¿Caja de Seguro Social para qué?

La opinión de…..

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Zunilda Cajiga Serracín

Muchos cambios pueden realizarse en una institución, si realmente se observa, se analiza y si hay voluntad para hacer cambios reales.   La Caja de Seguro Social (CSS) es una institución insigne, porque todos aportamos importantes sumas de dinero para recibir atención médica.

Recientemente, leí en uno de los diarios locales que la junta directiva de la CSS realizaba tres reuniones semanales para revisar y analizar los procesos administrativos. ¿Qué procesos se pueden revisar, si para ello se requiere una tarea de observación profunda de lo que sucede en cada actividad medular, y luego presentar un esquema de procesos, procedimientos, métodos, tareas y tiempos, para entonces poder señalar los puntos críticos en cada actividad?

Un hecho simple es ver y analizar la triste pesadilla de los miles de panameños que acuden a la CSS, por ejemplo, lo que experimentan con los elevadores en el Complejo Metropolitano. Con la simple tarea de observación podemos sacar conclusiones del grave peligro que estos elevadores representan para la población que acude cada día a sus tratamientos. Se trata de ¡elevadores nuevos, sí, nuevos! que fueron comprados por el gobierno anterior, pero que no cuentan con teléfonos de emergencia, ni siquiera con una guía de qué hacer en caso de peligro.

¿Qué empresa los suministró? ¿Cómo fue otorgada esta compra? ¿Existirán piezas de respuesto en caso de algún daño a estos?

Observen que ni siquiera la marca aparece. No demorará en que se produzca un daño y nuevamente la población tendrá que subir por las escaleras, como lo hicieron por casi un año antes de la compra de esos artefactos.

Todavía, los miles de pacientes que acuden a sus citas se sientan a ver telenovelas y propagandas en los miles de televisores que hay en cada recinto, mientras esperan a ser llamados con un papelito numerado en la mano, cuando se podría instalar tecnología en circuito cerrado y programas educativos de salud.

Todavía se observa la fila de personas de la tercera edad, cansadas y enfermas, que esperan ser atendidas para la entrega de sus medicinas, y al final les dicen que dichas medicinas están agotadas.

Y todavía, luego de casi 12 meses, sigo en espera de que se me asigne mi jubilación.   ¡Imagínense, 12 meses! Observo y analizo la cantidad de pasos y revisiones, esto sin decir los errores que encontré, por ejemplo, que enviar una documentación del Edificio Bolívar a una agencia demora más de una semana, o de un escritorio a otro; mientras alguien lo toma lo revisa … van pasando los meses.

¿Es que no hay quién observe estos detalles? Mientras, muchos sí obtienen su jubilación en tres meses.  ¿Será que todavía hay privilegios y tráfico de influencias? Quien representa a los jubilados ¿está realmente observando estos detalles? Quienes analizan los procesos ¿solicitan esta información básica sobre los esquemas de procesos y tiempos?

Haciendo memoria, en el pasado diálogo por la CSS, contratada por parte de las Naciones Unidas como asistente administrativa, observé y grabé en mi mente algo muy particular:  que muchos de los participantes, especialmente los médicos, solicitaron al gobierno la revisión de los procesos, como un aspecto de vital importancia. Pero este pedido, sumamente vital, pasó desapercibido.

Habrá que traer a Paretto para que nos instruya con su célebre frase: “los pocos vitales y los muchos triviales”.

Que no se demoren en hacer los verdaderos cambios para el bienestar de todos y que procedan anticipadamente para evitar gravísimas tragedias y consecuencias como pasó con el envenenamiento con dietinele glycol, para que la CSS no se convierta en una Caja de Seguro para la muerte.

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Publicado el 23 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito de les corresponde.

Una nueva institucionalidad

La opinión de……

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Zunilda Cajiga Serracín

Todo estado es gobernado por hombres y su mayor logro es su institucionalidad. Y el centro de la institucionalidad es el poder, o sea la relación jerárquica entre los individuos que ordenan y los que obedecen, en base a normas, políticas, procedimientos y métodos para alcanzar su desarrollo.

Por tal razón, los cargos en nuestras instituciones deben basarse en la calidad moral, ética, respeto, tolerancia y nivel técnico–científico de los individuos, de lo contrario nunca será el Estado como lo queremos o lo soñamos, porque está inserta la política que no es asunto de buenos deseos ni de sueños, es asunto de calidad institucional.

Pensar que los que tienen el poder desean desaparecerlo o estén pensando en destruir, hacer colapsar, disminuir, desmontar, desactivar, sustituirlo por poderes privados (grandes oligarcas, grandes financieros, etcétera) o venderlo al mejor postor o cualquier otra atrocidad que se nos pueda ocurrir, es no entender el poder de la institucionalidad del Estado. Sencillamente no están pisando en este mundo.

Solo en los siglos XVI y XVII se predicaron la disolución del Estado y el tiranicidio. El Estado evolucionó del poder ejercido por un individuo o un grupo de individuos (el monarca, el tirano, el dictador) al poder de sus instituciones, a ser decidido en sus funciones y en sus objetivos por los ciudadanos y se logró que tales cosas se inscribieran en el derecho. Y todo esto lo hemos vivido en nuestro país. Muchos años han transcurrido desde ese tiempo de convulsiones sociales y de desafío a las instituciones, en un derrotero político que ha implicado una reformulación de los estudios en este tema tan complejo.

El problema comienza a complicarse cuando queremos definir qué tipo de institución es la más conveniente para normar o gobernar un pueblo. Pues hay que agregar que incluso el Estado, que es plenamente institucional y se rige por los mandatos de la voluntad ciudadana y se somete al derecho, no está libre de lo que producen sus contactos con los grupos de poder privados que florecen en la sociedad: compromisos que a veces son violatorios de la ley, corrupción de sus funcionarios en todos los niveles para favorecer intereses que resultan contrarios al interés público, manipulación ilegal de las políticas públicas, resoluciones judiciales contrarias a la Constitución y sus leyes, colusiones con toda clase de poderosos; es una guerra a muerte en contra de enemigos “peligrosos” que anula el arbitraje neutral que el Estado debe ejercer en los conflictos sociales y políticos.

En los últimos años, cierta intelectualidad, grupos políticos y especialistas enrolados en el pensamiento o crítico han concentrado su atención en aspectos vinculados con lo que hoy ha instalado la corriente dominante como “la institucionalidad”. Se detienen con dedicación en ese aspecto, que no es una cuestión a ignorar para mejorar el espacio democrático, pero a nivel discursivo le han dedicado más relevancia, que el contenido y la tendencia de un proceso económico y social.

No obstante, hay quienes rechazan la necesidad de una “nueva” institucionalidad, que toma en cuenta la complejidad de la sociedad contemporánea, sus transformaciones y sus problemas. Se trata, entonces, de elaborar una concepción capaz de contribuir decisivamente a la comprensión de las instituciones en vías a su transformación democrática, no a su eliminación. No se trata de una retórica que apoya la afirmación del orden establecido como el único viable o el mejor de todos los mundos posibles; esa noción conservadora de instituciones acentúa el carácter de tradición, de permanencia y su “trascendencia” respecto de los individuos.

Esa nueva institucionalidad debe centrarse en eliminar a sus enemigos principales: cleptocracia –gobierno de ladrones; los partidos políticos corruptos; la desresponsabilidad o rechazo de aceptar la obligación de responder al deber; la desinformación por falta de decisiones informadas, por no tener o ignorar información, o por tener información desactualizada o falsa, y la impunidad, falta de investigar y castigar actos corruptos.

La política es ferina y humana, así como el Estado es como es y, así como es lo necesitamos todos. Todos los miembros de una sociedad tenemos una cuota de poder que podemos ejercer de diferente manera y una forma es persistir respecto dela necesidad de definir “reglas de juego muy claras” en la exigencia de mejorar “la calidad de la institucionalidad” sin nichos de privilegios que se concentran principalmente en los partidos políticos.

Esto debe conducir al fortalecimiento de las instituciones políticas formales más decisivas para definir las condiciones de desarrollo: La Constitución, el sistema de gobierno; la administración pública y los organismos de control, el Poder Legislativo; el Poder Judicial y otras instituciones vinculadas; el sistema electoral, el sistema de partidos, los partidos políticos y otras organizaciones; así como a garantizar el derecho de todos los ciudadanos en externalizar sus opiniones y libre expresión del pensamiento en plan de igualdad y sin restricción alguna, acerca del desempeño de los funcionarios públicos, del gobierno y en general del régimen político y orden sociopolítico.

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Publicado  el   14  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.