La opinión de…..
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Javier Martínez-Acha
El control previo se refiere básicamente a una segunda revisión (fiscalización) de los procedimientos utilizados por las entidades, antes de la ejecución de las operaciones financieras y administrativas, con el ánimo de señalar oportunamente las desviaciones normativas y de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de estas operaciones.
La Contraloría ejerce este control con personal de muchos años de experiencia y es de suma importancia debido, sobre todo, a la inestabilidad laboral y la alta rotación de personal que se da en las entidades y que se caracteriza por contratar personal sin el conocimiento de la administración pública, sus marcos normativos y los aspectos legales, entre otros.
La llegada de la ministra al Ministerio de Educación (Meduca), en julio del año pasado, no fue la excepción y se caracterizó por la destitución de personal y la contratación de profesionales que, en muchas ocasiones, desconocían de los procedimientos de la administración pública. En el área de ingeniería, por ejemplo, no se tenía un plan de ejecución para el mantenimiento y adecuación de los planteles escolares para el inicio del año escolar, aun cuando la propuesta del entonces candidato Martinelli contaba con un plan de desarrollo del quinquenio, elaborado por sus profesionales y con el periodo de transición luego de ganadas las elecciones.
El Meduca cuenta con un número altísimo de unidades administrativas y ejecutoras que tienen responsabilidad de manejo, muchas nombradas en este gobierno y asesoradas por abogados que son novatos también en la cosa pública, e ingenieros que a su vez están comenzando a conocer de estos procedimientos. En fin, un equipo nuevo que en su accionar puede fácilmente desviarse, asumo que sin intenciones ocultas, de lo normado y de lo legal.
No es de extrañar que la ministra, solicitando rendimiento, se haya encontrado con funcionarios que responsabilizan a la Contraloría por los retrasos. Verbigracia, no desarrollaron los anteproyectos y los planos para proyectar la ejecución del presupuesto de inversiones y la única salida visible es la de eliminar los controles de un ministerio plagado de rarezas, y por honor a la objetividad, incluso en el gobierno anterior. Así que, intentando agilizar los trámites burocráticos, se solicita el levantamiento del control previo, sin razonar en frío las consecuencias de esta acción.
El Meduca ha sido señalado por diversas irregularidades en los últimos años, que denotan la falta de conocimiento o de controles internos que eviten manejos irregulares. Estas originalidades son de todo tipo: manejo irregular de fondos, órdenes de proceder anticipadas, trabajos realizados sin supervisión y de mala calidad, contratos refrendados sin las debidas especificaciones técnicas (muchas veces sin planos), contratos onerosos, adendas por montos que rebasan porcentajes aceptables, inclusive adendas por el valor de contrato, vencimiento de fianzas, mala utilización de partidas, pagos anticipados de proyectos que no se realizan, por mencionar algunas.
La Contraloría ha devuelto un alto porcentaje de contratos para que sean subsanados, y aun con una segunda revisión de un equipo externo al Ministerio, existen irregularidades. Estas han sido señaladas en informes de auditorías que han sido enviados a fiscalías y que hoy son el motivo de medidas cautelares a funcionarios y hasta el encarcelamiento de ex funcionarios públicos, producto de supuestos peculados.
Evitar la burocracia y facilitar los procesos de compra fueron prácticamente los mismos argumentos que se utilizaron en el año 2006 para eliminar el control previo para el fondo de equidad y calidad de la educación (FECE), a las escuelas con presupuestos anuales menores de 15 mil dólares. Luego de los escándalos producto de los supuestos desfalcos por más de 1.5 millón de dólares detectado en la Dirección Regional de San Miguelito en el manejo de estos fondos, en septiembre del año 2007 la Contraloría envió al Banco Nacional de Panamá la nota 3682–2007, donde se restablece el control previo, con lo que implícitamente se advierte que esta medida pudo ser factor concluyente en la apropiación indebida de más de un millón de dólares provenientes de estos fondos. Con esta historia del tiempo reciente, la Contralora no solo exime de control previo al programa FECE sino a todo el Ministerio.
En este gobierno de excéntricos, donde el Ejecutivo, por un lado, como consecuencia de todos los escándalos que se generan en el FIS nos indica que “Voy a crear en seis meses una institución nueva, que sea más transparente y que tenga todos los controles”, su Contralora, en la otra entidad duramente criticada, levanta los controles, haciendo exactamente lo contrario a la intención de esa afirmación.
Nos parece que la Contralora ha sido asesorada de manera desatinada y en su afán de agilizar, se expondría a las consecuencias de un manejo irregular por parte de funcionarios sin experiencia o en efecto mal intencionados. Por ello, es sorprendente y cuestionable que la Contralora, quien conociendo todos los antecedentes, decida experimentar con el levantamiento del control previo de una de las entidades más cuestionadas en este país. Todavía están a tiempo de recapacitar, porque es mejor prevenir el delito que corretear a los agraviadores.
La actitud que provoca vicios en el manejo de la cosa pública tiene sus orígenes, en no pocas ocasiones, en las posiciones con debilidades porque la conciencia culpable hace a los funcionarios cómplices o hasta transgresores de la ley.
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Este artículo se publicó el 21 de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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