Deuda patriótica con el 9 de enero 64

La opinión del Médico y Ex Ministro de Estado….


GUILLERMO  ROLA  PIMENTEL
grollap@cableonda.net

La Patria recuerda con veneración heroica los sucesos del 9 de enero de 1964.   Conocida  y con amplia documentación, esta la histórica lucha generacional  de los panameños por alcanzar la plena soberanía sobre todo su territorio. El enclave colonialista de la Zona del Canal fue una afrenta permanente. Muchos intentos se hicieron por lograrlo.

En 1936 el presidente Harmodio Arias de Acción Comunal modificó los tratados de Bunau Varilla eliminando el derecho que tenía USA de ocupar militarmente el territorio nacional por algún peligro para el canal (en 1972 Torrijos lo volvió a incluir).    En 1957 el Frente de Reafirmación por la Soberanía siembra banderas en la zona.     Por 1964, existiendo un acuerdo para izar las dos banderas en los colegios de la zona y no cumpliéndose por parte de los zonian, los estudiantes panameños procedieron a cumplir el acuerdo e izar la bandera panameña.

La reacción bélica de USA ha sido detalladamente descrita. Con los muertos heridos etc.

Sin embargo muchos hechos han sido deliberadamente ocultos.   En Colón, informados de los hechos de Balboa, el pueblo se fue a las calles a protestar en Ave Bolívar frente al YMCA, intentamos llegar hasta las instalaciones de Cristóbal para izar nuestra bandera.    Era toda gente del pueblo.    Los detractores dijeron que eran maleantes.    Había de todo, los del partido del pueblo (comunista) no pudieron actuar porque se fueron a Pilón a meditar las estrategias, y los gringos cerraron el corredor y se tuvieron que quedar fuera de la ciudad.

La policía nacional inicialmente pretendió impedirnos el paso. Pero la población los sobrepasó. Cuando los policías vieron a los soldados ‘yankis’ con máscaras antigases y con bayonetas calada avanzar por la calle posterior al YMCA, HUYERON despavoridos, y se refugiaron en el cuartel central.

Nos enfrentamos a los soldados Varios de los nuestros cayeron con heridas en los muslos. Me rompieron la bandera, pero la sostuve, nos mantuvimos unos momentos y tuvimos que replegarnos a Ave Bolívar.

Se iniciaron los enfrentamientos. Los heridos fueron llevados al hospital (hay lista).   Los soldados disparando desde los edificios altos y la población en la calle. Se incendió el comisariato y parte del YMCA con bombas molotov artesanales.

La lucha duró varios días y quedaron varios muertos. Cuando ya en la ciudad de Panamá había calma, en Colón continuaba la lucha. La policía envió a su figura dura, el entonces capitán Omar Torrijos.   Este reprimió el movimiento y encarceló a varios dirigentes, entre otros a Andrés Galván. Nos persiguieron, expulsaron de instituciones, se dio una persecución por ordenes del Ministro Dominador Bazán.

En la capital también detuvieron a varios participantes. En esa época ya Torrijos era espía pagado por USA (documentos desclasificados del pentágono). La bandera rasgada y manchada de sangre muchos años después la entregué al Municipio de Colón, donde reposa.

Como corolario de esta gesta se efectuó el ‘Primer Congreso por el rescate y defensa de la soberanía’ con la presencia de más de 300 organizaciones de todos los estratos desde las monjas hasta los comunistas, empresarios y sindicatos. Sin banderías políticas. Todos los resueltos fueron difundidos (aún se conservan ejemplares).

Sí revisamos los tratados de Torrijos, según la interpretación de USA,   estos le dan derecho a USA a intervenir militarmente en todo el país, cosa que ya ocurrió en 1989.   En ninguna propuesta del Congreso se solicitó o aceptó el derecho a USA a intervenir militarmente en el país.   Los peajes y el manejo financiero del canal (ACP) están condicionados a una serie de pautas que dificultan, limitan y no permite a Panamá ejercer la absoluta soberanía y total decisión nacional para fijar los peajes. Solo tomando en cuenta la lógica competencia. Esto nadie lo presentó en el Congreso. Si se dijo: NO, a las bases militares y devolución de la zona y el canal en 15 años.

En el tratado, Torrijos aceptó bases militares y entrega del canal 20 años más (el tiempo de la dictadura). Torrijos no participó del Congreso, tampoco la policía.

En 1967 Leopoldo Aragón develó un documento del Departamento de ingienería del canal, planteando que la única forma de aprobarse un tratado favorable a USA era con un gobierno militar inclusive mencionaban a Torrijos.

El 22 de Febrero de 1977 antes de aprobarse los tratados el New York Time, el Comando de Liberación de Panamá desde Suecia, denunció que Torrijos como dictador y dependiente de USA no tenía los valores humanos, políticos, legales, ni el nacionalismo y la moral para negociar tratados. Sin libertades y con los nacionalistas exiliados. La aprobación de los mismos fue un descarado fraude.

Los comunistas (PP, hoy con el PRD) que fueron apresados, asesinados y exiliados a Chile, se entregaron, porque no soportaron ni un año de exilio. Coincidentemente a Cuba se le permitió romper el embargo mediante empresas panameñas; y el canciller viajó a Washington, y luego a Cuba para silenciarlos ante los entreguista tratados.

La izquierda de América guardó silencio. El tratado de Neutralidad contiene cláusulas que nos convierten en un protectorado. No se han cumplido todos los objetivos del 9 de enero del 64.

Ahora que el NUEVO CANAL será ampliado y ya no se lo debemos a USA, porque será pagado por Panamá con nuestros préstamos, es el momento de revisar y preparar oportunamente estrategias y una política diplomática internacional que nos permita modificar ese tratado a términos más soberanos, más seguros para el canal, más dignos y más realmente neutrales.

Ahora que ya no hay dictadura. Tal vez en coordinación con el Consejo de Seguridad de la ONU, para así alcanzar un Panamá Mejor.

 

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<> Este artículo se publicó el  8 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Panamá y las FARC

La opinión del Abogado y Docente Universitario…
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Silvio Guerra Morales  

Enseñaba el Dr. César A. Quintero -de quien pienso que junto a José Dolores Moscote y Víctor Florencio Goytia, devienen en los tres mejores constitucionalistas panameños del Siglo XX-, al explicar en qué consistía el concepto de la soberanía de un Estado, que, esencialmente, este implicaba dos aspectos: el primero consistía en el ejercicio de la autoridad en todo el territorio nacional y, el segundo, en la defensa de esa integridad territorial frente a otros Estados o en el plano internacional.

Conforme al diccionario, el concepto de soberanía entraña la idea de poder supremo del Estado y sobre el cual no existe ningún otro poder superior. Es el poder político de una nación que no está sometido al control de otro estado u organismo. La soberanía es un atributo esencial del Estado y sin el cual, obviamente, este no puede existir.

Que se predique que un Estado es soberano conlleva a la idea de la libre autodeterminación de un pueblo y a la no intervención de un Estado en los asuntos de otro, salvo aquellas excepciones que permite el Derecho Internacional y conforme a los procedimientos propios de convenciones internacionales o mundiales y por razones justificativas.

Por ello conceptúo que no debemos andar metiéndonos en conflictos de otras naciones, menos haciéndonos partícipes de propuestas para atacar el conflicto o que, en alguna manera, impliquen confrontaciones.

Una cosa es que expresemos nuestras formas de pensar en atención a esos conflictos sin que nuestras expresiones impliquen favoritismo alguno con o contra el conflicto y otra cosa es que señalemos que “se trata de un conflicto común a ambos Estados”, es decir, a Colombia y a Panamá.

Que EE.UU., como potencia del mundo en muchos aspectos, sobre todo bélico, pueda desafiar a estos grupos o movimientos llamados “insurgentes” es una cosa y otra que lo haga Panamá, nación per se vulnerable por todos lados, hasta con el revoloteo de un mosquito.

Este país tiene sus propios problemas internos y algunos de naturaleza internacional, que debe enfrentar y atacar para que ahora andemos metiendo nuestras narices en donde no nos toca y que ahora se nos diga por algunos lares: “Cuchareta, cuchareta donde no te llaman no te metas”.

La prudencia se impone en todo momento y tiempo. Panamá no es tierra de guerrillas ni de guerrilleros. De que hay que defender nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, de acuerdo. Pero no podemos andar soliviantando el escenario de cosas y jugando con fuego que nos puede quemar. Ah… que los guerrilleros se pasean en esta ciudad, que se hospedan en los mejores hoteles de este país, que entran y salen cuando quieren, bueno podrá ser cierto, pero no se meten con nadie ni amenazan gobiernos. Que se están metiendo a través de la frontera con Colombia, bueno entonces hay que afianzar el cordón de policía fronteriza y si las cosas adquieren otro matiz, entonces habrá que actuar como corresponda porque entonces sí estarían violentando nuestro sagrado derecho como país soberano.

Si ese es el contexto de la posición del Ministro Mulino, entonces tendrá a todo nuestro apoyo y creo, sin duda alguna, de toda la nación.

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<> Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quiens damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Un nuevo CMA?

La creación de un Centro de Coordinación Regional de Seguridad genera dudas.    La opinión del Abogado y Ex Ministro de Gobierno y Justicia…

DANIEL DELGADO DIAMANTE  

La reciente matanza de 72 centroamericanos en Tamaulipas, México, a manos de una banda criminal, ha generado el repudio internacional y arrojado serias dudas sobre la efectividad de la guerra de los gobiernos contra el narcotráfico y los carteles del crimen organizado.

De igual forma, las declaraciones de un importante capo mexicano, respecto al uso de nuestro territorio por criminales colombianos y mexicanos, así como el anuncio de que nuestro país será sede de un ‘Centro de Coordinación Regional de Seguridad’ nos debe llamar a reflexionar sobre las decisiones y acciones que tomamos en materia de seguridad, sin el debido consenso para que sean respaldadas por todos los actores políticos y sociales.

Panamá es un cruce estratégico del comercio internacional y posee la mayor y más diversificada marina mercante del mundo. Su destino nacional depende de que ese comercio interoceánico y ese transporte de dimensiones globales, sean seguros, confiables y transparentes.

En el ámbito nacional, la protección y la seguridad de los ciudadanos panameños y extranjeros que aquí residen, fundadas en el respeto de sus derechos y en la defensa y preservación de sus libertades, es esencial para fortalecer nuestro sistema democrático y para asegurar un desarrollo sostenible. Ello se dificulta por la inseguridad interna y por las amenazas por parte de la delincuencia y el crimen organizado.

Desde esas perspectivas, Panamá entiende que su seguridad es un insumo estratégico de la competitividad del comercio y del transporte globales, así como de su canal y del turismo. Toda nuestra historia demuestra, además, que el funcionamiento seguro y eficiente de las infraestructuras, instalaciones e instituciones democráticas panameñas, es un componente esencial en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

Por ello, de conformidad con la legislación panameña, nuestra seguridad tiene una orientación neutral, no militar, preventiva y de cooperación, en el contexto de la ONU y la OEA y de las Resoluciones vinculantes de sus órganos de gobierno.

Y si bien esa es una responsabilidad soberana, es también cierto que es imposible enfrentar las amenazas contemporáneas a la seguridad nacional e internacional de manera aislada y unilateral. El esfuerzo principal debe ser nuestro y ese esfuerzo debe fijar soberanamente los términos en que otros contribuyen, pero no nos cabe la menor duda de que sólo mediante una cooperación internacional decidida y generosa, podremos garantizar ese patrimonio común que nos hace fuertes y libres.

Nuestros propios intereses y realidades políticas y jurídicas marcan esa orientación. Por ello, con decisión, hemos abordado la tarea colectiva de construir y acordar fórmulas que nos permitan compartir inteligencia, información y conocimientos de valor estratégico en esta difícil tarea, que nos habiliten cada vez más para incrementar la cooperación internacional en el combate frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y los delitos conexos; en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, armas y explosivos; en la detección anticipada del desvío de mercaderías y productos lícitos para fines delictivos; en la lucha contra la proliferación y el contrabando de insumos nucleares y biológicos para la fabricación de armas de destrucción masiva.

Afortunadamente para Panamá, al paso de los gobiernos hemos mantenido políticas continuas y coherentes con dichos objetivos.   Pero ello debe ser producto de la consulta, el consenso y el entendimiento claro que no se trata ni de bases extranjeras ni de tratados o «acuerdos administrativos» que limitan nuestra soberanía y políticas de neutralidad activa.

Solamente cuando todos los países y sus dirigentes se convenzan que esta es una batalla que requiere de políticas públicas integrales y compartidas por todos los gobiernos y sus ciudadanos, estaremos en posición de ganarla. Lo demás es echarnos cuentos y cantos de sirena.

<>Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Juzgando a los vecinos: Venezuela y Colombia?

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales  

Claves principios en el Derecho Internacional Público, pisoteados por fuerzas poderosas en casos de renombre mundial, han alentado y deben seguir alentando las buenas relaciones entre los Estados, siendo que éstos son sujetos jerarquizados en el ámbito de la rama del Derecho indicada: La Libre Autodeterminación de los Pueblos y La No Intervención de un Estado en los Asuntos Privativos o Exclusivos de Otro.

No son principios absolutos, pero sí de inequívoca aplicación aunque den margen a ciertas excepciones que la misma historia se ha encargado de precisar.   La no intervención es la obligación de los Estados de inhibirse de intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación.

Es en la Doctrina Monroe en donde encontraremos los orígenes de este principio –1823- siendo que fue el Presidente James Monroe de los EE.UU., quien bajo el lema “América para los americanos” sostuvo que ninguna potencia de Europa tenía derecho a intervenir en ninguna parte del continente. Hay quienes han señalado que la doctrina Monroe nace inspirada en la idea de detener la intervención de las potencias imperiales europeas sobre las recién independizadas colonias, pero que al mismo tiempo abrió las compuertas a la intervención neocolonial de los EE.UU. en las frágiles naciones latinoamericanas.

El 27 de septiembre del año 1930 el señor Genaro Estrada, que a la postre era el secretario de relaciones exteriores del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, en México, envía una carta a todos los representantes de aquella nación en el extranjero. En ella hizo recoger una gran idea y que a la sazón sería conocida como La Doctrina Estrada y es en esta doctrina que queda, de modo diáfano, desarrollado el principio de la no intervención, aunque, desde luego, con un enfoque mucho más amplio y diferente al usado por la Doctrina Monroe.

Se advierte que ante la existencia de gobiernos extranjeros y actividades emanadas de ellos, México no se podría presentar o mostrar como Estado partidario de emitir juicios sobre el particular, toda vez que ello implicaba una práctica denigrante que terminaba menoscabando la misma soberanía de los Estados.

Adicionalmente se consagraba el concepto de que, ante situaciones o circunstancias que implicaban disensos o conflictos de trascendencia internacional y que relacionara a México, este Estado tan sólo se limitaría a mantener o a retirar a sus agentes diplomáticos en otras naciones, así como aceptar o seguir aceptando, según se considere necesario, a representantes extranjeros.

Por ello, en razón de uno u otro principio, los Estados deben entender que ante la existencia de conflictos, como es el caso el existente entre Venezuela y Colombia, ningún Estado, entre ellos Panamá –máxime que se encuentra comprometido con un Tratado de Neutralidad Permanente sobre el Canal- y en clara aplicación del principio de no intervención, ninguno de ellos puede ni debe presentar o expresar o de cualquier otro modo evidenciar o insinuar que se encuentra en capacidad de juzgar, aprobar o desaprobar a otras naciones.

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Este artículo se publicó el  30  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por la paz en Colombia

La opinión de…

Miguel Ramos 

El creciente conflicto político y diplomático entre Colombia y Venezuela revela la impostergable necesidad por parte de la comunidad internacional de buscar fórmulas viables para resolver, a través de un proceso de negociaciones políticas, el conflicto interno en Colombia. Conflicto que es una verdadera guerra civil, estalló en 1948 y lleva 62 años.

En el transcurso de ese espacio histórico el mismo ha pasado por varias etapas. Pero, en cada nueva etapa el grado de violencia es superior al anterior y de hecho el mismo está afectando a los países vecinos de Colombia.

En Colombia el balance de esta guerra puede resumirse de la siguiente manera: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de más 40 años de insurgencia armada no han logrado, y parece que no lograrán, alcanzar el poder; el ejército colombiano, a pesar de toda la asistencia militar, logística y tecnológica que ha recibido de otros países, no puede vencer militarmente a la guerrilla.

Esto significa que en ese país hay un estado de beligerancia que, en la práctica, ha sido reconocido por el Gobierno colombiano. Durante la presidencia de Belisario Betancourt, este inició un proceso de negociación con las organizaciones alzadas en armas y alcanzó acuerdos con éstas, entre ellos el despeje militar de varias zonas. Esto se repitió durante el mandato presidencial de Misael Pastrana, en donde se acordó una tregua a nivel nacional con las FARC. Desafortunadamente la paz no se alcanzó.

Durante el mandato de Álvaro Uribe, que termina el próximo 7 de agosto, su gobierno ha respaldado, aunque de manera muy tibia y a veces con mucho disgusto, las diligencias políticas en favor de la puesta en libertad de varios prisioneros de las FARC. Esta conducta política es un reconocimiento tácito de un estado de beligerancia.

Consideramos que la comunidad internacional, particularmente los países fronterizos con Colombia, deben reconocer el estado de beligerancia en esta nación. Esta iniciativa forzaría a las partes a una negociación seria para poner fin a la guerra civil.

La Declaración Franco Mexicana sobre El Salvador de 1981, las iniciativas del Grupo de Contadora, y los acuerdos de Esquipulas de 1987 crearon las condiciones para poner fin a los conflictos armados de la región centroamericana.

La República de Panamá ha mantenido una conducta de no intromisión en el conflicto colombiano por más de 40 años. Pero lo cierto es que este conflicto afecta a nuestra frontera oriental y ya se han dado, sea cual sea la razón, varios incidentes.

A la República de Panamá como país limítrofe con Colombia le interesa por razones estratégicas que haya paz en ese país. Consideramos que Panamá en función de sus intereses nacionales debe impulsar, a través de una política de neutralidad activa, todas las iniciativas necesarias para lograr la pacificación de Colombia a través de un proceso de negociaciones políticas entre las partes involucradas.

Un proceso de negociaciones políticas respaldadas por la comunidad internacional no dejaría de ser difícil. Sesenta y dos años es demasiado tiempo y demasiada sangre ha sido derramada. Se han acumulado demasiados rencores y muertos. Por esta razón, la comunidad internacional debe actuar para lograr lo mejor para Colombia: la paz.

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Este artículo se publicó el 27 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¡Gracias Robert! ¡Gracias “Jimmy”!

La opinión del Educador…..

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Pastor E. Durán E.

En abril de 1978 el Senado norteamericano ratificó los Tratados Sobre el Canal de Panamá de 1977 y sus Acuerdos Conexos, conocidos como “Tratados Torrijos–Carter” (que incluyen el ignominioso Tratado de Neutralidad que le da el derecho unilateral y a perpetuidad a EE.UU. de intervenir en Panamá cuando consideren que el canal esté amenazado).

Según un memorándum interno de la Casa Blanca, en octubre de 1977 el gobierno de James “Jimmy” Carter poseía información de que el General Omar Torrijos, líder fabricado por la CIA, los socialistas cubanos y la izquierda pancista panameña, tenía “involucramiento directo” en el narcotráfico, que su hermano Moisés tenía un encausamiento secreto en su contra, y que Hugo Torrijos también estaba “directamente implicado”.

El documento, que se titula: “Memorándum para los archivos”, tiene fecha “10 de octubre de 1977″, es decir, ¡cuatro días antes! de que Torrijos se reuniera en Washington con Carter, para concertar una “aclaración” a los mencionados tratados.

Éstos se habían firmado el mes anterior. El autor del memorándum es nada menos que Robert Pastor, quien fungía como Director de Asuntos Latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.

Según el escritor Richard Koster, Robert Pastor “estaba cegado por su amor hacia Omar Torrijos” (“La Prensa”, 11 de julio de 2001), cosa que no nos cabe la menor duda, ya que nuestro tocayo Pastor es también autor de una “Oda a Omar”.

Según documentos desclasificados por la inteligencia norteamericana, el Grupo Militar 470 de Inteligencia (“Army”s 470th Military Intelligence Group”) le proporcionó a Torrijos informes que le permitieron consolidar su poder dentro de la Guardia Nacional (GN).

Cuando Torrijos visitó Cuba en 1977 Fidel Castro dijo que ellos habían estado asesorando a la GN panameña desde los primeros momentos del golpe de Estado de 1968.

Las sospechas sobre narcotráfico hubieran sido suficientes para que cualquier gobierno norteamericano hubiera detenido las negociaciones hasta esclarecer el asunto, pero Carter siguió adelante porque le interesaba que estos tratados se ratificaran.

Robert Pastor fue quien, dada su investidura, aconsejó a Carter:

1) que el Departamento de Justicia le negara la información pertinente al Congreso, y,

2) que se procediera rápidamente a concertar una “aclaración” con Torrijos (que se firmó cuatro días después) que serviría para bloquear la oposición en el Senado;

todo esto, para que los Tratados (incluyendo el nefasto Tratado de Neutralidad), fueran ratificados.

Antes que a Omar, a quienes hay que agradecerles la firma y ratificación de estos Tratados, incluyendo el nefasto de Neutralidad “Torrijos-Carter”, es a Robert Pastor y “Jimmy” Carter, quienes capeando todas las adversidades descritas lograron que los Tratados fueran firmados y ratificados por el Senado norteamericano.

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Este artículo se publicó el  2  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Consideraciones sobre la invasión a Panamá

Un análisis sociológico político sobre este evento de trascendencia historica, realizado por la Jurista, Docente Universitaria y Analista Política y Social….

Olga Nelly Tapia

El mes de Diciembre de 1989, en la ciudad de Panamá, era un día de compras de fin de año, existía en el ambiente un temor generalizado por los últimos acontecimientos políticos que se habían generado en el país. Manuel Antonio Noriega había levantado el machete en señal de guerra a los Estados Unidos, y el Mundo entero seguía la secuencia de los hechos.

Anteriormente Noriega había sofocado con su estilo una que otra insurrección en su régimen castrense, había un temor de todas partes, la inversión extranjera también tambaleaba cada día que transcurría en el territorio panameño, los extranjeros salían con sus maletas del país, pues se rumoraban vientos de guerra.

Esa noche el espacio aéreo panameño se vio lastimado igual que su soberanía, la de un pueblo noble, por el estruendo de aviones de combate que daban la alarma de la crónica de la guerra anunciada que había empezado. Unidades camufladas del Ii/75 de Rangers, a bordo de un C.141 que salió desde el campo de aviación de Hunter, EEUU, que según datos que custodian organismos de Derechos Humanos en el mundo, y datos de inteligencia publicados sobre el tema se dirigían hacia los aeropuertos de Tocumen y Torrijos en la República de Panamá. Se suman entre otros doce helicópteros de operaciones especiales AH-6 Litttle Bird, 10 MH-6 7mh-47 E y 17 mh60k NIGHT HAWK, Y EL PRIMER DEST, D operativo de FE, más conocido por la FUEZA DELTA, la cual es una fuerza de unidad antiterrorista altamente profesional en táctica de inteligencia, pues hace a su vez misiones de reconocimiento y acciones directas de contingencia.

La llamada Causa Justa permitió que EEUU utilizara armas de fabricación extranjera, tales como ametralladoras M240/M240 EL de 7.62 Mm. de los Sheridam y los lav. 25 MAG BELGAS para carros de FN, la pistola m9 de 9mm 92f Beretta, italiana, la LAW m136 de 84 mm, el AT-4, sueco, los morteros mejorados m252 de 81 mm, L16K, británico, el arma de asalto multipropósito lanzable desde el hombro, SMAW, MK53 o de 89 mm, basada en el lanzagranadas israelí B300 y los vehículos ligeros acorazados de la serie LAV, diseño suizo, de fabricación canadiense, Hubo 26 escuadrones de reabastecimiento y las últimas armas adquiridas por los norteamericanos, que luego fueron utilizadas junto a otras para la operación en el Golfo Pérsico llamada Tormenta del Desierto.

El despliegue bélico realizado por Estados Unidos hacia Panamá sepultó las insignias de los Batallones Paz, Cémaco, 2000, los Tigres, los Pumas, los Diablo Rojos, los Urracá, los Cholos, la Expedicionaria, los Macho Montes, la policía militar, el escuadrón de caballería, la fuerza aérea panameña, la Marina de Panamá y la Fuerza de Policía, todo el engranaje castrense conocido como las Fuerzas de Defensa de Panamá, comandados en ese momento por el General Manuel Antonio Noriega.

Lo insólito fue también que en la base de Río Hato existían jóvenes cadetes que estudiaban allí en un complejo militar llamado los Tomasitos, y los Benjamines, los cuales fueron víctimas del cruel ataque.

El General Marc A. Cisneros, otorgaba como comandante de tropas del Ejército Sur, un llamado pasaporte de la libertad que se le expedía a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, al Batallón de la Dignidad y a los CODEPADI, pensando que con ello se garantizaba la seguridad personal, acceso a medicinas, comida, lugares de descanso y recuperación, todo esto expuesto antes de su firma con una frase que decía: “No hay que sufrir más”. Desconocemos para cuándo tendría eficacia la frase porque han pasado muchos años y todavía quedan secuelas psicológicas, sociales y de cualquier orden.

Manuel Antonio Noriega, que según EEUU, era el problema pues se le acusaba de tráfico de drogas y cuántas cosas más, fue encausado y condenado en EEUU donde cumplió su condena en prisión.  Luego  es extraditado a Francia a enfrentar nuevos cargos.  Su figura,   la cual fue el móvil de la llamada Causa Justa, sale del escenario político y los problemas de drogas, delincuencia se acrecientan sin su presencia en Panamá;  los muertos inocentes siguen a la espera de justicia y pareciera que la salida de EEUU, es como borrón y cuenta nueva, como decir no pasó nada, no es equitativa la solución, pues a muchos se les despojó de sus vidas y el panorama nacional no es nada favorable.

Hace 21 años que Noriega no está en Panamá y la droga circula sin piedad en el territorio nacional, los cargamentos que se cautelan son enormes, los índices de criminalidad aumentan y ahora el crimen recluta menores para cometer sus fechorías.

La gente que ofrendó la vida de sus familiares, haciendo referencia a civiles inocentes, han perdido toda esperanza de que se les haga justicia; ya el 20 de Diciembre transcurre en el país sin pena ni gloria. Las estadísticas de muertos no son precisas, cada organismo maneja cómputos que entre sí no unifican criterios de pérdidas humanas, lo que sí podemos agregar es que Manuel Antonio Noriega salió preso de la Nunciatura de Panamá, vestido de General y se amparó hasta lo último en la Convención de Ginebra y fue tratado como prisionero de Guerra.

Muchos serían los argumentos para esgrimir, pero el que nos queda más claro fue la premisa que surgió del Documento de Santa Fe, en el cual se destaca a Panamá como ejército, realizando defensa conjunta con los EEUU, sobre la franja canalera, ello era problema, pues los EEUU no podía desplazarse solo porque el Tratado del Canal de Panamá hablaba de los dos ejércitos; al desaparecer el ejército panameño, la potestad sólo le quedaría a los EEUU por una situación de hecho, entonces el papel protagónico de EEUU sería más beligerante ya que tendría total control de defensa del Canal de Panamá y el control hemisférico por la posición geográfica del istmo.

Pareciera un juego de Ajedrez pero no es juego, es una cruel realidad. Lo interesante es que el Tratado del Canal de Panamá, hace la vía un territorio Neutral por el papel de la neutralidad de la vía acuática, estatuido en el propio Derecho Internacional, más sin embargo, nuestro territorio fue invadido por fuerzas y ejército extranjero, se violó el Tratado, se violó el espacio aéreo, se violentó la soberanía nacional y nadie dice nada.

Entonces por qué se producen sentencias de importancia en el ámbito de derecho internacional público, donde tribunales de justicia militar dan precedentes interesantes, remitámonos a Nuremberg y Tokio, por ejemplo, donde se realizaron condenas a criminales de guerra. El territorio de un Estado neutral se considera inviolable. No puede convertirse en teatro de las operaciones militares. Los beligerantes tienen prohibido cruzar el territorio de una potencia neutral con tropas o convoyes, sean éstos de municiones o de abastecimiento de víveres, así como instalar estaciones de radio o cualesquiera otras, cuyo fin sea el favorecer las comunicaciones con las fuerzas beligerantes. Los cuerpos de combatientes no se formaran en ningún caso ni se abrirán oficinas de reclutamiento en el territorio de un país neutral. El Estado Neutral tiene derecho a resistir contra un ataque perpetrado en violación de su neutralidad con la fuerza de las armas, todo esto es teoría, todo dogmático, se respetan esas cláusulas en el mundo de la Guerra.

A hora bien, nosotros pusimos los muertos ese 20 de Diciembre de 1989, se dieron situaciones de hecho, el Estado de Derecho junto a sus instituciones democráticas y sus poderes del Estado se vieron lacerados, toda una institución como el Estado quedó paralizado, los procesos judiciales, la justicia ordinaria se paralizó, pues hubo, posterior a l a invasión, una reestructuración del poder judicial, cambios en todo el organigrama judicial, los casos de hecho no admitían gestión alguna ya que los tribunales estaban cerrados.

A tantos años de la invasión a Panamá, ningún gobierno se ha tomado la molestia de revisar la posibilidad de que el Estado de Panamá se le indemnice por los daños causados, hay un silencio profundo sobre esto; creo que es hora, que la clase política, los nuevos gobernantes que asuman el próximo mandato hagan los reclamos correspondientes; esto son actos de guerra, si tomamos en cuenta como fue aceptado por el país norteamericano la figura de prisionero de guerra a Manuel Antonio Noriega, no puede haber colisión jurídica pues si él tuvo esa condición hasta este tiempo, es la aceptación de EEUU que hubo guerra contra nuestro país y todo lo que se produjo durante la ocupación por ese motivo, merece que sea analizado para determinar la responsabilidad de cada quién, no histórica pues la historia también les juzgará sino de manera judicial ante Tribunales de justicia imparciales donde se coloque el argumento frente al hecho y viceversa, porque se vulneró la esencia del propio Estado, y el paralizar la justicia en su totalidad es un atentado evidente contra el Estado de Derecho de una Nación, se debe sentar a los responsables de estos hechos que violaron derechos de ciudadanos panameños, considerando sean inocentes para el caso y solicitar se respete la majestad de la Patria ante el Tribunal máximo de Justicia porque les digo que son crímenes de guerra, y además hay precedentes en base a la costumbre internacional donde se yergue el Derecho Internacional Público, donde este tipo de agresiones son imprescriptibles.

Creo que la comunidad internacional debe tomar más en serio el asunto de la terminología usada por la Organización de Naciones Unidas puesto que dejar una rama del derecho de importancia como es la que regula la actividad de los Estados entre sí, con leyes que datan de los años de 1945, cuando existe evolución jurídica de nuestras sociedades, resulta arcaica la hermenéutica a utilizar como forma de interpretación legal y aplicación de las leyes en el tiempo y el espacio.

Hay en estos momentos la oportunidad de oro para que se definan con más claridad términos tales como orden público internacional, seguridad nacional y las famosas guerras preventivas que como estudiosa de las leyes no alcanzo a comprender, pero sí ilustro la figura con una semblanza de nuestros pueblos de América, tomando la gallina como ejemplo, después que la mata la espantas, eso para mí es la guerra preventiva, otro absurdo jurídico internacional.

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Este artículo,   enviado el 2 de mayo de 2010 por la autora a Pana Letras, se publicó en el sitio   Municipalidad y Cultura ” Cultura de los pueblos iberoamericanos” a quienes damos, al igual y en especial a la autora,  todo el crédito que les corresponde.  Todas las fotos son del sitio fuente, usadas con autorización de la autora.