A la sombra de Bunau Varilla

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La opinión de…

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Fernando Gómez Arbeláez –

Aparte de la oprobiosa Convención del Canal Ístmico de 1903,   mejor conocida como el Tratado Hay–Bunau Varilla, el ingeniero francés convertido en ministro plenipotenciario de la naciente República de Panamá, Philippe Bunau Varilla, parece habernos legado su perniciosa influencia –secretismo, falsedad y nula rendición de cuentas– en las negociaciones de algunos de nuestros tratados con Estados Unidos.    A pesar de haber transcurrido 107 largos años de su taimada actuación negociadora, sus artificios han vuelto a proyectarse como sombras en un nuevo tratado del que los panameños aún no sabemos nada.

El otro día recordaba cómo en 2005, durante un almuerzo en el hotel Hay–Adams de la ciudad de Washington, comenté discretamente que ese hotel, ubicado a corta distancia de la Casa Blanca, se encontraba en el lugar preciso antes ocupado por la residencia de John Hay, el secretario de Estado norteamericano de 1898 a 1905.   Fue allí, en la noche del 18 de noviembre de 1903, cuando Hay y Bunau Varilla estamparon su firma en el texto de ese tratado canalero, redactado solamente en inglés, “que ningún panameño firmó”.

El comentario llamó la atención de un invitado de origen zonian (de la extinta Zona del Canal).   “De no haber sido por el ingenio de Bunau Varilla”, respondió con seriedad, “mi familia no se habría mudado a la Zona, ni yo habría nacido”.

En ese momento la admiración del invitado por el improvisado negociador extranjero no me hizo prever que, cinco años después, este mismo “zonian” seguiría de cierta forma sus pasos hacia otra reprochable y oscura negociación entre Panamá y Estados Unidos.

El pasado 18 de noviembre –aniversario del Tratado Hay–Bunau Varilla– el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, ofreció una entrevista al servicio noticioso Bloomberg en Washington.   Henríquez manifestó que un  tratado de intercambio de información fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés) “ha sido concluido y será firmado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, el 30 de noviembre”.

Al igual que en 1903, los panameños quedamos atónitos al enteramos, por una fuente extranjera, que Panamá había cerrado negociaciones para un tratado con Estados Unidos.

Gracias a lo informado por Bloomberg, las autoridades locales se vieron obligadas a reaccionar al día siguiente con un ambiguo comunicado de prensa, en el que omitieron toda referencia a la naturaleza y el contenido del tratado.

Describiéndolo con un genérico “acuerdo fiscal”, se limitaron a resaltar su pretendido beneficio –una exención tributaria a convencionales norteamericanos en Panamá– que es la misma carnada en el anzuelo a todo país que firma un TIEA con Estados Unidos.

Al igual que en 1903, la opinión pública fue informada escasa y tardíamente.   Por más que el Gobierno pregonaba nunca negociar TIEA, sino solo tratados para evitar la doble tributación,   el 25 de octubre dio a conocer, forzado también por noticias de Washington, que había variado el rumbo para entablar la primera ronda negociadora de un TIEA con Estados Unidos.

Se dijo entonces que la siguiente ronda no tenía fecha y que la misma podría ocurrir en enero de 2011.   Tres semanas después, sin embargo, no solo hay ya un tratado íntegramente negociado –por negociadores que incluyen a un funcionario panameño con ciudadanía norteamericana, en abierto conflicto de interés– sino que está listo en la agenda del Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Los panameños tenemos el derecho de exigir información veraz y oportuna a nuestras autoridades.   El derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas a los negociadores. El derecho de exigir que ese tratado, como cualquier otro, sea publicado antes de ser firmado, ominosamente en Washington, por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela. Tenemos el derecho de exigir que sus cláusulas se conozcan con anticipación, de manera que puedan ser discutidas a profundidad y con plena libertad de criterio por parte de cualquier interesado.

Al igual que en 1903, sería inaceptable que, bajo el pretexto de que ese TIEA estuviera firmado por ambos países, nos presionen para aprobarlo con chantajes y amenazas, a través de la absurda “lista gris de paraísos fiscales” y del engavetado Tratado de Promoción Comercial.

Fue asimismo con chantajes y amenazas que Panamá llegó a ratificar el Tratado Hay–Bunau Varilla el 2 de diciembre de 1903, de forma apresurada, sin el adecuado examen y sin que siquiera fuera traducido al español.   No repitamos, mucho menos ahora por ignorancia, los errores de nuestra historia.

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<> Este artículo se publicó el 26  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/gomez-a-fernando/

Negociaciones indebidas

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La opinión de…

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Fernando Gómez Arbeláez –

El último informe que sobre Panamá ha formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) deja entrever una preocupante realidad: el Gobierno ha caído innecesariamente en una enmarañada trampa negociadora de la cual no le será nada fácil escapar.

En efecto, ese informe, el Reporte de Revisión Paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Fiscales de la OCDE, que incluye un anexo con la información suministrada por el Gobierno hasta septiembre de 2010, señala que la negociación y firma de 12 tratados para evitar la doble tributación (TDT) –supuesta exigencia de la OCDE para excluir a Panamá de su llamada “lista gris” de paraísos fiscales– no son suficientes ni satisfactorias. De acuerdo al reporte, será únicamente cuando nuestro país negocie y firme otro tipo diferente de tratados, los de intercambio de información fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés) con aquellos países que lo soliciten que Panamá tendrá posibilidades de salir, algún día, de esta “lista gris”.

Desde finales del año pasado, el Gobierno ha venido proclamando que la permanencia de Panamá en esa lista concluirá de manera automática cuando sean firmados 12 TDT. Incluso en páginas enteras de avisos pagados, como el publicado en este diario el pasado 20 de octubre, las autoridades continúan insistiendo que los TDT, por sí solos, “garantizan la salida de las listas grises”, lo que habría de lograrse “al principio del próximo año”.

No obstante, ese mismo día, el Gobierno ya era consciente de que gracias a la más reciente exigencia de la OCDE, los 12 TDT, sin varios TIEA, no garantizaban absolutamente nada.   Tan consciente se encontraba de esta nueva realidad que ese 20 de octubre se hallaba en Washington una delegación oficial panameña lista para negociar un TIEA con Estados Unidos.

De esa forma, el Gobierno ha dado un indebido e inesperado giro de 180 grados a su enunciada política de “nunca negociar TIEA”, la cual no tardó en repudiar. Este giro radical aparece sin que el cambio de política ni la negociación con Estados Unidos hubieran sido informados de antemano a la opinión pública. Los negociadores demostraron así que la transparencia en las negociaciones con Washington no es ninguna prioridad.

Otros dos factores negativos se agregan a los anteriores. Las negociaciones son motivadas por el innegable chantaje de la OCDE, que comenzó pidiendo una mano pero ahora nos exige el brazo entero. Algunos funcionarios, sin embargo, pretenden ocultar éste con otro supuesto chantaje, el de Estados Unidos, que alegadamente requiere la firma de un TIEA para ratificar el tratado de promoción comercial (TPC) que duerme engavetado en Washington. Si esta presión indebida a cambio del TPC fuera cierta, el Gobierno está en la obligación de denunciarla cuanto antes.

El segundo factor es la dirección de la delegación negociadora en manos del actual viceministro de Economía. No es permitido negociar un tratado frente a otro Estado del que se es también ciudadano.

El funcionario en ese cargo, Frank De Lima, quien como único representante del Gobierno en una delegación conformada por consultores particulares encabeza la misma, posee la ciudadanía norteamericana al igual que la panameña. Es inaudito que un ciudadano de Estados Unidos represente a Panamá en la negociación de un tratado frente a Estados Unidos, en especial cuando los temas negociados se relacionan con la obligación que esos ciudadanos tienen de reportar sus ingresos en territorio panameño al fisco norteamericano.   Su actuación pudiera haberse dado por negligente desconocimiento de las normas y principios, pero este doble conflicto de intereses no deja de poner en tela de duda la imparcialidad y legitimidad de lo hasta ahora negociado.

Un TIEA con Estados Unidos solo traerá perjuicios inmediatos a la economía panameña. El Gobierno no parece haber aprendido la lección con la siempre exigente y nunca satisfecha OCDE.   Al dejarse atrapar en sus redes, imagina que este TIEA de última hora la convencerá de sacar, al fin, a Panamá de su “lista gris”.   Grave equivocación.

<> Este artículo se publicó el 30  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/gomez-a-fernando/

Convenios en letra muerta

La opinión de…..

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Fernando Gómez Arbeláez

A pesar de la abundante publicidad con que el Gobierno Nacional ha venido promocionando el cierre de negociaciones sobre una pluralidad de convenios bilaterales que pretenden evitar la doble imposición o tributación de particulares, así como prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, la información oficial nunca es extensiva al contenido de esos convenios.

Hasta el momento apenas se publica que siete países negociaron convenios con Panamá, de los cuales solamente uno, el acordado con México, ha sido firmado y luego aprobado por la Asamblea Nacional. Pero de sus textos, o de las políticas generales que en la mesa de negociación habrán orientado a los representantes del Estado panameño frente a esos países, poco o nada se sabe.

Se argumenta que, en principio, la firma de un mínimo de 12 convenios deberá ayudar a que Panamá sea eventualmente excluida de la “lista gris” de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al igual que de otras listas redactadas por varios países unilateralmente.

Más allá de ese objetivo inmediato, sin embargo, en cada convenio el Estado deberá pactar la garantía de una justicia tributaria efectiva a los panameños con renta extranjera del lado de los países firmantes y, del lado de Panamá, a los particulares de esos países que inviertan sus recursos y generen ingresos en el territorio nacional.

Al carecer de funcionarios competentes en la materia, el Gobierno ha necesitado contratar a un grupo de consultores técnicos independientes, a profesionales del sector privado, para que negocien estos convenios a nombre del Estado. Su trabajo negociador suele facilitarse gracias a dos “convenios modelo” empleados como borradores, uno propuesto por la OCDE y otro por Naciones Unidas. El primero, el más utilizado, es con frecuencia suplementado por el segundo, quedando como tarea pendiente la negociación de aquellos temas estrictamente bilaterales.

Entre lo poco que los consultores reconocen acerca de esos siete convenios, destaca que Panamá no ha considerado en ninguno a la visión moderna de resolver las controversias entre los países firmantes respecto a la interpretación y ejecución de cada convenio.

La vieja experiencia de muchos países con el anterior “convenio modelo” de la OCDE demuestra que los particulares quedan desamparados cuando se pacta, en el artículo 25 ó 26 de los convenios (“mutuo acuerdo”), que toda controversia deberá ser obligatoriamente resuelta mediante un nuevo acuerdo bilateral, excluyendo así a los demás mecanismos previstos por el derecho internacional.

En otras palabras, si un país firmante aplica alguna norma o procedimiento local que flagrantemente contraviene a lo pactado en el convenio en perjuicio de un particular, no hay nada que el otro país pueda hacer en defensa de su nacional si la contraparte rechaza convenir ese nuevo acuerdo.

Los convenios se transforman en letra muerta para los particulares, sin garantías ni protección que les ofrezcan seguridad ante posibles arbitrariedades del otro país en su detrimento.

Pero desde 2008, la versión actualizada del “convenio modelo” de la OCDE adiciona un quinto párrafo a su artículo 25, con el cual se permite que la controversia pueda ser resuelta mediante arbitraje. Convenios como los firmados por el Reino Unido y Francia, en vigencia desde 2010 y entre Estados Unidos y Alemania, Bélgica y Canadá, respectivamente, han desarrollado esta moderna corriente negociadora.

Resulta inexplicable que Panamá haya quedado rezagada en la adopción del quinto párrafo sobre arbitraje, el cual ha permanecido ausente en todos sus siete convenios. Por ello, la oportunidad que procuran las actuales negociaciones no puede ser desperdiciada firmando convenios ineficaces que solo tienen como norte a la “lista gris” de la OCDE. Los consultores negociadores deben enmendar esa notable ausencia cuanto antes, si realmente buscan que las disposiciones acordadas tengan una finalidad práctica en beneficio de todos los involucrados.

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Este artículo se publicó el 20 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Urge retomar los valores

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La opinión de….

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Fernando Gómez Arbeláez
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Poco a poco, los panameños hemos atenuado el reconocimiento de aquello que en nuestra condición de personas libres y civilizadas nos permite crecer en dignidad, que dentro del estrecho Istmo en que vivimos nos facilita coexistir en una auténtica armonía con nuestros semejantes. De allí que la sociedad panameña está soportando el menoscabo de los principios éticos que la han definido como nación cultivada, humanista y trascendente. La irreverencia, el progresivo desdén por muchos ostentado hacia esos principios fundamentales van extraviándola paulatina y peligrosamente por un sendero de descomposición de su esencia moral e identidad social.

Los valores cívicos y morales, ese código de conducta inherente a la naturaleza humana desarrollado a través del seno familiar y del entorno comunitario de cada persona, comprenden las pautas, los preceptos que han de orientar a nuestras vidas en relación a los demás.

Advertimos desde pequeños el alcance de la honestidad, la justicia, el agradecimiento, la responsabilidad, la amistad, el deber, así como de la tolerancia, el respeto, la lealtad, la integridad, la solidaridad y tantos otros valores cuya apreciación se deteriora con el paso de los años, malograda en parte por esa vorágine materialista que notoriamente caracteriza al mundo contemporáneo. Sin verdad, sin ética, no hay calidad humana ni moral.

Pero la deshonestidad, el engaño, se mantienen como antivalores a los que nos toca enfrentar en sociedad.  Utilizando la mentira como herramienta, un juzgador se rehúsa a hacer justicia o impunemente la deniega. Un conductor colisiona, atropella y se fuga. Un constructor vende un inmueble con vicios, mal terminado. Un trabajador incumple con sus deberes laborales. Un funcionario se apropia de recursos públicos. Un profesional adultera su hoja de vida con títulos y experiencias ficticias con el propósito de falsamente impresionar, de engañar a los demás.

Inquieta admitir que la degradación y la pérdida de los valores cívicos y morales se han convertido en habituales en nuestro medio. Los crecientes índices de delincuencia, de corrupción, de deshonestidad hace tiempo que dejaron de asombrarnos. Los criminales, sean de arma blanca o de cuello blanco, ríen ante el endurecimiento de las penas en las leyes. Quizá la comunidad, que en su conjunto los padece a diario con gran perjuicio, no está reflejando el interés suficiente en sancionarlos moral y ejemplarmente.

Ante esas penosas realidades cotidianas de Panamá, país que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional colocó en un deplorable lugar 84 de su lista mundial de 2009, cada persona y agrupación interesadas en la vigencia extendida de los valores cívicos y morales tiene la responsabilidad de contribuir, de actuar con apremio, eficacia y determinación para alcanzar tan importante objetivo.

Desde su fundación en 1919, el Club Rotario de Panamá ha participado en numerosos esfuerzos y proyectos llevados a cabo en beneficio de la sociedad panameña. En estos 90 años, sus notables logros comunitarios son, para orgullo de las varias generaciones de miembros, francamente innumerables.

Con ese norte por delante, en 2009 el Club Rotario de Panamá organizó, a través de su Comisión de Valores Cívicos y Morales, diversas actividades relacionadas, como un exitoso seminario taller de capacitación para educadores de las materias de cívica, ética y urbanidad en centros de enseñanza pública, al igual que una concurrida Marcha pro Valores Cívicos y Morales que contó con el respaldo de la comunidad en general.

Por medio de su más reciente proyecto cívico, el Club Rotario de Panamá desea presentar, a través de los medios impresos nacionales que tengan a bien publicarlos, diversos artículos de opinión escritos individualmente por sus miembros, de manera exclusiva para cada medio. En ellos, sus autores plantearán comentarios, observaciones y anécdotas que destaquen la relevancia, el conocimiento, el impacto y la práctica de los valores cívicos y morales en nuestra sociedad. El reto es grande, pero la voluntad mayor. Con este artículo y otros a futuro queremos fomentar la difusión y el respeto a los valores, para ayudar a construir un Panamá que sea siempre mejor para todos.

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Publicado el  11 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

A mayor consulta, menor equivocación

La opinión del Arbitro Internacional….

Fernando Gómez Arbeláez

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A mayor consulta, menor equivocación
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La sociedad civil organizada no es relevante para el nuevo orden gubernamental. Así lo indican sus representantes, algunos portadores de marchitados laureles civilistas, quienes han sido claros al manifestar que en sus decisiones administrativas no la consultarán, no la escucharán ni la tomarán en cuenta.

Mal se vislumbra entonces el futuro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Concertación Nacional para el Desarrollo, Transparencia Internacional, el Pacto de Estado por la Justicia y Fudespa, entre otras personificaciones de la sociedad civil que, sin pasar inadvertidas, se ven injustamente despreciadas por las autoridades de turno.

No es intención de los nuevos funcionarios escuchar a las voces comunitarias en el proceso de formulación de anteproyectos de ley, incluyendo algunos sobre seguridad pública impulsados por el Órgano Ejecutivo. Su respuesta generalizada es que la Asamblea Nacional, en vez del Gobierno Central, es la única instancia en donde las opiniones ciudadanas han de ser presentadas y consideradas.

Quienes así piensan se equivocan.   Asumen que el Ejecutivo puede trasladar su deber de consulta al Órgano Legislativo, sin prever que los diputados también pueden rehusarse a escuchar al mismo pueblo que los eligió.   Si la Asamblea ignorara a la sociedad civil en sus debates cometería una aberración autoritaria, pero sería ella la que cargaría con su propia responsabilidad.

El Ejecutivo no puede legalmente obligar a la Asamblea a que atienda a la sociedad civil. Moralmente le es imposible, en especial si ese órgano no lo hace cuando debe y menos si los anteproyectos de ley han emanado del Consejo de Gabinete, no de los diputados.

Quien más escucha menos yerra.   El devenir del anteproyecto de ley sobre el registro de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico recuerda al antiguo adagio.   Formulado con inusitado hermetismo, no fue sino hasta el 4 de agosto, gracias a un reportaje de portada de PA, que la comunidad se enteró de su existencia.   Esa misma tarde el Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto por unanimidad sin haberlo hecho público, generando múltiples suspicacias.

Al igual que la sociedad civil, tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público fueron ignorados, al punto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Procuradora General de la Nación declararon no saber nada de su contenido.

El ministro de Gobierno y Justicia pronto reconoció que el documento contenía fallas graves.   Días después el Consejo de Gabinete aprobó, también de manera unánime, varias reformas al anteproyecto, el cual fue remitido al día siguiente a la Asamblea.   Tan mal siguió redactado que durante su primer debate legislativo el ministro presentó reformas adicionales, ninguna en respuesta a la sociedad civil.   El documento se ha convertido en la Ley 51 de 2009 publicada en la Gaceta Oficial del 23 de septiembre y continúa siendo ampliamente cuestionado.

La unanimidad en el Consejo de Gabinete no garantiza que un anteproyecto de ley sea inmune a los defectos y a las críticas.  En una democracia los errores y el rechazo social se previenen a través de la consulta pública, elemento esencial de todo régimen de participación ciudadana como debe ser nuestra República.

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Publicado el 27 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Déficit fiscal panameño“made in USA” (II)

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Déficit fiscal panameño“made in USA” (II)
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Fernando Gómez Arbeláez
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El pasado 18 de junio tuve la oportunidad de comentar en estas páginas sobre la siempre cambiante legislación de responsabilidad fiscal de Panamá, un país de gobiernos irresponsables y derrochadores que parecen haber competido entre sí para endeudar a todos los panameños, de las presentes y las futuras generaciones, cada vez más.

En particular, hice mención de la Ley 34 de 2008, “de Responsabilidad Social Fiscal”, vigente desde el 1 de enero de 2009, pero que luego de cinco cortos meses era ya objeto de reformas para triplicar el tope del monto absoluto del déficit del Sector Público No Financiero -léase el nivel de endeudamiento del Estado- del 1% al 3% anual.

La motivación del gobierno de Martín Torrijos hacia esas reformas era evidente: su nivel de gasto y derroche durante la primera mitad de 2009 resultó tan elevado que la proyección del déficit fiscal al cierre de este año sobrepasaba al límite del 1%, incumpliendo así con la Ley 34. A la Asamblea Nacional se propuso la modificación del Artículo 11 de la Ley para que los topes del déficit fiscal pudieran aumentarse “cuando la economía de Estados Unidos” creciera a una tasa de 1% real o menos, lo que por casualidad ocurre a la presente fecha.

Un Estado soberano como Panamá, que no guarda con Estados Unidos una relación de dependencia económica extrema como la implicada, no podía ni puede atarse mediante sus propias normas legales a los acontecimientos de otro país. Ya fuera Estados Unidos, como también Alemania, Japón, el Reino Unido, China o Rusia, entre tantos, la referencia exclusiva al crecimiento económico de un solo Estado era y es inaceptable. Así fue comprendido por la Asamblea Nacional, cuyos miembros unánimemente rechazaron la propuesta. En sustitución, los diputados aprobaron dentro del Artículo 11 una referencia al crecimiento de “la economía mundial”, lo cual quedó plasmado en la nueva Ley 32 de 2009, “Que modifica artículos de la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal, y dicta otras disposiciones”.

A pesar de ello, el expresidente Torrijos y el exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, impusieron a su manera la dependencia fiscal de Panamá. El 26 de junio ambos adoptaron, violando la letra y el espíritu de la Ley 32, el Decreto Ejecutivo 50 que reglamenta la legislación recién aprobada.

El Artículo 14 de ese Decreto, reglamentario del Artículo 11 de la Ley, establece con respecto al crecimiento de «la economía mundial» que «se utilizará como el indicador de seguimiento de la economía mundial la variación porcentual de dos trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto (PIB), en términos reales, de la economía de Estados Unidos de América, de acuerdo con la Información publicada por su Departamento de Comercio”.

Sobran los calificativos ante la osadía e ilegalidad de este nuevo desparpajo. Ahora es tarea inmediata del gobierno de Ricardo Martinelli adoptar una reglamentación que reemplace a ese y otros disparates del Decreto Ejecutivo 50. Tal necesidad se convierte en obligación cuando se descubre que dicho Decreto fue aprobado un día antes de que la Ley 32 comenzara a regir el 27 de junio. Y cualquier reglamentación de un cuerpo legal que aún no hubiese entrado en vigencia, como la Ley 32, es nula.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Déficit fiscal panameño “made in USA”

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Déficit fiscal panameño “made in USA”

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Fernando Gómez Arbeláez – Arbitro Internacional

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Pocas legislaciones de nuestra República han sido tan vapuleadas, zarandeadas, vilipendiadas y remendadas a conveniencia en tiempo récord como la pertinente a la responsabilidad fiscal del Estado. En un país de gobiernos irresponsables y derrochadores, la tarea de encuadrar el manejo de las finanzas públicas en un marco legal bajo objetivos y controles precisos, en interés de su transparencia efectiva y con garantía de una rendición de cuentas de cara al mundo, ha sido tanto difícil como inmemorial. No obstante, hace apenas siete años que los numerosos intentos se concretaron en una ley innovadora que, irónicamente, a duras penas tuvo vigencia plena en un solo año fiscal.

La Ley 20 de 2002, sobre “medidas de Responsabilidad Fiscal”, fue pionera al desarrollar esas materias de forma ordenada y coherente. En particular, su Título II definía conceptos económicos y financieros básicos e imponía parámetros a los niveles de endeudamiento y gasto públicos, hasta entonces regidos por los criterios meramente discrecionales del gobernante de turno a través del hoy Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pero la aplicación de la Ley 20 no sobrevivió más allá del año fiscal 2003. Una de las primeras acciones del actual gobierno en 2004 fue la suspensión inmediata de los efectos del Título II. Tres diferentes ministros de Economía y Finanzas -Ricaurte Vásquez, Carlos Vallarino y Héctor Alexander- malgastaron los tres siguientes años ignorando su morosidad con el tema. Al fin, el 28 de diciembre de 2007 -Día de los Santos Inocentes- se presentó a la Asamblea Nacional el anteproyecto de una nueva ley. Este documento, redactado por el consultor y ex presidente del Banco Central de Bolivia, Jacques Trigo, se convirtió seis meses después en la Ley 34 de 2008, “de Responsabilidad Social Fiscal”.

El 1 de enero de 2009, la Ley 34 entró a regir con bombos y platillos. Estableció, entre otras normas, un tope al monto absoluto del déficit del Sector Público No Financiero -léase el nivel de endeudamiento del Estado- del 1% anual. Pero a cinco cortos meses de su vigencia, el ministro Alexander regresó fugazmente a la Asamblea el 11 de junio con otro anteproyecto en manos, uno muy distinto al anterior.

Pasando de lo sublime a lo ridículo, el ministro ahora pretende la reforma del Artículo 11 de la Ley 34 para aumentar los topes del déficit fiscal “cuando la economía de Estados Unidos esté creciendo durante dos trimestres consecutivos a una tasa de 1% real o menos …o el promedio de crecimiento de los dos trimestres de su economía sea de 1% real o menos…”.

La lectura de esa propuesta provoca náuseas. ¿Desde cuándo en las últimas décadas ha sido nuestra economía tan extremadamente dependiente de una sola, de la norteamericana? ¿Qué país soberano ha buscado una excusa tan absurda para justificar el incremento en su déficit fiscal? ¿Es acaso este gobierno tan servil e incapaz que no pudo encontrar un pretexto mejor?

Semejante condicionamiento es lesivo e inaceptable y, por tanto, debe ser rechazado por la Asamblea Nacional.

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Publicado el 18 de junio de 2009 en el diario El Panamá América