Un gobierno más grande y menos efectivo nos empobrece

La opinión de…

Marissa Krienert

Muchos estudios demuestran que los individuos que viven en países con los mejores índices de libertad económica disfrutan de niveles más altos de prosperidad, de mayores libertades individuales y de expectativas de vida más altas.

El compromiso con la libertad económica es un tema en común entre las naciones más prósperas del mundo. Mientras los residentes de estas naciones disfrutan de mejores estándares de vida, las personas que viven en países sin libertad económica, viven en pobreza extrema, con la opresión de sus gobiernos y con la total ausencia de derechos individuales.

Para medir la libertad económica en el mundo, el Fraser Institute de Canadá con el apoyo de instituciones de 80 países, publica el Índice de Libertad Económica del Mundo. El reporte analiza 42 aspectos para crear un índice que compara 141 naciones alrededor del mundo, que representan el 95% de la población mundial.

Los pilares fundamentales de la libertad económica son la libertad personal, el intercambio voluntario, la libre competencia y el respeto y seguridad de la propiedad privada. La libertad económica se mide en cinco áreas diferentes: tamaño del gobierno, estructura legal y derechos de propiedad, acceso a una moneda estable, libre mercado y la regulación del crédito, las relaciones laborales y los negocios.

Las variables que utiliza el reporte para medir el tamaño del gobierno son el consumo del gobierno, es decir, su gasto corriente en todos los niveles institucionales, los salarios que paga a sus empleados,  las transferencias y subsidios,  el dinero que se “invierte” en proveer servicios a los ciudadanos por medio de empresas  estatales y las tasas marginales de impuestos.

Midiendo el tamaño del gobierno con las variables mencionadas se determina el grado en que un país depende de las elecciones de sus habitantes y el funcionamiento de los mercados antes que de presupuestos del gobierno y de la toma de decisiones políticas.

Los países con los niveles más bajos  del gasto público y tasas impositivas marginales más bajas ganan las calificaciones más altas en el índice.

Cuando el gasto del gobierno supera los gastos de los individuos y las empresas entonces las decisiones políticas sustituyen las decisiones personales y se reduce la libertad económica.

De igual forma, se reducen nuestras libertades cuando el gobierno aplica tasas impositivas a ciertas personas o grupos económicos para transferirlo a otros, reduciendo así la libertad de los individuos para mantener las ganancias obtenidas producto de sus esfuerzos personales.

El valor principal que mide el índice en materia de impuestos es el valor marginal más alto de la tasa de impuesto a los ingresos.   Las altas tasas impositivas que se aplican en niveles de ingresos relativamente bajos son también indicativos de dependencia sobre el gobierno. Tales tasas niegan a los individuos los frutos de su trabajo. Así, los países con tasas impositivas marginales altas y umbrales bajos de ingresos son valorados más bajo.

Otro componente importante que mide el índice, dentro del área del tamaño de gobierno, es el punto que evalúa la participación de las empresas estatales como proveedoras de bienes y servicios en vez de la empresa privada. Las empresas estatales que son proveedoras funcionan con reglas de juego diferentes a las empresas privadas, no dependen de los consumidores para obtener sus ingresos y recuperar sus inversiones y operan en mercados protegidos.

En la medida en que las empresas estatales provean servicios en mayores proporciones, el libre mercado y la competencia, así como la libertad de los consumidores y la oportunidad de tener mejores servicios, se ven afectados, por lo que el índice de libertad económica se reduce.

En el caso de nuestro país la porción del índice que mide el tamaño del gobierno refleja que las mediciones de Panamá luego de haber ido en aumento, a favor, entre los periodos comprendidos entre el año 1980 y 2005, ahora descienden todos los años. En el año 1995, Panamá obtuvo un puntaje de 7.36, siendo 10 el puntaje máximo en la escala y el puntaje que obtienen los mejores países. Para el año 2000, el puntaje aumentó a 7.81 y luego en 2005 a 8.30. En el año 2007 bajó a 8.28 y en 2008 volvió a bajar, quedando en 8.05.

Últimamente hemos observado cómo crece la planilla del sector público, cómo el Gobierno adquiere empresas privadas, cómo se mantienen y realizan inversiones en servicios públicos que solo fracasan cada vez mejor.

Si bien la caída en un punto no hace una gran diferencia como parte del total, se debe resaltar que en este informe presentamos disminuciones en 13 puntos evaluados; se mantienen los puntajes en 22 y sólo hemos mejorado en 7.

¿Qué ha pasado en los últimos 20 meses en nuestro país? ¿Nos estamos acercando o alejando a los países más prósperos? O por el contrario, ¿nos estaremos acercando a los países donde no se respetan las libertades individuales y se vive con la opresión del amo gobierno?

El  Índice  de  Libertad  Económica  del  Mundo  del año 2010 lo puede acceder en http://www.fundacionlibertad.org.pa

<> Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
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Acaparamiento y otros males

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La opinión de….

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Marissa Krienert
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El proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, cuyo autor es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le otorga a dicha institución la capacidad de rechazar la validez de los derechos posesorios en islas y costas y declararlos “bienes patrimoniales”, así como la discreción para determinar el precio del título basado en el precio de mercado, lo que implica que la gran mayoría de lugareños no va a tener los recursos para pagarlos y los que los adquirieron de ellos, van a tener que pagar dos veces.

La ley ha sido denunciada por 19 gremios, varias embajadas y docenas de inversionistas y lugareños.

Para justificarlo, el MEF ha lanzado una campaña de prensa infernal contra varios inversionistas que han adquirido grandes extensiones de terrenos en costas, sin importar las actividades que van a realizarse con esas tierras o si fueron adquiridas legítimamente. Las razones que el MEF nos da para introducir esta ley tan controversial son: controlar el acaparamiento de tierras, la especulación y negar la posesión a personas que la adquirieron invadiendo las tierras, sin derechos posesorios.

Con relación al acaparamiento de tierras, el hecho de que alguien tenga grandes extensiones de terreno no es necesariamente perjudicial para la sociedad y puede serhasta beneficioso. Si Disney viene a Panamá y necesita 100 mil hectáreas en una isla para hacer un parque de diversión, nadie se quejaría. Hay familias, incluyendo unas muy cercanas al poder, que tienen miles de hectáreas dedicadas a la ganadería, agricultura, conservación ecológica, ingenios, resorts y otras actividades, y nadie se queja.   Si esas personas compraron sus tierras legítimamente y las tienen dedicadas a actividades productivas, están beneficiando al país.   Entonces, ¿por qué se cuestiona y se quiere limitar la cantidad de hectáreas que una persona adquiere en islas y costas?  ¿Cuál es el propósito que se alcanza?

Si lo que queremos es regresar a la reforma agraria de los años 70, cuando el gobierno militar le quitó la tierra a los que tenían grandes extensiones de ella, entonces tenemos que prepararnos para que un gobierno izquierdista, en el futuro, expropie tierras legítimamente adquiridas bajo la excusa de que nadie debe tener muchas tierras.    Pienso que esa no es la intención de este gobierno y, por ende, los que compraron tierras legítimamente de lugareños, deben tener los mismos derechos a titular sus predios que el resto de los ciudadanos, y cualquier campaña en contra o cualquier intento de agraviarlos sería discriminatorio y contrario a la ley.

Con relación a la especulación, ¿desde cuándo el Estado controla los precios de las tierras?   Especular es comprar a un precio para vender a otro más alto y eso lo hacen todos los comerciantes del país.

En Panamá se especula con el precio del combustible, tomate, electricidad, carne, bienes raíces, entre otros. Los mercados de valores son pura especulación.   De hecho, en los últimos cinco años, la ciudad de Panamá se convirtió en un gran circo de especulación con bienes raíces, lo cual enriqueció a miles de panameños.

¿Por qué entonces un inversionista que tuvo la visión de comprar derechos posesorios baratos en lugares remotos del país, no puede venderlos a un precio más alto, especialmente si le hace mejoras y si esta actividad es legal y permitida bajo la ley existente?

El día que regulemos la especulación de bienes raíces, hasta ese día tendremos el mercado inmobiliario que tanto ha beneficiado a todo el país.

El otro argumento que usa el MEF es que hay personas que se tomaron tierras desocupadas, especialmente bosques, diciendo que había derechos posesorios sobre ellos. Aun si es verdad que esto ha sucedido, el problema no justifica una ley que cuestiona los derechos posesorios sobre bosques que fueron adquiridos legítimamente.

Porque hay borrachos, ¿vamos a prohibir el alcohol?,   porque hay accidentes de carros, ¿vamos a prohibir su circulación?, y porque hay abusos, ¿vamos a prohibir la posesión de bosques?, pues entonces la medicina es peor que la enfermedad y los justos terminan pagando por los pecadores.

La ley no puede ni debe legislar excepciones, sino establecer un principio general, el respeto a los derechos posesorios y su eventual titulación, e investigar caso por caso situaciones donde existan dudas, y tomar las medidas adecuadas en esos casos.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El Estado vigilante

El Estado vigilante

La opinión de…
Marissa Krienert
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El debate que ha generado el nuevo proyecto de seguridad que obliga a las empresas de telefonía a guardar todos los registros de las llamadas de los particulares y mantenerlos a disposición de los órganos de seguridad del Estado me ha recordado la visita que hiciera en noviembre de 2006 al cuartel de la Stasi en Dresden.

Stasi era el nombre abreviado del Ministerio para la Seguridad del Estado de la desaparecida República Democrática Alemana; una agencia estatal omnipresente, modelada de la KGB, que se encargaba de vigilar a los principales enemigos del Estado socialista alemán, entiéndase, los ciudadanos alemanes.

El ejercicio de justicia transicional llevado a cabo tras la unificación alemana, provocó la apertura al público de los archivos de la Stasi. La idea era que todo ciudadano alemán podía acceder a su archivo personal y saber hasta qué punto el Estado había violado su privacidad y censurado sus comunicaciones. La Stasi era especialmente eficiente en recopilar toda la información sobre las vidas de los ciudadanos alemanes: intervenía la correspondencia, grababa todas las comunicaciones telefónicas, mantenía una lista exhaustiva y actualizada de todas las asociaciones que mantenían los particulares; y, en cuanto a los métodos, tampoco existían límites, hasta el punto de extorsionar a particulares para que fueran espías de sus propios familiares.

Toda esta descripción parece una exageración, llevar hasta el absurdo la relación de los abusos cometidos por los organismos de seguridad de la Alemania socialista. Pero esa pesadilla se reveló en todo su horror durante mi visita a los archivos de la Stasi; allí pude observar las filas interminables de anaqueles, apiñados unos con otros, que contenían los expedientes en los que se detallaban los pormenores de la vida cotidiana de cada ciudadano alemán de Dresden.

Con esto no quiero acusar a nuestras autoridades de querer abusar de la privacidad de los ciudadanos panameños, o de intentar controlarnos a través del miedo y la extorsión. Sí quiero llamar la atención sobre los peligros a la libertad individual que representa la implementación de políticas de vigilancia permanente sobre la vida de los particulares.

Los particulares no podemos ser considerados en todo momento por las autoridades como sospechosos de actos delictivos. El Gobierno solo debe intervenir en los asuntos privados para perseguir delitos, cuando han sido denunciados por los particulares; en este sentido, el delito no es algo que la autoridad debe descubrir, es un hecho que debe perseguir y sancionar previa denuncia de una persona afectada por el hecho. ¿Cuál es el sentido de hacer la transición a un sistema penal acusatorio cuando las autoridades insisten en indagar cada detalle de la vida de los particulares para detectar todo lo que pueda considerarse como delito?

Los gobiernos tienen tanto poder como les sea concedido por los gobernados. La facultad de vigilar los registros telefónicos de los particulares era una de las herramientas básicas del régimen de terror de la Stasi. No permitamos que nuestras agencias de seguridad tengan un poder similar sobre nuestras vidas.

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Publicado el 17 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.