¿Quemar basura para hacer diésel sintético?

La opinión de…


Jorge G. Conte Burrell

Este es el tipo de negocios que le encanta a los grandes demagogos: comprar por 65 millones de dólares una unidad de tecnología avanzada (son 325 millones de dólares en nuestro caso) dizque para salir del tercer mundo y directo para el primero, después dar subsidios a algunos empresarios privados de su partido para que lo dizque manejen por 5 años y presentarlo como logro de su administración.

Luego, el siguiente gobierno quita los subsidios, demandan las licitaciones y las concesiones y los costos terminan por acabar con el proyecto, ya que requirió una alta inversión inicial en lo humano y lo tecnológico y principalmente en su mantenimiento.

Considerar la instalación de una planta modelo de conversión de basuras a diésel sintético en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, para ir adecuándonos al sistema sería más inteligente.    La tecnología propuesta por la empresa alemana es muy avanzada para la educación y cultura de los panameños, sin mencionar que la misma es experimental inclusive donde es originaria.   Con relación al personal humano requerido, aunque es casi nulo en Panamá, esto se podría solucionar con la contratación de personal extranjero por un periodo de tiempo para capacitar a la mano de obra local en la planta modelo.

Adicionalmente están las consideraciones ambientales a la incineración de desechos, que es lo que hace este equipo y las emisiones tóxicas resultantes. Mientras no haya control previo de lo que consideremos como, y echemos a la basura, es decir, reducir y recuperar, para reciclar, el material fósil y metálico, estas emisiones serán altamente tóxicas. Los filtros para su eliminación vendrán incluidos en la primera compra, durarán 5 años y no serán reemplazados, ya que son muy costosos y las administraciones muy deficientes.

Este proyecto seguro que no sería el ejemplo de cero corrupción que existe en la Unión Europea y por lo tanto estará plagado de corrupción y corruptos. El implementar este programa a sopetón y porrazos, no lo llevará a buenos resultados, sino al mismo resultado de siempre. Vayamos por partes y midiendo resultados para ajustar nuestro curso de acción. Implementemos acciones de base que apuntalen nuestras inversiones.

Yo sugiero que comiencen con leyes y programas instituidos de separación de los desechos sólidos por parte de la población, escuelas, universidades, empresas y el Estado principalmente y para dar el ejemplo. Creando consorcios para la recuperación y reciclaje de materiales con valor comercial. Esto reduciría la necesidad de camiones de recolección contaminantes, tan grandes y tan frecuentemente.

Luego que se tiene la cultura, la preparación de los técnicos y asegurado el modelo, entonces invertir en bienes de capital. Ahora es tiempo de educar e invertir en las personas y las organizaciones. Ese mismo dinero podría servir para crear y subsidiar la cultura del reciclaje en Panamá. Ya se tiene la noción, ahora se requiere la infraestructura para crear la cadena de valor. Estos pasos reducirían el costo inicial de entrada a la tecnología sugerida, soportada en una cultura homogénea que apoya el éxito del proyecto y el retorno seguro de la inversión en lo social-ecológico-salud y económico en el mediano y largo plazo.

Debemos salir caminando del subdesarrollo para luego correr hacia el primer mundo. Para esto debemos hacer lo que hacen los países en vías de desarrollo o del segundo mundo, como yo los llamo. Comportamientos tan básicos como la separación de los desechos, el uso de bolsas reutilizables en vez de plásticas, el uso de desechos orgánicos para producir compost o abono orgánico, la industrialización del reciclaje, el uso de aceite vegetal usado para producir biodiésel, entre otras, nos llevarán a la creación de empresas que generen el valor agregado del crecimiento sostenible y sostenido.

Esto visto desde los ojos de un estadista sería una posible realidad; en manos de un director ejecutivo o de un presidente demagogo y corrupto sería un desastre anunciado.

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Este artículo se publicó el 28  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿A dónde quedó el cambio?

La opinión del Intérprete simultáneo y Traductor Oficial…

KEVIN HARRINGTON SHELTON
kevin.harrass@gmail.com

‘ Oh, what a tangled web we weave, When first we practise to deceive!’ ‘Marmion… on Flodden Field’ Sir Walter Scott (1808).

El método de sistemático del gobierno es darle largas a todo problema que se le presente, para desviar deslealmente de él la atención, mediante una red que ha logrado cooptar por medios lícitos (y por los otros…). Pero a veces el tiro le sale por la culata -como con la supuesta ‘compra’ del corredor de ICA-.

La que ahora luce, más que una compra, una venta -por aprietos de liquidez en obras públicas, en México-. ICA ha sido descrita económicamente como ‘la piedra angular de México’, puesto que ella sola constituye el 10% de su sector construcción, lo cual eleva su condición financiera al campo diplomático.

Pero ‘el tiempo que todo lo cubre y descubre’ opera siempre a favor de la transparencia (e.g., WikiLeaks). Aún para ICA. Ayer en Madrid SACYR publicó cuánto espera lucrar de su nueva autopista en Chile: casi $10 millones por kilómetro, utilidades de peajes a cobrar durante 35 años, y poniendo los españoles TODO el capital de riesgo. Acá, don Ricardo Martinelli negoció con ICA (‘directamente’- Dulcidio dixit) una transacción que nos acabará costando casi $22 millones por kilómetro. Todo en un solo envión, ya que NO incluye: los peajes cobrados durante 11 años, tierras aportadas del antiguo aeropuerto, unos rellenos del lecho marino constitucionalizados a su medida, ni -menos- el producto de una emisión de bonos internacionales efectuada 5 años después de haberse completado todo el Corredor Sur.

Como nuestro propio Señor Presidente es alérgico a la rendición de cuentas, se tuvo que recurrir a la Bolsa de Nueva York para obtener copia del Prospectus mediante el cual los mexicanos hipotecaron una infraestructura propiedad de nuestro Estado.  De esos $150 millones, $58,852,777 ya fueron repatriados a México en 2005   ‘by means of a capital reduction’ (Merrill Lynch dixit) – pero que están incluidos en los $145 millones que asumiríamos mediante esta ‘compra’, además de los $275 millones que saldrían de Panamá tintineantes.

Dicha duplicación eleva a casi $500 millones el ‘comprar’ un Corredor Sur que podríamos hacer nuevo por menos de $100 millones (basado no sólo en la licitación chilena de SACYR, sino también en el precio que según Panamá Compra licitó CUSA en la carretera David-Boquete).

Pero además su Informe de Ingeniería trae a colación un tema cualitativo: la condición física del puente marino. Esos consultores británicos no hicieron sus propias pruebas en 2005, sino que se fundamentaron en una inspección visual en 2003…. de BANAMEX. Se desconoce si nuestro Ministerio de Obras Públicas o Contraloría haya emitido concepto alguno, o siquiera si el Gabinete insistió en conocer qué aprobó ‘comprar’ (se duda que doña Lucy Linda sepa mucho de puentes no-escolares, como para comprarlos).

Y es que dicho viaducto constituye la razón de ser del Corredor Sur; de caerse próximamente (construido con Cemento 1, en vez del más costoso Cemento 5), todo tráfico originado en la costa éste de la metrópolis tendría que usar la ya super-congestionada avenida Santa Elena. Y, de malograrse el viaducto, no se vendería un metro más en Santa María -ni en ninguna otra de esas barriadas de lujo exoneradas de impuestos por décadas-.

La fórmula propuesta para financiar la novel Empresa Nacional de Autopistas, S. A. no es viable. Asimilar a ella la autonomía financiera que la Constitución otorga sólo a la Autoridad del Canal, no cuadra. Y pocos inversionistas invertirían en una entidad estatal que carezca del full faith and credit del gobierno panameño.

Para cortar el nudo gordiano de las concesiones PRD, cabría obligar el cumplimiento de sus contratos -no liberar a los mexicanos de su mantenimiento, como se pretende en esta ‘compra’. Ya Standard & Poor’s reiteró que, para retener nuestro grado de inversión, tenemos que acatar aquella ‘pacta sunt servanda’ del derecho romano. Si, por primera vez en la historia, el MOP se les caracterizara y les hiciera la vida de cuadritos para que cumplan lo que pactaron, ambos concesionarios entregarían más rápido que ligero – y probablemente gratis – unos corredores que hallarían carísimo mantener.

En el peor de los casos, el ‘comprar’ ambos corredores en $420 millones sí aproximaría esa ‘la mejor inversión que hará el Estado’ descrita por nuestro Mandatario en La Estrella del pasado 29 de julio; en $1,070 millones, ya sería otra cosa. Quienes comemos 3 veces al día tenemos una obligación hacia quienes no comen, y la mejor forma de cumplirla es perseverar en la promoción de un estado de derecho que funcione como debe coherentemente.

Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los recursos del Estado son de todos

La opinión de…

 

Rolando Caballero Navarrete

Escribo este artículo por solicitud expresa de mi señora madre, quien preocupada por las noticias que han aparecido en las últimas semanas, se siente un tanto indignada por el anuncio hecho por el Gobierno nacional de apoyar las actividades del Carnaval con varios millones de dólares del erario.

Es su opinión, la cual comparto plenamente, que en vez de estar abriendo cuentas para recibir donaciones y andar pidiéndole al país que apoye a los damnificados de las últimas inundaciones, el Estado debería invertir esos millones de dólares en algo mucho más duradero, social y productivo, como lo es el apoyo a las personas de Chepo, Pacora, Colón y los otros puntos del territorio nacional que han sufrido esta desgracia en una época tan difícil.

No comprendemos cómo el Estado puede andar pensando en estos momentos de emergencia nacional, en celebrar carnavales, fiestas de Navidad, repartir regalos o que el alcalde de la capital continuara con sus fastuosas y carísimas villas navideñas, amén del desfile de Navidad; en el que se recogerá dinero para que, después, él lo lleve como donación a los damnificados.

Si las personas quieren hacer sus celebraciones de Carnaval, Navidad y Año Nuevo y todas las que se les ocurran, entonces que pongan de sus bolsillos y las organicen ellos. El dinero del Estado no es para esas cosas; es para las prioridades de toda la población.

Luego de laborar pagando impuestos por muchos años, no nos parece justo que esa plata sea utilizada en satisfacer, primero, las necesidades de emborracharse y bailar de unos cuantos, y segundo, sabiendo que hay personas que requieren y van a seguir requiriendo de esos dineros por un período prolongado, porque los daños a las viviendas, cosechas y producción agropecuaria serán a largo plazo.

A su excelencia, el señor presidente, le solicitamos que tal como el Estado impulsa la responsabilidad social empresarial, se amarre los pantalones y exija a todos los funcionarios que dirigen los destinos del país que hagan lo mismo dentro de sus instituciones, que no es momento de celebraciones sino de cumplir con el compromiso social para el que fue usted y su equipo de trabajo electo, es decir gobernar, no mandar; tomar las mejores decisiones que satisfagan a la mayor cantidad de panameños, y más si ello involucra utilizar los dineros que se generan, desde Darién hasta Bocas del Toro y Chiriquí, en la consecución de mejor condiciones de vida para las personas que en un número importante lo han perdido todo.

Espero que nuestra solicitud sea bien acogida y que estos hermanos que hoy sufren sus pérdidas también puedan decir en unos cuantos días ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo!

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<> Este artículo se publicó el 20 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ante la reciente tragedia nacional

La opinión de…

Roberto Motta Alvarado

El pasado martes 7 de diciembre, Panamá experimentó las lluvias más torrenciales acaecidas en los últimos 50 años.

El diluvio puso en peligro la seguridad del Canal de Panamá, los puertos, el acueducto del área metropolitana, la Zona Libre de Colón y la mayor parte de la provincia caribeña, la vía Transístmica y los accesos al Puente Centenario. La ciudad de Portobelo, la hidroeléctrica del Bayano y las áreas circundantes fueron severamente afectadas, tanto en sus poblados como en su producción agropecuaria. También fue gravemente afectada la comarca Kuna Yala y el pueblo de Yaviza, en Darién.

Ante estos serios daños, el Gobierno decretó un estado de emergencia nacional. Reparar y reconstruir todas estas infraestructuras requerirá de la inversión de muchos millones de dólares, en consecuencia, el Gobierno debe reconsiderar su plan de inversiones y priorizar en la reparación y reconstrucción de los sectores vitales afectados. Los periódicos y los noticieros de televisión nos presentan los cuantiosos y graves daños que inciden en todos los renglones de la economía del país, a los que urge darle respuesta inmediata.

Si a todo esto le sumamos el grave problema de la recolección de la basura en el distrito capital, la crisis se hace aun más grave.

El Gobierno Nacional debería cancelar, ante la actual coyuntura, proyectos tales como la construcción de la torre financiera, la compra de los corredores, los gastos publicitarios en los medios, algunos subsidios innecesarios, los cinco hospitales (llave en mano) que se pretenden construir, etc.

Escucho, con preocupación, que el Gobierno contempla la idea de solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización de elevar el índice de endeudamiento, por arriba del 2.5% del PIB, que se tiene en la actualidad autorizado. A mi juicio, eso sería un craso error, porque elevaría los índices de endeudamiento a niveles que pudieran poner en el peligro el grado de inversión que el país actualmente goza.

Observo, también con preocupación, que el Gobierno insiste en hacer obras por contratación directa, sin el control previo requerido. Esta acción nos conduce de seguro al despilfarro y la corrupción. Muchas de las obras que se están otorgando, carecen de planificación, coordinación y mano de obra adecuada, por consiguiente, visualizamos que muchas de ellas no se terminarán, y se dejará al próximo gobierno y al país una abultada carga financiera.

Ojalá que estas observaciones hagan recapacitar a nuestro gobierno sobre la necesidad de modificar el maratónico ritmo de inversiones que está planeado.

Hay que tener siempre presente el viejo adagio que dice: “El que mucho abarca poco aprieta”.

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<> Este artículo se publicó el 21 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Parques nacionales o áreas por proteger

La opinión de…

Jorge G. Conte Burrell

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) anunció, recientemente, la idea de abrir 12 parques nacionales para la promoción del ecoturismo en Panamá. La noticia sería excelente si primero se hubiesen tenido en cuenta algunas consideraciones, más allá del deseo de hacer noticia y llamar la atención.

Los parques nacionales y áreas protegidas panameñas carecen, desde hace muchos años, de una inversión constante, no solo para su mantenimiento y operaciones diarias, sino para el desarrollo de capacidades, infraestructuras y conocimiento por parte del personal que labora en ellas; para poderlas ofrecer primero al público nacional y luego al internacional, que es exigente a la hora de visitar las áreas naturales.

En el año 2006, fui merecedor de una beca de la Fundación DPU, de la República China en Taiwan, para llevar a cabo un estudio sobre las relaciones de sus ciudadanos con las áreas verdes, desde los parques urbanos hasta los parques nacionales, el cual hice comparativamente con las áreas verdes panameñas y presenté el 6 de febrero de 2007, en las instalaciones del Parque Natural Metropolitano, ante una importante audiencia y con el apoyo de la Embajada de Taiwan.

Luego de visitar durante 30 días la isla de Taiwan, que mide la mitad de nuestro territorio y cuenta con 23 millones de habitantes, pasé parte de mi recorrido por sus parques nacionales, tales como el Parque Nacional Yanmingsan, el Parque Nacional Tarokko, el Parque Nacional Kenting y la reserva forestal Ali San y numerosos parques urbanos. En todos ellos encontré instalaciones de primer nivel, información para visitantes en inglés, estacionamientos numerosos, calles de penetración en excelente condición, senderos demarcados y en excelente estado, centros de visitantes con auditorios y cines para la presentación de los documentales producidos sobre la flora y la fauna del área, cafeterías, restaurantes y tienda de souvenirs, baños confortables, centros de educación y de investigación tanto para estudiantes como de alta montaña para científicos de todo el mundo, personal voluntario para dar charlas y hacer recorridos y muchos guarda parques.

Una inversión constante de 800 millones de dólares anuales fueron necesarios para crear una infraestructura de primer orden para el desarrollo del turismo de parques nacionales, que alcanzó la cifra de 10 millones de visitantes en el año 2005, según datos del Ministerio del Interior, encargado del manejo de estas áreas y al que fuese invitado y distinguido por su director.

Luego de más de 200 encuestas realizadas entre los ciudadanos taiwaneses, y 70 realizadas a ciudadanos panameños, es mucho lo que tenemos que hacer para tener el nivel de satisfacción que presentan los primeros sobre los segundos, según los resultados obtenidos en la encuesta. Y si para nosotros el nivel no es satisfactorio, ¿qué podría pensarse de los turistas internacionales, provenientes de países con más desarrollo que nosotros en materia de atractivos turísticos? Solamente con visitar los parques nacionales y áreas protegidas en Panamá nos damos cuenta de que la gente no volverá y que hablará pestes, no de su flora y de su fauna, sino de aquellos encargados de proteger estas zonas y su poca capacidad para hacerlas medianamente funcionales.

El hecho de contar con las áreas protegidas y un escasísimo presupuesto de 200 mil dólares, que gastado como lo gasta este y todos los gobiernos anteriores, serán apenas una cuarta parte (50 mil dólares) que, repartidos en 12 áreas como lo propone la Anam, no llegará ni a 5 mil dólares por área. Esta “inversión” no nos pone ni siquiera en capacidad de ofrecer un mínimo de condiciones a los guardaparques locales ni a los escasos turistas nacionales e internacionales que nos atrevemos a visitarlos; imagine usted qué hará por los turistas norteamericanos, acostumbrados a sus asombrosos parques nacionales, o a los taiwaneses, para seguir con el ejemplo.

Por el bien de nuestros parques nacionales, las áreas protegidas y el turismo, por favor sean serios; hagan primero un plan nacional de inversiones y desarrollo público-privado de las áreas protegidas, pongan un par de estos parques nacionales bajo el programa de inversión y, poco a poco, con las experiencias aprendidas y los ajustes hechos, implementen acciones en otras áreas protegidas, dando el nivel de satisfacción que buscan los visitantes nacionales e internacionales. No los abran como el cajón de tesoros (que podrían ser), porque de pronto abrirán una caja de Pandora llena de los demonios que deseamos evitar, por el bien del turismo nacional y de nuestras áreas protegidas.

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<> Este artículo se publicó el 8 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Reflexiones…

La opinión del Traductor Simultáneo….

KEVIN   HARRINGTON
descriptoriummeum@gmail.com

*. .. sobre campaña de periodistas sobre la libertad de expresión (vs la libertad de presión).

*— En Panamá la plata está, pero la gente no lo sabía… Presidente Ricardo Martinelli, en ‘América Economía’.

*— En sus reformas de septiembre 2004, Martín Torrijos entregó bonos que pagarían 8.25% a la CSS durante 10 años— y que no se podrían re—comprar antes.

En octubre 2009 el gobierno actual violó esa limitante: pidió prestado en el exterior dinero fresco al 5%, y re—compró $500 millones. En contra de la Ley que manda que sus inversiones generen más del 6.5%, para que se puedan pagar las jubilaciones sin quebrar a la CSS.

Y anunció triunfante que nos habrían ‘ahorrado’ $20 millones.

*— (Todo esto se denunció en abril 2010 sin que, a 7 meses, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional haya considerado siquiera su admisión).

*— Pero entonces también se cometió otra ilegalidad: de esos $500 millones se ‘invirtieron’ en el Banco Nacional $300 millones —pero tan solo al 0.14%. Como resultado, el 27 de setiembre 2010 Capital Financiero informó que:

*— Los rendimientos de la CSS a junio se ubicaron en 4.47%, por debajo del cierre del 2009, que fue de 5.43% y muy inferior al mínimo sugerido por la propia ley del Seguro Social: 6.5%.

*En ese mismo número, el director de inversiones de la CSS,   don César García, confesó que se ha dejado de ganar   $27 millones a junio 2010. A estas alturas debían haberse devengado casi $40 millones.

La plata está… pero escondida dentro del Órgano Ejecutivo.

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<> Este artículo se publicó el 29 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/harrington-kevin/

¿De dónde salió el metro?

La opinión de…

Jorge Rivera Staff

Esta pregunta surge, una y otra vez, al revisar la información disponible sobre el tema y percatarnos de que según los estudios realizados en los últimos 20 años la opción de un metro para la ciudad de Panamá siempre fue descartada, en base a los estudios de cantidad de usuarios y tamaño de la ciudad. Todos estos análisis siempre arrojaron como resultado que las mejores opciones en el mediano y largo plazo eran un sistema de tren ligero, un monorriel o autobuses articulados.

Entonces ¿Cómo llegó este gobierno a la decisión de que se debe construir un metro en nuestra ciudad capital? ¿Dónde están los estudios previos a la creación de la Secretaría del Metro que avalen esa opción.

Según lo investigado hasta ahora, la idea del metro surgió el año pasado del plan de gobierno del actual presidente cuando era candidato y de una visita de un par de días que realizó al metro de Santo Domingo durante esa campaña electoral. Si este es un autonombrado gobierno “de empresarios”, ¿Dónde queda la eficacia y eficiencia de este proyecto, frente a las opciones del tren ligero y del monorriel, que satisfacen la misma demanda de usuarios en los próximos 25 años a un costo estimado de 400 millones para la misma ruta?

¿Dónde está el concepto económico de costo de oportunidad para solucionar un problema entre varias opciones? Me llama la atención que si para proyectos de este tipo, inclusive de mucho menor magnitud, se deben evaluar las opciones, en nuestro país no se haya debatido seria ni ampliamente sobre las mismas.

En pocas palabras, en un escenario a 25 años tanto el tren ligero como el monorriel pueden transportar la misma cantidad de usuarios que el metro, su construcción toma mucho menos tiempo y a la mitad del costo en inversión inicial y tarifa para los usuarios, por lo que nos podemos hacer otra pregunta: ¿si el Gobierno se va a gastar mil millones de balboas del bolsillo de todos los panameños para construir un metro que brindará servicio a solo una parte de la ciudad, por qué no invertir más integral y eficientemente ese dinero en un sistema de tren ligero y beneficiar además a la población de Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz, Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen y la 24 de Diciembre a los que se les está negando esta oportunidad de mejorar su calidad de vida?,   esto sin contar el gran impulso para el turismo al permitir una conexión con el aeropuerto de Tocumen, tal como la tienen las grandes ciudades del mundo.

Si previo a la ampliación del Canal de Panamá, en donde se están invirtiendo 5 mil millones de dólares, se convocó a un referéndum nacional, para la ciudadanía sería beneficioso que el Gobierno en vez de seguir gastando dinero en publicidad mediática, cumpliera con los artículos 24 y 25 de la Ley de Transparencia que obligan al Estado a convocar previamente la participación ciudadana en los casos de construcción de infraestructuras, para tomar entre todos la decisión de cómo invertir más de mil millones de dólares y que al final se nos pueda responder adecuadamente la pregunta ¿de dónde salió el metro?

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<> Este artículo se publicó el 29  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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