Déjà vu: El regreso de los dictadores

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La opinión del Agobado …


Irving Dominguez Bonilla 

Después de 25 años tratando de eludir a sus perseguidores “Baby Doc” regresa a su país, el empobrecido Haití, con el fin, según declara el mismo, de coadyuvar en la labor de reconstrucción nacional, sin embargo detrás de ese noble objetivo se esconde un desviado norte de erigirse en una opción política para asirse del poder nuevamente y disfrutar de la vida de jet set que se acostumbró a vivir, y que a la fecha perdió producto del despilfarro de los millones que sustrajo a su pueblo.

Igualmente ha tratado de que el tiempo pase para lograr que la amnesia de la conciencia pública olvide los desmanes y graves violaciones a los derechos humanos que cometió él y su sequito de secuaces hambrientos de sangre, los Tonton Macoutes, quienes constituyeron los grupo de choque (varilleros) que protegían al dictador y eliminaban a toda aquel que fuese un obstáculo y molestia en sus imperiales designios. Lo interesante del análisis es que a estas alturas la población joven haitiana no vivió o no recuerda nada de los hechos que involucraron a Jean Claude Duvalier, por lo que no dudemos que este sea visto como una opción viable frente a la insatisfacción creciente de los políticos tradicionales que lo único que habían hecho, hasta ahora, es aprovecharse de lo poco que queda en pie en ese país.

¿Qué pasara con la posible llegada de Noriega a suelo panameño?, estamos prácticamente en la misma situación, ya que la mayoría de la población nacida después de 1989 ya deben tener mayoría de edad y desconocen parte de la historia reciente que involucra al ex dictadorzuelo, por lo que fácilmente, y conociendo la idiosincrancia panameña, no dudemos que lo vayan a recibir en caravana al aeropuerto.

Dudo, en mi opinión, que esto se de ya que se está apostando a que este muera en Francia, debido a su supuesto estado delicado de salud, y es que su presencia, fuera de incomodar en Panamá, produce molestias estomacales a más de cuatro políticos, hoy dentro o fuera del poder, que temen que el mismo levante el dedo acusador desde su silla mecedora y les enrostre sus vínculos cercanos con los milicos.

Estos movimientos deben obedecer a algún tipo de escenario fraguado por los grandes poderes políticos mundiales que piensan que, en situaciones como la haitiana, se hacen necesarios gobiernos fuertes que impidan que a posteriori, estos países se conviertan en una carga para los más fuertes y desarrollados.

Bueno veamos que nos dice Kronos, solo esperamos que no se pongan de moda, como en el siglo pasada, los dictadores.

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<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

“Pele Police”, retenes y lucha contra el crimen

La opinión del Abogado…

Irving Domínguez Bonilla

El Estado tiene la obligación constitucional de velar por la seguridad, vida, honra y bienes de sus nacionales, debiendo, a este fin, adoptar las medidas necesarias que busquen salvaguardar estos intereses fundamentales de los ciudadanos. Las acciones establecidas deben equilibrarse dentro de parámetros de respeto a los derechos de los mismos asociados para que la acción per se no sea ilegal y vulnere las garantías fundamentales.

Dentro de este marco conceptual el Estado crea su política criminal sobre pilares estratégicos, forjando herramientas jurídicas que buscan crear un atmósfera disuasiva del crimen, de modo preventivo, o bien sancionando y readaptando a los trasgresores de la ley, de modo represivo. En este sentido los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les autoriza o faculta para la persecución del crimen conforme a un principio de estricta legalidad.

En base a lo anterior se hace necesario establecer las disposiciones legales y reglamentarias que faculten a la policía a aplicar a los ciudadanos el “Pele Police”, los casos donde procede, la forma de aplicarlo y la información que reposará en esta base de datos, ya que se está desvirtuado el fin de esta herramienta, pretendiendo que ella sea utilizada como un mecanismo de cobro de las obligaciones existente con el Estado. El sistema en mi opinión es necesario, pero está siendo utilizado de forma caprichosa y hasta abusiva sin tener facultad para ello.

Al regularse debe establecerse el legítimo derecho del ciudadano a negarse a ser sometido al “Pele Police”, como en las pruebas de alcoholemia y ADN, y la forma como deberá la autoridad actuar ante esta negativa, en mi opinión, por ejemplo, completar la información personal del sospechoso tales como nombre, dirección, teléfonos y otros datos que permitan a la autoridad judicial o de investigación ubicar al ciudadano en caso de que este tenga asuntos pendientes.

El punto de los retenes impuestos por la policía fuera de limitar el derecho de tránsito, en muchos casos se hace sin que exista un peligro latente o bien la comisión de delitos, aplicándolos de forma indiscriminada, tratando en pocas palabras de hacer una campaña de pesca para ver que se atrapa, lo cual evidentemente constituye un arbitrariedad por parte de las autoridades.

En Costa Rica, recientemente, el máximo Tribunal Constitucional al tratar el tema de los retenes policiales concluyó de forma unánime y enérgica, en un fallo que es una pieza jurídica memorable, que esta figura vulnera las garantías fundamentales de los ciudadanos al privarlos de su libertad ambulatoria y agrega que “no es posible realizar estos retenes de forma indiscriminada, no se puede coaccionar u obligar a las personas para que permitan el acceso al interior de su vehículo, sin que exista una noticia criminis o indicios comprobados de la comisión de un delito”(Habeas Corpus propuesto por Juan Rímola Bolaños el 12 de agosto de 2010).

Esperemos en los próximos meses encontrar una rectificación de estas medidas necesarias para frenar el crimen pero que requieren ser reglamentadas.

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<>Artículo publicado el  12  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Protección al consumidor: custodia de bienes

La opinión del Abogado….

IRVING  DOMÍNGUEZ  BONILLA
irving14772@yahoo.com

Normalmente llevábamos a reparación o mantenimiento nuestros bienes, con el fin de que los mismos sean colocados en estado de uso óptimo, evitando con ello, de manera preventiva, que se produzca un daño o bien de subsanar el existente.   Para este fin acudimos a los distintos centros de reparación en donde expertos y técnicos proceden a aplicar sus conocimientos para subsanar el problema presentado y devolverlo, como hemos dicho, en un estado de uso adecuado.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando los bienes entregados para reparación, mantenimiento o servicio sufren un daño en manos del proveedor producto de la negligencia o impericia del técnico o experto contratado?, ¿quién está obligado a asumir la reparación o reemplazo de dichos bienes?

Debemos primeramente indicar que el presente caso es de conocimiento privativo o exclusivo de las Autoridades de Protección al Consumidor, tanto del ramo judicial como administrativo, por lo que le está vedado a otra autoridad distinta conocer de este tema.   Esta figura se denomina en la doctrina como responsabilidad por custodia de bienes y está regulado en nuestro país en la Ley 45 de 2007 (artículo 53) y en el Decreto 46 de 2009 (artículo 31), ambos instrumentos jurídicos de protección al consumidor.

Se establece como obligación del proveedor, y en contrapartida como un derecho del consumidor, que este se haga responsable por los bienes que le sean entregados para reparación, mantenimiento o servicio.   En este sentido en caso de que los bienes se deterioren o pierdan en manos del proveedor durante el servicio prestado este se obligará a responder frente al consumidor por el daño causado, ya sea reparando, o bien, en caso de un daño considerable, a la reposición o reemplazo del mismo.

La única forma en que el proveedor no asume esta carga u obligación se da cuando el bien se considera en abandono, situación que se produce cuando, una vez comunicado al consumidor que el bien está reparado o prestado el servicio sobre este, transcurren cuarenta y cinco sin que dicho bien sea retirado de las instalaciones del proveedor, quedando el mismo exento de cualquiera responsabilidad por el deterioro o daño que se produzca.

En nuestra opinión lo recomendable es que esta comunicación se haga por escrito al consumidor, y que él reciba la misma, para acreditar entonces el inicio y terminación del plazo antes indicado, el cual exime de responsabilidad total al proveedor.

El Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá ha dicho sobre este tema lo siguiente: ‘efectivamente la sociedad demandada incumplió con su responsabilidad de proveedor consagrada en el artículo 45 la cual contempla el cuidado que este (el proveedor) debe tener frente a los bienes que le sean entregados por el consumidor para su reparación, mantenimiento o limpieza’, Fallo de 20 de junio de 2000.

La custodia de bienes como derecho tiene su limitación supeditada al monto del daño causado (que determinará la reparación o reemplazo) o la condición de abandono del bien hecha por el consumidor.

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<> Este artículo se publicó el 7 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Violación a las garantías ciudadanas

La opinión del Abogado….

Irving I. Domínguez Bonilla

Nuestra Carta Magna reconoce y tutela efectivamente el derecho de locomoción o tránsito de los ciudadanos, dentro del territorio nacional, haciendo efectivo un derecho fundamental de primera generación, que no puede ser objeto de cortapisas o limitaciones infundadas por parte de las autoridades del país. Esta garantía solo puede ser eclipsada por serios motivos previamente establecidos en la ley, conforme lo dispone el artículo 27 de nuestras normas fundamentales.

El derecho de tránsito es consustancial con el ser humano, con los cuales nace y muere, siendo entonces parte de su vida. Este derecho es el denominado ius movendi et ambulandi del que hablaban los romanos, o el power of locomation que consagra la jurisprudencia anglosajona, y que ha sido objeto de un completo análisis por la jurisprudencia del pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Este derecho ha sido atacado constantemente por parte de las autoridades nacionales, quienes al ejercer su rol adoptan actos de hecho, en unos casos, y en otros supuestamente amparados en las leyes de procedimiento, que tienden a minimizar o coartar el derecho de tránsito de los ciudadanos.   Y es que en la práctica nos encontramos con los agentes de la Policía Nacional quienes de forma extraña utilizan la figura llamada “retención por investigación”, con la cual privan de su libertad a las personas con el objeto supuesto de investigar si tienen causas pendientes.

Con esta medida se priva de su libertad a la persona durante un lapso, a veces de hasta 24 horas, hasta que en la mayoría de los casos la persona es liberada después de haber pasado todo ese tiempo privado de su libertad, aunado a las connotaciones estigmatizantes que se infieren con esta medida y la afectación psicológica al estar, incluso, en las cárceles de la policía en donde es retenido sin fundamento o razón.

Por otro lado, ya con un fundamento legal, nos encontramos con la figura llamada conducción, la cual tiene por objeto que la persona citada o requerida, por la autoridad investigativa o judicial, y existiendo reticencia de su parte a comparecer, sea trasladada a estos despachos a evacuar las diligencias ordenadas.

A pesar de su existencia legal, se da la situación en que se abusa de la figura ordenándola sin haberse citado a la persona, sin darle la oportunidad de comparecer voluntariamente, y en muchos casos se decretaba un día viernes, con lo cual el ciudadano tenía que permanecer retenido el fin de semana hasta que lo presentaran el día hábil siguiente a la autoridad.

Recientemente dos fallos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno con la ponencia de Jerónimo Mejía y el otro con ponencia de José Abel Almengor, han puesto coto al abuso de esta medida de conducción arbitraria estableciendo, vía estos fallos, los requerimientos necesarios para que esta sea procedente, llamando incluso la atención a los funcionarios al señalar que “dicha facultad debe manejarse con prudencia, evitando que en la práctica se instituya en un régimen preliminar de detención…” (Fallo de 23 de julio de 2010).

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/dominguezbonilla-irving/

Disposición o confiscación de bienes aprehendidos

La opinión del Abogado…

Irving Domínguez Bonilla

Actualmente está pendiente de sanción y promulgación por parte del Presidente de la República, el Proyecto Ley 113 de 2010 (el cual reforma la Ley 23 de 1986), aprobado en tercer debate por La Asamblea Nacional, conteniendo una completa regulación en materia de disposición de bienes aprehendidos por los agentes de instrucción y que tiene como norte evitar que estos bienes se deprecien con el transcurrir del tiempo, pierdan valor; y, que en un momento dado ni siquiera puedan ser devueltos a sus propietarios, en caso de que estos sean absueltos de responsabilidad penal.   En la práctica observamos una gran cantidad de autos y equipos en los patios de depósito del Ministerio Publico, en la Avenida de la Amistad y Cerro Patacón, en donde los mismos quedan reducidos a chatarra a la espera de una decisión definitiva sobre los procesos penales y el posible comiso ordenado por la autoridad jurisdiccional.

Visto bajo la perspectiva anterior es plausible la labor legislativa realizada, sin embargo dentro de la ley se incorporan normas con claros vicios de inconstitucionalidad que atentan contra el derecho de propiedad, el debido proceso y la prohibición de confiscar bienes por parte de El Estado. Estas disposiciones sustanciales desconocen el derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso y el derecho de acreedores, fiduciarias y demás entidades financieras sobre estos bienes aprehendidos, lo cual hiere mortalmente instituciones jurídicas vetustas, que han sido respetadas por las distintas autoridades nacionales desde el inicio de la República.

El proyecto establece el llamado proceso sumarísimos en donde el Fiscal podrá solicitar al juez la disposición anticipada de los bienes capturados a los involucrados. Este tipo de proceso especial operará en los casos de blanqueo de capitales, terrorismos y delitos relacionados con drogas.

El busilis radica principalmente en los casos en que los bienes sean objeto de un contrato de garantía de alguna obligación, tales como hipoteca, fideicomiso de garantía, prenda, en donde el acreedor, sin estar involucrado en el delito, tenga un bien afectado. En la práctica, y conforme al respeto al derecho del acreedor, tanto las fiscalías como los juzgados ordenaban la desaprensión y entrega de estos bienes, sin embargo, conforme al proyecto una vez aplicado el proceso sumarísimo, si el afectado, a quien se le notificará por edicto emplazatorio, no se opone oportunamente, se declarará extinguida la acreencia con el consecuente remate del bien a favor del Estado, y sin reclamo alguno.

Recientemente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la Ponencia del Magistrado José Abel Almengor, acaba de declarar la inconstitucionalidad de una norma similar, en materia de Aduanas, señalando el máximo tribunal que: “de conformidad con esta norma, no cabe en nuestro régimen jurídico, penal ordinario ni aduanero, sanciones que representen medidas confiscatorias para los procesados..” (Fallo de 31 de mayo de 2010).

Visto bajo cualquier punto de vista la figura constituye una forma de confiscación disfrazada bajo el follaje de una ley y que claramente vulnera las garantías constitucionales de los terceros y acreedores que en nada tengan que ver con el delito cometido.

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Este artículo se publicó el  12  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América, lo mismo que en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El cumplimiento de la garantía por el proveedor

La opinión del Abogado…

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Irving Domínguez Bonilla

Dentro de las obligaciones que rigen la relación proveedor-consumidor está la de informar a este último sobre la existencia de la garantía sobre los bienes vendidos o servicios prestados y cuáles son las condiciones que abarca ella. En caso de que se produzca un reclamo por parte del consumidor, esto es, debe haber una adecuada información, de forma expresa y clara, por parte del proveedor al momento de la venta del producto o prestación del servicio sobre la existencia de la garantía, las causas en las cuales la misma opera y la forma de hacer el reclamo de ella.

Todo lo atinente a la garantía en materia de protección al consumidor responde al llamado principio de idoneidad del producto por medio del cual el fabricante, importador, distribuidor o proveedor de bienes o servicios está obligado a garantizar el uso normal, durante el periodo de vigencia de garantía, de los productos o servicios vendidos o brindados. Conforme a lo expuesto el fabricante, importador, distribuidor o proveedor quedan obligados, en casos de defectos del producto, a garantizar el funcionamiento adecuado de los bienes vendidos, debiendo como primera y principal obligación a reparar el bien por el defecto existente, y solo en caso en que el defecto sea de tal envergadura que haga imposible el uso del bien para el fin por el cual fue adquirido o bien disminuya su valor considerablemente, y solo en este caso, el consumidor tendrá derecho al reemplazo o bien a recibir el precio de venta pagado.

Es nuestra opinión debe tomarse en cuenta como parte del precio a devolver en caso de que sea necesario cumplir con esta obligación, el periodo de depreciación producido en el bien, el cual es producido por el uso y posesión del bien por parte del consumidor. Los tribunales de protección al consumidor en la practica no toman en cuenta este aspecto, castigando de forma injusta al proveedor quien se ve obligado, frente a un fallo que obligue a la devolución del precio, a recibir un bien depreciado, a veces de forma dolosa por el consumidor, lo cual no se compadece con la equidad y justicia que debe revertir una decisión jurisdiccional. En este aspecto el juzgador debe considerar la depreciación del bien y deducirlo del precio a devolver al consumidor o bien establecer la fórmula para lograr este fin.

Igualmente en muchos casos, desconociendo el tenor claro de las normas que rigen la materia, conminan a los proveedores a reemplazar el bien o devolver el precio, sin plantear como primera fórmula la reparación del bien, que es le primigenia de todas las obligaciones en materia de garantía.

Percibo que el desconocimiento anterior obedece a una inadecuada interpretación de las normas en materia de garantía tratando de que ellas, a pesar de su claridad, se apliquen solo de forma beneficiosa al consumidor, haciendo ver que es la parte más débil en la relación contractual.

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Este artículo se publicó el  4  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El cumplimiento de la garantía

La opinión de…..

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Irving Domínguez Bonilla


Dentro de las obligaciones que rigen la relación proveedor–consumidor está la de informar a este último sobre la existencia de la garantía sobre los bienes vendidos o servicios prestados y cuáles son las condiciones que abarca ella, en caso de que se produzca un reclamo por parte del consumidor.

Esto es, debe haber una adecuada información de forma expresa y clara, por parte del proveedor al momento de la venta del producto o prestación del servicio sobre la existencia de la garantía, las causas en que la misma opera y la forma de hacer el reclamo.

Todo lo atinente a la garantía en materia de protección al consumidor responde al llamado principio de idoneidad del producto por medio del cual el fabricante, importador, distribuidor o proveedor de bienes o servicios está obligado a garantizar el uso normal, durante el periodo de vigencia de garantía, de los productos o servicios vendidos o brindados.

Conforme a lo expuesto, el fabricante, importador, distribuidor o proveedor quedan obligados, en caso de defectos del producto, a garantizar el funcionamiento adecuado de los bienes vendidos, debiendo como primera y principal obligación reparar el bien por el defecto existente, y solo en caso en que el defecto sea de tal envergadura que haga imposible el uso del bien para el fin por el cual fue adquirido o bien disminuya su valor considerablemente, y solo en este caso, el consumidor tendrá derecho al reemplazo o bien a recibir el precio de venta pagado.

Es nuestra opinión debe tomarse en cuenta como parte del precio a devolver en caso de que sea necesario cumplir con esta obligación, el periodo de depreciación del bien producido por el uso y posesión por parte del consumidor. Los tribunales de protección al consumidor en la práctica no toman en cuenta este aspecto, castigando de forma injusta al proveedor quien se ve obligado, frente a un fallo que obligue a la devolución del precio, a recibir un bien depreciado, a veces de forma dolosa por el consumidor, lo cual no se compadece con la equidad y justicia que debe revertir una decisión jurisdiccional. En este aspecto el juzgador debe considerar la depreciación del bien y deducirlo del precio a devolver al consumidor o bien establecer la fórmula para lograr este fin.

Igualmente en muchos casos, desconociendo el tenor claro de las normas que rigen la materia, conminan a los proveedores a reemplazar el bien o devolver el precio sin plantear como primera fórmula la reparación del bien que es la primigenia de todas las obligaciones en materia de garantía.

Percibo que el desconocimiento anterior obedece a una inadecuada interpretación de las normas en materia de garantía tratando de que ellas, a pesar de su claridad, se apliquen solo de forma beneficiosa al consumidor, haciendo ver que es la parte más débil en la relación contractual.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.