Campaña infame del Gobierno contra el Suntracs

La opinión del  Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Ante la falta de respuesta a las demandas sociales y ante la política de mercaderes que asumen las principales cabezas del gobierno, quienes venden y entregan la patria para favorecer sus intereses económicos personales, no sorprende la campaña de calumnias lanzada contra el Suntracs por parte de Martinelli.

En un periódico de la localidad, adquirido recientemente por empresarios allegados al Gobierno, se publicó como tema central de primera plana una supuesta «noticia» acerca de las cuentas bancarias de nuestro Sindicato.   Igual campaña sucia contra el Suntracs se gestó en el 2007, en otro diario de la localidad también dedicaron primera plana con igual tipo de infundios.

Era la época de los asesinatos de los obreros Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles por parte de la Policía y el sicariato aupados por el Gobierno del PRD de Martín Torrijos en asocio con empresarios mafiosos e inescrupulosos. Era también el año del primer Congreso de Frenadeso.

Hoy, también el gobierno de Martinelli utiliza la calumnia y el engaño para desinformar a la población y manipular a la opinión pública.   Hoy, en momentos en que se asesina al pueblo con la mayor impunidad; se arrecia la represión contra el pueblo que lucha en las calles contra las reformas al Código de Recursos Minerales, como quedó demostrado nuevamente en Chiriquí y Veraguas, cuando la Policía hizo alarde de brutalidad contra indígenas, campesinos, ambientalistas y dirigentes populares;  así como se desata la represión contra los pobladores que claman por la falta de agua potable con calidad para el consumo humano; y Frenadeso llevaba adelante su Congreso Extraordinario escenario en el que se oficializó al pueblo la propuesta de Construir un Instrumento Político Electoral de los Sectores Democráticos, Patrióticos y Populares para Construir la Patria de Todos.

Nos preguntamos, ¿por qué estas supuestas unidades «investigativas» de los medios enfilen sus esfuerzos contra una organización sindical, mientras guardan silencio frente a empresas, bancos y fundaciones que hoy están en el centro de la tormenta por las denuncias de lavado de dinero procedente del narcotráfico por parte de una banda detenida en México de la que hace parte nada menos que el primo del actual mandatario y ex tesorero de Cambio Democrático, Ramón Martinelli, cuya abogada en su momento fue la hoy ministra de Trabajo, Alma Cortés, como lo fue también en el caso de uno de los implicados en el sonado caso de David Murcia?

¿Por qué estas unidades «investigativas» no contribuyen a desentrañar las implicaciones del ministro de Turismo, Salomón Shamah, en el tráfico de armas y drogas, tal como señalan algunos medios y la ex embajadora norteamericana, de acuerdo a los cables de WikiLeaks?

¿O sobre la relación del ministro Papadimitriu con la mina de Cerro Colorado y si el decreto que se promulgó acerca de la pesca marina lo favorece directamente a él, tal como denuncian los pescadores artesanales?

¿O los vínculos de Gabriel Btesh, uno de los nuevos directivos del diario que publicó la calumnia, con el actual mandatario y sus negocios en Panamá con el ex gobernador mexicano de Quintana Roo, Manuel Villanueva, preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico?

La publicación de estos pseudoperiodistas en uno de los medios de comunicación social adquiridos por allegados a este gobierno, pretende desviar la atención del pueblo, a fin de imponer las nefastas reformas al Código Minero.

Se trata, también, de dar pie a una campaña de persecución y desprestigio contra el Suntracs, aguerrida organización de los trabajadores de la construcción, defensora de los derechos del pueblo panameño, quien trabaja al lado de otras organizaciones sociales en la construcción de una alternativa electoral que enfrente a la mafiocracia.

Como expresamos en el 2007, ‘No es la primera ni será la última vez que enfrentamos una campaña de esta naturaleza. Pero si aún no han aprendido la lección, debemos reiterar que ni la calumnia, ni la persecución, ni la represión, ni los asesinatos, ni el terrorismo judicial impedirán que sigamos defendiendo los sagrados intereses de nuestro pueblo’.

 

Este artículo se publicó el 13 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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La cultura del terror

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

 

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

El 2011 ha iniciado con mayores cargas para el pueblo panameño: aumento de los precios de la canasta de alimentos; incremento del pasaje aunque ahora más usuarios van parados;   más de treinta días sin el servicio de agua potable aunque con el recibo por el servicio no prestado por el IDAAN;   agua embotellada sin control de precios ni de calidad; inundados de basura pese a los millones que corren de un lado para otro;   aumento del precio del combustible.    En medio de este cerco, se continúa con el asalto a la cosa pública (megaproyectos financiados por el Estado con nuestros impuestos) y los procesos de privatización de bienes y servicios públicos.

Aunado a ello las pretendidas reformas al Código Minero; más impuestos municipales; más subsidios a las monopólicas transnacionales del servicio de electrificación; los casos de corrupción y penetración del narcotráfico en la esfera pública (Ministerio Público); el decadente cuerpo exterior que exhibe un pobre acervo cultural y total desconocimiento de la historia patria.

Las cortinas de humo y show mediáticos del Ejecutivo para desviar la atención frente a los graves problemas por los que atraviesa el pueblo panameño y los cables de Wikileaks, no se han hecho esperar, tal fueron los casos de la reforma constitucional para abanicar la pretendida reelección inmediata y la imposición de la ley mordaza que buscaba penalizar, hasta con cuatro años de prisión a quienes ofendieran al Presidente o a funcionarios elegidos por el voto popular. Sobre el particular, no se puede negar que ambos proyectos formen parte de la agenda nada oculta de Martinelli, lo que explica su supuesto cambio de posición, que ‘obligaron’ a los diputados a archivar momentáneamente los proyectos.

Lo más abominable, en escasos cuarenta y cinco días (Diciembre 2010 – Enero 2011), la flagrante violación a los derechos humanos que dejó como saldo la muerte de tres de los siete menores que sufrieron quemaduras considerables durante el incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Vídeos de las televisoras locales registran la conducta de los miembros de la Policía Nacional, cuando ante la suplica de los menores para que los auxiliaran, éstos se dedicaron a mofarse del sufrimiento de los jóvenes, con frases tales como ‘¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!’.;   ello recordó la famosa frase del ministro de Seguridad Mulino, quien recién asumido su cargo, dio ordenes de ‘tirar a matar’ a los reclusos que pretendieran evadir las cárceles.

Se trata de otro capítulo de abusos y atropellos de la Policía Nacional contra el pueblo.   Se trata de una salvaje violación de los derechos humanos que ha horrorizado a la nación y que ha generado rechazo de los organismos internacionales de derechos humanos.

Es decir, estamos frente a un estado de terror e indefensión, puesto que las autoridades e instituciones llamadas a hacer cumplir las leyes, promover y defender los derechos humanos y proteger la vida de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, son quienes transgreden las mismas.

Parafraseando a Eduardo Galeano, estamos frente a una cultura de terror visible, donde se ‘te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser’. Una cultura del terror que extorsiona, insulta, amenaza, abofetea y azota. En donde algunos métodos de penitenciaria y tortura consisten en prohibir salir, prohibir decir lo que se piensa, prohibir hacer lo que se siente y humillar públicamente.

Lo que no entienden quienes pretenden imponer esta cultura, es que jamás podrán detener la lucha de un pueblo, la dignidad y ética de quienes concebimos la organización social como la base de la transformación social. Pese a la represión, la intimidación, los carcelazos y las mordazas, los que creemos en los principios de humanidad, solidaridad, libertad y democracia seguimos trabajando en la construcción y consolidación de un instrumento político donde la esperanza de otro Panamá es posible.

 

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<> Este artículo se publicó el  16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Se busca el administrador del país

La opinión de la Ingeniera y Ex Candidata Presidencial...

BALBINA HERRERA ARAÚZ
balbinaherreraarauz@hotmail.com

 

¿Qué está pasando con las autoridades de nuestro país? Son tantos los acontecimientos negativos que están ocurriendo: falta de agua; abuso de autoridad en centros de menores, poniendo en riesgo la vida de los internos; metrobus sin información y con precios elevados; wikileaks sin aclarar y hasta el fantasma de la reelección, en el peor momento!

Y nos preguntamos ¿dónde está el clima de tranquilidad, confianza, transparencia y responsabilidad que tanto nos ha costado a los panameños alcanzar?

Y lo que es peor, las autoridades juegan con la población como si de ensayo y error se tratase la administración de un país.

Todo se ve y se mide en función del crecimiento económico y no en los activos que necesitan nuestras familias para tener la calidad de vida que merecen.

Hemos llegado al punto que las autoridades ni siquiera pueden recoger la basura, la seguridad no existe y el narcotráfico penetró a los órganos del Estado.

Un país sin estadísticas ni políticas públicas claras, especialmente para los sectores más vulnerables. Aún hay muchos damnificados y afectados sin respuesta en de Bocas del Toro, Darién, Chepo, Kuna Yala y Colón.

Y pareciera que ser pobre, pensar y protestar en este país, en especial tener ideas diferentes a la actual administración, ha resultado ser un delito.

Nos preguntamos ¿dónde está el plan de gobierno que tanto se publicitó en campaña? ¿por qué se sigue destruyendo el agro? Y lo que se avecina es otro aumento en la comida, la gasolina y el costo de la vida.

Qué decir de la corrupción: grandes proyectos por contratación directa, sin control previo y con compañías recién creadas para favorecer a los amigos. Sin olvidar que se vendieron los corredores sin resolver las prestaciones e indemnizaciones a los trabajadores y tenemos que esperar 10 años para que puedan ser gratis.

Es el momento de hacer un alto y dejar el miedo; organizarnos, vivir en comunidad; ser solidarios entre nosotros, tener compromiso entre las generaciones y seguir trabajando para dejar un legado.

Hay que escuchar y enseñar a nuestro hijos que es a través del estudio y el aprovechamiento de oportunidades que se construye el éxito.

Volvamos a recuperar la confianza y la humildad, porque no hay nada imposible cuando se respeta la libertad como camino para la paz.

Mantengamos la esperanza que nos da la fuerza y la fe para continuar. ‘Hay que seguir trabajando, para que nadie robe nuestros sueños’.

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<> Artículo publicado el 16  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Narcotráfico ayer y hoy

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La opinión del Educador…

Pastor E. Durán Espino

En nuestro artículo titulado: “Panamá y el narcotráfico” (Panamá América, 31-12-2010), hablamos del narcotráfico (narcóticos y alucinógenos) por Panamá en épocas precolombinas y de la Conquista.

Decíamos allí que “Panamá, como país ‘puente’… desde épocas muy remotas ha sido utilizado para el tráfico de diferentes cosas”. Y mencionábamos el caso de una yerba que, según Fernando Colón, vio en 1503 que los indígenas del norte de Veraguas y Bocas del Toro mezclaban con un polvo blanco y la masticaban.

Probablemente, se trataba de la misma yerba a la cual el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo se refiere, llamada “yaat”, que los indios de Nicaragua mezclaban con cal y ¡disminuía los efectos del cansancio!,   como la coca (en el Caribe panameño hay especies de plantas del género al cual pertenece la coca andina).

Pero trasladándonos a nuestra época, podemos decir que ese “narcotráfico” persiste.   La historia se repite en espiral, es decir, siempre en un plano más elevado. Tras el crimen del Presidente Remón Cantera, en 1955 se habló de narcotráfico entre las clases dominantes panameñas. Posteriormente, durante la dictadura iniciada en octubre de 1968 el narcotráfico entre los altos mandos militares era un secreto a voces.

Según un memorándum interno de la Casa Blanca, en octubre de 1977 el gobierno de “Jimmy” Carter poseía información de que Omar Torrijos tenía “involucramiento directo” en el narcotráfico, que su hermano Moisés tenía un encausamiento secreto en su contra, y que Hugo Torrijos también estaba “directamente implicado”.   El documento, que se titula: “Memorándum para los archivos”, tiene la fecha 10 de octubre de 1977. El autor es Robert Pastor, entonces Director de Asuntos Latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.

Las sospechas sobre narcotráfico hubieran sido suficientes para que cualquier gobierno norteamericano hubiera detenido las negociaciones hasta esclarecer el asunto, pero Carter siguió adelante porque le interesaba que estos tratados se ratificaran.

Pastor fue quien aconsejó a Carter:

1) Que el Departamento de Justicia le negara la información pertinente al Congreso, y,

2) que se procediera rápidamente a concertar una “aclaración” con Torrijos (que se firmó cuatro días después) y serviría para bloquear la oposición en el Senado (ver: La Prensa, 8-7-2001).

Actualmente, se han destapado escándalos relativos al sempiterno narcotráfico, pero en un plano más elevado. Un primo del Presidente Martinelli está preso en México acusado de lavar dinero procedente del narcotráfico. Otro escándalo estalló en el Ministerio Público. Nos preguntamos: ¿Esta penetración es sólo en el Ministerio Público o en todas las esferas del Estado?

“Mafiocracia” –como vemos- es un término muy adecuado, que grupos populares han estado utilizando, para designar a los gobiernos de los últimos años.

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<>Artículo publicado el 14  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿De narcodictadura a narcodemocracia?

La opinión de…

 

Jorge Gamboa Arosemena

Hace 21 años algunos civilistas se regodeaban definiendo el ejercicio autocrático de Noriega como “narcodictadura”.

Dos décadas después, las drogas siguen pasando por nuestro país y algunas quedándose. ¿Si se le atribuía a Noriega ese ilícito, ahora a cuántos funcionarios del Estado se les puede atribuir lo mismo? Por las recientes denuncias salidas de las propias entrañas del Ministerio Público no hay espacio para dudar que en esa instancia estatal, como presumiblemente en otras, hay funcionarios de diferentes niveles, que andan en lo mismo, principalmente los altos funcionarios que son los que pueden desviar, desvirtuar o encubrir estos ilícitos, cobrando por sus servicios o, peor, siendo los que trafican.

La incultura política de aquellos tiempos concentró el repudio en lo de narcodictadura, cuando había todo tipo de contravenciones, tales como violaciones de derechos humanos, enriquecimiento injustificado, tráfico de seres humanos y control de la libertad de expresión e información, entre otras.

¿Habremos reducido la incultura o analfabetismo político para estos tiempos? Desde nuestra óptica poco se ha avanzado en cultura política. La clase dirigente de la cosa pública de antes y de ahora solo ha mutado las formas de actuar, pero la esencia es la misma. ¿O acaso no se violan los derechos humanos (caso de Bocas del Toro censurado por la comisión Troncoso y pinchadas)? O no hay enriquecimiento injustificado con todos esos contratos directos, eliminación de control previo, concesiones, etc, etc. Y acaso no hay control de la libertad de expresión e información con los chorros de dinero público con que manipulan la opinión pública en campañas publicitarias, o negando acceso a actas de reuniones o solicitud de documentación amparada en la ley de transparencia.

El manual de “guerra sicológica” que aplicaban en la “narcodictadura” se aplica modificadamente en la “narcodemocracia”, creando innumerables casos para distracción y que los panameños no atinen a distinguir lo sustantivo de lo adjetivo. Aparecen los cables de Wikileaks y el narcoescándalo del Ministerio Público y hábilmente nos lanzan las reformas constitucionales con insensateces, como constitucionalizar “100 para 70” y la “beca universal”, cuando estos subsidios deben tener un carácter contingente, que superada la crisis, desaparezcan. Si estos subsidios hay que constitucionalizarlos, por qué no hacen lo mismo con el subsidio del tanquecito de gas, la electricidad y tantos otros. También, desvían la atención con lo de quitar el precepto constitucional de que los nacionales no son extraditables y ponen a Pedro Miguel González en el tinglado de la distracción, de si lo extraditarían o no.

Pero viéndolo bien, permitir la extradición de nacionales pondría en el disparadero a muchos allegados a los círculos de poder, como los empresarios o banqueros que debieron ayudar al presunto narcolavador Ramón Martinelli, porque si él traía, ¿quién lavaba acá? Dicho sea de paso, ¿alguien conoce si se abrió investigación ante este hecho público y notorio? O si el escándalo en el Ministerio Público ubica a los responsables, ¿Estados Unidos no pedirá que esos responsables sean extraditados? O ¿los responsables de la introducción de infinidad de ilegales a Estados Unidos, con nuestra infraestructura de Migración y servicio exterior, no serán requeridos en extradición? ¿Cuántos indictment en Estados Unidos se podrán levantar para llevarse a funcionarios de todos los niveles, hasta ex presidentes pasados o futuros? Así las cosas, esta supuesta reforma es un cuento de camino, presentada por demagogos que saben que no permitirán que cuaje, porque varios de ellos pueden quedar extraditados.

Ante el desgreño actual, con un gobierno que está hundiendo al país en una profunda crisis, solo cabe una constituyente, no cualquier constituyente, sino un proceso constituyente incluyente, que nos libere de las mismas prácticas que teníamos con la dictadura y que ahora se hacen en esta seudo democracia. Mientras no haya un liderazgo colectivo, honesto, capaz, ilustrado y sigamos con espíritus subalternos que promueven mandamases en vez de mandatarios, veremos que el orden y el bien común estarán alejándose, produciendo un Estado sumido en la falta de equidad, en la violencia, en la pobreza, en fin, en todas las lacras políticas, sociales y económicas que hoy padecemos y que se incrementarán.

Ciudadanos frustrados, con amargura, muchas veces dejan de luchar, de protestar, de proponer, permitiendo ser alfombra de improvisados y aventureros políticos. Se amoldan a vivir en su pequeño mundo, tratando de abstraerse del entorno, el cual, de una u otra forma les desvirtúa su vida. Otros ejercen cargos públicos tratando de no darse cuenta de que ocurren las mismas prácticas que antes criticaban para estar un poco en paz con su conciencia. Todos debemos, con optimismo, combatir la frustración que ha hecho que estos conciudadanos se hayan adocenado.

Ni narcodictadura ni narcodemocracia. Por una nueva República…

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Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los menores infractores en Panamá

 

La opinión de…

 

Issamary Sánchez Ortega

Día tras día, hora tras hora, es común y da terror ver el incremento de delitos que cometen los menores infractores en nuestro país.

Pese a la negativa de “alguna entidad del gobierno” en darnos estas estadísticas, que deben ser del conocimiento de toda la ciudadanía panameña, en base al trabajo investigativo realizado pudimos encontrar registros que nos revelan que el 90% de los criminales empezó a delinquir desde que era menor de edad, y que el 83% de los menores que atrapa la Policía cometiendo un crimen sale libre sin llegar a un juez que le imponga una pena.

El 30 de enero de 2010, el Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal, conjuntamente con el Centro de Observación y Diagnóstico, concluyó un estudio entre el 100% de los menores infractores registrados, con la finalidad de conocer las características asociadas a la conducta delictiva. En dicho estudio se observó que el 55% de los menores encuestados abandonaron el colegio en el primer año, en edades comprendidas entre 13, 14 y 15 años, justamente cuando empiezan a experimentar su etapa de desarrollo, cuando el nivel de tolerancia es sensible y mantienen conductas alteradas, con irritabilidad y agresividad.

Por otra parte, el aumento en los índices de violencia en Panamá se atribuye a prácticas relacionadas con el narcotráfico; de cada 10 homicidios que se dan, seis se relacionan con el narcotráfico. Sobre el particular, podemos confirmar que este flagelo está vinculado a la crianza familiar, a la deserción escolar y a las drogas. Es aquí cuando nos preguntamos… ¿dónde están los padres de esos menores?

En la mayoría de los casos, esos padres sirven de ejemplo negativo a los hijos y consideran más importante dedicarse a otras actividades que velar por el buen crecimiento de sus hijos.

Es aquí cuando abogamos por los valores familiares, por la implementación de penas severas y nos mostramos en total acuerdo con que la edad de responsabilidad penal haya sido rebajada hasta los 12 años. Consideramos prudente establecer penas en base al delito cometido, más que a la edad del infractor; sin descartar la importancia de que el Gobierno realice grandes esfuerzos en lograr la resocialización del individuo, la creación de más juzgados y centros de cumplimiento.

Por lo anterior, hacemos un llamado a nuestras autoridades; no solo es importante el Metro Bus, los impuestos, la torre financiera… hay problemas sociales que no deben echar a un lado, dando preferencia al pujante crecimiento económico de nuestro país.

 

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Este artículo se publicó el 4  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Panamá y EU aumentan coordinación en la lucha contra terrorismo y narcotráfico

La nota informativa de la educadora y activista política….


JENNIE  GONZALEZ

Hace muchos años existe el rumor y la sospecha del lavado de dinero y narcotráfico en el aeropuerto internacional de Tocumen, si este cable de la embajadora insinúa que las empresas controladas por las familias Waked y Motta son los responsables del lavado de dinero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen qué más podemos esperar.

Nuestro gobierno ha firmado diferentes convenios para prevenir y contrarrestar el lavado de dinero, el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado y de, igual forma, se establecieron penas más severas para perseguir estos delitos.

Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos (EU), mantienen una estrecha relación, y trabajan coordinadamente en la puesta en marcha de planes y programas encaminados a luchar contra el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de narcóticos.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicación enumeró como prueba de ese trabajo coordinado la firma de un convenio para mejorar el intercambio de información con miras a proteger el sistema de seguridad aérea entre los dos países, precisamente de esas actividades delictivas transnacionales.

El memorando de entendimiento fue suscrito por el presidente Ricardo Martinelli y la Secretaria de Seguridad Nacional de los EU, Janet Napolitano, quien realizó una visita a Panamá y México a finales de noviembre pasado.

Como parte del programa de seguimiento a estas tareas coordinadas entre ambos gobiernos, una delegación del Department of Homeland Security (DHS) de EU, encabezado por Marc López, recibió cortesía de sala la tarde del pasado martes en el Consejo de Gabinete para rendir un informe sobre los pasos puestos en marcha tras la firma con Panamá de un convenio.

En esa reunión estuvieron presentes representantes de los estamentos de seguridad de Panamá, entre ellos Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional; Gloria Moreno de López, directora nacional de Aduanas; María Cristina González, directora del Servicio Nacional de Migración y Juan Carlos Pino, quien funge como director del Tocumen, S.A. que opera la terminal internacional.

Para el DHS, el acuerdo le permitirá a Panamá identificar mejor a personas sospechosas de narcotráfico y terrorismo.

Napolitano utilizó precisamente Panamá para reunirse con representantes de varios países centroamericanos en la sede de la Cancillería panameña en el Casco Viejo para analizar la manera de reforzar la seguridad aérea regional.

GOBIERNO NACIONAL

¡JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÁ!

<> Reproducción de nota publicada en nuestro muro en Facebook por la autora el  13 de enero de 2011 a las 23.07, a quien damos todo el crédito que le corresponde.