La quiebra de British American

Reproducimos el artículo de opinión de….

–

Jennipher Lasso de Díaz

Soy corredora de seguros desde hace nueve años y he laborado en la industria aseguradora los últimos 11. Tengo mi seguro médico en British American, así como mi familia, mi esposo y amigos cercanos a quienes ofrecí el producto de la compañía, que en Panamá tenía una salud financiera adecuada hasta el retiro de las reservas por parte de sus directores/accionistas, situación que no ha sido bien esclarecida.

Las tentaciones nunca faltan, si eres financista o un simple obrero, dejar a la voluntad humana el dinero de otros no es una buena idea y los escándalos financieros no cesarán en la medida en que el hombre pise esta tierra; sin embargo, la industria de seguros, por la misma sensibilidad del tipo de negocio que es “está regulada” y,   aunque errar es de humanos, esto no debió suceder.

Siendo responsabilidad del Estado, por conducto de la Superintendencia de Seguros, el velar por la confiabilidad, rentabilidad y salud de la industria. Me pregunto hoy (como cliente y asesora) ¿quién no hizo su trabajo correctamente?

Los errores tienen un precio, esta vez y al parecer como siempre (a poco más de 12 años de la tragedia de la Universal de Seguros), el error lo pagan quienes menos deben: los desprotegidos asegurados.

¿No era factible para el Estado proveerle un préstamo a la aseguradora para resolver el tema de la reserva? ¿No era factible invertir seis millones de dólares para rescatar los 11 millones de quienes cuentan con fondos de pensiones y ahorros en dicha empresa? ¿Nacionalizarla? o tal vez ¿cederla?

La información que se manejaba era que la compañía tenía un superávit mensual de $200 mil dólares ¿deben perder los asegurados la credibilidad en la buena fe de la industria por culpa de algunos bandidos y otros negligentes?

Ahora, tras siete años de anteproyectos de ley, discusiones y demás coqueteos de la Superintendencia, no faltará el mago que saque de su sombrero una nueva reforma a la industria, dándole obsolescencia a la actual ley de seguros, con una Superintendencia medio a la sombra de los poderosos, donde aún vemos como en las grandes financieras de este país se coacciona a los clientes a adquirir las pólizas a través de sus aliados estratégicos, bancos dueños de aseguradoras; en donde no es permitido tener un agente de seguros o ejecutivos de compañías haciendo uso de las bases de datos de los bancos para “mercadear” los productos directamente, y otros tantos manejos de competencia desleal.   Le parecerá a todos buena la moción y se dirá: ¡sí, es correcto, la ley debe reformarse, en bien de la colectividad de usuarios!

Pero surge el demonio de la duda y me pregunto: ¿será cierto que la ley nueva proveerá herramientas a los usuarios que les permita sentirse más seguros, respaldados y asesorados al adquirir sus pólizas?   ¿Será cierto que con una nueva ley nunca más un asegurado perderá sus ahorros depositados, con fe y esperanza, en manos de expertos que le garanticen un saludable retorno?   O esta propuesta ¿será en beneficio (como la mayoría de las veces) de quienes ostentan el poder financiero (aquellos que suelen tener la sartén por el mango)?

¿A qué nos llevará esto?   ¿A que las reservas estén pignoradas a la Nación? ¿Será financieramente factible esto? No hay coloso en este país que aguante una medida como ésta, pero a duras penas pareciera que fuese la única salida realmente protectora a los depositarios, pues como en espiral, la historia se ha repetido.

Esta decisión ha causado la muerte de la fe y esperanza de muchos, la credibilidad y la confianza de otros, ha dejado sin empleo a muchas familias, y tanto usuarios como proveedores nos preguntamos ¿por qué se actuó de esta forma?

<>

Este artículo se publico el 10 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.