Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario

La opinión del Abogado, Administrador de Empresa, profesor Universitario….


Miguel A. Boloboski Ferreira

Luego de la construcción y posterior ampliación del Canal; la gran minería y su eventual desarrollo en el territorio nacional, constituye la decisión de mayor importancia en nuestra historia republicana con profundos efectos a futuro; incluso más allá de lo inimaginable. Las variables de sus connotaciones son tan amplias que simplemente no habrá sector o grupo que no sienta sus efectos; sean éstos positivos o negativos. Tamaña responsabilidad no puede ser asumida por unos pocos.

Gracias a lo dispuesto en el artículo 325 de nuestra Constitución Política, el 24 de abril de 2006, luego de años de estudios encargados por la Autoridad del Canal de Panamá (y su antecesora inclusive), el entonces Presidente de la República convocó a todos los panameños con mayoría de edad a participar de manera voluntaria en el Referéndum que definiría lo concerniente a la ampliación del Canal, el cual finalmente se llevó a efecto el 22 de octubre del mismo año.   Si bien el 76.83% de los panameños votó a favor de la ampliación, un significativo 21.76% se manifestó contrariamente. Recuerdo con agrado que durante la campaña previa (6 meses) circularon a nivel nacional y en sano ambiente, argumentos a favor y en contra; y a pesar de lo caluroso del debate no recuerdo un solo incidente desagradable. Hubo altura, y lo más importante, todos tuvimos la oportunidad de expresar libremente nuestra opinión.

Cada vez que los panameños utilizamos el método de consulta como medio alterno para la solución de nuestras diferencias hemos logrado establecer el rumbo a seguir; que luego las minorías en discrepancia han sabido reconocer con hidalguía sumándose a la construcción del objetivo común. En 1946 mediante Asamblea Nacional Constituyente se aprobó la que muchos todavía consideran la mejor de nuestras Cartas Políticas. En 1977 (en pleno régimen militar) los Tratados Torrijos-Carter (7 de septiembre) fueron sometidos a plebiscito nacional (23 de octubre) luego de un brevísimo período de discusión de cuarenta días.

Los actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994 (léase los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa) reformaron la Constitución incorporando el Título XIV relativo al Canal de Panamá.

Convocar a un Plebiscito (no referéndum), o sea someter la propuesta a votación para que los ciudadanos se manifiesten a favor o en contra, resulta ser a todas luces la mejor de las alternativas de consulta ante un tema tan delicado.

En “El Señor de los Anillos” el filólogo y escritor británico Tolkien narra de manera especial sus temores y aprehensiones ante “la tentación del hombre” y los efectos de la revolución industrial en la Naturaleza, invocando del catolicismo una parte de su oración principal: “Padre; no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal”.

<>Artículo publicado el  27  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ley chorizo: reflexiones frente al disenso

La opinión del Abogado…..

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Silvio Guerra Morales

Empiezo por decir que en otras latitudes, v.gr. Argentina, Colombia, etc., encontraremos leyes cuyos contenidos recogen materias que no guardan relación alguna entre ellas.  De modo que decir que por ser nueve leyes o puntos o materias en una sola ley, ha sido un gran pecado, es perder de vista, desde la técnica legislativa, que ello es posible. Algunos parlamentos suelen hacerlo para poner en vigencia cierta economía y eficiencia legislativa.

Considero que el pecado de esta ley es de otra naturaleza: lo inconsulto de sus contenidos frente a personas y sectores que conocen muy bien y a ciencia cierta qué es lo que acontece en el ámbito penal, ambiental, en fin. No consultar es un pecado: menos se equivoca el que consulta advertía Omar Torrijos. No se pierde nada en consultar, por el contrario, se gana y se pondera la posibilidad concreta de hacer que los proyectos de leyes sean mejores o perfectibles.

En lo que corresponde a la no detención preventiva del policía que en ejercicio de sus funciones cometa un crimen –v.gr. homicidio-, es un tema que a mi juicio merece algunas reflexiones.

Hace algunos años, cuando esto sucedía, el policía era recluido dentro de la propia institución a realizar servicios administrativos. El sobreseimiento dado a un agente acusado de homicidio tenía que subir en consulta ante el juez superior. Los policías, prácticamente, no se atrevían a dispararle a nadie. Luego nos vino este terrible oleaje de criminalidad mortal, de blanqueos de capitales, narcotráfico, etc. Nos han inundado las bandas, las maras y sus tentáculos, y los delincuentes andan armados hasta los dientes al extremo que se ha dicho que tienen, muchos de ellos, mayor poder bélico y mejores aparatos de comunicación, que los que tiene la propia policía.

Ahora, advertimos, cómo el crimen se apodera de nuestras calles, de nuestras casas, sembrando luto y dolor, tristezas irreversibles y desconsuelos sin término. Tengo la impresión que quienes así han dicho las cosas no han leído la ley, pues lo que se dice es que “en ejercicio de sus funciones”, todo lo cual indica que el policía no se excluye del juicio o del proceso y menos de una sentencia de condena ante el evento de que se le encuentre culpable o penalmente responsable y sí será detenido preventivamente cuando el crimen no sea “dentro del ejercicio de sus funciones”.

Creo, a mi modo de ver las cosas, que el fin de la norma es éste: que la delincuencia sepa que la policía se mantendrá férrea y que el agente que cause la muerte de otro en ejercicio de sus funciones no será dado de baja y menos detenido preventivamente y que se quedará dentro de la institución para seguir contrarrestando al delincuente. Ello, no obstante, no lo exime del juicio ni de una eventual pena. ¡Que la delincuencia sepa que no habrá un policía menos en la calle!, pues, al parecer, es éste el querer de los delincuentes.

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Este artículo se publicó el  25  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Crisis en el Municipio de Colón

La opinión de…..

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Jorge Luis Macías Fonseca

Desde hace muchísimo tiempo la vida municipal en el distrito de Colón se encuentra paralizada.   Esto, desde luego, tarde o temprano, iba a generar situaciones de conflicto.  Desde la administración pasada se advertían problemas que iban desde la casi imposibilidad de hacerle frente a los compromisos económicos, como el pago de la planilla a los servidores municipales, hasta la cancelación oportuna de las cuotas a la Caja de Seguro Social.

Si a esto se le agrega la errática administración del periodo pasado, que ni siquiera pudo hacer una buena obra municipal que quedara para la posteridad y beneficiara a toda la comunidad colonense, era claro que en algún momento la situación iba a hacer eclosión, incluso, si se hubiese dado el caso que se mantuviera la anterior administración municipal.

Es obvio que la ascensión de una nueva administración, que se planteara reivindicar la cosa municipal, iba a estrellarse irremediablemente con una realidad que le era adversa. De allí, entonces, la necesidad de fortalecer el marco de la capacidad administrativa y financiera de un municipio desarrollista, de manera transparente y con rendición de cuentas.   Esto tendría que conducir a crear las condiciones para construir un municipio en perspectiva y de un exitoso futuro para los colonenses.

Ahora bien, los últimos acontecimientos acaecidos en el municipio de Colón, traen al tapete una serie de asuntos que deben ser observados con detenimiento. Por un lado, la concepción del desarrollo de la municipalidad que tiene la administración alcaldicia y, por el otro, la que tiene la comunidad que pudieran no ser coincidentes.   Todo esto pasa por una discusión seria que tiene como punto sustantivo: la descentralización municipal, en donde la participación ciudadana es factor esencial en la toma de decisiones.

Es claro que no existen los mecanismos de intervención del ciudadano en la cosa municipal, por medio de la consulta permanente.   Las representaciones indirectas de la población por medio de los consejos municipales cumplen un cometido de manera parcial y no de forma mucho más amplia. De allí la necesidad de activar cabalmente las juntas comunales con el apoyo de las alcaldías, para que se logren resultados satisfactorios y para que la gente participe de las decisiones comunitarias.

El ejemplo del gobierno central es plausible. El interés por llevar a consulta pública una serie de intereses es correcto, pues se gobierna para la gente, y ella tiene que ser parte de las decisiones que las pudieran afectar.

La contradicción entre el Municipio de Colón y la comunidad ha llegado a los niveles de confrontación en donde las descalificaciones, las diatribas, las detenciones y las posiciones de fuerza, han suplantado al debate sereno y reflexivo.

La propia realidad crítica de Colón, con índices de violencia alarmantes y situaciones sociales difíciles, obliga a que todos, sin prejuicios, encontremos las vías del entendimiento para poder plantear con seriedad fórmulas de avances, para una sociedad que tanto lo necesita.

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Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sugerencias, no críticas

La opinión de…..

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Marisín Villalaz de Arias

No hay día en que no leamos o escuchemos algo sobre la sociedad civil y sus dirigentes; aún no comprendo totalmente su significado ni los objetivos de la misma ya que, empecemos por el hecho de que son varias las agrupaciones con diferentes dirigentes que, difícilmente se ponen de acuerdo en las conveniencias de algo para el país o los ciudadanos.

Si bien es cierto que la participación de la sociedad civil es parte de la democracia, también lo es que su labor no es la de cogobernar sino colaborar con el gobierno electo y designado. Las sugerencias de ese sector son indispensables para ser tenidas en cuenta por los gobernantes, pero de ninguna manera son vinculantes ya que el gobierno puede o no llevarlas a cabo.

Pienso que la sociedad civil tiene otros objetivos que debiera cumplir ante el resto de los gobernados. No recuerdo que alguna vez sus dirigentes me hayan hecho partícipe de sus ideas ni de sus actuaciones e igual sucede con el resto de los asociados. ¿Por qué? Lo ignoro. No conozco de ningún foro, reunión o comunicación que estos grupos tengan con la comunidad en los problemas que aquejan al país: en mi corregimiento no he recibido invitación para consultas o informes de lo que sucede.

En esa forma se retroalimentarían de los pensamientos de los demás y enriquecerían sus programas de trabajo. Pero no se acercan al resto de la sociedad civil en busca de apoyo ni colaboración. Sin embargo, veo que se inmiscuyen demasiado en política y poco en los verdaderos problemas locales o nacionales. Han terminado en confrontación con el gobierno, lo que no es su papel, al igual que solo criticar y no ayudar.

Si queremos tener una democracia participativa, que sea con la mayor participación de los gobernados, sin deseos de peleas y cotejos que disminuya a aquellos que desean hacer realmente algo positivo por el país. Debemos comportarnos sin amarguras, con positividad, no oponiéndonos por oponernos sino para colaborar seriamente.

Sugiero a las dirigentes de las micro organizaciones de la sociedad civil que amplíen su territorio de trabajo, que divulguen los problemas y sugieran soluciones para los mismos y, en esa forma, lograr una verdadera participación en la realidad.

El hecho de colaborar con el gobierno no significa que estén vendidas al mismo: sencillamente están cumpliendo su trabajo y sus objetivos para mejorar la democracia y la vida nacional.

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Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.