¡Días libres en familia! Justicia social pendiente

La opinión del Paciente de Hemodiálisis…

DAVID A. OCALAGAN B.
david_280559@hotmail.com

Esta es una ilusión que mantiene el paciente de hemodiálisis. Solo los 2000 pacientes de hemodiálisis que tiene el sistema de salud público y sus familiares que viven en la práctica la realidad de no poder compartir en FAMILIA, como todas las otras personas, durante los días puentes, feriados, vacaciones o días libres, porque el sistema de salud panameño no les permite recibir los tratamientos renales fuera del área de residencia, al no disponer de cupos disponibles, pueden dar testimonio del efecto negativo a su salud que causa esta situación.

Tenemos cerca de ocho años de estar denunciando esta realidad social; sin embargo, no hemos logrado ser escuchado por ninguna de las autoridades sanitarias o políticas que deben resolver esta situación, a fin de permitirnos recibir el tratamiento de hemodiálisis en la provincia que visitemos en cualquier fecha del año.

Comprendemos que no somos los únicos pacientes crónicos en este pequeño país, lleno de tanta riqueza mal distribuida, pero existen salas de tratamientos en siete de las nueve provincias, el problema es la capacidad de la instalación, equipos, recursos humanos y la mala administración de estos servicios sanitarios que no se resuelve y son administrados como finca personales y no del Estado.

Los pacientes capitalinos con familiares en las provincias centrales, Chiriquí, Veraguas, Coclé, son los más afectados ni hablar de los pacientes con familiares en Bocas del Toro o Darién, donde no existe sala de tratamiento aún y estos sí están divididos familiarmente de forma permanente, porque deben vivir en la capital o la ciudad de David para recibir su tratamiento.

Hace poco leímos en los medios de comunicación social que somos más visitados por los turistas, más competitivos, el más globalizado en Centro América, el saneamiento de la bahía camina a todo vapor, vamos a tener un metro y metrobús como medio de transporte en la ciudad, la ampliación del Canal permite que la junta directiva se reúna cada año en EUROPA, en la lucha contra las drogas internacionales invertimos millones de dólares y próximamente se invertirán casi $1000 millones en nuevas infraestructuras hospitalarias, pero no han podido, tampoco en estos últimos 16 meses del nuevo gobierno, solucionar la necesidad sanitaria conocida por las máximas autoridades y estamos a las puertas de las fiestas patrias y luego las de fin de año, donde muchos panameños se reúnen familiarmente y una vez más tendremos los pacientes de hemodiálisis que ver partir a nuestras familias para algún punto del país sola, para no hacerla parte de esta cruz que es nuestra.

Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Carnavales, Día de las Madres, son entre otras fechas las múltiples oportunidades de compartir en familia que son negadas a muchos panameños que padecemos problemas renales y estamos en tratamientos ambulatorio de hemodiálisis. Sin embargo, la característica personal de las autoridades sanitarias se mantiene, ‘la INDIFERENCIA’, hasta que un día a un miembro de su familia les toque la puerta y les diga que tienen el mismo problema de cientos de otros panameños, para que lo puedan ver y resolverlo, salud.

 

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<> Este artículo se publicó el 24 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ocalagan-b-david-a/

Consenso en Ley de Medicamentos

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

En junio de 2010, el Consejo de Gabinete facultó al ministro de Salud para presentar un nuevo proyecto de Ley, que introdujera modificaciones a la Ley 1 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, ante la Asamblea Nacional de Diputados.

El presidente de la República y el ministro de Salud, manifestaron públicamente que esta propuesta tiene como propósito agilizar los procesos de adquisición y suministro de medicamentos; así como la obtención de bajos precios de los mismos, condición que no asegura la ley vigente.

Según los proponentes, con la aprobación del nuevo proyecto de ley, el gobierno estará en capacidad de hacer frente a las demandas de los usuarios del servicio de farmacias públicas (Centros de Salud, Caja de Seguro Social, Hospitales Estatales, entre otros).

Otros aspectos considerados dentro de las reformas van dirigidas a robustecer el laboratorio del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, vigorizar la acción fiscalizadora del MINSA y la implementación de mecanismos destinados a la rápida tramitación del registro sanitario.

Aún cuando los diversos actores que integran la sociedad civil convergen en que la actual Ley de Medicamentos requiere modificaciones que optimicen los progresos logrados, manifiestan la necesidad de que la propuesta presentada por el Ejecutivo sea ampliamente consultada. Que además de incluir a las empresas farmacéuticas; se convoque a las asociaciones de especialistas, gremios farmacéuticos y afines, así como a organizaciones de pacientes y consumidores, porque se sienten ignorados y en riesgo.

Diversos representantes de gremios y asociaciones, expresan que el tema de salud es muy complejo, pero que es un asunto de todos; que el mismo es un derecho humano elemental, por lo que debe garantizar seguridad, eficacia y calidad a la población.

Esta polémica Ley causa gran preocupación en todos los sectores de la población, fundamentalmente en los conocedores de la materia, debido a que históricamente las grandes empresas farmacéuticas se han constituido en monopolios, aplicando altos precios, frente a la mirada imperturbable y complicidad de administraciones gubernamentales, causando perdida de credibilidad en las autoridades.

Por ello, en procura de que los cambios presentados para discusión en la Asamblea Nacional respondan a resolver necesidades auténticas de la población, asociaciones, gremios y sociedad civil, exteriorizan su posición de vigilancia y salvaguarda, en procura de garantizar que se mantenga una reglamentación rigurosa de medicamentos (bioequivalencia), mediante el registro sanitario. Así como el establecimiento de un sistema efectivo de fiscalización, que garantice un adecuado procedimiento de compra y cumpla con las más elevadas normas de calidad y recomendaciones de la OMS y OPS.

Las organizaciones hacen un llamado al gobierno para discutir la propuesta, a fin de lograr un consenso que favorezca a la comunidad, en virtud de lo establecido en la Constitución Política y que no se repita la amarga experiencia vivida con la aprobación de la Ley Chorizo.   Es conveniente que se promuevan mecanismos de consenso y aparten diferencias.

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Artículo publicado el 25 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Peligros y engaños en hospitales

La opinión de….

Xavier Sáez–Llorens

Todo paciente que acude a un hospital aspira a ser diagnosticado y tratado de forma correcta para sanar rápidamente su dolencia. Desafortunadamente, no siempre es así. Con mayor frecuencia de lo que los médicos quisiéramos, ocurren errores, iatrogenias, negligencias, infecciones y hasta engaños sobre terapias no probadas. Dejando de lado las causas propiciadas por deficiencias administrativas y por las vulnerabilidades propias de cada individuo, nosotros los galenos somos los mayores responsables del desenlace final.

Las adversidades ocurren en instituciones públicas y privadas. Para evitar errores, comunes a todos los seres humanos, se necesita contar con personal sanitario motivado, descansado y sin sobrecarga laboral. Cada yerro debe promover la toma de acciones correctivas inmediatas para evadir su repetición. Las iatrogenias son eventos indeseables inherentes a fármacos o procedimientos. Aunque estas reacciones son inevitables e impredecibles, se pueden disminuir absteniéndose del uso innecesario de medicamentos, verificando las dosis administradas, ejecutando actividades de farmacovigilancia y empleando guías claras para métodos invasores de diagnóstico y tratamiento. Las negligencias deben ser contundentemente sancionadas.

Ciertamente, dudo que exista un médico que quiera deliberadamente hacerle daño a un enfermo. No obstante, el dolo se produce por laxitud en el cumplimiento de protocolos estandarizados de manejo, retraso en la atención, actuación con el mínimo esfuerzo posible, falta de actualización académica y pobre identificación del profesional con su institución.

Lamentablemente, también, existen médicos que atienden a los pacientes privados mucho mejor que a los humildes, vergonzosa dicotomía que incrementa la posibilidad de error, iatrogenia y descuido. Cada hospital debe contar con un tribunal de ética para evaluar casos potenciales de negligencia y aplicar las puniciones correspondientes.

Las infecciones adquiridas en el hospital ocurren en todos los nosocomios del mundo, particularmente en áreas de cuidados intensivos y en sujetos portadores de alguna inmunosupresión. Estas se pueden reducir considerablemente mediante el control continuo por un comité especializado de prevención, el reforzamiento de maniobras higiénicas (particularmente el lavado rutinario de manos) y la habilitación de cubículos de aislamiento para evitar la propagación de gérmenes. La escasez de personal, el restringido espacio físico y el hacinamiento de pacientes o familiares contribuyen a incrementar estas infecciones. Todas las estrategias preventivas requieren un substancial apoyo monetario, cada vez más elevado en los tiempos que transitamos, pero siempre resultan más baratas a la larga. Nuestros hospitales públicos cuentan con presupuestos exiguos, muy por debajo de las necesidades óptimas modernas.

En centros privados los peligros son menores por cuatro razones básicas. Todo error puede ser sujeto de demanda por parte de pacientes más educados, adinerados y rodeados de abogados prestos a querellar; el paciente al pagar exige un trato personalizado y expedito; el médico no desea perder clientela; y hay competencia por usuarios entre múltiples clínicas.

Por tanto, todas las instalaciones cuentan con áreas espaciosas de internación y aislamiento, suficiente personal, poca aglomeración de gente y equipos de última generación, con mantenimiento protector rutinario. No obstante, los engaños sobre tratamientos no probados tienden a proliferar con frecuencia. Allí se promocionan falsas panaceas como cámaras hiperbáricas, flujos de ozono, medicaciones antienvejecimiento y numerosas terapias alternativas de controvertida eficacia y seguridad. Nadie fiscaliza lo que hace el médico en la intimidad con su paciente.

Con el auge del turismo médico, los charlatanes se aprovechan para vender técnicas novedosas y “curas pioneras”, aprovechando que éstas no han sido autorizadas en países desarrollados.

La moda actual es la administración de células madre de médula ósea o cordón umbilical para un repertorio de indicaciones. Hasta la fecha, sin embargo, su beneficio ha sido únicamente demostrado para algunas formas de leucemias y linfomas. Las células troncales de otros orígenes o para otras condiciones (lesiones medulares, autismo, esclerosis múltiple, parálisis cerebral infantil, etc.) están aún en el plano experimental y se evalúan estrictamente en ensayos de investigación, aprobados por comités ético-científicos con base en normas consensuadas internacionalmente. La esperanza es que estas opciones puedan, eventualmente, ser utilizadas como tratamientos establecidos. Todavía, empero, no hay plena garantía de su inocuidad. Existen temores sobre la posibilidad de desarrollo de tumores, infecciones por virus residentes en dichas células, alteraciones inmunológicas contraproducentes u otras reacciones regenerativas inesperadas.

Pese a todo lo comentado, ya existe en Panamá un Instituto de Células Troncales (Stem Cell Institute), con un laboratorio en la Ciudad del Saber y en supuesta conexión con clínicas privadas locales (http://www.cellmedicine.com/locations.asp).

Esta empresa fue expulsada recientemente de Costa Rica por orden de la ministra de Salud (comunicación directa). Ellos ofrecen esperanza a pacientes con enfermedades discapacitantes, individuos desesperados por probar lo que sea sin importar riesgos o precios excesivos.

Estos chamanes de alta tecnología (no muy diferentes a los hierberos radiales) se instalan en naciones subdesarrolladas con regulaciones flexibles y se aprovechan del agobio de los enfermos para hacer negocio rentable.

El Minsa debe exigir a todas las instalaciones sanitarias del país una fiscalización estrecha de las rutinas clínica–quirúrgicas, el fiel cumplimiento de los protocolos de atención y la sanción ejemplar para todo acto negligente o fraudulento que genere peligros y engaños a la población.   El médico, por su parte, debe procurar que el remedio no sea peor que la enfermedad.   El paciente, público o privado, quedará siempre satisfecho.   Yo más.

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Este artículo se publico el 27 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Terapia con células madre

Reproducimos el artículo de opinión del Doctor ….

Pedro Ernesto Vargas

Muchos de los tejidos humanos se renuevan o reemplazan sus células viejas, por la capacidad de sus propias células madres (somáticas) para multiplicarse en esas líneas celulares, como también lo hacen para multiplicarse ellas mismas, es decir, en células no diferenciadas.

De allí el tremendo potencial terapéutico que se les reconoce a estas, aún no probado en cada instancia y el entusiasmo por la terapia con ellas. Los usos terapéuticos de las células madres se pueden agrupar así:

1. Aplicaciones actuales, con células madres hematopoyéticas, en trastornos de la sangre e inmunológicos y ciertos trastornos metabólicos, pero sin éxito aún, en aquellos que afectan el sistema nervioso central.

2. Aplicaciones experimentales, como para esclerosis múltiple y quizás en algunas otras enfermedades desmielinizantes, con atención al hecho de que las células trasplantadas pueden inducir crecimientos tumorales en estos pacientes y de hecho lo han inducido tanto en el cerebelo como en el tallo cerebral y la medula espinal.

3. Aplicaciones potenciales, en donde se califican la enfermedad de Parkinson, los daños de la médula espinal, la degeneración de la retina, la diabetes tipo 1, algunos tumores cerebrales, algunas enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades metabólicas muy limitadas, la osteoporosis y otras, pero cuya eficacia y seguridad no han sido probadas.

Solamente el trasplante de células madres hematopoyéticas, ya sea de la médula ósea, de sangre del cordón umbilical o de sangre periférica, entra en esa categoría de aplicaciones establecidas. Sin embargo, es necesario señalar inmediatamente que no para todo antojo o ambición. Toda otra terapia con células madres es experimental y su uso se debe regir bajo estándares severos y estrictos, donde la protección del paciente es prioritaria. Eso no ocurre en los paraísos de células madre, donde se ha desarrollado otra forma de turismo médico, el turismo de células madre, y donde la terapia no es ni experimental ni innovadora.

Los paraísos de células madre son estos países donde se ofrece esta terapia por parte de grandes emporios no nacionales, que se trasladan a sitios donde estas entidades no son acreditadas ni reguladas, para ofrecer tratamientos no probados y nocivos o potencialmente nocivos. Esto es muy distinto de aquellos sitios donde entidades acreditadas y reguladas ofrecen tratamientos probados y eficaces a menos costo. Es temerosa la forma como el turismo de células madre se ha ido popularizando mientras se diezman las esperanzas y se promueven, sin misericordia ni escrúpulos, el miedo y la vulnerabilidad de los enfermos.

Muchos de estos paraísos de células madre ni siquiera proveen evidencias de sus resultados y mucho menos de la seguridad y eficacia de sus tratamientos; otros ni siquiera dan prueba de si inyectaron células madre ni reconocen si el mínimo logro se hizo por vía de otras formas probadas de manejo, como, por ejemplo, la terapia física de rehabilitación.

Peor aún, los gobiernos de estos países donde los paraísos se asientan, hacen poco o nada por proteger a los pacientes, a pesar de que esos tratamientos no han sido probados, los ponen a riesgo y siguen siendo costosísimos. Si algo puede compararse con los paraísos fiscales son estos paraísos de células madre, donde se huye de las leyes y se rehúye la responsabilidad con un afán utilitarista de hacer dinero.

En otras palabras, las consideraciones bioéticas de la terapia de células madre son insoslayables porque en cada situación hay que tener evidencia probada de su eficacia y absoluta certeza de que no es nociva. Hoy, desafortunadamente, hay claras señales de que muchas de las personas que buscan una respuesta terapéutica a sus terribles males son engañadas al ofrecérseles “la bala mágica”, que, contrariamente, los podría poner en riesgo tres, cuatro, cinco.

Las autoridades nacionales han revelado un interés en regular el turismo médico. Es imperativo que se reconozca, primero, la desventaja que tenemos, por el hecho de estar frente a un debate con profundas raíces políticas, religiosas, culturales, sanitarias, científicas, académicas, profesionales y éticas, que se presenta con urgencia de regulación, urgencia y regulación que suelen aparecer cuando aún no se alcanza consenso. También es válido recordar que, mientras la ética suele presentarse con grandes aspiraciones, o ser maximalista, cual lo recuerda Ronald B. Miller, la política suele ser minimalista y, en esta disyuntiva de las células madre, el minimalismo reviste serios y duraderos riesgos.

Sin las asesoría propias, incluso de instituciones académicas y de investigación mejor desarrollados, allende nuestras fronteras, las grandes empresas transnacionales, interesadas en el negocio más que en la salud, facilitarán para ellas legislaciones y regulaciones laxas que no apuntan a la seguridad de los pacientes y borrarán la diferencia entre lo experimental y lo aplicable, entre lo innovador y la novedad, entre la verdad y la mentira.

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Este artículo se publico el 7 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Qué derecho tengo yo, por ser asegurado?

La opinión de…..

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DAVID A. OCALAGÁN B.

Son varios los años que los pacientes no asegurados han esperados para contar con una respuesta a sus necesites de tratamientos oportunos de Hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás (HST), única instalación del MINSA en la ciudad capital que ofrece este tratamiento renal a los cientos de panameños sin seguridad social.

Ahora, que se han efectuado las inversiones en aumentar la capacidad de oferta de servicios de salud en Hemodiálisis, por parte del patronado que dirige el HST, las máximas autoridades del MINSA y CSS firman un acuerdo comercial para contratar las recién inauguradas nuevas instalaciones para el tratamientos a los no asegurados de hemodiálisis del HST, para dar servicio de salud renal a los más de 150 pacientes asegurados de hemodiálisis del Complejo Metropolitano de la CSS, que se mantienen desde hace dos años en condiciones desfavorables para su salud, seguridad y tratamientos, terminando de un plumazo con el sueño de los pobres no asegurados de contar con una mayor oportunidad de vida en medio de su situación clínica y personal.

He tratado de comprenden este acuerdo comercial entre las máximas autoridades de salud de ambas instituciones públicas, sin embargo, me pongo a pensar qué derecho tengo yo, asegurado, con una institución de salud social, que tiene dinero, a quitarle, así sea temporalmente, una oportunidad de mejor calidad de vida a otro panameño pobre, de recibir su tratamiento renal, mientras a mí me resuelven la problemática del cuarto y quinto turno que nos mantenía amaneciendo, inseguros y con mala calidad de atención en el seguro social, por la falta de voluntad administrativa de quienes dirigen esa institución de salud.

Definitivamente hay que tener una deficiencia renal para poder comprender mi observación ante esta situación que están desarrollando las máximas autoridades de salud pública, para permitir que los pacientes asegurados en plena capital del país, les estemos quitando indirectamente su turno de atención renal a los pacientes no asegurados de hemodiálisis, por encubrir la negligencia de la administración general de la CSS, que no ha resuelto en estos primeros 7 meses la problemática, que es conocida con mucha anticipación por las autoridades médicas y administrativas en el complejo metropolitano de los pacientes de hemodiálisis.

Es comprensible la alegría de los pacientes de hemodiálisis asegurados en el Complejo Metropolitano, que serán traslados a recibir sus tratamientos de hemodiálisis en los próximos días al HST, que ya no tendrán que seguir amaneciendo, el problema de la falta de transporte público en las noches y madrugadas, los riesgos de la inseguridad para llegar a sus hogares y las afectaciones a su salud por las rotaciones de turnos. Sin embargo, debo confesar que lamento mucho y desde ahora les pido disculpas a los panameños pobres sin seguro social que afectaremos indirectamente, en nombre de todos los pacientes asegurados, ante la decisión administrativa asumida por las dos máximas autoridades de la salud pública, que no dejan pasar una oportunidad para tomar decisiones incorrectas sin considerar a quienes afectan.

Solicito con el respeto acostumbrado, al señor presidente de la República, Lic. Ricardo Martinelli, que logre que la justicia social en salud sea igual para todos, asegurados y no asegurados, en salud no debe haber beneficiados unos, para perjudicar a otros, esto también incita la violencia entre la población.

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Este artículo se publicó el 8   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los deberes del paciente

La opinión del Médico….

Julio Toro Lozano

Quien goza de derechos es porque tiene deberes y los pacientes no escapan de esta regla. El cumplimiento de estos deberes es necesario a fin de lograr el objetivo deseado de la relación médico-paciente, recobrar la salud del enfermo.

En la práctica diaria, con mucha frecuencia se observa que el paciente oculta información al médico, que no acude a los compromisos programados, que no sigue las indicaciones recomendadas o, simplemente, que actúe de forma indolente en lo que a su tratamiento se refiere.

Para el médico argentino Jorge Arturo Florentino los pacientes tienen el deber de informar lo solicitado durante las visitas al equipo de salud, sus antecedentes personales incluyendo hábitos tóxicos o costumbres de riesgo y antecedentes familiares. El omitir algún dato pudiese llevar al surgimiento de situaciones peligrosas para él. Tiene el deber de colaborar con su médico y personal de salud que lo apoyan en su tratamiento, así como respetar y cumplir las indicaciones médicas.

El paciente puede negarse a recibir la asistencia recomendada, abandonar al profesional sin justa causa, en cualquier momento, a no cumplir con el tratamiento prescripto; para esto, debe dejar una constancia por escrito de lo que planea, pero debe saber que cualquiera de esas acciones, libera de toda responsabilidad al médico de la evolución de su cuadro. Además, el paciente debe cuidar las instalaciones, colaborar con el cumplimiento de las normas y tratar con respeto al personal que labora en la institución de salud. Se ha señalado que solo el 17% de los pacientes cumplen, al pie de la letra, las indicaciones recomendadas.

El paciente puede negarse a recibir asistencia, en este punto hay que tomar en consideración el estado de conciencia o no, de alienación mental, presencia de lesiones graves por causas de accidentes, o en las tentativas de suicidios o de delitos; sin embargo, esta situación siempre conlleva un componente ético y legal que provoca un debate permanente.

En el cumplimiento de las indicaciones, el paciente debe comunicar de manera veraz y oportuna, los inconvenientes o impedimentos que hubiesen surgido en la observancia de las mismas. El paciente tiene el deber de solicitar información sobre las normas de funcionamiento de la institución y los canales de comunicación (quejas, sugerencias, reclamaciones y preguntas). En la medicina privada es un deber del paciente el cancelar los honorarios profesionales por los servicios recibidos.

Los deberes y obligaciones de los pacientes no son difundidos con el mismo impacto que se divulgan las obligaciones de los médicos; sin embargo, hay que hacer énfasis en que los pacientes son parte importantísima, artífices de su propia curación y siempre que el médico detecte inconvenientes en esta relación se recomienda que deje constancia en el expediente de la situación ocurrida.

La divulgación de los derechos y deberes, tanto de paciente como de profesionales de la salud, busca ayudarnos a mejorar la relación médico paciente, relación en la que cada vez más aumenta el componente legal.

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Publicado el 2 de marzo de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De milagros y expedientes…

La oponión de….

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Daniel R. Pichel


Como es evidente que la horda de descarados de nuestra Asamblea de diputados están empeñados en poder pelechar a manos llenas sin que nos enteremos los ciudadanos es mejor no hablar de ellos porque su deshonestidad recuerda al alacrán de la fábula… parece “ser su naturaleza”.

El descaro de esta gente es tal que ni siquiera los pocos que parecieran creer en la decencia como credencial para ocupar cargos públicos pueden escaparse de las injustas y casi merecidas generalizaciones. Mientras no escojamos mejor a estos “honorables por protocolo”, vamos mal…

La Operación Milagro sigue de moda ahora que fue suspendida. Desde su inicio, esto se manejó “con las patas”… Los supuestos especialistas (entiendo que nunca revalidaron credenciales), llegaron a nuestro país con demasiados bombos y platillos, como para creer que esto era puro “amor al prójimo”.

Su asociación con Venezuela como financiadora del programa generaba suspicacias. Igualmente, la negativa de Chávez de aportar insumos para que operaran médicos panameños idóneos hacía pensar que había “gato encerrado”. Ahora resulta que el programa “filantrópico” de los cubanos nos costaba más de 80 mil dólares al mes.

A esos precios, seguramente un programa con médicos locales, sería más costo-efectivo.

Pero el pecado más grande de todos los que pueda haber en relación a la Operación Milagro es la poca claridad con que se han manejado a los pacientes.   Aunque es posible que haya muchos otros datos turbios, menciono los tres más evidentes. Supuestamente estos señores venían a “devolverle la vista a los panameños”, lo cual sería cierto si hubieran operado solamente cataratas tal cual se anunció. Sin embargo, resulta que operaron patologías que no producen ceguera (lo cual tampoco es malo).   Pero es falso que le “devolvieran la visión” a casi 50 mil panameños.

Peor aún es decir que en un programa con una duración de mil días aproximadamente (tomando en cuenta fines de semana y días feriados), se operaron más de 45 mil personas.

Estos señores contaban con un solo microscopio quirúrgico. Por muy eficiente que fuera su “línea de producción”, los limitaría la disponibilidad de la pieza de equipo más importante para realizar cirugías oftalmológicas en el siglo XXI.   Así, por muy rápido que opere un cubano, si calculamos 30 minutos de cirugía y 15 para limpiar el equipo (que suponemos lo hacían), se operarían, como máximo, 32 pacientes diarios si el quirófano funciona 24 horas.  Entonces, las cifras son falsas.

Por último, al no entregar expedientes de los casos operados se comete una de las faltas más graves en medicina.   Los archivos clínicos de las personas evaluadas y operadas durante el programa son aún un misterio. He escuchado explicaciones tan disímiles como que “se los llevaron a Cuba”, “los metieron en bolsas de basura y los quemaron” o “los dejaron en la embajada y allí no los han entregado”.

Desde el punto de vista de estándares de buenas prácticas clínicas, las tres opciones son inaceptables. Lo que no puedo entender es cómo, a estas alturas, las autoridades panameñas del Ministerio de Salud y la Cancillería no han exigido una aclaración, denunciando la violación de los derechos del paciente que constituye esta irregularidad.

Si la ley panameña (y de cualquier país civilizado del mundo) establece que debe existir un expediente completo, tiene que obligarse a cumplir con ese requisito a todo aquel que venga a realizar procedimientos médicos a Panamá, especialmente si son operaciones y tratamientos con potenciales complicaciones a largo plazo. Y entiendan que entregar un montón de folders dos meses después de terminado el programa no es la forma como un sistema de salud responsable debe actuar.

Esta opinión no tiene nada que ver con que estos señores vinieran de Cuba, de Australia, de Groenlandia, de Japón, de Hawaii o de la isla que se les antoje. Estamos hablando de atención de salud y no de un programa de “capacitación deportiva” o “adoctrinamiento ideológico” (¿o sí?).

Si Estados Unidos, Suecia o España hacen un programa de asistencia que incluya atención médica especializada, tienen que dejar expedientes. Ese fue el caso de los pacientes del Hospital Gorgas, a quienes se les entregó su información clínica una vez cerró operaciones aquella institución, para que se lo hicieran llegar a quien se hiciera cargo de su atención posterior.

Ante todas estas irregularidades, llama la atención el silencio de los gremios médicos que tanto chillan cuando se comete el exabrupto de sugerir que trabajen las ocho horas que cobran.

Y no me vengan ahora con que denunciaron a una doctora en San Miguelito… estamos hablando de los problemas del programa en su conjunto… Yo no sé cómo esta gente lo defina pero pagar 88 mil dólares al mes por cirugías de pacientes que el Estado debía incluir en su programa de atención… ¿no califica como “privatización”?

No quiero pensar que este silencio se deba a que absolutamente todo lo que haga Cuba y especialmente si es apoyado por el mamarracho que gobierna Venezuela tenga que ser aceptado ante sus amiguitos de Frenadeso, con quienes seguramente no pretenden pelearse…

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Publicado el 28 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.