Sin control previo en el Meduca

La opinión de…..

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Javier Martínez-Acha


El control previo se refiere básicamente a una segunda revisión (fiscalización) de los procedimientos utilizados por las entidades, antes de la ejecución de las operaciones financieras y administrativas, con el ánimo de señalar oportunamente las desviaciones normativas y de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de estas operaciones.

La Contraloría ejerce este control con personal de muchos años de experiencia y es de suma importancia debido, sobre todo, a la inestabilidad laboral y la alta rotación de personal que se da en las entidades y que se caracteriza por contratar personal sin el conocimiento de la administración pública, sus marcos normativos y los aspectos legales, entre otros.

La llegada de la ministra al Ministerio de Educación (Meduca), en julio del año pasado, no fue la excepción y se caracterizó por la destitución de personal y la contratación de profesionales que, en muchas ocasiones, desconocían de los procedimientos de la administración pública.   En el área de ingeniería, por ejemplo, no se tenía un plan de ejecución para el mantenimiento y adecuación de los planteles escolares para el inicio del año escolar, aun cuando la propuesta del entonces candidato Martinelli contaba con un plan de desarrollo del quinquenio, elaborado por sus profesionales y con el periodo de transición luego de ganadas las elecciones.

El Meduca cuenta con un número altísimo de unidades administrativas y ejecutoras que tienen responsabilidad de manejo, muchas nombradas en este gobierno y asesoradas por abogados que son novatos también en la cosa pública, e ingenieros que a su vez están comenzando a conocer de estos procedimientos. En fin, un equipo nuevo que en su accionar puede fácilmente desviarse, asumo que sin intenciones ocultas, de lo normado y de lo legal.

No es de extrañar que la ministra, solicitando rendimiento, se haya encontrado con funcionarios que responsabilizan a la Contraloría por los retrasos. Verbigracia, no desarrollaron los anteproyectos y los planos para proyectar la ejecución del presupuesto de inversiones y la única salida visible es la de eliminar los controles de un ministerio plagado de rarezas, y por honor a la objetividad, incluso en el gobierno anterior. Así que, intentando agilizar los trámites burocráticos, se solicita el levantamiento del control previo, sin razonar en frío las consecuencias de esta acción.

El Meduca ha sido señalado por diversas irregularidades en los últimos años, que denotan la falta de conocimiento o de controles internos que eviten manejos irregulares. Estas originalidades son de todo tipo: manejo irregular de fondos, órdenes de proceder anticipadas, trabajos realizados sin supervisión y de mala calidad, contratos refrendados sin las debidas especificaciones técnicas (muchas veces sin planos), contratos onerosos, adendas por montos que rebasan porcentajes aceptables, inclusive adendas por el valor de contrato, vencimiento de fianzas, mala utilización de partidas, pagos anticipados de proyectos que no se realizan, por mencionar algunas.

La Contraloría ha devuelto un alto porcentaje de contratos para que sean subsanados, y aun con una segunda revisión de un equipo externo al Ministerio, existen irregularidades. Estas han sido señaladas en informes de auditorías que han sido enviados a fiscalías y que hoy son el motivo de medidas cautelares a funcionarios y hasta el encarcelamiento de ex funcionarios públicos, producto de supuestos peculados.

Evitar la burocracia y facilitar los procesos de compra fueron prácticamente los mismos argumentos que se utilizaron en el año 2006 para eliminar el control previo para el fondo de equidad y calidad de la educación (FECE), a las escuelas con presupuestos anuales menores de 15 mil dólares. Luego de los escándalos producto de los supuestos desfalcos por más de 1.5 millón de dólares detectado en la Dirección Regional de San Miguelito en el manejo de estos fondos, en septiembre del año 2007 la Contraloría envió al Banco Nacional de Panamá la nota 3682–2007, donde se restablece el control previo, con lo que implícitamente se advierte que esta medida pudo ser factor concluyente en la apropiación indebida de más de un millón de dólares provenientes de estos fondos. Con esta historia del tiempo reciente, la Contralora no solo exime de control previo al programa FECE sino a todo el Ministerio.

En este gobierno de excéntricos, donde el Ejecutivo, por un lado, como consecuencia de todos los escándalos que se generan en el FIS nos indica que “Voy a crear en seis meses una institución nueva, que sea más transparente y que tenga todos los controles”, su Contralora, en la otra entidad duramente criticada, levanta los controles, haciendo exactamente lo contrario a la intención de esa afirmación.

Nos parece que la Contralora ha sido asesorada de manera desatinada y en su afán de agilizar, se expondría a las consecuencias de un manejo irregular por parte de funcionarios sin experiencia o en efecto mal intencionados. Por ello, es sorprendente y cuestionable que la Contralora, quien conociendo todos los antecedentes, decida experimentar con el levantamiento del control previo de una de las entidades más cuestionadas en este país. Todavía están a tiempo de recapacitar, porque es mejor prevenir el delito que corretear a los agraviadores.

La actitud que provoca vicios en el manejo de la cosa pública tiene sus orígenes, en no pocas ocasiones, en las posiciones con debilidades porque la conciencia culpable hace a los funcionarios cómplices o hasta transgresores de la ley.

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Este artículo se publicó el  21  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Por un futuro con credibilidad

Por un futuro con credibilidad
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Javier Martínez-Acha

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Para los que hemos trabajado campañas políticas impulsadas bajo la consecución de un ideal, que permita cambiar el estado de las cosas para mejor, teniendo como objetivo el estado de derecho y de bienestar, divulgaciones como las aparecidas la semana pasada en diversos medios de comunicación nacional, en relación al caso CEMIS y otros casos de corrupción, no hacen más que revivir las sensaciones de frustración, fracaso e impotencia que naturalmente provocan los escándalos relacionados con actos de corrupción, y que hemos sentido tristemente muchos de nosotros, bajo el ejercicio de incluso, gobiernos amigos.

Los corruptos en todos los gobiernos, partidos políticos u organizaciones son usurpadores del poder, porque sencillamente no han sabido gobernar con ética y moral. Las pasiones que desbordan las personas involucradas en los actos de corrupción son testimonios de debilidad, pero las pasiones del pueblo por conocer la verdad son testimonio de fuerza, pujanza e ímpetu.

Los testimonios conocidos por el país y teóricamente emitidos por algunos de los involucrados en los actos de corrupción, no dejan duda sobre la ruta que el estado panameño debe seguir, la investigación imparcial dentro de un verdadero estado derecho de todo acto de pudrición en el manejo de la cosa pública. Las leyes en este país son creadas con un fin y por ello existen, y ya es hora que la ciudadanía cuide su enérgico cumplimiento en todo momento, sin mirar quienes pueden ser los afectados por sus propios actos de descomposición en la práctica del servicio público. Es de trascendental significado conocer que cuando un país no aplica la ley en forma justa e imparcial, el camino para la tiranía comienza.

En política la verdad no necesita el oropel de la retórica. Más que verdad, lo que marca la diferencia entre blanco y negro en el ejercicio del servicio público y en la política, no es más que la percepción. En razón de esta concepción, no únicamente es necesario que se juzgue a los sospechosos y se condene a quienes sean encontrados culpables, solo hace falta que se perciba que este o estas personas son en efecto inhábiles para la conducción de un partido político o de un gobierno.

Para nosotros, los políticos que integramos el PRD y que hemos emprendido una cruzada para que el país le otorgue credibilidad nuevamente a nuestro partido, como ocurrió en la década pasada, debemos hacer de la probidad, la moral, la ética la carta de presentación ante la sociedad panameña. Por ello, no debemos tolerar que nadie que esté involucrado en escándalos de corrupción y de extorsión, pretenda dirigir a partidos políticos o gobiernos.

Los dirigentes, si se comprueba con todas las garantías procesales, y resulta cierto que hayan administrado el partido o el gobierno, para beneficio particular y que se les implicaría con frases como la publicada la semana pasada como, “tres se han enriquecido con el voto de 34”, o para los que creen en una propuesta electoral, el que “seis se hayan enriquecido con el esfuerzo, trabajo y esperanzas de miles”, en la vida, deben volver a representarnos en absolutamente nada. Nunca jamás en este país deben volver a suscitarse hechos bochornosos como los que se dieron hace siete años y que llenan de vergüenza a la clase política panameña de todos los partidos políticos. Nunca jamás, en ningún gobierno, debemos aceptar la percepción de corrupción en silencio porque los ciudadanos honrados deben medir sus derechos a través del cumplimiento del deber de combatir la corrupción.

Este será el compromiso a seguir para los actuales delegados nacionales del PRD que deben luchar por un futuro con credibilidad. Dependerá de nosotros, con la elección del CEN del partido durante la celebración del Congreso Nacional Extraordinario, que los escogidos por la mayoría tengan, no solo la capacidad de unir y organizar el partido, sino que también tengan la integridad y entereza que nos permita a todos dejar atrás esos bochornosos actos de corrupción, cuyas supuestas evidencias han sido publicadas recientemente, y que intentan crear un apocamiento a toda la membresía de nuestro partido que no permitiremos.

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Publicado el 4 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.