¿Quemar basura para hacer diésel sintético?

La opinión de…


Jorge G. Conte Burrell

Este es el tipo de negocios que le encanta a los grandes demagogos: comprar por 65 millones de dólares una unidad de tecnología avanzada (son 325 millones de dólares en nuestro caso) dizque para salir del tercer mundo y directo para el primero, después dar subsidios a algunos empresarios privados de su partido para que lo dizque manejen por 5 años y presentarlo como logro de su administración.

Luego, el siguiente gobierno quita los subsidios, demandan las licitaciones y las concesiones y los costos terminan por acabar con el proyecto, ya que requirió una alta inversión inicial en lo humano y lo tecnológico y principalmente en su mantenimiento.

Considerar la instalación de una planta modelo de conversión de basuras a diésel sintético en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, para ir adecuándonos al sistema sería más inteligente.    La tecnología propuesta por la empresa alemana es muy avanzada para la educación y cultura de los panameños, sin mencionar que la misma es experimental inclusive donde es originaria.   Con relación al personal humano requerido, aunque es casi nulo en Panamá, esto se podría solucionar con la contratación de personal extranjero por un periodo de tiempo para capacitar a la mano de obra local en la planta modelo.

Adicionalmente están las consideraciones ambientales a la incineración de desechos, que es lo que hace este equipo y las emisiones tóxicas resultantes. Mientras no haya control previo de lo que consideremos como, y echemos a la basura, es decir, reducir y recuperar, para reciclar, el material fósil y metálico, estas emisiones serán altamente tóxicas. Los filtros para su eliminación vendrán incluidos en la primera compra, durarán 5 años y no serán reemplazados, ya que son muy costosos y las administraciones muy deficientes.

Este proyecto seguro que no sería el ejemplo de cero corrupción que existe en la Unión Europea y por lo tanto estará plagado de corrupción y corruptos. El implementar este programa a sopetón y porrazos, no lo llevará a buenos resultados, sino al mismo resultado de siempre. Vayamos por partes y midiendo resultados para ajustar nuestro curso de acción. Implementemos acciones de base que apuntalen nuestras inversiones.

Yo sugiero que comiencen con leyes y programas instituidos de separación de los desechos sólidos por parte de la población, escuelas, universidades, empresas y el Estado principalmente y para dar el ejemplo. Creando consorcios para la recuperación y reciclaje de materiales con valor comercial. Esto reduciría la necesidad de camiones de recolección contaminantes, tan grandes y tan frecuentemente.

Luego que se tiene la cultura, la preparación de los técnicos y asegurado el modelo, entonces invertir en bienes de capital. Ahora es tiempo de educar e invertir en las personas y las organizaciones. Ese mismo dinero podría servir para crear y subsidiar la cultura del reciclaje en Panamá. Ya se tiene la noción, ahora se requiere la infraestructura para crear la cadena de valor. Estos pasos reducirían el costo inicial de entrada a la tecnología sugerida, soportada en una cultura homogénea que apoya el éxito del proyecto y el retorno seguro de la inversión en lo social-ecológico-salud y económico en el mediano y largo plazo.

Debemos salir caminando del subdesarrollo para luego correr hacia el primer mundo. Para esto debemos hacer lo que hacen los países en vías de desarrollo o del segundo mundo, como yo los llamo. Comportamientos tan básicos como la separación de los desechos, el uso de bolsas reutilizables en vez de plásticas, el uso de desechos orgánicos para producir compost o abono orgánico, la industrialización del reciclaje, el uso de aceite vegetal usado para producir biodiésel, entre otras, nos llevarán a la creación de empresas que generen el valor agregado del crecimiento sostenible y sostenido.

Esto visto desde los ojos de un estadista sería una posible realidad; en manos de un director ejecutivo o de un presidente demagogo y corrupto sería un desastre anunciado.

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Este artículo se publicó el 28  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿A dónde quedó el cambio?

La opinión del Intérprete simultáneo y Traductor Oficial…

KEVIN HARRINGTON SHELTON
kevin.harrass@gmail.com

‘ Oh, what a tangled web we weave, When first we practise to deceive!’ ‘Marmion… on Flodden Field’ Sir Walter Scott (1808).

El método de sistemático del gobierno es darle largas a todo problema que se le presente, para desviar deslealmente de él la atención, mediante una red que ha logrado cooptar por medios lícitos (y por los otros…). Pero a veces el tiro le sale por la culata -como con la supuesta ‘compra’ del corredor de ICA-.

La que ahora luce, más que una compra, una venta -por aprietos de liquidez en obras públicas, en México-. ICA ha sido descrita económicamente como ‘la piedra angular de México’, puesto que ella sola constituye el 10% de su sector construcción, lo cual eleva su condición financiera al campo diplomático.

Pero ‘el tiempo que todo lo cubre y descubre’ opera siempre a favor de la transparencia (e.g., WikiLeaks). Aún para ICA. Ayer en Madrid SACYR publicó cuánto espera lucrar de su nueva autopista en Chile: casi $10 millones por kilómetro, utilidades de peajes a cobrar durante 35 años, y poniendo los españoles TODO el capital de riesgo. Acá, don Ricardo Martinelli negoció con ICA (‘directamente’- Dulcidio dixit) una transacción que nos acabará costando casi $22 millones por kilómetro. Todo en un solo envión, ya que NO incluye: los peajes cobrados durante 11 años, tierras aportadas del antiguo aeropuerto, unos rellenos del lecho marino constitucionalizados a su medida, ni -menos- el producto de una emisión de bonos internacionales efectuada 5 años después de haberse completado todo el Corredor Sur.

Como nuestro propio Señor Presidente es alérgico a la rendición de cuentas, se tuvo que recurrir a la Bolsa de Nueva York para obtener copia del Prospectus mediante el cual los mexicanos hipotecaron una infraestructura propiedad de nuestro Estado.  De esos $150 millones, $58,852,777 ya fueron repatriados a México en 2005   ‘by means of a capital reduction’ (Merrill Lynch dixit) – pero que están incluidos en los $145 millones que asumiríamos mediante esta ‘compra’, además de los $275 millones que saldrían de Panamá tintineantes.

Dicha duplicación eleva a casi $500 millones el ‘comprar’ un Corredor Sur que podríamos hacer nuevo por menos de $100 millones (basado no sólo en la licitación chilena de SACYR, sino también en el precio que según Panamá Compra licitó CUSA en la carretera David-Boquete).

Pero además su Informe de Ingeniería trae a colación un tema cualitativo: la condición física del puente marino. Esos consultores británicos no hicieron sus propias pruebas en 2005, sino que se fundamentaron en una inspección visual en 2003…. de BANAMEX. Se desconoce si nuestro Ministerio de Obras Públicas o Contraloría haya emitido concepto alguno, o siquiera si el Gabinete insistió en conocer qué aprobó ‘comprar’ (se duda que doña Lucy Linda sepa mucho de puentes no-escolares, como para comprarlos).

Y es que dicho viaducto constituye la razón de ser del Corredor Sur; de caerse próximamente (construido con Cemento 1, en vez del más costoso Cemento 5), todo tráfico originado en la costa éste de la metrópolis tendría que usar la ya super-congestionada avenida Santa Elena. Y, de malograrse el viaducto, no se vendería un metro más en Santa María -ni en ninguna otra de esas barriadas de lujo exoneradas de impuestos por décadas-.

La fórmula propuesta para financiar la novel Empresa Nacional de Autopistas, S. A. no es viable. Asimilar a ella la autonomía financiera que la Constitución otorga sólo a la Autoridad del Canal, no cuadra. Y pocos inversionistas invertirían en una entidad estatal que carezca del full faith and credit del gobierno panameño.

Para cortar el nudo gordiano de las concesiones PRD, cabría obligar el cumplimiento de sus contratos -no liberar a los mexicanos de su mantenimiento, como se pretende en esta ‘compra’. Ya Standard & Poor’s reiteró que, para retener nuestro grado de inversión, tenemos que acatar aquella ‘pacta sunt servanda’ del derecho romano. Si, por primera vez en la historia, el MOP se les caracterizara y les hiciera la vida de cuadritos para que cumplan lo que pactaron, ambos concesionarios entregarían más rápido que ligero – y probablemente gratis – unos corredores que hallarían carísimo mantener.

En el peor de los casos, el ‘comprar’ ambos corredores en $420 millones sí aproximaría esa ‘la mejor inversión que hará el Estado’ descrita por nuestro Mandatario en La Estrella del pasado 29 de julio; en $1,070 millones, ya sería otra cosa. Quienes comemos 3 veces al día tenemos una obligación hacia quienes no comen, y la mejor forma de cumplirla es perseverar en la promoción de un estado de derecho que funcione como debe coherentemente.

Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los recursos del Estado son de todos

La opinión de…

 

Rolando Caballero Navarrete

Escribo este artículo por solicitud expresa de mi señora madre, quien preocupada por las noticias que han aparecido en las últimas semanas, se siente un tanto indignada por el anuncio hecho por el Gobierno nacional de apoyar las actividades del Carnaval con varios millones de dólares del erario.

Es su opinión, la cual comparto plenamente, que en vez de estar abriendo cuentas para recibir donaciones y andar pidiéndole al país que apoye a los damnificados de las últimas inundaciones, el Estado debería invertir esos millones de dólares en algo mucho más duradero, social y productivo, como lo es el apoyo a las personas de Chepo, Pacora, Colón y los otros puntos del territorio nacional que han sufrido esta desgracia en una época tan difícil.

No comprendemos cómo el Estado puede andar pensando en estos momentos de emergencia nacional, en celebrar carnavales, fiestas de Navidad, repartir regalos o que el alcalde de la capital continuara con sus fastuosas y carísimas villas navideñas, amén del desfile de Navidad; en el que se recogerá dinero para que, después, él lo lleve como donación a los damnificados.

Si las personas quieren hacer sus celebraciones de Carnaval, Navidad y Año Nuevo y todas las que se les ocurran, entonces que pongan de sus bolsillos y las organicen ellos. El dinero del Estado no es para esas cosas; es para las prioridades de toda la población.

Luego de laborar pagando impuestos por muchos años, no nos parece justo que esa plata sea utilizada en satisfacer, primero, las necesidades de emborracharse y bailar de unos cuantos, y segundo, sabiendo que hay personas que requieren y van a seguir requiriendo de esos dineros por un período prolongado, porque los daños a las viviendas, cosechas y producción agropecuaria serán a largo plazo.

A su excelencia, el señor presidente, le solicitamos que tal como el Estado impulsa la responsabilidad social empresarial, se amarre los pantalones y exija a todos los funcionarios que dirigen los destinos del país que hagan lo mismo dentro de sus instituciones, que no es momento de celebraciones sino de cumplir con el compromiso social para el que fue usted y su equipo de trabajo electo, es decir gobernar, no mandar; tomar las mejores decisiones que satisfagan a la mayor cantidad de panameños, y más si ello involucra utilizar los dineros que se generan, desde Darién hasta Bocas del Toro y Chiriquí, en la consecución de mejor condiciones de vida para las personas que en un número importante lo han perdido todo.

Espero que nuestra solicitud sea bien acogida y que estos hermanos que hoy sufren sus pérdidas también puedan decir en unos cuantos días ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo!

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<> Este artículo se publicó el 20 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ante la reciente tragedia nacional

La opinión de…

Roberto Motta Alvarado

El pasado martes 7 de diciembre, Panamá experimentó las lluvias más torrenciales acaecidas en los últimos 50 años.

El diluvio puso en peligro la seguridad del Canal de Panamá, los puertos, el acueducto del área metropolitana, la Zona Libre de Colón y la mayor parte de la provincia caribeña, la vía Transístmica y los accesos al Puente Centenario. La ciudad de Portobelo, la hidroeléctrica del Bayano y las áreas circundantes fueron severamente afectadas, tanto en sus poblados como en su producción agropecuaria. También fue gravemente afectada la comarca Kuna Yala y el pueblo de Yaviza, en Darién.

Ante estos serios daños, el Gobierno decretó un estado de emergencia nacional. Reparar y reconstruir todas estas infraestructuras requerirá de la inversión de muchos millones de dólares, en consecuencia, el Gobierno debe reconsiderar su plan de inversiones y priorizar en la reparación y reconstrucción de los sectores vitales afectados. Los periódicos y los noticieros de televisión nos presentan los cuantiosos y graves daños que inciden en todos los renglones de la economía del país, a los que urge darle respuesta inmediata.

Si a todo esto le sumamos el grave problema de la recolección de la basura en el distrito capital, la crisis se hace aun más grave.

El Gobierno Nacional debería cancelar, ante la actual coyuntura, proyectos tales como la construcción de la torre financiera, la compra de los corredores, los gastos publicitarios en los medios, algunos subsidios innecesarios, los cinco hospitales (llave en mano) que se pretenden construir, etc.

Escucho, con preocupación, que el Gobierno contempla la idea de solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización de elevar el índice de endeudamiento, por arriba del 2.5% del PIB, que se tiene en la actualidad autorizado. A mi juicio, eso sería un craso error, porque elevaría los índices de endeudamiento a niveles que pudieran poner en el peligro el grado de inversión que el país actualmente goza.

Observo, también con preocupación, que el Gobierno insiste en hacer obras por contratación directa, sin el control previo requerido. Esta acción nos conduce de seguro al despilfarro y la corrupción. Muchas de las obras que se están otorgando, carecen de planificación, coordinación y mano de obra adecuada, por consiguiente, visualizamos que muchas de ellas no se terminarán, y se dejará al próximo gobierno y al país una abultada carga financiera.

Ojalá que estas observaciones hagan recapacitar a nuestro gobierno sobre la necesidad de modificar el maratónico ritmo de inversiones que está planeado.

Hay que tener siempre presente el viejo adagio que dice: “El que mucho abarca poco aprieta”.

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<> Este artículo se publicó el 21 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Parques nacionales o áreas por proteger

La opinión de…

Jorge G. Conte Burrell

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) anunció, recientemente, la idea de abrir 12 parques nacionales para la promoción del ecoturismo en Panamá. La noticia sería excelente si primero se hubiesen tenido en cuenta algunas consideraciones, más allá del deseo de hacer noticia y llamar la atención.

Los parques nacionales y áreas protegidas panameñas carecen, desde hace muchos años, de una inversión constante, no solo para su mantenimiento y operaciones diarias, sino para el desarrollo de capacidades, infraestructuras y conocimiento por parte del personal que labora en ellas; para poderlas ofrecer primero al público nacional y luego al internacional, que es exigente a la hora de visitar las áreas naturales.

En el año 2006, fui merecedor de una beca de la Fundación DPU, de la República China en Taiwan, para llevar a cabo un estudio sobre las relaciones de sus ciudadanos con las áreas verdes, desde los parques urbanos hasta los parques nacionales, el cual hice comparativamente con las áreas verdes panameñas y presenté el 6 de febrero de 2007, en las instalaciones del Parque Natural Metropolitano, ante una importante audiencia y con el apoyo de la Embajada de Taiwan.

Luego de visitar durante 30 días la isla de Taiwan, que mide la mitad de nuestro territorio y cuenta con 23 millones de habitantes, pasé parte de mi recorrido por sus parques nacionales, tales como el Parque Nacional Yanmingsan, el Parque Nacional Tarokko, el Parque Nacional Kenting y la reserva forestal Ali San y numerosos parques urbanos. En todos ellos encontré instalaciones de primer nivel, información para visitantes en inglés, estacionamientos numerosos, calles de penetración en excelente condición, senderos demarcados y en excelente estado, centros de visitantes con auditorios y cines para la presentación de los documentales producidos sobre la flora y la fauna del área, cafeterías, restaurantes y tienda de souvenirs, baños confortables, centros de educación y de investigación tanto para estudiantes como de alta montaña para científicos de todo el mundo, personal voluntario para dar charlas y hacer recorridos y muchos guarda parques.

Una inversión constante de 800 millones de dólares anuales fueron necesarios para crear una infraestructura de primer orden para el desarrollo del turismo de parques nacionales, que alcanzó la cifra de 10 millones de visitantes en el año 2005, según datos del Ministerio del Interior, encargado del manejo de estas áreas y al que fuese invitado y distinguido por su director.

Luego de más de 200 encuestas realizadas entre los ciudadanos taiwaneses, y 70 realizadas a ciudadanos panameños, es mucho lo que tenemos que hacer para tener el nivel de satisfacción que presentan los primeros sobre los segundos, según los resultados obtenidos en la encuesta. Y si para nosotros el nivel no es satisfactorio, ¿qué podría pensarse de los turistas internacionales, provenientes de países con más desarrollo que nosotros en materia de atractivos turísticos? Solamente con visitar los parques nacionales y áreas protegidas en Panamá nos damos cuenta de que la gente no volverá y que hablará pestes, no de su flora y de su fauna, sino de aquellos encargados de proteger estas zonas y su poca capacidad para hacerlas medianamente funcionales.

El hecho de contar con las áreas protegidas y un escasísimo presupuesto de 200 mil dólares, que gastado como lo gasta este y todos los gobiernos anteriores, serán apenas una cuarta parte (50 mil dólares) que, repartidos en 12 áreas como lo propone la Anam, no llegará ni a 5 mil dólares por área. Esta “inversión” no nos pone ni siquiera en capacidad de ofrecer un mínimo de condiciones a los guardaparques locales ni a los escasos turistas nacionales e internacionales que nos atrevemos a visitarlos; imagine usted qué hará por los turistas norteamericanos, acostumbrados a sus asombrosos parques nacionales, o a los taiwaneses, para seguir con el ejemplo.

Por el bien de nuestros parques nacionales, las áreas protegidas y el turismo, por favor sean serios; hagan primero un plan nacional de inversiones y desarrollo público-privado de las áreas protegidas, pongan un par de estos parques nacionales bajo el programa de inversión y, poco a poco, con las experiencias aprendidas y los ajustes hechos, implementen acciones en otras áreas protegidas, dando el nivel de satisfacción que buscan los visitantes nacionales e internacionales. No los abran como el cajón de tesoros (que podrían ser), porque de pronto abrirán una caja de Pandora llena de los demonios que deseamos evitar, por el bien del turismo nacional y de nuestras áreas protegidas.

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<> Este artículo se publicó el 8 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en:

Reflexiones…

La opinión del Traductor Simultáneo….

KEVIN   HARRINGTON
descriptoriummeum@gmail.com

*. .. sobre campaña de periodistas sobre la libertad de expresión (vs la libertad de presión).

*— En Panamá la plata está, pero la gente no lo sabía… Presidente Ricardo Martinelli, en ‘América Economía’.

*— En sus reformas de septiembre 2004, Martín Torrijos entregó bonos que pagarían 8.25% a la CSS durante 10 años— y que no se podrían re—comprar antes.

En octubre 2009 el gobierno actual violó esa limitante: pidió prestado en el exterior dinero fresco al 5%, y re—compró $500 millones. En contra de la Ley que manda que sus inversiones generen más del 6.5%, para que se puedan pagar las jubilaciones sin quebrar a la CSS.

Y anunció triunfante que nos habrían ‘ahorrado’ $20 millones.

*— (Todo esto se denunció en abril 2010 sin que, a 7 meses, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional haya considerado siquiera su admisión).

*— Pero entonces también se cometió otra ilegalidad: de esos $500 millones se ‘invirtieron’ en el Banco Nacional $300 millones —pero tan solo al 0.14%. Como resultado, el 27 de setiembre 2010 Capital Financiero informó que:

*— Los rendimientos de la CSS a junio se ubicaron en 4.47%, por debajo del cierre del 2009, que fue de 5.43% y muy inferior al mínimo sugerido por la propia ley del Seguro Social: 6.5%.

*En ese mismo número, el director de inversiones de la CSS,   don César García, confesó que se ha dejado de ganar   $27 millones a junio 2010. A estas alturas debían haberse devengado casi $40 millones.

La plata está… pero escondida dentro del Órgano Ejecutivo.

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<> Este artículo se publicó el 29 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/harrington-kevin/

¿De dónde salió el metro?

La opinión de…

Jorge Rivera Staff

Esta pregunta surge, una y otra vez, al revisar la información disponible sobre el tema y percatarnos de que según los estudios realizados en los últimos 20 años la opción de un metro para la ciudad de Panamá siempre fue descartada, en base a los estudios de cantidad de usuarios y tamaño de la ciudad. Todos estos análisis siempre arrojaron como resultado que las mejores opciones en el mediano y largo plazo eran un sistema de tren ligero, un monorriel o autobuses articulados.

Entonces ¿Cómo llegó este gobierno a la decisión de que se debe construir un metro en nuestra ciudad capital? ¿Dónde están los estudios previos a la creación de la Secretaría del Metro que avalen esa opción.

Según lo investigado hasta ahora, la idea del metro surgió el año pasado del plan de gobierno del actual presidente cuando era candidato y de una visita de un par de días que realizó al metro de Santo Domingo durante esa campaña electoral. Si este es un autonombrado gobierno “de empresarios”, ¿Dónde queda la eficacia y eficiencia de este proyecto, frente a las opciones del tren ligero y del monorriel, que satisfacen la misma demanda de usuarios en los próximos 25 años a un costo estimado de 400 millones para la misma ruta?

¿Dónde está el concepto económico de costo de oportunidad para solucionar un problema entre varias opciones? Me llama la atención que si para proyectos de este tipo, inclusive de mucho menor magnitud, se deben evaluar las opciones, en nuestro país no se haya debatido seria ni ampliamente sobre las mismas.

En pocas palabras, en un escenario a 25 años tanto el tren ligero como el monorriel pueden transportar la misma cantidad de usuarios que el metro, su construcción toma mucho menos tiempo y a la mitad del costo en inversión inicial y tarifa para los usuarios, por lo que nos podemos hacer otra pregunta: ¿si el Gobierno se va a gastar mil millones de balboas del bolsillo de todos los panameños para construir un metro que brindará servicio a solo una parte de la ciudad, por qué no invertir más integral y eficientemente ese dinero en un sistema de tren ligero y beneficiar además a la población de Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz, Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen y la 24 de Diciembre a los que se les está negando esta oportunidad de mejorar su calidad de vida?,   esto sin contar el gran impulso para el turismo al permitir una conexión con el aeropuerto de Tocumen, tal como la tienen las grandes ciudades del mundo.

Si previo a la ampliación del Canal de Panamá, en donde se están invirtiendo 5 mil millones de dólares, se convocó a un referéndum nacional, para la ciudadanía sería beneficioso que el Gobierno en vez de seguir gastando dinero en publicidad mediática, cumpliera con los artículos 24 y 25 de la Ley de Transparencia que obligan al Estado a convocar previamente la participación ciudadana en los casos de construcción de infraestructuras, para tomar entre todos la decisión de cómo invertir más de mil millones de dólares y que al final se nos pueda responder adecuadamente la pregunta ¿de dónde salió el metro?

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<> Este artículo se publicó el 29  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/rivera-staff-jorge/

El presupuesto nacional, ¿por qué y para qué se formula?

La opinión de…

Eduardo Linares 

Como concepto general, el Presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo para el país e igualmente servir de control del gasto público. No debe aceptarse la idea de que se trata de una lista de buenas ideas, con el cálculo aproximado de cuanto cuesta llevarlas a la realidad.

Debe estar sustentado por planes y programas realistas con objetivos claros y metas alcanzables, a la par de los instrumentos de medición de la efectividad de estas; es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el responsable de exigir que cada institución, al sustentar su presupuesto, las proporcione. A la Asamblea Nacional le corresponde darle seguimiento para asegurar que se cumplan.

Sin analizar a fondo la factibilidad de alcanzar los ingresos suficientes para un presupuesto de $13 mil millones en 2011, pareciera que el Gobierno se ha convertido en un gigantesco agente de bienes raíces ofreciendo en venta terrenos nacionales, rellenos u oficinas por construir. Concentrémonos en comentar sus posibles gastos e inversiones.

Sin la debida planificación, se puede predecir un mayor caos en la ciudad de Panamá por el posible ensanche del Corredor Sur y el relleno frente a Atlapa, por la ciudad gubernamental, por las mejoras en el barrio de Curundú, el nuevo palacio de convenciones frente a Barraza, la Torre Financiera, los trabajos del metro, y la continuación de los actuales proyectos privados. Todo simultáneamente, y la lista no se agota.

En los sectores Salud y Educación, fundamentales para el progreso y desarrollo, se continúa con la contratación de hospitales, cambios a la ley de medicamentos y transformaciones curriculares, todas criticadas por deficiencias de fondo y la forma de presentarlas.

Pareciera que el ímpetu empresarial del actual gobierno –no criticable en su totalidad– los impulsa hasta el ofrecimiento de cambiar leyes, como la de la minería, para hacer más fácil la inversión de países y gobiernos extranjeros en el sector. Esto en contraposición con la baja capacidad para supervisar su buen manejo, con solo 12 inspectores para todo el país (tres geólogos incluidos) y 181 solicitudes mineras metálicas pendientes de aprobación. Se estima que el territorio dedicado a la minería podría llegar al 40 %, cifra alarmante.

Mientras esto ocurre, se estima que hay una reducción de 100 mil hectáreas del territorio nacional (34%) que se dedicaba a la siembra de alimentos. La autosuficiencia en arroz no existe; en siete años se pierden aproximadamente 2 mil hectáreas en la siembra de café, plátanos, ají, yuca, ñame etc. Por otra parte, el consumo de alimentos aumentó en 30%, ambas situaciones en los últimos 15 años. ¿Encontraremos en este presupuesto medidas para corregir lo antes señalado?

A pesar de los impuestos que pagan, las autorizaciones para abrir nuevos casinos (varios en Colón) solo aumentarían la pobreza y la delincuencia que rodea tradicionalmente estas inversiones, de escaso control.

Planes como la utilización de las acciones que posee el Estado en 10 empresas mixtas (Edemet Edechi, Cable & Wireless) y otras, con valor estimado entre $1.7 millón y $2.4 mil millones como figura para obtener fondos y capitalizar un fondo soberano para apalancar el futuro plan de inversiones de $13 mil millones en los próximos cuatro años, provienen de una mentalidad netamente empresarial.

¿Cuál es la gran diferencia entre manejar dineros públicos o privados? De los públicos siempre hay que rendir cuentas a todos los ciudadanos y contar con su anuencia para el gasto. De los privados, solo a los accionistas y dueños.

Las inversiones sin ganancia monetaria, como la buena salud, la educación, una mejor calidad y rebaja en el costo de la vida, y la reducción de la pobreza tienen que ser el propósito fundamental de un presupuesto público.

Esta es la ganancia del Estado. Aceptar que se maneje con el principal objetivo de ganar dinero equivale a “privatizarlo”, como la caja registradora de una empresa.

<>Artículo publicado el 8  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Qué futuro para Panamá?

La opinión del Médico…

EDUARDO A. REYES VARGAS

Si nos basamos en actuales índices económicos, financieros, etc., todo indica que en Panamá disfrutamos de un mejor desarrollo integral que otros hermanos países.   Avanzamos a otro ‘milagro económico’ como el alemán, el de Japón y España, en reciente pasado que ya están desmoronándose por varias causas en donde la corrupción intervino en alguna forma.   Nuestra realidad es otra.

La distribución de riqueza sigue siendo lamentable. Se expresa claramente en las difíciles condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Elevados costos de alimentación, transporte, educación, medicinas, servicios de salud, etc. La violencia en todas sus formas tiene su mayor génesis en la pobreza. Al final… muertes o discapacidades evitables en todas las edades, pero mayormente pertenecientes a nuestros estratos económicos más bajos.

La democracia como sistema de gobierno está obligado a desterrar estos vicios.

Tristemente cuando lecturas de autores nacionales e internacionales en torno a estos temas nos señalan que el poder fáctico (elites económicas, financieras, consorcios nacionales o internacionales, etc.) intervienen en forma descarada en nuestra vida política, influyendo en la elección o selección de nuestros poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en medios de comunicación (creadores de mesías o ungidos virtuales), es poco lo que se puede esperar de positivo. Actúan en contra de lo que la democracia es en su esencia. Hacen de la democracia una caricatura. Secuestran al pueblo y su democracia. Es otra agenda. Es plutocracia.

Me preocupa el plan de inversiones de nuestro gobierno. Estoy de acuerdo con mejorar nuestras infraestructuras, en especial la educativa y de salud. ¿Pero hay realmente una planificación equilibrada de ingresos y egresos gubernamentales? ¿No llevaremos al final a nuestro país a catástrofes financieras? ¿Será un gran PRODEC o FIS? ¿Se afectará la seguridad social de los panameños, incluyendo la pérdida de pensiones actuales y venideras de jubilados y pensionados como ha ocurrido en otras naciones? ¿Quedarán las obras a medio hacer, inútiles, etc.?    ¿Se malgastarán nuestros impuestos una vez más en medio de una impunidad que no castiga severamente a sus responsables públicos y/o privados? ¿Panamá quedará convertido en un gran Sarigua por el daño ambiental ante diversas concesiones destructoras del ecosistema?

Desafortunadamente esa es parte de la experiencia del panameño en nuestras ‘democracias’ pre l968 (causal del golpe de 1968), y post 1989.

No deseo ser catastrófico en mi cotidiana reflexión, pero vivencia es vivencia.

Ojalá todo se desarrolle dentro de una verdadera democracia; se eliminen las alimañas destructoras de este sistema (el mejor experimentado en otras latitudes de Europa).   Que no se transforme la actitud predominantemente pacífica (Mahatma Gandhi) de los panameños, por impotencia y desesperación ante lo vivido, en una conducta de violencia (Osama bin Laden).  Recientes incidentes están demostrado esto último.

**Cuide su salud integralmente**

<> Este artículo se publicó en 7 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Siguiendo el axioma?

La opinión del  Educador….

Pastor E. Durán E. 

Un “axioma” es un enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración.   Por ejemplo: “el todo es mayor que la parte”.   Pérez Jiménez (1914 – 2001) fue un dictador militar de Venezuela, tan cínico que en cierta ocasión dijo:   “La única manera de robar en grande es invirtiendo en grande”. Así, impulsó un gigantesco programa de inversiones públicas en infraestructuras: edificaciones, carreteras, puentes, etc., bajo una férrea dictadura militar.

Los dictadores militares panameños siguieron este axioma al pie de la letra al impulsar macroproyectos (hidroeléctricas, zonas procesadoras, embalses, proyectos mineros, etc.), que tienen la intención de producir un impacto político positivo para los gobernantes, creando ilusiones en la población, sin reparar en los impactos sociales y ecológicos negativos.   Ellos y el PRD le administraron la “finca” a la oligarquía. Hoy, es la propia oligarquía la que administra “su finca” directamente.

En los años ‘70 impulsó esa lógica por órdenes del General Torrijos, Nicolás Ardito Barletta, ministro de Planificación y Política Económica. Barletta, a mediados de la década del ‘90 en la Autoridad de la Región Interocéanica, planteó la creación de zonas procesadoras o maquiladoras, que cuando se van se llevan todo sus equipos y dejan un gran desempleo en la población. Pasa parecido a los proyectos mineros que cuando se agota el mineral las compañías se van, dejando sólo huecos en un suelo contaminado y en los pulmones de las gentes.

El expresidente Pérez Balladares que trabajó como discípulo de Torrijos y de Barletta en el MIPPE, heredó la idea de los macroproyectos, pues fue uno de los representantes panameños ante el Comité Ejecutivo de la Empresa Cerro Colorado, S.A., en los años 70, que, conjuntamente con otros allegados a Torrijos, trataron de llevar a cabo el depredador megaproyecto minero de Cerro Colorado.

Los macroproyectos se desarrollaron en los años 70 gracias a la capacidad de endeudamiento que tenía nuestro país, pero hoy día se pretenden llevar a cabo a través de vulgares concesiones a las transnacionales. Ni la política de los macroproyectos ni la de los ajustes estructurales ni la de las aperturas neoliberales significaron un mejoramiento del nivel de vida de las mayorías, sino que lo deterioraron.

El actual Gobierno lo hará con el aumento del ITMBS en un 40%, con nuevos impuestos a los profesionales, pequeños empresarios y a pequeños propietarios de inmuebles. aumentando la tasa única de sociedades, el impuesto sobre dividendos y complementarios, el de la propiedad inmueble, el del uso de timbres y de papel sellado, el del aviso de operación de las empresas, los de facturación de bienes y servicios, y el de las propiedades horizontales.   ¡Adelante con el axioma!

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Abrumadoras inversiones de Estado

La opinión del Periodista….

MELQUÍADES VALENCIA

De abrumadoras, por utilizar un término, podemos calificar las inversiones públicas multimillonarias anunciadas por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, que llaman la atención y a la reflexión, una vez que palpamos la pobreza, la falta de empleo, el aumento constante de los alimentos, la inseguridad, la deuda social educativa y de salud.

Todos los panameños soñamos con que los dirigentes de la Cosa Pública se manejen con transparencia, apegados a la Ley, con humildad y buena disposición al trabajo. Que cada gobierno alcance las promesas y que el país avance hacia su pleno desarrollo, con el concurso de todos, sin distinción o condición, pero sin dejar atrás a los débiles y siempre desposeídos de la sociedad.

El gobierno actual ha hecho gala de conocer el manejo de economía, de banca, de dinero, de bolsa, de negocios al grado que ha logrado las ansiadas calificaciones positivas de riesgo país internacional, colocando en ventaja, para los que adoran el billete, y quizás para el país en su manejo de su impagable deuda externa.

En nuestra nación todo cuesta millones de dólares. Estamos acostumbrados a que nos digan cada día sobre inversiones millonarias, como el Metrobús, la extensión de la Cinta Costera, la compra de los corredores viales Norte y Sur y sus ampliaciones, la construcción de un nuevo y moderno palacio de convenciones, la ampliación de las autopistas, las hidroeléctricas, la millonaria renovación urbana del barrio pobre de Curundú, el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Enrique Jiménez en la provincia de Colón por B/60 millones. Dos macroproyectos de riego, a un costo de 600 millones de balboas el próximo año, que estarán ubicados en Santa María en Tonosí y en Veraguas.

El Gobierno ha empezado a desarrollar proyectos grandes de infraestructura, como la construcción de cinco hospitales, ocho mercados públicos, el ensanche de la carretera Divisa—Las Tablas y la ampliación de la carretera David a Boquete, las cuales ya han sido licitadas y otorgadas. Estos proyectos y otros más que el Gobierno tiene en proceso, permitirán el mantener la industria de la construcción ocupada. Y no hay que olvidar los trabajos de la ampliación del Canal. Pero el gobierno nos sacude cada día con anuncios que asombran.

El último anuncio de esta naturaleza multimillonaria es la enorme inversión de 830 millones de balboas para la construcción de hospitales en todo el país. Contando los 386 millones de balboas ya asignados para la edificación o remodelación de cinco hospitales en el interior del país, ahora se suman otros 450 millones de balboas que se proyectan para la construcción de una ciudad hospitalaria, que se edificará en un área de 31.9 hectáreas, ubicada en el antiguo campo de antenas —cerca del Parque Camino de Cruces—, donde se construirán instalaciones médicas, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud, que resolverán las necesidades de atención médica de los próximos 100 años, de acuerdo a sus opiniones.

Hay mucho dinero sobre la mesa, como nunca antes en nuestra historia. Jamás un gobierno había tenido semejante cifra de 13000 millones de dólares para gastárselo en un año y tamaña responsabilidad recae sobre los hombros del señor presidente de la República, que es al final de línea quien deberá responder por su buen uso.

Hay escepticismo en torno a la capacidad de ejecución de los proyectos y el buen uso de los fondos multimillonario. Los panameños esperamos más divulgación sobre el desarrollo de los proyectos que parecen más de un nación plena que de un país en desarrollo. Concuerdo plenamente con que son obras necesarias, que de concretarse todas ellas daremos un salto cualitativo y cuantitativo hacia el desarrollo.

Pero el tiempo será el que nos dará la respuesta, si esta velocidad y volumen de inversiones es en beneficio del país o, como siempre, para los negocios de los amigotes o la ilusión banal de los políticos tradicionales que caen en la trampa de las promesas incumplidas. Un consejo, libérese de los pequeños problemas que le roban tiempo, lo distrae, lo jalonea y que pueden dar al traste con estas abrumadoras y millonarias pretensiones que todos esperamos se cumplan…

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Este artículo fue publicado el  20 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Alerta: peligra la autonomía del Seguro Social!

La opinión del Abogado,  Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

La revisión sistemática de las pensiones que paga la Caja del Seguro Social, para ajustarlas periódicamente y evitar que pierdan poder adquisitivo como consecuencia del incesante e imparable aumento del costo de la vida, es deuda de muy vieja data.

Ningún gobierno ha querido asumir esa responsabilidad; han preferido, en respuesta a las justas demandas de los pensionados, especialmente de aquellos que reciben las pensiones más exiguas, conceder o prometer aumentos, sin tomarse la molestia de consultar a quienes han designado para dirigirla y sin consideración ni respeto por la autonomía que por mandato constitucional y legal debe tener la Caja del Seguro Social.

Dos situaciones de reciente ocurrencia demuestran que el presente gobierno sigue transitando la peligrosa ruta marcada por sus predecesores y, además, los ha superado. Por un lado, sigue empujando “arreglos de muy dudosa claridad” para dizque “invertir productivamente” las reservas del Fondo de Pensiones, ignorando olímpicamente a la Junta Directiva de la Caja y a los asegurados; por el otro, promete aumentos a los pensionados, sin medir sus efectos sobre esas reservas.

Insisto en señalar que considero justas y de urgente atención las peticiones de los pensionados que ven como se les esfuman sus magros medios de sustento por el galopante aumento del costo de la vida; pero el gobierno, en la manera de enfrentarlas, sigue actuando imprudentemente. Prometer a los pensionados aumentos que necesitan con urgencia no es criticable; pero es irresponsable hacerlo sin haber analizado la capacidad de la Caja para satisfacerlos.

Cosa igual ocurre con la proyectada inversión de las reservas de la Caja en aventuras especulativas que, antes que destinadas a fortalecer las finanzas de la institución, más parecen concebidas para favorecer a inversionistas inescrupulosos, aumentando las desorbitadas ganancias que ya obtuvieron con el pingüe, y todavía pendiente de muchas aclaraciones, negocio de los corredores.

En cuanto a los aumentos a los pensionados, especialmente a aquellos que reciben las pensiones más exiguas, recalco que los considero justos; pero su financiamiento no debe salir de las reservas del Fondo de Pensiones, si éstas no pueden absorberlos. La advertencia del director de la Caja sobre el déficit que ocasionaría, por un monto de 38 millones de balboas, no debe ser desatendida.

La alternativa para financiar los aumentos de los pensionados es mediante un aporte del Gobierno Central. Bastaría con utilizar el 50% de los 38 millones de los inmorales subsidios electorales.

Los fondos de la Caja del Seguro Social no deben ser una “”hucha” a disposición de los gobernantes, para granjearse simpatías o para resolver problemas que son ajenos a la institución. Los dineros de la Caja pertenecen a los asegurados, que son sus únicos dueños, a quienes corresponde decidir cómo se invierten sus recursos, pues son ellos los que sufrirán las consecuencias de las inversiones fallidas.

Ni el gobierno ni la Junta Directiva tienen derecho a comprometer 275 millones (es la cifra mencionada) de sus reservas, sin la aprobación de los asegurados, que deben ser consultados, para que opinen al respecto, mediante una encuesta precedida de explicaciones claras y precisas. Eso sería lo legal y lo prudente. ¡La autonomía de la Caja del Seguro Social debe ser sagrada!

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Este artículo se publicó el  10  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.