Expropiaciones, empleomanía y contaminación minera

La opinión del educador…

PASTOR E. DURÁN ESPINO
pastornatural@gmail.com

 

Campesinos latinos e indígenas han iniciado movilizaciones contra los proyectos mineros, no sólo porque significan desastres ambientales y ecológicos, sino porque también significan la pérdida de sus derechos posesorios sobre sus tierras y porque los supuestos empleos en las minas son para ‘obreros calificados’, que en su gran mayoría serán traídos de otros lares.

Los depredadores proyectos mineros están considerados ‘de interés público’ en nuestra legislación, para justificar las expropiaciones cuando nuestros campesinos latinos e indígenas se nieguen a entregar o vender sus propiedades a las transnacionales mineras.   Cuando algo está considerado ‘de interés público’, significa que está por encima del interés particular o privado, y la persona que se oponga a entregar o vender su propiedad tiene que ceder ante la ley a las buenas o a las malas.

Cuando la ley estipula el carácter de interés público de la minería, oponerse supone estar fuera de ley, aunque la declaración de ‘interés público’ de las concesiones mineras implique, precisamente, estar en contra del interés público, como lo es el interés de los campesinos latinos e indígenas por sus explotaciones agrícolas y/o ganaderas.

Si una concesión minera incluye miles de hectáreas de terreno, significa que una gran cantidad de familias de campesinos latinos e indígenas pueden ser despojadas de sus tierras. Como los trabajos de las minas son para obreros calificados, indudablemente, masas de familias de campesinos latinos e indígenas emigrarán hacia las ciudades aumentando los anillos de miseria.

Si tomamos en cuenta que –según la legislación vigente- el 98% de la ganancia bruta de los proyectos mineros se la llevan las transnacionales dejándole al Estado panameño sólo el 2% que no compensa el daño ambiental ni ecológico que causan, hay que poner atención al atentado contra los derechos humanos de los campesinos latinos e indígenas, pues según un estudio del economista William Hughes titulado: ‘El impacto económico de la minería’, las solicitudes en trámite en el Ministerio de Comercio e Industrias totalizaban para diciembre de 1996 ¡dos millones setecientas quince mil cuatrocientas dos hectáreas!!! (2,715,402).

Por otro último, ¿qué pasaría si en Cerro Colorado ocurriera un desastre ambiental? Allí nace el río San Félix. A cinco kilómetros de allí el río Cuvíbora, afluentes del Tabasará cuyas aguas bañan no sólo las tierras de los indígenas sino también las llanuras de los campesinos latinos del Oriente chiricano, y desembocan en el Pacífico. Al norte de Cerro Colorado nace el río Cricamola cuyas aguas atraviesan la provincia de Bocas del Toro, para desembocar en el Atlántico.

 

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<> Artículo publicado el 27  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sueño frustrado

La opinión de…

Roberto Castro

La bonanza turística e inmobiliaria que nos visitó, pasó como una ráfaga y se fue. Algunos lograron beber de ese manantial económico que creímos iba a ser inacabable, infinito. Lograron beneficiarse todos aquellos que contaban con grandes sumas para construir edificios, hoteles, resorts etc., o que tenían amigos y familiares en entidades de crédito. Para ellos no fue difícil obtener permisos de construcción, licencias, títulos de propiedad etc., pues, como siempre, al poderoso se le facilitan las cosas.

No podemos decir lo mismo del ciudadano común y corriente, clase pobre o media, costeños y encutarrados, que como único patrimonio solo poseían un derecho posesorio sobre algún terreno con potencial de desarrollo turístico, pero desafortunadamente con un problema gravísimo: pertenecían al “clan de los 200 metros”.

Ocupar un terreno cerca del mar, de la noche a la mañana se convirtió en un estigma, una maldición, gracias al discurso de nuestras clases dirigentes, las cuales vieron allí una oportunidad de aumentar los recursos estatales.

Ser costeño por nacimiento o por accidente, se transformó en sinónimo de acaparador, aprovechado, inescrupuloso, invasor, ladrón de terrenos nacionales, todo ello a causa del alto valor comercial que repentinamente adquirieron tales áreas gracias a la mencionada bonanza.

Todas las miradas apuntaron hacia los costeños y apareció una especie de consigna: había que impedir que esos “oportunistas” se beneficiaran de ese maná caído del cielo.

Casi todos los costeños vieron pasar frente a sus narices grandes proyectos debidamente aprobados y financiados, mientras sus pequeñas ideas y proyectos se tuvieron que quedar dentro de un congelador. Y el método para ese congelamiento fue sencillo pero maquiavélico: “no se titulen derechos posesorios en costas e islas, y si se hace, que sea a precios casi comerciales para que el Estado pueda usufructuar la bonanza”.

Dice la teoría económica moderna que para bajar significativamente la pobreza de una nación, hay que pensar menos en programas populistas, dádivas y limosnas, y más en dotar al desposeído de herramientas que le permitan ingresar a la corriente económica del país.

Una de esas herramientas es la titulación agresiva de todas sus pocas pertenencias, brindándole seguridad jurídica y convirtiéndolo en sujeto de crédito. Afirma Hernando de Soto: “país titulado, país desarrollado”.

Mientras en otros países los gobiernos luchan contra terribles obstáculos que impiden la titulación masiva, como son el latifundio, los fenómenos de violencia etc., en Panamá, paradójicamente, es el mismo Gobierno el que se aferra a la tierra desconociendo el legítimo y natural derecho que tienen los ciudadanos de que gratuitamente se les reconozca su ocupación a través del título de propiedad.

Todos los panameños comprenden el esfuerzo que hacen las autoridades para aumentar el índice de crecimiento económico del país.   Comprenden que se busque con ahínco los recursos económicos necesarios para financiar obras de infraestructura, mejorar la educación, la salud etc., y es así como, a regañadientes, aceptaron por ejemplo el castigador 7% de ITBMS.

Pero lo que no se entiende es que a los costeños, por el solo hecho de tener su pequeño patrimonio cerca del mar, se les castigue descapitalizándolos o, lo que es peor, obligándolos a endeudarse para poder alcanzar un poco de seguridad jurídica. Bien haría el Gobierno en comprender que la bonanza inmobiliaria se acabó, que los costeños panameños tampoco podrán beneficiarse de la misma, y que todos ellos siguen mirando, con perplejidad y frustración, los anuncios periodísticos de hace un año, donde se prometía titulación masiva y gratuita de todos los derechos posesorios en el país.

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Este artículo se publicó el 14 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Derechos posesorios

La opinión del Abogado y Comentarista…..

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Guillermo Márquez B.

En los últimos días se ha suscitado una ferviente discusión sobre derechos posesorios. Hay muchísimas personas que tienen largos períodos de tiempo en la ocupación pacífica y sin interrupción de ciertas extensiones de terreno con ánimo de dueño y señor. No obstante, en muchos de estos casos algunos se han visto en el peligro de ser despojados por personas que alegan tener mejor derecho que ellos y los conminan a que demuestren en virtud de qué se apoyan para justificar sus derechos posesorios.

Los que tal cosa pretenden valiéndose de su posición política o poderosamente económica, están muy equivocados si piensan que sus pretensiones pueden prosperar desde el punto de vista del derecho. Y ello es así, porque es principio universalmente establecido que la carga de probar incumbe al que reclama la posesión y no al que posee.

En consecuencia, todo el que en la actualidad tiene el disfrute de derechos posesorios debe aferrarse a defenderse en virtud de que no tiene por qué demostrarle al que reclame su derecho puesto que el que tiene que probar tenerlo mejor es quien reclama.

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Artículo publicado el 11 de febrero de 2010 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Más sobre la posesión

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La opinión del Abogado….
CARLOS  B.  PEDRESCHI
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El problema de los derechos posesorios relacionado con los denominados terrenos baldíos del Estado, viene suscitando mucho interés y mucha preocupación en la sociedad panameña.

Las apreciaciones que siguen se proponen contribuir a una visión más comprensiva y práctica del problema.

Debo empezar por señalar que ningún problema puede ser comprendido si se ignoran las referencias básicas que le son inherentes y la naturaleza que le es propia.

En consideración a lo dicho, adelanto las referencias que siguen:

En el Derecho panameño una cosa es el derecho de propiedad y otra, suficientemente distinta, es el derecho de posesión.

En la esfera privada, reconocida y regulada por el Código Civil, es legalmente posible que, transcurrido cierto tiempo y cumplidos otros requisitos, el derecho de propiedad sobre un inmueble particular ceda su lugar de posesión y éste se convierta en derecho de propiedad.

En la esfera pública el caso es distinto. En ésta, no opera la prescripción o, lo que es lo mismo, el titular de un derecho posesorio no adquiere un derecho de propiedad por el solo transcurso del tiempo, independientemente de la extensión o prolongación del mismo. Sencillamente, los derechos contra los bienes del Estado no prescriben.

Lo dicho no significa que un derecho posesorio no pueda convertirse en derecho de propiedad respecto de un terreno baldío del Estado. Lo dicho significa que ese derecho de propiedad no puede adquirirse, como en la esfera privada, por prescripción, esto es, por el mero transcurso del tiempo. Más aún: de hecho históricamente la imprescriptibilidad nunca ha sido un obstáculo para que el Estado transforme derechos posesorios en derechos de propiedad sobre terrenos baldíos.

Lo dicho, encuentra fácil explicación. Si la Constitución Política del país reconoce expresamente el derecho de propiedad privada sujeta ésta a una función social, obviamente con mayor razón, precisamente por públicas, las tierras baldías del Estado están afectas a una función necesariamente pública e igualmente social.

Al inicio de las presentes reflexiones adelanté que un problema no podía ser comprendido si se ignoraban las referencias que le eran inherentes y si, además, se ignoraba la naturaleza que le era propia.

Ya dentro del área anunciada, debo empezar por señalar que, en ningún Estado del mundo, la naturaleza propia de un problema la da el texto de la Ley, sino la materia que ésta regula. Un ejemplo bastará: cuando la Ley regula un problema de sanidad, la naturaleza del problema es sanitario.

En mi concepto, los derechos posesorios sobre tierras baldías del Estado tienen una naturaleza eminentemente económica y social, y así debe ser entendida por los funcionarios encargados de administrar las normas legales correspondientes.

Las implicaciones económicas y sociales resultantes de la conversión de derechos posesorios en derechos de propiedad a expensas de tierras baldías del Estado es, por lo demás, de tal magnitud que nadie, poseedor de una mediana ilustración y suspicacia, tiene derecho a ignorar.

La magnitud de las implicaciones económicas y sociales a que me refiero en el párrafo anterior es comparable, proporciones guardadas, con la conversión de la economía informal del país a la economía formal. El problema, por la naturaleza que le es propia, no puede resolverse con simples legalismos o criterios puramente formales.

Probablemente no esté de más destacar una advertencia: dado los apremios fiscales que confronta el Estado y el incremento del valor de mercado de los derechos posesorios en Panamá, no es de extrañar que las autoridades correspondientes reparen más en los beneficios fiscales que ofrece la coyuntura, que en la magnitud de los beneficios económicos y sociales resultantes del otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos del Estado.

Evidentemente, nada sería más desafortunado para el país que acercarse al problema que se confronta con mentalidad de corredores de bienes raíces.

Finalmente, lo que sí debe ser una preocupación mayúscula de las autoridades correspondientes en cada caso de otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos, es asegurarse la total garantía de que los dueños de estas tierras cumplan la responsabilidad de proteger el medio ambiente, so pena de multas severas, incluyendo la pérdida del título.

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Publicado el 17 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, y el 20 de diciembre de 2009 en el Diario La Prensa, a quienes  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El contrato social ‘versus’ la ley

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La opinión del Abogado…..

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Carlos Ernesto González Ramírez
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La sabiduría oficial dice que todas las tierras dentro del territorio nacional que no están tituladas constituyen bienes patrimoniales del Estado. Por consecuente, las personas que tienen derechos posesorios solo tienen derechos de uso, y tienen que comprarles sus propias tierras al Estado al precio que este pida.

Para justificar tal conclusión, ellos usan un argumento legal complicado que mezcla preceptos constitucionales, leyes y definiciones de palabras y que va así:   La Constitución Política de 1972, en el artículo 257, dice que “Pertenecen al Estado… Las tierras baldías”.

El Código Agrario de 1962 define tierras baldías como aquellas que no tienen título de propiedad, sean ocupadas o no. Además, el artículo 1670 del Código Civil, adoptado en 1969, dice que “las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios, y de las entidades autónomas y semiautónomas, son imprescriptibles”.

Lo anterior nos da la esencia del argumento oficial: En algún momento, la tierra se encontraba en su estado natural y era baldía. Ella fue ocupada, pero, dado el artículo 1670, los ocupantes nunca adquirieron la propiedad porque las tierras que eran del Estado son imprescriptibles.

El argumento oficial tiene cuatro problemas. Primero, el Código Agrario es anterior a la Constitución, y su definición choca con el sentido común de las palabras en el Diccionario de la Lengua Española, que define tierras baldías así: “Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. Dicho de un terreno: Del dominio eminente delEstado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo”.

Es decir, la tierra es verdaderamente baldía solo cuando está en su estado natural y no ha sido ocupada. La simple ocupación cambia su carácter de un terreno baldío que le pertenece al Estado a propiedad privada perteneciente al que lo ocupa.

Segundo, con relación al artículo 1670, cuando la cláusula fue adoptada en 1969, su intención era que se aplicara a fincas patrimoniales tituladas y no a tierras nacionales sin título, para evitar la prescripción otorgada por la Corte Suprema de unas fincas municipales. Además, la ley no debiera ser retroactiva, y por ende los que tenían la posesión antes de 1969 pueden prescribir contra el Estado.

Tercero, la posición oficial está en conflicto con una realidad en el mundo de los hechos, y es que cientos de miles de panameños poseen tierras y son dueños de derechos posesorios. Ellos están dispuestos a luchar por sus tierras, han recibido la protección de las cortes de justicia y son considerados por el pueblo panameño como los legítimos dueños de sus tierras.  En ese sentido, el Código Agrario y el artículo 1670 son leyes positivas (que emanan de una asamblea) que son contrarias a la costumbre y al contrato social, por tanto, esas leyes son obsoletas, incorrectas y deben ceder para alinearse con el contrato social.

Por último, los poseedores de tierra gozan de la protección a la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La propiedad constitucional que garantiza el artículo 47 de la Constitución es un derecho natural inalienable que nace del dominio con ánimo de dueño de un bien, ya sea un automóvil, un caballo, una camisa o la tierra. Así lo dijo Picard Ami en 1972 durante los debates constituyentes: “… la propiedad es un derecho natural”.

Así también lo establece Carnetlutti en su obra maestra Cómo nace el Derecho: “la propiedad nace, en el terreno de la economía, antes que el derecho; la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico”. El pensamiento filosófico que prevalece en Occidente desde la Iluminación, expresado por John Locke, también afirma que “El que se apropia de un bien común que encontró en su estado natural ha mezclado su trabajo y unido a éste algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad”. Muchos fallos de las cortes internacionales de justicia afirman que la fuente de la propiedad es la concepción “lockeana” de la posesión, y no un registro.

Si la propiedad sobre la tierra naciera de un registro y no de la posesión, entonces la propiedad no fuese un derecho inalienable en Panamá, pues cualquier gobierno podría erradicarla simplemente eliminando el registro público. Consecuentemente, ni el Código Agrario ni el artículo 1670 pueden derogar la propiedad privada que tienen los tenedores de derechos posesorios, pues sus derechos son superiores a la ley positiva que emana del poder y están garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales.

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Publicado el  7 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Posesión y propiedad

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La opinión de….

Publio Ricardo Cortés C.
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El Código Civil que Andrés Bello redactó para Chile, adoptado en Colombia, solo rigió en Panamá hasta 1917, cuando entró a regir el panameño.   Según el párrafo 13 de la exposición de motivos, en materia de posesión, los redactores panameños se separaron del modelo colombiano por considerarlo “difuso en demasía”.   En su lugar, siguieron en general el Código Español.

Simplificando, digamos que el sistema regula la relación de las personas con los bienes en dos grados.   El grado preliminar, llamado posesión, y el grado pleno, llamado propiedad.   Cada uno tiene sus ventajas, pero no hay duda de que son diferentes, esencialmente porque el que está en grado preliminar tiene una menor jerarquía.

Cuando la persona tiene el grado preliminar (posesión), actúa frente a la cosa, la retiene, “con ánimo de dueño”, es decir, con la actitud de un propietario, aunque no lo sea.   En esta situación, la persona está en mejor derecho respecto del bien, si lo comparamos con otros que ni siquiera tienen esa retención.   Por eso, el poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, puede exigirle al intruso que no tiene vínculo con el bien que salga de su predio, incluso puede vender en el mercado ese derecho.   La protección de la posesión llega al punto que la misma se puede heredar, tal como lo ha reconocido la Corte.

Sin embargo, pese a toda esta protección, la posesión no es propiedad. Una de las pruebas más claras está en el artículo 337 del Código Civil, que es la norma fundacional de la definición de propiedad en Panamá, cuyo texto es sustancialmente igual al del Código Civil de España, donde se dispone que “El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para reinvindicarla”.  Queda claro que posesión no es propiedad, porque si fueran lo mismo, entonces el que tiene grado pleno (propiedad), no tendría acción para recuperar el derecho ejercido contra él, por el que tiene grado preliminar (poseedor).

Cosa diferente es que el que tiene grado preliminar (posesión), entre particulares, puede convertirse en grado pleno (propiedad),  incluso contra el propietario, si prueba en juicio que mantuvo la posesión por un tiempo determinado (generalmente 15 años).   En ese caso no tiene que pagar por la tierra.   Dicha posesión tiene que ser ininterrumpida y “con ánimo de dueño”. Al respecto, el comentarista del Código Civil Español, Manresa y Navarro, resalta “la necesidad de la creencia de poseer la cosa como propia, para que la posesión pueda convertirse, por el transcurso del tiempo, en verdadero derecho de propiedad”.   Eso se llama prescripción adquisitiva de dominio.

En síntesis, el poseedor no es propietario, pero si se ejerce la posesión por un tiempo en un predio privado, puede convertirse en propietario sin pagar.

Ahora bien, ¿qué pasa si el predio es un baldío del Estado?   Sobre los predios del Estado también se puede ejercer posesión, por cuanto la misma es una situación de hecho. No obstante, el poseedor no puede adquirir el grado pleno (propiedad) por el transcurso del tiempo, porque el Código Civil prohíbe la prescripción en baldíos del Estado.   ¿Qué tiene que hacer en estos casos el poseedor para alcanzar el grado pleno (propiedad)? Tiene que comprar al Estado el bien, tal cual se ha venido haciendo desde inicios de la República.

Claro está, que el Estado decide si es oportuno vender o no, de acuerdo a los planes de desarrollo que tenga. ¿Cuál es la ventaja de tener la posesión en un predio baldío del Estado? La ventaja es importante: que si el Estado decide vender, debe venderle directo al que tiene la posesión, sin hacer licitación.

Lo que ha pasado en Panamá es que hay algunas personas que han sembrado la confusión, para hacer creer a algunos interesados que el grado preliminar (posesión) es igual al grado pleno (propiedad).   De otra forma, también han hecho creer a muchos que se puede adquirir por prescripción contra el Estado, a pesar de la prohibición del Código Civil.

Por cualquiera de las dos vías quieren llegar a su meta predeterminada: convencer a la gente que ya la tierra es suya, para obtener en propiedad tierras baldías del Estado sin pagar o pagando solo precios simbólicos.

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Publicado el  5 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los cuatro pilares de la titulación de los derechos posesorios

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La opinión de…..

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Adalberto  Pinzón Cortez
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El tema de titulación de tierra debe ser abordado sobre la  base de cuatro pilares fundamentales que deben interrelacionarse:

    • El derecho del Estado a cobrar por vender o titular un terreno e identificarlo para los fines que corresponda:
    • el respeto a la propiedad privada;
    • la garantía a las inversiones; y,
    • el apoyo a los municipios.

Actualmente existen categorías de poseedores de derechos posesorios que reclaman titulación y que agrupamos así:

    • los propietarios originales;
    • los que han comprado a los primeros (derivados);
    • los que sobre un terreno que nadie ha reclamado ni ejercido ocupación formal, abogan titularidad;
    • y quienes alegan derechos posesorios, con un plano confeccionado en gabinete y/o  Google Earth.

Recomiendo agrupar las dos primeras categorías, a las que nos referiremos. Quienes se ubican en las restantes, si desean titular, deberían participar en una subasta pública y a valor de mercado.

En primer lugar, es necesario  acreditar el derecho posesorio. Los mecanismos tradicionales para probar la posesión están consagrados en nuestros códigos, la costumbre administrativa y jurisprudencia.

Un poseedor legítimo no tendrá problemas con esto. Quizá, en algunas regiones  será más fácil acreditarlo, como en Azuero.   Hay otras áreas en las que habrá que hacer verificaciones con más detenimiento, siendo éstas en donde, precisamente, pretenden entrar algunas personas que se ubican en las dos últimas categorías arriba mencionadas.

Sobre el valor del terreno, proponemos la elaboración de una zonificación del país, donde se  asignen valores. Si las zonas son muy grandes, deberían existir  dentro cada zona dos subzonas, por ende, dos valores, dependiendo de la existencia de servicios públicos y/o carreteras, por ejemplo.   Aunque lo ideal sería hacer zonificaciones pequeñas con un solo valor.

El valor que proponemos se asigne es el valor de mercado actual (VMA) y para establecerlo se podrían contratar cinco compañías  avaluadoras, quienes con los funcionarios de Catastro y Contraloría llevarían a cabo esta labor a corto plazo. Luego de establecidas las zonas con el VMA, a partir de esto, el Gobierno establecería a qué porcentaje  “titulará” o “venderá” la tierra,  para lo que proponemos dos categorías: la primera incluiría a quienes pretendan obtener el título y desean un reconocimiento del monto que han pagado previamente por la obtención de los derechos posesorios. Aquí el valor de la tierra tendría  un descuento entre el 20%  y 30% del VMA y, adicionalmente, un descuento equivalente al pago efectuado por dichos derechos posesorios, para lo cual deben establecerse  mecanismos contables de comprobación.

La segunda categoría, incluiría a quienes pretendan el título pagando un 30% del VMA, sin posibilidad a solicitar el reconocimiento de ningún pago efectuado. Podría establecerse el pago de un impuesto del 3% del VMA (excepto para los poseedores originarios) y en ambos casos el VMA sería el que tenga que registrarse como el nuevo valor catastral de la finca naciente.

Adicionalmente, podrían tenerse otras variables: titulación gratuita de cinco hectáreas, descuentos porcentuales por cabida superficiaria;  posibilidad de plazos para pagar la tierra, con limitaciones de dominio, entre otras.

Por último, proponemos que un aspecto concreto que coadyuvaría con la descentralización sería que los municipios reciban la  información topográfica levantada y  parte de los ingresos que  recaude el Gobierno central por la venta o titulación de los terrenos. Este ingreso se destinaría sólo  a inversiones, pero el municipio lo administraría soberanamente.

Es palpable hoy día que la mayoría de los poseedores, Gobierno central, municipios, inversionistas y profesionales abogamos  y urgimos por una solución en el tema de titulación, por lo cual, con voluntad será fácil el establecimiento de una ley que pondere a las mayorías y no que pretenda regular casos aislados, ya que muchas veces por pretender regular estos últimos, se crean  procedimientos complejos y de difícil aplicación, en detrimento de las mayorías.

Al final, si sigue la discusión y no se toman decisiones, el inversionista que no pueda titular se irá; el Gobierno central no obtendrá ingresos por ventas de tierra o impuestos de inmueble; y, en el municipio seguirán  escribiendo con la máquina Olympia  y con un aire acondicionado que no enfría pero hace “ruido”,  no obstante,  el pobre poseedor que quiere la titulación de su tierra seguirá esperando, porque los tres primeros  no se han puesto de acuerdo y eso que los tres pregonan que sólo buscan  proteger y  beneficiar  a este, el poseedor.

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Publicado el  2 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Acaparamiento y otros males

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La opinión de….

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Marissa Krienert
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El proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, cuyo autor es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le otorga a dicha institución la capacidad de rechazar la validez de los derechos posesorios en islas y costas y declararlos “bienes patrimoniales”, así como la discreción para determinar el precio del título basado en el precio de mercado, lo que implica que la gran mayoría de lugareños no va a tener los recursos para pagarlos y los que los adquirieron de ellos, van a tener que pagar dos veces.

La ley ha sido denunciada por 19 gremios, varias embajadas y docenas de inversionistas y lugareños.

Para justificarlo, el MEF ha lanzado una campaña de prensa infernal contra varios inversionistas que han adquirido grandes extensiones de terrenos en costas, sin importar las actividades que van a realizarse con esas tierras o si fueron adquiridas legítimamente. Las razones que el MEF nos da para introducir esta ley tan controversial son: controlar el acaparamiento de tierras, la especulación y negar la posesión a personas que la adquirieron invadiendo las tierras, sin derechos posesorios.

Con relación al acaparamiento de tierras, el hecho de que alguien tenga grandes extensiones de terreno no es necesariamente perjudicial para la sociedad y puede serhasta beneficioso. Si Disney viene a Panamá y necesita 100 mil hectáreas en una isla para hacer un parque de diversión, nadie se quejaría. Hay familias, incluyendo unas muy cercanas al poder, que tienen miles de hectáreas dedicadas a la ganadería, agricultura, conservación ecológica, ingenios, resorts y otras actividades, y nadie se queja.   Si esas personas compraron sus tierras legítimamente y las tienen dedicadas a actividades productivas, están beneficiando al país.   Entonces, ¿por qué se cuestiona y se quiere limitar la cantidad de hectáreas que una persona adquiere en islas y costas?  ¿Cuál es el propósito que se alcanza?

Si lo que queremos es regresar a la reforma agraria de los años 70, cuando el gobierno militar le quitó la tierra a los que tenían grandes extensiones de ella, entonces tenemos que prepararnos para que un gobierno izquierdista, en el futuro, expropie tierras legítimamente adquiridas bajo la excusa de que nadie debe tener muchas tierras.    Pienso que esa no es la intención de este gobierno y, por ende, los que compraron tierras legítimamente de lugareños, deben tener los mismos derechos a titular sus predios que el resto de los ciudadanos, y cualquier campaña en contra o cualquier intento de agraviarlos sería discriminatorio y contrario a la ley.

Con relación a la especulación, ¿desde cuándo el Estado controla los precios de las tierras?   Especular es comprar a un precio para vender a otro más alto y eso lo hacen todos los comerciantes del país.

En Panamá se especula con el precio del combustible, tomate, electricidad, carne, bienes raíces, entre otros. Los mercados de valores son pura especulación.   De hecho, en los últimos cinco años, la ciudad de Panamá se convirtió en un gran circo de especulación con bienes raíces, lo cual enriqueció a miles de panameños.

¿Por qué entonces un inversionista que tuvo la visión de comprar derechos posesorios baratos en lugares remotos del país, no puede venderlos a un precio más alto, especialmente si le hace mejoras y si esta actividad es legal y permitida bajo la ley existente?

El día que regulemos la especulación de bienes raíces, hasta ese día tendremos el mercado inmobiliario que tanto ha beneficiado a todo el país.

El otro argumento que usa el MEF es que hay personas que se tomaron tierras desocupadas, especialmente bosques, diciendo que había derechos posesorios sobre ellos. Aun si es verdad que esto ha sucedido, el problema no justifica una ley que cuestiona los derechos posesorios sobre bosques que fueron adquiridos legítimamente.

Porque hay borrachos, ¿vamos a prohibir el alcohol?,   porque hay accidentes de carros, ¿vamos a prohibir su circulación?, y porque hay abusos, ¿vamos a prohibir la posesión de bosques?, pues entonces la medicina es peor que la enfermedad y los justos terminan pagando por los pecadores.

La ley no puede ni debe legislar excepciones, sino establecer un principio general, el respeto a los derechos posesorios y su eventual titulación, e investigar caso por caso situaciones donde existan dudas, y tomar las medidas adecuadas en esos casos.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Tierras baldías y derechos posesorios

La opinión de……

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Mario J. Galindo H.

En fechas más o menos recientes, se ha articulado la tesis de que, conforme al derecho panameño, las tierras estatales comúnmente denominadas baldías se convierten en propiedad de quien, sin más títulos que su propia voluntad, se afinque en ellas y las explote o utilice con ánimo de dueño.

Dicha tesis equivale a afirmar que en Panamá el poseedor de tierras baldías deviene en propietario de las mismas, sin que sea para nada necesario acto de adjudicación alguno por parte del Estado, dado que la referida adjudicación, en el mejor de los casos, solo vendría a reconocer el derecho de propiedad preexistente ya adquirido por el poseedor.

Discrepo de esa tesis. En mi opinión, ella no es de recibo. En Panamá el derecho de dominio o de propiedad sobre las tierras estatales, sean éstas de dominio público, baldías o patrimoniales, no se puede adquirir mediante el simple acto de ocuparlas y de poseerlas, independientemente del tiempo que dure la posesión.

Así lo disponía la parte pertinente del artículo 1670 del Código Civil aprobado en 1917, según el cual “las tierras baldías nacionales son imprescriptibles”, y así lo dispone hoy esa misma norma a tenor de la reforma que se le introdujo mediante el Decreto de Gabinete No. 75 de 21 de marzo de 1969, que preceptúa que “las tierras de propiedad de la Nación, de los municipios y de las entidades autónomas o semiautónomas oficiales son imprescriptibles”.

Para los legos en materias jurídicas me permito aclarar, sin entrar en sutilezas técnico–legales, que la prescripción adquisitiva o usucapión es un modo de adquirir el derecho de propiedad o dominio de una cosa por haberla poseído su ocupante durante el tiempo que establezca la ley.   En virtud de la usucapión se produce el fenómeno jurídico, conocido desde los tiempos del derecho romano, de que la posesión se transforma en propiedad.

Las normas del Código Civil que acabo de transcribir disponen, sin ningún género de dudas, que en Panamá esa transformación no puede darse en el caso de los bienes que pertenezcan al Estado.

Tal vez no sea ocioso precisar que la reforma del citado artículo del Código Civil obedeció al hecho de que, como hemos visto, su texto original solo vedaba la prescripción respecto de las tierras estatales que tuvieran el carácter de baldías y no respecto de los demás bienes raíces del Estado.

Esa circunstancia dio lugar a que nuestros tribunales adoptaran en ocasiones la posición de que los bienes patrimoniales del Estado sí eran usucapibles. Para evitar que ello siguiera ocurriendo, se amplió, en la forma indicada, el criterio de la imprescriptibilidad de los bienes estatales, amparándolos así a todos contra el riesgo de la usucapión.

Probablemente el último caso de prescripción de un bien patrimonial del Estado fue el resuelto mediante sentencia de 14 de agosto de 1973 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dictada incluso después de la aprobación del ya mencionado Decreto de Gabinete No. 75 de 1969.

En dicho caso, la Corte se pronunció en el sentido de que cuando se dictó el referido decreto de gabinete ya el demandante había adquirido por prescripción unos terrenos patrimoniales pertenecientes a una entidad descentralizada del Estado y que como el decreto de gabinete no tenía efectos retroactivos, procedía reconocerle al demandante el derecho de propiedad que ya había ingresado en su patrimonio, por prescripción o usucapión, sobre los terrenos en cuestión.

La Constitución colombiana de 1886, que rigió en Panamá hasta la fecha de nuestra independencia, disponía que las tierras baldías pertenecían al Estado. Lo propio han hecho todas las constituciones panameñas, a partir de la de 1904.

A mayor abundamiento, el Código Fiscal aprobado en 1917 determinó que son tierras baldías “todas las que componen el territorio de la República con excepción de las que en cualquiera época hayan sido legítimamente apropiadas y de las que pertenecen hoy a personas naturales o jurídicas en virtud de justo título”.

Esta definición se repitió en el hoy derogado artículo 100 del Código Fiscal de 1956 y se reprodujo en el vigente artículo 24 del Código Agrario, que reza así:  “son tierras baldías todas las que componen el territorio de la República, con excepción de las que pertenezcan en propiedad privada a personas naturales o jurídicas”.

A la luz de lo que llevo dicho es claro que en Panamá todas las tierras que no sean de propiedad privada pertenecen al Estado, en calidad de tierras baldías, y que, como éstas no son usucapibles, aunque sí enajenables, los particulares únicamente pueden adquirirlas mediante la celebración de contratos de adjudicación con el Estado, en los términos y condiciones que establezca la ley.

Cabe entonces preguntar ¿en qué consisten los llamados derechos posesorios que los particulares derivan de su ocupación de tierras baldías con ánimo de dueño? La posesión es, ante todo, un hecho físico. Así lo entiende la doctrina jurídica desde los tiempos del derecho romano.

De ese poder o señorío de hecho o material sobre las cosas dimanan ciertos derechos que en Panamá han venido a denominarse “derechos posesorios”.

Uno de ellos se tutela a través de la llamada defensa interdictal de la posesión, merced a la cual el poseedor puede retener o recuperar su posesión y así conservarla mientras no sea vencido en juicio por quien tenga mejor derecho sobre el bien de que se trate. Otro es el derecho de traspasar a terceros la posesión, incluso a título herencial.

Sin duda el más importante de los derechos posesorios es, precisamente, el de adquirir, por prescripción adquisitiva o usucapión, la propiedad o dominio sobre el bien sujeto al poder o señorío de hecho del poseedor.

Como queda dicho líneas atrás, por efecto de la usucapión la posesión en concepto de dueño se transforma en el derecho de propiedad sobre la cosa poseída.   De este derecho es titular quien ocupa y posee en Panamá terrenos de propiedad privada, pero no, según queda explicado, quien ocupa terrenos pertenecientes al Estado, sean éstos de dominio público, baldíos o patrimoniales, no importa por cuánto tiempo se prolongue su posesión.

En el caso de los bienes estatales, el poseedor solo puede acceder al derecho de propiedad o dominio sobre las tierras baldías o patrimoniales mediante el correspondiente trámite de adjudicación, siempre con sujeción y con arreglo a lo que sobre el particular disponga la ley.

Así es desde los albores de la República.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Del discurso a la realidad

La opinión del Diputado de la República….

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JOSE BLANDON FIGUEROA

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Del discurso a la realidad

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A propósito de la discusión del Proyecto Ley sobre derechos posesorios en las costas e islas, ha vuelto a resurgir la tesis interesada de quienes representan poderosos intereses económicos, según la cual ser poseedor equivale a ser propietario y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de titular a quienes dicen ser poseedores y hacerlo al menor precio posible, porque el Estado no está vendiendo el terreno, sino cobrando el trámite de titulación.  Los ideólogos de esta tesis dicen defender los intereses de los lugareños que, por años, han ocupado estas tierras.

Creo que ha llegado la hora de desenmascarar a quienes se escudan detrás de los costeños de Colón o los santeños del Uverito.

En honor a la transparencia que pregonan los voceros de la sociedad civil, y con la cual estoy totalmente de acuerdo, es necesario decir que los principales voceros de esta tesis tienen intereses directos en la titulación de cientos de hectáreas de selva en las costas de la provincia de Darién o representan como abogados, por ejemplo, a una empresa norteamericana que pretende titular, para sí, cientos de hectáreas de selva en la costa Pacífica de la provincia de Veraguas.

No es que crea que eso sea pecaminoso, pero no parece justo en el debate que no salgan a explicar eso y se pretendan escudar en que su verdadero interés es defender a la señora del Uverito que, de a mala, tiene derechos posesorios sobre mil metros de terreno que pretende titular.

Estos voceros pretenden vender como una verdad absoluta algo que ni siquiera se compagina con lo que nuestra Constitución establece.   Contrario al deseo de la Fundación Libertad, la Carta Magna panameña establece un Estado interventor que, como su nombre lo dice, interviene en la vida económica del país bajo la premisa de salvaguardar los intereses de la colectividad y en especial, de los más humildes. En Panamá, la Constitución establece que todo terreno que no es privado es del Estado y, por tanto, se considera baldío.

Y es precisamente por estar baldío que alguien que no es su propietario puede llegar, ocupar el mismo y alegar ser su “poseedor”.   Es poseedor y no dueño, porque el dueño es el Estado. El Estado no es el Gobierno que temporalmente lo administra, el Estado somos todos.

Por tanto, todos somos en parte dueños de ese terreno y el Estado que lo administra, en nombre nuestro, debe buscar darle el mejor uso posible para beneficio de la mayoría.

Dentro de esos mejores usos posibles es perfectamente legítimo que un Gobierno decida que ese mejor uso posible es titular el terreno a quienes son sus poseedores para que puedan desarrollarlo (lo cual puede significar conservarlo en en su estado natural). Pero también puede suceder que el Gobierno decida que es preferible no titularlo. Titular es una potestad del Estado, no una obligación.

Finalmente, hay quienes alegan que existe una posesión “ambiental”.    Según esa teoría, yo puedo llegar y decir que soy “poseedor” de cientos de hectáreas de selva virgen porque estoy “conservándolas”.

Y sobre esta base, el Estado se las tiene que dar a 150 dólares la hectárea para que luego ellos obtengan jugosas ganancias en el mercado internacional de los bonos de carbono y a través de la reforestación (y venta de madera), así como de la explotación de nuestra biodiversidad.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿no tiene más sentido para el Estado, que somos todos, que esa ganancia o parte significativa de la misma vaya para beneficio del erario y no de los bolsillos de unos particulares, así sea una supuesta Fundación? ¿Por qué vender esos terrenos estatales y no, por ejemplo, darlos en concesión?

En el segundo debate en la Asamblea, tendremos oportunidad de discutir estos temas más a fondo. Y prometo explicarle al país con ejemplos concretos cómo pretenden despojarnos de riquezas naturales que son de todos nosotros y no de unos cuantos avivatos, sean panameños o extranjeros.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Benditos derechos posesorios

La opinión de……

Roberto Castro
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Benditos derechos posesorios

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Para quien nunca ha tenido contacto con esta forma de tenencia de la tierra, es difícil entender el estado de temor y aprehensión constante de un 70% de propietarios a quienes les ha tocado vivir tal sensación de inseguridad jurídica, en especial a partir del boom inmobiliario de nuestro país.

A un gran porcentaje de la opinión pública le han vendido la idea de que un tenedor de derechos posesorios es un oportunista, una persona mala que se aprovechó de los terrenos baldíos de la Nación, prácticamente un invasor.

Muy pocos se han interesado por informar a la ciudadanía en el sentido de que tal forma de tenencia de la tierra es normal, no solo en Panamá sino también en la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Las oficinas de Registro Público fueron posteriores a la ocupación de la tierra, pero ahora en Panamá se pretende desconocer este hecho histórico, sentando una doctrina nacida de un antiguo director de Catastro quien, interpretando de manera acomodaticia la Constitución y las leyes, dijo que “todo terreno sin un título de propiedad registrado y amparado solamente con un derecho posesorio es un terreno baldío y por lo tanto pertenece a la Nación”.

Choca brutalmente contra la inteligencia del ciudadano común y corriente el mensaje oficial: de ahora en adelante, la palabra “baldío” significará “ausencia de título registrado” y no sinónimo de “desocupado”, como tradicionalmente lo ha interpretado el pueblo.

El sentido común, el menos común de los sentidos, nos grita a todos con claridad que una oficina de Registro Público es simplemente un gran archivo de todos los propietarios de tierras y que un título de propiedad es simplemente el reconocimiento oficial, la partida de bautismo que el Estado emite a un particular para reconocerle su propiedad.

¿Y cuál es esa propiedad? Pues simplemente la ocupación pacífica, ininterrumpida por determinado número de años, con ánimo de señor y dueño, o la compra de dicha ocupación a otro ocupante originario.

¿En qué momento surge el Estado como un vendedor de propiedad raíz? En el momento en que la Constitución le permite vender tierras que son su patrimonio por estar desocupadas, sin ciudadanos que hagan uso de ellas.   De allí, hasta llegar a vender terrenos ocupados bajo la figura de derechos posesorios, había un solo paso. Y ese paso lo quiere dar ahora el nuevo gobierno.

Fue impactante la exposición que hizo una anciana ciudadana norteamericana ante delegados del MEF en días pasados: “vine a invertir todos mis ahorros en Panamá respondiendo a su campaña de promoción internacional.   Compré los derechos posesorios sobre una pequeña isla y construí un pequeño hotel.   Ahora ustedes me quieren cobrar nuevamente por el título de propiedad.   No solo estoy en imposibilidad económica de pagarlo nuevamente, sino que tampoco me parece serio y justo”.

Como era de esperarse las embajadas de 16 países que tienen suscritos acuerdos bilaterales de respeto a los inversionistas, están incómodas con la posición del MEF, pues el proyecto de Ley 71 se interpreta como una expropiación de tierras ocupadas bajo la figura del derecho posesorio. Nadie entiende cómo es que se elabora un proyecto de ley sin tener en cuenta la existencia de tales tratados bilaterales.

Estoy totalmente de acuerdo con las autoridades del MEF en el sentido de frenar o regular a un reducido grupo de especuladores y acaparadores de las costas e islas panameñas.Pero tiene que existir otra forma de hacerlo sin afectar a toda la población costeña, nacional e internacional.

Cuando Panamá esté totalmente titulado, el desarrollo será viable, los litigios de tierras se minimizarán, los proyectos inmobiliarios y la depredación del medio ambiente serán más fáciles de controlar, pues nadie querrá una expropiación debida al mal manejo de sus tierras, tendremos una mejor imagen internacional respecto a la seguridad jurídica y podremos decir que estamos caminando hacia el anhelado Panamá como país del primer mundo.

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Publicado el 7 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Posesión de Bosques. Proyecto de Ley 71

La opinión de….

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Juan Ramón Sevillano Callejas

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Posesión de Bosques.  Proyecto de Ley 71

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Actualmente, la Asamblea Nacional debate el proyecto de Ley 71, por el cual se reconoce y titulan los derechos posesorios en zonas costeras, en islas y territorio continental. Uno de los temas de mayor debate es el reconocimiento de la posesión ambiental, es decir, la posesión de bosques en manos privadas para propósitos de conservación.

Desafortunadamente, el proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate no reconoce la validez de los derechos posesorios sobre bosques, sino que promueve la deforestación y la destrucción de la flora y fauna.

Actualmente, una gran parte de los bosques nacionales se encuentra en manos privadas. La mayoría de las tierras indígenas que no se encuentran ubicadas en las comarcas son bosques.

En los últimos 20 años, miles de panameños y extranjeros, incluyendo prestigiosas organizaciones como la Universidad de Harvard y Ancon, han adquirido bosques en Panamá para la conservación ecológica, actividades de ecoturismo, reforestación, ventas de crédito de carbono e investigación científica, entre otras. De hecho, la mayoría de los proyectos de hoteles y proyectos ecoturísticos en islas y costas requieren de una amplia extensión de bosques como atractivo para sus actividades ecoturísticas.

Desafortunadamente, de acuerdo con el proyecto de Ley 71, la posesión tiene que ser demostrada mediante el uso “habitacional, residencial, turístico, comercial o productivo” de la tierra. Para los autores de la ley, productivo significa que hay que deforestar, construir casas, hoteles, comercio, sembrados, etc. Simplemente, conservando el bosque no es un uso “productivo”.

El proyecto de Ley 71 comete el mismo error que el Código Agrario de 1962. Ese Código declara que nadie puede tener tierras “incultas u ociosas”, las cuales son definidas como tierras que no están siendo labradas o trabajadas. Si una persona tiene tierras “incultas u ociosas”, el Estado tiene el derecho a expropiarlas mediante el pago de una indemnización. El concepto que la tierra tiene que ser trabajada o labrada para que sea “productiva” era correcta en 1962, cuando no había calentamiento global, erosión, sequías que ponen a nuestras agriculturas en peligro, falta de agua desde el mes de enero en Azuero, deslizamientos de ríos, pandemias y muchos otros problemas causados por las acciones del hombre al dañar el medio ambiente.

Hoy día, el mejor uso de la tierra es para la conservación ecológica, pues nos da oxígeno, agua y muchos otros servicios ambientales. Es decir, la tierra más productiva es la que no se labra ni trabaja, sino que se conserva.

La Ley 1 de 1994 (Ley Forestal) reconoció esta nueva realidad, y por ende establece el concepto de la posesión ambiental, y crea las llamadas reservas privadas. Es decir, una persona que protege, conserva, cuida y controla un bosque, tiene la posesión y no tiene que deforestar. ¿Por qué, si ya habíamos superado esta etapa negra en nuestra historia, ahora vamos hacia atrás?

El proyecto de Ley 71 también entorpece el movimiento mundial más importante de nuestros tiempos. Panamá estará presente en la cumbre de Copenhague que ha de realizarse en diciembre, donde se implementará un sistema de pagos por créditos de carbono, que beneficiará a personas privadas que tienen tierras dedicadas a la reforestación y a la conservación. Es decir, pronto los que tienen bosques pueden decidir si es más rentable recibir pagos por proveer servicios ambientales o labrar la tierra.

Cientos de miles de panameños que hoy día tienen pequeños bosques pueden en el futuro vivir de ellos sin tener que derrumbarlos. ¿Por qué vamos a matar la gallina de los huevos de oro sin darle oportunidad a que ponga primero? (Un diputado dijo recientemente que “los créditos de carbono son del Estado”, sin embargo, el artículo 437 del Código Civil dice que “el poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos”, y los créditos de carbono son frutos de los árboles que absorben dióxido de carbono al crecer).

Panamá tiene que adoptar medidas competitivas o se va a quedar atrás en un mundo que cada día valora más la conservación de los bosques en manos privadas.

En Costa Rica, los poseedores de bosques no solo tienen el reconocimiento oficial del Estado, sino que el Estado les paga por conservarlos.

Costa Rica tiene 538 eco-lodges, Panamá 28. Directa e indirectamente, los bosques contribuyen 15% del PIB de Costa Rica, mientras que nuestros bosques casi no contribuyen nada a nuestra economía. Tenemos un potencial enorme, pero para explotarlo necesitamos leyes que incentiven la conservación ecológica y no que la penalicen.

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Publicado el 5 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.