La justicia criminal panameña

La justicia criminal panameña

Según la opinión de

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Roberto Moreno
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La justicia criminal panameña atraviesa momentos trascendentales en su historia, por razón de los cambios propuestos al sistema. Esta semana dos temas han sido noticia, la posposición de la entrada en vigencia del sistema acusatorio y el proyecto de ley que regula la telefonía celular.

En relación con el proyecto que intenta regular la telefonía prepago y las escuchas telefónicas, el mismo es desesperadamente necesario, ya que la falta de controles permite a los delincuentes aprovecharse del sistema y cometer crímenes graves. Por ejemplo, sería de gran alivio para una víctima de secuestro que las autoridades pudiesen ubicarla rápidamente e identificar a sus captores escuchando a los criminales cuando llaman para pedir el rescate a sus familiares.

En cuanto al sistema acusatorio, esperamos que esta posposición permita dotar a las instituciones partícipes en el proceso de administrar justicia criminal: Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio Público y Órgano Judicial, de recursos suficientes no solo para nombrar a los nuevos actores del proceso, (v.g. jueces de garantías), sino de herramientas tecnológicas y científicas (v.g. bancos de datos de ADN y huellas dactilares con equipo moderno para procesar la información) que disminuyan la abismal diferencia en recursos que permite al crimen organizado estar a kilómetros por delante de quienes tratan de controlarlos.

Es frustrante para los investigadores adelantar todo un proceso para que al final, de acuerdo a lo que establece la ley, el acusado sea puesto en libertad con una multa porque no se pudo probar su reincidencia criminal por el simple hecho de que no se incorporó al expediente luego de 6 o más meses su récord policivo por la falta de un sistema moderno que permita acceso desde una terminal de computadora en la fiscalía a la base de datos de la DIJ y se tenga que utilizar el anacrónico sistema de enviar una nota y esperar meses por la respuesta, o peor aún, porque juzgados en oficinas contiguas carecen de intranet que les indique que el sujeto procesado en la oficina A mantiene otro proceso en la B.

El sistema acusatorio no va a mejorar esto, simplemente va a permitir a los delincuentes mayores garantías y ventajas, pues ante nuestra falta de tecnología forense, los casos se limitan en su mayoría a lo que pueden aportar los testigos, y como en el acusatorio no hay expediente, sino que se tienen que evacuar las pruebas en la audiencia (que seguramente se efectuará meses o años después de cometido el crimen, ya que la criminalidad no va a disminuir mientras no se ataquen sus causas basales); y no tenemos sistema de protección de testigos eficiente, será más barato para el crimen organizado eliminar al testigo antes de la audiencia que pagar un abogado y con eso terminar con el caso.

En la mayoría de los países que han efectuado el cambio, siguiendo la corriente recomendada por las potencias anglosajonas de cambio al sistema que ellos utilizan, la percepción de impunidad se ha incrementado, pues el sistema no ha dado los resultados esperados en relación con el crimen organizado, el cual se ha hecho aún más difícil de contener, e incluso hay países que han regresado al viejo sistema mixto o inquisitivo, entendiendo que es mucho más importante la tranquilidad y seguridad de la sociedad en general y de las víctimas de delitos en particular, que la protección de los derechos de aquellos que eligieron dedicarse al crimen de manera organizada.

Evidentemente, en países que dotan a los administradores de justicia de suficientes herramientas y recursos, el sistema funciona y sirve para proteger los derechos de aquellas personas que por primera y única vez o por circunstancias especiales cometen un delito, ya que sus derechos efectivamente son mejor salvaguardados, pero estos países tienen reglas distintas para el crimen organizado.

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Publicado el 11 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una verdadera ley de carrera

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Una verdadera ley de carrera

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Roberto Moreno
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Mientras escribo estas líneas nuestra “nueva” Asamblea Nacional discute y seguramente aprobará a tambor batiente las reformas a la ley de Carrera Administrativa, supuestamente por las irregularidades realizadas por el gobierno pasado al incluir a última hora a personas que no cumplen con los requisitos de ley para tales efectos.

Señalan los que se oponen que las mismas permitirán el despido de miles de funcionarios para crear espacios políticos para que los partidos de la coalición que ganó las elecciones incluyan en la planilla estatal a sus seguidores.

Independientemente de cuál de los argumentos sea el más acertado, el del gobierno entrante o el de los representantes del saliente, lo cierto es que cada cinco años los funcionarios son sometidos a la angustia de no saber si podrán continuar laborando en la consuetudinaria vorágine que busca satisfacer el clientelismo político. Este clientelismo es uno de los mayores males de nuestra democracia todavía en desarrollo, ya que evita que los funcionarios voten a conciencia, por el mejor candidato, y no por el candidato que les garantice mantener el puesto, o un futuro nombramiento, sin fijarse en las propuestas que pueda o no tener, aprovechándose los políticos de la miseria de quien necesita un trabajo.

En países mas desarrollados, como España, los servidores públicos se someten a un concienzudo proceso de reclutamiento y selección que les permite tener estabilidad en sus cargos hasta su jubilación, haciendo que el engranaje gubernamental sea eficiente, ya que los funcionarios se capacitan para ejercer los cargos que ostentan, evitando que cada cinco años se cambie no solo a las personas, sino los planes a mediano y largo plazo, y con ello se afecte además del individuo que pierde su trabajo, al Estado que ha invertido recursos en capacitar a estas personas, que son reemplazadas en la mayoría de los casos por individuos sin experiencia a los que por más capacidad que puedan tener, les toma algún tiempo conocer el funcionamiento del sistema, y en los que hay necesariamente que volver a invertir en entrenamiento.

Esta falta de estabilidad propicia muchas formas de corrupción: el tráfico de influencias, nombramiento de las famosas “botellas”, compartir el salario con quien le consiguió el puesto, provocar en el funcionario sin estabilidad el ánimo de hacer todo lo que este a su alcance para “llenarse” durante esos cinco años.

La corrupción en el gobierno afecta directamente a los más pobres, ya que los recursos destinados a obras para mejorar su calidad de vida se pierden en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos que se alían con personas del sector privado para enriquecerse de manera ilegal. Es hora de que los políticos entiendan que el clientelismo debe acabar, creando un verdadero sistema de méritos como el que tiene Autoridad del Canal de Panamá, una de las pocas entidades eficientes el país.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.