Wikileaks panameño

La opinión del Periodista y Docente Universitario….

 

DEMETRIO  OLACIREGUI Q.
d_olaciregui@hotmail.com

La referencia a Panamá es del 13 de diciembre de 1989. El cable redactado por John Bushnell, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, describía la situación interna.   La conclusión era que las sanciones económicas y las presiones internacionales no estaban dando resultado, porque Manuel Noriega era un maestro de la supervivencia.   El cable sugería que Noriega no dejaría el poder voluntariamente y que la única forma de sacarlo era mediante un exitoso golpe militar o una acción encubierta por parte de Washington.   Siete días más tarde se produjo la invasión militar estadounidense y Noriega fue apresado.

Ese informe es solo uno de los más de 250,000 cables convertidos desde el domingo en un festín de secretos a través de la página digital Wikileaks y cinco medios escritos de Estados Unidos y Europa.

Los documentos ponen al descubierto secretos sucios y aspectos de la personalidad de líderes mundiales, sus íntimas facetas humanas, su carácter, aficiones y vicios. Destacan, entre otros, que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi —ídolo del presidente Ricardo Martinelli— ‘aparece demasiado cansado, porque va a dormir tarde’,    debido a sus ‘fiestas salvajes’. Los cables exponen que Berlusconi genera ‘desconfianza profunda’ en Washington, por la manera cómo ha hecho oscuros y lucrativos negocios petroleros a base de generosos sobornos.

Ninguno de los documentos es estrictamente clasificado. La mayoría es de los últimos tres años y de fechas tan recientes como febrero pasado. En lo inmediado han producido decepción y molestia entre gobiernos aliados de Washington, porque desnudan situaciones delicadas y comprometedoras de su política exterior. Pero no plantean un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Las filtraciones descubren, además, que entre los diplomáticos estadounidenses la línea del espionaje no está definida y se mezcla constantemente.

Wikileaks, que comenzó a divulgar información secreta desde el 2007, es producto de la era de Internet, que ha revolucionado el panorama mediático mundial.   Para contener a Wikileaks, el Pentágono ha puesto en escena un Comando del Espacio Cibernético a cargo de un general de cuatro estrellas, con sede en Fort Meade, Maryland.

Lo ocurrido con las filtraciones es una lección sobre el derecho de los ciudadanos a la información que los gobiernos quieren esconder. Ese mensaje llega claro a un país como Panamá, donde Martinelli, con medidas represivas contra los medios de comunicación independientes —cuyo compromiso no es proteger al gobierno, sino informar a los ciudadanos— trata de ocultar los asuntos públicos que revisten interés para el colectivo social.

Los secretos de las donaciones a la campaña electoral de Martinelli, la trama del caso Murcia Guzmán y su asociación con figuras que actualmente forman el gabinete ministerial, deben salir en algún momento a la luz.   Después de un año de estar detenido en México, por lavado de dinero producto del narcotráfico, en Panamá no se ha iniciado un proceso para investigar a Ramón Martinelli y descubrir sus socios locales.    También en ese caso, la presión oficial para silenciar los medios de comunicación en algún momento se resquebrajará.

Las acciones del gobierno, siempre dejan huellas. Recientes denuncias sobre las actividades del Servicio Nacional de Migración, el Registro Público y las notarías, consulados y embajadas, demuestran que el gobierno no puede escapar permanentemente al escrutinio ciudadano.

La falta de transparencia en contrataciones públicas, los permisos de operaciones de casinos y las compras directas en la Caja de Seguro Social y la mayoría de ministerios e instituciones estatales, forman parte de un hoyo negro que se traga los fondos públicos.

Un gobierno que juega con la institucionalidad del país, quiere cerrarle los ojos y taparle los oídos a la ciudadanía, para que no se entere de sus maniobras para saquear lo que considera el botín del Estado.   Como caricaturizó Hilde en Panamá América, a Martinelli le tiene sin cuidado la opinión de los panameños, y hace todo lo que está a su alcance para impedir que el ciudadano se asome a las entrañas de un gobierno que está dando señales alarmantes de corrupción.

Como la transparencia es la principal garantía contra la arbitrariedad en el comportamiento de los poderes públicos, los ciudadanos exigen una radiografía de los negociados desde el poder y el modo en que opera la corrupción oficial y sus intermediarios privados.

Hace falta, entonces, un Wikileaks panameño, que permita a los ciudadanos tener acceso a la información de los negocios que hacen Martinelli y su círculo íntimo, para que desde el poder no se asalte la riqueza nacional y se despoje también a la sociedad de la información que debe alimentarla en forma transparente.

 

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<> Este artículo se publicó el 2  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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A la sombra de Bunau Varilla


La opinión de…

Fernando Gómez Arbeláez

Aparte de la oprobiosa Convención del Canal Ístmico de 1903,   mejor conocida como el Tratado Hay–Bunau Varilla, el ingeniero francés convertido en ministro plenipotenciario de la naciente República de Panamá, Philippe Bunau Varilla, parece habernos legado su perniciosa influencia –secretismo, falsedad y nula rendición de cuentas– en las negociaciones de algunos de nuestros tratados con Estados Unidos.    A pesar de haber transcurrido 107 largos años de su taimada actuación negociadora, sus artificios han vuelto a proyectarse como sombras en un nuevo tratado del que los panameños aún no sabemos nada.

El otro día recordaba cómo en 2005, durante un almuerzo en el hotel Hay–Adams de la ciudad de Washington, comenté discretamente que ese hotel, ubicado a corta distancia de la Casa Blanca, se encontraba en el lugar preciso antes ocupado por la residencia de John Hay, el secretario de Estado norteamericano de 1898 a 1905.   Fue allí, en la noche del 18 de noviembre de 1903, cuando Hay y Bunau Varilla estamparon su firma en el texto de ese tratado canalero, redactado solamente en inglés, “que ningún panameño firmó”.

El comentario llamó la atención de un invitado de origen zonian (de la extinta Zona del Canal).   “De no haber sido por el ingenio de Bunau Varilla”, respondió con seriedad, “mi familia no se habría mudado a la Zona, ni yo habría nacido”.

En ese momento la admiración del invitado por el improvisado negociador extranjero no me hizo prever que, cinco años después, este mismo “zonian” seguiría de cierta forma sus pasos hacia otra reprochable y oscura negociación entre Panamá y Estados Unidos.

El pasado 18 de noviembre –aniversario del Tratado Hay–Bunau Varilla– el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, ofreció una entrevista al servicio noticioso Bloomberg en Washington.   Henríquez manifestó que un  tratado de intercambio de información fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés) “ha sido concluido y será firmado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, el 30 de noviembre”.

Al igual que en 1903, los panameños quedamos atónitos al enteramos, por una fuente extranjera, que Panamá había cerrado negociaciones para un tratado con Estados Unidos.

Gracias a lo informado por Bloomberg, las autoridades locales se vieron obligadas a reaccionar al día siguiente con un ambiguo comunicado de prensa, en el que omitieron toda referencia a la naturaleza y el contenido del tratado.

Describiéndolo con un genérico “acuerdo fiscal”, se limitaron a resaltar su pretendido beneficio –una exención tributaria a convencionales norteamericanos en Panamá– que es la misma carnada en el anzuelo a todo país que firma un TIEA con Estados Unidos.

Al igual que en 1903, la opinión pública fue informada escasa y tardíamente.   Por más que el Gobierno pregonaba nunca negociar TIEA, sino solo tratados para evitar la doble tributación,   el 25 de octubre dio a conocer, forzado también por noticias de Washington, que había variado el rumbo para entablar la primera ronda negociadora de un TIEA con Estados Unidos.

Se dijo entonces que la siguiente ronda no tenía fecha y que la misma podría ocurrir en enero de 2011.   Tres semanas después, sin embargo, no solo hay ya un tratado íntegramente negociado –por negociadores que incluyen a un funcionario panameño con ciudadanía norteamericana, en abierto conflicto de interés– sino que está listo en la agenda del Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Los panameños tenemos el derecho de exigir información veraz y oportuna a nuestras autoridades.   El derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas a los negociadores. El derecho de exigir que ese tratado, como cualquier otro, sea publicado antes de ser firmado, ominosamente en Washington, por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela. Tenemos el derecho de exigir que sus cláusulas se conozcan con anticipación, de manera que puedan ser discutidas a profundidad y con plena libertad de criterio por parte de cualquier interesado.

Al igual que en 1903, sería inaceptable que, bajo el pretexto de que ese TIEA estuviera firmado por ambos países, nos presionen para aprobarlo con chantajes y amenazas, a través de la absurda “lista gris de paraísos fiscales” y del engavetado Tratado de Promoción Comercial.

Fue asimismo con chantajes y amenazas que Panamá llegó a ratificar el Tratado Hay–Bunau Varilla el 2 de diciembre de 1903, de forma apresurada, sin el adecuado examen y sin que siquiera fuera traducido al español.   No repitamos, mucho menos ahora por ignorancia, los errores de nuestra historia.

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<> Este artículo se publicó el 26  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Políticos disfrazan el capitalismo

Bitácora del Presidente.    La opinión del Jurista  y actual Presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario El Siglo…


EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com

El capitalismo de los amigotes es aquel donde el sistema económico y político, aparentemente capitalista, funciona para el pequeño sector de empresarios y ciudadanos que amparados en la bendición de los gobernantes explotan distintas actividades económicas en un ambiente de protección frente a la competencia.

El reparto de las actividades económicas se produce por esa estrecha relación de sociedad entre los gobernantes que otorgan licencias, asignan contratos sin licitación pública o atribuyen beneficios y exenciones tributarias especiales y el selecto grupo de amigos beneficiarios o co-partícipes. En inglés se conoce como ‘crony capitalism’.

Es el sistema económico que ha imperado en la América Latina y que se ha replicado en algunos ex países comunistas como Rusia.    Algunos lo denominan como ‘Mafia Capitalism’.    Cuando algunas regiones del planeta se encuentran amenazadas por el péndulo ideológico entre economía libre y democracia versus socialismo en su versión del Siglo XXI, hay políticos que disfrazan el capitalismo mafioso con la vestimenta de los ubicación ideológica (Somos de derecha).   Lo peor que le puede pasar a un país es que la población se deje engañar e interprete el capitalismo mafioso o de amigotes como el sistema económico donde las ventajas competitivas surgen del espíritu emprendedor, la innovación y la toma de riesgos.

La confusión le abre paso al anti-sistema donde los nuevos experimentos totalitarios cobran vigencia y los electores empiezan a apostar al mismo insatisfechos por el capitalismo mafioso.   Ese es el gran peligro que corre la democracia panameña y son las señales de alerta que están levantando los medios de comunicación en Panamá.   El derecho a ser informados es también el derecho a que no nos confundan.

Que no nos vendan gato por liebre.  Que no nos engañen en cuanto a los propósitos originales de los gobiernos de turno y sus amigotes.  Si un país está abierto a los negocios la única forma de saberlo es si existe un estado de derecho, si el sistema judicial funciona cuando se produzcan conflictos, cuando no se requiere de la amistad de los gobernantes ni de los amigotes del gobierno para la inversión, cuando ninguna libertad humana se encuentre amenazada, cuando los gobernantes no son hombres fuertes sino dirigentes responsables y orientadores.  Cuando hacer negocios y tener éxito depende de la capacidad y gestión empresarial y no de la bendición o las prebendas que distribuyan los gobernantes.

Temo que mucha gente solo ve que nuestro país es capitalista sin profundizar mucho si ese término tiene adjetivos que lo disfrazan y transforman en otra cosa.

 

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<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 1 de noviembre  de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.
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Fábula y rima…

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La opinión de la Periodista….

Adelita Coriat 

Estaba una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas iguales a ella, cuando una pluma, bañada en negrísima tinta, la manchó llenándola de palabras.  ¿No podrías haberme ahorrado esta humillación?  Dijo enojada la hoja de papel a la tinta.   Tu negro infernal me ha arruinado para siempre?   No te he ensuciado.   Repuso la tinta. Te he vestido de palabras.   Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre.   Te has convertido en algo precioso?   En efecto, ordenando el despacho, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero reparó en la hoja “sucia” de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba, bien visible, el mensaje de la palabra.  Luego, arrojó las demás al fuego.

Para que un mensaje curse el efecto deseado debe venir respaldado, de lo contrario el mencionado se sentirá afectado. Si el perjudicado acude a los tribunales, feliz se sentirá cuando le den la razón, de lo contrario aprenderá su lección. Si el comunicado es inventado tarde o temprano será descubierto y sentenciado.

En ocasiones la verdad cala mas allá de la justicia, pero en otras, la justicia se acerca tanto a la verdad que hasta ella misma se espanta y se retira. Cuando el tribunal abandona la sinceridad, otro ser la rescatará evidenciando su debilidad. Si la fragilidad prima sobre la veracidad, entonces la sociedad con firmeza exigirá su derecho a la verdad y la información.

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<> Este artículo se publicó el 18 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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La real malicia difamatoria

La opinión de….

Julio Fidel Macías

Los regímenes democráticos se robustecen en la medida en que el debate sobre la cosa pública esté desinhibido y sea ampliamente accesible. En este escenario, las libertades de expresión e información juegan un papel de suma trascendencia, pues sientan las bases del debate público. Obviamente que de la misma manera como esas libertades estimulan el debate público, su ejercicio temerario puede lesionar derechos subjetivos.

La reciente condena a prisión e inhabilitación para el ejercicio del periodismo impuesta a los periodistas Sabrina Bacal y Justino González por el delito contra el honor, puede ser catalogada como un precedente funesto en la lucha por la vigencia de las libertades de expresión e información. Un breve recorrido en la historia nos indica que posiblemente estamos aprendiendo a golpes una historia que no es propia.

El estudio de la Doctrina de la Real Malicia generada por la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso civil The New York Times Company vs. L. B. Sullivan, es un referente obligatorio cuando se ponderan los valores que entran en conflicto cuando colisionan las libertades de expresión e información, por una parte y el derecho al honor, por la otra.

En este caso, Sullivan pretendía una indemnización económica por considerarse difamado por afirmaciones vertidas en una una página completa publicada en The New York Times perteneciente al Comité para la defensa de Martin Luther King y la lucha por la libertad en el sur, que se refería a la exigencia de los estudiantes negros de vivir dignamente.   A pesar de que en ningún lugar de la publicación se mencionaba a Sullivan por su nombre, éste sostuvo que la palabra “policía” hacía referencia a él como comisionado de Montgomery, encargado del manejo de la situación con los estudiantes negros.

Aunque los tribunales de primera y segunda instancia accedieron a las pretensiones de Sullivan, ya que durante el desarrollo del proceso se pudo probar la falsedad de algunas de las afirmaciones contenidas en la publicación, el 9 de marzo de 1964, la Suprema Corte de Estados Unidos revocó las decisiones anteriores, bajo el criterio de que “Casos que imponen responsabilidad por informes erróneos de la conducta política de funcionarios reflejan la obsoleta doctrina de que el gobernado no debe criticar a sus gobernantes… La protección del público no solo requiere discusión, sino también información”.

Siguió acotando la Suprema Corte que “si el gobierno oficial debe ser inmune a acciones por difamación de modo que su entusiasmo para servir al público no sea ahogado y sin miedo, una administración vigorosa y efectiva de las políticas de gobierno” no será inhibida, luego el ciudadano y la prensa deberían igualmente ser inmunes a acciones por difamación de su crítica de la conducta oficial.    Su entusiasmo como ciudadanos no será entonces enfriado y ellos serán libres de aplaudir o criticar la forma en la que los empleados públicos cumplen sus trabajos… El funcionario público cuenta ciertamente con el mismo –si no mayor– acceso a los medios masivos de comunicación que la mayoría de los ciudadanos particulares.   En todo caso, a pesar de la posibilidad de que algunos excesos y abusos pueden quedar sin remedio, debemos reconocer que “el pueblo de esta Nación ha establecido a la luz de la historia, que, a pesar de la probabilidad de excesos y abusos (ciertas) libertades son, a largo plazo, esenciales a la opinión iluminada y a la conducta correcta de los ciudadanos en una democracia”.

La Doctrina de la Real Malicia impide que un funcionario público pueda reclamar sobre las manifestaciones inexactas o difamatorias relacionadas a su conducta oficial, a menos que se pruebe que se hizo a sabiendas de que era falsa o con una temeraria despreocupación sobre su verdad o falsedad.

El estudio de la Doctrina de la Real Malicia nos lleva a considerar, al menos, dos situaciones: la primera, sobre la necesidad de descriminalizar la calumnia e injuria, ya que si bien en cierto, el Estado en ejercicio del ius puniendi determina las conductas consideradas delitos, no es menos cierto que esa incriminación solo será necesaria en la medida en que ello resulte indispensable para la protección de los valores más significativos de la sociedad.    En segundo lugar, bajo esta doctrina opera una inversión de la carga de la prueba, ya que es el funcionario público quien debe probar que la afirmación falsa o inexacta fue realizada con dolo o culpa grave, ya que de lo contrario se limitaría la labor informativa de los medios al obligarlos a obtener pruebas de tales afirmaciones.

La condena de los periodistas Sabrina Bacal y Justino González se traduce en un retroceso en la lucha por la vigencia de las libertades de expresión e información, ya que tal precedente puede conducir a la autocensura y por supuesto a la limitación del debate público como mecanismo para fortalecer la democracia.

<> Este artículo se publicó el 16  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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El derecho a investigar e informar

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La opinión de…

Elizabeth Arona Castillo

Hay personas que son acosadas, acusadas y encarceladas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, pero todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor o injerencias.   La violencia en contra de los periodistas y las intimidaciones judiciales son circunstancias que impiden el desarrollo de la libertad de expresión.

Este derecho es importante para el desarrollo y la dignidad de cada persona, y es fundamental para el disfrute de otros derechos humanos. La libertad de expresión ha sido siempre parte esencial del trabajo de Amnistía Internacional, y guarda una estrecha relación con el derecho a defender la propia opinión y con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Cabe señalar que en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Permítame explicar conceptualmente qué es la libertad de expresión, el periodismo y periodista. La libertad de expresión, o más ampliamente la libre difusión del pensamiento, abarca todas las manifestaciones intelectuales del ser humano entre ellas la escritura en sus diversas vertientes de la literatura, el arte, la cultura, escritura, entre otras; y también la libertad de prensa que comprende diversas libertades, entre ellas la información, la crítica y hasta la denuncias.

El periodismo consiste en transmitir información de un lugar a otro con exactitud de conocimiento y que la corrección de las cosas se ponga en evidencia. En cuanto al periodista es un especialista en la difusión de los conocimientos.

No en vano los veteranos del periodismo panameño como Gil Blas Tejeira, Ignacio de Jesús Valdés, Manuel Celestino González, Roberto Núñez Escobar entre otros, defendieron la profesión y la libertad de expresión en su misión de informar y difundir los hechos y sucesos de interés público; educar a través de la información para influir en la vida colectiva, para comprender y transformar la realidad; y entretener para el disfrute de la colectividad, todo ello en beneficio de la mayoría.

El chileno académico Claudio Grossman señala que “Una prensa silenciada y temerosa resulta en sociedades que pierden su libertad” .

No podemos dejar de mencionar las palabras del gran tratadista argentino Gregorio Badeni, cuando afirma que “las libertades no se concretan en la práctica por un acto de magia sino por la acción de los hombres”, y agrega que aunque la ley reconozca la libertad de prensa, si no hay firmeza en la convicción por asumir su defensa, aquella será un enunciado meramente nominal, tanto en un sistema autocrático como en uno democrático constitucional.   Badeni explica que “la vigencia formal de la democracia constitucional en modo alguno garantiza la manifestación de la libertad de prensa y que por lo mismo es necesario luchar por ella, en cada espacio y en cada momento”.   Unidos creemos que podemos hacerlo, conservar la defensa, el respeto y la preservación de la profesión del periodista, la libertad de expresión y el periodismo es nuestra labor.

<> Artículo publicado el 12  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

De púas y atolladeros

La opinión de…

Berna Calvit

Nuestro país se parece al puerco espín: lleno de púas y con pocos lugares por donde agarrarlo sin pincharnos.   Escasean las buenas noticias como la de la cirugía exitosa a las hermanitas Yaneth y Yineth, que nacieron unidas por el hígado; que ocueños productores de ñame construirán una planta agroindustrial para convertirse en “grandes ligas de la exportación”; la campaña anual contra el cáncer, que despierta la voluntad de muchos; que el Área Económica Especial Panamá-Pacífico (antigua base militar de Howard) sigue creciendo y ha creado casi 2 mil puestos de trabajo; que el ingreso por peajes (ACP) creció en un 3%.

Pero abundan las noticias tristes, malas, nauseabundas, púas que diariamente se nos clavan. Más que púa, es puñal afilado el abominable fallo contra la directora de noticias de TVN, Sabrina Bacal, y el periodista Justino González, que los condena a dos años de prisión sustituibles por multa de 6 mil dólares y la inhabilitación para ejercer el periodismo durante un año.

Los que no han medido las consecuencias de esta abominación, porque “no soy periodista, no me afecta”, deberían considerarla desde otros ángulos.   La agresión al derecho de informar no es solo contra Bacal y González; es contra todos los periodistas y los que, sin serlo, opinamos en los medios de comunicación; e implica la violación de nuestro derecho ciudadano a recibir información. El Presidente, metido en un atolladero de trascendencia internacional, se apresuró a ofrecer indulto a Bacal y González cuyos “delitos”, afirman algunos juristas, no están dentro de sus facultades indultar.   Este caso es “leche derramada” sobre la imagen del Gobierno, y así se queda.

Me interesa la salud de Yaneth y Yineth, el rescate de los mineros chilenos, lo que sucede en el mundo y en mi país, y la conducta de nuestro gobierno.   ¿Cómo, si no es por los periodistas, sabría que el ex obrero bananero Valentín Palacios es ahora “promotor” del Programa Red de Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social;    desapareció 35 días durante los sucesos de Changuinola y recibió tal golpiza que “no ha podido decir” quién se la propinó; que sin licitación, el Ministerio de Seguridad Pública decidió comprar seis helicópteros por 60 millones de dólares, información que sirve para preguntar (por lo menos) qué justifica la compra directa sin que exista “urgencia notoria”? Ni hubiera sabido que el ministro colombiano de Defensa felicitó al ministro panameño de Seguridad, Mulino, por “los controles ejercidos en la frontera común” durante la operación militar colombiana, de la que dice Mulino, “no sabíamos”.

O enterarme de que el ministro del MEF, Alberto Vallarino, no fue consultado para la elaboración del proyecto que permite a la Presidencia “validar” el presupuesto estatal antes de que el MEF lo presente al Gabinete; y que se le quita al MEF el manejo de las tierras del Estado que pasa la Autoridad Nacional de Tierras adscrita al Ministerio de la Presidencia.    Suma y resta en la que sale perdedor el MEF. Debe haber tragado grueso el ministro Vallarino para no decir “Hasta aquí llego”.

En confesión involuntaria, dijo el Presidente: “Aquí todo el mundo va por su lado y no se cumplen las metas… el presupuesto no es de nadie sino de todos los panameños”.   Si es nuestro, ¿por qué gastar millones en helicópteros y en la torre “supositorio” en la Avenida Balboa sin atender lo prioritario?    Las escuelas públicas y los servicios de salud siguen siendo un desastre; la basura nos ahoga; según evaluación de la Junta Técnica de Salud, la infraestructura del Hospital Manuel Amador Guerrero “no reúne las condiciones”; y no hay fondos para construir la nueva morgue judicial, que se necesita a gritos para no tener que guardar los cadáveres como sándwiches.

El Presidente decidió “subrogar” la Ley 30; enviará seis proyectos de ley separados a la Asamblea Nacional. La Ley 30, y el fallo contra los periodistas, desataron la repulsa ciudadana. Rebanar la “Ley chorizo”, y ofrecer indulto a los periodistas, confirman la importancia de la información para generar opiniones y hacer reaccionar al Gobierno. Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, define al periodismo como “El mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, la forma para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia”. Y Albert Camus dijo: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Derecho a la información

La opinión del Abogado y docente universitario en la materia….
CARLOS AUGUSTO HERRERA

El artículo 37 de la Constitución panameña nos motiva a compartir nuestro libre pensamiento y a través de las palabras o por los medios escritos en todas sus variedades, pero con apego a las responsabilidades legales que provoquen actos atentatorios contra la reputación u honra de cualquier persona y lo extiende a la seguridad social y hasta el orden público.

Todos conocemos que existe la calumnia e injuria en respuesta a lo presupuestado en el artículo 17 también de la Constitución, que habla de la institución de las autoridades para velar por la vida, honra y bienes de los panameño donde se encuentren o de los extranjeros que se encuentren en el suelo patrio.

Bueno, puede ocurrir que el sujeto sienta temor a dichas consecuencias y prefiera que un periodista facultado por la ley para no revelar la fuente, lo mantenga en el anonimato mientras y después de verificar la noticia y su publicación.

En otro orden de ideas, la libertad de la información es un tema que alcanza metas ahora con el Hábeas Data, que nos abre el camino a la información no restringida. Todos tenemos derecho a saber lo que ocurre en nuestro medio.

A propósito, si esto lo aplicáramos a la base de datos que genera información al deslumbrante aparato denominado Pele Police nos ahorraríamos mucho trabajo si se pública en una página. Una gran cantidad de personas arreglarían su problema con una información adecuada, los archivos de expedientes tendrían una información corregida y no desfasada o los errores procedimentales, por los que los funcionarios no responden, a pesar del daño que producen con la falta de actualización, de esos oficios para conducir o detener que se quedan a flote en el ambiente, pero que el aparatito revive y provoca la automática conducción como la medida restrictiva auxiliadora. Claro que algunos beneficios producen, al acelerar los procesos penales, ayunos de atención por los involucrados.

A veces nos tenemos que aguantar monólogos gritados de personas que discuten por teléfonos asuntos muy ajenos al tema que nos tiene reunidos. Las llamadas en los celulares se han convertido en una impertinencia con prelación sobre el resto de los presentes.   Hay otras comunicaciones latosas, como los correos indeseables o las llamadas automáticas para ofrecer planes por las líneas que los usuarios pagan puntualmente frente a los cortes automáticos.

Es tan desagradable contestar en los teléfonos fijos a una computadora que cobra con cierto aire cínico. Otras son esas promociones necias que incitan a conversar tonterías, con el objetivo de pagar más. De las tarjetas milagrosas que triplican y cuadriplican ni se diga, un asunto que nadie ataja, pero los que transgreden seguro que no irán al cielo.

Claro que vivimos en un mundo de genialidades, como lo que nos dicen las caricaturas con esos eternos rejuegos de doble sentido. El artista con su pincel escribe sin palabras con asuntos parecidos a las glosas que cotillean a diario con señalamientos preñados de sobrenombres, indirectas o simplemente las señas para que el leyente pueda identificar al señalado.

Claro que estamos muy lejos de cumplir con ese manto protector del artículo 17 de nuestra Constitución y la institución de las autoridades para garantizar la reputación hoy tan cuestionada por cualquier badulaque que se las arregla para participar en programas donde le permiten vilipendiar a la Humanidad.

Pero es que en este mundo chocamos con los intereses y las emociones de las instituciones, las empresas, los periodistas organizados y aquel independiente, la línea editorial, los grupos afines o los contrarios, más los consejeros.

Todo el mundo sabe qué medios de comunicación están dirigidos de acuerdo a la tendencia afín a los intereses particulares y de allí las noticias salen o no salen. Un buen periodista tratará de corroborar la fuente, de estudiar los entornos y profundizar en la información para publicarla como una noticia concreta.

Podemos apreciar los bandos que se proyectan a favor o en contra de una actividad social. El periodismo y los medios de comunicación social generan una gran opinión pública y no son pocas las veces que pesan en la decisiones oficiales. Tenemos conciencia de lo que se dice a diario con relación a las noticias estatales y las respuestas que genera. Lo malo es que gozamos del privilegio de una escasa posibilidad de lograr que se dé el equilibrio. Si nos vamos a las fuentes informativas que el periodista mantiene en reserva, que provocan el interés en estricta función a los resultados a favor del interesado. Todas las noticias que el periodismo investigativo lleva a cabo, imprescindiblemente llenan el interés particular de quien facilita la información, a menos que se trate de un idealista que prefiere mantener el anonimato, lo que es impropio de estos excepcionales seres humanos.

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Artículo publicado el 29 de agosto de 2010  en el diario  La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La libertad de prensa y la administración de justicia en Panamá

De lo anterior se colige que para que un juez en Panamá, pudiera condenar civilmente a un comunicador social en el ejercicio sagrado del periodismo, debiese contar con la prueba que acredite que actuó  con dolo o con pleno conocimiento de su actuar negligente.    Si no se logra probar esto en juicio, debiera salir absuelto el profesional periodista o medio informativo, demandado por un funcionario o particular en actividad pública..”

Profundicemos en este planteamiento que nos trae en su artículo de opinión de hoy, el destacado Doctor en Derecho…

Ernesto Cedeño Alvarado

En Panamá hay jueces civiles que están condenando a periodistas y medios de comunicación en el ejercicio de la vocación del periodismo.

El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, contiene el Informe de la Relatoría Especial Para La Libertad De Expresión y con relación a Panamá, se plasmó en el numeral 453, lo siguiente: “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.   Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.   En el mismo sentido, el principio 11 dispone que, “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad […]”.

De lo anterior se colige que para que un juez en Panamá, pudiera condenar civilmente a un comunicador social en el ejercicio sagrado del periodismo, debiese contar con la prueba que acredite que actúo con dolo o con pleno conocimiento de su actuar negligente.

Si no se logra probar esto en juicio, debiera salir absuelto el profesional periodista o medio informativo, demandado por un funcionario o particular en actividad pública.

Sin embargo, a lo mejor, por desconocimiento o por falta de legislación adecuada, se pudieran estar conculcando, derechos, a los comunicadores en Panamá.

De allí la importancia de que la administración de justicia pondere los valores internacionales en comentario, pues de lo contrario se podrían estar emitiendo fallos injustos, alejados del derecho humano y allanando el camino para una demanda internacional, en contra del Estado panameño por haberse violado la libertad plena de expresión en el periodismo criollo.

Finalmente plasmo los principios 10 y 11 de La Declaración De Principios Sobre Libertad De Expresión que debe tener en cuenta en Panamá, nuestras autoridades y jueces:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

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Este artículo se publicó el  1  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mi respeto a dos mujeres ejemplares

La opinión de…..

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Alma Montenegro de Fletcher

No parece el título apropiado para tocar un tema que en los últimos días nos ha traído de cabeza, especialmente porque de un lado y de otro han respondido al momento político que vivimos y, sobre todo, por la atención que se le está dando a la libertad de expresión en Panamá, confundida, en ocasiones, con el derecho a la información.

En mis más de 40 años dedicados al ejercicio del derecho en diferentes cargos he dejado claro mi reconocimiento a aquellos que defienden su honra y se apegan a la justicia a través de sus pronunciamientos de una manera asertiva, sin estridencias, y acatando estrictos principios jurídicos. Me refiero en este caso, a dos mujeres, la fiscal superior Argentina Barrera y la juez Miriam Chen de Aguilar.

La primera, quien ha logrado una sentencia condenatoria contra el diario La Prensa, al sentirse afectada moralmente no por la noticia que apareció en su momento, sino por el titular desinformativo, publicado en la edición del 30 de agosto de 2005. Y la segunda, por haber emitido un fallo condenatorio, bien sustentado, que muy poco va a resarcir a la afectada por el daño moral y emocional que le causaron –a ella, a sus familiares y allegados– pero es un mensaje para que, a futuro, los periodistas sepan titular sus noticias y no se manipule mediante esos mismos titulares a la opinión pública.

Yo tuve mi experiencia y sé como afecta lo que aquí planteo.

Es necesario aprender a respetar el criterio de los que juzgan, porque una condena, sea a un medio o a un particular, no debiera ser motivo de una reacción tan visceral y menos enredar a todo el mundo en una causa cuyo proceso aún no termina.

El abogado de la fiscal Barrera ha pedido veracidad, en la cobertura que se le ha dado al tema, más aún, cuando se ha aprovechado el momentum político y la presencia de personalidades allegadas a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que no tienen por qué saber los intereses que se mueven detrás de nuestros medios.

Espero que este sea el primero de muchos fallos que hará nuestra jurisprudencia sobre el derecho de prensa, sobre la libertad de expresión y el daño moral. En estos temas debería enfocarse el debate y no en una defensa a ultranza del diario condenado. Cuando ocurren estas situaciones, donde dos mujeres ejemplares se atreven a defender su honor, cada una en su ámbito, debemos hacer una introspección (y cuando digo debemos, insto a todos los que se han precipitado a emitir una condena a la condena) y preguntarnos si estamos siendo justos o solo mercenarios de la pluma, sea mediante titulares o noticias sesgadas, porque a todos luces, el enfrentamiento es desigual.

Octavio Paz, ese gran pensador mexicano, ha señalado que “no hay nada más triste que el escritor sometido al dictado de un político”. Cuánta verdad contiene esa frase del Nobel de Literatura, que aplicado en este caso sería adoptarlo al periodista sometido a una agenda política. “En la noche, todos los gatos son pardos”, reza otro refrán popular. La Prensa tiene el poder para convocar en su defensa a los grupos afines que se arropan con la libertad de expresión. Pero nosotros tenemos el derecho a ser informados con justicia y veracidad y un titular mal intencionado puede desvirtuar cualquier noticia. Aprendamos y enseñemos a pensar.

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Este artículo se publicó el 19   de mayo de 2010 en el diario La Prensa, La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.