Aumentos a los Jubilados y Pensionados y la CSS

La opinión de…

David A. Ocalagan B.

Nos sorprende ver con qué facilidad el actual Director General de la CSS, Ing. Guillermo Sáenz Llorens, informa a la comunidad los riesgos financieros que tendrá la institución si se aumenta a los jubilados y pensionados, ya que la finanzas de la CSS, no dan para esta solicitud social que pretenden los jubilados y pensionados, menos por la miseria que cotizaron en su tiempo laboral y ahora pretender mejores aumentos, que sus propias cuotas consignadas a la institución social.   Mejor suerte han tenido quienes no cotizaron nada y lograron de un plumazo cien dólares del gobierno central, sin ningún descuento fiscal o laboral. 

Definitivamente que los miembros de la Junta Directiva y la Asamblea de Diputados, son los responsables ante los asegurados de haberlo nombrado al frente de la institución de seguridad social con sus votos unánimes; confió, que en cualquier momento el Señor Presidente de la República, nos dará una buena noticia a los asegurados, regresándolo a su empresa de computadoras, donde fue un profesional exitoso.

Luego de transcurrido 15 meses desde que inició la nueva administración general, una de la más grandes debilidades conocida en la institución es su capacidad financiera, los beneficiarios que no son cotizantes directos y no son cubiertos por el Gobiernos Nacional, es una de sus causa principales, ya que los cotizantes al sistema son relativos y no dependen de la administración de la institución, lo que si depende de la administración general es su capacidad gerencial de creatividad de inversión apegado a Ley 51, como es el cumplimiento del Artículo 112, relativo a la creación de una Unidad Administrativa, que pueda manejar una cartera de préstamos personales a los jubilados y pensionados, que permitiría de seguro ingresos muy buenos a la institución por sus propios asegurados.

Sin embargo observamos con mucha preocupación la manera de hacer las compras de medicamentos e insumos en la institución, donde se mantiene por lo menos en el 2010, la metodología descentralizada de adquisición y no por medio de licitación de fijación de precios únicos, donde la compras son de manera masiva, para mejorar los precios y proteger las finanzas institucionales realmente. El mejor ejemplo es como se compran los insumos y medicamentos para los tratamientos renales, en cada centro hospitalario institucional, causando que los pacientes renales lleguen a costarle a la institución cerca de 40 millones anualmente,  por la descentralización en sus compras actualmente.

Convencido de que si el objetivo real de la actual Administración General de la CSS, fuera proteger las finanzas de la institución y mejorar su salud, ya hubieran decidido en qué invertir las tierras  que tiene la institución ociosas en Amador, No se invertiría en las compras de las acciones riesgosas de la nueva empresa dueña de los corredores, solicitaría al Gobierno el pago de las cuotas de cada beneficiarios y solicitaría una indemnización por la cancelación anticipada de los bonos que mantenía la institución del gobierno central a fin del 2009.

Los jubilados y pensionados por el sistema de salud social deben en Panamá recibir sus aumentos en sus pensiones proporcional a los incrementos de los costos de vida, al igual que reciben otros panameños, no es cuestión económica es un tema social-humano que parece no comprender el Ing. Sáenz Llorens, que se vendió a la población asegurada como un hombre con sensibilidad social.

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<>Artículo publicado el 28 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ocalagan-b-david-a/

¡Días libres en familia! Justicia social pendiente

La opinión del Paciente de Hemodiálisis…

DAVID A. OCALAGAN B.
david_280559@hotmail.com

Esta es una ilusión que mantiene el paciente de hemodiálisis. Solo los 2000 pacientes de hemodiálisis que tiene el sistema de salud público y sus familiares que viven en la práctica la realidad de no poder compartir en FAMILIA, como todas las otras personas, durante los días puentes, feriados, vacaciones o días libres, porque el sistema de salud panameño no les permite recibir los tratamientos renales fuera del área de residencia, al no disponer de cupos disponibles, pueden dar testimonio del efecto negativo a su salud que causa esta situación.

Tenemos cerca de ocho años de estar denunciando esta realidad social; sin embargo, no hemos logrado ser escuchado por ninguna de las autoridades sanitarias o políticas que deben resolver esta situación, a fin de permitirnos recibir el tratamiento de hemodiálisis en la provincia que visitemos en cualquier fecha del año.

Comprendemos que no somos los únicos pacientes crónicos en este pequeño país, lleno de tanta riqueza mal distribuida, pero existen salas de tratamientos en siete de las nueve provincias, el problema es la capacidad de la instalación, equipos, recursos humanos y la mala administración de estos servicios sanitarios que no se resuelve y son administrados como finca personales y no del Estado.

Los pacientes capitalinos con familiares en las provincias centrales, Chiriquí, Veraguas, Coclé, son los más afectados ni hablar de los pacientes con familiares en Bocas del Toro o Darién, donde no existe sala de tratamiento aún y estos sí están divididos familiarmente de forma permanente, porque deben vivir en la capital o la ciudad de David para recibir su tratamiento.

Hace poco leímos en los medios de comunicación social que somos más visitados por los turistas, más competitivos, el más globalizado en Centro América, el saneamiento de la bahía camina a todo vapor, vamos a tener un metro y metrobús como medio de transporte en la ciudad, la ampliación del Canal permite que la junta directiva se reúna cada año en EUROPA, en la lucha contra las drogas internacionales invertimos millones de dólares y próximamente se invertirán casi $1000 millones en nuevas infraestructuras hospitalarias, pero no han podido, tampoco en estos últimos 16 meses del nuevo gobierno, solucionar la necesidad sanitaria conocida por las máximas autoridades y estamos a las puertas de las fiestas patrias y luego las de fin de año, donde muchos panameños se reúnen familiarmente y una vez más tendremos los pacientes de hemodiálisis que ver partir a nuestras familias para algún punto del país sola, para no hacerla parte de esta cruz que es nuestra.

Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Carnavales, Día de las Madres, son entre otras fechas las múltiples oportunidades de compartir en familia que son negadas a muchos panameños que padecemos problemas renales y estamos en tratamientos ambulatorio de hemodiálisis. Sin embargo, la característica personal de las autoridades sanitarias se mantiene, ‘la INDIFERENCIA’, hasta que un día a un miembro de su familia les toque la puerta y les diga que tienen el mismo problema de cientos de otros panameños, para que lo puedan ver y resolverlo, salud.

 

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<> Este artículo se publicó el 24 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ocalagan-b-david-a/

Una compra que viola la ley

La opinión de…

David A. Ocalagan B.

La Ley 1 de 10 de enero de 2001, en su título II, capítulo II, artículo 24, referente a la Dirección de Farmacia y Drogas, determina lo siguiente: “Para cumplir con los objetivos de la presente ley, los ingresos que se obtengan a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, producto del ejercicio de sus funciones, se utilizarán exclusivamente para sufragar los gastos que ocasione la prestación de los servicios de registros, control posterior y farmacovigilancia que brinde esa dirección. Dichos recursos se depositarán y mantendrán en una cuenta especial, se manejarán de acuerdo con las normas presupuestarias y estarán sujetos a los controles fiscales establecidos, bajo el manejo y responsabilidad de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud”.

Por lo anterior, la compra de una camioneta 4×4, automática, para el uso del Sr. ministro, por medio del cheque 43247 de la cuenta No. 04-82-0081-8 del Fondo Especial de la Dirección de Farmacia y Drogas, viola la ley de medicamentos.

Este es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer con los fondos recaudados por los trámites de los registros sanitarios, que permiten implementar la farmacovigilancia en todo el país, a fin de garantizar la calidad de los medicamentos y otros productos para la salud humana.

Podemos suponer que no es la primera vez que el director de Farmacia y Drogas, Eric Conte, permite usar los fondos de farmacovigilancia para compras no autorizadas por la Ley de Medicamentos, justificación legal suficiente para que el Sr. Presidente de la República le solicite su renuncia al cargo por incumplir con la ley. No se debe decir sí a todo lo que el jefe desee hacer, el servidor público debe actuar en base a lo que la ley establece en democracia.

Hoy, que la población está a la expectativa de lo que ocurrirá con la Ley 1 de Medicamentos, se puede ver con más claridad por qué se pretende su derogación para implementar una ley totalmente nueva, que debilita y subordina más a la Dirección de Farmacia y Drogas al Ministerio de Salud y que permite el uso de los fondos recaudados en la tramitación de los registros sanitarios para actividades ajenas a la farmacovigilancia; se permitirá el ingreso de medicamentos falsos, en ausencia de una fiscalización efectiva y permanente, por comprar carros de lujo para el uso del despacho superior.

Cualquier justificación que se pretenda dar por el uso de estos fondos, no tiene razón. Estamos ante un acto de menosprecio a la salud de los panameños, al priorizar en la compra de un vehículo de lujo, en menoscabo de la vida de los ciudadanos.

<> Este artículo se publicó el 23  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los pacientes y el proyecto de ley

La opinión de…

David A. Ocalagán B.

No comprendo por qué cuando los pacientes opinamos sobre determinado tema, como es el caso de la propuesta del Ministerio de Salud (Minsa) sobre medicamentos y otros productos de consumo humano, algunos altos funcionarios tratan de desacreditarnos diciendo que somos manipulados; que no podemos ser parte de las consultas porque ellos son los técnicos y creen que no podemos aportar.

Tanto las autoridades del Minsa como el director de la CSS creen que por la alerta activada por las asociaciones de pacientes de cara al proyecto de ley que reemplaza a la Ley 1 de Medicamentos, los agremiados somos manipulados por empresarios, comerciantes y farmacéuticas, como si fuésemos ignorantes que pueden ser inducidos sin tener criterio profesional sobre el consumo de medicinas, sus efectos y el negocio que representan para todos, incluidos funcionarios.

Hay que abrir una mesa de trabajo donde concurran todas las partes interesadas en el proceso de consumo y adquisición de medicinas y otros productos, para analizar las mejoras a la ley, no para reemplazarla.

Esto no debería ser un problema, de no ser por los intereses económicos –más que sanitarios y sociales– evidentes en el proyecto de ley, que tiene un fuerte ingrediente de flexibilización en las compras, capacidad gubernamental de efectuarlas directamente y debilidad de fiscalización y control de los productos que ingresen al país, por parte de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas y del Laboratorio de Referencia de la Universidad de Panamá.

La propuesta que reemplazará a la Ley 1 del 10 de enero de 2001 es mala y no tiene el aval de todos; se vela solo por el interés de unos pocos que desean ser más ricos.

Las muertes que se causen con la llegada de medicinas falsas tendrán responsables, porque los diarios recogen los nombres de los que dicen que esta nueva norma regulatoria será buena y segura, al traer basura farmacológica a precios bajos de países de altos estándares y de alta calidad determinados por ellos.

Estamos seguros de que el desabastecimiento, altos precios y agilización de los trámites de registros sanitarios no serán resueltos con la nueva ley, porque el objetivo de fondo es el dinero, no la vida.

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Artículo publicado el 29 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Cambios en la Ley de Medicamentos, ¿quién gana, quién pierde?

La opinión de…

David A. Ocalagan B.

La ley actual de medicamentos definitivamente necesita cambios, pero para mejorar los avances alcanzados, nunca para debilitar las regulaciones en la bioequivalencia de los medicamentos, del Control Previo por medio de nuestro Registro Sanitario Nacional y la implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, la cual tiene 9 años de mora.

No es comprensible ni justificable que por pretender favorecer a ciertos grupos económicos, toda una población sea expuesta a posibles afectaciones a su salud, la agilización del trámite para obtener el registro sanitario o los procesos de análisis en el laboratorio nacional de referencia, mejorar el acceso de los consumidores a medicamentos y otros productos para consumo humano, más económicos y variados; eliminar la funciones de fiscalización previa de la Dirección de Farmacias y Drogas y pretender que las farmacéuticas transnacionales -por medio de sus empresas comercializadores internacionales- vendan a Panamá medicamentos innovadores o sus productos genéricos a los precios que disponga el MINSA; desconociendo que pertenecemos a la OMC y tenemos un sistema de libre mercado, no son las verdaderas causas por las cuales el Ministro de Salud pretende cambiar la ley de medicamentos en nuestro país, para supuestamente mejorar el acceso, regulación y precios de los medicamentos y otros productos para uso humano.

Los panameños deben despertar por que esta será una de las más serias afectaciones a la seguridad sanitaria, porque la salud de la población es fundamental para su desarrollo, una vez que se permita el ingreso para comercializar de toda clase de medicamentos genéricos y otros productos para uso humano, sin tener la capacidad nacional de fiscalización de manera previa de los registros sanitarios, por la flexibilidad regulatoria que permitirá la nueva ley de medicamentos y otros productos para usos humanos a los empresarios.

La propuesta de promover el turismo médico se sustenta en parte con la oferta económica ventajosa para los pacientes extranjeros que pueden ir al sector hospitalario privado, se fundamentaran en los bajos precios de los insumos y medicamentos; que tendrán bajos costos por su naturaleza de poca calidad y seguridad, al poder accesar al mercado panameño medicamentos genéricos sin ningún control previo.

En materia de trasplante, estamos morosos en la implementación de la nueva ley 3 del 8 de febrero que regula esta materia, que aun no tiene su nuevo Director Nacional de la Organización Nacional de Trasplante, para garantizar su funcionamiento.

La ley actual de medicamentos y su reglamentación, determina la creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, entidad fiscalizadora para garantizar la salud de los panameños en materia de medicamentos, que nunca fue desarrollada en su totalidad.

Las iniciativas que desarrolla el Ministerio de Salud, con la nueva propuesta de ley de medicamentos y otros productos para uso humano, tiene al igual que la nueva ley de trasplante y el anteproyecto de ley sobre turismo médico, solamente un común denominador, favorecer el dinero y no al ser humano.

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Este artículo se publicó el  7  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Urgencia, en el Complejo Metropolitano, del Cuarto de Urgencia

La opinión del paciente asegurado….

DAVID A. OCALAGÁN B.

Transcurrido dos años de la inversión de 25 millones de dólares de un nuevo cuarto de urgencia en el Complejo Hospitalario Metropolitano (CHM), la nueva Dirección Nacional de los servicios de la salud, no ha logrado sacarlo de su URGENCIA Administrativa, operativa y funcional. En el cuarto de urgencias del CHM encontramos una imagen de hospital de campaña en plena guerra civil.

Es un área que combina atención primaria, atención de urgencias y hospitalización, es un generador de ansiedad e insatisfacción al usuario que llega en busca de ayuda, al encontrar: Salas de espera saturadas; gente buscando desesperadamente camillas; pacientes en camillas o sillas de rueda inapropiadas para una enfermo grave; escuchar lamentos por su enfermedad o quejas por la atención prestada; ver pacientes abordados y examinados por médicos en la privacidad del pasillo; inmovilizados que hacen evacuación de excretas en los pasillos, frente de otros pacientes y algunos familiares; soportar largas esperas para su atención por los especialistas y subespecialistas, que tienen turnos por disponibilidad; encontrar familiares llevando a pacientes a radiología por falta de mensajeros; tiempos infinitos para realizar estudios de radiología; esperas para subir a las salas de hospitalización, si es que lo logra; escuchar gente preguntando por sus parientes y la respuesta de los funcionarios ‘por allí debe estar el paciente y el médico que lo vio ya subió a sala, venga mañana’.

No hay dudas de que esta situación desconoce las declaraciones universales de los derechos del paciente, la bioseguridad del área hospitalaria, y el costo para el sistema de la insatisfacción de usuario.

La atención en urgencias es en esencia extraordinaria, asociado a una condición que a juicio del usuario le compromete la vida o le genera gran incomodidad, en la práctica esto no ocurre siendo los porcentajes en promedio de urgencias verdaderas en el CHM menor de un tercio.

En el Complejo Hospitalario Metropolitano el problema es de causas múltiples entre ellos podemos enumerar:

Del sistema: Movimiento lento de las camas hospitalaria con la consecuencia de poca disponibilidad de camas para hospitalizar; la ingeniosa idea de hospitalizar pacientes en los cuartos de urgencias y en camillas, sitios estos no habilitados para este fin; lenta respuesta y evaluación de los especialistas y subespecialistas por turnos de disponibilidad a los pacientes de urgencias, quienes usualmente no le dan la cara al usuario, pues mandan a los residentes; lenta llegada de los resultados de laboratorios y radiología; no hay estrategias de desconcentración y descentralización de los servicios de salud (todo lo opuesto, nombran más médicos para ver pacientes no urgentes en el Complejo Hospitalario Metropolitano), uso inadecuado de las herramientas de gestión.

Del usuario externo: que lo utilizan como atajos, como una forma de evitar el paso por la atención primaria o por la falta de cupos en la atención primaria o para la atención especializada, y en otras ocasiones su mal uso está asociado a problemas de percepción de la gravedad de la enfermedad o somatización por ciertas realidades sociales, todo lo mencionado tiene como efecto la disminución de la accesibilidad de estos servicios destinados para quienes la vida está en peligro.

Asegurados, la mala administración de los servicios de salud que brinda la Caja de Seguro Social, es una responsabilidad exclusiva de la Dirección Nacional de los Servicios de Salud, bajo la supervisión del administrador general y de la Junta Directiva, no podemos seguir permitiendo que algunos piensen que es suya y nos mantengan en URGENCIA permanente con sus amiguitos administrando.

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Este artículo fue publicado el  7 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Cinco años de mora social en la Caja de Seguro Social

La opinión de….

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David A. Ocalagán B.

El artículo 112 establece que la Caja de Seguro Social (CSS) podrá crear una unidad administrativa que manejará una cartera para que, directa e indirectamente, otorgue préstamos personales a los jubilados y pensionados. Dicha cartera se creará con fondos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM), la reglamentación de esta actividad será responsabilidad de la junta directiva. Los rendimientos generados por estos préstamos irán al fondo PIVM.

Hoy, la administración general decidió que las compras de los corredores Norte y Sur será rentable para la institución, sin haber considerado terminar con la mora social que tiene la institución con los jubilados y pensionados en lo referente a la implementación del artículo No. 112 de la Ley 51.

No son un secreto para nadie los abusos financieros de que son objeto muchos pensionados y jubilados que buscan un préstamo hipotecario o personal en algunas entidades financieras; primero por su edad y luego, por su estado de salud, llegando en muchos casos a ser determinantes para lograr un préstamo, aunque cuenten con garantías.

Estamos seguros de que si la administración general autoriza a su unidad técnica especializada a que analice posibles inversiones seguras y rentables, la creación de la unidad administrativa de préstamos personales e hipotecarios para los jubilados y pensionados no tendrá ninguna dificultad para ser recomendada ante la comisión permanente de inversión y riesgo de la junta directiva,  ya que las tasas de interés que se brindan en el mercado local crediticio a los asegurados son, en muchos casos, onerosas.

Los aumentos a las jubilaciones de los asegurados no tendrían ninguna dificultad para hacerse realidad desde la propia institución si las inversiones fueran oportunas, rentables y seguras, como son los préstamos hipotecarios y personales a los asegurados; igual pasaría con el uso de tierras en las áreas revertidas de la institución, que por largos año han estado ociosas a la espera de que una administración que tenga creatividad y haga una inversión rentable, sobre todo ahora que somos comparados con una pequeña Dubai por los europeos, es el momento.

Es inaceptable que siga esta deuda social en inversión institucional. Los grandes monopolios de financieras locales son los principales ganadores, ante la ausencia de una implementación crediticia de préstamos hipotecarios y personales institucional. Esto provoca el endeudamiento de los jubilados, que reducen su capacidad de adquisición para la compra de los medicamentos, alimentos y otras necesidades básicas.

La administración general tiene hasta un 20% del monto total de las reservas para invertir en este programa social dirigido a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados.

Estoy convencido de que la creación de la unidad de administración de un programa de préstamos personales e hipotecarios traería muchas ventajas económicas, tanto para la propia CSS como para los asegurados jubilados.

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Este artículo se publico el 27 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.