¿Vamos bien?

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La opinión de…

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Víctor Hugo Herrera Ballesteros –

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Desde las últimas tres administraciones se han creado nuevas autoridades, para que dichos entes, secretarías en algunos casos, estén focalizados en atender y resolver problemas específicos, luego de que han rebasado la capacidad del Gobierno, convirtiéndose en serios problemas de Estado.

Podemos mencionar el aseo urbano, servicios públicos, energía, competencia y protección al consumidor, ambiente, seguridad de alimentos e incluso ahora la nueva idea de crear una autoridad del agua, ante el colapso en la capacidad de potabilización y distribución del agua, derivado de problemas ambientales mal manejados.   Sabrá Dios qué nuevas autoridades se seguirán gestando cada vez que ocurra alguna crisis, dejando de manifiesto la improvisación como única respuesta.

Sin embargo, lo cuestionable es que hasta ahora algunas de esas “autoridades” no han demostrado la supuesta eficacia para atender la problemática que debían resolver o al menos tener bajo control. Solo como ejemplo está la incapacidad para dar respuesta a la población ante el incremento del precio de los combustibles, de la canasta básica o en los recientes aumentos abusivos del agua embotellada (incluso con niveles de bacterias aerobias mesófilas, fuera de las normas sanitarias), debido a una especulación perversa, aunque algunos burócratas incompetentes prefieran tipificar dicha conducta como “comportamiento oportunista”, y solo decir dónde comprar más barato, para así justificar su inoperancia indolente, dejando a la población a merced de mercaderes inescrupulosos que se aprovechan de su incapacidad, tanto o más como aquellos policías que dejaron quemar a reos indefensos. ¿Dónde quedó la protección al consumidor y sus derechos fundamentales?

Estamos al borde de sufrir problemas epidemiológicos por la acumulación de desechos sólidos y escasez de agua potable, lo que tal vez nos devuelve a los niveles de insalubridad de las primeras décadas de vida republicana, salvadas las distancias.

Mientras la brecha social se sigue ampliando, el papel de estas autoridades sigue bajo cuestionamiento, respecto a contribuir a mejorar el bienestar de la población, especialmente de los que menos tienen, que es precisamente su razón de existir, garantizando el acceso al consumo inocuo y a precios asequibles o a tener niveles de salubridad adecuados, especialmente en las comunidades populosas, donde se compran alimentos cercanos a vertederos de desechos improvisados o a tomar agua de manantiales insalubres, sufrir los abusos de la especulación en los precios de productos de consumo básico, degradación ambiental, etc., que dejan grandes dudas sobre su efectividad y por ende no justifican su existencia.

Crear más burocracia es aumentar el gasto público; no es la mejor solución para atender los problemas que se convierten en crisis, que se deben resolver con políticas bien focalizadas y una administración eficiente. Por el contrario, muchas de estas “autoridades” solo han servido para aumentar la burocracia y en algunos casos el acomodo del lumpen de arribistas que solo aspiran a subsistir con buenos salarios y pasar agachados, contribuyendo a empobrecer más a nuestras familias humildes.

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Este artículo se publicó el  31  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mediocridad, ignorancia y corrupción

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La opinión de…

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Víctor Hugo Herrera Ballesteros –

Los panameños vivimos una época caracterizada por un entorno político y social degradado que corroe las bases de la sociedad panameña, con partidos políticos desintegrados por una profunda crisis de liderazgo y de credibilidad, que llega hasta las más altas esferas administrativas del Gobierno. La política electoral ha pasado a convertirse en un medio para acceder a los jugosos negocios propios de las mieles del poder y ligados a la esfera privada, de donde salen ingentes recursos para financiar las campañas políticas y asegurar sus mejores intereses en pro del beneficio individual.

Bajo la modalidad actual de los partidos, tipo franquicia, en los que ya no interesa la ideología o los principios políticos motivadores de una colectividad que comparte ideales, una visión de país y de progreso como aspiración social, se anteponen los tránsfugas, que solo se sirven de dichos colectivos para materializar sus propios intereses, burlándose de sus electores y degradando los valiosos instrumentos de la democracia y de la construcción y ejercicio de nuestra ciudadanía.

Con cada cambio de gobierno se entreteje una burocracia que en algunos casos utiliza la política electoral como un medio para acceder a puestos y prebendas, anquilosándose, con el único mérito de solo haber caminado buscando votos, aunque sean mediocres e ignorantes para determinados puestos. De dichas estructuras se sirven muchos funcionarios inescrupulosos que buscan sobrevivir haciendo shows mediáticos u operativos informativos para dar a entender que hacen algo útil y complacer a las autoridades de turno o como lambones, en buen panameño, exponiendo al final de cuentas su mediocridad pestilente, por ejemplo, persiguiendo billeteros o informando dónde comprar más barato, como si la población no supiera cómo maximizar sus ingresos, que ironía.

Solo les importa figurar para dar una imagen de funcionalidad, pero que al final en nada trasciende para resolver los problemas sociales y económicos de nuestro país. Son iguales que dictadores, en los distintos niveles administrativos, ya que su arrogancia es el único argumento para hacer valer su incompetencia. Solo basta con dar una mirada a los actuales acontecimientos, en los que nuestra población enfrenta problemas de abastecimiento de agua, recolección de desechos sólidos, acceso al consumo básico (servicios y alimentos), mientras la pobreza campea y persiste como un mal endémico, aunada a los actuales procesos inflacionarios e ineficiencia en la producción agropecuaria, aupados por una política de competencia fracasada.

La pobreza no se resuelve con limosnas, caridad o shows mediáticos que solo hacen reforzar la condición social de quienes menos tienen, pues ser pobre no es una elección, sino un condicionante. El combate a la pobreza es política de Estado y exige políticas de desarrollo económico y social integrales, potenciando el desarrollo del capital social y no la dependencia sociopolítica que se logra con las dádivas. Empero, la marginalidad nos devuelve el golpe, mediante el crimen y la violencia generalizada, como respuesta de una sociedad degradada, deshumanizada y en la que viven frustrados miles de jóvenes, por no acceder al consumo desmedido que caracteriza a las capas sociales más privilegiadas o de los lumpen arribistas, que flotan como corchos con cada cambio de gobierno.

La mediocridad, la ignorancia y la corrupción son la antítesis de un modelo económico y político que aliena a la sociedad, desnaturalizándola, sin espacios de expresión ni solidaridad, imitando, por el contrario, los antivalores que dimanan de una burocracia corrupta y que al igual que la cocaína que corre por las venas de sus adictos, desintegra a nuestras familias y al colectivo en su conjunto.

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Este artículo se publicó el 16  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

ACODECO, un barco a la deriva

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La opinión del Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá…

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Víctor Hugo Herrera Ballesteros  –

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Desde su creación mediante la Ley N° 45 de 2007, la llamada Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia debía haberse constituido en una entidad mucho más robusta en materia de defensa de los derechos de los consumidores y en defensa de la competencia, al ser dotada en principio con mejores herramientas que la otrora fenecida CLICAC (Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor); mediante las cuales dicha institución estuviera mucho más blindada respecto de los vaivenes de nuestra política criolla, al establecer prácticamente casi dos períodos presidenciales para su administrador.

Aunque en el caso de la antigua CLICAC (nacida mediante la Ley 29 de 1996) los antiguos comisionados (que eran tres) eran nombrados con períodos distintos e intercalados y garantizaban que tanto el gobierno saliente como el entrante, dejaran a sus representantes, en principio gente de la sociedad civil, y que preferiblemente no perteneciera a ningún partido político, por aquello de la transparencia; aunque en Panamá, somos buenos para quitarnos esa tacha y volver a ponérnosla cuando así sea conveniente.

Pero, ¿qué cambios fundamentales y de peso se han dado desde entonces? Con respecto al fundamento de la libre competencia y el bienestar económico del consumidor, casi ninguno.    Solo tomemos como ejemplo, el caso de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo costo se incrementa en decenas de dólares con cada nuevo lustro.   Por otro lado, la apertura comercial tampoco ha garantizado los precios bajos que se esperaban y la ACODECO solo se limita a informar en este caso, dónde comprar más barato, ¿Para qué? ¿De qué le sirve a los moradores de Capira que la Canasta Básica de Alimentos, cueste cinco dólares menos en el supermercado Xtra de la 24 de diciembre?   Solo el costo del viaje hace inviable materializar esa transacción.   ¿Y qué hablar en materia de protección al consumidor?

Es cierto que la ACODECO tiene defensores de oficio y actúa como una especie de corregiduría de segundo piso, pero tanto el Código de Comercio, como nuestra Carta Magna, salvaguardan nuestros intereses económicos, entre otras normas legales y no se restringen a un monto de dinero específico.

Peor aún, este tipo de instituciones también han sido franqueadas por los vaivenes de los cambios de gobierno y el peligro actual es que se conviertan en feudo de unos cuantos, aprovechando como siempre los resquicios que dejan nuestras leyes imperfectas.

Para eso entonces, es mejor dejar que los directivos de mando de esta institución queden como el resto, sujetos a los cambios de gobierno con cada nueva elección presidencial, si en verdad no justifican ni marcan la diferencia, respecto de las demás entidades que se rigen con los períodos presidenciales, pues no debe haber fueros ni privilegios para nadie.

Es importante distinguir entre el mundo real y el mundo aparente, dado que mientras nuestra gente más pobre pasa necesidades y queda a merced de las financieras para luego ir a reclamar garantías por productos fraudulentos a las corregidurías de segundo piso, es poco lo que se ha hecho en una materia tan básica y fundamental, para garantizar al menos su acceso alimentario, y que aún con subsidios, los precios son igualmente altos.

No basta con solo castigar a los billeteros que venden chances y billetes casados o bien informar dónde es el precio es más bajo, si no hay dinero para comprar, de lo contrario volvamos a la Oficina de Regulación de Precios.

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<>Artículo publicado el  20 de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrera-b-victor-hugo/

La economía de mercado y algunos vicios ocultos

La opinión de…

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Víctor Hugo Herrera Ballesteros  –

Ante los actuales acontecimientos, caracterizados por el pésimo manejo de la política de competencia y del papel que deben jugar las instituciones, me veo obligado como ciudadano a puntualizar algunos elementos de fondo.

Es obvio el marcado enfoque asistencialista, reforzado por shows mediáticos que han expuesto las cabezas de los billeteros por vender chances y billetes de lotería “casados” o que en otro momento algún burócrata nos quiera hacer creer que la canasta básica de alimentos ha bajado uno que otro dólar, respecto del mes anterior, siendo a lo mejor producto de algún efecto de inventario.

Pero lo inevitable es que con cada nuevo ciclo económico, los precios de los alimentos y de los combustibles se sitúan permanentemente en niveles superiores, indistintamente de las fluctuaciones intermensuales. Y ni siquiera en eso hay un consenso inteligente entre las instituciones estatales.

Peor aún, es la desfachatez manifiesta de solo considerar a los billeteros, en ser los únicos que venden con sobreprecios ¡vaya idiotez!    En la práctica común siempre ha sido esa en todos los ámbitos del comercio y hasta en las licitaciones públicas. ¿Y cuántas cabezas han rodado por eso? Solo basta con recordar algunos vergonzosos casos recientes. ¿Dónde ha quedado la transparencia? Espero que no quede en el olvido.

Como diría Friedrich Nietzsche respecto de esta estirpe de funcionarios miopes, su condición de animal inferior solo les ha permitido anteponer el Yo al razonamiento, ¿o es que el razonamiento solo reside en sus entrañas flatulentas? O bien, ¿para satisfacer sus necesidades mundanas y aferrarse al sector público de forma parasitaria? Se han pasado informándonos de cosas de poco valor informativo, como si fueran grandes noticias y que en nada alimentan la discusión y el debate social serio, respecto de los elementos de fondo, que afectan el buen funcionamiento de nuestra economía de mercado y que se manifiestan en altos precios de los bienes y servicios, derivados en muchos casos de una moral corrupta de hacer negocios, y teniendo además como telón de fondo a un sector agropecuario atrasado tecnológicamente, bajo la mirada miope de instituciones inoperantes y decadentes.

¿Cuáles son los elementos de fondo? Solo mencionaré algunos, que a estas alturas son verdaderos clásicos de nuestra economía hipertrofiada: la falta de infraestructura para la producción agropecuaria, falta de créditos, escasa inversión en investigación y desarrollo y, por ende, poco progreso tecnológico en la producción y comercialización de productos alimenticios; o bien, la escasa capacidad para hacer cumplir metas de calidad y eficiencia a las empresas de servicios públicos, en adición a la impotencia manifiesta para combatir prácticas monopolísticas, ante los inevitables procesos de concentración económica en las ramas más modernas de la economía, y que derivan en una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el ámbito sectorial, son algunos ejemplos nefastos de nuestra inoperancia institucional o la mejor prueba de un estado fallido.

¿Dónde queda la eficiencia productiva y el incremento de la productividad, como sustento del mejoramiento de los salarios y bienestar de la población? Tenemos que seguir pagando millonarios subsidios en el consumo de hidrocarburos o, como en el caso del sector eléctrico, que en vez de disminuir sigue aumentando, igual que la falta de visión en nuestras políticas públicas, que debieran enmarcarse sobre la base de un desarrollo sustentable, que garantice el buen funcionamiento del mercado y que no le cueste más millones de dólares a nuestras futuras generaciones. Ni siquiera aquella estirpe de funcionarios que dicen defender la economía de mercado entienden que el progreso tecnológico también encarece los bienes.

No comprenden que para sustentar un estado de bienestar, la productividad debe ser el fundamento del crecimiento económico y para garantizar una relación equilibrada respecto del capital por trabajador, que contribuya al incremento de los salarios y a la competitividad empresarial, en un mercado donde la tecnología sigue evolucionando y debe difundirse a todos los sectores de la economía.

Es hora de que las políticas de Estado se hagan con un enfoque integral, dirigidas a resolver las imperfecciones del mercado interno y sin deteriorar indiscriminadamente los ecosistemas, para que nuestros consumidores y empresarios honestos de generaciones futuras no sigan pagando el precio de tener instituciones decadentes, que solo se basan en shows mediáticos, que garantizan la existencia mundana de algunos funcionarios ineptos, en detrimento de aquellos que son honestos, decentes y capaces.

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Este artículo se publicó el 6 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá, ¿tierra de funcionarios corruptos?

La opinión de……

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Víctor Hugo Herrera Ballesteros

Durante las pasadas festividades de fin de año, me encontraba paseando con una vieja amiga madrileña, ex compañera de universidad, por la cinta costera, al estilo del primer mundo. Al detenernos por un momento, ella exclamó, ¡Las torres de cocaína! Dada mi incomodidad, exclamé ¿Todas?   Mi amiga Silvia me miró y sonriéndose me contestó, ¡Por supuesto que no!, pues lo bueno y lo malo siempre están mezclados y además cuando hablo de cocaína, me refiero a la corrupción de la cual esta palabra es su principal acepción en distintas latitudes del mundo, dada su conexión con las cosas que menos te imaginas.

“Saber cuáles y cuántas hay, depende de la capacidad institucional que tengáis para descubrirlas y ello implica tener instituciones transparentes”.

Sus palabras resonaban en mi mente y me hacían reflexionar no solo sobre nuestro desarrollo institucional y el grado de independencia de nuestras instituciones en todos los ámbitos, en especial, las dedicadas a combatir la corrupción, estremecidas por casos escandalosos bajo investigación y que dejan entrever cómo funcionarios de distintos niveles jerárquicos pueden valerse de su condición para construir sus propias torres de cocaína, actuando de manera silenciosa, no solo acumulando fortunas o disfrutando de viajes de placer sin informes o rendición de cuentas, privilegiando antojadizamente a otros igual de ineptos y tan delincuentes como ellos, al otorgarles vacaciones, aumentos de salario a discreción y sin ninguna razón, pero con los que justifican su vagancia en detrimento de los funcionarios honestos y decentes.

Estas cucarachas de letrina sobreviven con cada gobierno, incluso amparándose en la carrera administrativa en algunos casos, incorporando a reptiles leales y perjudicando a los funcionarios honestos y decentes que se lo han ganado y tienen mérito para tal condición.

Esta es la estirpe de funcionarios cocaineros que llevan la adicción a la corrupción en su sangre, aunque se rasguen las vestiduras y digan que no lo son, su trayectoria los delata, pues… “perro huevero, aunque le quemen el hocico”. Y en ocasiones, se atreven a salir a la palestra, a exponer su mediocridad, sin planes ni proyectos concretos, sin dirección alguna, pero que al final son castigados por la pésima percepción ciudadana de que gozan, pues a la gente nadie la engaña, por más estadísticas que publiquen u operativos antojadizos que realicen. Su fetidez los delata, por más autoritarios que sean o regímenes de terror institucional hayan instaurado, para garantizar su supervivencia.

De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción del año 2009 (Transparency International: http://www.transparency.org/ ), a la pregunta de: ¿En qué medida percibe que las siguientes instituciones están afectadas por la corrupción en este país? En el caso de Panamá, basado en una puntuación de uno (para nada corrupto) a cinco (extremadamente corrupto), se obtuvieron los siguientes resultados: Partidos Políticos (4.6), Parlamento/poder Legislativo (4.6), empresas/sector privado (3.3), medios (2.8), funcionarios/empleados Públicos (4.3) y el poder Judicial (4.4).

La puntuación promedio fue de 4.0. (Ver tabla uno, apéndice D: Tablas por país/territorio, página 37). De más está mencionar que estos resultados no se alejan de la realidad, siendo la corrupción un tumor vascularizado que se nutre de los recursos del Estado y empobrece a la sociedad y daña el desempeño económico.

Estas roscas institucionales se perpetúan con cada administración, indistintamente de los partidos políticos, pues el dinero para ellos tiene un solo color, lo mismo que el de la cocaína.

Pero su desempeño mediocre y baja percepción ciudadana, es el principal indicio delator de estas cucarachas indeseables, que en cada administración negocian o aseguran su supervivencia pescando en río revuelto. Esas torres de cocaína deben caer, pues Panamá no es tierra para funcionarios corruptos.

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Artículo publicado  el 17  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.