Los municipios tienen autonomía

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La opinión del Doctor en Derecho…

Ernesto Cedeño Alvarado 

Un futuro proyecto de ley se avecina, cuentan los medios, y pretende hacer, que los municipios del país, le tengan que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas, cualquier reforma que implique un aumento de impuestos, para los contribuyentes.
Según mi concepto, si la idea se llega a convertir en ley de la república, a mi juicio el instrumento sería inconstitucional, por lo siguiente: Atentaría contra el principio de separación de poderes, que reza el Artículo 2 constitucional.

Afectaría la función constitucional del Consejo Municipal, de determinar la aprobación o eliminación de sus impuestos municipales, de manera independiente, como consta en la Constitución, en su Artículo 242, numeral 5.

Minimizaría la autonomía municipal, que se recogen en los Artículos 232 y 233 de la Carta Magna.

Conculcaría la atribución del Alcalde de presentar proyectos de Acuerdos impositivos al Consejo Municipal, para su aprobación, de manera autónoma. (Véase el Artículo 243 de la Constitución, numeral 1).

Huelga añadir que el Órgano Ejecutivo, por imperio del Artículo 233 constitucional, debe garantizar el cumplimiento de los fines municipales, precisamente en base al principio de autonomía, entre otros; por lo que impera realizar una profunda reflexión sobre la idea en ciernes, para adecuarla al pensamiento supremo del constituyente, que he expuesto anteriormente; elucubro yo.

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<>Artículo publicado el 31  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La Caja de Seguro Social y el Cambio

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La opinión del Abogado y Miembro del Molirena…

Guillermo Ríos Valdés

mitto16@hotmail.com

Los medios de comunicación social recogieron en días pasados declaraciones atribuidas al actual Director de la Caja del Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens, la misma habría pasado desapercibida en medio del torrente rutinario de afirmaciones que indistintamente conceden funcionarios públicos de éste o gobiernos anteriores si no fuera por su categórica afirmación que “él había sido nombrado para llevar adelante un cambio en esta Institución”, considerada por una gran mayoría de los panameños como el tema nacional más álgido que preocupa al país después de la cuestión canalera.

Creada incluso antes de la aprobación del Proyecto de Ley Mexicano de Seguridad Social y de la cual la Administración del Dr. Arnulfo Arias Madrid en 1941 había tomado su ejemplo, la institución y sus creadores no imaginaban el azaroso destino que distintas administraciones de la época republicana y dictatorial tenían para ella y en particular con sus fondos en detrimento de sus miles de asegurados. El Presidente Martinelli y el propio Director Sáez-Llorens han prometido resolver el caos de la Institución.

El primer cambio que la Caja de Seguro Social exige es liberarse del sometimiento al Gobierno Central, el cual la ha convertido en su Caja Menuda para todo tipo de tropelías con sus fondos y en contra de los asegurados y jubilados.   En casi siete décadas de “funcionamiento administrativo-legal” la institución ha sido objeto de los robos y desfalcos más descarados gracias a los fuertes intereses políticos y personales de los gobiernos que se han sucedido, escapando del castigo de la Ley los beneficiarios directos e indirectos de los mismos.

Robos y desfalcos que contaron, porque no señalarlo, con la aquiescencia y complicidad de los “Directores y Juntas Directivas” de la institución, beneficiarios de su porción del “reparto”.   Y allí han estado representados los empresarios, los trabajadores, los gremios y los jubilados y nunca se les ha visto denunciar estos crímenes contra los dineros de los pensionados, jubilados y asegurados.

Muchos de estos personajes se pasean sin vergüenza alguna con sus fortunas mal habidas y no han faltado quienes en los gobiernos “democráticos” los hayan seguido “distinguiendo” con puestos diplomáticos y asesorías, confirmando lo dicho en 1855 por el Dr. Justo Arosemena: “este es el país de las anomalías”.

Urgen señor Director Sáez-Llorens, reformas legales y reglamentarias que le devuelvan verdadera autonomía a la Caja para impedir que préstamos, inversiones, contratos, compras en general y medicamentos (buenos y no reciclados), estén liberados del brazo nefasto y corruptor de las alturas del Poder Público.

En 1999 según cifras de la Contraloría habían 14 mil empleados y a la fecha son 26,000, prueba fehaciente del feudo politiquero a la que ha sido convertida, ejército burocrático pobremente capacitado y amparado por una maraña de artilugios legalistas para proteger su baja disciplina laboral. Paradójicamente, de tal cantidad de funcionarios, los menos son precisamente, médicos, enfermeras, farmaceutas y demás profesionales de la salud, cónsonos con la misión de la institución.

Urge una carrera administrativa que evalué el recurso humano de la institución propiciando una reestructuración de puestos permitiendo la transferencia de personal a otras instituciones del Estado, garantizándoles una estabilidad legal y efectiva, reduciendo la elefantiásica planilla y permitiendo la contratación del personal de salud necesario.

El aumento de cuotas y edad de jubilación ha sido la solución politiquera para “esquivar el bulto” del desfinanciamiento de reservas sin que nadie quiera asumir el costo político que significa afrontar este problema estructural y vital para la Caja.

Señor Director Sáez-Llorens, tómele la palabra al Presidente Martinelli, el problema se resuelve en gran medida asumiendo el Gobierno Central el pago de las jubilaciones de sus empleados, esto sería por etapas, y el sector privado a través de instituciones Privadas de Jubilación (ya existen) bajo supervisión de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Este el inicio de un verdadero cambio que salvará la Seguridad Social del país, de lo contrario, su administración será más de lo mismo, un compendio de promesas, funcionarios traídos de la empresa privada bien pagado con frases vanas, sueltas y falsas.

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<>Artículo publicado el  7  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/rios-valdes-guillermo/

Medicinas, ¿calidad o precio?

La opinión de…

Lucas Verzbolovskis  

Hace poco escribí un artículo referente al proyecto de la nueva ley de medicamentos, y señalé algunos de los principales defectos del proyecto. Es una crítica constructiva para mejorar el documento. Varios lectores hicieron comentarios y solo una lectora no estuvo de acuerdo, lo que indica que debo explicarlo mejor.

En la misma página donde publicaron la carta de la empresaria en desacuerdo, se lee la carta de una educadora de Renacimiento quejándose de que, debido a los materiales baratos y de mala calidad que usaron en la construcción de un nuevo salón de su escuela, éste se llenó de hongos al punto que ha afectado la salud de sus alumnos. Debido a la proliferación de alergias respiratorias y de la piel, el Ministerio de Salud cerró el salón y la educadora tiene que dar clases a los 23 niños en el pasillo. De haberse usado materiales de calidad eso no habría sucedido.

La analogía con el caso de los medicamentos salta a la vista. Ya sucedió en el caso del dietylenglicol. Por eso hay un interés generalizado en que existan los controles pre y post registro.

Tratando de aclarar conceptos, y simplificando una materia que es compleja, se puede decir que hay tres categorías de productos: innovadores, genéricos intercambiables y genéricos no intercambiables. Con la nueva ley habrá una cuarta categoría: la de productos falsos y posiblemente letales como el jarabe que contenía dietylenglicol.

Los innovadores son aquellos productos pioneros. Son nuevas moléculas que curan mejor que otras o que curan enfermedades que hasta ese momento no se podían tratar. Los genéricos son copias de las moléculas innovadoras. Ejemplo: El genérico del tylenol es acetaminofén. Hay cientos de acetaminofén en el mercado.

Para ser considerados intercambiables deben comprobar con estudios que surten igual efecto que los innovadores, manteniendo un nivel similar de seguridad. Ese es el mejor camino para lograr bajar los precios. aumentar la oferta para bajar los precios. En el artículo anterior hay un ejemplo: en cuatro años, de $0.30 la CSS pasó a pagar $0.01 al pasar del innovador al genérico intercambiable.

Los no intercambiables, al no haber hecho esos estudios, pueden o no, resultar intercambiables. El actual proyecto establece que solo se exigirá la intercambiabilidad para medicinas que curen enfermedades de alto riesgo. Los expertos opinan que esa exigencia debe mantenerse para todos los productos, tal como lo establece la ley vigente en su Título IV, cuando señala que ninguna institución podrá comprar un producto que no haya certificado su intercambiabilidad. Por eso, se afirma que al aprobarse el proyecto tal como está, Panamá sufrirá un evidente deterioro en materia de salud.

El proyecto permite la importación paralela e introduce un concepto nuevo llamado homologación de registro sanitario, sin exigir la trazabilidad y controles que garanticen su origen y calidad. La ley vigente permite la importación paralela, pero exige trazabilidad, es decir, que se le pueda dar seguimiento al producto desde su origen para verificar su calidad. Sin ésta, difícilmente se logrará un control post registro.

De la misma forma que otras leyes tratan de defender al consumidor contra falsificaciones de relojes, carteras y otros productos, hay que asegurarse del origen y calidad de los medicamentos. En la comida pasa igual. Hasta los ganaderos estudian el tema de la rastreabilidad bovina. Nadie quiere comer carne saturada de hormonas y antibióticos que afecten la salud.

Puede que la importación paralela aumente la oferta y baje los precios. Sin embargo, entrará más basura, porque al no existir controles, los comerciantes inescrupulosos podrán importar falsificaciones que difícilmente serán detectadas.

Y con ello se someterá a la población a un riesgo excesivamente alto.

¿Para qué? Si con solo mejorar las condiciones de registro sanitario se puede lograr el aumento de importaciones de genéricos seguros e intercambiables. ¿Para qué arriesgar la salud de la población?

Farmacias y Drogas está demostrando exitosamente que se pueden agilizar los procesos de registros sanitarios sin una ley nueva. De igual manera en la mejora de los procesos administrativos está la solución al problema de abastecimiento. Eliminar la autonomía de la CSS y estimular las contrataciones directas traería nuevos y serios problemas.

El riesgo es muy grande.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¡Alerta: peligra la autonomía del Seguro Social!

La opinión del Abogado,  Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

La revisión sistemática de las pensiones que paga la Caja del Seguro Social, para ajustarlas periódicamente y evitar que pierdan poder adquisitivo como consecuencia del incesante e imparable aumento del costo de la vida, es deuda de muy vieja data.

Ningún gobierno ha querido asumir esa responsabilidad; han preferido, en respuesta a las justas demandas de los pensionados, especialmente de aquellos que reciben las pensiones más exiguas, conceder o prometer aumentos, sin tomarse la molestia de consultar a quienes han designado para dirigirla y sin consideración ni respeto por la autonomía que por mandato constitucional y legal debe tener la Caja del Seguro Social.

Dos situaciones de reciente ocurrencia demuestran que el presente gobierno sigue transitando la peligrosa ruta marcada por sus predecesores y, además, los ha superado. Por un lado, sigue empujando “arreglos de muy dudosa claridad” para dizque “invertir productivamente” las reservas del Fondo de Pensiones, ignorando olímpicamente a la Junta Directiva de la Caja y a los asegurados; por el otro, promete aumentos a los pensionados, sin medir sus efectos sobre esas reservas.

Insisto en señalar que considero justas y de urgente atención las peticiones de los pensionados que ven como se les esfuman sus magros medios de sustento por el galopante aumento del costo de la vida; pero el gobierno, en la manera de enfrentarlas, sigue actuando imprudentemente. Prometer a los pensionados aumentos que necesitan con urgencia no es criticable; pero es irresponsable hacerlo sin haber analizado la capacidad de la Caja para satisfacerlos.

Cosa igual ocurre con la proyectada inversión de las reservas de la Caja en aventuras especulativas que, antes que destinadas a fortalecer las finanzas de la institución, más parecen concebidas para favorecer a inversionistas inescrupulosos, aumentando las desorbitadas ganancias que ya obtuvieron con el pingüe, y todavía pendiente de muchas aclaraciones, negocio de los corredores.

En cuanto a los aumentos a los pensionados, especialmente a aquellos que reciben las pensiones más exiguas, recalco que los considero justos; pero su financiamiento no debe salir de las reservas del Fondo de Pensiones, si éstas no pueden absorberlos. La advertencia del director de la Caja sobre el déficit que ocasionaría, por un monto de 38 millones de balboas, no debe ser desatendida.

La alternativa para financiar los aumentos de los pensionados es mediante un aporte del Gobierno Central. Bastaría con utilizar el 50% de los 38 millones de los inmorales subsidios electorales.

Los fondos de la Caja del Seguro Social no deben ser una “”hucha” a disposición de los gobernantes, para granjearse simpatías o para resolver problemas que son ajenos a la institución. Los dineros de la Caja pertenecen a los asegurados, que son sus únicos dueños, a quienes corresponde decidir cómo se invierten sus recursos, pues son ellos los que sufrirán las consecuencias de las inversiones fallidas.

Ni el gobierno ni la Junta Directiva tienen derecho a comprometer 275 millones (es la cifra mencionada) de sus reservas, sin la aprobación de los asegurados, que deben ser consultados, para que opinen al respecto, mediante una encuesta precedida de explicaciones claras y precisas. Eso sería lo legal y lo prudente. ¡La autonomía de la Caja del Seguro Social debe ser sagrada!

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Este artículo se publicó el  10  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mediocridad bajo el paraguas de la autonomía

La opinión del Neurofisiólogo Clínico…..



Ezequiel Jethmal Garibaldi

Los presidentes de la República han priorizado las obras físicas por encima de las gestiones que promueven la creatividad nacional. Carreteras, Puente Centenario, Cinta Costera, entre algunas recientes. Esas obras se pagaron con nuevos impuestos, más endeudamiento y la dinámica económica del sector empresarial.

En las Sociedades Abiertas (sic Sir Karl Popper) aquellos estados benefactores y populistas como Grecia, España y Latinoamérica mayoritariamente, vivimos de crisis en crisis porque la alta creatividad, el trabajo eficiente y perseverante, junto a la disciplina social no han consolidado el desarrollo sostenible alcanzado por países como Alemania, Chile, Corea del Sur.

Necesitamos asesoramiento de universidades del primer mundo (como procuraron países del sudeste asiático) para ejecutar los cambios que promuevan instituciones referentes del conocimiento de punta.

La Universidad de Panamá (U de Panamá) y la Universidad Tecnológica de Panamá son las únicas que reciben substancial financiamiento estatal, por lo que tenemos todo el derecho de exigirles que satisfagan los mejores estándares internacionales ya sugeridos a Don Octavio Méndez Pereira por las eminencias alemanas, austriacas y españolas que lo asesoraron circa 1935. Don Octavio dio prioridad a la formación de los profesionales básicos que siempre necesitará el país.

En décadas más recientes, con mayores recursos, debió consolidarse cuerpos docentes dedicados a la investigación científica, cooperar con la validación de los profesores ante sus pares internacionales (reuniones y publicaciones científicas) y satisfacer programas periódicos de educación continuada.

Por falta de visión y por permisivos, los últimos rectores han fracasado en esa tarea principalmente en las disciplinas de la materia (Biología, Química, Física y aplicadas como las ingenierías, Medicina, entre otras). La eufemística “acreditación docente” y la “docencia superior” son conveniencias subalternas y están lejos de satisfacer los estándares óptimos. El presidente Martinelli puede consultar mis recomendaciones en University of Arkansas o el INCAE donde estudió.

Los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos, son condenados a la mediocridad y la insuficiencia criolla de nuestras universidades, como únicas alternativas, sin posibilidad de formarse en instituciones con calidad del primer mundo.

Más imperdonable es que el estado permita esa discriminación. Los gobernantes deben entender que no es incompatible llevar adelante sus obras físicas y, paralelamente, utilizar el asesoramiento internacional para corregir el anacronismo de nuestras universidades mal autorreguladas, bajo el paraguas de la autonomía.

Exigimos que por el futuro de la nación panameña se haga una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá apegada a los estándares internacionales. Esperamos que el gobierno no traicione a la nación cediendo al chantaje por unos terrenos o una carretera. Pregunta al gobierno Martinelli: ¿“ahora le toca al pueblo” o después de 12 años como rector mediocre, nuevamente a Don Gustavo García de Paredes?

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Este artículo se publicó el  4  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Punto de Vista Ley 51, del 27 de diciembre de 2005, orgánica de la CSS

La opinión del Ingeniero…..

DAVID  A. OCALAGAN  B.

En estos últimos meses los asegurados, hemos observado como la Junta Directiva y la Administración General incumplen sus responsabilidades definidas en el título segundo, que los determina a los dos órganos como el gobierno de la institución. El artículo segundo establece que es de derecho público, autónoma del estado: en lo administrativo, funcional, económico y financiero, para lo cual tendrá una participación y control social mediante los actores representativos de los trabajadores, los empleadores, los pensionados y del gobierno.

El artículo tercero establece los principios por los cuales debe regirse el órgano de gobierno y en el punto octavo determina que todos los actores tienen derecho a participar en los diversos procesos de planeación, ejecución, control y evaluación de las políticas sociales de la institución y no solamente con algunos de ellos, como observamos hoy.

El artículo 17, que determina como implementar nuevos sistemas tecnológicos, los cuales permitan automatizar y hacer más eficiente la gestión administrativa, sin embargo debe ser por medio del cumplimiento de los normas establecidas en los reglamentos que para tal fin haya desarrollado la Junta Directiva.

El artículo 22 establece claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos de gobierno de la CSS, estableciendo que la Administración General, es la representante legal y administradora según los reglamentos para alcanzar los objetivos establecidos, no según criterios personales o de su equipo de Directores Ejecutivos Nacionales, ya que la Junta Directiva, compuestos por todos los actores, dueños de la institución social, son los que establecen las políticas para su funcionamiento, mejoramiento y modernización, así como supervisar y vigilar de acuerdo con los reglamentos.

La Junta Directiva, según el artículo 31, tienen derecho a contar con 5 comisiones permanentes, para asistirse en sus responsabilidades fiscalizadoras como son:

1. Asuntos Laborales y Administración, básicamente con el objetivo de analizar los asuntos relacionados con la administración de la institución en temas como: Compras, asuntos laborales, y asuntos de administración de la propia institución.

2. Prestaciones Económicas, para recomendar en lo relativo a las obligaciones económicas institucionales.

3. Inversiones y Riesgos, aquí deben nacer las recomendaciones de inversión, para lo cual la Junta Directiva, se apoyará en Asesorías y personal de apoyo con carácter propio de ella.

4. Auditorías, siendo uno de los mayores brazos de fiscalización de los actores, de todo el proceso de administración de la institución y 5. Salud, aquí es donde los actores tiene la posibilidad de evaluar los resultados de la calidad de atención sanitaria que brinda la administración general a los asegurados.

El artículo 44, establece la figura del Analista y Responsabilidad institucional, como el objetivo de que la Junta Directiva pueda fiscalizar la transparencia con que se administra la institución, por lo que establece en el artículo 70 la prohibición de la externalización de los servicios de salud de manera permanente, como esta ocurriendo con hemodiálisis.

Asegurados, si la administración General no comprende que existe la ley 51, estaremos pronto con mayores problemas en nuestras jubilaciones y pensiones. Salud.

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Este artículo se publicó el  12  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.