Expropiaciones, empleomanía y contaminación minera

La opinión del educador…

PASTOR E. DURÁN ESPINO
pastornatural@gmail.com

 

Campesinos latinos e indígenas han iniciado movilizaciones contra los proyectos mineros, no sólo porque significan desastres ambientales y ecológicos, sino porque también significan la pérdida de sus derechos posesorios sobre sus tierras y porque los supuestos empleos en las minas son para ‘obreros calificados’, que en su gran mayoría serán traídos de otros lares.

Los depredadores proyectos mineros están considerados ‘de interés público’ en nuestra legislación, para justificar las expropiaciones cuando nuestros campesinos latinos e indígenas se nieguen a entregar o vender sus propiedades a las transnacionales mineras.   Cuando algo está considerado ‘de interés público’, significa que está por encima del interés particular o privado, y la persona que se oponga a entregar o vender su propiedad tiene que ceder ante la ley a las buenas o a las malas.

Cuando la ley estipula el carácter de interés público de la minería, oponerse supone estar fuera de ley, aunque la declaración de ‘interés público’ de las concesiones mineras implique, precisamente, estar en contra del interés público, como lo es el interés de los campesinos latinos e indígenas por sus explotaciones agrícolas y/o ganaderas.

Si una concesión minera incluye miles de hectáreas de terreno, significa que una gran cantidad de familias de campesinos latinos e indígenas pueden ser despojadas de sus tierras. Como los trabajos de las minas son para obreros calificados, indudablemente, masas de familias de campesinos latinos e indígenas emigrarán hacia las ciudades aumentando los anillos de miseria.

Si tomamos en cuenta que –según la legislación vigente- el 98% de la ganancia bruta de los proyectos mineros se la llevan las transnacionales dejándole al Estado panameño sólo el 2% que no compensa el daño ambiental ni ecológico que causan, hay que poner atención al atentado contra los derechos humanos de los campesinos latinos e indígenas, pues según un estudio del economista William Hughes titulado: ‘El impacto económico de la minería’, las solicitudes en trámite en el Ministerio de Comercio e Industrias totalizaban para diciembre de 1996 ¡dos millones setecientas quince mil cuatrocientas dos hectáreas!!! (2,715,402).

Por otro último, ¿qué pasaría si en Cerro Colorado ocurriera un desastre ambiental? Allí nace el río San Félix. A cinco kilómetros de allí el río Cuvíbora, afluentes del Tabasará cuyas aguas bañan no sólo las tierras de los indígenas sino también las llanuras de los campesinos latinos del Oriente chiricano, y desembocan en el Pacífico. Al norte de Cerro Colorado nace el río Cricamola cuyas aguas atraviesan la provincia de Bocas del Toro, para desembocar en el Atlántico.

 

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<> Artículo publicado el 27  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sueño frustrado

La opinión de…

Roberto Castro

La bonanza turística e inmobiliaria que nos visitó, pasó como una ráfaga y se fue. Algunos lograron beber de ese manantial económico que creímos iba a ser inacabable, infinito. Lograron beneficiarse todos aquellos que contaban con grandes sumas para construir edificios, hoteles, resorts etc., o que tenían amigos y familiares en entidades de crédito. Para ellos no fue difícil obtener permisos de construcción, licencias, títulos de propiedad etc., pues, como siempre, al poderoso se le facilitan las cosas.

No podemos decir lo mismo del ciudadano común y corriente, clase pobre o media, costeños y encutarrados, que como único patrimonio solo poseían un derecho posesorio sobre algún terreno con potencial de desarrollo turístico, pero desafortunadamente con un problema gravísimo: pertenecían al “clan de los 200 metros”.

Ocupar un terreno cerca del mar, de la noche a la mañana se convirtió en un estigma, una maldición, gracias al discurso de nuestras clases dirigentes, las cuales vieron allí una oportunidad de aumentar los recursos estatales.

Ser costeño por nacimiento o por accidente, se transformó en sinónimo de acaparador, aprovechado, inescrupuloso, invasor, ladrón de terrenos nacionales, todo ello a causa del alto valor comercial que repentinamente adquirieron tales áreas gracias a la mencionada bonanza.

Todas las miradas apuntaron hacia los costeños y apareció una especie de consigna: había que impedir que esos “oportunistas” se beneficiaran de ese maná caído del cielo.

Casi todos los costeños vieron pasar frente a sus narices grandes proyectos debidamente aprobados y financiados, mientras sus pequeñas ideas y proyectos se tuvieron que quedar dentro de un congelador. Y el método para ese congelamiento fue sencillo pero maquiavélico: “no se titulen derechos posesorios en costas e islas, y si se hace, que sea a precios casi comerciales para que el Estado pueda usufructuar la bonanza”.

Dice la teoría económica moderna que para bajar significativamente la pobreza de una nación, hay que pensar menos en programas populistas, dádivas y limosnas, y más en dotar al desposeído de herramientas que le permitan ingresar a la corriente económica del país.

Una de esas herramientas es la titulación agresiva de todas sus pocas pertenencias, brindándole seguridad jurídica y convirtiéndolo en sujeto de crédito. Afirma Hernando de Soto: “país titulado, país desarrollado”.

Mientras en otros países los gobiernos luchan contra terribles obstáculos que impiden la titulación masiva, como son el latifundio, los fenómenos de violencia etc., en Panamá, paradójicamente, es el mismo Gobierno el que se aferra a la tierra desconociendo el legítimo y natural derecho que tienen los ciudadanos de que gratuitamente se les reconozca su ocupación a través del título de propiedad.

Todos los panameños comprenden el esfuerzo que hacen las autoridades para aumentar el índice de crecimiento económico del país.   Comprenden que se busque con ahínco los recursos económicos necesarios para financiar obras de infraestructura, mejorar la educación, la salud etc., y es así como, a regañadientes, aceptaron por ejemplo el castigador 7% de ITBMS.

Pero lo que no se entiende es que a los costeños, por el solo hecho de tener su pequeño patrimonio cerca del mar, se les castigue descapitalizándolos o, lo que es peor, obligándolos a endeudarse para poder alcanzar un poco de seguridad jurídica. Bien haría el Gobierno en comprender que la bonanza inmobiliaria se acabó, que los costeños panameños tampoco podrán beneficiarse de la misma, y que todos ellos siguen mirando, con perplejidad y frustración, los anuncios periodísticos de hace un año, donde se prometía titulación masiva y gratuita de todos los derechos posesorios en el país.

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Este artículo se publicó el 14 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Derechos posesorios

La opinión del Abogado y Comentarista…..

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Guillermo Márquez B.

En los últimos días se ha suscitado una ferviente discusión sobre derechos posesorios. Hay muchísimas personas que tienen largos períodos de tiempo en la ocupación pacífica y sin interrupción de ciertas extensiones de terreno con ánimo de dueño y señor. No obstante, en muchos de estos casos algunos se han visto en el peligro de ser despojados por personas que alegan tener mejor derecho que ellos y los conminan a que demuestren en virtud de qué se apoyan para justificar sus derechos posesorios.

Los que tal cosa pretenden valiéndose de su posición política o poderosamente económica, están muy equivocados si piensan que sus pretensiones pueden prosperar desde el punto de vista del derecho. Y ello es así, porque es principio universalmente establecido que la carga de probar incumbe al que reclama la posesión y no al que posee.

En consecuencia, todo el que en la actualidad tiene el disfrute de derechos posesorios debe aferrarse a defenderse en virtud de que no tiene por qué demostrarle al que reclame su derecho puesto que el que tiene que probar tenerlo mejor es quien reclama.

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Artículo publicado el 11 de febrero de 2010 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Más sobre la posesión

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La opinión del Abogado….
CARLOS  B.  PEDRESCHI
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El problema de los derechos posesorios relacionado con los denominados terrenos baldíos del Estado, viene suscitando mucho interés y mucha preocupación en la sociedad panameña.

Las apreciaciones que siguen se proponen contribuir a una visión más comprensiva y práctica del problema.

Debo empezar por señalar que ningún problema puede ser comprendido si se ignoran las referencias básicas que le son inherentes y la naturaleza que le es propia.

En consideración a lo dicho, adelanto las referencias que siguen:

En el Derecho panameño una cosa es el derecho de propiedad y otra, suficientemente distinta, es el derecho de posesión.

En la esfera privada, reconocida y regulada por el Código Civil, es legalmente posible que, transcurrido cierto tiempo y cumplidos otros requisitos, el derecho de propiedad sobre un inmueble particular ceda su lugar de posesión y éste se convierta en derecho de propiedad.

En la esfera pública el caso es distinto. En ésta, no opera la prescripción o, lo que es lo mismo, el titular de un derecho posesorio no adquiere un derecho de propiedad por el solo transcurso del tiempo, independientemente de la extensión o prolongación del mismo. Sencillamente, los derechos contra los bienes del Estado no prescriben.

Lo dicho no significa que un derecho posesorio no pueda convertirse en derecho de propiedad respecto de un terreno baldío del Estado. Lo dicho significa que ese derecho de propiedad no puede adquirirse, como en la esfera privada, por prescripción, esto es, por el mero transcurso del tiempo. Más aún: de hecho históricamente la imprescriptibilidad nunca ha sido un obstáculo para que el Estado transforme derechos posesorios en derechos de propiedad sobre terrenos baldíos.

Lo dicho, encuentra fácil explicación. Si la Constitución Política del país reconoce expresamente el derecho de propiedad privada sujeta ésta a una función social, obviamente con mayor razón, precisamente por públicas, las tierras baldías del Estado están afectas a una función necesariamente pública e igualmente social.

Al inicio de las presentes reflexiones adelanté que un problema no podía ser comprendido si se ignoraban las referencias que le eran inherentes y si, además, se ignoraba la naturaleza que le era propia.

Ya dentro del área anunciada, debo empezar por señalar que, en ningún Estado del mundo, la naturaleza propia de un problema la da el texto de la Ley, sino la materia que ésta regula. Un ejemplo bastará: cuando la Ley regula un problema de sanidad, la naturaleza del problema es sanitario.

En mi concepto, los derechos posesorios sobre tierras baldías del Estado tienen una naturaleza eminentemente económica y social, y así debe ser entendida por los funcionarios encargados de administrar las normas legales correspondientes.

Las implicaciones económicas y sociales resultantes de la conversión de derechos posesorios en derechos de propiedad a expensas de tierras baldías del Estado es, por lo demás, de tal magnitud que nadie, poseedor de una mediana ilustración y suspicacia, tiene derecho a ignorar.

La magnitud de las implicaciones económicas y sociales a que me refiero en el párrafo anterior es comparable, proporciones guardadas, con la conversión de la economía informal del país a la economía formal. El problema, por la naturaleza que le es propia, no puede resolverse con simples legalismos o criterios puramente formales.

Probablemente no esté de más destacar una advertencia: dado los apremios fiscales que confronta el Estado y el incremento del valor de mercado de los derechos posesorios en Panamá, no es de extrañar que las autoridades correspondientes reparen más en los beneficios fiscales que ofrece la coyuntura, que en la magnitud de los beneficios económicos y sociales resultantes del otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos del Estado.

Evidentemente, nada sería más desafortunado para el país que acercarse al problema que se confronta con mentalidad de corredores de bienes raíces.

Finalmente, lo que sí debe ser una preocupación mayúscula de las autoridades correspondientes en cada caso de otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos, es asegurarse la total garantía de que los dueños de estas tierras cumplan la responsabilidad de proteger el medio ambiente, so pena de multas severas, incluyendo la pérdida del título.

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Publicado el 17 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, y el 20 de diciembre de 2009 en el Diario La Prensa, a quienes  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El contrato social ‘versus’ la ley

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La opinión del Abogado…..

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Carlos Ernesto González Ramírez
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La sabiduría oficial dice que todas las tierras dentro del territorio nacional que no están tituladas constituyen bienes patrimoniales del Estado. Por consecuente, las personas que tienen derechos posesorios solo tienen derechos de uso, y tienen que comprarles sus propias tierras al Estado al precio que este pida.

Para justificar tal conclusión, ellos usan un argumento legal complicado que mezcla preceptos constitucionales, leyes y definiciones de palabras y que va así:   La Constitución Política de 1972, en el artículo 257, dice que “Pertenecen al Estado… Las tierras baldías”.

El Código Agrario de 1962 define tierras baldías como aquellas que no tienen título de propiedad, sean ocupadas o no. Además, el artículo 1670 del Código Civil, adoptado en 1969, dice que “las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios, y de las entidades autónomas y semiautónomas, son imprescriptibles”.

Lo anterior nos da la esencia del argumento oficial: En algún momento, la tierra se encontraba en su estado natural y era baldía. Ella fue ocupada, pero, dado el artículo 1670, los ocupantes nunca adquirieron la propiedad porque las tierras que eran del Estado son imprescriptibles.

El argumento oficial tiene cuatro problemas. Primero, el Código Agrario es anterior a la Constitución, y su definición choca con el sentido común de las palabras en el Diccionario de la Lengua Española, que define tierras baldías así: “Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. Dicho de un terreno: Del dominio eminente delEstado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo”.

Es decir, la tierra es verdaderamente baldía solo cuando está en su estado natural y no ha sido ocupada. La simple ocupación cambia su carácter de un terreno baldío que le pertenece al Estado a propiedad privada perteneciente al que lo ocupa.

Segundo, con relación al artículo 1670, cuando la cláusula fue adoptada en 1969, su intención era que se aplicara a fincas patrimoniales tituladas y no a tierras nacionales sin título, para evitar la prescripción otorgada por la Corte Suprema de unas fincas municipales. Además, la ley no debiera ser retroactiva, y por ende los que tenían la posesión antes de 1969 pueden prescribir contra el Estado.

Tercero, la posición oficial está en conflicto con una realidad en el mundo de los hechos, y es que cientos de miles de panameños poseen tierras y son dueños de derechos posesorios. Ellos están dispuestos a luchar por sus tierras, han recibido la protección de las cortes de justicia y son considerados por el pueblo panameño como los legítimos dueños de sus tierras.  En ese sentido, el Código Agrario y el artículo 1670 son leyes positivas (que emanan de una asamblea) que son contrarias a la costumbre y al contrato social, por tanto, esas leyes son obsoletas, incorrectas y deben ceder para alinearse con el contrato social.

Por último, los poseedores de tierra gozan de la protección a la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La propiedad constitucional que garantiza el artículo 47 de la Constitución es un derecho natural inalienable que nace del dominio con ánimo de dueño de un bien, ya sea un automóvil, un caballo, una camisa o la tierra. Así lo dijo Picard Ami en 1972 durante los debates constituyentes: “… la propiedad es un derecho natural”.

Así también lo establece Carnetlutti en su obra maestra Cómo nace el Derecho: “la propiedad nace, en el terreno de la economía, antes que el derecho; la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico”. El pensamiento filosófico que prevalece en Occidente desde la Iluminación, expresado por John Locke, también afirma que “El que se apropia de un bien común que encontró en su estado natural ha mezclado su trabajo y unido a éste algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad”. Muchos fallos de las cortes internacionales de justicia afirman que la fuente de la propiedad es la concepción “lockeana” de la posesión, y no un registro.

Si la propiedad sobre la tierra naciera de un registro y no de la posesión, entonces la propiedad no fuese un derecho inalienable en Panamá, pues cualquier gobierno podría erradicarla simplemente eliminando el registro público. Consecuentemente, ni el Código Agrario ni el artículo 1670 pueden derogar la propiedad privada que tienen los tenedores de derechos posesorios, pues sus derechos son superiores a la ley positiva que emana del poder y están garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales.

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Publicado el  7 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Posesión y propiedad

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La opinión de….

Publio Ricardo Cortés C.
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El Código Civil que Andrés Bello redactó para Chile, adoptado en Colombia, solo rigió en Panamá hasta 1917, cuando entró a regir el panameño.   Según el párrafo 13 de la exposición de motivos, en materia de posesión, los redactores panameños se separaron del modelo colombiano por considerarlo “difuso en demasía”.   En su lugar, siguieron en general el Código Español.

Simplificando, digamos que el sistema regula la relación de las personas con los bienes en dos grados.   El grado preliminar, llamado posesión, y el grado pleno, llamado propiedad.   Cada uno tiene sus ventajas, pero no hay duda de que son diferentes, esencialmente porque el que está en grado preliminar tiene una menor jerarquía.

Cuando la persona tiene el grado preliminar (posesión), actúa frente a la cosa, la retiene, “con ánimo de dueño”, es decir, con la actitud de un propietario, aunque no lo sea.   En esta situación, la persona está en mejor derecho respecto del bien, si lo comparamos con otros que ni siquiera tienen esa retención.   Por eso, el poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, puede exigirle al intruso que no tiene vínculo con el bien que salga de su predio, incluso puede vender en el mercado ese derecho.   La protección de la posesión llega al punto que la misma se puede heredar, tal como lo ha reconocido la Corte.

Sin embargo, pese a toda esta protección, la posesión no es propiedad. Una de las pruebas más claras está en el artículo 337 del Código Civil, que es la norma fundacional de la definición de propiedad en Panamá, cuyo texto es sustancialmente igual al del Código Civil de España, donde se dispone que “El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para reinvindicarla”.  Queda claro que posesión no es propiedad, porque si fueran lo mismo, entonces el que tiene grado pleno (propiedad), no tendría acción para recuperar el derecho ejercido contra él, por el que tiene grado preliminar (poseedor).

Cosa diferente es que el que tiene grado preliminar (posesión), entre particulares, puede convertirse en grado pleno (propiedad),  incluso contra el propietario, si prueba en juicio que mantuvo la posesión por un tiempo determinado (generalmente 15 años).   En ese caso no tiene que pagar por la tierra.   Dicha posesión tiene que ser ininterrumpida y “con ánimo de dueño”. Al respecto, el comentarista del Código Civil Español, Manresa y Navarro, resalta “la necesidad de la creencia de poseer la cosa como propia, para que la posesión pueda convertirse, por el transcurso del tiempo, en verdadero derecho de propiedad”.   Eso se llama prescripción adquisitiva de dominio.

En síntesis, el poseedor no es propietario, pero si se ejerce la posesión por un tiempo en un predio privado, puede convertirse en propietario sin pagar.

Ahora bien, ¿qué pasa si el predio es un baldío del Estado?   Sobre los predios del Estado también se puede ejercer posesión, por cuanto la misma es una situación de hecho. No obstante, el poseedor no puede adquirir el grado pleno (propiedad) por el transcurso del tiempo, porque el Código Civil prohíbe la prescripción en baldíos del Estado.   ¿Qué tiene que hacer en estos casos el poseedor para alcanzar el grado pleno (propiedad)? Tiene que comprar al Estado el bien, tal cual se ha venido haciendo desde inicios de la República.

Claro está, que el Estado decide si es oportuno vender o no, de acuerdo a los planes de desarrollo que tenga. ¿Cuál es la ventaja de tener la posesión en un predio baldío del Estado? La ventaja es importante: que si el Estado decide vender, debe venderle directo al que tiene la posesión, sin hacer licitación.

Lo que ha pasado en Panamá es que hay algunas personas que han sembrado la confusión, para hacer creer a algunos interesados que el grado preliminar (posesión) es igual al grado pleno (propiedad).   De otra forma, también han hecho creer a muchos que se puede adquirir por prescripción contra el Estado, a pesar de la prohibición del Código Civil.

Por cualquiera de las dos vías quieren llegar a su meta predeterminada: convencer a la gente que ya la tierra es suya, para obtener en propiedad tierras baldías del Estado sin pagar o pagando solo precios simbólicos.

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Publicado el  5 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los cuatro pilares de la titulación de los derechos posesorios

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La opinión de…..

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Adalberto  Pinzón Cortez
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El tema de titulación de tierra debe ser abordado sobre la  base de cuatro pilares fundamentales que deben interrelacionarse:

    • El derecho del Estado a cobrar por vender o titular un terreno e identificarlo para los fines que corresponda:
    • el respeto a la propiedad privada;
    • la garantía a las inversiones; y,
    • el apoyo a los municipios.

Actualmente existen categorías de poseedores de derechos posesorios que reclaman titulación y que agrupamos así:

    • los propietarios originales;
    • los que han comprado a los primeros (derivados);
    • los que sobre un terreno que nadie ha reclamado ni ejercido ocupación formal, abogan titularidad;
    • y quienes alegan derechos posesorios, con un plano confeccionado en gabinete y/o  Google Earth.

Recomiendo agrupar las dos primeras categorías, a las que nos referiremos. Quienes se ubican en las restantes, si desean titular, deberían participar en una subasta pública y a valor de mercado.

En primer lugar, es necesario  acreditar el derecho posesorio. Los mecanismos tradicionales para probar la posesión están consagrados en nuestros códigos, la costumbre administrativa y jurisprudencia.

Un poseedor legítimo no tendrá problemas con esto. Quizá, en algunas regiones  será más fácil acreditarlo, como en Azuero.   Hay otras áreas en las que habrá que hacer verificaciones con más detenimiento, siendo éstas en donde, precisamente, pretenden entrar algunas personas que se ubican en las dos últimas categorías arriba mencionadas.

Sobre el valor del terreno, proponemos la elaboración de una zonificación del país, donde se  asignen valores. Si las zonas son muy grandes, deberían existir  dentro cada zona dos subzonas, por ende, dos valores, dependiendo de la existencia de servicios públicos y/o carreteras, por ejemplo.   Aunque lo ideal sería hacer zonificaciones pequeñas con un solo valor.

El valor que proponemos se asigne es el valor de mercado actual (VMA) y para establecerlo se podrían contratar cinco compañías  avaluadoras, quienes con los funcionarios de Catastro y Contraloría llevarían a cabo esta labor a corto plazo. Luego de establecidas las zonas con el VMA, a partir de esto, el Gobierno establecería a qué porcentaje  “titulará” o “venderá” la tierra,  para lo que proponemos dos categorías: la primera incluiría a quienes pretendan obtener el título y desean un reconocimiento del monto que han pagado previamente por la obtención de los derechos posesorios. Aquí el valor de la tierra tendría  un descuento entre el 20%  y 30% del VMA y, adicionalmente, un descuento equivalente al pago efectuado por dichos derechos posesorios, para lo cual deben establecerse  mecanismos contables de comprobación.

La segunda categoría, incluiría a quienes pretendan el título pagando un 30% del VMA, sin posibilidad a solicitar el reconocimiento de ningún pago efectuado. Podría establecerse el pago de un impuesto del 3% del VMA (excepto para los poseedores originarios) y en ambos casos el VMA sería el que tenga que registrarse como el nuevo valor catastral de la finca naciente.

Adicionalmente, podrían tenerse otras variables: titulación gratuita de cinco hectáreas, descuentos porcentuales por cabida superficiaria;  posibilidad de plazos para pagar la tierra, con limitaciones de dominio, entre otras.

Por último, proponemos que un aspecto concreto que coadyuvaría con la descentralización sería que los municipios reciban la  información topográfica levantada y  parte de los ingresos que  recaude el Gobierno central por la venta o titulación de los terrenos. Este ingreso se destinaría sólo  a inversiones, pero el municipio lo administraría soberanamente.

Es palpable hoy día que la mayoría de los poseedores, Gobierno central, municipios, inversionistas y profesionales abogamos  y urgimos por una solución en el tema de titulación, por lo cual, con voluntad será fácil el establecimiento de una ley que pondere a las mayorías y no que pretenda regular casos aislados, ya que muchas veces por pretender regular estos últimos, se crean  procedimientos complejos y de difícil aplicación, en detrimento de las mayorías.

Al final, si sigue la discusión y no se toman decisiones, el inversionista que no pueda titular se irá; el Gobierno central no obtendrá ingresos por ventas de tierra o impuestos de inmueble; y, en el municipio seguirán  escribiendo con la máquina Olympia  y con un aire acondicionado que no enfría pero hace “ruido”,  no obstante,  el pobre poseedor que quiere la titulación de su tierra seguirá esperando, porque los tres primeros  no se han puesto de acuerdo y eso que los tres pregonan que sólo buscan  proteger y  beneficiar  a este, el poseedor.

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Publicado el  2 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.