Carrera judicial excluyente

La opinión de…

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Querube del Carmen Henríquez Urieta

Hora, 9:45 de la mañana de un lunes. Una interminable fila de profesionales del derecho, hoja de vida en mano, rodea los predios de las oficinas de recursos humanos del Órgano Judicial, con sede en Ancón. Mientras hacen la fila conversan de los puestos a los que aspiran, los salarios y diversas anécdotas, esperanzados en que una de las 43 vacantes “abiertas a concurso” les sean atribuidas por “mérito propio”.

Lamentablemente, la realidad es otra. De tres mil 616 profesionales (según un diario) que invirtieron horas de su tiempo en aportar documentos ante la Dirección de Carrera Judicial y que gastaron varios dólares en fotocopias de sus diplomas, certificados de estudios y capacitación, sólo 43 serán elegidos,   y no necesariamente serán los mejores.

El reglamento de Carrera Judicial, tal y como está redactado, dificulta que los verdaderamente capacitados logren acceder a las “tan anheladas” posiciones de jueces y magistrados.

El procedimiento de selección es burocrático y excluyente desde su inicio. Primero, los aspirantes deben acreditar su capacidad y formación académica a través de la entrega de la documentación pertinente; luego, conforme lo previsto en el Acuerdo No. 165 de 19 de febrero de 2009, la Dirección de Carrera Judicial (creada a través de este mismo acuerdo de la Corte Suprema) evalúa la documentación, que luego será revisada por la Comisión de Personal, y se determina el listado de los seleccionables y los no seleccionables. De la lista de seleccionables, la denominada “Autoridad nominadora” (Sala Penal de la Corte Suprema, Primer Tribunal Superior de Justicia, jueces de Circuito en pleno u otros) deberá determinar “el elegido”.

He aquí entonces donde considero “excluyente y burocrático” el régimen de la carrera judicial vigente. La lista de los “seleccionables” se integra por personas que han invertido esfuerzo y dinero, ya sea en maestrías, doctorados, posgrados, cursos (ya sean de derecho o técnicos) o bien se han desempeñado como docentes en universidades del país o han publicado libros, ensayos o artículos de opinión en diarios de la localidad.

En este caso, no se toma en cuenta si quien aspira al puesto ya lo ha desempeñado o si tiene una larga trayectoria en el Órgano Judicial. Igual oportunidad de ser seleccionable tiene quien nunca haya ejercido el cargo, por ejemplo de juez civil, pero que sí tenga la formación académica que a criterio de la Comisión de Personal es suficiente.

Conozco el caso de abogados que se han dedicado a estudiar maestrías aquí y allá, y cursos de cualquier tipo para “inflar” su hoja de vida, y que imparten clases en universidades locales sin pedagogía y “para salir del paso”. Que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es dirigir un tribunal o de los trámites que allí se llevan. Muchos tampoco tienen la más remota idea de cómo redactar una sentencia o un auto, o cuál es, por ejemplo, el procedimiento para la consignación de una fianza de excarcelación o aquel seguido en caso de secuestro de bienes en la esfera civil, por citar sólo algunos ejemplos.

Y es precisamente esta clase de profesionales quienes en muchas ocasiones ganan las vacantes. Ello, por cuanto así lo permite el sistema de selección vigente. La primera batalla se gana al ser incluido entre los “seleccionables”; posteriormente, en la segunda batalla, se emplean otras herramientas, como el “buen manejo”, las relaciones interpersonales y otros factores que nada tienen que ver con la capacidad del aspirante.

No es la regla general, pero es una excepción que se traduce en desventaja para quien añora una posición de estas y cuenta solo con su formación académica y su experiencia profesional, no con otro tipo de “recursos”.

Ello, sin contar que muchas veces quien entrevista al aspirante no es el titular de la autoridad nominadora. Conozco a una persona que fue entrevistada para un puesto de oficial mayor en la Sala Cuarta de la Corte Suprema por los asistentes de magistrados.   Se anula entonces aquella “inmediación con el aspirante”, que debe prevalecer en toda entrevista de trabajo, donde salen a relucir aspectos propios de la personalidad del aspirante (léxico y presentación personal, entre otros), que también deben ser tomados en cuenta a la hora de elegir.

Entiendo que el nuevo reglamento de carrera judicial, aún en discusión en la Asamblea Nacional, corrige en gran parte estas deficiencias. Siendo así, comparto la opinión de algunos sectores de la sociedad civil, al indicar que se debió esperar su aprobación para la escogencia de los hombres y mujeres que próximamente formarán parte del sistema de administración de justicia en Panamá.

En ocasiones el mejor aspirante para juez o magistrado no necesariamente es quien presenta más certificados de estudios; se deben explorar otro tipo de aptitudes como sus aportes cívicos, su trayectoria moral como abogado o funcionario o su inteligencia emocional (capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones), la cual, según recientes estudios científicos determina en un 90% el éxito profesional.

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Este artículo se publicó  el  1 de abril de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ante las desgracias: excusas y más excusas

La opinión de…..

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Querube Henríquez U.

¡Qué coincidencia! Precisamente mientras conducía por el punto exacto de una de las vías de mi país, en donde se pintaron corazones azules en conmemoración de las víctimas fatales de sucesos de tránsito, transmiten por la radio la nefasta noticia de otro hecho acontecido en los predios de la Cinta Costera. Es un cuento de “nunca acabar”, con la diferencia de que el guión de este cuento, a pesar de ser repetitivo y sin final, sus protagonistas sí tienen desenlaces fatales.

Y mientras compadecía a aquellas personas que resultaron afectadas, escuché que en la nota periodística se indicaba que el conductor, además de no tener la edad legal para conducir un trasporte colectivo (tenía 20 años), portaba una licencia de vehículo tipo particular; el bus tenía placa vencida al año 2003 y, para rematar, hacía regatas con otro bus, sin importarle un bledo que transportaba una cantidad considerable de vidas humanas.

Pero acaso lo más triste de esta situación es la reacción de las autoridades: el jefe de Operaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Marcos Mora, al ser cuestionado sobre el hecho, manifestó que diariamente se realizan los operativos, sin embargo, esta situación escapa de las manos (sin explicar el porqué de esta excusa).

Por su parte, el Ministro de la Presidencia manifestó que el dueño del bus no tendría derecho a recibir la compensación de veinticinco mil dólares que anunció el Gobierno como parte de la modernización del sistema de transporte (esto no es certeza de castigo, esto es algo que “se cae de su peso”).

Me pregunto, ¿es que acaso el panameño “de a pie”, está condenado a conformarse con este tipo de excusas ante tamaña desidia e inacción, viendo que se adopten medidas únicamente cuando ocurren eventos desafortunados como éste?

No hay duda de que se requiere la mano sancionadora de la justicia para que haya “certeza de castigo”; pero también son importantes la fiscalización y la prevención, para evitar que personas no calificadas conduzcan vehículos aún menos calificados.

“La situación se escapa de nuestras manos”. Pero, ¿cómo no se va a escapar, si nunca se ha querido tener el control de la misma? No hay policías en las avenidas dirigiendo el tránsito (menos los fines de semana); no es cierto que diariamente se realicen operativos;   hay poquísimos retenes para verificación de documentos o estado de los vehículos y tampoco se percibe la voluntad de enmendar esta situación; sin embargo, sí vemos cómo se desperdicia tiempo y dinero en hacer funcionar los “semáforos disque inteligentes” (que a mi juicio han venido a agravar la situación del flujo vehicular)

Apoyo totalmente el proyecto gubernamental del metrobús y el futuro metro, pero ninguno de estos dosesfuerzos “rendirá sus frutos” si el “cambio” no llega a la institución encargada de hacer cumplir el ordenamiento vial e impartir educación y capacitación en este sentido a los conductores (si la cabeza anda mal, el resto del cuerpo también). ¿Cuántas desgracias más debemos presenciar para despertar de este letargo?

Pensemos un poco más en el “panameño de a pie”, desde la comodidad de nuestras oficinas y autos refrigerados.

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Publicado  el   19  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

El cuestionado poder presidencial

La opinión de…..

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Querube del C. Henríquez U.
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La reciente elección de dos magistrados de nuestra más alta corporación de justicia ha sido el tema de análisis y conversación en los últimos días en casi todas las esferas sociales (excluyendo a los delincuentes, a quienes al parecer no les interesa un bledo el acontecer nacional, y prueba de ello es que no cesan las acciones delictivas).

Pero acaso sería importante, antes de emitir una opinión, informarnos sobre la naturaleza jurídica de esa facultad presidencial de escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Y humildemente señalo lo anterior, ya que no en pocas ocasiones he observado tanto en noticias televisivas como radiales, programas de opinión y entrevistas al panameño común, que se emiten juicios en un franco desconocimiento de la materia.

Si bien es cierto vivimos en una país soberano, donde nuestra forma de gobierno (la democracia) nos permite expresarnos libremente, no menos cierto es que emitir una opinión conlleva una responsabilidad intrínseca; en el sentido de que si conocemos del tema, debemos tratar de ser objetivos, y si lo desconocemos, procurar instruirnos antes de opinar. Señalo lo anterior a efectos de que logremos ejercer eficazmente nuestro derecho a expresarnos de forma libre y soberana.

Y al respecto del tema cuestionado en los últimos días, no hay que ser un letrado para estudiar dónde se encuentra el fundamento legal de la referida facultad.   Basta leer nuestra Constitución y así quedarán disipadas nuestras dudas. Recuerdo que un profesor de la universidad nos aconsejó que siendo la Constitución la primera ley del país, que además contenía nuestros derechos y deberes, cada panameño debía portar un ejemplar en su carro, en su maletín o en su casa. Y tenía razón, porque en ese cuerpo legal encontramos la respuesta a muchas dudas como la que actualmente asalta a muchas personas en mi Panamá.

Al respecto, recomiendo la lectura del artículo 200 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que el Presidente de la República acordará con el Consejo de Gabinete (integrado por el vicepresidente y los ministros de Estado, designados por el Presidente), el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este y el artículo 203 (que se refiere a la ratificación de los elegidos por parte de la Asamblea Nacional) son las únicas normas que regulan la elección de los magistrados.

Tal y como está redactado el artículo 200 no hay duda de que esta facultad es meramente política, discrecional y producto del poder presidencial. Aunque se hayan hecho intentos por incluir la voz de la sociedad civil y otros estamentos gubernamentales (como lo hizo Martín Torrijos en 2004, al crear la Comisión Especial Evaluadora), ello no desnaturaliza ni resta valor a la primaria facultad presidencial, ya que es él quien al final decide.

Y es una realidad que mientras rija la actual Constitución, debemos acatarla, nos guste o no, a menos que por fin nos armemos del valor suficiente y decidamos convocar una Asamblea Constituyente para reformar ese cuerpo legal (la reforma constitucional de 2004, en su artículo 314, nos atribuyó como pueblo soberano la facultad de convocar una Asamblea Constituyente).

A diferencia de México, que exige como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia que el aspirante goce de buena reputación (artículo 95 de la Constitución mexicana), en Panamá dicho requisito no existe (ver artículo 204 de la Carta Magna), de forma que esa exigencia por parte de la sociedad no pasará de ser un mero clamor ciudadano, que puede o no ser tomado en cuenta por el Presidente, ya que nada lo obliga.

Si bien nuestro país en las dos últimas décadas ha alcanzado invaluables logros en materia constitucional y de democracia, tal y como está redactada la Constitución Política actual, jamás permitirá la expresión de una de las características que debe prevalecer en un estado de derecho, libre y soberano: la real y efectiva separación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); al final es la Asamblea Nacional a quien le corresponde ratificar o no a los magistrados elegidos por el Presidente (Art. 203 de la Constitución) y si éste cuenta con la mayoría en este órgano de poder, ya podrán imaginarse sin dificultad el final de esta historia.

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Publicado el  22  de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El clamor de una nación

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La opinión de….

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Querube Del Carmen Henríquez Urieta

Jamás imaginé ver a mi pequeña nación sumida en tan honda preocupación como la que cotidianamente acapara la mente del panameño: la inseguridad y el evidente aumento de la criminalidad en nuestro país.

Sin embargo, aún cuando grandes y chicos, ricos y pobres, mujeres y hombres, nos estamos debatiendo en ese estado de angustia diaria, aún no se perciben los esfuerzos y la voluntad efectiva de hacer los cambios necesarios e inminentes que se requieren para que, de una vez por todas, se combatan eficazmente ambos problemas.

Llaman poderosamente la atención las circunstancias que, a mi juicio, favorecen el cáncer de la delincuencia que en los últimos años ha hecho efervescencia como el más putrefacto caldo de cultivo,  y una de esas circunstancias está determinada por la falta o ausencia de vigilancia policial en las calles de Panamá.

Puedes recorrer varias cuadras antes de que, con suerte, logres avistar un agente policial, sobre todo en las noches; sin embargo, en el día, los vemos aquí y allá en los diversos proyectos de construcción que se asientan en nuestro país, principalmente en la ciudad. Pero, ¿quién ha dicho que la labor policial es la de vigilar el tránsito, de manera privada? ¿No sería primero velar por la vida y honra de los ciudadanos panameños?

Y es que eso tiene su razón de ser. Supongo que en ese momento esos agentes están en su día libre y en aras de llevar “alguito más” a su economía familiar laboran para fines privados;  esto no sucedería si motiváramos tanto su trabajo en horas extra como el  ingreso de nuevas integrantes. ¿Cómo? En mi humilde opinión, a través de un aumento significativo del salario de esos agentes  que se enfrentan cara a cara con la delincuencia  (no el de esos que están en las oficinas refrigeradas, leyendo periódicos); a través de la dotación de material de defensa  efectivo, acorde con los avances de la tecnología y, ¿por qué no decirlo?,  de  nuevas estrategias para enfrentar las innovadoras modalidades del delito que, lastimosamente, han germinado en las mentes malvadas y ociosas.

Aquí me refiero a armamento, equipo de telecomunicación, material para la protección corporal, etc. También  sería importante brindar una  capacitación adecuada en el uso de la fuerza necesaria y  en el planeamiento de las estrategias y acciones efectivas para  combatir el delito; ello acompañado de una  capacitación en materia legal para evitar que, posteriormente, un caso sea declarado nulo por no seguir los procedimientos de la ley.

Considero que otras de las circunstancias que el Gobierno debe analizar son, definitivamente, las políticas de prevención del delito, a través no de uno sino de varios organismos que se destinen para tal finalidad.

Tenemos que adentrarnos en los barrios en donde se está cociendo ese caldo de cultivo, en donde se  está enseñando a los niños a delinquir; tenemos que llevar soluciones efectivas a ese adolescente que aún quiere estudiar, pero no tienen la oportunidad, a esa madre que quiere sacar a sus hijos de un ambiente perjudicial, pero no cuenta con recursos. ¿Qué hace falta? Voluntad, no es otra la solución.

Organicemos mejor nuestros recursos y el equipo de trabajo  que sea necesario (ambas cosas, estoy segura de que están disponibles para el gobierno de turno) y llevemos una esperanza a aquellos que aún se pueden rescatar.

Por último, y no menos importante, hay que intensificar de manera ininterrumpida  la labor de represión del delito. El Estado está llamado por mandato constitucional a prevenir y reprimir el delito, a fin de garantizar la seguridad ciudadana.

Esto debe constituir, hoy por hoy, un tema prioritario en la agenda estatal, que incluya   toques de queda (no escucho ni sonar ni tronar el que se decretó hace unos meses), con  constantes operativos de profilaxis social (no uno de vez en cuando y de cuando en vez y solo cuando ocurre una desgracia), con límites al  otorgamiento de visas y el reforzamiento de los controles migratorios; y, sobre todo,  aumentando  el pie de fuerza policial a través de los incentivos antes mencionados.

Las anteriores son solo algunas de las ideas que, en mi opinión, harían la diferencia. Se requiere un poco más de voluntad, por favor, Panamá clama por ello.

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Publicado el 28 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Oh Patria tan pequeña……

La opinión de……

Querube del C. Henríquez U.

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Oh Patria tan pequeña……

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Me arrogo como título de mi artículo de opinión un trozo de tan ilustre poema, digna creación de un artista que pretendió en su momento exaltar el amor que se debe sentir por lo nacional.

Y es que al leer el texto completo de la poesía, siento nostalgia por la ausencia de ese nacionalismo y ese amor a la patria que debería ser inculcado desde niños y que también debería sentirse, verse y percibirse por doquier en estos días.

No obstante, al recorrer las calles de mi Panamá me topó con figuras cadavéricas, brujas, calabazas, telarañas y otros artículos foráneos que visten las fachadas de muchos comercios de la localidad. Y me imagino que en la mente de los comerciantes, sólo figura la idea de que lo extranjero vende más y mejor que lo autóctono y lo folclórico.

Atrás quedaron los tiempos de las añoradas “antorchas”. Recuerdo que el año pasado salí a buscar una en la ciudad capital y no la encontré.

No hubo. Pero lo que sí había eran las distorsionadas “dianas” que en los últimos años no son más que la ocasión que aprovechan aquellos a quienes les atrae la parranda, para dar rienda suelta al jolgorio que nada tiene que ver con “honrar a la patria”; porque antaño, las dianas eran eso: una serenata a la patria.

Comparto estos sentimientos, con el fin de que procuremos resaltar y rescatar nuestras festividades patrias.

Soy una persona contemporánea, pero siento añoranza por las conmemoraciones de antaño, según puedo escuchar de las personas de avanzada edad. En este sentido, recomiendo que leamos poemas donde se exalte a la patria y lecturas que describan los sucesos que rodearon nuestra independencia.

Hace poco leí un libro al respecto que, en honor a la verdad, me remontó a la lucha previa que lideraron los próceres para llevar a cabo la tarea de la independencia. No olvidemos que gracias a ellos hoy día somos una patria chiquita, pero independiente. Ondeemos nuestra bandera, con orgullo, en nuestros vehículos y en nuestras casas y dejemos las “calabacitas” para otros países. Tenemos nuestras propias fiestas, gocémoslas, enseñemos a nuestros hijos a disfrutarlas y ¡que viva Panamá!

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Publicado el 22 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Las cuestionadas facultades presidenciales

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Las cuestionadas facultades presidenciales

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Querube del C. Henríquez
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Llama la atención cómo en los últimos días ciertos medios de comunicación –quiero pensar que por error– han informado acerca de ciertas actuaciones que el presidente Martín Torrijos ejecutó en el ejercicio de su mandato. Digo lo anterior, porque considero prudente que al referirnos a ciertos temas jurídicos y pretender orientar la opinión pública, procuremos que la publicación y/o divulgación de ciertos temas de interés nacional se apoyen en el marco legal, haciendo un esfuerzo por ofrecer la información con estricto apego al marco jurídico de que se trate; conservando la sencillez en el lenguaje, tomando en cuenta que los lectores o espectadores de la noticia, la mayoría, no maneja conocimientos legales profundos.

En este sentido, me referiré al otorgamiento de rebaja de penas para ciertas personas por parte del Presidente saliente, siendo que dicho otorgamiento fue erróneamente catalogado y denominado por ciertos medios como un “indulto”. Ambas figuras, a pesar de ser facultades atribuidas constitucionalmente al Presidente de la República, son de esencia jurídica diametralmente opuesta.

Es un hecho público que recientemente nuestra Corte Suprema en un majestuoso fallo, emitido en su condición de tribunal constitucional regulador del poder constitucional otorgado al Presidente, declaró inconstitucionales los indultos otorgados por una ex mandataria de la República. En un atinado y docente ejercicio jurisdiccional, nuestra alta corporación de justicia delimitó y definió ciertos aspectos relativos a conceptos que hasta ahora muy poca profundización habían merecido de parte de las autoridades judiciales y legislativas.

Pero acaso el aporte más significativo de la jurisprudencia aludida fue la delimitación de los requisitos de viabilidad de la denominada figura del indulto, donde se dejó claramente sentado que está condicionado a la presencia de aquellos delitos de naturaleza y contenido político y, a la vez, procederá como causa de extinción de la pena y no de la acción penal. Es decir, que se aplicará únicamente a aquellas personas que hayan sido procesadas y sancionadas por un tribunal competente y no para aquellas que se encuentren señaladas como posibles autores de un delito o que estén siendo procesadas.

Al respecto, debemos precisar que el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución atribuye al Presidente la facultad de decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Dicha función la ejercerá, el Presidente de la República, con la participación del ministro del ramo respectivo, en este caso, Gobierno y Justicia.

Tal y como se interpreta de la norma constitucional citada, son tres las atribuciones que tiene el Presidente con relación a las personas que hayan sido procesadas y sancionadas penalmente: indultarla (solo por delitos políticos), rebajarles la pena u otorgarles la libertad condicional; ello, con sujeción a los requisitos que para cada una de estas figuras establece la ley penal y procedimental. Por lo anterior, recomiendo que al momento de informar a la población, investiguemos un poco acerca de la funcionalidad y naturaleza de cada figura a la cual hagamos referencia. Ello es difundir la noticia de manera veraz y hacer docencia. En el caso de una de las últimas actuaciones del presidente Torrijos se trató de rebaja de penas por delitos comunes y no de indultos, así se deja consignado en el Decreto Ejecutivo 185 de 30 de junio de 2009.

Luego del magnífico precedente decretado por la Corte Suprema en materia de indultos, difícilmente un Presidente desatenderá el llamado de atención constitucional expresado ante tamaño desacierto jurídico cometido en el pasado. De eso se trata: aprender de los errores ajenos para procurar evitar los propios.

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Publicado el  8 de julio de 2009 en el diario La Prensa; a quien, al igual que al autor, les damos todo el crédito que les corresponde.

A rescatar el sistema carcelario

A rescatar el sistema carcelario


Querube del C. Henríquez

En mi condición de colaboradora de la administración de justicia, son numerosas las opiniones que tengo, debo y me gusta escuchar acerca de nuestro sistema judicial y todo lo que conlleva.

Un día en que visitaba a un cliente en un centro carcelario, mientras esperaba que lo buscaran a su celda, surgió una conversación con un funcionario, quien comentaba una serie de situaciones aterradoras y preocupantes para cualquier ciudadano que se preocupe por este país.

“Licenciada, en esa celda que usted ve allá nadie entra, y nadie sabe cuántos hay allí”, decía el funcionario, mientras me señalaba de lejos un galerón lleno de reclusos. Yo le pregunté, ¿pero cómo es eso posible? Él aprovechó la ocasión para desahogarse y contarme lo que denominó como “una bomba de tiempo”.

“Licenciada, aquí la noche es un carnaval: alcohol, cigarrillos, música y hasta algo ‘más fuerte’, para el que quiere”; “también hay laptops, blackberries y demás artículos de lujo que usted pudiera imaginar. Asimismo, se la pasan haciendo conteos de los reclusos, pero las cuentas nunca concuerdan, a veces hay más presos, a veces menos”.

¿Quién es el responsable de esta situación en nuestros centros carcelarios? La posesión de artículos de lujo en manos de los reos puede ser lo más benévolo del problema, si lo comparamos con el hecho de que nuestras autoridades no saben, a ciencia cierta, cuántos reclusos alberga una celda. ¡Eso sí es preocupante!

La organización y administración de nuestro sistema carcelario debe ser prioridad para el gobierno entrante; los últimos acontecimientos así lo corroboran: muertes dentro de los centros penales, incautación de armas de fuego, aprehensión de sustancias ilícitas y participación de la Policía y del personal administrativo en estos hechos.

Es urgente que se reorganice la política de los centros carcelarios y que la gestión gubernamental se oriente a detectar dónde están las fallas. Ahora bien, no solo se trata de extender la mano poderosa y sancionadora, ello debe combinarse con una adecuada reorganización de la política carcelaria, de la gestión de resocialización en las cárceles, de la dotación del material y del personal suficiente y mejor remunerado, para que desempeñen la labor de manera más eficiente.

Las cárceles no deben ser centros de castigo, deben cumplir con su función de resocializar y rehabilitar al individuo; por eso, se requiere sanear el sistema desde lo más profundo. Con iniciativa, voluntad y supervisión se pueden cumplir estos fines. No podemos olvidar que los detenidos son seres humanos y, sea cual haya sido su falta ante la sociedad, merecen respeto a sus derechos fundamentales, así como también merecen nuestro respeto y apoyo el personal administrativo y policial que labora en un centro carcelario.

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Publicado el 19 de junio de 2009 en el diario La Prensa, a quien le damos el crédito que se merece.