Violencia institucional

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO  LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Miles de personas sufren de diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en nombre del mantenimiento de la Ley y el orden.

Paradójicamente las instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos grupos de personas en víctimas de una violencia institucional que, según los especialistas, son discriminados por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado, o por el hecho de estar organizados.

Fenómenos como la represión, la impunidad, la injusticia, la desigualdad social, aunados a la militarización de los cuerpos policíacos, son utilizados para contener a los movimientos sociales, siendo estrategias comunes la difamación de movimientos que se consideran divergentes, además de otras organizaciones sociales que representan una critica al modelo económico y social que establece el Estado, estas estrategias son utilizadas para mantener la apariencia de un orden y un estatus.

Entre todas las formas de violencia, la que ejerce la Policía, que incluye la violencia física, verbal y psicológica en contra de la población, tiene ciertas particularidades. Aunque está generalizada y extendida, mucha de ella se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento. Sería invisible si no es por las denuncias de las víctimas, de sus familiares o por el accionar de las organizaciones sociales, o tal como ocurrió en el Centro de Custodia de Menores, por la presencia de los medios de comunicación social.

Todo este cúmulo de acciones y otras tantas son una realidad cotidiana en Panamá, afectando a diversos sectores sociales (obreros, campesinos, indígenas, comunales, educadores, profesionales, ambientalistas, comunicadores sociales, promotores de derechos humanos, entre otros), que es mantenido por una espiral de violencia, que se ejerce de manera sistemática por las instancias del poder.

El gobierno de Martinelli ha ejercido todo tipo de violencia. En el orden de la violencia física, la masacre de Bocas del Toro constituye la más clara evidencia de violencia institucional, no solo por la magnitud de la represión física y sus resultados, sino también por el escenario de terror que sembró; ello acompañado de impunidad para quienes cometieron crimen de lesa humanidad. Igualmente con la masacre del Centro de Custodio de Menores. Pero la ola represiva no se detiene, durante esta semana se reprimió a pescadores de Pedregal en el distrito de David, estudiantes universitarios, indígenas y pobladores.

Esta violencia física que se comete cada vez con mayor frecuencia por parte del gobierno, es una agresión intencional que ocasiona daños a la integridad física con el fin de someterla. Este tipo de violencia es terrible, porque no solo ocasiona daños físicos que a veces hasta llegan a incapacitar a la persona, sino que también dejan huellas emocionales profundas y daños muchas veces irreversibles.

Pero, también, la violencia es psico—emocional, que consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, burlas y silencio.   Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional de las personas.

Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y Alma Cortés han mostrado habilidad en este tipo de violencia. El llamar a los obreros de la construcción ‘maleantes de mierda’; el acusar a los indígenas de borrachos, el ordenar tirar a matar.   Igualmente, la elaboración de expedientes amañados a dirigentes del movimiento social, el silencio frente al feminicidio; los indultos a 125 policías, muchos de ellos involucrados en violencia institucional; restricciones a la información y mayor cercenamiento a la libertad de expresión. El guardar silencio frente a las causas de la falta de agua potable, la desidia en atender el problema de recolección de basura, el crimen ecológico, la falta de medicamentos en la CSS, el alto costo de la vida y los bajos salarios; los engaños a jubilados y pensionados que solicitan aumentos de sus pensiones, son otros ejemplos que tienden a generalizarse como política gubernamental.

 

Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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La naturaleza del Estado

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La opinión del Economista, Docente Universitario y Político…

JUAN  JOVANÉ
De acuerdo con la doctrina cristiana el Estado debe constituirse y actuar como el garante del bien común.   Es así que Juan XXII en su Mater et Magistra explica la posibilidad y deber que tienen los poderes públicos “de reducir los desniveles entre diversos sectores de la producción, entre las diversas zonas dentro de la comunidades políticas y entre diversas naciones en el plano mundial; como también de contener las oscilaciones en el sucederse de las condiciones económicas y de afrontar con esperanzas de resultados positivos los fenómenos de la desocupación de masas”. Esta visión de un Estado al servicio de la comunidad con una clara opción preferencial por los pobres aparece, sin embargo, radicalmente negada en nuestra realidad, en la que predomina un Estado que por medio de lo que podemos calificar de acumulación por desposesión practica la depredación de la comunidad a favor de una pequeña fracción de la población.

No solo se trata de recordar que, pese al amplio crecimiento observado en la economía en los últimos años, cerca del 40% de la población sigue viviendo en pobreza, que el 17% de la misma se mantiene en condiciones de subnutrición, que cerca del 42.1% de los trabajadores no agrícolas se encuentren en situaciones de informalidad, mientras que un pequeño grupo privilegiado conformado por apenas el 10% de la población logra concentrar casi el 40% del ingreso nacional disponible. Se trata también de llamar la atención de cómo actualmente el Estado ha venido actuando como un instrumento de acumulación por desposesión, es decir como una maquinaría que suprime y limita los derechos de la comunidad para asegurar la creciente acumulación de la pequeña fracción que lo domina.

Se trata no solo de afectar los derechos de los trabajadores asalariados, sino de utilizar la inflación como medio de transferir ingresos desde la población hacia los comerciantes especuladores, de desposeer a las comunidades indígenas y campesinas de sus recursos naturales con el fin de asegurar la acumulación de las transnacionales de la minería y del sector energético, de arruinar a los pequeños y medianos productores del campo para permitir que el agro panameño caiga en mano de los llamados Agribusiness, a la vez que se desposee a los pequeños pescadores de sus medios de vida con el fin de facilitar la más alta rentabilidad posible para el capital que se valoriza gracias a las actividades turísticas.

A esto, sin embargo, se debe añadir la propia depredación que ocurre dentro del propio Estado, la que se manifiesta nítidamente en la creciente importancia que han cobrado elementos tales como la contratación directa indiscriminada, acompañada ahora por la eliminación del control previo y leyes represivas.

La construcción de un Estado guiado hacia el bien común, y comprometido con la opción preferencial con los pobres es hoy una tarea ineludible, la cual solo es posible cumplir por medio de la organización de la población en una fuerza social independiente, capaz de unificar a quienes hoy son víctimas de la rapiña neoliberal.

 

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<>Artículo publicado el  14  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Antídoto político para un envenenamiento

La opinión de…

 

Sebastián Vásquez Bonilla

Me llama la atención que en el caso del envenenamiento masivo en la Caja de Seguro Social (CSS) las víctimas aún no han sido resarcidas satisfactoriamente.   Es un caso en el que no hay duda de quiénes fueron los afectados ni de quién es el culpable, el Estado; lo que me permite cuestionar el trabajo de los abogados en favor de las víctimas.

Estamos hablando de un envenenamiento ocasionado en una entidad pública, perpetrado por funcionarios públicos a asociados que pagaron por un servicio. No entiendo cómo el Estado rehúsa darle una pronta atención a este caso, donde tratan a las víctimas como si hubieran adquirido la enfermedad (o la muerte) por conducir borracho, por una riña callejera, por una sobredosis de droga o por un acto sexual. Señores de la CSS, esa gente fue a sus instalaciones en busca de un medicamento para mejorar su salud y en su lugar ustedes les dieron un veneno. ¿Eso no les causa ningún pesar?

Entiendo que el Estado quiera buscar atenuantes por el error cometido o ponerle nombre y apellido a los responsables pero, ¡por favor!, ¡ya basta!, devuélvanle algo de lo que inocentemente se le arrebató a esa gente. El Estado debe primero cumplir con las víctimas que ha ocasionado y luego tratar de recuperar su dinero de los responsables directos, sean estos ejecutivos, farmacéuticos, vendedores, españoles o chinos.

No me sorprendería que detrás de todo esto estén involucrados políticos de oposición tratando de “pescar en río revuelto”, lo que me hace pensar que a los gobiernos de turno les preocupa que al compensar a los afectados alguien de oposición gane créditos. Me imagino que también hay oportunistas “juega vivos” que quieren hacerse las víctimas de un jarabe que nunca tomaron, a quienes el gobierno no quiere darles dinero. Sobre esto puedo decir que cualquier experto en estadística podrá demostrar que la cantidad de asegurados que no se enteraron de que fueron envenenados por esos “jarabes” o que, simplemente, no quisieron presentar su denuncia es superior a los infiltrados como víctimas; así que ¡por favor! paguen a esas personas lo que se merecen.

Pienso que este caso aún no se ha resuelto, porque está en manos de políticos, por tal, “la solución” será política y nunca será justa ni de contenido social. No se puede decir que no hay dinero, porque hemos visto cómo han salido los millones para personas que poco cotizaron para la CSS e, incluso, para personas que nunca pagaron impuesto.

Avergüenza decirlo, pero el problema está en que los envenenados son pocos.   Los afectados no representan tantos votos como los jubilados y los no jubilados mayores de 70 años. A los gobiernos de turno les duele dar tanto dinero a unas cuantas personas, aunque se lo merezcan. Ellos prefieren dárselo a otros que no se lo merecen, después que generen muchos votos. ¡Qué asco!

Lo anterior me recuerda una ocasión en que la Universidad de Panamá logró que el gobierno le diera una partida extraordinaria para desarrollar las áreas científicas. El apoyo se dio pero condicionado a que el mismo se invirtiera en los cursos básicos, dejando las necesidades de los cursos avanzados y de las investigaciones en segundo plano. Dado el hecho de que el apoyo se ofreció previo a las elecciones presidenciales de ese entonces, no me quedó duda de que los gobernantes de esa época preferían comprar miles tubos de ensayo para cientos de estudiantes de primer año, que seguramente no terminarían la carrera, que comprar un aparato para una docena de estudiantes graduandos o investigadores. Así es como ellos se manejan.

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<> Este artículo se publicó el 11  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El mito de la República continúa

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La opinión del Filósofo e Historiador…

Jorge De Las Casas

“Llevamos 107 años de vida republicana”, se oye decir. Pero es falso. Esta expresión es reprobable desde el punto de vista histórico y político (y así lo recogerán en su momento los manuales de historia, politología y derecho).  Lo que llevamos son 107 años de independencia, 107 años como Estado nacional, 107 años de vida soberana, si se quiere. Pero hablar de cien años de república es tan falso como haber celebrado según algunos “el Centenario de la República” en 2003. Cien años del Estado panameño fue todo lo que se celebró entonces —y eso es bastante—. La Segunda República.

Entre 1968 y 1989 Panamá conservó la ficción jurídica de “república” ante la comunidad internacional por razones de conveniencia, pero no vivió como tal (esto no debe asombrar; sucede incluso en países con mayor tradición política, y luego la historia lo corrige. Más adelante pondré ejemplos). A principios de 1990 volvió a organizarse radicalmente la república, lo que deberá llamarse en los futuros libros de historia, de ciencia política, de sociología y derecho, la “Segunda República” (y en su momento, quizá también lo reconozca así una nueva Constitución, como debería de ser). No importa el terrible retraso que el no haberlo hecho de este modo ha supuesto hasta ahora para nuestra conciencia democrática. Nunca es tarde para la historia, y la historia algún día le llamará a este período en que hoy vivimos  “el período de la Segunda República”. Puede ser que suceda ahora o en el siglo XXII.

República, monarquía y dictadura. La república no es el Estado.  La república es una forma de gobierno caracterizada por su oposición a la monarquía y a la dictadura.   El llamar a tantos países repúblicas (República de El Salvador, República de Costa Rica, República de Panamá) como parte del nombre oficial alimenta la confusión, pero no es lo mismo Estado que república, repito.    La república es un régimen alternativo, electivo y temporal.  El poder, en un régimen republicano, no está asociado a ninguna forma de herencia o permanencia. La monarquía, en cambio, es un régimen dinástico, hereditario, no electivo y permanente. España, por ejemplo, es un reino, no una república.   Aunque es monarquía parlamentaria y su jefatura de Gobierno se juega en elecciones, no sucede igual con su jefatura de Estado que está ligada por herencia a una rama de los Borbones. Y los informadores deben evitar el grave error de referirse a España como “la república española”. La dictadura, por su parte, es una especie de monarquía sin sangre azul, y más bien repudiada –porque la monarquía puede tener apoyo popular por razones de tradición histórica, pero la dictadura normalmente es rechazada por aquellos a los que gobierna y también carece de elegibilidad y alternabilidad—. A veces se hace dinástica.    El Imperio Romano comenzó siendo una monarquía, luego se convirtió en República —res publica: la cosa pública, en latín, la cosa  o los asuntos de todos—  y finalmente devino en Imperio con Octavio César Augusto, el cual, lo mismo que sus sucesores, ejerció una dictadura personal.   Un corte en la vida democrática.

Por su relación con la elegibilidad y la alternación en el poder (que aquí gustamos de llamar alternabilidad, con gracioso panameñismo, y en Guatemala y Nicaragua, alternancia), ya se ve la relación del concepto de “república” con la vida democrática. Las monarquías y las dictaduras acostumbran interrumpir los regímenes republicanos.   Así, España ha tenido dos repúblicas (una en el siglo XIX y otra en el siglo XX) entre varios períodos monárquicos y un período dictatorial franquista. Por su parte, Francia ha tenido cinco repúblicas alternando con monarquía, imperio, dictadura nazi (la república tutelada de Vichy).    Finalmente entre la cuarta y la quinta república francesa todo lo que hubo fue un cambio constitucional, algo mucho menos revolucionario que el cambio que sufrió Panamá al retornar a la democracia después de 21 años de dictadura y tras una invasión.

Hacia una división de la historia patria. 

En otras palabras, o se tiene monarquía, o se tiene dictadura o se tiene república. El Estado puede ser monárquico, dictatorial o republicano (y digo verdaderamente republicano).    Panamá no tuvo, en la práctica (sino solo en la ficción jurídica), una república mientras duró el interregno militarista (1968-1989).   El poder real siempre residió en los cuarteles sin alternabilidad posible y sin elegibilidad con sentido democrático (entre 1968 y 1972 no hubo elecciones ni Constitución; entre 1972 y 1978 hubo Constitución, pero los cargos principales estaban ocupados por el poder militar supremo o nombrados por este; desde 1978 se empezaron a organizar partidos, pero toda elección fue espuria y sin alternativa real hasta la invasión de 1989). Los años de república, por lo tanto, no son continuos desde nuestra independencia. Solo los de Estado nacional independiente.

Lo de la ficción jurídica se entiende, ¿podían acaso los militares o sus adláteres decir: “miren, aquí usurpamos el poder.   Llámennos dictadura y no república, militocracia y no democracia?   Y es una ficción malintencionada compartida por la experiencia de muchos países. Por eso los expertos internacionales se preguntan muchas veces: ¿deberían llamarse repúblicas Corea del Norte, Siria, Egipto, o la Cuba de Fidel?    A veces nadie se acuerda de llamar a las cosas por su nombre, o no les preocupa.     Pasó después de que se cayó la dictadura panameña.   Ni pareció prioritario crear una Constitución nueva que respondiera a una nueva realidad, ni llamar al pasado por su nombre. Pero bueno, en la misma Alemania cuando terminó el Reich del Kaiser Guillermo, advino la República de Weimar, pero el Estado siguió llamándose Reich, aunque ya había renunciado a serlo.   Y cuando subió al poder Adolf Hitler, el Führer no se molestó en abolir la Constitución republicana de Weimar, aunque era obvio que ya el país no era una república sino una dictadura. Fueron los historiadores, después, los que pusieron las cosas en su lugar.

Por lo tanto, se requiere una división de la historia patria, al estilo francés o español, llamando las cosas por su nombre: Primera República (1903-1968), Interregno Militar (1968-1989) y Segunda República (1990-hasta hoy), como un reconocimiento por parte de los libros de historia, de derecho constitucional y de ciencia política de la división real que existió y sería de desear que también lo reconociere así una nueva Constitución, la “Constitución de la Segunda República”.

Este reconocimiento lo hará quien tenga conciencia histórica y honradez política. Les toca en primer lugar a los mismos historiadores tomar conciencia. Tampoco lo harán los militaristas. Pero sí les pido a todos que al menos no escriban “107 años de vida republicana”, porque eso no es verdad ni conceptualmente ni en los hechos históricos.

<>Artículo publicado en dos entregas.  el  4 y el 5   de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/de-las-casas-jorge/

Fallos del mercado y del Estado

La opinión de…

Francisco Íbero

Salvo anarquistas y comunistas, los segundos con excepciones, todos asignamos un rol legítimo al Estado y al mercado. Las diferencias están en las magnitudes respectivas.  Mis convicciones pueden sintetizarse así: Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Tengo preferencia por la interacción voluntaria, lo que no me impide considerar argumentos en contrario.

El mercado nos aparece engañosamente simple, pero es altamente complejo. Ambas circunstancias explican, en cierta medida, nuestra tendencia a fijarnos más en los fallos del mercado que en sus éxitos, y a esperar de la intervención del Estado lo que difícilmente puede dar.

Al discutir los fallos del mercado, merece la pena hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los estándares con los que juzgamos? ¿Exigimos la perfección, sea competencia perfecta, racionalidad perfecta o conocimiento perfecto?   El mercado es una institución humana, por tanto, imperfecta.   El asunto es si funciona mejor o peor que las alternativas.

En días pasados, un economista decía que, como había asimetría de información entre vendedores y compradores, el Estado tenía que suplir la brecha de información.   Su argumento no me convence.    Primero, el comprador tiene muchas formas de eliminar o reducir la asimetría.    Segundo, porque implica un ejército de funcionarios con sus costos respectivos.   Y tercero, porque el consumidor puede ejercer su iniciativa y formar asociaciones que respondan a sus necesidades.

Más preguntas que debemos hacer para evaluar el mercado. ¿Es razonablemente libre? ¿Existen leyes o regulaciones que hacen más difíciles o costosos los intercambios voluntarios? ¿Existe un sistema judicial confiable y rápido que resuelva los inevitables conflictos?   ¿Existen procedimientos burocráticos que hacen lenta o costosa la creación de empresas? ¿Interviene el Estado en la economía para crear ganadores o perdedores mediante subsidios, leyes preferenciales, impuestos diferenciales u otros mecanismos?  ¿Están bien definidos y protegidos los derechos de propiedad?

Veamos un ejemplo de la influencia de la legislación y las instituciones sobre el buen o mal funcionamiento del mercado. Durante los dos últimos años, muchos economistas, políticos y comentaristas locales han atribuido el contraste entre la crisis financiera en Estados Unidos y su ausencia en el mercado panameño al hecho de que aquí tenemos abundantes regulaciones y allí no. La realidad es la contraria. Nuestro mercado financiero tiene menos regulaciones y es más libre. No tenemos banco central que manipule las tasas de interés. Tampoco leyes que obliguen a dar préstamos a quienes no califiquen. No tenemos una compañía estatal que garantice los depósitos bancarios. Tampoco existen monstruos financieros con privilegios públicos. Y sobre todo, no hay ninguna garantía, explícita o implícita, de que el Gobierno rescatará a un banco si toma decisiones equivocadas.

Pasemos a los fallos del Estado. ¿Se aplican los mismos estándares de exigencia al Estado y al mercado para decidir sí están fallando? ¿Cuánto tiempo se necesita para concluir que hay fallos del Estado cuando éste realiza mal alguna de sus actividades? ¿Por qué los fallos del Estado se achacan a los gobiernos aunque todos ellos fracasen? ¿No se supone sin mayor prueba que ciertas actividades tienen que ser, no solo financiadas por el Estado, sino ejecutadas directamente por él? Recientemente un doctor afirmaba que la atención médica debía estar en manos del Estado porque, de otro modo, las ganancias de las aseguradoras la encarecerían demasiado. Dejo de lado que hay alternativas sin que participen las aseguradoras. Si el argumento del doctor fuese válido para la atención médica, habría que aplicarlo también a la producción de alimentos, la construcción de viviendas y prácticamente a todas las actividades económicas.

Si hay una actividad en la que el Estado panameño ha fallado consistentemente durante los últimos 40 años es la educación. Vale la pena preguntarse qué hubiera pasado si la educación hubiera estado en manos privadas con los mismos resultados mediocres que ha tenido el Estado.

Sin duda, se hubiera exigido su estatización. Sin embargo, lo poco que se hace para mejorar la educación estatal supone que el marco básico es el único posible. No lo creo. Pienso que los padres de familia deben tener libertad para quedarse en el sistema o llevarse su cheque escolar al sector privado, que podría dinamizarse con cooperativas de educadores o sociedades anónimas laborales. También, que cada institución privada debe ser libre para establecer su curriculum y otros aspectos del trabajo educativo. Este sería un comienzo para poner la educación en manos de sus legítimos dueños, los actuales convidados de piedra. Nos queda la última pregunta. Si falla el mercado ¿implica esto que el Estado lo haría mejor? No necesariamente. También podría hacerlo peor. A veces es más rápido pasar una ley que esperar un ajuste o corrección del mercado. Pero lo que hoy parece bueno, puede que mañana resulte malo.

<> Este artículo se publicó el 4  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Equilibrios entre el Estado y el mercado

La opinión del Empresario y Escrito…

RAFAEL CARLES

Desde hace varios años se ha estado realizando una serie de cambios estructurales que son vistos por algunos como reformas del Estado. Si bien muchas de estas reformas no solo son importantes, sino que también eran ineludibles, no creemos que tengan que ser vistas como una verdadera reforma del Estado, sino como una ampliación del papel del mercado. Tal es el caso de las leyes creadas a finales de los años 90, con la intención de promover la competencia, privatizar las empresas públicas e incentivar las fuerzas del mercado, como mecanismo para asignar recursos en toda la gama de actividades en el país.

En este sentido, se entiende que una reforma exitosa del Estado es aquella que logra un adecuado equilibrio institucional entre el Estado y el mercado.  Sin ese equilibrio, la ampliación del papel del mercado seguramente no dará los frutos esperados por todos; es decir, no podrá alcanzarse un desarrollo sostenido ni en el plano económico ni en el social.   Este es claramente un tema relevante en gran parte del mundo. Tanto es así que el Banco Mundial dedicó su último informe anual para recordárselo a los distintos gobiernos que han hecho cambios, pero se han olvidado de los objetivos. La preocupación es especialmente válida en el caso panameño, donde muchas de las reformas se hicieron solo para cumplir con los requisitos de las instituciones financieras, pero sin la elaboración efectiva de las instituciones que deberían ayudar a dar forma al nuevo Estado. Y por esa razón es que vemos en muchas áreas del acontecer nacional un profundo desequilibrio entre el funcionamiento del mercado y el del Estado.

Algunos ejemplos nos pueden ayudar a entender la problemática y vemos que los beneficios del proceso privatizador no han sido del todo automáticos.   Ahora sabemos que dependen de la transparencia, del diseño y de los mecanismos de fiscalización y control de las agentes que operan en cada uno de los mercados; igualmente, obedecen al grado de desregulación y competencia, de la estructura del mercado y de las tecnologías disponibles en los mismos.   La experiencia panameña, salvo algunas excepciones, es claramente deficitaria en estos aspectos. La impactante concentración económica no solo es consecuencia del proceso de globalización y de reformas estructurales inconclusas, sino que en gran parte es resultado de un Estado ausente y cómplice por las pérdidas al bienestar de los consumidores, cada vez que asume posturas monopolísticas cuando patrocina y permite las posturas y fijaciones de precios y mercados.   Del mismo modo, al Estado le ha faltado iniciativas para la puesta en marcha de políticas activas en materia de desarrollo productivo, que no solo requieren capacidad y voluntad para su diseño, sino también, como muestra la experiencia internacional, de una sólida capacidad institucional que permita implementarlas.

Quizás una de las áreas donde más se ha notado la ausencia de esta capacidad institucional es el de las pequeñas y medianas empresas.   Sin duda, un desarrollo económico sustentable requiere de adecuadas instituciones públicas de manera que aseguren previsibilidad y planeamiento conveniente al sector privado, al tiempo que eviten las desigualdades producidas por actos de corrupción y por medidas estatales arbitrarias. Nuevamente la experiencia en este terreno es deficitaria. La falta de una oportuna atención a los sectores más desprotegidos, más allá de su dimensión ética, se torna incompatible con la marcha de la política económica.

Hay muchos casos que pudiéramos citar para ilustrar esta situación respecto de la necesidad de avanzar en la gran reforma estructural pendiente en Panamá. Por ejemplo, junto con la discusión del Estado que queremos, debemos preocuparnos respecto de su financiamiento.   Si bien es difícil pensar que mediante la tributación se pueda mejorar sustancialmente la distribución del ingreso, al menos se pueden evitar algunos efectos negativos. Y es por eso que la mala distribución de los recursos atenta contra el financiamiento de funciones esenciales del Estado y además contra el logro de una mayor equidad.   Si bien es cierto que las demandas de un mundo más globalizado hacen difícil el diseño autónomo de muchos componentes de la estructura tributaria, también es cierto que la evasión es un despropósito que no se puede permitir la sociedad panameña, tal como representan más de 40 millones de dólares en concepto del ITBMS reportados en el primer semestre del año.

Es decir, sin una verdadera reforma del Estado que incremente apreciablemente su capacidad de gestión, será muy difícil alcanzar un desarrollo económico sostenido y una sociedad más equitativa.

<> Artículo publicado el 28 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

‘El partido que necesitamos los trabajadores’

La opinión de…

Gerardo González

Para no repetir los gobiernos del PRD, del Panameñista o de Cambio Democrático en 2014, la clase trabajadora y el conjunto de los sectores populares debemos organizar nuestro propio partido y participar en el proceso electoral para llegar al gobierno.

El tiempo ha demostrado que por más que llevemos a cabo las luchas por conquistas económicas o gremiales, los burgueses se salen con la suya, porque siguen controlando el Estado.   Con lo de Changuinola y todo el andamiaje jurídico que sustenta el régimen salvaje que ha instaurado el Sr. Martinelli, a nombre de toda la clase capitalista, se ha hecho posible la unidad de la clase trabajadora organizada. Lo cualitativo de la situación que vivimos es el hecho de que ya se puede hablar con mayores perspectivas del instrumento político de los trabajadores y de los sectores populares.

Hay que ver si las cúpulas sindicales estarán a la altura de estos momentos históricos. Habrá quienes mantengan sus posturas puramente “economicistas”, situación que le permitiría al régimen de Martinelli continuar con su proyecto de capitalismo salvaje o, lo que es igual o peor, facilitarle el trabajo al reformismo-oligárquico PRD. Igual posición sería la de organizar “otro” partido “social-demócrata” o “progresista”.

La experiencia nos dice que estos solo sirven para crearle a los oprimidos falsas expectativas, entreteniendo a la clase obrera y si logran hacer algo significativo, son cooptados por la burguesía y terminan justificando el capitalismo imperialista.

En nuestro país se está expresando con todo su esplendor la salvajidad y criminalidad del sistema capitalista. El régimen pro-empresarial de los Martinelli, panameñistas y PRD está atentando contra la vida humana, poniendo en peligro el endeble equilibrio ecológico, denigrando hasta el suplicio la dignidad, nulificando los principios y valores del supuesto estado de derecho burgués; creando las condiciones anímicas para la más peligrosa apatía social contra los derechos humanos… Por lo anterior, hay que desplazar a las clases dominantes del Estado.

Para que esto sea posible, es necesario construir una organización política de carácter revolucionaria, regida por el centralismo democrático, estructurada en la clase obrera, internacionalista y para la revolución socialista… Hacer otra cosa es seguir con el engaño.

<> Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.