¿Un nuevo CMA?

La creación de un Centro de Coordinación Regional de Seguridad genera dudas.    La opinión del Abogado y Ex Ministro de Gobierno y Justicia…

DANIEL DELGADO DIAMANTE  

La reciente matanza de 72 centroamericanos en Tamaulipas, México, a manos de una banda criminal, ha generado el repudio internacional y arrojado serias dudas sobre la efectividad de la guerra de los gobiernos contra el narcotráfico y los carteles del crimen organizado.

De igual forma, las declaraciones de un importante capo mexicano, respecto al uso de nuestro territorio por criminales colombianos y mexicanos, así como el anuncio de que nuestro país será sede de un ‘Centro de Coordinación Regional de Seguridad’ nos debe llamar a reflexionar sobre las decisiones y acciones que tomamos en materia de seguridad, sin el debido consenso para que sean respaldadas por todos los actores políticos y sociales.

Panamá es un cruce estratégico del comercio internacional y posee la mayor y más diversificada marina mercante del mundo. Su destino nacional depende de que ese comercio interoceánico y ese transporte de dimensiones globales, sean seguros, confiables y transparentes.

En el ámbito nacional, la protección y la seguridad de los ciudadanos panameños y extranjeros que aquí residen, fundadas en el respeto de sus derechos y en la defensa y preservación de sus libertades, es esencial para fortalecer nuestro sistema democrático y para asegurar un desarrollo sostenible. Ello se dificulta por la inseguridad interna y por las amenazas por parte de la delincuencia y el crimen organizado.

Desde esas perspectivas, Panamá entiende que su seguridad es un insumo estratégico de la competitividad del comercio y del transporte globales, así como de su canal y del turismo. Toda nuestra historia demuestra, además, que el funcionamiento seguro y eficiente de las infraestructuras, instalaciones e instituciones democráticas panameñas, es un componente esencial en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

Por ello, de conformidad con la legislación panameña, nuestra seguridad tiene una orientación neutral, no militar, preventiva y de cooperación, en el contexto de la ONU y la OEA y de las Resoluciones vinculantes de sus órganos de gobierno.

Y si bien esa es una responsabilidad soberana, es también cierto que es imposible enfrentar las amenazas contemporáneas a la seguridad nacional e internacional de manera aislada y unilateral. El esfuerzo principal debe ser nuestro y ese esfuerzo debe fijar soberanamente los términos en que otros contribuyen, pero no nos cabe la menor duda de que sólo mediante una cooperación internacional decidida y generosa, podremos garantizar ese patrimonio común que nos hace fuertes y libres.

Nuestros propios intereses y realidades políticas y jurídicas marcan esa orientación. Por ello, con decisión, hemos abordado la tarea colectiva de construir y acordar fórmulas que nos permitan compartir inteligencia, información y conocimientos de valor estratégico en esta difícil tarea, que nos habiliten cada vez más para incrementar la cooperación internacional en el combate frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y los delitos conexos; en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, armas y explosivos; en la detección anticipada del desvío de mercaderías y productos lícitos para fines delictivos; en la lucha contra la proliferación y el contrabando de insumos nucleares y biológicos para la fabricación de armas de destrucción masiva.

Afortunadamente para Panamá, al paso de los gobiernos hemos mantenido políticas continuas y coherentes con dichos objetivos.   Pero ello debe ser producto de la consulta, el consenso y el entendimiento claro que no se trata ni de bases extranjeras ni de tratados o «acuerdos administrativos» que limitan nuestra soberanía y políticas de neutralidad activa.

Solamente cuando todos los países y sus dirigentes se convenzan que esta es una batalla que requiere de políticas públicas integrales y compartidas por todos los gobiernos y sus ciudadanos, estaremos en posición de ganarla. Lo demás es echarnos cuentos y cantos de sirena.

<>Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Percepción y realidad

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La opinión del Abogado y Ex Ministro de Estado….
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DANIEL DELGADO-DIAMANTE
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En todo el planeta, las aspiraciones de cada sociedad al desarrollo, el progreso y el bienestar se ven amenazadas por fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo, el pandillerismo, la violencia social y la degradación acumulada por las inequidades.

Y no es un secreto para nadie que las propias instituciones públicas que permiten a la sociedad enfrentar esas amenazas se encuentran asediadas por el riesgo de que la corrupción penetre, limite y desvirtúe la eficacia de su labor.

Los medios de comunicación tienen un importante papel en la lucha por la creación de una sociedad más segura. Ejercen ese papel porque cuentan con el más valioso de los recursos: la libertad de expresión, que les permite crear climas de entendimiento necesarios para abrir a debate y promover las políticas de Estado que garanticen la participación de los ciudadanos en la lucha diaria por una democracia sana en una sociedad segura.

En toda sociedad democrática, por otra parte, la tarea de contribuir a la creación de un clima de seguridad desde los medios de comunicación entraña una relación siempre compleja, y a veces conflictiva, entre ellos y las autoridades del Estado.   Casos recientes así lo confirman.

Al definir lo que el país requiere en materia de seguridad ciudadana, la prensa en general ha desempeñado un valioso papel como espacio para la discusión nacional y para la orientación, con equívocos y aciertos, de algunos cursos de acción. Al mismo tiempo, también, los medios de comunicación han promovido en ocasiones situaciones entre la percepción y realidad, que enturbian con agrias discordias o distanciamientos inconvenientes en el vínculo entre ellos y los organismos de seguridad.

Lo fundamental, en todo caso, es que la fuerza institucional y la libertad de expresión representada en la prensa, converjan en un mismo interés por preservar la seguridad y las virtudes de la democracia y llevarla más allá de sus normales imperfecciones.

Al respecto, las instituciones de seguridad y los medios de comunicación se requieren, más allá de sus divergencias, para llevar a la práctica los valores democráticos que comparten, basado en realidades y no solo en la percepción de esas realidades.

El poder y la responsabilidad siempre van de la mano en una sociedad democrática. La prensa debe ejercer el enorme poder del que disfruta, con tanta o mayor responsabilidad que la que cabe exigir a los que dirigen la seguridad pública.

Y ese ejercicio responsable del poder de la prensa es del mayor interés para la fuerza pública, precisamente porque contribuye a preservar la legitimidad en el uso de los instrumentos con que cuenta la autoridad para enfrentar los retos y amenazas del crimen organizado y la delincuencia común.

En democracia, una relación sana y de beneficio para toda la sociedad entre la prensa y el Estado demanda mantener una actitud de permanente autocrítica, guiada por los intereses superiores del bien común, que facilite la tarea de promover la participación ciudadana sin el perjuicio de estereotipos mutuamente excluyentes.

En estas circunstancias, y quizás como nunca antes, un Estado democrático debe garantizar la libre expresión, que constituye sin duda su mayor activo de defensa.

A los medios de información les compete una enorme responsabilidad social en el logro de la seguridad pública. Y la verdad es, sin duda, la herramienta más poderosa para el ejercicio de esa responsabilidad.

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Publicado el  3 de diciembre en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Investigue bien, señor fiscal

La opinión del Abogado y Ex Ministro de Estado….
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DANIEL DELGADO-DIAMANTE
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Investigue bien, señor fiscal
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Nuevamente me veo obligado a ventilar mi caso jurídico por los medios de comunicación, debido a las irresponsables y lamentables declaraciones públicas del fiscal cuarto superior, Franklin Amaya, que no ha hecho bien su trabajo a la luz de la sana crítica ni parece conocer el contenido del expediente del incidente de hace 39 años, donde un miembro de la Guardia Nacional, respetado y temido por su condición de tirador experto, fallece a consecuencia de una herida de bala en una pierna, que posteriormente le causa la muerte.

Nadie sabe cómo el cabo Andrés García (q.e.p.d.) perdió la cabeza y en estado de ebriedad amenazó de muerte a su esposa por infidelidad y a su suegra por cómplice, y luego de una amarga discusión se dirigió a su cuartel en Panamá Viejo y trató de llevarse un fusil para cumplir su amenaza, lo cual fue impedido por sus colegas.

Armado con una bayoneta (arma blanca) atacó violentamente a sus compañeros, hiriendo gravemente a uno, logrando evadirse del cuartel al atacar al centinela y dirigirse a casa de su suegra, para cumplir su terrible amenaza, cegado por los celos y la pasión.

Yo era subteniente, oficial de turno en el cuartel. Cuando fui informado del incidente, me tocó intervenir para intentar disuadir al cabo García para que depusiera su actitud y entregara el arma, sin éxito. Acompañado de varios guardias, seguí al cabo García para evitar que asesinara a su esposa o a su suegra, que habían sido advertidas por vecinos de las intenciones manifiestas de García cuando se dirigía al cuartel.

Al llegar a la casa, García me atacó violentamente con la bayoneta, viéndome en la obligación de accionar conforme a los procedimientos policiales y legales en una situación de riesgo de mi propia vida y de la familia del cabo García.

Este caso fue investigado por el Ministerio Público hace 39 años. Estuve, durante los ocho meses que duró el proceso, en condición de detención preventiva cuartelaria, hasta que fui notificado del sobreseimiento por haber actuado en cumplimiento del deber policial, plenamente comprobado durante la investigación. Reincorporado a la Institución, serví efectivamente y dignamente por 20 años hasta que mi carrera fue truncada por la invasión de 1989.

Treinta y nueve años después, estimulado por el diario La Prensa y basado en una versión de la esposa del difunto totalmente falsa, se pretende volverme a juzgar por el mismo hecho. Esto ha sido confirmado por testigos presenciales. Consta en autos que se trató de un caso de violencia doméstica; que García amenazó de muerte a su esposa y a su suegra, para lo cual trató de llevarse un fusil del cuartel. Consta que armado con una bayoneta atacó e hirió gravemente a un compañero; que abandona el cuartel con violencia; que me atacó con la bayoneta, y que al reducirlo recibiera una sola herida, no letal, con el lamentable resultado de su muerte.

No fue un hecho doloso, sino un incidente policial en defensa propia. Además, este caso está doblemente prescrito. Si durante 39 años la familia no realizó ninguna denuncia sobre este hecho, señor fiscal, es porque estaban conscientes de que la acción mía ese día les salvo la vida, no porque no existieran condiciones para aplicar la justicia. Así fueron los hechos. Investigue bien, señor fiscal.

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.


Cuando la intención es destruir

Cuando la intención es destruir

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DANIEL DELGADO-DIAMANTE – Militar, Abogado, Ex Ministro de Estado, Escritor…

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Lamento todo lo que la familia del cabo Andrés García y mi familia han sufrido por un lamentable incidente ocurrido hace 39 años. Lamento que algunas personas se hayan aprovechado de este sufrimiento y dolor ajeno, con objetivos inconfesables.
Recordar un incidente tan dramático de la manera como fue presentado por La Prensa , ha sido para mí muy doloroso. Se los confieso. Ha sido tener que revivir ese momento de nuevo. Es ser juzgado dos veces por el mismo hecho con 39 años de diferencia.
Pero me han obligado a hacerlo público a través de mis columnas. Lo hago, por respeto a una familia que perdió a un hijo; por la mía que sufre injustificadamente, y por el derecho de los panameños a conocer la verdad y no una caricatura novelada de la verdad. No ha sido fácil y a mí me ha dolido todo esto, como ser humano, como padre y como funcionario público digno y responsable que he sido por tantos años.
Yo no he actuado impulsado por la ligereza de unas palabras puestas en moldes de imprenta o expresadas a través de un micrófono de radio o ante una cámara de televisión, en la que se insinúa un crimen a sangre fría. No he hecho nada distinto que apoyarme en los mecanismos de ley para resolver esta situación que ya hace 39 años fue resuelta en derecho. Me vi obligado a querellar a mis detractores que hoy resultan inmunes por el mero hecho de que yo era un funcionario de alto nivel. Es decir, pueden calumniar e injuriar a cualquier ministro impunemente y por hechos que no son de sus funciones.
Ha sido duro afrontar los ataques de que he sido víctima, cuando, por razones ideológicas o políticas, han ido por ahí echando mano de una manipulación para intentar convertirme en un criminal. Eso es muy fuerte y poco constructivo, y aunque han intentado destruirme como persona, no lo lograrán jamás.
Todo esto lo digo con muchísimo respeto a la idea que tenemos los panameños de lo que debe ser el periodismo responsable, sobre el derecho a la defensa y el respeto a la persona humana. Esto me interesa porque soy defensor del ejercicio del periodismo, porque mi padre ha sido periodista por más de 60 años, y de la idea de que en Panamá nos sintamos seguros, acompañados de un ejercicio objetivo del periodismo.
A mí se me negó el derecho a la réplica, tratando de esconder o minimizar lo que mi verdad ha venido aportando desde el punto de vista de la ley. Cuando me vi obligado a publicar pagando, se manipuló mi remitido, por lo cual el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo condenó a ese diario.
¿Por qué La Prensa y el periodista Santiago Fascetto me atacaron como lo hicieron? ¿Desde cuándo tiene La Prensa una jurisdicción a la cual debemos someternos los panameños? ¿Acaso tiene ese periódico el poder de juzgar a los ciudadanos en este país? Y todo esto se hace ¡vaya uno a saber! sobre qué intereses partidistas o ideológicos.
Hoy, la gente ya sabe del trasfondo político de la intención del diario y del periodista, y más gente está convencida de mi versión de los hechos, demostrada en la investigación del fiscal. La fuerza de la verdad ha surgido conforme a los hechos. Yo, por mi parte, mantengo mi espíritu consolidado y mi fe en Dios.

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Publicado el 4 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá.