Fallo de la Corte sobre la Sala Quinta

*

La opinión de la Abogada,  Escritora y Feminista…

Mariblanca Staff Wilson 

mariblanca12@gmail.com
Después de más de once años de estar engavetada en la Corte Suprema de Justicia, la demanda de inconstitucionalidad contra la derogatoria de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, felizmente –mejor dicho- convenientemente, el pleno de la Corte declara inconstitucional su derogatoria.

¿Por qué hasta ahora el Pleno decide revivir dicha Sala, cuando la mayoría de los honorables Magistrados que conforman dicho máximo tribunal estaban en el cargo cuando se presentó la demanda de inconstitucionalidad? Sencillamente porque no era conveniente en aquel momento sino ahora.    ¿Por qué en 1999 era inconstitucional la Sala y ahora es constitucional? Las matemáticas no fallan: uno más uno es dos. Ni más ni menos.

Por tanto, si es inconstitucional la derogatoria de la Sala V, con mayor razón lo es la destitución de los Magistrados/as que integraban dicho tribunal y me da el derecho de interponer una demanda contra el Estado por los salarios caídos. Oportunamente presentaré la demanda. No estaré mendigando, sino ejerciendo y exigiendo mis derechos.

 

*
<>Artículo publicado el 19  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

El Tribunal Administrativo Tributario

La opinión del Doctor en Derecho…

Hernán A. De León Batista 

La Ley 8 de 15 de marzo de 2010, la cual reformó sustancialmente el Código Fiscal, establece la creación del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), la cual debe iniciar funciones el próximo 2 de enero de 2011.   Así, dicho tribunal, viene a poner término a una de las grandes críticas que por años se le endilga al sistema tributario panameño: que es el hecho que la Dirección General del Ingresos (DGI) es “juez y parte” en los reclamos tributarios, ya que por su naturaleza de servicio público recaudador-fiscalizador carece de independencia para resolver dichos reclamos.  El mismo profiere resoluciones exigiendo el pago de tributos; pero así mismo es el único ente que resuelve las disconformidades de los contribuyentes. 

El Tribunal Administrativo Tributario, como un ente independiente del Órgano Ejecutivo, especializado e imparcial, que tendrá jurisdicción en toda la república, tendrá competencia, en términos generales, para conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones que emita la DGI y de las Administraciones Provinciales de Ingresos a nivel nacional, entre las que se encuentran los reclamos de devoluciones de tributos nacionales, a excepción de las aduaneras;   resoluciones relativas a liquidaciones adicionales; resoluciones de multas y sanciones; así como cualquier otro acto administrativo que tenga relación directa con la determinación de tributos bajo competencia de dichas entidades en forma directa o presuntiva.

De acuerdo a la experiencia de otros países, a partir de la creación de este tipo de tribunales, se da un amplio respeto al debido proceso como garantía básica de un Estado de Derecho. De ahí que esperemos que con este nuevo tribunal administrativo en Panamá se aplique irrestrictamente los princ ipios constitucionales de legalidad (legalidad tributaria), igualdad, no confiscatoriedad y respeto de los derechos de los contribuyentes, la cual con la mencionada reforma fiscal en la Ley 8, la misma es más explícito y taxativa en cuanto a los derechos de los obligados tributarios.

Igualmente contempla la posibilidad de aplicar normas de derecho administrativo. Con esta nueva magistratura se presenta una esperanza de alcanzar juicios tributarios rápidos, oportunos y técnicos. Se contempla un procedimiento más transparente y público; de protección de garantías constitucionales.

Por otro lado, si bien es cierto la reforma fiscal presenta un avance en la independencia de un juicio tributario, mediante la creación del tribunal tributario, la misma también es una reforma perfectible, ya que se pudo haber contemplado: el arbitraje (no contempla salidas alternativas al conflicto tributario por la vía de arbitrajes como existe en la legislación comparada) a opción del contribuyente; no contempla la figura de un defensor público (defensor tributario), como existe en la jurisdicción penal, de familia y de menores; en consecuencia, los contribuyentes deberán emitir los costos de una defensa tributaria en forma exclusiva; así como tampoco establece con claridad lo relativo a las medidas cautelares. No obstante lo anterior, no hay duda que con sólo la creación de un Tribunal Administrativo Tributario para Panamá se ha dado un gran avance en materia de justicia tributaria, por lo que esperamos a futuro la misma siga modernizándose a la par del desarrollo de una cultura tributaria la cual es muy pobre en Panamá.   De ahí que se hable en Estados Unidos que, ¡el que no tributa no existe!

<>Artículo publicado el  11  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sentencias penales dictadas en audiencia

La opinión de…

 

Alina Hubiedo

El Código Judicial vigente en la República de Panamá preceptúa que la audiencia será pública y que estará fundamentada en los principios de oralidad y publicidad. La oralidad supone la expresión verbal vertida por abogados, testigos o peritos ante el juez de la causa, sin soslayar al propio imputado y a la víctima, quienes pueden ser escuchados durante el juicio. No obstante, el propio juzgador con base en dicho principio está facultado para dictar la sentencia en el mismo acto de audiencia, al culminar los alegatos formulados por el fiscal, el querellante –si lo hubiere– y la defensa.

Esto es así, también, porque el artículo 2526 del Código Judicial patrio establece en su último párrafo, lo siguiente: “El juez podrá dictar la sentencia una vez concluidos los alegatos y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación para las partes presentes”. Concatenadamente, el último inciso del artículo 2301 del mismo texto legal alude a las decisiones judiciales adoptadas en oralidad cuando estatuye que las comunicaciones hechas por el juez o magistrado a las partes durante la audiencia tienen valor de notificación personal.

Sobre el particular, vale decir que esta práctica se encuentra íntimamente vinculada al principio de publicidad, que implica que el acto de audiencia es público o abierto a toda persona que desee presenciarlo, salvo cuando por razones de moralidad, de orden público o el respeto a la víctima exijan que la sesión se celebre a puerta cerrada. Esta excepción se encuentra desarrollada en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, suscrito por Panamá; no obstante lo anterior, se reconoce en dicho documento que toda sentencia en materia penal será pública, salvo en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.

La emisión de sentencias penales en el acto de audiencia involucra, a su vez, otro principio, el de inmediación, que implica la percepción directa de actos procesales y también fortalece el principio de transparencia que consagra el Código de Ética Judicial de la República de Panamá, basado en la motivación que realice el juez ante las partes, ya que el fallo es escuchado de viva voz por el juzgador y, en consecuencia, de los resultados del proceso tienen conocimiento inmediato el imputado, su defensa y la víctima.

Cabe acotar que la metodología bajo estudio evita las dificultades que se presentan para surtir una notificación personal, habida cuenta que, por ley, el fallo condenatorio debe ser notificado personalmente, mientras que si se dicta la sentencia en el juicio, el sólo anuncio de la decisión produce efecto de notificación para las partes, como lo indican las normas citadas.

Ligado a esto se encuentra el hecho de que si alguna de las partes no está de acuerdo con el fallo, puede anunciar apelación en el mismo acto de audiencia, una vez el juez haya dictado su decisión, de manera tal que se agilizan los términos que a este respecto regula el artículo 2416 del Código Judicial en materia de impugnación de resoluciones. Esto significa –indefectiblemente– que se practican los principios de economía y celeridad procesal.

Cabe destacar, en otro orden, que en el evento de que el fallo dictado en el juicio oral sea absolutorio, la apelación no impide que el reo sea puesto inmediatamente en libertad, salvo en los casos de narcotráfico en los cuales se le sujeta a medidas cautelares, según lo dispone el artículo 2414 del Código Judicial.

Además, otra ventaja la constituye el hecho de que la defensa puede solicitar al juez, una vez decidido el caso en el mismo juicio, que se le aplique a su representado un sustituto penal como alternativa a la pena de prisión, caso en el cual, de ser favorecido, el reo obtendrá igualmente la libertad, la que será decidida en la audiencia, en virtud de que la ley de procedimiento penal preceptúa que los incidentes que se promuevan cualquiera fuere naturaleza, serán decididos en el curso de la audiencia (artículo 2197 del C.J.) y en caso de inconformidad, puede anunciarse apelación en el acto.

En síntesis, las sentencias penales dictadas en las audiencias constituyen un mecanismo eficaz para contrarrestar la congestión judicial en los tribunales.

*

<> Este artículo se publicó el 29  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Los medios reemplazan a los tribunales de justicia

La opinión del periodista y docente universitario….
GARRITT GENETEAU 

El verdadero papel que deben ejercer los medios de comunicación social no ha sido cabalmente comprendido y esta situación lleva a la parcialización noticiosa, al morbo y a la invasión de predios ajenos a la noble profesión del periodismo.

En busca de protagonismo y de aumentar la circulación y, por ende, la cosecha de pingües ganancias, a veces los medios se extralimitan y convierten a personajes mediocres en una especie de ‘dioses’ y por el contrario, emprenden campañas mezquinas para enlodar reputaciones y caer en el pecado de convertirse en ‘falsos tribunales de justicia’, condenando a ciudadanos sin que antes hayan intervenido las autoridades competentes sopesando imparcialmente y con justicia situaciones que son de su competencia y no de los escribidores.

Aceptamos que siempre ha existido en este país retrocesos en su desarrollo social, ciertos vacíos en la justicia que contribuyen a retrasar los casos por meses y años; también observamos a funcionarios judiciales, cuyas acciones dejan mucho qué desear, pero eso no debe ser motivo para que los medios asuman el papel de acusadores y de jueces.

Ignoran o se hacen los desconocedores de la verdadera misión de los comunicadores, que ha sido, es y debe ser la de informar, orientar y en ocasiones entretener a los ciudadanos, pero nunca deben convertirse en jueces. Se ha dado en que determinado acusado ha sido condenado en los medios antes de ir a juicio y por más esfuerzos que haga su defensor, al final resulta condenado porque los jueces y miembros del jurado han sido predispuestos a esa determinación.

Ahora tratamos este asunto, viene al caso un suceso político reciente. Se ve muy mal que un político tenga que cambiarse de partido para bañarse en el Jordán que lava los pecados de la corrupción que este personaje hubiese cometido. De esta manera le estamos enviando un mensaje negativo a las presentes y futuras generaciones en el sentido que hay que tener principios políticos y no saltar hacia las toldas que les brinden protección e inmunidad.

Los que hemos abrazado la profesión de periodista debemos velar porque se mantenga un periodismo ético, moral e imparcial y que nunca traspase los linderos de la inmoralidad y la corrupción. Que la honestidad y la verdad sean siempre su norte.

<> Artículo publicado el 15 de septiembre de 2010  en el diario El Siglo, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Noriega en París: epílogo

La opinión de…


Betty Brannan Jaén 

PANAMÁ, R.P. – Antes de escribir más sobre el juicio a Manuel Antonio Noriega en París, estuve esperando que sus abogados anunciaran si iban a apelar la condena, porque pensé que a la vez se conocería exactamente cuánto tiempo adicional de prisión el ex dictador tendrá que servir.

Él fue sentenciado a siete años y le darán crédito por los 34 meses que lleva preso desde que acabó con la condena estadounidense, pero entiendo que en el sistema francés (como en el norteamericano) ningún reo cumple el tiempo completo.

El día que dictaron el veredicto, en los pasillos del Palacio de Justicia en París hubo quien comentara que una sentencia de seis años sería equivalente a libertad inmediata; pero desde entonces, nadie ha dicho cuál es el efecto exacto de una sentencia de siete años. Solo podemos suponer que es poca cosa, dado que los abogados defensores han decidido que no vale la pena interponer una apelación.

Que esta información no esté disponible ilustra lo primitivo del sistema procesal penal en Francia, que tiene un sorprendente retraso tecnológico.   En Estados Unidos, la fecha en que Noriega terminaría su sentencia estuvo disponible por internet y en los últimos años, también estaban disponibles por internet los documentos principales del caso. Aun durante el juicio en Miami, hace casi 20 años, era relativamente fácil ver el expediente y copiar de allí los documentos que uno quisiera. Los documentos presentados como prueba en el tribunal llegaban con fotocopia para todos los abogados y para los periodistas también. Además, los micrófonos y el aire acondicionado funcionaban maravillosamente, los traductores trabajaban cómodamente, y los servicios sanitarios para el público no eran unisex.

En París, por contraste, los micrófonos en el tribunal no funcionaban el día que Noriega dio sus declaraciones. Se perdió tiempo tratando de arreglar el problema y por fin obligaron que Noriega hablara sin micrófono; afortunadamente pudo hacerlo en voz alta y clara, y de pie, aunque a las finales pidió permiso para sentarse.  No era de sorprenderse que él estuviera agotado al final de la faena porque su traductora parecía estar al borde del colapso. En Estados Unidos, los traductores usualmente trabajan sentados y se rotan cada cuantas horas, pero a la de París la tuvieron parada y sin relevo por sesiones de hasta seis horas. En una sala sin aire acondicionado o abanicos.

Por razones que no comprendo, los tribunales franceses detestan la fotocopiadora. Un día, mientras esperábamos que retomaran el caso Noriega, el tribunal dictó sentencia a unos 16 miembros de un complot. Pero la presidenta del tribunal anunció que no daría copia del veredicto y sentencia a cada uno de los acusados; solo habría una copia para cada dos. Esa misma magistrada se pasó un tarde interminable leyendo del dossier Noriega en vez de repartir copia a todos los interesados; cuando en el dossier habían gráficas mostrando el movimiento de los fondos, ella tuvo que describirlas verbalmente en lugar de tener una pantalla o cartulina en grande para mostrarlas. Al final del juicio, un abogado defensor me mencionó un alegato escrito que ellos habían presentado con argumentos adicionales; pedí copia del alegato pero se me negó por considerarse confidencial. En Estados Unidos, los alegatos no son confidenciales y son fácilmente obtenibles por internet en los tribunales federales.

Otro aspecto confidencial es cómo se pagó la defensa de Noriega en París. En Miami se sabía que el Gobierno norteamericano le estaba pagando la defensa a Noriega, por considerarlo indigente. En París, Olivier Metzner, el abogado principal, es uno de los juristas más prominentes de Francia; las cámaras de televisión lo persiguen como si fuera un rock star y figura casi a diario en los titulares sobre juicios de alto perfil. Su defensa de Noriega, aunque infructuosa, debe haber costado caro y sería interesante saber quién le pagó.

<>

Este artículo se publicó el 25 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Cómo presentar reclamos ante la SBP (I)

La opinión de la Abogada y Docente en Derecho Comercial…..

,

MARÍA C. CHEN STANZIOLA

En no pocas ocasiones, he podido percatarme de que a nosotros los abogados, nos cuesta mucho el dominio de temas que escapan de la práctica tribunalicia y de manera reiterada veo cómo tratan de solucionar los problemas de sus clientes en los tribunales de justicia, que se caracterizan por lo complicado y demorado de sus trámites.

Cuando se trata de asuntos relacionados con los servicios bancarios, como usuarios, tienen derecho a accesar a una vía idónea, rápida y quizá más efectiva, no solo por la especialidad de la materia, sino por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los bancos en la prestación de los servicios a sus clientes, para los cuales la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tiene un procedimiento sencillo al alcance de todos los usuarios. Hablo del Sistema de Atención de Reclamos (SAR).

Según el artículo 199, del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008 y cuyo texto fue ordenado sistemáticamente mediante Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, en adelante Ley Bancaria, los bancos y la SBP, tienen competencia para conocer los reclamos que presenten los clientes bancarios cuando se trate de personas naturales y de personas jurídicas.

Para las personas naturales, están sujetos a este sistema, los financiamientos destinados al consumo personal del consumidor bancario o de su familia, hasta un monto de $50,000; los financiamientos para la compra, construcción o mejoras de la vivienda, hasta un monto de $125,000; los depósitos a la vista hasta un monto de $20,000 y los depósitos de ahorro o a plazo fijo, hasta un monto de $50,000. En cuanto a personas jurídicas, se pueden conocer financiamientos recibidos para fines comerciales, por las micro y pequeñas empresas, hasta un monto total de $200,000 y financiamientos hasta un monto de $125,000.

Sigue mañana..

<>

Este artículo se publicó el 7 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Seguridad pública, su misión y visión

La opinión de….

.

Robin ROvira

El hombre, por su naturaleza, ha vivido en sociedad desde tiempos inmemorables, lo que ha exigido de parte de él cierta conducta en relación con sus congéneres. Esta conducta evolucionó, en algunos casos, hasta derivar en un vínculo político-jurídico llamado “Estado”.

El Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Decir: “regular la sociedad” es lo mismo que decir: “regular la vida” como mecanismo de autopreservación porque, de no ser regulada, la sociedad misma aplastará, debilitará o dañará sus propias partes constituyentes.

Cuando el Estado no establece normas eficaces que regulen la sociedad esta, por ende, se encuentra en peligro. Y decir que la sociedad se encuentra en peligro es decir que la vida misma está en peligro.

Hay dentro del Estado instituciones, tales como la “administración pública”, los “tribunales” y la “policía”, asumiendo el Estado las funciones de gobernación, justicia y seguridad. En otros países se encuentran, además, las Fuerzas Armadas asumiendo la función de defensa.   Si la función de un Estado es regular la sociedad, que es lo mismo que regular la vida, ellas deben tener meridianamente clara su “misión” y “visión” en función de la preservación de la vida.

El lema de nuestra Fuerza Pública (solo por poner un ejemplo), en vez de ser “Proteger y servir”, debería ser “Proteger y servir al inocente”.   ¿No se trata acaso de eso? ¿O es que acaso los derechos humanos contemplan “Proteger y servir al culpable”? ¿Protegen acaso los culpables la vida?

Hubo un incidente que sucedió en la guerra de Corea: El 38% de los soldados americanos que fueron tomados prisioneros no murió de hambre o por torturas, sino porque no tenían la estabilidad moral para seguir luchando. Casi cuatro de cada 10 soldados americanos murieron porque no tenían el interés de vivir, no sabían ni por qué estaban ahí.

Con lo anterior, quiero decir que el no definir o delimitar meridianamente los conceptos misión y visión genera confusión, y la confusión resta estabilidad o fuerza moral para combatir al enemigo.  Porque, ciertamente, tenemos enemigos. En nuestro caso, el enemigo afecta nuestra seguridad y nuestra vida.

Nuestros policías deben tener claro que su misión y visión es contra aquellos enemigos de la vida, que a la postre se traducen en enemigos de la sociedad, enemigos de la familia, enemigos del Estado.

Propongo que las instituciones del Estado hagan un alto en su gestión y revisen su “misión” y “visión” en función de preservar la vida; que viene a ser igual que preservar la sociedad; que viene a ser lo mismo que preservar a la familia, nuestra familia.

<>

Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.