Aumentos a los Jubilados y Pensionados y la CSS

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La opinión de…

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David A. Ocalagan B. –

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Nos sorprende ver con qué facilidad el actual Director General de la CSS, Ing. Guillermo Sáenz Llorens, informa a la comunidad los riesgos financieros que tendrá la institución si se aumenta a los jubilados y pensionados, ya que la finanzas de la CSS, no dan para esta solicitud social que pretenden los jubilados y pensionados, menos por la miseria que cotizaron en su tiempo laboral y ahora pretender mejores aumentos, que sus propias cuotas consignadas a la institución social.   Mejor suerte han tenido quienes no cotizaron nada y lograron de un plumazo cien dólares del gobierno central, sin ningún descuento fiscal o laboral. 

Definitivamente que los miembros de la Junta Directiva y la Asamblea de Diputados, son los responsables ante los asegurados de haberlo nombrado al frente de la institución de seguridad social con sus votos unánimes; confió, que en cualquier momento el Señor Presidente de la República, nos dará una buena noticia a los asegurados, regresándolo a su empresa de computadoras, donde fue un profesional exitoso.

Luego de transcurrido 15 meses desde que inició la nueva administración general, una de la más grandes debilidades conocida en la institución es su capacidad financiera, los beneficiarios que no son cotizantes directos y no son cubiertos por el Gobiernos Nacional, es una de sus causa principales, ya que los cotizantes al sistema son relativos y no dependen de la administración de la institución, lo que si depende de la administración general es su capacidad gerencial de creatividad de inversión apegado a Ley 51, como es el cumplimiento del Artículo 112, relativo a la creación de una Unidad Administrativa, que pueda manejar una cartera de préstamos personales a los jubilados y pensionados, que permitiría de seguro ingresos muy buenos a la institución por sus propios asegurados.

Sin embargo observamos con mucha preocupación la manera de hacer las compras de medicamentos e insumos en la institución, donde se mantiene por lo menos en el 2010, la metodología descentralizada de adquisición y no por medio de licitación de fijación de precios únicos, donde la compras son de manera masiva, para mejorar los precios y proteger las finanzas institucionales realmente. El mejor ejemplo es como se compran los insumos y medicamentos para los tratamientos renales, en cada centro hospitalario institucional, causando que los pacientes renales lleguen a costarle a la institución cerca de 40 millones anualmente,  por la descentralización en sus compras actualmente.

Convencido de que si el objetivo real de la actual Administración General de la CSS, fuera proteger las finanzas de la institución y mejorar su salud, ya hubieran decidido en qué invertir las tierras  que tiene la institución ociosas en Amador, No se invertiría en las compras de las acciones riesgosas de la nueva empresa dueña de los corredores, solicitaría al Gobierno el pago de las cuotas de cada beneficiarios y solicitaría una indemnización por la cancelación anticipada de los bonos que mantenía la institución del gobierno central a fin del 2009.

Los jubilados y pensionados por el sistema de salud social deben en Panamá recibir sus aumentos en sus pensiones proporcional a los incrementos de los costos de vida, al igual que reciben otros panameños, no es cuestión económica es un tema social-humano que parece no comprender el Ing. Sáenz Llorens, que se vendió a la población asegurada como un hombre con sensibilidad social.

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<>Artículo publicado el 28 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ocalagan-b-david-a/

¡Días libres en familia! Justicia social pendiente

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La opinión del Paciente de Hemodiálisis…

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DAVID A. OCALAGAN B. –
david_280559@hotmail.com

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Esta es una ilusión que mantiene el paciente de hemodiálisis. Solo los 2000 pacientes de hemodiálisis que tiene el sistema de salud público y sus familiares que viven en la práctica la realidad de no poder compartir en FAMILIA, como todas las otras personas, durante los días puentes, feriados, vacaciones o días libres, porque el sistema de salud panameño no les permite recibir los tratamientos renales fuera del área de residencia, al no disponer de cupos disponibles, pueden dar testimonio del efecto negativo a su salud que causa esta situación.

Tenemos cerca de ocho años de estar denunciando esta realidad social; sin embargo, no hemos logrado ser escuchado por ninguna de las autoridades sanitarias o políticas que deben resolver esta situación, a fin de permitirnos recibir el tratamiento de hemodiálisis en la provincia que visitemos en cualquier fecha del año.

Comprendemos que no somos los únicos pacientes crónicos en este pequeño país, lleno de tanta riqueza mal distribuida, pero existen salas de tratamientos en siete de las nueve provincias, el problema es la capacidad de la instalación, equipos, recursos humanos y la mala administración de estos servicios sanitarios que no se resuelve y son administrados como finca personales y no del Estado.

Los pacientes capitalinos con familiares en las provincias centrales, Chiriquí, Veraguas, Coclé, son los más afectados ni hablar de los pacientes con familiares en Bocas del Toro o Darién, donde no existe sala de tratamiento aún y estos sí están divididos familiarmente de forma permanente, porque deben vivir en la capital o la ciudad de David para recibir su tratamiento.

Hace poco leímos en los medios de comunicación social que somos más visitados por los turistas, más competitivos, el más globalizado en Centro América, el saneamiento de la bahía camina a todo vapor, vamos a tener un metro y metrobús como medio de transporte en la ciudad, la ampliación del Canal permite que la junta directiva se reúna cada año en EUROPA, en la lucha contra las drogas internacionales invertimos millones de dólares y próximamente se invertirán casi $1000 millones en nuevas infraestructuras hospitalarias, pero no han podido, tampoco en estos últimos 16 meses del nuevo gobierno, solucionar la necesidad sanitaria conocida por las máximas autoridades y estamos a las puertas de las fiestas patrias y luego las de fin de año, donde muchos panameños se reúnen familiarmente y una vez más tendremos los pacientes de hemodiálisis que ver partir a nuestras familias para algún punto del país sola, para no hacerla parte de esta cruz que es nuestra.

Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Carnavales, Día de las Madres, son entre otras fechas las múltiples oportunidades de compartir en familia que son negadas a muchos panameños que padecemos problemas renales y estamos en tratamientos ambulatorio de hemodiálisis. Sin embargo, la característica personal de las autoridades sanitarias se mantiene, ‘la INDIFERENCIA’, hasta que un día a un miembro de su familia les toque la puerta y les diga que tienen el mismo problema de cientos de otros panameños, para que lo puedan ver y resolverlo, salud.

 

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<> Este artículo se publicó el 24 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ocalagan-b-david-a/

Una compra que viola la ley

La opinión de…

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David A. Ocalagan B. —

La Ley 1 de 10 de enero de 2001, en su título II, capítulo II, artículo 24, referente a la Dirección de Farmacia y Drogas, determina lo siguiente: “Para cumplir con los objetivos de la presente ley, los ingresos que se obtengan a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, producto del ejercicio de sus funciones, se utilizarán exclusivamente para sufragar los gastos que ocasione la prestación de los servicios de registros, control posterior y farmacovigilancia que brinde esa dirección. Dichos recursos se depositarán y mantendrán en una cuenta especial, se manejarán de acuerdo con las normas presupuestarias y estarán sujetos a los controles fiscales establecidos, bajo el manejo y responsabilidad de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud”.

Por lo anterior, la compra de una camioneta 4×4, automática, para el uso del Sr. ministro, por medio del cheque 43247 de la cuenta No. 04-82-0081-8 del Fondo Especial de la Dirección de Farmacia y Drogas, viola la ley de medicamentos.

Este es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer con los fondos recaudados por los trámites de los registros sanitarios, que permiten implementar la farmacovigilancia en todo el país, a fin de garantizar la calidad de los medicamentos y otros productos para la salud humana.

Podemos suponer que no es la primera vez que el director de Farmacia y Drogas, Eric Conte, permite usar los fondos de farmacovigilancia para compras no autorizadas por la Ley de Medicamentos, justificación legal suficiente para que el Sr. Presidente de la República le solicite su renuncia al cargo por incumplir con la ley. No se debe decir sí a todo lo que el jefe desee hacer, el servidor público debe actuar en base a lo que la ley establece en democracia.

Hoy, que la población está a la expectativa de lo que ocurrirá con la Ley 1 de Medicamentos, se puede ver con más claridad por qué se pretende su derogación para implementar una ley totalmente nueva, que debilita y subordina más a la Dirección de Farmacia y Drogas al Ministerio de Salud y que permite el uso de los fondos recaudados en la tramitación de los registros sanitarios para actividades ajenas a la farmacovigilancia; se permitirá el ingreso de medicamentos falsos, en ausencia de una fiscalización efectiva y permanente, por comprar carros de lujo para el uso del despacho superior.

Cualquier justificación que se pretenda dar por el uso de estos fondos, no tiene razón. Estamos ante un acto de menosprecio a la salud de los panameños, al priorizar en la compra de un vehículo de lujo, en menoscabo de la vida de los ciudadanos.

<> Este artículo se publicó el 23  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los pacientes y el proyecto de ley

La opinión de…

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David A. Ocalagán B. –

No comprendo por qué cuando los pacientes opinamos sobre determinado tema, como es el caso de la propuesta del Ministerio de Salud (Minsa) sobre medicamentos y otros productos de consumo humano, algunos altos funcionarios tratan de desacreditarnos diciendo que somos manipulados; que no podemos ser parte de las consultas porque ellos son los técnicos y creen que no podemos aportar.

Tanto las autoridades del Minsa como el director de la CSS creen que por la alerta activada por las asociaciones de pacientes de cara al proyecto de ley que reemplaza a la Ley 1 de Medicamentos, los agremiados somos manipulados por empresarios, comerciantes y farmacéuticas, como si fuésemos ignorantes que pueden ser inducidos sin tener criterio profesional sobre el consumo de medicinas, sus efectos y el negocio que representan para todos, incluidos funcionarios.

Hay que abrir una mesa de trabajo donde concurran todas las partes interesadas en el proceso de consumo y adquisición de medicinas y otros productos, para analizar las mejoras a la ley, no para reemplazarla.

Esto no debería ser un problema, de no ser por los intereses económicos –más que sanitarios y sociales– evidentes en el proyecto de ley, que tiene un fuerte ingrediente de flexibilización en las compras, capacidad gubernamental de efectuarlas directamente y debilidad de fiscalización y control de los productos que ingresen al país, por parte de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas y del Laboratorio de Referencia de la Universidad de Panamá.

La propuesta que reemplazará a la Ley 1 del 10 de enero de 2001 es mala y no tiene el aval de todos; se vela solo por el interés de unos pocos que desean ser más ricos.

Las muertes que se causen con la llegada de medicinas falsas tendrán responsables, porque los diarios recogen los nombres de los que dicen que esta nueva norma regulatoria será buena y segura, al traer basura farmacológica a precios bajos de países de altos estándares y de alta calidad determinados por ellos.

Estamos seguros de que el desabastecimiento, altos precios y agilización de los trámites de registros sanitarios no serán resueltos con la nueva ley, porque el objetivo de fondo es el dinero, no la vida.

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Artículo publicado el 29 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Cambios en la Ley de Medicamentos, ¿quién gana, quién pierde?

La opinión de…

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David A. Ocalagan B. —

La ley actual de medicamentos definitivamente necesita cambios, pero para mejorar los avances alcanzados, nunca para debilitar las regulaciones en la bioequivalencia de los medicamentos, del Control Previo por medio de nuestro Registro Sanitario Nacional y la implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, la cual tiene 9 años de mora.

No es comprensible ni justificable que por pretender favorecer a ciertos grupos económicos, toda una población sea expuesta a posibles afectaciones a su salud, la agilización del trámite para obtener el registro sanitario o los procesos de análisis en el laboratorio nacional de referencia, mejorar el acceso de los consumidores a medicamentos y otros productos para consumo humano, más económicos y variados; eliminar la funciones de fiscalización previa de la Dirección de Farmacias y Drogas y pretender que las farmacéuticas transnacionales -por medio de sus empresas comercializadores internacionales- vendan a Panamá medicamentos innovadores o sus productos genéricos a los precios que disponga el MINSA; desconociendo que pertenecemos a la OMC y tenemos un sistema de libre mercado, no son las verdaderas causas por las cuales el Ministro de Salud pretende cambiar la ley de medicamentos en nuestro país, para supuestamente mejorar el acceso, regulación y precios de los medicamentos y otros productos para uso humano.

Los panameños deben despertar por que esta será una de las más serias afectaciones a la seguridad sanitaria, porque la salud de la población es fundamental para su desarrollo, una vez que se permita el ingreso para comercializar de toda clase de medicamentos genéricos y otros productos para uso humano, sin tener la capacidad nacional de fiscalización de manera previa de los registros sanitarios, por la flexibilidad regulatoria que permitirá la nueva ley de medicamentos y otros productos para usos humanos a los empresarios.

La propuesta de promover el turismo médico se sustenta en parte con la oferta económica ventajosa para los pacientes extranjeros que pueden ir al sector hospitalario privado, se fundamentaran en los bajos precios de los insumos y medicamentos; que tendrán bajos costos por su naturaleza de poca calidad y seguridad, al poder accesar al mercado panameño medicamentos genéricos sin ningún control previo.

En materia de trasplante, estamos morosos en la implementación de la nueva ley 3 del 8 de febrero que regula esta materia, que aun no tiene su nuevo Director Nacional de la Organización Nacional de Trasplante, para garantizar su funcionamiento.

La ley actual de medicamentos y su reglamentación, determina la creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, entidad fiscalizadora para garantizar la salud de los panameños en materia de medicamentos, que nunca fue desarrollada en su totalidad.

Las iniciativas que desarrolla el Ministerio de Salud, con la nueva propuesta de ley de medicamentos y otros productos para uso humano, tiene al igual que la nueva ley de trasplante y el anteproyecto de ley sobre turismo médico, solamente un común denominador, favorecer el dinero y no al ser humano.

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Este artículo se publicó el  7  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Urgencia, en el Complejo Metropolitano, del Cuarto de Urgencia

La opinión del paciente asegurado….

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DAVID A. OCALAGÁN B. –

Transcurrido dos años de la inversión de 25 millones de dólares de un nuevo cuarto de urgencia en el Complejo Hospitalario Metropolitano (CHM), la nueva Dirección Nacional de los servicios de la salud, no ha logrado sacarlo de su URGENCIA Administrativa, operativa y funcional. En el cuarto de urgencias del CHM encontramos una imagen de hospital de campaña en plena guerra civil.

Es un área que combina atención primaria, atención de urgencias y hospitalización, es un generador de ansiedad e insatisfacción al usuario que llega en busca de ayuda, al encontrar: Salas de espera saturadas; gente buscando desesperadamente camillas; pacientes en camillas o sillas de rueda inapropiadas para una enfermo grave; escuchar lamentos por su enfermedad o quejas por la atención prestada; ver pacientes abordados y examinados por médicos en la privacidad del pasillo; inmovilizados que hacen evacuación de excretas en los pasillos, frente de otros pacientes y algunos familiares; soportar largas esperas para su atención por los especialistas y subespecialistas, que tienen turnos por disponibilidad; encontrar familiares llevando a pacientes a radiología por falta de mensajeros; tiempos infinitos para realizar estudios de radiología; esperas para subir a las salas de hospitalización, si es que lo logra; escuchar gente preguntando por sus parientes y la respuesta de los funcionarios ‘por allí debe estar el paciente y el médico que lo vio ya subió a sala, venga mañana’.

No hay dudas de que esta situación desconoce las declaraciones universales de los derechos del paciente, la bioseguridad del área hospitalaria, y el costo para el sistema de la insatisfacción de usuario.

La atención en urgencias es en esencia extraordinaria, asociado a una condición que a juicio del usuario le compromete la vida o le genera gran incomodidad, en la práctica esto no ocurre siendo los porcentajes en promedio de urgencias verdaderas en el CHM menor de un tercio.

En el Complejo Hospitalario Metropolitano el problema es de causas múltiples entre ellos podemos enumerar:

Del sistema: Movimiento lento de las camas hospitalaria con la consecuencia de poca disponibilidad de camas para hospitalizar; la ingeniosa idea de hospitalizar pacientes en los cuartos de urgencias y en camillas, sitios estos no habilitados para este fin; lenta respuesta y evaluación de los especialistas y subespecialistas por turnos de disponibilidad a los pacientes de urgencias, quienes usualmente no le dan la cara al usuario, pues mandan a los residentes; lenta llegada de los resultados de laboratorios y radiología; no hay estrategias de desconcentración y descentralización de los servicios de salud (todo lo opuesto, nombran más médicos para ver pacientes no urgentes en el Complejo Hospitalario Metropolitano), uso inadecuado de las herramientas de gestión.

Del usuario externo: que lo utilizan como atajos, como una forma de evitar el paso por la atención primaria o por la falta de cupos en la atención primaria o para la atención especializada, y en otras ocasiones su mal uso está asociado a problemas de percepción de la gravedad de la enfermedad o somatización por ciertas realidades sociales, todo lo mencionado tiene como efecto la disminución de la accesibilidad de estos servicios destinados para quienes la vida está en peligro.

Asegurados, la mala administración de los servicios de salud que brinda la Caja de Seguro Social, es una responsabilidad exclusiva de la Dirección Nacional de los Servicios de Salud, bajo la supervisión del administrador general y de la Junta Directiva, no podemos seguir permitiendo que algunos piensen que es suya y nos mantengan en URGENCIA permanente con sus amiguitos administrando.

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Este artículo fue publicado el  7 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Cinco años de mora social en la Caja de Seguro Social

La opinión de….

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David A. Ocalagán B. —

El artículo 112 establece que la Caja de Seguro Social (CSS) podrá crear una unidad administrativa que manejará una cartera para que, directa e indirectamente, otorgue préstamos personales a los jubilados y pensionados. Dicha cartera se creará con fondos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM), la reglamentación de esta actividad será responsabilidad de la junta directiva. Los rendimientos generados por estos préstamos irán al fondo PIVM.

Hoy, la administración general decidió que las compras de los corredores Norte y Sur será rentable para la institución, sin haber considerado terminar con la mora social que tiene la institución con los jubilados y pensionados en lo referente a la implementación del artículo No. 112 de la Ley 51.

No son un secreto para nadie los abusos financieros de que son objeto muchos pensionados y jubilados que buscan un préstamo hipotecario o personal en algunas entidades financieras; primero por su edad y luego, por su estado de salud, llegando en muchos casos a ser determinantes para lograr un préstamo, aunque cuenten con garantías.

Estamos seguros de que si la administración general autoriza a su unidad técnica especializada a que analice posibles inversiones seguras y rentables, la creación de la unidad administrativa de préstamos personales e hipotecarios para los jubilados y pensionados no tendrá ninguna dificultad para ser recomendada ante la comisión permanente de inversión y riesgo de la junta directiva,  ya que las tasas de interés que se brindan en el mercado local crediticio a los asegurados son, en muchos casos, onerosas.

Los aumentos a las jubilaciones de los asegurados no tendrían ninguna dificultad para hacerse realidad desde la propia institución si las inversiones fueran oportunas, rentables y seguras, como son los préstamos hipotecarios y personales a los asegurados; igual pasaría con el uso de tierras en las áreas revertidas de la institución, que por largos año han estado ociosas a la espera de que una administración que tenga creatividad y haga una inversión rentable, sobre todo ahora que somos comparados con una pequeña Dubai por los europeos, es el momento.

Es inaceptable que siga esta deuda social en inversión institucional. Los grandes monopolios de financieras locales son los principales ganadores, ante la ausencia de una implementación crediticia de préstamos hipotecarios y personales institucional. Esto provoca el endeudamiento de los jubilados, que reducen su capacidad de adquisición para la compra de los medicamentos, alimentos y otras necesidades básicas.

La administración general tiene hasta un 20% del monto total de las reservas para invertir en este programa social dirigido a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados.

Estoy convencido de que la creación de la unidad de administración de un programa de préstamos personales e hipotecarios traería muchas ventajas económicas, tanto para la propia CSS como para los asegurados jubilados.

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Este artículo se publico el 27 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá: Turismo médico

La opinión de…

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DAVID A. OCALAGÁN B. —

Existe gran interés en algunos funcionarios relacionados con la salud humana en incentivar el ‘Turismo Médico’ en nuestro país, por las supuestas condiciones favorables que tenemos en oferta profesional, estructural privada y condiciones económicas actuales.   Sin embargo, esas valorizaciones cortan las garantías de capacidad de seguridad sanitaria que se necesita en el país, para garantizar que no se practicarán en nuestros centros hospitalarios privados tratamientos no autorizados, sin aprobaciones científicas, con incumplimientos de las normas biomédicas internacionales y sin fiscalización oficial nacional responsable.

El mejor ejemplo de nuestra preocupación, es la falta de implementación de la Ley 3 del 8 de febrero del 2010, sobre los trasplantes de órganos en seres humanos, lo cual tiene todo un capítulo sobre la necesidad de la creación de un sistema de biovigilancia, para el tratamiento con células madres.

Por otra parte, la actual Ley 1 del 10 de enero del 2001, sobre medicamentos, insumos médicos, equipos quirúrgicos y otros productos del consumo humano, en su reglamentación establece la creación a nivel nacional de la farmacovigilancia y no hemos podido salir de la capital, para implementar esta dirección nacional sanitaria preventiva, para determinar las causas de las reacciones adversas de los medicamentos en los seres humanos, para estar proponiendo el Turismo Médico.

El desarrollo económico es necesario, pero no lo es todo. La seguridad en los tratamientos de los seres humanos es importante y es un deber de nuestro país garantizarlo a nacionales y extranjeros, aunque los tratamientos sean en hospitales privados, la imagen del país está de por medio ante la internacional sanitaria.

Normalmente, los países reconocidos como de Turismo Médico son aquellos que mantienen debilidades en sus sistemas nacionales de regulación para una fiscalización adecuada y son utilizados por personas, instituciones y corporaciones internacionales con la finalidad de realizar practicas médicas fuera de las normas biomédicas.

Debemos preocuparnos, pues, desde la Comisión de Salud de la Asamblea de Diputados parece ser el punto de mayor entusiasmo por llevar al país a un nuevo escenarios sanitario médico, para lo cual no estamos preparados como país, porque tenemos debilidades en nuestras normas regulatorias que puedan garantizar a los extranjeros y nacionales su seguridad en los tratamientos y para poder determinar las responsabilidades para los infractores a las leyes nacionales. No deseamos pensar que puede haber algún interés personal de esta Comisión de Salud por el Turismo Médico sin fiscalización adecuada.

Mejor imitemos a otros países del llamado primer mundo, donde en ninguno de ellos se practica el Turismo Médico; sin embargo, mantienen las mejores leyes regulatorias y fuertes castigos para aquellos que pretendan violar sus normas sanitarias, para practicar tratamientos sin las evidencias científicas demostradas y reconocidas, son los países del tercer mundo los seleccionados para desarrollar el Turismo Médico, por sus altas necesidades económicas, que los llevan a valorar más un poco de dinero que la vida humana.

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Artículo publicado el 26 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Punto de Vista Ley 51, del 27 de diciembre de 2005, orgánica de la CSS

La opinión del Ingeniero…..

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DAVID  A. OCALAGAN  B.

En estos últimos meses los asegurados, hemos observado como la Junta Directiva y la Administración General incumplen sus responsabilidades definidas en el título segundo, que los determina a los dos órganos como el gobierno de la institución. El artículo segundo establece que es de derecho público, autónoma del estado: en lo administrativo, funcional, económico y financiero, para lo cual tendrá una participación y control social mediante los actores representativos de los trabajadores, los empleadores, los pensionados y del gobierno.

El artículo tercero establece los principios por los cuales debe regirse el órgano de gobierno y en el punto octavo determina que todos los actores tienen derecho a participar en los diversos procesos de planeación, ejecución, control y evaluación de las políticas sociales de la institución y no solamente con algunos de ellos, como observamos hoy.

El artículo 17, que determina como implementar nuevos sistemas tecnológicos, los cuales permitan automatizar y hacer más eficiente la gestión administrativa, sin embargo debe ser por medio del cumplimiento de los normas establecidas en los reglamentos que para tal fin haya desarrollado la Junta Directiva.

El artículo 22 establece claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos de gobierno de la CSS, estableciendo que la Administración General, es la representante legal y administradora según los reglamentos para alcanzar los objetivos establecidos, no según criterios personales o de su equipo de Directores Ejecutivos Nacionales, ya que la Junta Directiva, compuestos por todos los actores, dueños de la institución social, son los que establecen las políticas para su funcionamiento, mejoramiento y modernización, así como supervisar y vigilar de acuerdo con los reglamentos.

La Junta Directiva, según el artículo 31, tienen derecho a contar con 5 comisiones permanentes, para asistirse en sus responsabilidades fiscalizadoras como son:

1. Asuntos Laborales y Administración, básicamente con el objetivo de analizar los asuntos relacionados con la administración de la institución en temas como: Compras, asuntos laborales, y asuntos de administración de la propia institución.

2. Prestaciones Económicas, para recomendar en lo relativo a las obligaciones económicas institucionales.

3. Inversiones y Riesgos, aquí deben nacer las recomendaciones de inversión, para lo cual la Junta Directiva, se apoyará en Asesorías y personal de apoyo con carácter propio de ella.

4. Auditorías, siendo uno de los mayores brazos de fiscalización de los actores, de todo el proceso de administración de la institución y 5. Salud, aquí es donde los actores tiene la posibilidad de evaluar los resultados de la calidad de atención sanitaria que brinda la administración general a los asegurados.

El artículo 44, establece la figura del Analista y Responsabilidad institucional, como el objetivo de que la Junta Directiva pueda fiscalizar la transparencia con que se administra la institución, por lo que establece en el artículo 70 la prohibición de la externalización de los servicios de salud de manera permanente, como esta ocurriendo con hemodiálisis.

Asegurados, si la administración General no comprende que existe la ley 51, estaremos pronto con mayores problemas en nuestras jubilaciones y pensiones. Salud.

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Este artículo se publicó el  12  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Seguridad sanitaria, evita la violencia en salud

La opinión de…

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DAVID A. OCALAGÁN B.

La resolución 346 del 9 de octubre del 2009, que permite la omisión en la presentación del Certificado de Intercambiabilidad por parte de las empresas comercializadoras de medicamentos para el consumo humano en los concursos de precios en el sistema de salud público, en las solicitudes de medicamentos clasificados como de alto riesgo. Además de esta resolución por parte de la Dirección de Farmacias y Drogas del MINSA, flexibiliza la ley 1 de medicamentos de un plumazo y la Seguridad Sanitaria de los panameños, bajo el criterio de mejorar el abastecimiento de medicamentos, según esta Dirección de fiscalización sanitaria.

La resolución 081 del 29 de abril del 2005, que determina la clasificación de los medicamentos según su niveles de riesgos ª benefició a los panameños, establece la obligación de las empresas de presentar el certificado de intercambiabilidad, para poder vender medicinas que estén en la lista oficial de alto riesgo, basado en la evidencia de la equivalencia terapéutica del principio activo del medicamento, garantizando la seguridad para toda persona.

Sí bien es cierto que tenemos un problema muy serio por muchos años sin resolver, como es el mejoramiento del abastecimiento de los medicamentos, principalmente en el sector público, estoy convencido de que la población no desea aumentar los riesgos sanitarios, suficiente tenemos con la inseguridad ciudadana, para debilitar la seguridad sanitaria, para permitir que las empresas no tengan que presentar los certificados de intercambiabilidad de los medicamentos clasificados de alto riesgos, en la licitación 01 / 2010 por $92 millones, celebrada el 23 de abril del presente año, que no hemos podido evaluar al no haber información abierta a la ciudadanía.

Ahora el siguiente paso que el Órgano Legislativo haga las modificaciones a la Ley 1 de Medicamentos, con el mismo criterio de mejorar el abastecimiento de los medicamentos, mediante la flexibilización de las normas de seguridad sanitarias en materia de medicamentos logradas en años anteriores, por medio de las resoluciones 081 del 29 de abril, 262 del 31 de agosto, 421422 del 13 de dic. del 2005, 186, 187 del 7 de junio del 2006, D.E. 247 y 249 del 3 de junio del 2008 y las leyes 22 del 27 de junio y 28 de dic. del 2008, que permitieron seguridad y calidad a todos los panameños durante los últimos años en materia de seguridad de medicamentos, para que ahora sean eliminados por las nuevas reformas propuestas por el MINSA.

La estrategia en materia de adquisición de medicamentos de las autoridades de salud pública, parece no contemplar como prioridad la seguridad sanitaria de la población, dejar en manos de las farmacéuticas internacionales las garantías de los registros sanitarios por ser empresas de países del primer mundo, no es ninguna seguridad para los panameños, ya tenemos múltiples ejemplo de los errores en materia de medicamentos cometidos por estas farmacéuticas, que logran el aval en su países de origen, sin mayores dificultades de sus instituciones reguladores y nosotros somos los últimos que nos enteramos de las reacciones adversas en algunos de sus productos, por no contar con una Dirección de farmacovigilancia nacional real y efectiva, como también cederemos prácticamente nuestro derecho de emitir los registros sanitarios de todos los medicamentos, porque pueden no necesitar obligatoriamente los registros sanitarios nacionales, aprobados por nuestro laboratorio de referencia nacional.

Las nuevas modificaciones pretendidas a la Ley 1 de medicamentos del 10 de enero del 2010, ya en la Asamblea Nacional, quizás puedan disminuir el desabastecimiento de los medicamentos, pero los altos riesgos que enfrentará la población son reales. Debemos los ciudadanos prepararnos para denunciar quiénes serán los responsables ante la leyes penales, para que en estas ocasiones las sanciones legales que deban enfrentar estos funcionarios públicos, sí lleguen a aplicarse, por las decisiones sanitaria impartidas muy a la ligera que exponen a todo un pueblo.

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Artículo publicado el 4  de junio de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué derecho tengo yo, por ser asegurado?

La opinión de…..

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DAVID A. OCALAGÁN B.

Son varios los años que los pacientes no asegurados han esperados para contar con una respuesta a sus necesites de tratamientos oportunos de Hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás (HST), única instalación del MINSA en la ciudad capital que ofrece este tratamiento renal a los cientos de panameños sin seguridad social.

Ahora, que se han efectuado las inversiones en aumentar la capacidad de oferta de servicios de salud en Hemodiálisis, por parte del patronado que dirige el HST, las máximas autoridades del MINSA y CSS firman un acuerdo comercial para contratar las recién inauguradas nuevas instalaciones para el tratamientos a los no asegurados de hemodiálisis del HST, para dar servicio de salud renal a los más de 150 pacientes asegurados de hemodiálisis del Complejo Metropolitano de la CSS, que se mantienen desde hace dos años en condiciones desfavorables para su salud, seguridad y tratamientos, terminando de un plumazo con el sueño de los pobres no asegurados de contar con una mayor oportunidad de vida en medio de su situación clínica y personal.

He tratado de comprenden este acuerdo comercial entre las máximas autoridades de salud de ambas instituciones públicas, sin embargo, me pongo a pensar qué derecho tengo yo, asegurado, con una institución de salud social, que tiene dinero, a quitarle, así sea temporalmente, una oportunidad de mejor calidad de vida a otro panameño pobre, de recibir su tratamiento renal, mientras a mí me resuelven la problemática del cuarto y quinto turno que nos mantenía amaneciendo, inseguros y con mala calidad de atención en el seguro social, por la falta de voluntad administrativa de quienes dirigen esa institución de salud.

Definitivamente hay que tener una deficiencia renal para poder comprender mi observación ante esta situación que están desarrollando las máximas autoridades de salud pública, para permitir que los pacientes asegurados en plena capital del país, les estemos quitando indirectamente su turno de atención renal a los pacientes no asegurados de hemodiálisis, por encubrir la negligencia de la administración general de la CSS, que no ha resuelto en estos primeros 7 meses la problemática, que es conocida con mucha anticipación por las autoridades médicas y administrativas en el complejo metropolitano de los pacientes de hemodiálisis.

Es comprensible la alegría de los pacientes de hemodiálisis asegurados en el Complejo Metropolitano, que serán traslados a recibir sus tratamientos de hemodiálisis en los próximos días al HST, que ya no tendrán que seguir amaneciendo, el problema de la falta de transporte público en las noches y madrugadas, los riesgos de la inseguridad para llegar a sus hogares y las afectaciones a su salud por las rotaciones de turnos. Sin embargo, debo confesar que lamento mucho y desde ahora les pido disculpas a los panameños pobres sin seguro social que afectaremos indirectamente, en nombre de todos los pacientes asegurados, ante la decisión administrativa asumida por las dos máximas autoridades de la salud pública, que no dejan pasar una oportunidad para tomar decisiones incorrectas sin considerar a quienes afectan.

Solicito con el respeto acostumbrado, al señor presidente de la República, Lic. Ricardo Martinelli, que logre que la justicia social en salud sea igual para todos, asegurados y no asegurados, en salud no debe haber beneficiados unos, para perjudicar a otros, esto también incita la violencia entre la población.

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Este artículo se publicó el 8   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Asegurados se quedarán sin seguro (II)

La opinión de……

DAVID A. OCALAGÁN B.

Todos los panameños están de acuerdo en que el éxito alcanzado por la administración panameña del Canal de Panamá, luego de su reversión hace 10 años, ha sido porque los políticos han respetado su autonomía, aunque sea una empresa estatal.

En el caso de la Caja de Seguro Social hay resistencia política a respetar su autonomía, lo lamentable es que es desde su propia administración quien la promueva ahora, lo observamos en las reformas presentadas ante el Consejo de Gabinete a los artículos 66, 68, 69, 73, 76 y 225, todos relacionados, con las normas y reglamentos de contrataciones y compras de servicios, bienes, medicinas, insumos, equipos quirúrgicos, que tiene la propia institución, como base principal de cumplimiento para todos los proveedores.

No es posible dormir tranquilo cuando existe la propuesta de eliminar el artículo 62, relativo a la transparencia en la contratación de bienes, suministros y prestaciones de servicios de la actual Ley Orgánica de la C.S.S.

Los asegurados no podemos sentirnos seguros de nuestro futuro social en salud, si hoy observamos que con la justificación de agilización, más dinamismo y modernización los cambios serán realizados para administrar con una mínima fiscalización institucional, poco control previo y bajo un solo criterio personal.

Los pacientes deben ser los más preocupados, porque todos conocemos que los fondos no son infinitos, se terminan si no son bien utilizados; menos, sin una verdadera respuesta a las reales necesidades de los asegurados.

Estas prioridades sociales en salud solo podrán ser bien establecida con el mayor consenso de todos los actores del sistema de salud social.

No es posible que por la buena voluntad, mejor disposición o buena fe, lleguemos a una enfermedad crónica peor que la propuesta de la cura para el resfriado, ante la falta de participación.

Con el mayor respeto, estoy seguro de que el señor presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y su Consejo de Gabinete, no aprobarán estas reformas a la Ley 51 Orgánica de la Caja de Seguro Social, hasta que sean consensuadas entre todos los interesados, a fin de que el pueblo asegurado sienta que es parte del CAMBIO.

Salud para todos.

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Artículo publicado el 26 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.