Sistema de enjuiciamiento penal acusatorio panameño: reto y oportunidad (Parte II )

La opinión del Fiscal Segundo del Circuito de Herrera…

César Román Tello Solano 

Oralidad.

 

De la mano de la inmediación, aparece la oralidad como otra característica connatural del sistema acusatorio. Entre más transparentes y orales sean los juicios, en esa misma medida habrá garantía frente a la ciudadanía, de procesos elaborados con exposición pública del fiscal, lo que sin duda ayudará a su comprensión y asimilación por parte de la colectividad que los sigue, como reclamo a un servicio de administración de justicia que debe responder a esas expectativas. Esta dialéctica lleva consigo el ejercicio de destrezas de litigación, comprendiendo el correcto conocimiento de los hechos (realidad fáctica), base probatoria (prueba) y manejo de la Teoría Jurídica, trilogía que se traduce en lo que se conoce como Teoría del Caso. Un poco para recrear lo que se plantea, las habilidades comprenden capacidades para interrogar y preparar debidamente a un testigo frente al Juez y demás intervinientes (en su correcta acepción), contrainterrogar a los propuestos por aquellos, poder anticipar la Teoría del Caso del oponente, y estar preparado para los imprevistos que sin duda han de surgir.

En la realidad panameña podemos encontrar particularidades como el hecho que somos uno de los últimos países en implementar el sistema acusatorio, lo que trae consigo algún tipo de rezago o mora en el tema. Este elemento cierto, que podría ser definido como una debilidad, puede perfectamente traducirse en una fortaleza si lo vemos bajo el prisma de poder anticipar las deficiencias u obstáculos que han sufrido países cercanos de nuestro entorno latinoamericano.

Igualmente sobre la marcha iremos elaborando lo que pudiera llamarse el modelo panameño, que se adecue a nuestra realidad, a nuestras expectativas como nación, asumiendo el compromiso de dotar al país de herramientas procesales de primer mundo. Considero que al coexistir a la fecha un sistema intermedio, nos hace diferentes de otros países; son muchos los ejemplos de legislaciones que han hecho tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, extremos tan diferenciados y con características tan disímiles.

En cuanto a las expectativas de la población en general, estas pueden concretarse en una justicia pronta, efectiva y con celeridad. La propuesta invita a la utilización de los métodos alternos o adecuados de resolución de conflictos, como una herramienta necesaria para garantizar su éxito.   Hemos de aprender los panameños, que el conflicto penal puede ser administrado de forma diferente a la justicia adversarial tradicional, que históricamente ha alejado a la víctima, como su protagonista principal.

La ciudadanía como actora de los cambios, también podrá esperar la implementación de un programa estructurado de protección a víctimas y testigos. Obviamente que un tema tan denso y complejo excede el espacio disponible para esta iniciativa, no obstante hemos querido retratar en un recorrido superficial, algunos aspectos relevantes.

<>Artículo publicado el  5 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sistema de enjuiciamiento penal acusatorio panameño: reto y oportunidad (Parte I)

La opinión del Fiscal Segundo del Circuito de Herrera…

César Román Tello Solano

La implementación del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio en nuestro país genera expectativas, frente al reto y oportunidad que lleva implícito. Este evento pone a Panamá a la par de las tendencias de reforma procesal penal que iniciaron en la región en la década de los ochenta. ¿Cuál es el núcleo de este paradigma, como para que a partir de él emerjan tantas inquietudes?   ¿La experiencia panameña es igual o diferente del resto de países en donde se ha implementado?   ¿Qué puede esperar la sociedad civil y el ciudadano común de esta reforma? Trataremos de ir hilvanando algunas respuestas a estas interrogantes.

Los ejes fundamentales del sistema acusatorio, giran en torno a algunos principios (como los llama el código), que lo caracterizan y le otorgan identidad procesal. Entre estos resaltamos:

Separación de funciones procesales.

A diferencia del sistema inquisitivo, en la propuesta se establecen con claridad los roles de cada uno de los sujetos procesales. Así quien investiga (el fiscal), es además quien dirige el procedimiento, apoyado en los organismos de investigación, entiéndase técnicos o peritos de criminalística, Dirección de Investigación Judicial, Departamento de Información Policial, Policía Nacional, entre otros. La máxima fundamental de este principio, es que sin acusación no hay juicio, bajo el entendimiento que esta es una función propia y exclusiva de quien investiga. No podrá en consecuencia realizar el fiscal actividades o funciones que son de manejo y competencia del órgano jurisdiccional y viceversa, no podrá el juez inmiscuirse en las atribuciones del fiscal.    Es esta sin duda una realidad que marca la diferencia con el modelo actual, definido como intermedio o mixto, porque mantiene características tanto de inquisitivo como de acusatorio.

Control jurisdiccional previo en la fase de investigación.

Como regla general, el fiscal actuará velando porque no se vulneren o restrinjan derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso, con énfasis en el imputado.    Por vía de excepción y en supuestos taxativos, podrá este actuar con control jurisdiccional posterior.   Actualmente los actos procesales dispositivos del fiscal, no mantienen control jurisdiccional previo sino posterior, con lo que encontramos otra característica diferenciadora.

Inmediación del juez con la prueba.

La propuesta de Código Procesal Penal, introduce con marcada severidad la inmediación del Juez para con la prueba, porque esta se constituye dentro del juicio y no antes.   Así los indicios o evidencias recabadas en fase de investigación, que han de ser compartidas con la defensa técnica o natural para garantizar su ejercicio, sufren en ese trayecto una especie de metamorfosis, que va de indicios o evidencias a prueba idónea en el proceso. (Continúa mañana).

<>Artículo publicado el  4 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La conducción de las audiencias por parte del juez de garantías

 

La opinión del Magistrado encargado de la implementación del sistema penal acusatorio….

 
JUAN FRANCISCO CASTILLO
jcastillo@organojudicial.gob.pa

Ante la inminente entrada en vigencia del nuevo modelo de justicia penal de corte acusatorio, no cabe la menor duda que el Juez de Garantías, quizás el servidor más representativo del sistema, tendrá que asumir un papel más protagónico y dinámico en la conducción de las múltiples y variadas audiencias que presidirá.

Eso lo decimos aceptando que cómodamente nos hemos venido acostumbrando a servir de facilitador de las diligencias, a dejar que los intervinientes controlen a voluntad el desarrollo de las audiencias, limitándonos a señalar las etapas, a quien le corresponde el uso de la palabra y por qué terminó.   Pocas veces llamamos al orden o le señalamos al interlocutor que precise o concrete sus argumentaciones en función a los puntos en debate.   Igual postura asumimos en los interrogatorios o contrainterrogatorios, donde, en la mayoría de los casos, los abogados preguntan lo que sea sin que importe mucho el respeto del tiempo y la paciencia del ciudadano, prácticamente dejamos a los testigos a merced de las partes.   Así ha sido siempre muy a pesar que en nuestro ordenamiento hay varias normas que nos recuerdan los deberes en la conducción de la audiencia (ver artículos 2358, 2366, 2367, 2368, 2369 y 2372 y otras disposiciones complementarias del proceso oral que se encuentran en el Código Judicial).

Cabría preguntarse sobre las motivaciones que tenemos los juzgadores al hacernos de la vista gorda y no aplicar esas reglas de conducción. Bueno, en cierta forma esa complaciente comodidad se va transmitiendo como buena práctica debido a que así nos evitamos molestias e incomodidades con los abogados.   En general, el abogado que participa en las audiencias quiere lucirse ante su representado y el público presente, por lo que nada bien le cae el llamado de atención del Juez, aún cuando sea consciente que interroga o argumenta fuera del debate. Es más, en muchas ocasiones se responde al llamado de atención con la más clásica de las argumentaciones, esto es ‘que le están limitando el ejercicio del derecho de defensa’.

Ahora bien, ante la implementación del sistema penal acusatorio que, entre otras cosas, innova creando la figura del Juez de Garantías quien se encargará de dirigir y supervisar una buena cantidad de audiencias, en las que incluso tendrá que de una vez emitir su fallo, se hace sumamente necesario que todos, no sólo el Juez, inicien por definir sus nuevos roles y asuman la responsabilidad que tienen en el compromiso de dotar de una justicia penal más efectiva a nuestro país.   Y para eso, primero el Juez debe capacitarse en el dominio de las destrezas que sean necesarias para conducir las audiencias de un modo sencillo, práctico, sin formalismos pero en forma efectiva, estableciendo los tiempos y las oportunidades a cada parte para que expongan claramente sus puntos de vistas en torno al objeto debatido. De igual forma el Juez debe reforzar sus capacidades en materia de argumentación oral, o sea que si se le exige que de una vez emita su decisión, tiene que contar con las herramientas no sólo para hacerlo en el acto sino para sustentar argumentativamente su fallo.

Compromiso también tienen los intervinientes en el nuevo modelo de corte acusatorio, donde todo se resuelve en audiencias públicas. Primero con la claridad y la precisión en la presentación de sus peticiones, mociones o demandas, luego en las oportunidades que se le brinden al hacer uso de la palabra. En efecto, tanto a la acusación como a la defensa se le aplicarán las mismas reglas de participación en la audiencia, tratando siempre que el debate se centre en el punto sujeto a discusión, que no se aborden temas que si bien relacionados no se pueden considerar en el acto o que se ensayen defensas anticipadas. Pero, ante todo, con este nuevo modelo de juzgamiento los abogados tendrán que ser lo suficientemente comprometidos y solidarios para con el sistema de justicia, como para entender que no se puede perder el tiempo, que la idea es que los ciudadanos reciban una pronta y efectiva justicia penal, un modelo donde no hay espacio para las dilaciones ni para las argumentaciones fuera de lugar.

A dónde llegamos? Al convencimiento de que este nuevo modelo de justicia penal impone roles muy exigentes a los actores, pero sobre todo un firme compromiso de ‘cambiar de actitud’.   Y de la misma forma como el Juez debe prepararse para asumir esas nuevas responsabilidades, los abogados acusadores y defensores deben, por lo menos, irse acostumbrando a la idea que en las audiencias les pueden llamar la atención cuando se apartan del punto, sin que ese rutinario acto de dirección o conducción de la diligencia se convierta en un atentado al derecho de defensa.-

 

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<> Este artículo se publicó el 16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Femicidio y sistema penal acusatorio

La opinión de…

Maruquel Castroverde C.

Con la implementación del sistema penal acusatorio, la labor de criminalística forense en la escena del crimen, de la experticia médico forense y la declaración de la víctima (cuando sobrevive), como de los testigos (si los hubiera y estuvieran dispuestos a colaborar), cobra especial protagonismo en el juicio oral por delito de homicidio contra la mujer, relacionado con violencia doméstica (femicidio íntimo).

Algunas reglas del debate entre fiscales y defensores evolucionan para traducirse en un encuentro estratégicamente orientado a probar cada uno su teoría del caso. Ya no habrá expediente que consultar. La prueba habrá de construirse en el tribunal, y de la calidad de información que logremos generar las partes, dependerá el resultado: culpabilidad o inocencia.

Este es el escenario ideal en el que el nuevo modelo de justicia penal debería demostrar, en la rendición de cuentas públicas, que es capaz de sostener en adecuado balance los derechos fundamentales del imputado, los de la víctima y del Estado, cuyos intereses representamos desde el Ministerio Público.

Sin embargo, adelanto reservas. Y es que a diario, los fiscales nos enfrentamos a alegatos que ante el jurado de jueces legos, tienden a descalificar a la víctima en términos de la historia de descargo del hombre, “ella provocó, porque le fue infiel”, o porque “con la excusa del trabajo y/o el estudio, descuidaba la casa”; en suma, ella “era una mala mujer”, él un buen hombre. En este escenario es invariable la conclusión de la contraparte clamando por una oportunidad para el ofensor, que “tiene hijos y familia que mantener”, también “voluntad para restituirse productivamente a la sociedad” porque “está arrepentido”.

El drama de estas víctimas, como de quienes la sobreviven y están en el salón de audiencias, escuchando esto, por tanto, no termina agotada la necropsia en la mesa del médico forense o cuando finalmente se la entierra. La experiencia nos ha enseñado, en el ejercicio de la acusación pública en delitos de homicidio contra mujeres por sus parejas o ex parejas, que debemos probar la inocencia de la víctima, tanto como la culpabilidad del femicida. Concluyo que la situación actual difícilmente admitirá cambios que no deriven de una transformación cultural y del pensamiento colectivo, frente a las distintas y cada vez más graves formas de la violencia extrema contra las mujeres.

Se requiere de una política de prevención masiva y permanente, de sensibilización trabajada desde la escuela parvularia. Entender que este es un problema de salud y seguridad pública, no uno privado de marido y mujer, creencia que subsiste en el común de las personas que integran un jurado de conciencia, a quienes pudiera tocar conocer, eventualmente, los casos actualmente en trámite del total de las 46 muertes violentas que registran las estadísticas de la Defensoría del Pueblo hasta la fecha, si los victimarios estuvieran vivos y en capacidad de ser enjuiciados.

Es imperativo, ante la inminente reforma procesal penal, que hagamos un ejercicio de reflexión en la intimidad de nuestro ser, por el bien de la justicia de este país.

La labor de juzgar en casos de femicidio puede tocar a su puerta en cualquier momento, o lo que es lo mismo, la responsabilidad de aportar por una vida libre de violencia para las mujeres.   La carga es honrosa.    El llamado por la paz, ineludible.

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<> Este artículo se publicó el 29  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Sistema acusatorio ‘versus’ Constitución

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La preservación de las garantías y derechos fundamentales.  La opinión de…

Julieta Ábrego Acosta

El próximo año empezará a regir el sistema acusatorio, en virtud de la implementación del Código Procesal Penal, aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que obedece a los cambios que en el derecho penal se imponen en América Latina.   Ahora bien, se comenta que este sistema contraría el texto constitucional porque no lo contempla expresamente; pero, vale advertir que el actual sistema mixto (inquisitivo en la fase de investigación, y acusatorio en la fase plenaria) tampoco está inserto literalmente en este texto, así que mal puede pretenderse que este u otro sistema procesal sea inconstitucional.

En el artículo 215 de la Constitución hay un sólido fundamento para sostener que el sistema acusatorio es el más adecuado a lo establecido en nuestra Ley Fundamental,   pues en él se señala que las leyes procesales que se aprueben se basarán en la simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos; y que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial.

Cabe anotar que el sistema inquisitivo es aquel donde el agente instructor o el juez investiga, dirige el proceso y juzga al acusado de cometer un delito, predominando el ritualismo, escrituralidad, secretismo de la investigación, convirtiéndose las garantías procesales en un cero a la izquierda.   En tanto, el sistema acusatorio es cuando dos partes contrarias, actuando en igualdad de condiciones, acuden ante un juez imparcial, en el cual la publicidad, la contradicción, la inmediación y la oralidad son los ejes fundamentales.

Finalmente, el sistema mixto es una combinación de los anteriores, pero prevalecen las características del inquisitivo, convirtiendo a este “pseudo” sistema en obsoleto y violatorio de derechos humanos.

El artículo 32 del texto constitucional establece que toda persona tiene que ser juzgada conforme a los trámites legales, es decir, en el caso penal, al sistema procesal que esté vigente (inquisitivo, acusatorio o el híbrido, denominado mixto).   Este artículo se complementa, jurisprudencialmente, con el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que contiene parámetros sobre garantías judiciales en procesos de toda índole, siendo esto apuntalado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, referente a los derechos mínimos contenidos en ella, y no excluyentes de otros que afecten a los derechos y dignidad de la persona.

En conclusión, el sistema procesal que se impone, conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es aquel que preserve las garantías y derechos fundamentales.   No obstante, tal como lo explica el profesor argentino, Alberto Binder, mientras no se modifique integralmente la legislación inquisitiva no será posible transformar la justicia penal, quedando el Código Procesal convertido en una quimera; y como decía el maestro Couture, “los códigos procesales son los textos que reglamentan la garantía de justicia contenida en la Constitución”; por ende, nuestros legisladores tienen el compromiso de adecuar las demás excertas legales relacionadas a la justicia penal a este sistema procesal.

<> Este artículo se publicó el 6 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hacia una nueva justicia penal

La opinión de…

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Raúl E. Olmos E.

En poco menos de 12 meses, nuestro país experimentará una nueva respuesta judicial en materia penal, bajo el esquema acusatorio adversarial.   Las provincias de Coclé y Veraguas (según la Ley No. 63 de agosto de 2008) serán las primeras en implementar el modelo de juzgamiento criminal basado en la oralidad, en el que la investigación criminal estará bajo la estricta dirección de un fiscal, con el auxilio de los organismos de investigación policial.

Sus actividades investigativas dirigidas a incursionar en derechos fundamentales, como la libertad y el domicilio, por citar algunas, recibirán el control previo o posterior de un juez de garantías, quien se convertirá en el nuevo operador jurídico que estará de turno, atendiendo las peticiones que le formulen. El nuevo esquema procesal fija plazos puntuales, por tanto, es una herramienta jurídica que combate la mora judicial y fija un plazo para la detención preventiva que no podrá exceder un año, ni tres en caso de delitos complejos.

Este nuevo esquema introduce procedimientos para que las personas reciban una respuesta judicial a corto plazo, sin perjuicio de mecanismos como las salidas alternas a la solución de conflictos, la mediación y la conciliación, para citar algunas.

La situación de inocencia y culpabilidad de una persona dejará de ventilarse en un cúmulo de papeles, pues a partir del 2 de septiembre de 2011, en las citadas provincias, los jueces deberán fundar su convicción solo en las evidencias desahogadas o reproducidas en el juicio oral.   Es decir, desaparece el culto de impartir justicia a partir de un esfuerzo en el levantamiento de un expediente.

Panamá y Uruguay son las únicas naciones de Latinoamérica que no han implementado el sistema. Es hora de que nuestro país se incorpore al nuevo modelo, más cuando en los países vecinos ha tenido muy buena aceptación y positivos resultados.

Una lectura de la nueva normatividad permitirá encontrar muchas de las respuestas a los problemas que aquejan el sistema vigente, por tanto, las afirmaciones de que no resolverá las deficiencias del Sistema Penal son apresuradas y en ellas se denota una postura sesgada sobre el tema.

Por ello, es importante que los funcionarios encargados de su implementación, aun cuando algunos no compartan el espíritu, aparten sus percepciones y pongan todo su empeño en lograr que la ley cobre vigencia, para así darle al ciudadano común, principal destinatario de la ley penal, una respuesta judicial más eficiente y efectiva, basada en la oralidad y la transparencia.

<> Este artículo se publicó el 29  de septiembre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Cultura constitucional

La opinión de…..

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Raúl E. Olmos E.

En la sociedad panameña se desenvuelven múltiples actividades que son el reflejo meridiano del orden constitucional, siendo en el plano de la justicia penal donde se producen con mayor intensidad tales vivencias, pues en ese ejercicio se pueden limitar derechos fundamentales, tales como la libertad, la privacidad de las correspondencia, de las comunicaciones, del domicilio, para citar las más significativas.

De ahí la importancia de que los ciudadanos entiendan y conozcan cómo una autoridad puede limitar tales derechos y esto dentro del espacio que suscita un proceso penal.

En la actualidad, con el modelo inquisitivo, el fiscal tiene todos los poderes para allanar un domicilio, detener a una persona, en fin una serie de medidas que adopta con miras a lograr los elementos de convicción para acreditar el delito y la responsabilidad criminal de una persona.

En el esquema acusatorio, tales medidas serán debatidas y decididas ante un juez de garantías, quien de manera permanente tendrá que despachar tales solicitudes que al efecto le formule el fiscal.

Ello sin duda va a despertar el interés y la curiosidad de los asociados en cuanto a la cultura constitucional, en el sentido de que existirá un mayor control al momento en que las autoridades encargadas de perseguir el delito pretendan suprimir un derecho fundamental.

Ello impactará en la labor que realizan los entes que persiguen día a día el crimen, como son los estamentos policiales, quienes deberán ejercitar sus funciones cuidando que las actuaciones sean a tono con la Constitución Nacional y la ley.

Es simple, habrá más control a la hora de afectar un derecho constitucional y en ese marco el juez de garantías será el nuevo protagonista y la nueva cara de la justicia penal.   Por tanto, en las decisiones que estos adopten en el día a día, la sociedad podrá conocer y entender la importancia que tienen sus garantías consagradas en la carta fundamental.

El próximo año, en las provincias de Coclé y Veraguas entrará en vigencia la Ley No. 63 que implementa el sistema acusatorio, de contenido adversarial, y en el cual se ofrecen los espacios funcionales antes enunciados; solo queda que a las instituciones involucradas se les dote de los medios materiales y humanos que inicie esa nueva forma de tratamiento procesal del delito e ingresemos a la órbita de países que ya tienen el sistema.

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Este artículo se publicó el 18 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.