La unión hace la fuerza

La opinión de la Diputada de la República…

Yanibel Ábrego

En las últimas semanas los diversos medios de comunicación ventilan un tema que guarda mucha importancia y que representa una lucha que por décadas se ha estado llevando en la política criolla: la paridad de género en las postulaciones en los cargos de elección popular a nivel de partidos políticos. Sin lugar a dudas es un tema que despierta pasiones, pero que es visto con muy buenos ojos por diversas agrupaciones circunscritas a nivel nacional.
La reciente aprobación de la paridad de género en las postulaciones por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) es un paso en la dirección correcta al perfeccionamiento de nuestra democracia político-electoral la cual estaba arrojando un común denominador: la vertiginosa reducción de mujeres postuladas por los partidos y ocupando puestos de elección como alcaldías, representaciones, y diputaciones.

Irónicamente nuestra Asamblea Nacional ostenta el porcentaje más bajo de mujeres en toda Latinoamérica, con tan solo un 8.5% de curules ocupadas. Lo anterior generó reacciones de entidades de alto nivel como la Organización de las Naciones Unidas quienes no dudaron en pronunciarse respecto a esta realidad.

Las estadísticas revelan que el número de mujeres inscritas en partidos políticos en nuestro país asciende a 574,038 aproximadamente. Consideramos que el escenario es propicio para poner en marcha la paridad de género en los próximos comicios electorales.

Tenemos que reconocer la voluntad del Magistrado Gerardo Solís quien, desde el primer momento en que las diversas organizaciones mostraron la iniciativa sobre la paridad de género en el sistema electoral, se mostró consecuente con las aspiraciones femeninas y demostró su intención para que lo solicitado no quedara en letra muerta.

Para nadie es un secreto las vicisitudes que enfrentamos las mujeres en las contiendas electorales. Mi caso no fue la excepción, razón por la cual, resulta de vital importancia que todas las que ocupamos puestos de elección popular dejemos un legado a las presentes y futuras generaciones facilitando el camino para que la mujer incremente su grado de participación y pueda involucrarse con mayor potestad en la toma de decisiones en lo concerniente a los temas nacionales. No es una lucha de algunas, sino de todas.

En adelante se deben tomar acciones que garanticen la sostenibilidad del 50% de postulaciones de las mujeres, una vez sea ratificada la propuesta, con el objetivo que no corra con la misma suerte de la propuesta vigente del 30% y que simplemente ningún partido político respetó en las elecciones del año 2009.

Reiteramos nuestra posición que la paridad no es sinónimo de enfrentamiento con el género masculino, por el contrario, es un derecho adquirido que debe valorarse y respetarse. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el número de mujeres electas en puestos de elección popular se incrementará notablemente para los próximos comicios electorales. ¡La unión hace la fuerza!

<> Artículo publicado el 4 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

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Buenas nuevas para las ONG

La opinión de la Honorable Diputada por el 8-2 (Capira)…

Yanibel Ábrego 

A manera de referencia tenemos que una organización no gubernamental (ONG) es una entidad de carácter público, con diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de organismos internacionales.

Jurídicamente adopta diferentes denominaciones tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer sector y sector social.

En la República de Panamá el trabajo de las ONG representa un gran apoyo que por décadas, y casi de forma anónima, han tenido estas organizaciones con propósitos definidos y sobre todo con el objeto de mitigar, dentro de sus posibilidades, diversas problemáticas como es el caso de la desnutrición, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, entre otras problemáticas. Son muchos los ejemplos de ONG que operan en nuestro país y que tienen incidencia local e internacional, desde una perspectiva distinta, pero con objetivos definidos y comunes. En la República de Panamá tenemos el privilegio de contar con gran cantidad de estas organizaciones que con sacrificio brindan su aporte social.

Lo anteriormente expuesto nos motivó a elaborar un anteproyecto de ley “Que establece la donación de bienes estatales en desuso, en beneficio social”. En este sentido, son muchos los bienes que se compran cada año en las instituciones estatales tales como escritorios, computadoras, vehículos, por mencionar algunos; sin embargo, la burocracia y el manejo descontrolado de la cosa pública produce que al dañarse o deteriorarse algún bien del estado, sean arrojados a depósitos y con el tiempo son objeto de un total abandono, lo que conlleva directamente a la pérdida de estos activos sin que sean aprovechados por aquellos que puedan necesitarlos. La esencia del anteproyecto es que estos bienes reviertan directamente a causas sociales, y que los ciudadanos puedan palpar el uso benéfico de un determinado bien, que fue comprado con los impuestos de todos, y al final del camino prolongar su rendimiento beneficiando a terceros.

Los bienes estatales que se encuentren en desuso podrán ser donados a organizaciones no gubernamentales; asociaciones de pequeños productores; escuelas oficiales de difícil acceso; albergues; asociaciones sin fines de lucro que realicen comprobadas labores sociales y cualquier otra agrupación que así lo solicite, siempre que tengan un fin social o comunitario, y cuenten con la documentación pertinente. Las reparaciones del bien serán asumidas por el grupo que recibe la donación.

En resumen, esta iniciativa legislativa servirá como paliativo social en diversas áreas, bajo los parámetros del control y la responsabilidad, con el propósito de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población.

<> Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quiens damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El dilema de los apagones

La opinión de la Honorable Diputada ….

YANIBEL ÁBREGO

En reiteradas ocasiones somos testigo de los inconvenientes que tienen los ciudadanos de todo el país con la problemática de quién asume las responsabilidades al momento de los bajones eléctricos, conocidos popularmente como apagones.

Para nadie es un secreto que las tormentas suelen provocar cortes en el suministro de electricidad y no es infrecuente que se denuncien irregularidades en los electrodomésticos a las compañías eléctricas. Y es que los apagones inesperados pueden traer consecuencias para los aparatos.

La tendencia indica que los apagones generalmente tienen carácter intermitente, pero son más que suficientes para inhabilitar los aparatos conectados a la red eléctrica. Los potenciales problemas de energía se multiplican si la red de transmisión y distribución de electricidad está muy cerca del límite operativo, aunque no es fácil establecer una causa—efecto entre los fallos en el abastecimiento del servicio de energía eléctrica. Los apagones pueden generar importantes pérdidas para las empresas y graves trastornos para el ciudadano. No hay más que imaginar un fallo en la red que controle los semáforos.

En este sentido, el trastorno y la impotencia colectiva es lo que nos llevó a presentar un anteproyecto de ley conjuntamente con nuestro colega Sergio Gálvez, para establecer sanciones contra las distribuidoras eléctricas que no cumplan con la responsabilidad de resarcir los daños que causen a los electrodomésticos de los consumidores por apagones y fluctuaciones de voltaje, proyecto que se encuentra en el seno de la Comisión de Comercio.

Comprendemos que no es un tema fácil de abordar por el poder que tienen las empresas del sector energético en el país, sin embargo, a través de la propuesta buscamos reglamentar y otorgar mayores facultades a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para exigir a las empresas eléctricas que cumplan en un periodo no mayor de 72 horas con los reclamos de los clientes. Le corresponderá a la ASEP establecer las multas por incumplimiento por parte de las distribuidoras eléctricas, en caso de que no se atiendan las quejas sin que se tenga que exigir la factura del electrodoméstico o del equipo afectado como ocurre en la actualidad.

Posterior a la presentación del anteproyecto son muchas las personas y organizaciones que nos han dado muestras de apoyo con respecto al tema, que actualmente repercute en la economía familiar, que hace el sacrificio para obtener un bien electrodoméstico y al momento en que ocurre un apagón nadie se hace responsable. La norma no busca fomentar el abuso del consumidor denunciando a la libre, sino que previo avalúo y comprobando que el bien fue objeto de un apagón, se ofrezca la compensación al usuario en el menor tiempo posible. Con esta ley también se beneficiarán los comercios e industrias.

Finalmente, apelamos a la buena voluntad de nuestros colegas para obtener el consenso necesario que permita la aprobación de este anteproyecto de ley; al final del camino el pueblo lo agradecerá.

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Este artículo fue publicado el  8 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

La necesidad de un equilibrio

La opinión de…..

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YANIBEL ÁBREGO

Los temas que guardan relación con el medio ambiente son de vital importancia y requieren de un esfuerzo integrado entre todos los componentes de la sociedad.   En este sentido, la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá ha permanecido sujeta a leyes específicas y a investigaciones intensas desde la construcción de la vía interoceánica, lo que la convierte en una de las áreas más estudiadas del país por su extraordinaria flora y fauna.

Actualmente en la Cuenca Hidrográfica existen comunidades de escasos recursos establecidas dentro y en sus alrededores, que para poder vivir dependen principalmente de actividades productivas, tales como la agricultura, la caza y la ganadería; lo que ejerce presión sobre los recursos naturales del área, produciendo el deterioro de la Cuenca Hidrográfica, debido a la tala indiscriminada, la siembra de cultivos no apropiados para la región, la contaminación, la caza y extracción ilegal de especies, entre otros, los cuales son factores que inciden en la zona con profundas repercusiones ambientales.

Irónicamente, estas poblaciones van en aumento a medida que se incrementa el número de habitantes alrededor de estas áreas, lo cual trae consigo una serie de retos sociales, económicos y ambientales.

Existe una realidad, la escasez de recursos económicos, de vivienda, los problemas de salud, el desempleo, la desnutrición, pero sobre todo el desconocimiento en el tema ambiental obliga a los pobladores a obtener insumos para su respectiva subsistencia de la Cuenca Hidrográfica, en detrimento de esta. En consecuencia, entendemos que la ACP es la responsable por la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la Cuenca Hidrográfica, en coordinación con organismos estatales establecidos por Ley.

Lo antes expuesto nos motivó a presentar un anteproyecto de ley que promueve el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a la cuenca, lo que beneficiará a los distritos de Panamá, Arraiján, La Chorrera, Capira, Colón, Portobelo y Chagres. Lo que perseguimos con el proyecto en mención es lograr que en estas comunidades se promuevan políticas que propugnen por el desarrollo de la micro y pequeña empresa y la distribución de recursos de manera adecuada, que permita el progreso de sus pobladores sin deteriorar la riqueza del área.

A la vez, se estaría creando la Comisión Comunitaria de la Cuenca Hidrográfica, que estaría integrada por un representante de la sociedad civil, la ACP, el MEF, la ANAM, y AMPYME. El Estado, a través de esta comisión comunitaria, procurará el desarrollo de actividades económicas, productivas y educativas en las áreas aledañas a la cuenca.

En resumen, todos los involucrados en el tema deben estar conscientes de lo importante que es encontrar un beneficio tangible a los moradores de los distritos aledaños a la cuenca, a la vez, extendemos un llamado a todos los grupos ambientalistas existentes a que se sumen a la iniciativa, con el objeto de encontrar un equilibrio entre las partes, porque preservar el ambiente es también preservar la Humanidad.

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Este artículo se publicó el 16   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Una educación sin burocracia

La opinión de la Honorable Diputada de la República…..


Yanibel Ábrego

En las últimas dos décadas la educación panameña ha estado afectada por diversos factores, entre ellos, la burocracia que implica la contratación de obras y la compra de bienes y servicios requeridos por la entidad, lo cual retrasaba la ejecución y el proceso de pago de los mismos e impide que el Estado garantice el derecho a la Educación en condiciones que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la República de Panamá.

El problema educativo tiene otros problemas, pero, al que hacemos referencia incide directamente en la calidad de vida de todos los involucrados en el sistema: educadores, estudiantes, administrativos, y proveedores.

En este sentido, recientemente se aprobó en la Asamblea una importante ley “Qué establece un régimen especial de adquisiciones de obras, bienes y servicios para el Ministerio de Educación” lo que en gran medida significa una agilización palpable a cualquier trámite administrativo que realice el Meduca, pero sobre todo, con la brevedad que requieren los diversos casos fortuitos que se van presentando en nuestros centros escolares a lo largo y ancho del territorio nacional.

Con la presente norma jurídica el Meduca adoptará un sistema especial para seleccionar los contratistas en dos etapas. A la vez de forma inédita se establecería un banco de proponentes para contratar las obras y la compra de bienes y servicios requeridos por la entidad. Lo anterior obedece a que por lo general existía un retraso en la ejecución y el proceso de pago de los mismos, por consiguiente, obtener los servicios por parte de empresas de trayectoria comprobada era casi imposible, y esto obligaba a licitar por menor valor lo que se traduce en el viejo adagio que “lo barato sale caro”.

En este sentido, se podrían establecer acuerdos basados en lista de precios, previamente establecidos en los pliegos de cargos, para la adquisición de bienes y servicios, lo que a juicio de la Ministra de Educación esta iniciativa de ley será de enorme agilidad al momento de la adquisición de estos bienes o servicios, lo que redundaría en una más rápida y ágil solución de los problemas de infraestructura, principalmente en lo concerniente a las reparaciones de los centros educativos en todo el país.

El Estado está haciendo los esfuerzos con esta ley, sin embargo, la otra parte para encaminar positivamente esta iniciativa depende totalmente del recurso humano. Todos los involucrados en el tema educativos debemos estar anuentes en culturizar al estudiantado a que cuide y salvaguarde los bienes de los diversos planteles, a crear una cultura de pertenencia en las comunidades, a criterio personal en este aspecto es que está la clave del éxito.

En resumen, en los próximos meses se percibirán importantes avances en la infraestructura de los planteles educativos a razón de que los materiales e insumos que se implementaran en las escuelas contarán con el tiempo de vida pertinente y bajo estándares de calidad que llenará de satisfacción tanto a estudiantes y educadores como a los padres de familia y comunidades.

Finalmente, reiteramos el llamado a toda la población a que se integre en esta nueva etapa que ejecuta el Meduca, porque simplemente el sistema educativo no aguanta más “juega vivos” con la plata que el pueblo paga a través de sus impuestos y que por décadas evidencia un caos que incentiva un desánimo colectivo en lo que a educación oficial se refieres. Lo positivo es que vamos poco a poco en la dirección correcta que nos llevará al cambio que el pueblo panameño espera.


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Este artículo se publicó el  13  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Dejen trabajar al MEDUCA!

La opinión de la Diputada de la República…..

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YANIBEL  ÁBREGO

El tema educativo adquiere mayor beligerancia en estos momentos por encontrarnos a pocos días del inicio del año escolar. Se perciben cambios significativos y de fondo en el actual sistema, lo que ha generado múltiples opiniones entre todos los involucrados en el tema.

Es muy triste observar a gremios más interesados en entorpecer la labor que viene realizando el Ministerio de Educación, que en colaborar y fortalecer a su permanente desarrollo, sobre todo para los estudiantes de las áreas de difícil acceso.

La educación no tiene partidos, sin embargo, hay algunos colegas que han querido hacer entrever que la ministra de Educación no está realizando una buena labor, lo que podemos contradecir rotundamente.

En primera instancia, a solo un semestre de haber iniciado la gestión gubernamental, se están sentando las bases para garantizarle a las próximas generaciones una educación cónsona con la expectativa laboral a nivel de la República de Panamá.

El primer paso ha sido la reactivación de la trasformación curricular, pero algunos gremios no ven con buenos ojos esta iniciativa, lo que puede interpretarse como una actitud que deja mucho que decir y muy poco que aportar.

Un hecho inédito en nuestra historia educativa es el subsidio económico que el Meduca ofrecerá a 800 mil estudiantes, así como útiles escolares y la implementación de brigadas de mantenimiento permanente para todos los centros escolares oficiales.

Estas brigadas acabarán con la mala costumbre de que todos los años al iniciar clases los centros estaban en reparación e incluso cada año se licitaban bancas, tableros, letrinas, entre otros. Esta mala práctica dio origen a una pequeña mafia que se beneficiaba a costilla del Erario Público. Los ejemplos sobran, observemos la suerte que han corrido los últimos dos ministros de Educación.

Irónicamente ahora que se están haciendo cambios sustanciales al sistema educativo —que precisamente marca muy bajo entre los otros sistemas existentes en la región— aparecen agrupaciones que han querido poner en tela de duda la logística que utilizará el Ministerio de Educación para hacer llegar sin contratiempo los aportes a los estudiantes de básica general de las escuelas públicas.

En mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, puedo garantizar a toda la población que los cambios que se vienen realizando en nuestra educación son trascendentales y merecen el apoyo de cada uno de los ciudadanos.

Todo cambio es susceptible a opiniones, cuestionamientos, y confrontaciones, pero, estos cambios representan soluciones permanentes y no paliativos transitorios al problema educativo que ha mantenido por décadas en zozobra a los estudiantes de las escuelas oficiales a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al final del camino el tiempo dará la razón, como señala el escritor francés Blaise Pascal “ La razón obra con lentitud, y con tantas miras, sobre tantos principios, que a cada momento se adormece o extravía. La pasión obra en un instante ”.

Señores agremiados, no permitan que sus pasiones interfieran negativamente en el desarrollo de la educación panameña. ¡Dejen trabajar al MEDUCA! Las presentes y futuras generaciones lo agradecerán.


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Publicado el 26 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.