Asuntos de la CSS

La opinión del Economista y Docente….


ANTOLINO  HERRERA  CASTILLO
antolinoh@hotmail.com

Como hemos dicho en otros momentos, la Caja de Seguro Social es una institución que atiende a multitudes y es sufragada por la cuota patronal, (11.5%) y del trabajador asegurado, (8.0%). De modo que su autonomía financiera está dada principalmente por estas dos vertientes de dinero; se incluye (a lo interno de la institución) desde funcionarios de diversos cargos y jerarquía hasta el director general.    Los que van ahí a administrar, deben saber que administran un recurso económico que no es propio, sino del común de todos los panameños.

Por la complejidad de los servicios que presta y la gran cantidad de personas que se atienden, generalmente se ha participado de caos, mala atención o servicio en la Caja y sus filiales.   Esta aseveración la podríamos trasladar igualmente a otras instituciones del país, como la Contraloría General de la República.   Mas no sucede así.   Aquí generalmente se sabe dónde está un documento y el estatus del mismo; porque ensayan un sistema que permite rastrear cada documento, como si tuviera un dispositivo electrónico, que es improbable que pueda eludir a un buscador.

Seríamos felices si los problemas y asuntos de la Caja fueran solo de ubicación de documentos. A estas alturas todavía me pregunto por qué en primera instancia le rechazan, casi con virulencia, el Presupuesto de la Institución (en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea) al Director General de la Caja.

Luego conversan, y finalmente frente a las cámaras de la TV, el propio representante de la misma declara que no hay ningún problema, y que todo está subsanado. La versión que transcurre en los medios es que estos señores legisladores negocian cargos para sus fanáticos (gente que no piensa) y por alusión a nuestra lengua; gente que corre ciegamente tras una cosa. Esta práctica es ya de vieja data. El resultado es el siguiente:

1. Se abulta la planilla institucional, poniendo en peligro las proyecciones y seguridad financiera de la empresa.

2. Causa escozor y roncha entre los que ya trabajan allí, pues ven llegar a individuos (incluso mejor pagados) con ínfulas de poder criollo, emanadas de alguien que generalmente no sabe nada de administración, ni mucho menos le importa.

3. Esto causa un tremendo daño a la institución, puesto que los que así entran, no saben nada de la Misión ni de la Visión de la Institución; no tienen generalmente una vocación para trabajar en un lugar como este. Entran sin ningún tipo de perfil profesional, etc. ¿Dónde está la Dirección o Departamento de Recursos Humanos en estos casos?

4. Si tan solo existiera un salón de por lo menos tres sillas, para enseñarles, indicarles o instruir al personal sobre las razones por las cuales va a trabajar ahí, y lo que se espera de ellos, y no tan solo la paga quincenal.

5. Me atrevo a decir sin equivocarme, que solo necesitas a tres buenos analistas o contadores de presupuesto con un superior jerárquico de verdad y no de mentirita para limpiar toda la estructura de cargos y sueldos y a lo mejor alcanza, para el clamor de los jubilados y sobra para otras cosas, como la construcción de otros colegios que han pasado a mejor vida, canchas para los niños en los barrios, etc., etc.

Como así están las cosas, los Eladio se repetirán en la historia de la Caja, porque la protesta constante es, hay para unos y para otros no. Pero para qué les aumentan a los viejitos, si de inmediato aparecen como fieras las financieras y otro tipo de bancos, a fin de lograr retornos del capital confiable y seguro. Mientras tanto, otros países como Costa Rica, parten por delante (hace 4-5 años) con el programa: Educación Financiera para la Vida, inculcado al personal docente y a los estudiantes, sobre el uso del dinero; la actitud frente a una necesidad de crédito, la necesidad de elaborar un presupuesto doméstico entre otras cosas. En la administración pública un versado dijo: ‘Aquí la soga no revienta por lo más delgado, sino por lo más grueso’.

¡Hay que curarse en salud! Si no le agradó el artículo hay derecho a reclamo, y si le gustó, está entre los que piensan como yo; harto de tanto entuerto, funcionarios farsantes y engañosos, el juega vivo y la corrupción, que cuando no se ve es que se acomoda para irrumpir con mayor fuerza. ¡Que Dios les bendiga!

 

 

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<> Este artículo se publicó el 10 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Ineptitud manifiesta

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La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat

Dos episodios distintos se resumen en un mismo sentimiento; frustración, indignación e impotencia.   Uno se refiere al suceso del Centro de Cumplimiento de menores donde 7 sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo y otros 4 mostraron lesiones de perdigonazos.   De ellos tres fallecieron.

 

A juzgar por las tomas televisivas, pareciera que este amargo hecho es una muestra de la prepotencia,   del valor que tiene la vida de los privados de libertad para quienes estaban a cargo, que en esta escena en particular eran lo más parecido a basuras humanas.

No basta con estar presos como pago de su error, además “merecen” ser tratados como estiércol por quienes los vigilan para rematar su pena.

Una cultura cavernícola característica de la época nazi que impide cualquier posibilidad de readaptación a una vida digna, un trato inverso al objetivo de resocialización que debería cumplir el centro en mención.

Seguimos mostrando una conducta de arrinconamiento, que frustra cualquier posibilidad de rehabilitación. ¿Cómo cree usted que pueden sentirse los mismos afectados, sus familiares o los testigos ante esta escena?   Lo lógico es que sientan rencor y deseos de venganza.

Cualquier persona que ve un animal arder actúa en su ayuda por instinto de supervivencia, aquí observamos todo lo contrario.

El otro caso es la inexplicable tarifa fiscal que pretende imponer el Alcalde capitalino. Nadie sabe decir de donde salió el cálculo mencionado ni se muestran planos o proyectos serios a los que se destinará el recaudo. 

Lamentablemente los antecedentes en este aspecto hablan de un manejo administrativo deficiente, donde las prioridades no parecen responder a las verdaderas necesidades comunales sino a proyectos improvisados que se desploman ante cualquier crítica.

Los ciudadanos estamos cansados del trato prepotente y sarcástico. Quien no sabe hacer su trabajo que renuncie y ceda paso a otro más capacitado. 

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<>Artículo publicado el 17  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Incidentes del proceso administrativo

 

 

La acción debe ser presentado en dos días hábiles tras la notificación de la resolución que admitió la petición.  La opinión del Administrador de ACODECO…

PEDRO MEILÁN

LA LEY NO. 38 de 31 de julio del 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, en su título VIII, capítulo I, desarrolla lo relativo a los incidentes, estableciendo en el artículo 107 que en los procesos administrativos es viable la presentación de incidentes para plantear cuestiones accesorias al proceso principal, siempre que medien los presupuestos o requisitos señalados en la presente Ley.

El doctor Jorge Fábrega Ponce, en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, señala que el proceso se desenvuelve mediante un conjunto de actos sucesivos, concatenados entre sí, dirigidos a decidir una pretensión y de ser viable, hacerla efectiva, pero puede ocurrir y suele ocurrir que durante ese devenir, surjan cuestiones que resulta necesario decidir.

Las que se refieren a la pretensión o al fondo, se les conoce como cuestiones de mérito y las cuestiones accesorias se les conoce como cuestiones incidentales.

El término incidente procede del latín, incido, incidentes, (acontecer, interrumpir, suspender) lo que sobreviene accesoriamente fuera de lo principal. Procesalmente significa la cuestión que sobreviene entre las partes durante el curso del proceso y que converge a la sentencia o se relaciona con la tramitación.

La Ley No. 38 de 2000, establece en sus artículos 109 y 110, que desde el momento en que la petición o solicitud que ha dado origen al proceso es admitida por la autoridad respectiva, el peticionario y demás personas admitidas en el proceso en calidad de partes, pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya el término para practicar pruebas y que toda cuestión accesoria a un proceso administrativo, que requiera pronunciamiento especial, se tramitará como incidente y se sujetará a las normas contenidas en el citado capítulo I, de no tener señalada por Ley, una tramitación especial.

A través de la vía de incidente, se puede plantear la falta de competencia de la autoridad que aprehendió el conocimiento del proceso; la nulidad de lo actuado; la caducidad de la instancia; la excepción de transacción, cosa juzgada o desistimiento de la pretensión; la recusación de la autoridad que ha aprendido el conocimiento del proceso y las demás que establezca la Ley.

A fin de facilitar su tramitación, la Ley prevé, que el escrito en el que se presenta un incidente no requiere de formalidades especiales, pero deberá contener con claridad lo que se pretende, los hechos o razones en que se fundamentan y las pruebas que se presentan o proponen.

Aunado a lo anterior, todo incidente que se fundamente en hechos anteriores o coetáneos a la iniciación del proceso deberá ser presentado dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que admitió la petición.

Si se sustenta en hechos posteriores a la iniciación del proceso, deberá ser promovido dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que tales hechos llegaron a conocimiento de la parte que lo presenta y si se trata de un incidente de nulidad de lo actuado, en similar término a la fecha en que la parte que lo promueve, tuvo conocimiento de los hechos en que se fundamenta.

En publicaciones posteriores, continuaremos desarrollando el tema, lo que comprende su clasificación.

<> Artículo publicado el 9 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un proceso de evaluación participativo

La opinión de….

Mariana A. de McPherson

El concepto de evaluación ha sido reorientado hacia el proceso que permite identificar oportunidades de mejora para tomar decisiones que alcancen el objetivo último de la evaluación, el cual es “mejorar”.

En este proceso se evalúa los métodos de trabajo, los procedimientos, los recursos que se utilizan, los resultados, el impacto que éstos alcanzan y todas las actividades que inciden en el logro de los objetivos de la institución. Vista así, la evaluación tiene que ser participativa.

La participación se sustenta en que no todos los integrantes o estamentos de la institución tienen información sobre todas las actividades, procesos o resultados que se deben evaluar, trátese de directivos, docentes, estudiantes o personal administrativo.

De hecho, hay información relevante que habrá que preguntar a la sociedad, tal como la relacionada con la proyección social, resolución de problemas a la comunidad y aplicación de conocimientos.

En este sentido, es invaluable la información que puede proporcionar la sociedad a través de los gremios de profesionales, sector productivo, graduados y padres de familia, sobre lo que esperan de la universidad, del perfil de los egresados y las oportunidades que, en consecuencia, pueden aprovechar éstos una vez se inserten en el mercado laboral, bien sea como empresarios o como parte de una empresa ya establecida.

Para que el proceso tenga validez, es importante que los participantes brinden información fidedigna.

La información recopilada será válida y confiable en función de factores como los siguientes: Diseño de los instrumentos para recopilar, plasmar y analizar la información; cientificidad en el diseño de las muestras de los sectores participantes; credibilidad de la cual goce el proceso de evaluación por parte de todos los actores.

Para desarrollar credibilidad y confianza en el proceso se requiere desarrollar actividades de sensibilización sobre la importancia de la evaluación, ya que es menester que ésta se haga porque todos los participantes sienten que es necesaria y no porque es impuesta.

No obstante, hay que asegurar, previamente, la existencia de un clima organizacional adecuado, es decir, una organización “sana”. Cualquier esfuerzo conjunto tiene que realizarse en condiciones que los participantes se sientan libres de responder. Esto es necesario para que el esfuerzo tenga éxito.

Y, el proceso de evaluación institucional implica, por sí mismo, un esfuerzo conjunto.

Es probable que, crear y mantener un clima de confianza sea un proceso más difícil que la evaluación. Pero, tiene que crearse ya que, el éxito del proceso de evaluación y de la ejecución del plan de mejora correspondiente, depende de las condiciones en las cuales se realicen.

La participación impacta sensiblemente el sentido de compromiso con la ejecución de la propuesta y desarrolla sentido de pertenencia con la institución.

Todos los colaboradores tienen capacidad para aportar lo propio en la elaboración del plan de mejoras, al menos en lo que concierne a actividades en las que participan directamente.

La participación permite al personal aportar criterios para establecer prioridades, presupuestos y requerimientos de recursos para ejecutarlo. Lo anterior implica que los resultados, los hallazgos y las conclusiones producto del análisis de la información recopilada, se deben divulgar y compartir.

Por ello, es trascendental la sensibilización sobre los objetivos del proceso de evaluación: Recordar que se trata de mejorar y que la única manera de lograrlo es mediante un proceso de evaluación.

El hecho de que una gran parte del personal sea consciente de los objetivos y de la importancia del proceso, acallará las voces que intenten desvirtuarlo señalando culpables, reaccionando con mecanismos de defensa o encaminando los resultados hacia beneficios o intereses particulares.

Un programa de monitoreo es imprescindible para hacer los ajustes que se requieran durante la ejecución del plan de mejora. Es decir, el mismo plan debe tener indicadores de eficiencia, de eficacia y de impacto.

Con la participación y la divulgación de los resultados, se logrará crear y desarrollar una cultura de evaluación en la que todos aprenden: estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo, investigadores, autoridades y la sociedad en general.

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Este artículo se publicó el 25 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La virtud de una muy buena gestión

La opinión de…..

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Omar O. López Sinisterra

La Gestión Académica y Administrativa de una universidad, es de vital importancia para la consecución del fin que distingue a la institución a través de su visión y su misión.

En la actualidad y desde hace años, la Universidad de Panamá se ha consagrado como la universidad del pueblo, en donde estudiantes de todos los sectores e inclusive de los más humildes, acceden a este centro de enseñanza.

La administración de un centro educativo como lo es la Universidad de Panamá, no es fácil por varios motivos: el pluralismo ideológico inmerso en su población, su amplia cobertura geográfica, su compleja oferta académica, y las funciones diversificadas que le han brindado el soporte necesario para fortalecer la academia y su infraestructura.

Pero la Universidad impacta diariamente en la sociedad panameña que adolece de múltiples necesidades y sobre todo en los sectores marginados y desposeídos. Cientos de programas desarrollados por la administración universitaria y sus unidades académicas y administrativas, fluyen por las venas de nuestra patria apoyando de manera irrestricta las necesidades de la población.

En lo que refiere a lo que significa la virtud de una muy buena gestión, lleva impresa la connotación tanto práctica como epistemológica, en cuanto a que el administrador, el gestor o en este caso el rector de la universidad, tiene que perfeccionar el hábito de la inteligencia para tener un conocimiento de las cosas en función o razón de su naturaleza causal; además en su naturaleza empírica, debe modelar lo que significa diferenciar el bien del mal, deliberar y juzgar para el logro de sus realizaciones, y aplicar la verdad para la construcción de las acciones pertinentes al quehacer universitario.

El Rector de la Universidad de Panamá Gustavo García De Paredes, ha dado muestra de lo que significa la virtud de una muy buena gestión. La Universidad de Panamá es una entidad extremadamente compleja donde confluyen mentalidades, intereses, proyecciones, y acciones que se dirigen a nuestra sociedad y que a la vez la convierte en el espejo de la misma. La Universidad es una pequeña república en donde se escuchan voces que llevan diferentes mensajes y que no dejan de ser recogidos en el marco de la mejor voluntad.

Es muy difícil conocer la universidad debido a su complejidad, pero en el marco de ese pluralismo ideológico que la caracteriza y que permite la organización y la expresión de las diversas opiniones, se convierte en el signo inequívoco que le concede una de sus mayores riquezas y fortalezas: la conjugación y la acción de los tres estamentos universitarios.

El equilibrio institucional y su evidente progreso, solo se puede reflejar cuando existe una administración eficiente con una dirección capaz de sobrellevar las más caras angustias que forman parte del quehacer institucional. Así lo ha demostrado el Rector Gustavo García de Paredes a través de su gestión, la que ha llevado a la Universidad de Panamá al reconocimiento nacional e internacional.

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Este artículo se publicó el  17  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Caja de Seguro Social para qué?

La opinión de…..

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Zunilda Cajiga Serracín


Muchos cambios pueden realizarse en una institución, si realmente se observa, se analiza y si hay voluntad para hacer cambios reales.   La Caja de Seguro Social (CSS) es una institución insigne, porque todos aportamos importantes sumas de dinero para recibir atención médica.

Recientemente, leí en uno de los diarios locales que la junta directiva de la CSS realizaba tres reuniones semanales para revisar y analizar los procesos administrativos. ¿Qué procesos se pueden revisar, si para ello se requiere una tarea de observación profunda de lo que sucede en cada actividad medular, y luego presentar un esquema de procesos, procedimientos, métodos, tareas y tiempos, para entonces poder señalar los puntos críticos en cada actividad?

Un hecho simple es ver y analizar la triste pesadilla de los miles de panameños que acuden a la CSS, por ejemplo, lo que experimentan con los elevadores en el Complejo Metropolitano. Con la simple tarea de observación podemos sacar conclusiones del grave peligro que estos elevadores representan para la población que acude cada día a sus tratamientos. Se trata de ¡elevadores nuevos, sí, nuevos! que fueron comprados por el gobierno anterior, pero que no cuentan con teléfonos de emergencia, ni siquiera con una guía de qué hacer en caso de peligro.

¿Qué empresa los suministró? ¿Cómo fue otorgada esta compra? ¿Existirán piezas de respuesto en caso de algún daño a estos?

Observen que ni siquiera la marca aparece. No demorará en que se produzca un daño y nuevamente la población tendrá que subir por las escaleras, como lo hicieron por casi un año antes de la compra de esos artefactos.

Todavía, los miles de pacientes que acuden a sus citas se sientan a ver telenovelas y propagandas en los miles de televisores que hay en cada recinto, mientras esperan a ser llamados con un papelito numerado en la mano, cuando se podría instalar tecnología en circuito cerrado y programas educativos de salud.

Todavía se observa la fila de personas de la tercera edad, cansadas y enfermas, que esperan ser atendidas para la entrega de sus medicinas, y al final les dicen que dichas medicinas están agotadas.

Y todavía, luego de casi 12 meses, sigo en espera de que se me asigne mi jubilación.   ¡Imagínense, 12 meses! Observo y analizo la cantidad de pasos y revisiones, esto sin decir los errores que encontré, por ejemplo, que enviar una documentación del Edificio Bolívar a una agencia demora más de una semana, o de un escritorio a otro; mientras alguien lo toma lo revisa … van pasando los meses.

¿Es que no hay quién observe estos detalles? Mientras, muchos sí obtienen su jubilación en tres meses.  ¿Será que todavía hay privilegios y tráfico de influencias? Quien representa a los jubilados ¿está realmente observando estos detalles? Quienes analizan los procesos ¿solicitan esta información básica sobre los esquemas de procesos y tiempos?

Haciendo memoria, en el pasado diálogo por la CSS, contratada por parte de las Naciones Unidas como asistente administrativa, observé y grabé en mi mente algo muy particular:  que muchos de los participantes, especialmente los médicos, solicitaron al gobierno la revisión de los procesos, como un aspecto de vital importancia. Pero este pedido, sumamente vital, pasó desapercibido.

Habrá que traer a Paretto para que nos instruya con su célebre frase: “los pocos vitales y los muchos triviales”.

Que no se demoren en hacer los verdaderos cambios para el bienestar de todos y que procedan anticipadamente para evitar gravísimas tragedias y consecuencias como pasó con el envenenamiento con dietinele glycol, para que la CSS no se convierta en una Caja de Seguro para la muerte.

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Publicado el 23 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito de les corresponde.

Una escandalosa denegación de justicia

La opinión del Abogado…….

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

MINA HYDRO-POWER CORP. ha interpuesto un proceso administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte contra la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para impugnar, como nula por ilegal, la resolución de la concesión administrativa para el proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina.

Este constituye uno de los casos más emblemáticos de la historia de la abogacía en Panamá: un asunto de alto perfil jurídico tanto por sus implicaciones económicas, doctrinales y jurisprudenciales, como por los sujetos procesales que en él intervienen, tanto activa como pasivamente, hasta de forma subyacente. La contienda contempla el artificio que busca favorecer indebidamente al Estado con un privilegio que no le es reconocido por la ley procesal: sustanciar el mencionado proceso sin la contestación de la demanda en el término oportuno, para subsanar indebidamente la carga procesal correspondiente.

Consideramos totalmente improcedente la pretensión de interpretar ilegalmente el informe explicativo de conducta para convalidar o subsanar el presupuesto procesal omitido, que es exigido por las formalidades esenciales que contiene, porque le hacen imprescindible para la continuación de la tramitación normal del proceso, por efecto de que ese acto previamente fue declarado nulo o inadmisible, y por lo tanto inexistente, y sin posibilidad de producir efecto jurídico alguno en el proceso.

Por otro lado, se desatiende el hecho de que a dicho informe explicativo, por ser un acto procesal concomitante y dependiente de la contestación de la demanda inadmitida, también le alcanza el vicio de nulidad acreditado contra el mismo en el proceso. ¿Cómo es posible convalidar un acto inexistente en esas condiciones?

Se hace, pues, evidente que la perseverancia de seguir un procedimiento distinto al que legalmente corresponde, constituye una transgresión irreverente del derecho a la defensa y la igualdad de las partes; con ello se vulnera el debido proceso legal, y al obstaculizarse el trámite aplicable al caso, se defenestra la función jurisdiccional, toda vez que la carga procesal omitida impide la confrontación de hechos requeridos para su debida subsunción con las normas aplicables. Así, por la carencia de oposición contra la pretensión contenida en la demanda se produce una litigiosidad ficticia.

La función social de la abogacía exige en su ejercicio: claridad, adecuación y precisión sobre el tratamiento e interpretación del derecho objetivo. Desde que los Estados consagran la dignidad humana como el valor supremo que informa el ordenamiento jurídico, la función del abogado alcanza su transcendencia definitiva, al aportar a la sociedad en que se integra la técnica y el conocimiento necesarios para la defensa de sus derechos. Pero de nada sirve esto si el sistema judicial de la nación no provee el medio idóneo para defender los derechos que a cada cual corresponden.

Se vulnera el debido proceso en materia contencioso administrativa, al desconocerse que el mismo está instituido constitucionalmente para velar por un procedimiento garantista y justo tendiente a proteger al administrado de los posibles desafueros de la administración en detrimento de determinado particular.

El abogado y el juez no entrañan una función contrapuesta, toda vez que como auxiliar del juez, está llamado a documentarlo adecuadamente para que “ no se tuerza la justicia ”; así como para mostrarle, de la manera más clara y completa posible, las razones de hecho y de derecho que favorecen a su cliente, así como los fundamentos jurídicos de su oposición a las pretensiones de la parte contraria.

Es por ello que se dice que la independencia del abogado resulta tan necesaria como la imparcialidad del juez dentro de un Estado de Derecho. Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son atributos que deben calificar cualquier gestión del abogado: Constituyen el fundamento de las necesarias relaciones de confianza abogado–cliente y la base del honor y dignidad de la profesión.

Cuando nos percatamos de que el derecho a la tutela judicial efectiva queda convertido en letra muerta en el caso que analizamos, resulta imperativo evitar la consumación de las siguientes acciones, totalmente infundadas e inconsistentes, según quedan radicadas en el proceso en mención:

1—. La doble notificación al apoderado privado constituido de la ASEP para propiciar deliberadamente, la repetición indebida tanto del término del traslado como el de la contestación de la demanda;

2—. La pretensión indebida de subsanar la falta de contestación de la demanda como acto inexistente en el proceso —y por tanto, nulo de pleno derecho— mediante el informe explicativo de conducta expedido por el director de la ASEP, quien no es abogado.

3—. El empecinamiento en seguir un trámite distinto al establecido por la Ley, ante la omisión de la contestación de la demanda, vulnerando el debido proceso constitucional.

4—. La usurpación de la competencia privativa, al pronunciarse indebidamente sobre el fondo de una advertencia de inconstitucionalidad —con lo que se vulneró el derecho fundamental de acceso a la tutela constitucional—, al obstaculizarse deliberadamente su remisión al Pleno de la Corte Suprema.

En consecuencia, nos corresponde exponer los recursos que se establecen legalmente para la protección judicial de las garantías de un buen proceso, en atención al cuarto mandato del abogado, según COUTURE:   “ Lucha; tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, entonces lucha por la Justicia ”.

El abogado debe hacer valer el interés de una parte, para que el juez pueda hacer valer la justicia. Rubrica de la Rúa: “ ¿Cómo podría el juez, que es un tercero ajeno y desinteresado, imparcial para poder ser justo, administrar su justicia y encontrar el equilibrio del Derecho, si no pudiera percibir, en la contradicción y el debate, las pretensiones opuestas? ”.

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Publicado el 30 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.