Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario

La opinión del Abogado, Administrador de Empresa, profesor Universitario….


Miguel A. Boloboski Ferreira

Luego de la construcción y posterior ampliación del Canal; la gran minería y su eventual desarrollo en el territorio nacional, constituye la decisión de mayor importancia en nuestra historia republicana con profundos efectos a futuro; incluso más allá de lo inimaginable. Las variables de sus connotaciones son tan amplias que simplemente no habrá sector o grupo que no sienta sus efectos; sean éstos positivos o negativos. Tamaña responsabilidad no puede ser asumida por unos pocos.

Gracias a lo dispuesto en el artículo 325 de nuestra Constitución Política, el 24 de abril de 2006, luego de años de estudios encargados por la Autoridad del Canal de Panamá (y su antecesora inclusive), el entonces Presidente de la República convocó a todos los panameños con mayoría de edad a participar de manera voluntaria en el Referéndum que definiría lo concerniente a la ampliación del Canal, el cual finalmente se llevó a efecto el 22 de octubre del mismo año.   Si bien el 76.83% de los panameños votó a favor de la ampliación, un significativo 21.76% se manifestó contrariamente. Recuerdo con agrado que durante la campaña previa (6 meses) circularon a nivel nacional y en sano ambiente, argumentos a favor y en contra; y a pesar de lo caluroso del debate no recuerdo un solo incidente desagradable. Hubo altura, y lo más importante, todos tuvimos la oportunidad de expresar libremente nuestra opinión.

Cada vez que los panameños utilizamos el método de consulta como medio alterno para la solución de nuestras diferencias hemos logrado establecer el rumbo a seguir; que luego las minorías en discrepancia han sabido reconocer con hidalguía sumándose a la construcción del objetivo común. En 1946 mediante Asamblea Nacional Constituyente se aprobó la que muchos todavía consideran la mejor de nuestras Cartas Políticas. En 1977 (en pleno régimen militar) los Tratados Torrijos-Carter (7 de septiembre) fueron sometidos a plebiscito nacional (23 de octubre) luego de un brevísimo período de discusión de cuarenta días.

Los actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994 (léase los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa) reformaron la Constitución incorporando el Título XIV relativo al Canal de Panamá.

Convocar a un Plebiscito (no referéndum), o sea someter la propuesta a votación para que los ciudadanos se manifiesten a favor o en contra, resulta ser a todas luces la mejor de las alternativas de consulta ante un tema tan delicado.

En “El Señor de los Anillos” el filólogo y escritor británico Tolkien narra de manera especial sus temores y aprehensiones ante “la tentación del hombre” y los efectos de la revolución industrial en la Naturaleza, invocando del catolicismo una parte de su oración principal: “Padre; no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal”.

<>Artículo publicado el  27  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ley chorizo: reflexiones frente al disenso

La opinión del Abogado…..

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Silvio Guerra Morales

Empiezo por decir que en otras latitudes, v.gr. Argentina, Colombia, etc., encontraremos leyes cuyos contenidos recogen materias que no guardan relación alguna entre ellas.  De modo que decir que por ser nueve leyes o puntos o materias en una sola ley, ha sido un gran pecado, es perder de vista, desde la técnica legislativa, que ello es posible. Algunos parlamentos suelen hacerlo para poner en vigencia cierta economía y eficiencia legislativa.

Considero que el pecado de esta ley es de otra naturaleza: lo inconsulto de sus contenidos frente a personas y sectores que conocen muy bien y a ciencia cierta qué es lo que acontece en el ámbito penal, ambiental, en fin. No consultar es un pecado: menos se equivoca el que consulta advertía Omar Torrijos. No se pierde nada en consultar, por el contrario, se gana y se pondera la posibilidad concreta de hacer que los proyectos de leyes sean mejores o perfectibles.

En lo que corresponde a la no detención preventiva del policía que en ejercicio de sus funciones cometa un crimen –v.gr. homicidio-, es un tema que a mi juicio merece algunas reflexiones.

Hace algunos años, cuando esto sucedía, el policía era recluido dentro de la propia institución a realizar servicios administrativos. El sobreseimiento dado a un agente acusado de homicidio tenía que subir en consulta ante el juez superior. Los policías, prácticamente, no se atrevían a dispararle a nadie. Luego nos vino este terrible oleaje de criminalidad mortal, de blanqueos de capitales, narcotráfico, etc. Nos han inundado las bandas, las maras y sus tentáculos, y los delincuentes andan armados hasta los dientes al extremo que se ha dicho que tienen, muchos de ellos, mayor poder bélico y mejores aparatos de comunicación, que los que tiene la propia policía.

Ahora, advertimos, cómo el crimen se apodera de nuestras calles, de nuestras casas, sembrando luto y dolor, tristezas irreversibles y desconsuelos sin término. Tengo la impresión que quienes así han dicho las cosas no han leído la ley, pues lo que se dice es que “en ejercicio de sus funciones”, todo lo cual indica que el policía no se excluye del juicio o del proceso y menos de una sentencia de condena ante el evento de que se le encuentre culpable o penalmente responsable y sí será detenido preventivamente cuando el crimen no sea “dentro del ejercicio de sus funciones”.

Creo, a mi modo de ver las cosas, que el fin de la norma es éste: que la delincuencia sepa que la policía se mantendrá férrea y que el agente que cause la muerte de otro en ejercicio de sus funciones no será dado de baja y menos detenido preventivamente y que se quedará dentro de la institución para seguir contrarrestando al delincuente. Ello, no obstante, no lo exime del juicio ni de una eventual pena. ¡Que la delincuencia sepa que no habrá un policía menos en la calle!, pues, al parecer, es éste el querer de los delincuentes.

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Este artículo se publicó el  25  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Crisis en el Municipio de Colón

La opinión de…..

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Jorge Luis Macías Fonseca

Desde hace muchísimo tiempo la vida municipal en el distrito de Colón se encuentra paralizada.   Esto, desde luego, tarde o temprano, iba a generar situaciones de conflicto.  Desde la administración pasada se advertían problemas que iban desde la casi imposibilidad de hacerle frente a los compromisos económicos, como el pago de la planilla a los servidores municipales, hasta la cancelación oportuna de las cuotas a la Caja de Seguro Social.

Si a esto se le agrega la errática administración del periodo pasado, que ni siquiera pudo hacer una buena obra municipal que quedara para la posteridad y beneficiara a toda la comunidad colonense, era claro que en algún momento la situación iba a hacer eclosión, incluso, si se hubiese dado el caso que se mantuviera la anterior administración municipal.

Es obvio que la ascensión de una nueva administración, que se planteara reivindicar la cosa municipal, iba a estrellarse irremediablemente con una realidad que le era adversa. De allí, entonces, la necesidad de fortalecer el marco de la capacidad administrativa y financiera de un municipio desarrollista, de manera transparente y con rendición de cuentas.   Esto tendría que conducir a crear las condiciones para construir un municipio en perspectiva y de un exitoso futuro para los colonenses.

Ahora bien, los últimos acontecimientos acaecidos en el municipio de Colón, traen al tapete una serie de asuntos que deben ser observados con detenimiento. Por un lado, la concepción del desarrollo de la municipalidad que tiene la administración alcaldicia y, por el otro, la que tiene la comunidad que pudieran no ser coincidentes.   Todo esto pasa por una discusión seria que tiene como punto sustantivo: la descentralización municipal, en donde la participación ciudadana es factor esencial en la toma de decisiones.

Es claro que no existen los mecanismos de intervención del ciudadano en la cosa municipal, por medio de la consulta permanente.   Las representaciones indirectas de la población por medio de los consejos municipales cumplen un cometido de manera parcial y no de forma mucho más amplia. De allí la necesidad de activar cabalmente las juntas comunales con el apoyo de las alcaldías, para que se logren resultados satisfactorios y para que la gente participe de las decisiones comunitarias.

El ejemplo del gobierno central es plausible. El interés por llevar a consulta pública una serie de intereses es correcto, pues se gobierna para la gente, y ella tiene que ser parte de las decisiones que las pudieran afectar.

La contradicción entre el Municipio de Colón y la comunidad ha llegado a los niveles de confrontación en donde las descalificaciones, las diatribas, las detenciones y las posiciones de fuerza, han suplantado al debate sereno y reflexivo.

La propia realidad crítica de Colón, con índices de violencia alarmantes y situaciones sociales difíciles, obliga a que todos, sin prejuicios, encontremos las vías del entendimiento para poder plantear con seriedad fórmulas de avances, para una sociedad que tanto lo necesita.

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Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sugerencias, no críticas

La opinión de…..

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Marisín Villalaz de Arias

No hay día en que no leamos o escuchemos algo sobre la sociedad civil y sus dirigentes; aún no comprendo totalmente su significado ni los objetivos de la misma ya que, empecemos por el hecho de que son varias las agrupaciones con diferentes dirigentes que, difícilmente se ponen de acuerdo en las conveniencias de algo para el país o los ciudadanos.

Si bien es cierto que la participación de la sociedad civil es parte de la democracia, también lo es que su labor no es la de cogobernar sino colaborar con el gobierno electo y designado. Las sugerencias de ese sector son indispensables para ser tenidas en cuenta por los gobernantes, pero de ninguna manera son vinculantes ya que el gobierno puede o no llevarlas a cabo.

Pienso que la sociedad civil tiene otros objetivos que debiera cumplir ante el resto de los gobernados. No recuerdo que alguna vez sus dirigentes me hayan hecho partícipe de sus ideas ni de sus actuaciones e igual sucede con el resto de los asociados. ¿Por qué? Lo ignoro. No conozco de ningún foro, reunión o comunicación que estos grupos tengan con la comunidad en los problemas que aquejan al país: en mi corregimiento no he recibido invitación para consultas o informes de lo que sucede.

En esa forma se retroalimentarían de los pensamientos de los demás y enriquecerían sus programas de trabajo. Pero no se acercan al resto de la sociedad civil en busca de apoyo ni colaboración. Sin embargo, veo que se inmiscuyen demasiado en política y poco en los verdaderos problemas locales o nacionales. Han terminado en confrontación con el gobierno, lo que no es su papel, al igual que solo criticar y no ayudar.

Si queremos tener una democracia participativa, que sea con la mayor participación de los gobernados, sin deseos de peleas y cotejos que disminuya a aquellos que desean hacer realmente algo positivo por el país. Debemos comportarnos sin amarguras, con positividad, no oponiéndonos por oponernos sino para colaborar seriamente.

Sugiero a las dirigentes de las micro organizaciones de la sociedad civil que amplíen su territorio de trabajo, que divulguen los problemas y sugieran soluciones para los mismos y, en esa forma, lograr una verdadera participación en la realidad.

El hecho de colaborar con el gobierno no significa que estén vendidas al mismo: sencillamente están cumpliendo su trabajo y sus objetivos para mejorar la democracia y la vida nacional.

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Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De corredores y otras falacias

La opinión de la Docente Universitaria…..

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Emma Mendoza A.

Una de las promesas de campaña del actual Presidente de la República le comprometía a rescatar los corredores norte y sur después de realizársele una auditoría clara y transparente. También se propuso disminuir los onerosos costos que representan para el usuario, pese a que los mismos carecen de las condiciones mínimas para un exitoso desahogo en los momentos en que el flujo vehicular alcanza puntos cruciales, convirtiéndose en vías de empantanamiento costeada por los sufridos ciudadanos.

Mucho tardaron para meterle el diente a este embrollo, nacido en la época del Sr. Pérez Balladares, pero los resultados proyectados a la comunidad nos llevan a suponer un aumento de la carga económica para quienes tenemos la penosa obligación de utilizarlos y la frustración de ser mayormente estafados por el precio que el estado está dispuesto a pagar para convertirse en socio oportuno de estas empresas; lo que indica que lejos de la pérdida económica que invocaban sus concesionarios se trata de un muy buen negocio.

Pero si es un buen negocio, ¿por qué el Estado va a crear una entidad privada para administrarlo? ¿Quiénes y por qué integrarán dicha entidad? que sin aportar capital se apropiara de las ganancias derivadas de los fondos del pueblo, pues el pago de los corredores por parte del Estado provendrán del Fondo Fiduciario y de Fondos millonarios de la Caja de Seguro Social, cuyos dueños; ¡los asegurados!, no han sido consultados ni tomados en cuenta.

Por otro lado, la institución no debe convertirse, una vez más, en la caja menuda del Estado, ni en sujeto de riesgo financiero como ocurrió en la época del Director Saied, con el malogrado programa colectivo de vivienda, donde mucho entraron pobres y salieron millonarios. Tampoco el Fondo Fiduciario, que también es un dinero generado por lo más granado de este pueblo, debe convertirse en la caja común de la Administración Pública,

Mientras la Caja de Seguro Social estuvo alejada de la política de las manos ajenas, se caracterizó por ser verdaderamente eficiente y efectiva ; una vez los militares y los gobiernos subsiguientes le metieron sus zarpazos, la institución comenzó a trastabillar lo que obligó a efectuarle ajustes y tratamientos urgentes que en definitiva afectaron la calidad de las prestaciones de los prestatarios.

Sabemos que los dineros de la Caja deben expandirse y generar mayor riqueza, pero esto tiene que ser el resultado de una amplia y consensuada discusión con los actores y protagonistas de la misma, pues lo que está en juego es el futuro y la seguridad de miles de accionistas, cuyo aporte debe garantizarles una salud de primer orden y una jubilación sin dudas ni sobresaltos. Los que no somos millonarios; así lo requerimos; así lo reclamamos.

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Este artículo se publicó el 5 de abril de 2010  en el Diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ejercicio de la autoridad

La opinión del Abogado…..

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SAÚL MALOUL

Hay un refrán que dice que la verdad suele ser inapropiada, y pocas veces, bienvenida.  Pues bien, una de las verdades desagradables que vienen de la mano de la popularidad y legitimidad de este gobierno, es que el bipartidismo estaba agotando la posibilidad de la solución adecuada de los más importantes problemas nacionales, porque los partidos políticos que lo representaban, también representaban poderosos sectores de interés que se oponían y se oponen a la reforma.

Roto el bipartidismo, la posibilidad de cambio se hizo y se hace evidente, y no le perdonaríamos al señor presidente de la República el que no la aprovechara, tan solo porque en el camino tiene que pisar algunos callos y romper a más que alguna botella.

Eso explica y justifica el estilo de gobernar de este presidente, por ahora, a los ojos de más del 60% de la población que lo calificó recientemente.

No obstante, el gobierno podría seguir ejerciendo la autoridad que tiene, con ésta misma fortaleza e incluso con más, si comprendiera que la consulta ciudadana no es un favor que le dispensa la autoridad a los ciudadanos, sino un entendimiento muy diferente de cómo funciona y debe funcionar la democracia del siglo XXI.

Por ejemplo, el gobierno sintió que era su responsabilidad implementar una reforma tributaria más justa.   Por supuesto, que siempre habrá grupos disidentes que no estén de acuerdo con lo que haga el gobierno; y las marchas sociales recientes, pueden ex plicar y justificar esa disidencia. No obstante, el proceso de discusión y ratificación de las reformas, con los cambios que se introdujeron y con aquellos que se rechazaron, se hizo de una manera transparente, de cara al pueblo, por parte del instituto político que debe representarnos a todos, en beneficio de los mejores intereses nacionales.   Hasta los más críticos, salieron a reconocerlo.

Todos queremos que este gobierno controle la violencia, implemente la reforma curricular, mejore las condiciones de salud de la población y resuelva el problema del transporte, entre otros.

Seguirán habiendo diferencias importantes entre el gobierno y sus críticos.   Y el gobierno no debe ceder a nadie la responsabilidad de gobernar, para la que fue elegido. Lo que jamás debe dar es ni siquiera la impresión de que los espacios de consulta han sido cerrados a los sectores críticos e independientes. A la gente no le importa tanto que no se haga lo que ella quiere, sino que se imponga un ambiente en el que pareciera que a las altas esferas le da igual si son escuchados o no.

Estoy seguro de que si el señor presidente de la República entiende esta diferencia, y se abre con tolerancia a la crítica, sin tener que coincidir con todo lo que se critique; la gente dejará de estar hablando, a mi juicio apresuradamente, de autocracia y todos entenderemos que en democracia, más importante que estar de acuerdo, es saber respetar nuestras diferencias.


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Artículo publicado el 26 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¡Plebiscito y referendum supremos!

La opinión del Abogado y Político Independiente…..

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Juan Manuel Castulovich

Los gobernantes, de manera recurrente, sueltan “ideas novedosas” para desviar la atención de aquellos temas que los incomodan o comprometen, o como “globos de prueba” para medir la receptividad de los gobernados a medidas que, de primera mano, o no se atreven a desvelar con pelos y señales o encierran propósitos aviesos.

Cuando en Panamá siguen pendientes y clamando soluciones urgentes agudos problemas como la galopante inseguridad, la crisis de la educación nacional, el imparable aumento de la canasta básica o el altísimo desempleo, y a la par proliferan los contratos adjudicados de manera directa, sin claras justificaciones ni explicaciones, no deben sorprender iniciativas como la de los “referendos consultivos para, supuestamente, averiguar qué quiere el pueblo”.

Aparte de las elecciones generales, el plebiscito supremo, en nuestro país, la consulta popular de nivel nacional y con carácter vinculante, es decir, con efectos obligatorios, por disposición constitucional, sólo está prevista para asuntos relacionados con el Canal, para aprobar enmiendas a la Constitución o ratificar la que pudiera nacer de una “Asamblea Constituyente Paralela”. A nivel local, existe el “derecho de iniciativa y de referéndum en los asuntos atribuidos a los Consejos (municipales).

A la luz del derecho vigente, la iniciativa del presidente Martinelli es inconstitucional. Por tanto, para que su “consulta popular” tenga efectos vinculantes se requiere de un cambio constitucional. La Ley no puede atribuirle ese efecto.

Desde luego, por su “estilo de gobernar” no sorprendería que el presidente, decidiera forzar su iniciativa, invocando la necesidad de “profundizar la participación democrática”. Pero no sería aconsejable que actuara a la ligera.  Hay límites que deben respetarse. Lo ocurrido recientemente en Honduras debiera ser aleccionador. Allá, el señor Zelaya al tratar de allanar el camino para su reelección, so pretexto de “auscultar la voluntad popular”, se colocó al margen de la Constitución y facilitó el pretexto para su derrocamiento. Fue burda, inaceptable y condenable su grosera expulsión del país; pero también fue imprudente su empecinamiento que propició las condiciones para su caída.

Si la consulta no tiene fuerza vinculante, es decir, que su resultado no es obligatorio, al final de las cuentas su efecto será el que quiera atribuirle el señor Martinelli, según convenga o no a sus propósitos, que todavía, para nada, están claros.

En su llamado programa de gobierno (propuestas electorales), el entonces candidato Martinelli anunció su intención de proponer reformas a la Constitución; pero andando en el noveno mes de su gobierno, nada concreto ha puesto sobre la mesa.   ¿Viene la iniciativa de “las consultas populares” a sustituir su compromiso de presentarle al país un Anteproyecto de Reformas para la discusión ciudadana? Si esa fuera la intención el yerro sería monumental. La carreta no va delante de los bueyes.

No tengo reparo a las iniciativas novedosas; pero tengo animadversión a la improvisación, especialmente sobre temas que, por su envergadura, reclaman de análisis serenos y de amplia discusión previa.

Creo que si el Sr. Martinelli está animado de intenciones positivas, para beneficio del país, en lugar de las anunciadas consultas, sobre “temas variados” que, hasta ahora, navegan por un sendero de incertidumbres, entonces, debiera proponer, para la discusión y el análisis público, un pliego de reformas a la Constitución, que incluya, si así lo desea, un marco para las “consultas populares” o temas como la reelección y cualquier otro que él estime conveniente.

Desde ahora propongo que entre ellos, para que sea saludable y preventivo, también se incluya el referendo supremo: la ratificación o revocatoria del mandato presidencial, que debiera ser obligatorio a la mitad de cada período, para que el pueblo, único soberano, así como pone, si lo considera oportuno, también pueda quitar.

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Este artículo  fue publicado el 16 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué van a preguntar?

La opinión de la Periodista…..

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Adelita Coriat

El discurso de los gobernantes debe ser concordante con los hechos que lo secundan. La idea de consultar al pueblo empodera al ciudadano de a pie en temas trascendentales, le crea expectativa y lo involucra en la agenda nacional.  Pero si el resultado de esta opinión no se toma en cuenta, se aparta a ese sector activo de la población, y la acción puede convertirse en una burla denigrante a su intelecto.

¿Sobre qué discerniremos?  Nadie sabe con exactitud. Muchas son las opciones que generan debate y análisis, sin embargo, el plebiscito no debe convertirse en un juguete de distracción del gobierno hacia la población para ganar credibilidad.

En cambio, detrás quedan las verdaderas reformas a los sistemas de salud, educación y seguridad que difícilmente podrían definirse entre un “si” o un “no”.

La idea de instalar la pena de muerte es ridícula. Mas bien parece una frase populista que busca identificarse con las víctimas impotentes, en vez de implementar una verdadera estrategia contra el crimen organizado.

El sistema judicial ha sido cuestionado sobre investigaciones fiscales en temas sensitivos, al igual que los fallos de la corte, o incluso las decisiones de jurados de conciencia. Pronto entrará en vigencia el sistema acusatorio con un presupuesto limitado, y la capacitación en proceso de los funcionarios a cargo de las investigaciones. ¿no cree usted que hasta su propia vida se pone en riesgo con la pena de muerte?

Centrémonos mejor en conducir al país con una agenda de Estado, no de gobierno, respetemos pactos actuados y adoptemos verdaderas estrategias de reingeniería que logren dar al ciudadano una mejor oportunidad en su calidad de vida. Decidir sobre temas tan sensitivos, alimentados por una emoción acalorada, corre el peligro de obtener una respuesta inapropiada e incapaz de despertar el menor raciocinio sobre temas fundamentales que deben poner en marcha al país.

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Este artículo  fue publicado el 15 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Reelección en la Universidad de Panamá

La opinión de….

Dorindo Jayan Cortez


El Ejecutivo ha convocado a la sociedad panameña al diálogo para atender problemas nacionales, igual ha anunciado que llevará a cabo consultas populares. Si este camino se emprende, ojalá que sea más que un discurso y, en verdad, permita que el Gobierno enrumbe su política.

Este anuncio se da en un momento crucial para la Universidad de Panamá. La posible reforma a la Ley Orgánica para permitir la reelección de las autoridades se pretende “vender” como parte de un “paquete” que viene desde el Ejecutivo, lo que es contrario al mensaje que el Presidente oferta al país. Y es que el éxito del “diálogo” tiene que tener, como base, el respeto a la institucionalidad, siendo uno de ellos y muy sagrado, el de la autonomía de la universidad.

Desde ese punto de vista, nos parece antiuniversitario el “pronunciamiento”, con fecha 19 de febrero de 2010, que firman los presidentes de los gremios docentes universitarios: Apudep, Aapudep, Adupa y el Movimiento 2025 sin consulta alguna. Igual lo hace el gremio de trabajadores Aseupa. Y lo lamentamos, no por sus fines políticos, sino por su adscripción a una idea que, intencionalmente o no, atenta contra la autonomía y en contra del sentido de independencia que identifica a la Universidad de Panamá.

En el pronunciamiento, con mensaje claro al Presidente de la República, “piden y esperan su apoyo” ¿a qué?, al proyecto reeleccionista vía la reforma de la ley. Así, tan inadecuado es el pedido de intervención en un asunto que, por tradición y por principios, compete exclusivamente a los universitarios. Para nada mencionan el referendo, que es obligatorio por la Ley 24, sino que piden “apoyo al Gobierno” a lo que llaman “su causa”, que es la causa de algunos de los dirigentes gremiales. Así desconocen y echan por tierra el plebiscito y la real concertación de 2005 y que dio como resultado la actual Ley Orgánica.

Grave, además, son los argumentos que descalifican a nuestros profesionales, en el sentido de que pareciera no haber en la universidad “nadie” que garantice la gobernabilidad y la efectividad administrativa. No negamos la labor realizada por la actual administración, la reconocemos más bien. Pero, esto no debe llevarnos a desconocer e irrumpir la institucionalidad a la cual, esos mismos gremios, han contribuido.

Resulta irrisorio que sugieran reformar el artículo 34 para derogar el impedimento a la reelección por los dos periodos siguientes, para reemplazarlo por uno que reza: “durarán en su cargo cinco años y solo podrán ser postulados para el mismo cargo para un periodo adicional”. Esta es una página repetida que lacera la inteligencia ya que ha sido ese mismo mecanismo el que se ha venido utilizando, una y otra vez, para las reelecciones de las autoridades.

La verdadera democratización es aquella opuesta al manipuleo del tema electoral universitario. La Universidad de Panamá, cuyo papel en la sociedad tiene que interesar a la comunidad nacional, debe definir su futuro dentro de su legislación, no olvidando su tradición histórica, menos las consultas entre sus integrantes como lo manda la ley; así mismo como lo sugiere ahora el Gobierno para temas de interés de todos. Lo que ocurra en la Universidad de Panamá pondrá a prueba la solidez de lo que se propone al país.

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Artículo publicado el 15 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.