Más sobre la posesión

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La opinión del Abogado….
CARLOS  B.  PEDRESCHI
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El problema de los derechos posesorios relacionado con los denominados terrenos baldíos del Estado, viene suscitando mucho interés y mucha preocupación en la sociedad panameña.

Las apreciaciones que siguen se proponen contribuir a una visión más comprensiva y práctica del problema.

Debo empezar por señalar que ningún problema puede ser comprendido si se ignoran las referencias básicas que le son inherentes y la naturaleza que le es propia.

En consideración a lo dicho, adelanto las referencias que siguen:

En el Derecho panameño una cosa es el derecho de propiedad y otra, suficientemente distinta, es el derecho de posesión.

En la esfera privada, reconocida y regulada por el Código Civil, es legalmente posible que, transcurrido cierto tiempo y cumplidos otros requisitos, el derecho de propiedad sobre un inmueble particular ceda su lugar de posesión y éste se convierta en derecho de propiedad.

En la esfera pública el caso es distinto. En ésta, no opera la prescripción o, lo que es lo mismo, el titular de un derecho posesorio no adquiere un derecho de propiedad por el solo transcurso del tiempo, independientemente de la extensión o prolongación del mismo. Sencillamente, los derechos contra los bienes del Estado no prescriben.

Lo dicho no significa que un derecho posesorio no pueda convertirse en derecho de propiedad respecto de un terreno baldío del Estado. Lo dicho significa que ese derecho de propiedad no puede adquirirse, como en la esfera privada, por prescripción, esto es, por el mero transcurso del tiempo. Más aún: de hecho históricamente la imprescriptibilidad nunca ha sido un obstáculo para que el Estado transforme derechos posesorios en derechos de propiedad sobre terrenos baldíos.

Lo dicho, encuentra fácil explicación. Si la Constitución Política del país reconoce expresamente el derecho de propiedad privada sujeta ésta a una función social, obviamente con mayor razón, precisamente por públicas, las tierras baldías del Estado están afectas a una función necesariamente pública e igualmente social.

Al inicio de las presentes reflexiones adelanté que un problema no podía ser comprendido si se ignoraban las referencias que le eran inherentes y si, además, se ignoraba la naturaleza que le era propia.

Ya dentro del área anunciada, debo empezar por señalar que, en ningún Estado del mundo, la naturaleza propia de un problema la da el texto de la Ley, sino la materia que ésta regula. Un ejemplo bastará: cuando la Ley regula un problema de sanidad, la naturaleza del problema es sanitario.

En mi concepto, los derechos posesorios sobre tierras baldías del Estado tienen una naturaleza eminentemente económica y social, y así debe ser entendida por los funcionarios encargados de administrar las normas legales correspondientes.

Las implicaciones económicas y sociales resultantes de la conversión de derechos posesorios en derechos de propiedad a expensas de tierras baldías del Estado es, por lo demás, de tal magnitud que nadie, poseedor de una mediana ilustración y suspicacia, tiene derecho a ignorar.

La magnitud de las implicaciones económicas y sociales a que me refiero en el párrafo anterior es comparable, proporciones guardadas, con la conversión de la economía informal del país a la economía formal. El problema, por la naturaleza que le es propia, no puede resolverse con simples legalismos o criterios puramente formales.

Probablemente no esté de más destacar una advertencia: dado los apremios fiscales que confronta el Estado y el incremento del valor de mercado de los derechos posesorios en Panamá, no es de extrañar que las autoridades correspondientes reparen más en los beneficios fiscales que ofrece la coyuntura, que en la magnitud de los beneficios económicos y sociales resultantes del otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos del Estado.

Evidentemente, nada sería más desafortunado para el país que acercarse al problema que se confronta con mentalidad de corredores de bienes raíces.

Finalmente, lo que sí debe ser una preocupación mayúscula de las autoridades correspondientes en cada caso de otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos, es asegurarse la total garantía de que los dueños de estas tierras cumplan la responsabilidad de proteger el medio ambiente, so pena de multas severas, incluyendo la pérdida del título.

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Publicado el 17 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, y el 20 de diciembre de 2009 en el Diario La Prensa, a quienes  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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El contrato social ‘versus’ la ley

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La opinión del Abogado…..

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Carlos Ernesto González Ramírez
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La sabiduría oficial dice que todas las tierras dentro del territorio nacional que no están tituladas constituyen bienes patrimoniales del Estado. Por consecuente, las personas que tienen derechos posesorios solo tienen derechos de uso, y tienen que comprarles sus propias tierras al Estado al precio que este pida.

Para justificar tal conclusión, ellos usan un argumento legal complicado que mezcla preceptos constitucionales, leyes y definiciones de palabras y que va así:   La Constitución Política de 1972, en el artículo 257, dice que “Pertenecen al Estado… Las tierras baldías”.

El Código Agrario de 1962 define tierras baldías como aquellas que no tienen título de propiedad, sean ocupadas o no. Además, el artículo 1670 del Código Civil, adoptado en 1969, dice que “las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios, y de las entidades autónomas y semiautónomas, son imprescriptibles”.

Lo anterior nos da la esencia del argumento oficial: En algún momento, la tierra se encontraba en su estado natural y era baldía. Ella fue ocupada, pero, dado el artículo 1670, los ocupantes nunca adquirieron la propiedad porque las tierras que eran del Estado son imprescriptibles.

El argumento oficial tiene cuatro problemas. Primero, el Código Agrario es anterior a la Constitución, y su definición choca con el sentido común de las palabras en el Diccionario de la Lengua Española, que define tierras baldías así: “Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. Dicho de un terreno: Del dominio eminente delEstado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo”.

Es decir, la tierra es verdaderamente baldía solo cuando está en su estado natural y no ha sido ocupada. La simple ocupación cambia su carácter de un terreno baldío que le pertenece al Estado a propiedad privada perteneciente al que lo ocupa.

Segundo, con relación al artículo 1670, cuando la cláusula fue adoptada en 1969, su intención era que se aplicara a fincas patrimoniales tituladas y no a tierras nacionales sin título, para evitar la prescripción otorgada por la Corte Suprema de unas fincas municipales. Además, la ley no debiera ser retroactiva, y por ende los que tenían la posesión antes de 1969 pueden prescribir contra el Estado.

Tercero, la posición oficial está en conflicto con una realidad en el mundo de los hechos, y es que cientos de miles de panameños poseen tierras y son dueños de derechos posesorios. Ellos están dispuestos a luchar por sus tierras, han recibido la protección de las cortes de justicia y son considerados por el pueblo panameño como los legítimos dueños de sus tierras.  En ese sentido, el Código Agrario y el artículo 1670 son leyes positivas (que emanan de una asamblea) que son contrarias a la costumbre y al contrato social, por tanto, esas leyes son obsoletas, incorrectas y deben ceder para alinearse con el contrato social.

Por último, los poseedores de tierra gozan de la protección a la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La propiedad constitucional que garantiza el artículo 47 de la Constitución es un derecho natural inalienable que nace del dominio con ánimo de dueño de un bien, ya sea un automóvil, un caballo, una camisa o la tierra. Así lo dijo Picard Ami en 1972 durante los debates constituyentes: “… la propiedad es un derecho natural”.

Así también lo establece Carnetlutti en su obra maestra Cómo nace el Derecho: “la propiedad nace, en el terreno de la economía, antes que el derecho; la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico”. El pensamiento filosófico que prevalece en Occidente desde la Iluminación, expresado por John Locke, también afirma que “El que se apropia de un bien común que encontró en su estado natural ha mezclado su trabajo y unido a éste algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad”. Muchos fallos de las cortes internacionales de justicia afirman que la fuente de la propiedad es la concepción “lockeana” de la posesión, y no un registro.

Si la propiedad sobre la tierra naciera de un registro y no de la posesión, entonces la propiedad no fuese un derecho inalienable en Panamá, pues cualquier gobierno podría erradicarla simplemente eliminando el registro público. Consecuentemente, ni el Código Agrario ni el artículo 1670 pueden derogar la propiedad privada que tienen los tenedores de derechos posesorios, pues sus derechos son superiores a la ley positiva que emana del poder y están garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales.

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Publicado el  7 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Posesión y propiedad

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La opinión de….

Publio Ricardo Cortés C.
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El Código Civil que Andrés Bello redactó para Chile, adoptado en Colombia, solo rigió en Panamá hasta 1917, cuando entró a regir el panameño.   Según el párrafo 13 de la exposición de motivos, en materia de posesión, los redactores panameños se separaron del modelo colombiano por considerarlo “difuso en demasía”.   En su lugar, siguieron en general el Código Español.

Simplificando, digamos que el sistema regula la relación de las personas con los bienes en dos grados.   El grado preliminar, llamado posesión, y el grado pleno, llamado propiedad.   Cada uno tiene sus ventajas, pero no hay duda de que son diferentes, esencialmente porque el que está en grado preliminar tiene una menor jerarquía.

Cuando la persona tiene el grado preliminar (posesión), actúa frente a la cosa, la retiene, “con ánimo de dueño”, es decir, con la actitud de un propietario, aunque no lo sea.   En esta situación, la persona está en mejor derecho respecto del bien, si lo comparamos con otros que ni siquiera tienen esa retención.   Por eso, el poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, puede exigirle al intruso que no tiene vínculo con el bien que salga de su predio, incluso puede vender en el mercado ese derecho.   La protección de la posesión llega al punto que la misma se puede heredar, tal como lo ha reconocido la Corte.

Sin embargo, pese a toda esta protección, la posesión no es propiedad. Una de las pruebas más claras está en el artículo 337 del Código Civil, que es la norma fundacional de la definición de propiedad en Panamá, cuyo texto es sustancialmente igual al del Código Civil de España, donde se dispone que “El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para reinvindicarla”.  Queda claro que posesión no es propiedad, porque si fueran lo mismo, entonces el que tiene grado pleno (propiedad), no tendría acción para recuperar el derecho ejercido contra él, por el que tiene grado preliminar (poseedor).

Cosa diferente es que el que tiene grado preliminar (posesión), entre particulares, puede convertirse en grado pleno (propiedad),  incluso contra el propietario, si prueba en juicio que mantuvo la posesión por un tiempo determinado (generalmente 15 años).   En ese caso no tiene que pagar por la tierra.   Dicha posesión tiene que ser ininterrumpida y “con ánimo de dueño”. Al respecto, el comentarista del Código Civil Español, Manresa y Navarro, resalta “la necesidad de la creencia de poseer la cosa como propia, para que la posesión pueda convertirse, por el transcurso del tiempo, en verdadero derecho de propiedad”.   Eso se llama prescripción adquisitiva de dominio.

En síntesis, el poseedor no es propietario, pero si se ejerce la posesión por un tiempo en un predio privado, puede convertirse en propietario sin pagar.

Ahora bien, ¿qué pasa si el predio es un baldío del Estado?   Sobre los predios del Estado también se puede ejercer posesión, por cuanto la misma es una situación de hecho. No obstante, el poseedor no puede adquirir el grado pleno (propiedad) por el transcurso del tiempo, porque el Código Civil prohíbe la prescripción en baldíos del Estado.   ¿Qué tiene que hacer en estos casos el poseedor para alcanzar el grado pleno (propiedad)? Tiene que comprar al Estado el bien, tal cual se ha venido haciendo desde inicios de la República.

Claro está, que el Estado decide si es oportuno vender o no, de acuerdo a los planes de desarrollo que tenga. ¿Cuál es la ventaja de tener la posesión en un predio baldío del Estado? La ventaja es importante: que si el Estado decide vender, debe venderle directo al que tiene la posesión, sin hacer licitación.

Lo que ha pasado en Panamá es que hay algunas personas que han sembrado la confusión, para hacer creer a algunos interesados que el grado preliminar (posesión) es igual al grado pleno (propiedad).   De otra forma, también han hecho creer a muchos que se puede adquirir por prescripción contra el Estado, a pesar de la prohibición del Código Civil.

Por cualquiera de las dos vías quieren llegar a su meta predeterminada: convencer a la gente que ya la tierra es suya, para obtener en propiedad tierras baldías del Estado sin pagar o pagando solo precios simbólicos.

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Publicado el  5 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Acaparamiento y otros males

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La opinión de….

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Marissa Krienert
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El proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, cuyo autor es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le otorga a dicha institución la capacidad de rechazar la validez de los derechos posesorios en islas y costas y declararlos “bienes patrimoniales”, así como la discreción para determinar el precio del título basado en el precio de mercado, lo que implica que la gran mayoría de lugareños no va a tener los recursos para pagarlos y los que los adquirieron de ellos, van a tener que pagar dos veces.

La ley ha sido denunciada por 19 gremios, varias embajadas y docenas de inversionistas y lugareños.

Para justificarlo, el MEF ha lanzado una campaña de prensa infernal contra varios inversionistas que han adquirido grandes extensiones de terrenos en costas, sin importar las actividades que van a realizarse con esas tierras o si fueron adquiridas legítimamente. Las razones que el MEF nos da para introducir esta ley tan controversial son: controlar el acaparamiento de tierras, la especulación y negar la posesión a personas que la adquirieron invadiendo las tierras, sin derechos posesorios.

Con relación al acaparamiento de tierras, el hecho de que alguien tenga grandes extensiones de terreno no es necesariamente perjudicial para la sociedad y puede serhasta beneficioso. Si Disney viene a Panamá y necesita 100 mil hectáreas en una isla para hacer un parque de diversión, nadie se quejaría. Hay familias, incluyendo unas muy cercanas al poder, que tienen miles de hectáreas dedicadas a la ganadería, agricultura, conservación ecológica, ingenios, resorts y otras actividades, y nadie se queja.   Si esas personas compraron sus tierras legítimamente y las tienen dedicadas a actividades productivas, están beneficiando al país.   Entonces, ¿por qué se cuestiona y se quiere limitar la cantidad de hectáreas que una persona adquiere en islas y costas?  ¿Cuál es el propósito que se alcanza?

Si lo que queremos es regresar a la reforma agraria de los años 70, cuando el gobierno militar le quitó la tierra a los que tenían grandes extensiones de ella, entonces tenemos que prepararnos para que un gobierno izquierdista, en el futuro, expropie tierras legítimamente adquiridas bajo la excusa de que nadie debe tener muchas tierras.    Pienso que esa no es la intención de este gobierno y, por ende, los que compraron tierras legítimamente de lugareños, deben tener los mismos derechos a titular sus predios que el resto de los ciudadanos, y cualquier campaña en contra o cualquier intento de agraviarlos sería discriminatorio y contrario a la ley.

Con relación a la especulación, ¿desde cuándo el Estado controla los precios de las tierras?   Especular es comprar a un precio para vender a otro más alto y eso lo hacen todos los comerciantes del país.

En Panamá se especula con el precio del combustible, tomate, electricidad, carne, bienes raíces, entre otros. Los mercados de valores son pura especulación.   De hecho, en los últimos cinco años, la ciudad de Panamá se convirtió en un gran circo de especulación con bienes raíces, lo cual enriqueció a miles de panameños.

¿Por qué entonces un inversionista que tuvo la visión de comprar derechos posesorios baratos en lugares remotos del país, no puede venderlos a un precio más alto, especialmente si le hace mejoras y si esta actividad es legal y permitida bajo la ley existente?

El día que regulemos la especulación de bienes raíces, hasta ese día tendremos el mercado inmobiliario que tanto ha beneficiado a todo el país.

El otro argumento que usa el MEF es que hay personas que se tomaron tierras desocupadas, especialmente bosques, diciendo que había derechos posesorios sobre ellos. Aun si es verdad que esto ha sucedido, el problema no justifica una ley que cuestiona los derechos posesorios sobre bosques que fueron adquiridos legítimamente.

Porque hay borrachos, ¿vamos a prohibir el alcohol?,   porque hay accidentes de carros, ¿vamos a prohibir su circulación?, y porque hay abusos, ¿vamos a prohibir la posesión de bosques?, pues entonces la medicina es peor que la enfermedad y los justos terminan pagando por los pecadores.

La ley no puede ni debe legislar excepciones, sino establecer un principio general, el respeto a los derechos posesorios y su eventual titulación, e investigar caso por caso situaciones donde existan dudas, y tomar las medidas adecuadas en esos casos.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Tierras baldías y derechos posesorios

La opinión de……

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Mario J. Galindo H.

En fechas más o menos recientes, se ha articulado la tesis de que, conforme al derecho panameño, las tierras estatales comúnmente denominadas baldías se convierten en propiedad de quien, sin más títulos que su propia voluntad, se afinque en ellas y las explote o utilice con ánimo de dueño.

Dicha tesis equivale a afirmar que en Panamá el poseedor de tierras baldías deviene en propietario de las mismas, sin que sea para nada necesario acto de adjudicación alguno por parte del Estado, dado que la referida adjudicación, en el mejor de los casos, solo vendría a reconocer el derecho de propiedad preexistente ya adquirido por el poseedor.

Discrepo de esa tesis. En mi opinión, ella no es de recibo. En Panamá el derecho de dominio o de propiedad sobre las tierras estatales, sean éstas de dominio público, baldías o patrimoniales, no se puede adquirir mediante el simple acto de ocuparlas y de poseerlas, independientemente del tiempo que dure la posesión.

Así lo disponía la parte pertinente del artículo 1670 del Código Civil aprobado en 1917, según el cual “las tierras baldías nacionales son imprescriptibles”, y así lo dispone hoy esa misma norma a tenor de la reforma que se le introdujo mediante el Decreto de Gabinete No. 75 de 21 de marzo de 1969, que preceptúa que “las tierras de propiedad de la Nación, de los municipios y de las entidades autónomas o semiautónomas oficiales son imprescriptibles”.

Para los legos en materias jurídicas me permito aclarar, sin entrar en sutilezas técnico–legales, que la prescripción adquisitiva o usucapión es un modo de adquirir el derecho de propiedad o dominio de una cosa por haberla poseído su ocupante durante el tiempo que establezca la ley.   En virtud de la usucapión se produce el fenómeno jurídico, conocido desde los tiempos del derecho romano, de que la posesión se transforma en propiedad.

Las normas del Código Civil que acabo de transcribir disponen, sin ningún género de dudas, que en Panamá esa transformación no puede darse en el caso de los bienes que pertenezcan al Estado.

Tal vez no sea ocioso precisar que la reforma del citado artículo del Código Civil obedeció al hecho de que, como hemos visto, su texto original solo vedaba la prescripción respecto de las tierras estatales que tuvieran el carácter de baldías y no respecto de los demás bienes raíces del Estado.

Esa circunstancia dio lugar a que nuestros tribunales adoptaran en ocasiones la posición de que los bienes patrimoniales del Estado sí eran usucapibles. Para evitar que ello siguiera ocurriendo, se amplió, en la forma indicada, el criterio de la imprescriptibilidad de los bienes estatales, amparándolos así a todos contra el riesgo de la usucapión.

Probablemente el último caso de prescripción de un bien patrimonial del Estado fue el resuelto mediante sentencia de 14 de agosto de 1973 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dictada incluso después de la aprobación del ya mencionado Decreto de Gabinete No. 75 de 1969.

En dicho caso, la Corte se pronunció en el sentido de que cuando se dictó el referido decreto de gabinete ya el demandante había adquirido por prescripción unos terrenos patrimoniales pertenecientes a una entidad descentralizada del Estado y que como el decreto de gabinete no tenía efectos retroactivos, procedía reconocerle al demandante el derecho de propiedad que ya había ingresado en su patrimonio, por prescripción o usucapión, sobre los terrenos en cuestión.

La Constitución colombiana de 1886, que rigió en Panamá hasta la fecha de nuestra independencia, disponía que las tierras baldías pertenecían al Estado. Lo propio han hecho todas las constituciones panameñas, a partir de la de 1904.

A mayor abundamiento, el Código Fiscal aprobado en 1917 determinó que son tierras baldías “todas las que componen el territorio de la República con excepción de las que en cualquiera época hayan sido legítimamente apropiadas y de las que pertenecen hoy a personas naturales o jurídicas en virtud de justo título”.

Esta definición se repitió en el hoy derogado artículo 100 del Código Fiscal de 1956 y se reprodujo en el vigente artículo 24 del Código Agrario, que reza así:  “son tierras baldías todas las que componen el territorio de la República, con excepción de las que pertenezcan en propiedad privada a personas naturales o jurídicas”.

A la luz de lo que llevo dicho es claro que en Panamá todas las tierras que no sean de propiedad privada pertenecen al Estado, en calidad de tierras baldías, y que, como éstas no son usucapibles, aunque sí enajenables, los particulares únicamente pueden adquirirlas mediante la celebración de contratos de adjudicación con el Estado, en los términos y condiciones que establezca la ley.

Cabe entonces preguntar ¿en qué consisten los llamados derechos posesorios que los particulares derivan de su ocupación de tierras baldías con ánimo de dueño? La posesión es, ante todo, un hecho físico. Así lo entiende la doctrina jurídica desde los tiempos del derecho romano.

De ese poder o señorío de hecho o material sobre las cosas dimanan ciertos derechos que en Panamá han venido a denominarse “derechos posesorios”.

Uno de ellos se tutela a través de la llamada defensa interdictal de la posesión, merced a la cual el poseedor puede retener o recuperar su posesión y así conservarla mientras no sea vencido en juicio por quien tenga mejor derecho sobre el bien de que se trate. Otro es el derecho de traspasar a terceros la posesión, incluso a título herencial.

Sin duda el más importante de los derechos posesorios es, precisamente, el de adquirir, por prescripción adquisitiva o usucapión, la propiedad o dominio sobre el bien sujeto al poder o señorío de hecho del poseedor.

Como queda dicho líneas atrás, por efecto de la usucapión la posesión en concepto de dueño se transforma en el derecho de propiedad sobre la cosa poseída.   De este derecho es titular quien ocupa y posee en Panamá terrenos de propiedad privada, pero no, según queda explicado, quien ocupa terrenos pertenecientes al Estado, sean éstos de dominio público, baldíos o patrimoniales, no importa por cuánto tiempo se prolongue su posesión.

En el caso de los bienes estatales, el poseedor solo puede acceder al derecho de propiedad o dominio sobre las tierras baldías o patrimoniales mediante el correspondiente trámite de adjudicación, siempre con sujeción y con arreglo a lo que sobre el particular disponga la ley.

Así es desde los albores de la República.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.