguridad ciudadana.

Esto debe constituir, hoy por hoy, un tema prioritario en la agenda estatal, que incluya   toques de queda (no escucho ni sonar ni tronar el que se decretó hace unos meses), con  constantes operativos de profilaxis social (no uno de vez en cuando y de cuando en vez y solo cuando ocurre una desgracia), con límites al  otorgamiento de visas y el reforzamiento de los controles migratorios; y, sobre todo,  aumentando  el pie de fuerza policial a través de los incentivos antes mencionados.

Las anteriores son solo algunas de las ideas que, en mi opinión, harían la diferencia. Se requiere un poco más de voluntad, por favor, Panamá clama por ello.

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Publicado el 28 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Oh Patria tan pequeña……

La opinión de……

Querube del C. Henríquez U.

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Oh Patria tan pequeña……

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Me arrogo como título de mi artículo de opinión un trozo de tan ilustre poema, digna creación de un artista que pretendió en su momento exaltar el amor que se debe sentir por lo nacional.

Y es que al leer el texto completo de la poesía, siento nostalgia por la ausencia de ese nacionalismo y ese amor a la patria que debería ser inculcado desde niños y que también debería sentirse, verse y percibirse por doquier en estos días.

No obstante, al recorrer las calles de mi Panamá me topó con figuras cadavéricas, brujas, calabazas, telarañas y otros artículos foráneos que visten las fachadas de muchos comercios de la localidad. Y me imagino que en la mente de los comerciantes, sólo figura la idea de que lo extranjero vende más y mejor que lo autóctono y lo folclórico.

Atrás quedaron los tiempos de las añoradas “antorchas”. Recuerdo que el año pasado salí a buscar una en la ciudad capital y no la encontré.

No hubo. Pero lo que sí había eran las distorsionadas “dianas” que en los últimos años no son más que la ocasión que aprovechan aquellos a quienes les atrae la parranda, para dar rienda suelta al jolgorio que nada tiene que ver con “honrar a la patria”; porque antaño, las dianas eran eso: una serenata a la patria.

Comparto estos sentimientos, con el fin de que procuremos resaltar y rescatar nuestras festividades patrias.

Soy una persona contemporánea, pero siento añoranza por las conmemoraciones de antaño, según puedo escuchar de las personas de avanzada edad. En este sentido, recomiendo que leamos poemas donde se exalte a la patria y lecturas que describan los sucesos que rodearon nuestra independencia.

Hace poco leí un libro al respecto que, en honor a la verdad, me remontó a la lucha previa que lideraron los próceres para llevar a cabo la tarea de la independencia. No olvidemos que gracias a ellos hoy día somos una patria chiquita, pero independiente. Ondeemos nuestra bandera, con orgullo, en nuestros vehículos y en nuestras casas y dejemos las “calabacitas” para otros países. Tenemos nuestras propias fiestas, gocémoslas, enseñemos a nuestros hijos a disfrutarlas y ¡que viva Panamá!

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Publicado el 22 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.