Deuda ecológica

La opinión del Economista, Docente universitario y Político….

Juan Jované 

La deuda ecológica es un concepto vinculado al intercambio ecológico desigual, destinado a destacar una forma de deuda acumulada por los países de alto desarrollo con los países menos desarrollados, que estaría explicada por el pillaje de los recursos naturales, los daños ambientales y la ocupación libre del espacio ecológico destinada a depositar desechos, tales como los gases invernadero, que los primeros realizan en detrimento de los últimos.
El grupo de investigadores de la Ghent University, dirigidos por Erik Paredis, a quienes se les dio la tarea de definir el concepto con precisión, llegaron a la conclusión de que el mismo contiene tres componentes.
El primero se refiere al daño ecológico causado a través del tiempo por un país en otro por medio de sus patrones de producción y consumo.
El segundo representa al daño ecológico causado por un país a ecosistemas que están más allá de toda jurisdicción nacional, debido a sus patrones de producción y crecimiento.
Por medio del tercero se incorpora la explotación y uso de los bienes y servicios de los ecosistemas a través del tiempo por parte de un país a costa de los derechos de otros países sobre dichos bienes y servicios.

Desde el punto de vista práctico el elemento de la deuda ecológica que más se ha estudiado es el relacionado con el uso y abuso del medio ambiente global, entendido como un espacio común de la humanidad, debido a la emisión excesiva de gases invernadero en relación a lo que sería un nivel per-cápita sustentable para toda la humanidad.  Es así que, de acuerdo con John Bellamy Foster, ya en la década de los 90 del siglo pasado, esta deuda se podía calcular en cerca de 13 billones de dólares anuales, monto equivalente a tres veces el total de la deuda financiera de los países en vías de desarrollo con el Norte desarrollado.

En el caso de Panamá aparece una forma de deuda ecológica vinculada con el agua, la que ha sido pasada por alto muchas veces.   Esto se evidencia al tomar en cuenta que por cada barco que transita por el Canal de Panamá se vierten al mar cerca de 101,000 metros cúbicos de agua fresca, en condiciones tales que desde el inicio   de sus operaciones en 1914 hasta que el granelero Fortune Plum lo atravesó el 4 de septiembre de 2010 se han dado un millón de tránsitos por el mismo.    Si, por medio de una operación sencilla, se calcula el total de metros cúbicos de agua fresca utilizada en la operación del Canal y se le aplica, con fines de ilustración, un valor de B/. 0.10 por cada uno de estos, se llegaría a un total de B/. 10,100.0 millones, monto que serviría para dar una idea de la deuda ecológica que los usuarios del Canal, principalmente los Estados Unidos, tendrían con Panamá.

La moraleja es clara: en un mundo en que el agua se hace cada vez más escasa nuestro país deberá empezar a valorizar correctamente este bien ecológico fundamental.

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/jovane-juan/

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El búnker y la paradoja en la conservación del patrimonio

La opinión de…

Orlando Acosta Patiño

La prioridad en la asignación de recursos del Estado para la conservación del patrimonio en beneficio de la Nación y la cultura está llenas de contradicciones.

La noticia reciente que justifica la recuperación del búnker de Quarry Heights en la base del cerro Ancón se ventiló en los medios de comunicación como la estrategia para contar con un sitio para la celebración de las reuniones de Gabinete, en el evento de una catástrofe natural.

El anuncio de esta decisión podría evaluarse entre las acciones de adaptación al cambio climático, como también se puede colocar de manera interesante, y tal vez fortuita, en una oportunidad para la conservación del legado militar norteamericano en Panamá.

El búnker y otras estructuras en la “Zona” se encuentran perdidas, olvidadas, desfiguradas o aprovechadas entre el antiguo Fuerte Amador, Isla Margarita y en Sherman, en Colón. Todas estas fortificaciones fueron la respuesta del Comando Sur para la defensa del Canal de Panamá. Una decisión local, en el contexto de un evento de conflicto internacional como lo fue la Segunda Guerra Mundial.

Las fortificaciones en la Zona del Canal de Panamá fueron en su momento evaluadas por la Autoridad de la Región Interoceánica y designadas como elementos o estructuras que podrían ser articulados en una propuesta de desarrollo, servicios e infraestructura. El legado militar norteamericano y las fortificaciones en Panamá tienen potencial turístico y capacidad de transformarse en riqueza económica, generadoras de empleo y bienestar colectivo. Este mismo potencial también lo tienen los sitios de Patrimonio Mundial como Panamá Viejo, Casco Antiguo, San Lorenzo y Portobelo.

Tenemos que tomar nuestra historia y nuestro legado para finalmente reconocer que el Fuerte San Lorenzo junto con el búnker de Quarry Heights y el resto de las fortificaciones en la antigua Zona del Canal podrían articularse a una red de sitios defensivos de la ruta de tránsito, con una historia continua. Rica y valiosa.

Historia única de 500 años de historia moderna, donde Panamá y el mundo han jugado un papel clave. Desarrollar esta idea sería un legado invaluable para la sociedad panameña, tanto como la construcción de hospitales, escuelas o el Metro para la ciudad.

Mientras recibimos las decisiones sobre la asignación de recursos para habilitar un salón de reuniones antihuracanes, el fuerte San Lorenzo y las fortificaciones de Portobelo se defienden solos contra la inclemencia de trópico y de los siglos. Somos espectadores mudos de su derrumbe a pedazos para desaparecer inexorablemente en el mar que los vio nacer, y para siempre.

La contradicción o paradoja hoy es una oportunidad de descubrir los valores culturales del espacio de tránsito y declarar la protección oficial de las casas de Quarry Heights, por ejemplo.

Es momento de documentar y divulgar información sobre estas casas de madera. Estas casas que aún en pie, son los únicos edificios de madera construidos para concretar la “epopeya americana en el trópico”, el Canal.   No hay más y no hay otras como las de este barrio.

Anunciar el destino de recursos a la recuperación del búnker tendría tal vez la magia que tendría en su tiempo la conservación del laberinto de Cnosos, en la isla de Creta.

Afirmo con este mensaje que Panamá y su gente merecen el objeto y destino de las decisiones de Estado en proyectos de largo alcance y de beneficio colectivo. Acciones y decisiones que apoyen a forjar la mente y el espíritu de los panameños y panameñas. Argumentos para hacer frente a la complejidad de una sociedad globalizada donde la identidad y cultura son importantes.

<> Este artículo se publicó el 1  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Asociaciones público – privadas

La opinión del Economista….

Juan Jované 

Entre los elementos más característicos de la política económica oficial se destaca como eje constitutivo lo que hemos llamado el proceso de acumulación por desposesión. Este se ha venido desarrollando por medio de un movimiento destinado a hacer retroceder las conquistas sociales, tal como ocurre con los derechos laborales, así como por la vía de un conjunto de medidas que buscan despojar a la población de sus derechos consuetudinarios al uso de determinados recursos naturales; de manera que se transita de formas comunitarias y sostenibles de utilización de los mismos a formas que, como la minería y las hidroeléctricas, resultan altamente rentables para los sectores económicamente dominantes, pero insostenibles desde el punto de vista ambiental. El objetivo principal de todo este proceso es el de consolidar el poder efectivo de la fracción de los sectores hegemónicos que controla las riendas del Estado, las que se utilizan de manera directa y desembozada para ampliar la magnitud y la velocidad de la acumulación de capital que les pertenece.

Las información reciente muestra que la tendencia de la política económica se dirige a profundizar el modelo concentrante y excluyente de nuestra economía.

Esto se evidencia en la pretensión oficial de introducir las llamadas Asociaciones Público – Privadas, las que pueden servir, por ejemplo, para ofrecer en concesión bienes, activos y recursos públicos, con el fin de que estos sean objeto de explotación por parte del capital privado. Se trata, de acuerdo a un importante medio de comunicación social, del posible otorgamiento de “derechos sobre bienes y patrimonios del Estado o de los gobiernos locales”, en condiciones tales que, de acuerdo a ese mismo medio, los expertos señalan que para el éxito de la operación la participación del Gobierno en la misma tiene que ser minoritaria.

Se trata, teniendo esto en cuenta, de la introducción de nuevos mecanismos de acumulación por desposesión, donde el conjunto de la nación es prácticamente despojada de su patrimonio, el cual pasa a ser utilizado en términos de una lógica destinada a maximizar los beneficios privados de quienes pasarán a controlarlos.

Estamos, vale la pena añadir, frente a un mecanismo con la capacidad de generar nuevas formas de privatización a nivel de un conjunto de servicios públicos básicos, como lo son la educación, la salud, el agua potable y otros.

Esta tendencia a radicalizar la acumulación por desposesión, en la medida en que afecta directamente los intereses de diversos sectores de la población panameña, lógicamente genera una resistencia de estos hacia la aplicación de las medidas que la impulsan.

La reacción de quienes la promueven desde los resortes del poder es la de avanzar hacia formas cada vez más abiertamente autoritarias y represivas de gobernar, tal como lo demuestra la aprobación de la Ley 30, así como la negativa gubernamental de considerar su derogación como un paso inicial para el diálogo nacional. En estas circunstancias la consolidación de una estrategia alternativa popular de desarrollo basada en los derechos humanos resulta una tarea inaplazable.

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Artículo publicado el 24 de agosto de 2010 en el diario el Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Acaparamiento y otros males

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La opinión de….

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Marissa Krienert
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El proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, cuyo autor es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le otorga a dicha institución la capacidad de rechazar la validez de los derechos posesorios en islas y costas y declararlos “bienes patrimoniales”, así como la discreción para determinar el precio del título basado en el precio de mercado, lo que implica que la gran mayoría de lugareños no va a tener los recursos para pagarlos y los que los adquirieron de ellos, van a tener que pagar dos veces.

La ley ha sido denunciada por 19 gremios, varias embajadas y docenas de inversionistas y lugareños.

Para justificarlo, el MEF ha lanzado una campaña de prensa infernal contra varios inversionistas que han adquirido grandes extensiones de terrenos en costas, sin importar las actividades que van a realizarse con esas tierras o si fueron adquiridas legítimamente. Las razones que el MEF nos da para introducir esta ley tan controversial son: controlar el acaparamiento de tierras, la especulación y negar la posesión a personas que la adquirieron invadiendo las tierras, sin derechos posesorios.

Con relación al acaparamiento de tierras, el hecho de que alguien tenga grandes extensiones de terreno no es necesariamente perjudicial para la sociedad y puede serhasta beneficioso. Si Disney viene a Panamá y necesita 100 mil hectáreas en una isla para hacer un parque de diversión, nadie se quejaría. Hay familias, incluyendo unas muy cercanas al poder, que tienen miles de hectáreas dedicadas a la ganadería, agricultura, conservación ecológica, ingenios, resorts y otras actividades, y nadie se queja.   Si esas personas compraron sus tierras legítimamente y las tienen dedicadas a actividades productivas, están beneficiando al país.   Entonces, ¿por qué se cuestiona y se quiere limitar la cantidad de hectáreas que una persona adquiere en islas y costas?  ¿Cuál es el propósito que se alcanza?

Si lo que queremos es regresar a la reforma agraria de los años 70, cuando el gobierno militar le quitó la tierra a los que tenían grandes extensiones de ella, entonces tenemos que prepararnos para que un gobierno izquierdista, en el futuro, expropie tierras legítimamente adquiridas bajo la excusa de que nadie debe tener muchas tierras.    Pienso que esa no es la intención de este gobierno y, por ende, los que compraron tierras legítimamente de lugareños, deben tener los mismos derechos a titular sus predios que el resto de los ciudadanos, y cualquier campaña en contra o cualquier intento de agraviarlos sería discriminatorio y contrario a la ley.

Con relación a la especulación, ¿desde cuándo el Estado controla los precios de las tierras?   Especular es comprar a un precio para vender a otro más alto y eso lo hacen todos los comerciantes del país.

En Panamá se especula con el precio del combustible, tomate, electricidad, carne, bienes raíces, entre otros. Los mercados de valores son pura especulación.   De hecho, en los últimos cinco años, la ciudad de Panamá se convirtió en un gran circo de especulación con bienes raíces, lo cual enriqueció a miles de panameños.

¿Por qué entonces un inversionista que tuvo la visión de comprar derechos posesorios baratos en lugares remotos del país, no puede venderlos a un precio más alto, especialmente si le hace mejoras y si esta actividad es legal y permitida bajo la ley existente?

El día que regulemos la especulación de bienes raíces, hasta ese día tendremos el mercado inmobiliario que tanto ha beneficiado a todo el país.

El otro argumento que usa el MEF es que hay personas que se tomaron tierras desocupadas, especialmente bosques, diciendo que había derechos posesorios sobre ellos. Aun si es verdad que esto ha sucedido, el problema no justifica una ley que cuestiona los derechos posesorios sobre bosques que fueron adquiridos legítimamente.

Porque hay borrachos, ¿vamos a prohibir el alcohol?,   porque hay accidentes de carros, ¿vamos a prohibir su circulación?, y porque hay abusos, ¿vamos a prohibir la posesión de bosques?, pues entonces la medicina es peor que la enfermedad y los justos terminan pagando por los pecadores.

La ley no puede ni debe legislar excepciones, sino establecer un principio general, el respeto a los derechos posesorios y su eventual titulación, e investigar caso por caso situaciones donde existan dudas, y tomar las medidas adecuadas en esos casos.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Realidad panameña

La opinión del médico…..

César Quintero Sánchez
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Realidad panameña

Este país es único. Desde hace 105 años, cuando nos separamos de Colombia gracias al apoyo de los constructores del Canal, hemos sido gobernados con contadas excepciones, por elementos de la clase pudiente, quienes han sido acompañados como decía mi abuela, por rabiprietos, mandaderos reciclables, quienes por alguna mínima canonjía han estado dispuestos a firmar, hipotecar o pignorar los bienes, recursos y calidad de vida de todos los panameños.

Creo que el problema básico estriba en que pocos funcionarios han tenido una plataforma de principios éticos o al menos una propuesta de alternativas a los problemas de su área de responsabilidad.  Están en los puestos por voluntad de quienes los nombran y son como veleros sin timón que se van en la dirección de los vientos, sin conducción y mucho menos sin puertos predefinidos para arribar.

A estos últimos, los hemos visto en todos los gobiernos. Algunos cacarean que son técnicos, que no son políticos, lo malo es que no se les conoce en qué o en quienes creen.

Por otro lado, algunos de los designados de a dedo, tienen la piel de cebolla y la cara de piedra.   No han sido capaces de renunciar aunque todo les salía mal, no importa dónde los pusieran. Lo lamentable es que han estado en los puestos no para hacer amigos y mucho menos para intentar el bien común y cuando todo termina, vuelven a ser los invisibles quinquenales de siempre, porque nunca tuvieron jerarquía y mucho menos vergüenza.

Realmente quienes no tenemos apellidos ilustres ni cuentas bancarias, nos contentamos con que se deje de seguir regalando nuestros ríos, montes, subsuelo y playas.   Que no se desaparezcan estatuas por decir lo menos, ni que se hagan proyectos estatales con sobreprecios vergonzosos para recibir diezmos. Que se dejen de seguir privatizando servicios públicos y bienes estatales y de establecer contratos leoninos en donde a semejanza del Tratado Bunau Varilla, Panamá cede en todas las áreas de negociación, para hacer más ricos a los que ya tienen dinero suficiente para vivir 10 ciclos de vida, si las pudieran comprar.

Créanme que lo pido a nombre del 20% que vive en condiciones de miseria, del 40% que vive en condiciones de pobreza y del 85 % de la nación que está sobreviviendo, endeudados hasta más allá de nuestros límites de crédito.

En consecuencia se hace indispensable que los gobernantes prioricen no solo los recursos financieros para dar respuestas con suficiencia y oportunidad a las necesidades y demandas que se presentan en el sector salud, sino también con la designación y asignación de sus mejores cuadros profesionales, técnicos y administrativos, para hacerle frente a los problemas, a través de la negociación permanente, en un universo sanitario que se caracteriza universalmente por transitar por caminos de dependencia, complejidad, conflicto, incertidumbre y fragmentación de su capacidad integral de respuesta.

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Publicado el 15 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El desprecio por los bienes patrimoniales

La opinión de la docente universitaria …..

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EMMA MENDOZA A.

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El desprecio por los bienes patrimoniales

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Algunos panameños aún no nos salimos de la sorpresa.  Después del sufrimiento padecido durante el nefasto periodo gubernamental recién concluido, signado por la venta incondicional e irregular de islas, costas y montañas, donde imperó el irrespeto por los bienes patrimoniales, ahora nos encontramos frente a un hecho de injustificable autoría, como lo es la continuación de las obras del PH Plaza Independencia, “pese al intento de la corregidora de San Felipe (de) suspender los trabajos, (porque) estos violan las normas de conservación en el Casco Antiguo?

En reiteradas oportunidades, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico ha escrito a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales para informarle que en el PH se han encontrado situaciones prohibidas por ley?” La Prensa , 18 de julio del 2009.

Desde antes del fallecimiento del pasado gobierno, la Dirección de Patrimonio Histórico, en cumplimiento con el sagrado deber de preservar la memoria cultural e histórica de la Nación, ordenó la suspensión de la obra, pero el entonces ingeniero municipal, Jaime Salas, en contubernio con los devastadores, ordenó la continuación de los trabajos, pese a ser violatorios de convenios internacionales.

Hoy, el hecho, suspendido temporalmente, vuelve a reanudarse, pues el “ nuevo ” ingeniero municipal, desconociendo normas y leyes, solo objeta algunas irregularidades que tienen que ver “ con unas salidas eléctricas y de plomería ” ( La Prensa , 18 de julio 2009).

Ignora acaso el nuevo ingeniero municipal que las normas que sustentan la determinación de la Dirección de Patrimonio Histórico derivan de la Ley 14 de 1882, preservadora de los bienes patrimoniales o existen razones de fuerza, y no es la fuerza de la razón la que determina la imposición del PH Plaza Independencia?

Si lo anterior ocurre por desconocimiento, no se exime de responsabilidad a quienes frente a la Administración Pública tienen el deber de ilustrarse, asesorándose con los especialistas idóneos y experimentados de la Dirección de Bienes patrimoniales. Si la violación de la norma es consciente, tememos que la pauta en el transitar administrativo no difiera mucho de lo dejado atrás, por lo menos en esta situación.

Preservar los bienes patrimoniales y culturales constituye uno de los imperativos categóricos de toda nación, que se precie de serlo, a sabiendas de que la memoria histórica y cultural de un país es el cemento que lo cohesiona, le da personalidad e identidad social; de allí que nutra a sus asociados con los valores culturales heredados generacionalmente; en consecuencia la preservación de los bienes y monumentos históricos, está fuera de toda discusión o arbitrariedad, como lo debe estar el planeado empalme de la Cinta Costera con El Casco Viejo y la contaminación visual (gigantesco plasma) propuesto por la Alcaldía en dicha “ Cinta”.

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Publicado el 4 de octubre de 2009 en el La Estrella de Panamá , y el 10 de octubre de 2009 en el Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a  la autora, todo el crédito que les corresponde.

La destrucción de un símbolo patrio

La opinión de….

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Amarillys Taylor

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La destrucción de un símbolo patrio
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Con saña sin igual y solapadamente, personas incultas que pretenden ignorar que el cerro Ancón es un símbolo patrio, querido y apreciado por todos los panameños, han procedido secretamente a la mutilación y a la destrucción de la cima de este pulmón de la ciudad.

Este cerro, en donde por izar nuestra bandera jóvenes estudiantes sacrificaron su vida, y al que le han cantado poetas, ha sido despojado de numerosos árboles y plantas, creando así una desertificación, que si bien ahora en la estación lluviosa no muestra sus nefastos signos, nos enseñará la desastrosa, irracional y poco científica manera como se ha procedido, cuando lleguen los días secos y ventosos del verano.

Parece increíble que instancias gubernamentales (MEF, Dimaud y otras) que ahora se esconden las unas detrás de otras en vista de la depredación causada, no hayan consultado con asociaciones como Ancon, Vecinos por la Defensa del Cerro Ancón y otros grupos de vecinos y ambientalistas que se preocupan porque este patrimonio de los panameños pueda seguir siendo el refugio de una flora y fauna excepcionales, en el centro de una ciudad tan polucionada como lo es Panamá.

¿Qué mosca los picó?  ¿En qué mente obtusa pasó la idea de que había que cortar cientos de árboles y plantas en un lugar en que hay roca fragilizada por la dinamita que se usó para extraer las piedras para la construcción del Canal?

Un lugar que cuenta con una muy pequeña capa de tierra vegetal sobre las rocas de la cantera, ¿podía “limpiarse” para tener una mejor “vista”, causando con ello la muerte a más o menos largo plazo de ñeques, monos, iguanas, venados, amén de pájaros e insectos en cantidades enormes?

Hay que ser ignorante e inconsciente del frágil equilibrio de este parque protegido por diversas leyes para completar este crimen ecológico sin nombre.

Todos los panameños debemos movilizarnos y protestar a una sola voz potente, para que cesen los atentados contra la naturaleza que es lo último que nos queda en este país, en donde los comerciantes del templo se han movilizado construyendo represas, horribles torres, destruyendo bosques ríos y quebradas, permitiendo la destrucción y envenenamiento por la minería a cielo abierto, para hacernos vivir en un infierno de cemento, donde el agua de las lluvias no puede ser absorbida por la tierra, causando inundaciones y miseria siempre a los más pobres, en donde la basura nos ahoga y en donde, ahora, han atacado el último símbolo de nuestra naturaleza pérdida, el cerro Ancón de todos.

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Publicado el 30 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.