Las cuestionadas facultades presidenciales

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Las cuestionadas facultades presidenciales

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Querube del C. Henríquez
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Llama la atención cómo en los últimos días ciertos medios de comunicación –quiero pensar que por error– han informado acerca de ciertas actuaciones que el presidente Martín Torrijos ejecutó en el ejercicio de su mandato. Digo lo anterior, porque considero prudente que al referirnos a ciertos temas jurídicos y pretender orientar la opinión pública, procuremos que la publicación y/o divulgación de ciertos temas de interés nacional se apoyen en el marco legal, haciendo un esfuerzo por ofrecer la información con estricto apego al marco jurídico de que se trate; conservando la sencillez en el lenguaje, tomando en cuenta que los lectores o espectadores de la noticia, la mayoría, no maneja conocimientos legales profundos.

En este sentido, me referiré al otorgamiento de rebaja de penas para ciertas personas por parte del Presidente saliente, siendo que dicho otorgamiento fue erróneamente catalogado y denominado por ciertos medios como un “indulto”. Ambas figuras, a pesar de ser facultades atribuidas constitucionalmente al Presidente de la República, son de esencia jurídica diametralmente opuesta.

Es un hecho público que recientemente nuestra Corte Suprema en un majestuoso fallo, emitido en su condición de tribunal constitucional regulador del poder constitucional otorgado al Presidente, declaró inconstitucionales los indultos otorgados por una ex mandataria de la República. En un atinado y docente ejercicio jurisdiccional, nuestra alta corporación de justicia delimitó y definió ciertos aspectos relativos a conceptos que hasta ahora muy poca profundización habían merecido de parte de las autoridades judiciales y legislativas.

Pero acaso el aporte más significativo de la jurisprudencia aludida fue la delimitación de los requisitos de viabilidad de la denominada figura del indulto, donde se dejó claramente sentado que está condicionado a la presencia de aquellos delitos de naturaleza y contenido político y, a la vez, procederá como causa de extinción de la pena y no de la acción penal. Es decir, que se aplicará únicamente a aquellas personas que hayan sido procesadas y sancionadas por un tribunal competente y no para aquellas que se encuentren señaladas como posibles autores de un delito o que estén siendo procesadas.

Al respecto, debemos precisar que el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución atribuye al Presidente la facultad de decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Dicha función la ejercerá, el Presidente de la República, con la participación del ministro del ramo respectivo, en este caso, Gobierno y Justicia.

Tal y como se interpreta de la norma constitucional citada, son tres las atribuciones que tiene el Presidente con relación a las personas que hayan sido procesadas y sancionadas penalmente: indultarla (solo por delitos políticos), rebajarles la pena u otorgarles la libertad condicional; ello, con sujeción a los requisitos que para cada una de estas figuras establece la ley penal y procedimental. Por lo anterior, recomiendo que al momento de informar a la población, investiguemos un poco acerca de la funcionalidad y naturaleza de cada figura a la cual hagamos referencia. Ello es difundir la noticia de manera veraz y hacer docencia. En el caso de una de las últimas actuaciones del presidente Torrijos se trató de rebaja de penas por delitos comunes y no de indultos, así se deja consignado en el Decreto Ejecutivo 185 de 30 de junio de 2009.

Luego del magnífico precedente decretado por la Corte Suprema en materia de indultos, difícilmente un Presidente desatenderá el llamado de atención constitucional expresado ante tamaño desacierto jurídico cometido en el pasado. De eso se trata: aprender de los errores ajenos para procurar evitar los propios.

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Publicado el  8 de julio de 2009 en el diario La Prensa; a quien, al igual que al autor, les damos todo el crédito que les corresponde.

A rescatar el sistema carcelario

A rescatar el sistema carcelario


Querube del C. Henríquez

En mi condición de colaboradora de la administración de justicia, son numerosas las opiniones que tengo, debo y me gusta escuchar acerca de nuestro sistema judicial y todo lo que conlleva.

Un día en que visitaba a un cliente en un centro carcelario, mientras esperaba que lo buscaran a su celda, surgió una conversación con un funcionario, quien comentaba una serie de situaciones aterradoras y preocupantes para cualquier ciudadano que se preocupe por este país.

“Licenciada, en esa celda que usted ve allá nadie entra, y nadie sabe cuántos hay allí”, decía el funcionario, mientras me señalaba de lejos un galerón lleno de reclusos. Yo le pregunté, ¿pero cómo es eso posible? Él aprovechó la ocasión para desahogarse y contarme lo que denominó como “una bomba de tiempo”.

“Licenciada, aquí la noche es un carnaval: alcohol, cigarrillos, música y hasta algo ‘más fuerte’, para el que quiere”; “también hay laptops, blackberries y demás artículos de lujo que usted pudiera imaginar. Asimismo, se la pasan haciendo conteos de los reclusos, pero las cuentas nunca concuerdan, a veces hay más presos, a veces menos”.

¿Quién es el responsable de esta situación en nuestros centros carcelarios? La posesión de artículos de lujo en manos de los reos puede ser lo más benévolo del problema, si lo comparamos con el hecho de que nuestras autoridades no saben, a ciencia cierta, cuántos reclusos alberga una celda. ¡Eso sí es preocupante!

La organización y administración de nuestro sistema carcelario debe ser prioridad para el gobierno entrante; los últimos acontecimientos así lo corroboran: muertes dentro de los centros penales, incautación de armas de fuego, aprehensión de sustancias ilícitas y participación de la Policía y del personal administrativo en estos hechos.

Es urgente que se reorganice la política de los centros carcelarios y que la gestión gubernamental se oriente a detectar dónde están las fallas. Ahora bien, no solo se trata de extender la mano poderosa y sancionadora, ello debe combinarse con una adecuada reorganización de la política carcelaria, de la gestión de resocialización en las cárceles, de la dotación del material y del personal suficiente y mejor remunerado, para que desempeñen la labor de manera más eficiente.

Las cárceles no deben ser centros de castigo, deben cumplir con su función de resocializar y rehabilitar al individuo; por eso, se requiere sanear el sistema desde lo más profundo. Con iniciativa, voluntad y supervisión se pueden cumplir estos fines. No podemos olvidar que los detenidos son seres humanos y, sea cual haya sido su falta ante la sociedad, merecen respeto a sus derechos fundamentales, así como también merecen nuestro respeto y apoyo el personal administrativo y policial que labora en un centro carcelario.

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Publicado el 19 de junio de 2009 en el diario La Prensa, a quien le damos el crédito que se merece.

Instituciones gubernamentales abstractas

Instituciones gubernamentales abstractas

Por   Querube del C. Henríquez U.

Una de estas tardes, en que mis ocupaciones diarias disminuyeron, pude reflexiones acerca de los acontecimientos políticos e institucionales que han acontecido en las últimas semanas en mi Panamá; vinieron a mi mente las interrogantes siguientes ¿Cuál es la finalidad institucional, funcional, política o social de algunas instituciones? ¿Cuál es su verdadera razón de ser y en qué contribuyen a la planeación del desarrollo de nuestro país y de sus ciudadanos? Y en mi intento de ilustrarme en cuanto a la funcionalidad de cada una, no encontré en verdad, ninguna razón valedera que me convenciera de la necesidad imperiosa que justifique la existencia de alguna de estas entidades. Me refiero a organismos como el Parlacen, el zar anticorrupción y la Autoridad de los Servicios Públicos.

Nunca me he caracterizado por militar en partido político alguno, por ende, mi preocupación y mi inquietud se dirigen a la búsqueda de una justificación real de la existencia de estas instituciones; y es que en Panamá, de 10 personas comunes y corrientes a las que se le pregunta ¿qué es el Parlacen?, ¿cómo se escogen sus miembros? y ¿cuál es la función de los mismos?, si acaso dos lo sabrán; el resto lo conciben como una especie de entidad misteriosa, de la cual poco se sabe y poco se ha querido informar a la ciudadanía común y corriente de este país; a pesar de que las decisiones que se adopten con su intervención, podrían afectarnos.

Igual acontece con la figura del zar anticorrupción. El ilustre jurista Guillermo Cabanellas define la palabra zar indicando que era el nombre que llevaron los emperadores de Rusia y el soberano de Bulgaria. Suponemos que se adecuó esta denominación al cargo en cuestión, a efectos de que denotara cierto grado de mando y autoridad. Lo que sí es cierto, es que su función es la de intervenir de forma activa en la lucha contra el flagelo de la corrupción en nuestro país; lo cual dista mucho de la labor desempeñada por la actual titular del cargo, a la que nunca he visto pronunciarse de una forma enérgica, pública y combatiente acerca de las situaciones de corrupción que han acontecido en nuestro país.

Finalmente, la denominada Autoridad de los Servicios Públicos es el tercer ente abstracto que integra mi lista; tratándose de los servicios públicos, sería la encargada de velar por la adecuada prestación de los mismos a la ciudadanía; en condiciones de equidad para los panameños; sin embargo, consabido es el hecho de que actualmente somos víctimas indefensas de una especulación salvaje y el aumento desmesurado en los productos de la canasta básica familiar, el suministro de la energía eléctrica, el desabastecimiento de agua potable, entre otros; y ¿dónde está esta autoridad? Bien y usted.

Soy consciente de que el Presidente de la República debe delegar funciones en diversas autoridades, como parte de la política estatal, sin embargo, debe hacerlo a través de organismos cuya existencia sea real, cuya actividad sea percibida claramente por el conglomerado social y que los resultados de su gestión se perciban de forma tangible y no en abstracto como actualmente acontece con estas entidades, cuya existencia y fundamentación jurídica y social deben ser revisadas minuciosamente por el presidente electo, como parte de la política saneadora y de restablecimiento del orden anterior, que enarboló como bandera en su campaña y que le mereció la confianza del voto popular.

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Publicado el 4 de junio de 2009 en el diario La Prensa.