‘Quo vadis, iustitia’

 

La opinión de…

 

Ramón Morales Quijano

Hace poco menos de dos años pensé hacer un análisis crítico de la total desnaturalización del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pero cedí el paso a la infusión de optimismo que me dispensó el futuro gobierno del cambio. Ahora, habiéndose hecha patente la continuada destrucción del sistema judicial y en vista de los últimos escándalos en la Procuraduría General de la Nación y en la Procuraduría de la Administración, considero imperativa la intervención de la ciudadanía entera.

Si una alta funcionaria del Ministerio Público involucrada en la liberación ilegal de cuatro narcotraficantes califica la institución como una cloaca, y el Procurador encargado revela que desde hace dos meses su despacho manejaba la información sobre el plan para liberarlos (La Prensa 21/12/2010), ¿qué más queda por descubrir?

Es tal el envilecimiento de la administración de justicia, que bien se puede decir que los magistrados y jueces están administrando la injusticia. Lo que la mayoría de los magistrados, fiscales y jueces le están dosificando a los ciudadanos son acciones grotescas y monstruosas, modeladas por el soborno y los intereses políticos, y los ciudadanos tenemos la obligación de pararlas si queremos la supervivencia de nuestras instituciones fundamentales. Los criticables fallos que se suceden en la Corte Suprema, en las procuradurías y en casi todos los tribunales “de justicia” han desnaturalizado la función del sistema judicial, dejándonos a todos en absoluta indefensión.

¿Cómo salir de la gravísima situación de conflicto existente entre las metas políticas que fomentan la corrupción y los valores de la estructura constitucional y judicial del país? Estamos, como en tiempos de la tiranía militar, entre mercenarios institucionales pervertidores de la Ley, violadores de los derechos humanos y cercenadores de las libertades públicas.

La Constitución y las leyes han sido contaminadas por magistrados, procuradores, fiscales, jueces y funcionarios pusilánimes o corruptos; son incontables los que han demostrado no tener marcas ni de distinción ni de dignidad. Y lo más grave es admitir que ellos sobreviven y lucran gracias a una ciudadanía despreocupada y conformista, y a los poderosos políticos que se aprovechan de la situación. Es inconcebible y degradante moralmente que continuemos viviendo indefinidamente sin extirpar este cáncer que ha corroído las fundaciones mismas de nuestra nación.

El problema tiene que ser atacado en sus fuentes, para rescatar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de las garras de los individuos de baja calidad profesional, de dudosa reputación y comprometidos políticamente; y para también eliminar las manipulaciones y válvulas de escape procesales que les han servido de escudo para incumplir sus obligaciones.

Aún queda la frágil esperanza de que en nuestro medio surja pronto un movimiento que, haciendo gala de nuestros anhelos de democracia, justicia y libertad, se rebele contra la corriente que pretende hacernos perder la memoria y el sentido histórico de la nación. Queremos un verdadero estado de derecho; y más vale que los correctivos se den ya, antes de que sean fuerzas explosivas las que decidan el destino final de todo el sistema. Esto sería, más que lamentable, trágico.

 

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<> Este artículo se publicó el  28  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Seguro privado y economía nacional

La opinión de…

Ramón Morales Quijano 

La función económica y social del seguro privado es harto conocida, pero nunca está de más puntualizar algunas cosas que se deben tener presentes cada vez que en nuestro país se analice el tema.

Repitiendo una verdad probada, el seguro privado es el único medio confiable para enfrentar a las eventualidades a que están sometidas las personas y los patrimonios, porque son contratos taxativos que no permiten a las partes actuar caprichosamente al momento de reponer o indemnizar pérdidas. Hasta aquí lo elemental, pero no lo más trascendental que es su impacto económico y social. Admitiendo que en Panamá estamos atrasados en el rediseño de los vehículos de acceso de la población a estos instrumentos, la industria aseguradora, aun así, ha crecido 10% en el primer semestre de 2010, en comparación con el mismo período del año pasado. En particular, se nota un buen despunte en pólizas de accidentes personales y algo de incremento en seguros colectivos de vida, pero el movimiento es lento en pólizas nuevas de vida individual. Paralelamente, se nota un desarrollo consistentemente alto en ramos generales. Esto último es especialmente cierto en multirriesgos comerciales e industriales, robo, ramos técnicos y fianzas.

Vale anotar que en 2009 la producción de seguros en Panamá fue de 847.17 millones de dólares en primas suscritas, lo cual representó el 4.3% del PIB que, según cifras oficiales, ascendió a 19 mil 374.2 millones de dólares. Por otro lado, en ese mismo año se repusieron o indemnizaron pérdidas por un valor total de casi 313 millones de dólares, cifra que deja bien claro el impacto económico que el seguro privado tiene, no solo por la reposición de pérdidas económicas sino también por su incidencia en el ahorro nacional.

Los valores observados volarían si los seguros básicos pudieran llegar con facilidad a los diversos estratos económicos y sociales de todas las provincias, y a costos accesibles. Esta es una tarea inaplazable para las aseguradoras, ya que nuestro mercado, de por sí relativamente pequeño, se atomiza por el incremento de compañías que se dedican a esta actividad. Obviamente, ello puede afectar la solidez futura de las empresas. Como es sabido, la ley de los grandes números impera en la actividad aseguradora, lo cual significa que solo a través del aseguramiento de grandes masas de riesgos cualitativa y cuantitativamente homogéneos se puede lograr reducir costos y alcanzar un adecuado equilibrio entre las posibilidades teóricas y las reales de la siniestralidad.

Se debe aprovechar el impulso que se está dando a la nueva reforma a la Ley 59 de 1996 para ampliar la autoridad de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en forma tal que pueda mejor vigilar la solvencia y la liquidez de las aseguradoras y fiscalizar la disponibilidad y el movimiento de títulos y valores que constituyan reservas de ley. En los contratos de seguros privados están ya comprometidos tanto el interés de los particulares como las fundamentales normas del derecho público, pero quedan para la Superintendencia de Seguros y Reaseguros las tareas de evaluar la suficiencia de las tarifas de las empresas de seguros, de verificar continuamente los valores de mercado de sus inversiones, de escrutar la aplicación de rigurosos principios de contabilidad y de afianzar prácticas comerciales y administrativas sanas.

Aún en su singularidad, la Ley de Seguros es de similar fondo y enfoque que la Ley Bancaria, la Ley de Reaseguros, y la Ley que regula el mercado de valores. Con estas bases de autorización y control, todas las actividades mencionadas han podido desarrollarse sin problemas como actividades de carácter privado de enorme trascendencia en la promoción del desarrollo económico y social del país. Ahora, en la industria aseguradora, se presenta una oportunidad de reforzar el desarrollo del sector haciéndolo más ágil, cercano a los mercados y eficiente en su contribución al desarrollo de la economía nacional.

<> Artículo publicado el 15  de septiembre de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La sensatez como política exterior

La opinión de…….

Ramón Morales Quijano

Las malas presentaciones y los imprudentes protagonismos surgidos en nuestras relaciones internacionales están propiciando colisiones indeseables, y ese no puede ser el rol de Panamá en este escenario.

Nuestras autoridades están descendiendo en la estimación de algunas naciones del mundo, ya por falta de conocimiento de la historia o por su alejamiento de los usos y costumbres de la diplomacia.

Y si hay mal sabor en el exterior, en el plano nacional surgen dudas sobre la capacidad de los encargados de diseñar nuestra política exterior y acerca de la idoneidad de los que preparan al Presidente de la República para encuentros internacionales.

Francamente, es inconcebible que en nuestro gobierno, integrado por tanta gente preparada, se haya encendido esta máquina de fabricación de disparates.

Para estructurar una política exterior hay que echar mano de un conjunto de normas de responsabilidad nacional e internacional que impida el surgimiento de protagonismos personalistas, que preserve la dignidad de la Nación y de sus gobernantes, y evite a toda costa confrontaciones innecesarias que puedan poner en peligro al país.

Esto requiere sensatez –o sea, madurez– y un hondo contacto con nuestra historia y la del resto del mundo. No caben ni la ficción ni lo subjetivo, sino el claro propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de no intervenir en los asuntos de otros estados, de no apoyar a los estados infractores del derecho internacional, y de no reconocer las adquisiciones territoriales hechas por la fuerza.

En correcta expresión de lo que debe ser una política exterior panameña, el ministro de Relaciones Exteriores Harmodio Arias Cerjack (2003–2004), en su memoria presentada a la Asamblea Nacional, la preceptuaba de claridad de pensamiento e independencia de criterio, con valor para resistir presiones, y de destreza en su conducción.   Agregó el ministro en ese documento que nuestra actuación solo debe responder a los intereses permanentes de la Nación y no a eventos coyunturales del entorno internacional, y no a simpatías o antipatías particulares.   La citada memoria precisa que comprender los puntos de vista de otras naciones no significa que tengamos que considerar como propio el interés particular de ningún Estado amigo, porque perderíamos la libertad para actuar.

La integridad territorial, la seguridad ciudadana y la protección de nuestro Canal son los fundamentos principales para la conducción de una política internacional que contribuya a la realización de los objetivos nacionales.

Esta tiene que ir claramente dirigida a conservar al país libre del terrorismo internacional, de incursiones de combatientes vecinos, del crimen transnacional organizado y de la potencial hostilidad de otros estados. Igualmente importante es dar la cara por la dignidad nacional ante los intentos de compra de influencia por parte de países donantes de deshonroso dinero o favores, y rechazar las presiones que otros ejercen para vincularnos a conflictos políticos o bélicos que no son nuestros.

Esto solo se logra con relaciones internacionales imbuidas de principios y de expresiones prácticas de intereses concretos.

Entre las obligaciones que debemos retener, por supuesto, están aquellas emanadas de los organismos internacionales a los cuales pertenecemos, principalmente de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y de las Convenciones relativas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Como no somos partícipes de las guerras y pugnas políticas en curso alrededor del mundo, ni de los problemas geopolíticos regionales, solo nos cabe elaborar un inventario nacional de intereses propios y evitar comportamientos conflictivos en el plano internacional.

Panamá, en otras palabras, debe sostener y cumplir los mandatos legales y normativos del sistema internacional, y punto. Esto sería amoldarnos a las posibilidades del país, mientras exaltamos los valores democráticos y promovemos la cooperación entre las naciones del mundo.

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Artículo publicado el 24 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Control político no es gobernabilidad


La opinión de……

Ramón Morales Quijano

Estamos de acuerdo con que el país está huérfano de docencia política, pero cuando los docentes tampoco la han recibido, la cosa se torna grave. Es algo así como lo que sucede con la educación pública.

Ahora, en el nuevo capítulo de la perniciosa maraña armada en el Ministerio Público, algunos funcionarios del gobierno pretenden enseñarnos que la pugna por la Procuraduría General de la Nación es asunto de estricto derecho, mientras otros alegan que la “gobernabilidad” del país justifica el pretendido rescate de dicha institución.

Independientemente de las manipulaciones que hay detrás de esto –incluyendo la exitosa demanda del funcionario coimero– no es admisible exponer razones de gobernabilidad para acceder a un excesivo control sobre todo lo que sucede en el país.  Esta es una aberración que sirve únicamente a sus beneficiarios directos; y ello por mientras, porque al final, por la natural transitoriedad del poder político, el asunto se les convierte en mueca.

Desde la perspectiva del PNUD, la gobernabilidad democrática “supone la legitimidad de las instituciones políticas, económicas y administrativas a todos los niveles”, requiere de participación ciudadana, transparencia en el proceso de toma de decisiones, y mecanismos para la exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad. Joan Prats Catalá (director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña), y los tratadistas David Osborne, Izakhel Dror y Anthony Giddins, especialistas en el tema, la miran de la siguiente manera: “La gobernabilidad democrática no se refiere tanto a los atributos de un régimen democrático cuanto a las capacidades de una sociedad para enfrentar sus retos y oportunidades.

Una estrategia de gobernabilidad democrática es una estrategia de construcción de capacidades propias para fortalecer la interrelación entre el sistema institucional existente, las habilidades de los actores políticos, económicos y sociales, y la cantidad y calidad del liderazgo transformacional existentes”.

En suma, se trata de la capacidad a largo plazo de nuestras instituciones políticas y sociales para autogobernarse. Esto deja claro que el “poder político” de un gobierno no es sinónimo de gobernabilidad.

La verdadera estabilidad con paz política solo se logra ofreciendo al país una clara visión del futuro de las instituciones vitales para nuestro orden de convivencia y un proyecto nacional envolvente y de largo plazo que valide las obligaciones morales básicas del Estado: salud, educación, justicia, seguridad y responsabilidad mutua en el proceso de desarrollo social.

Para cimentar con éxito los cambios estructurales que todos anhelamos y que son bandera de este gobierno, hay que tener en cuenta que la modificación de las reglas del juego de la vida en sociedad no es viable sin la acción conjunta de la ciudadanía. Y mucho cuidado: que no se piense que el ciudadano común no percibe el fondo de cualquiera acometida contra las instituciones que le garantizan su vida en sociedad.

El país quiere cambios, pero solo aquellos que propicien la conducción continuada y armónica de los procesos sociales desarrollistas, y permitan a futuras administraciones fortalecer la equidad y las instituciones fundamentales. Si no lo vemos así, seremos cómplices de la destrucción de nuestra democracia.

Pureza y eficacia en las instituciones jurídicas del país es un clamor que se escucha por doquier; pero conflictos jurisdiccionales entre las autoridades no hacen más que abonar la descomposición de los órganos del Estado y conducen a mayor desmoralización general. Ya está bueno el recurso de buscar válvulas de escape jurídicas o de procedimiento para imponer uno u otro criterio político o jurídico, o para que algún organismo se revista de más poder que otro.

El país exige sagacidad política, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público en los tres Órganos del Estado. Por ello resulta inaudito que públicamente, en un debate abierto, un alto funcionario del gobierno sugiriera siquiera que los dirigentes de la actual administración no son políticos. Ante eso solo podemos recomendar que los que son políticos –que sí los hay– perciban con claridad las consecuencias de las decisiones que tienen efectos colectivos, y que los otros busquen sus lazarillos para que no se estrellen en el camino.

Daniel Filmus, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, opina, junto a otros letrados, que la ingobernabilidad está asociada a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones democráticas, y a la falta de eficacia de los gobiernos para responder a los crecientes reclamos de la sociedad.

Entonces, si no nos libramos de las argucias y de los vicios del clientelismo político, convertiremos en realidad los presagios de días tumultuosos para la Nación.

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Artículo publicado el 11 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hay que abrir los ojos y prestar oídos

La opinión de….

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Ramón Morales Quijano
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Hace unos días, varios amigos comentábamos lo fútil que resulta en nuestro país expresar opiniones, hacer observaciones y emitir críticas objetivas cuando se trata de temas de Gobierno.   Pronunciarse en este campo tiene triple riesgo: que los funcionarios a quienes van dirigidas las opiniones ni las lean ni las escuchen; que estos se consideren demasiado ilustrados para recibir observaciones de fuera, o que recelen del crítico y lo declaren enemigo gratuitamente.

Las ideas, juicios o conceptos, sean institucionales o individuales, se deben tener como aliados de todo Gobierno para el logro de los objetivos nacionales, y no como enemistad política.   Si creemos en esto y echamos a un lado los discursos destructivos, será fácil aceptar que los diferentes actores sociales, económicos y políticos comuniquen sus inquietudes abiertamente a quienes manejan la cosa pública. Entre estos actores están los llamados líderes de opinión, a quienes hay que dar la debida importancia por su manifiesta influencia en la formación de criterios tanto individuales como colectivos. Para los ciudadanos de hoy, los vehículos modernos para señalamientos políticos no son las plazas públicas sino los medios de comunicación masivos y electrónicos.

Lo que acaba afectando el devenir de una sociedad es de fundamental interés de todos sus componentes, y prueba de ello tenemos en el resonante triunfo de Ricardo Martinelli en las elecciones de mayo pasado. Ese fue un aplastante respaldo a la oferta de cambios reales en todos los ámbitos de la vida nacional.

Ahora, convertir el mandato en realizaciones dependerá de la conciencia que tengan los gobernantes de que no hay acciones efectivas de Gobierno sin el calor consciente de la ciudadanía; y que para lograr ese calor se requiere información abierta y transparente, y comunicación oficial articulada, fluida y oportuna.   Esto es axioma político.

El actual gobierno está compuesto mayoritariamente por funcionarios con visión global de los problemas e intereses nacionales; pero hay que cuidarse de aquellos cortos de vista que desconocen la íntima ligazón existente entre los múltiples componentes de las estructuras sociales, económicas y políticas de la Nación. Entonces, no está de más escuchar a los que ofrecen ideas válidas para subsanar desenfoques administrativos o políticos, no sea que perdamos la efectividad de las reformas prometidas y las que están en vías de ejecución.

Sobre el tapete de lo institucional están ya la peligrosa militarización de la Policía Nacional, la depuración total del Órgano Judicial, y la erradicación de la impunidad y de los fueros y privilegios en el país.

Escuchemos las voces capaces que tienen mucho que aportar para que nuestra democracia se consolide y satisfaga las caras aspiraciones de la sociedad entera.

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Publicado el  8 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Qué sucede con la televisión panameña?

¿Qué sucede con la televisión panameña?

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La opinión de …

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Ramón Morales Quijano
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Las censuras a la televisión panameña son frecuentes y muy puntuales. Aunque las principales quejas están dirigidas al amarillismo que se ha apoderado de los diversos canales, no podemos soslayar la triste destrucción del idioma español por parte de los comunicadores.

Reportar para la televisión no es simplemente estar en ella frente a una cámara. El documental, que se emite en directo y a veces sin editar, debe llegar al público con lenguaje impecable y sin inclinaciones o gestos que comprometan su objetividad. En adición a lo que comentamos, nuestros reporteros dan vueltas interminables a sus narraciones repitiendo una y mil veces la misma relación con las mismas palabras.

¿Será que no conocen bien el rol que juegan en este medio masivo de comunicación? ¿Es que sus jefes no les han dado el tratamiento de sobresalto que es verse y escucharse ellos mismos en la pantalla? Esto último no es castigo, sino apoyo formal para corregir deficiencias y desarrollar capacidad de síntesis.

Para la empresa es un gran ejercicio de control de calidad. Etimología, sintaxis y combinaciones lingüísticas elegantes son conocimientos y destrezas imprescindibles para los que pretenden analizar, reportar o editar noticias para el público. Es más, su dominio total debiera ser una exigencia legal.

Los comunicadores del patio se caracterizan por emplear palabras y construcciones rebuscadas, acabando con las noticias por perderse en marañas de las cuales no logran desenredarse nunca. Durante el paro antinacional de los transportistas en días pasados, los narradores de noticias se dieron gusto con los televidentes. Una reportera incluso llegó a asegurarnos que en un sector de la capital el “fluido” de los buses fue casi normal. Eso nos trajo gran tranquilidad, porque lo menos que podían cargar era, suponemos, fluido.

En otra ocasión reciente, nos pusieron a escuchar “la declaración que hizo en su declaración” un funcionario del Gobierno. Por otro lado, es de admirar la solidaridad que existe entre ellos: compañero aquí, compañera allá… y encima nos deleitan con reforzamientos como “precisamente”, “específicamente” y “exactamente”, y con la repetición constante de los nombres de unos y otros involucrados en la información.

Estos comentarios no son burla; es un llamado de atención para que pongan al público por delante del comunicador del medio televisivo. El pecado no está en la preparación académica o en los conocimientos empíricos de estas esforzadas personas, sino en sus empresas que, aparentemente, no les brindan ayuda para salir del limbo de la mediocridad a que hemos hecho referencia.

Perfeccionarnos y desarrollar nuestras individualidades debe ser el objetivo de todos; pero para ello se hace imperativo entender que el éxito no es ubicarse delante de los demás, sino delante de sí mismo. Hay que saber qué decir y cómo decirlo mejor; los televidentes nos merecemos mejores formas y estilos… y cintillos sin errores ortográficos.

No existen, que sepamos, estándares rígidos para presentaciones ante las cámaras de televisión: cada presentador tiene su personalidad y estilo. Sin embargo, sí hay asuntos básicos que deben ser comunes a todos como, por ejemplo, buena voz. Adicionalmente, se requiere destreza en la comunicación verbal y escrita, en la investigación, en el arte de entrevistar y en el llamado “lenguaje corporal”.

Debemos tener presente que el medio televisivo es de consumo inmediato y transmite emociones; lo que se da mal no se puede recoger.

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Publicado el 15 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Saber retirarse a tiempo

Saber retirarse a tiempo

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Ramón Morales Quijano

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Hay dos cosas relevantes en un político: una, que le es fatal pensar –sin fundamento real– que le ha llegado “su hora”; y la otra, que por la natural insubsistencia del poder, después de mucho esfuerzo el político puede quedarse sin nada. Esto viene a colación porque el contundente triunfo de la Alianza por el Cambio ha dejado heridas profundas en dirigentes y activistas que se creyeron eternos. Obviamente, no entendieron a tiempo que el político agoniza cuando se aferra a modelos obsoletos o se deja llevar por ambiciones desmedidas. Para algunos de ellos, su “hora” ya pasó y la sociedad cambió antes que ellos; y para otros, tal vez jamás llegará esa “hora” porque representan demasiado riesgo para el futuro de la Nación.

Saber que no hay peor muerte política que la que sucede en vida es importante tanto para los que sirvieron al país en tiempos pasados, como para los que sirven ahora o servirán en el futuro. Visto así, considero que saber retirarse a tiempo es virtud y arte, y no implica certificado de defunción. La vida del político puede continuar como administrador, impulsor de ideas, crítico o equilibrio intelectual. Esto tiene que ser un acto consciente y elegante, y necesariamente deberá arroparse con un manto de sacrificio y algo de misterio. Si se retira con prestigio y reconocimiento público, magnífico; y si lo hace por frustraciones o descrédito, ¡gracias! Hay que mirarse en el espejo y prepararse para dar el paso con dignidad, teniendo presente que la mayoría de las heridas políticas son auto-infligidas. Los que no entienden esto simplemente no quieren hacer frente a la verdad.

A pocas semanas de la toma de posesión de Ricardo Martinelli, tenemos la obligación de apuntalar su gobierno de gente joven y respetar la voluntad de esa abrumadora mayoría de panameños que se manifestó a favor de un cambio real y efectivo en el país. Hay diferencias en las visiones, pero sin duda hay convergencia en esta misión de cambio.

En cuanto a los que señalan anticipadamente a los primerizos del gabinete por falta de experiencia anterior, impresiona saber que dichos censores jamás tuvieron un primer empleo: nacieron expertos. En verdad, todos debiéramos celebrar que los nuevos ministros son personas jóvenes de altísima calidad profesional, que entran al gobierno con gran preparación académica y administrativa, y una sincera vocación de servicio a la Nación. Ojalá miles más de personas como ellos engrosen los movimientos políticos del país para así garantizar el mejor desempeño de la administración pública y también hacer permanente la evolución pacífica de nuestro entorno político, social y económico.

No caigamos en lo que el presidente John F. Kennedy una vez advirtió: “Todas las madres quieren que sus hijos lleguen a Presidente, pero no quieren que en el proceso sean políticos”.

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Publicado el 14 de junio de 2009 en el diario La Prensa