La opinión de…
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Héctor Peñalba –
Los griegos clásicos en su genialidad humanista concibieron que es en el Estado, entidad política, donde el hombre se realiza plenamente y promueve su desarrollo y bienestar. Ha sido Occidente el heredero de este axioma político. Toda vez que el mismo ha sido violentado, en su esencia democrática, justicia y equidad, la convivencia humana sufre y pierde solidaridad. La paz mental y social se altera y se atrasa y se detiene el progreso colectivo.
Los sucesos ocurridos en Bocas del Toro, donde obreros de la etnia ngäbe buglé y nasos fueron reprimidos por exigir el rechazo de la Ley 30, conocida pueblerinamente como “ley chorizo”, han dejado un sabor amargo en la conciencia nacional.
No es el momento para señalar culpas, sino errores: “a quien más tiene más se le exigirá”, reza el precepto bíblico. El Gobierno representa el poder público. La metodología policiaca empleada frente a los indígenas obreros fue la misma que empleara la dictadura militar de Noriega en las calles, avenidas y plazas citadinas durante las jornadas del pueblo panameño y que hoy es de ingrata recordación, por los ciudadanos que aman la democracia, libertad, justicia y equidad. “La historia se repite en espiral”, aunque con personajes distintos y circunstancias diferentes. Pueblo contra pueblo. Avasallamiento del poderoso contra el débil; irónico, ambos sostenían en sus propósitos la preservación de la democracia y la ley.
Lo cierto es que esas vidas y ojos indígenas no debieron perderse jamás. El Gobierno debió actuar proactivamente para evitar estos trágicos sucesos. Su deber era preservar la vida, la propiedad y honra moral de ciudadanos y funcionarios de manera civilizada sin manifestaciones de perdigonazos. Recordar que indígena muerto no monta bicicleta ni usa celular. La sabiduría, la inteligencia, la experiencia y, sobre todo, la humildad, constituyen el camino de entendimiento efectivo para lograr soluciones certeras de los problemas, sobre todo sociales panameños. El Gobierno debe preservar la vida, la propiedad y honra de todos sus ciudadanos sin discriminación y sin atención a ningún interés particular, político y económico.
En la hora actual, sería consecuente enfatizar al gobernante que él recibe su mandato del auténtico mandante que es el pueblo. Y que por un acto de soberanía electoral, delega su poder originario en el Presidente, ministros, magistrados y diputados sin jamás renunciar a ese poder y que estos mandatarios son elegidos para servir al pueblo de la manera más congruente a los intereses y bienestar de ese mismo pueblo.
En conclusión, el gobernante haciéndose eco de la evolución constitucionalista de Occidente, debe gobernar con la metodología del diálogo y el debate, no del desafío y represión.
Finalizo teniendo presente el pensamiento del eximio estadista Dr. Ricardo J. Alfaro: “… Seriedad y pureza, trabajo y cordura son las mejores preseas con que puede adornarse un pueblo joven y digno…”
Tengamos presente que la democracia en el estado de bienestar democrático eleva la calidad de vida del hombre a través de un justo y equitativo desarrollo humano. Evitemos los perjuicios que ocasionan las inversiones parasitarias, ellas son depredadoras de recursos naturales y humanos. Recordemos la genialidad de los griegos clásicos al sostener y practicar que es en el Estado donde el hombre promueve su desarrollo y bienestar pleno. Agrego yo, observando el principio del check and balance, o sea, la armonía indispensable entre los tres poderes del Estado, cuando ellos actúan limitada y separadamente por la felicidad y bienestar del pueblo cumpliendo la Constitución y las leyes, es decir, en un estado de derecho que no es otro, que el estado de bienestar democrático.
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Este artículo se publicó el 31 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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