La realidad de los Impuestos Municipales

La opinión del Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panama…

Fernando Arango Morrice

Si una lección nos dejó 2008 y 2009 es que nunca antes, el mundo había experimentado tan de cerca la interdependencia de la globalización, donde todos sufrimos las consecuencias de las acciones de otros. 

Esto mismo aplica a la economía nacional donde todos somos actores, Gobierno Central, Gobiernos Locales, Empresarios, Trabajadores y Consumidores, en el momento que uno de estos actores cree una distorsión en la hoja de ruta plasmada para el desarrollo económico todos sufriremos las acciones de ese único jugador. De ahí la premisa número uno de la importancia de consultar y tratar de consensuar lo más posible en beneficio de todos por igual.

Cuando el Municipio de Panamá decidió de manera unilateral, arbitraria e inconsulta, aprobar este cambio radical a los impuestos municipales, ciertamente no tomó en cuenta el impacto que esto tendría en los diferentes actores de la economía nacional, ni siquiera pareciera haber sopesado el peso que su Distrito tiene sobre las demás comunas del país.

Lo invito estimado lector a que hagamos este ejercicio y sea usted quien saque las conclusiones de si esto solo impactará a las empresas grandes. Dentro de las empresas que aportan al erario municipal, podemos mencionar una distribuidora grande que está sufriendo un aumento de 1,150%, si estas empresas tienen un aumento de tal magnitud en sus costos, lo más probable es que lo apliquen a sus productos para recuperar; aunque no descarten para palear semejante alza, ya sea mudar su empresa a otro municipio y/o hasta considerar reducción de personal.

Pero planteemos el escenario de que el distribuidor le aplique esto a los productos que hace llegar a los mini súper y supermercados, a los cuales los impuestos municipales les están incrementando en promedio 400% y 2,504%, respectivamente. Nuevamente, el mini súper y supermercado que ya pagó el producto con aumento, tendrá que recuperar el aumento de sus costos, tanto la aplicada al producto por el distribuidor como el alza del impuesto municipal a su actividad económica; es decir el producto llegará al consumidor final tanto grande como pequeño con doble alza de precio.

Por otra parte, analicemos el impacto en el Gobierno Central. Panamá, ha atraído inversiones en base en una política económica de reducción en materia impositiva y logramos sobrevivir la crisis económica internacional en números positivos, obtuvimos las calificaciones de grado de inversión y a diario llegan cientos de inversionistas a Panamá buscando establecer sus negocios y aportar puestos de trabajo, de acuerdo a las reglas de juego vigente.

Nuevamente, observamos cómo este Acuerdo Municipal rompe con la política económica de Estado, que nos ha logrado tantos beneficios para el desarrollo de nuestro país no sólo por el flujo de capitales, sino por la creación de puestos de trabajo, entre otras cosas.

Así pues querido lector, como observa estos impuestos municipales tendrá un efecto cascada en diferentes aspectos de la vida nacional. Entonces pregúntese usted si realmente esto afectará solo a las grandes empresas.

<>Artículo publicado el  31  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otro plato roto que paga el pueblo

La opinión del Abogado…

Octavio Villalaz Benzadon

Sentado en el sofá de mi casa, viendo un programa de televisión, el mismo es interrumpido por una propaganda pagada por el Municipio de Panamá, la cual trata de justificar el aumento de impuestos municipales a los comerciantes del Distrito.

Si bien es cierto que el Municipio de Panamá tiene la facultad de gravar aquellos impuestos que no son gravados por la Nación, es igual de cierto que la demanda interpuesta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene ningún sentido, ya que decir que los impuestos municipales se equiparan al derecho que tiene el gobierno central de cobrar el impuesto sobre la renta, sería dejar en la ruina a la urbe capitalina y a todos los municipios de la República.

Si al Municipio le da la gana de gravar a los comerciantes con un 100% adicional sus actividades comerciales, el gobernante municipal tiene la facultad para hacerlo previa aprobación del Consejo Municipal.

Ahora, como nosotros -y hablo por aquellos a los que no perjudica el alza o la baja de los impuestos municipales como contribuyentes, pero sí como consumidores- podemos ver desde nuestra perspectiva lo que está pasando y opinar objetivamente sobre quién tiene la razón.

Entonces, las preguntas que nos hacemos serían: ¿Cuál es el programa social que tiene la Alcaldía de Panamá?, ¿Cuál es su programación para el año 2011 y lo que le queda de gestión al Alcalde Bosco?, ¿Qué ha hecho todo este tiempo sentado en su silla?

La percepción negativa que tiene la mayoría de los ciudadanos sobre el Alcalde, radica principalmente y según él, en el fuego amigo que tanto cacarea y el cual es promovido por un sector económico que tiene vinculación con el poder ejecutivo, razón por la cual su sed de venganza la centró en una reforma del régimen impositivo que arrastra a otros sectores comerciales ajenos a la disputa política. ¿Acaso somos los panameños culpables de estas guerras intestinas? Pues No.

¿Qué derecho tenía el Alcalde de hacer una reforma inconsulta, esgrimiendo el garrote por delante de toda negociación?   Ello solo demuestra la carencia de la inteligencia política que se debe tener para estos casos.

La Alcaldía no es un sitio de poder que otorga facultades plenipotenciarias para adjudicar consultorías a diestra y siniestra, cuyos beneficios en ningún momento impactan en forma directa o indirecta a los ciudadanos.

¿Qué desean al final: servir a la ciudad o a sus propios intereses? Hasta cuando tenemos que soportar los ciudadanos semejante apatía y seguir sintiendo impotencia por cómo se juega con el bolsillo nuestro, que al final del camino, es el que paga todo el desgreño municipal.

<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Responsabilidad contractual

La responsabilidad del proveedor es garantizarle al consumidor el uso adecuado del bien o servicio adquirido.  La opinión del Administrador General de ACODEDO…


PEDRO  MEILÁN

Mucho hemos conversado sobre la responsabilidad del proveedor en garantizarle al consumidor el uso adecuado del bien o servicio adquirido; sin embargo, esta responsabilidad no se circunscribe o limita únicamente a honrar la garantía ofrecida por el fabricante, sino que va más allá, ya que el consumidor debe ser protegido en todos los aspectos que abarcan las normas de protección al consumidor, recogidas en la Ley 45.

Por ello, la mencionada ley recoge dentro de su articulado una protección especial para el consumidor, que versa sobre la responsabilidad extracontractual del proveedor, en los casos en que medie dolo, culpa, negligencia o imprudencia de quien ofrece un bien o servicio, dentro del mercado nacional.

Nótese que esta protección va dirigida a aquellas operaciones de consumo, en las cuales pese a existir un contrato, la información sobre el uso de lo ofrecido no es debidamente facilitada al consumidor.

La forma indicada para vincular a un agente económico con esta responsabilidad lo es a través de la factura de pago o recibo, la cual, según el artículo 36 de la ley 45, es obligatorio que el proveedor del bien o servicio entregue al consumidor.

De esta manera, el consumidor tendrá una prueba vinculante que podrá ser utilizada en caso de que, por alguna mala práctica del agente económico al momento de ofrecerle el servicio o entregarle el bien, le cause daño o perjuicio al consumidor.

Esta responsabilidad sobreviene por la falta de instrucciones oportunas y adecuadas sobre la utilización del bien o servicio; es decir, que debe el proveedor garantizarle al consumidor el buen entendimiento de las instrucciones de utilización, para evitar posibles lesiones a la integridad física de la persona.

En Acodeco ya ensayamos este tema aplicando una sanción a una empresa que por negligencia ocasionó un daño corporal a un consumidor.

Pero lo más importante es que este pronunciamiento administrativo fue avalado por la Sala Tercera de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que en una economía como la nuestra, a diario se ofrecen una gran cantidad de servicios los cuales, de una manera u otra, requieren de un mínimo de pericia por parte del consumidor, lograda, claro está, luego de ser informado por el proveedor de la forma correcta de la utilización de su producto, lo que evitará contratiempos o perjuicios futuros.

Ahora bien, el consumidor no escapa de su obligación de exigir de forma clara, oportuna y entendible, las instrucciones de uso provistas por el agente económico; recordando siempre que un consumidor informado tiene poder.

Poder que lo puede llevar a abstenerse de adquirir el bien o servicio, si considera que resulta peligroso o que las instrucciones de uso no son lo suficientemente claras para él.

Por último, reiteramos nuestro compromiso de investigadores preventivos y, por qué no, sancionadores de las actuaciones que estén al margen de la Ley 45, para lo que necesitamos que al detectarse una posible infracción, ésta sea puesta en conocimiento de nuestros funcionarios, quienes inmediatamente recopilarán todas las pruebas necesarias, a fin de determinar si la conducta investigada está enmarcada o no dentro de la normativa vigente en materia de protección al consumidor.

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<> Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Propina obligada?

El cobro de propinas en la cuenta de un restaurante infringe una norma básica de protección al consumidor

La opinión del Administrador General de ACODECO….

PEDRO  MEILÁN

Hace algunos días, en compañía de mi familia, salí a cenar a uno de tantos restaurantes que existen en la ciudad capital, donde tienen excelentes y exquisitos menús para los comensales más exigentes y variedades populares para niños y jóvenes.

Sí,   fuimos a uno de ellos y la cena estuvo deliciosa.   Un pescado a la plancha con ensalada y un lomo salteado.

¡Qué delicia! Los niños ordenaron deditos de pollo apanado, papas francesas y postre. Todos muy contentos.

Buena atención y un sitio agradable. Cuando pedimos la cuenta, ¡sorpresa!    Miramos los precios de los platos y ya venía incluida la cantidad de la propina, cosa que nos sorprendió.

Yo no estoy acostumbrado a tener este tipo de cuentas.   La mayoría de negocios y restaurantes colocan la propina voluntaria claro que otros hacen lo mismo que el sitio donde estuvimos.

Este tipo de situaciones, por más que el restaurante tenga buena comida y excelente servicio, hace que el cliente no vuelva.

Es más,  si es un cliente exigente, no paga la propina y dice que va a colocar una denuncia para que se investigue al restaurante.

También, el restaurante perdió uno, dos o tres clientes esa noche, que pudieron en el futuro ser unos comensales satisfechos que gracias a la buena atención hubiesen recomendado ese lugar, a través del tradicional sistema del   ‘boca a boca’.

Es ahí donde los comerciantes, gerentes, empresarios y dueños de negocios deben ser más cuidadosos para evitar estas anomalías.

El nombre del restaurante nos lo reservamos.

Cada vez que un restaurante cobra la propina en la cuenta, sin antes haberlo informado o sin haberlo listado en el menú, están infringiendo una norma básica de protección al consumidor.   Agentes económicos de cualquier naturaleza que sean denunciados por esta falta serán sancionados.

Seguro que es una práctica copiada de alguna otra latitud, pero aquí en Panamá es sancionada por ley.

Sugerimos a los gerentes de restaurantes que cambien su política de informarlo con la cuenta o simplemente lo anotan en el menú.

Ya el consumidor, con la información disponible, podrá decidir si se queda y ordena del menú o decide marcharse.

A veces me cuesta entender este tipo de situaciones.

Estábamos contentos, había una buena camaradería, el ambiente estaba de lo más acogedor cuando, de repente, el cuetazo.

Y en acto seguido, el bajonazo. Llamé al gerente, le expliqué y, por supuesto, me escuchó. Y me dijo que, en efecto, lo iba a incluir en el menú.

No he regresado más, pero estoy seguro que por lo que le dije al gerente, me entendió. Me trajeron otra cuenta al final sin la propina incluida.

Pero el daño ya estaba hecho. Y en vez de quedar hablando de lo bueno de la velada, nos mirábamos las caras en señal de que, así como a nosotros, se lo han hecho a miles de comensales.

Generalmente, las personas no conocen su propio negocio y menos aún saben de mercadeo. Deseamos que el restaurante crezca y se mantenga, pero que lo haga competitivamente.

Y cobrar propina directamente en la cuenta, sin haberlo anunciado en el menú, es un golpe bajo y se castiga como infracción a las normas que protegen al consumidor.

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<> Este artículo se publicó el 13 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los procesos arbitrales

El artículo 49 de la Constitución reconoce que la ley establecerá mecanismos para garantizar los derechos del consumidor

La opinión de….

PEDRO  MEILÁN

En aquellos contratos denominados de adhesión, las condiciones de la contratación son establecidas unilateralmente por las empresas.

El consumidor sólo se adhiere a las mismas.

Aún cuando ciertos elementos de alguna cláusula sean negociados individualmente, seguirá considerándose un contrato de adhesión.

Esta condición permite cuestionar la validez de sus cláusulas, pues las mismas son susceptibles de ser anuladas por abusivas y, con ello, dejadas sin efecto.

En algunos de estas contrataciones se está estableciendo la obligación para que se acuda a un proceso arbitral para dirimir las controversias que en materia de derecho de consumo se susciten entre las partes.

Con esto se obvia la tutela especial que el diseño normativo que presenta la Ley 45 de 2007, plantea a favor de la parte débil de la relación de consumo, el consumidor.

La vulnerabilidad del consumidor en la relación de consumo se ve sustentada en virtud de muchos aspectos, entre los que destacan la asimetría de información, el poder económico superior del agente económico versus el consumidor, en la mayoría de los casos, que le permite obtener, inclusive mejores condiciones para discutir sus controversias, entre otros.

El artículo 49 de la Constitución Nacional reconoce que es la ley la que establecerá los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del consumidor, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de esos derechos.

Asimismo, el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, señala en el numeral 1 de su artículo 2 que no podrán ser sometidas a arbitraje las controversias que surjan de materias que no sean de libre disposición de las partes.

Consideramos que son los mecanismos especialmente diseñados para regular las relaciones de consumo, los que deben regir el trámite de este tipo de causas. Los procesos arbitrales suponen un costo importante para el consumidor (honorarios del árbitro).

Esto constituye un desincentivo importante para querer discutir cualquier cosa con la empresa.

Adicionalmente, el fallo al final sería en equidad; no basado en la normativa especialmente diseñada para proteger al consumidor.

Es decir, un fallo de partes iguales para dos sujetos que presentan desigualdades económicas evidentes entre sí.

Estimamos que las cláusulas arbitrales resultan abusivas, si no se refieren al arbitraje de consumo que establece la Ley 45.   Esto ya que, básicamente, y como lo dispone el numeral 7 del artículo 74 de dicha ley, implican una renuncia del consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.

Es por esta razón, que ante la rigidez de condiciones que supone un contrato de adhesión al que se enfrente un consumidor, en la que se le imponga el arbitraje para solventar algún conflicto que surja entre las partes, correspondería demandar la nulidad de la cláusula, por abusiva, previa solicitud de suspensión de sus efectos ante el tribunal competente.

Cabe destacar que existen otras materias que han sido restringidas del ámbito de aplicación de la jurisdicción arbitral, por considerarse igualmente, de tutela, específicamente, el Derecho Laboral, el Derecho de Familia o el Derecho Penal.

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<> Este artículo se publicó el 8  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El derecho al precio a la vista

La opinión del Comunicador Social…


ABILIO ABEL GONZÁLEZ
aaglopez77@yahoo.com

La información de precio es indispensable, para que el consumidor decida al momento de comprar. La Ley 45 de 2007, establece que todos los bienes que se ofrecen en un determinado local comercial, deben tener en forma clara, precisa y en un lugar visible el precio al contado de los mismos.

Según el especialista de mercadotecnia, Iván Thompson, ‘el precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios de tener o usar el producto o servicio’.

Si los consumidores que acuden a cualquier establecimiento comercial, no ven el precio del artículo o servicio que desean adquirir, entonces desconocen el monto a pagar, por lo que es una falta a la transparencia del agente económico o comerciante hacia sus clientes.

Cifras proporcionadas por la sección de Estadísticas de la Acodeco, revelan que de enero a septiembre del presente año, se dieron en todo el país 219,877 faltas de precios a la vista de los consumidores. De acuerdo a fuentes de esta institución gubernamental, esta es una de las infracciones que regularmente cometen los agentes económicos en todo el país.

Los consumidores deben exigir el derecho a la información de precio y denunciar a los que se oponen al mismo. Asimismo, hay que reportar aquellos casos donde no atiendan su reclamo, cuando al adquirir un producto, cuyo precio es anunciado en el anaquel y al pagarlo el lector de código de barras le registra un precio mayor. Si usted detecta esta irregularidad, no dude en presentar su queja inmediatamente al empleado correspondiente. La Ley de Protección al Consumidor señala que ‘…En caso de que un producto tenga más de un precio marcado por el proveedor, prevalecerá el menor, y el proveedor estará obligado a venderlo con ese precio…’.

En una reciente visita al Mercado Agrícola Central, o de Abastos, como popularmente se le conoce, me percaté de la carencia total de precio a la vista de los productos que allí se comercializan. Teníamos que preguntar de puesto en puesto, para así conocer quién mantenía el mejor precio. Al solicitar a algún vendedor que lo colocara a la vista, nos miraba con desconfianza, ignorando o en una clara infracción a la Ley, nos manifestaba ‘que si nadie lo tenía, por qué él debía hacerlo’.

Esto es un solo ejemplo de lo que acontece en el mercado nacional, pues, si mencionamos todos aquellos locales, como en las llamadas ferias libres, abarroterías, ventas de autos usados, ferreterías, entre otros, tener precio a la vista es como si fuera un pecado comercial. Incluso en algunos supermercados, hay ocasiones en que el precio brilla por su ausencia y cuando el producto tiene un precio menor a otros, lo quitan a la vista y ni el lector de código o verificador de precio lo tiene registrado.

Los agentes económicos, que gozan de la libre oferta y demanda, no tienen ningún motivo para incumplir con informar sobre los precios de sus productos o servicios que ofrecen, a menos que tengan temor a la libre competencia.

 

<> Este artículo se publicó el 28 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Es usted consumidor o consumista?

La opinión del Empresario….

RAFAEL  CARLES
rcarles@cableonda.net

He aquí una pregunta que todos debemos hacer. Como es tradicional, durante esta época de fin de año, tanto los consumidores como consumistas se vuelcan hacia los centros comerciales, como consecuencia principal de la avalancha publicitaria dirigida principalmente a captar la mayor parte de los recursos económicos de las personas que por meses han ahorrado o cobrado en sus quincenas o en la tercera partida del décimo. Pareciera que el lema de la Caja de Ahorros, ‘no se lo gaste todo’, ha quedado relevado por un pregón más pegajoso de ‘no se quede atrás y gásteselo todo’.

Promover las ventas navideñas, de manera masiva y tempestiva, es una facultad racional de los comercios y empresas. Pero como orientadores de la opinión pública, consideramos indispensables el exhortar a la población a discernir claramente entre todo lo que se ofrece, aquello que realmente es necesario y pueda adquirir.

No se trata de limitar drásticamente los deseos y las metas de las personas, por los cuales se han sacrificado en ahorrar parte de su dinero, sino de ponerle coto al consumismo excesivo y voraz que afecta negativamente el presupuesto familiar y es producto de una conducta compulsiva y obsesiva que se degenera en una condición altamente adictiva.

Según estadísticas del consumo per cápita del panameño común, cada año las cifras aumentan considerablemente en todos los niveles demográficos, y ya el país está catalogado como consumista. De allí la impostergable necesidad de implementar y fomentar fórmulas educativas para todos los sectores de la sociedad.

Por un lado, un consumidor responsable es una persona realista de su presupuesto y que no compra todo lo que le ofrecen o le ponen a su alcance, siempre medita antes de comprar y analiza si aquello es un capricho o una urgente necesidad. El consumista, por otro lado, nunca compara precios ni se fija en la calidad, y se cree que todos los baratillos y ofertas hay que aprovecharlos, y así adquiere bienes innecesarios y no toma en cuenta su grado de endeudamiento o situación económica.

De allí la importancia de frenar y desincentivar a los consumistas a que se conviertan en presa fácil para los bancos, financieras o casas de empeño. El consumismo es una enfermedad que poco a poco causa un gran daño al bienestar, tranquilidad y salud de los consumidores. Sugerimos seguir el sabio consejo de no gastarlo todo. El consumo responsable se aprende con la práctica. Y lo mejor es no comprar con apuros, no dejar todo para última hora; la prisa crea confusión y no ayuda a decidir sobre la conveniencia de comprar o esperar. Es vital hacer una lista de las necesidades reales y cotejarla con los ingresos y ahorros, eliminando aquellas cosas que no generan un valor importante para la vida. Y finalmente, hay que comprar y comparar tanto precios como calidad.

Cada año se construyen en Panamá nuevos centros comerciales, y este año los ‘malls’ ocupan más de 195 hectáreas en todo el territorio nacional. Por supuesto, son lindas tiendas con bellos pasillos, adornados e iluminados con las más altas y modernas técnicas de atracción comercial, pero que conllevan un costo, y es que allí los precios son, por lo general, más altos que en otros lugares. Y aunque no nos oponemos a la construcción de los centros comerciales, sí hacemos el llamado de atención para que los consumidores utilicen sus herramientas y no se conviertan en parte del consumismo mundial.

Por eso, hay que hacerse siempre la pregunta inicial: ¿es usted un consumidor responsable o un consumista irracional? Y la mejor respuesta se obtiene analizando y contestando las siguientes cuatro preguntas: ¿Admite usted su impotencia cada vez que compra?, ¿acepta usted completamente el hecho de que los intentos por parar de comprar han fallado?, ¿está usted consciente de que su consumismo lo ha convertido en una persona que no quiere ser?, ¿cree usted realmente que ha fracasado como consumidor responsable?

Ojalá que si en verdad usted es lo suficientemente honesto para aceptarse como consumista, encuentre un espacio en su ocupada agenda navideña para pedir ayuda y dejarse ayudar. Porque sólo sabemos que solo no puede.

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<> Este artículo se publicó el 14  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sobre dibujos animados

Los temas sobre consumidores están presentes en muchas más cosas de las que nos imaginamos.   La opinión del Administrador General de ACODECO….

PEDRO   MEILÁN
pedromeilan@acodeco.gob.pa

Sé que este título puede resultarles extraño a nuestros asiduos lectores que están más acostumbrados a nuestros aportes sobre temas de información al consumidor, cláusulas abusivas, carteles o publicidad engañosa. Sin embargo, cuando terminen de leer este artículo coincidirán conmigo en que los temas sobre los que la ACODECO tiene una responsabilidad importante están presentes en muchas más cosas de las que nos imaginamos.

Hace algunos meses fuimos al cine a ver ‘Shrek Forever’. Más allá de lo divertida que ha sido la serie de películas de este curioso personaje emanado de un pantano, pienso que es una bonita oportunidad para hacer docencia, y no solamente a los niños que seguramente son los principales fans de este sin igual ogro, sobre temas que pueden afectar negativamente a los consumidores de nuestro país.

Nos referimos concretamente a la importancia que para todo consumidor debe tener el leer detenidamente cualquier contrato antes de proceder a firmarlo, hacer preguntas e incluso asesorarse con la ACODECO cuando tenga dudas sobre el alcance de determinadas cláusulas.

En esta película hay una escena, a partir de donde se desarrolla toda la trama principal, donde Rumpelstiltskin (un pequeño personaje que se especializa en hacer contratos truculentos con incautos, quedándose con lo que más atesoran) le promete a Shrek salir de la rutina que lo agobia. Sin embargo, esta concesión no era gratuita, sino a título muy oneroso. Con argucias, Rumpelstiltskin convence a Shrek de firmar un contrato para que él pueda vivir un día como el ogro que fue en el pasado, a cambio de desaparecer un día cualquiera de su infancia. Lo que Shrek no advirtió es que el pequeño villano desapareció el día de su nacimiento llevándolo a un mundo en el que nunca existió.

De esta forma el malvado duende lleva a cabo su plan para convertirse en dueño absoluto del Reino de Muy Muy Lejano. Por supuesto que Shrek comete el costoso error de no leer la letra menuda del contrato (cualquier coincidencia con contratos de adhesión es totalmente deliberada), por lo que cae en la trampa, y su mundo cambia totalmente…. pero para mal. Sus amigos no lo reconocen, y su amor verdadero no le ama.

Aunque los que vieron la película saben que al final Shrek logra revertir el entuerto creado, gracias a un Beso de Amor Verdadero a Fiona, lamentablemente en la vida real los consumidores lo tienen un poco más complicado, pues si bien pueden acudir a la ACODECO para poner fin a contratos para la prestación de bienes o suministro de servicios sin tener que pagar una penalización por esta cancelación anticipada (siempre y cuando los montos involucrados en el contrato no superen los B/. 2,500.00), habrá casos en que para se proceda a la resolución del contrato, o para que se decrete algunas de sus cláusulas contentivas como abusivas, es necesario la interposición de formal demanda ante los tribunales de justicia, para lo cual contarán con nuestros defensores de oficio.

Así que, estimados consumidores, no sean como Shrek, no crean en cuentos de hadas y lean bien antes de firmar cualquier contrato. En una próxima entrega veremos cómo se relaciona Toy Story 3 con los derechos de propiedad.

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<> Este artículo se publicó el 13 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/meilan-pedro/

Protección al consumidor: custodia de bienes

La opinión del Abogado….

IRVING  DOMÍNGUEZ  BONILLA
irving14772@yahoo.com

Normalmente llevábamos a reparación o mantenimiento nuestros bienes, con el fin de que los mismos sean colocados en estado de uso óptimo, evitando con ello, de manera preventiva, que se produzca un daño o bien de subsanar el existente.   Para este fin acudimos a los distintos centros de reparación en donde expertos y técnicos proceden a aplicar sus conocimientos para subsanar el problema presentado y devolverlo, como hemos dicho, en un estado de uso adecuado.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando los bienes entregados para reparación, mantenimiento o servicio sufren un daño en manos del proveedor producto de la negligencia o impericia del técnico o experto contratado?, ¿quién está obligado a asumir la reparación o reemplazo de dichos bienes?

Debemos primeramente indicar que el presente caso es de conocimiento privativo o exclusivo de las Autoridades de Protección al Consumidor, tanto del ramo judicial como administrativo, por lo que le está vedado a otra autoridad distinta conocer de este tema.   Esta figura se denomina en la doctrina como responsabilidad por custodia de bienes y está regulado en nuestro país en la Ley 45 de 2007 (artículo 53) y en el Decreto 46 de 2009 (artículo 31), ambos instrumentos jurídicos de protección al consumidor.

Se establece como obligación del proveedor, y en contrapartida como un derecho del consumidor, que este se haga responsable por los bienes que le sean entregados para reparación, mantenimiento o servicio.   En este sentido en caso de que los bienes se deterioren o pierdan en manos del proveedor durante el servicio prestado este se obligará a responder frente al consumidor por el daño causado, ya sea reparando, o bien, en caso de un daño considerable, a la reposición o reemplazo del mismo.

La única forma en que el proveedor no asume esta carga u obligación se da cuando el bien se considera en abandono, situación que se produce cuando, una vez comunicado al consumidor que el bien está reparado o prestado el servicio sobre este, transcurren cuarenta y cinco sin que dicho bien sea retirado de las instalaciones del proveedor, quedando el mismo exento de cualquiera responsabilidad por el deterioro o daño que se produzca.

En nuestra opinión lo recomendable es que esta comunicación se haga por escrito al consumidor, y que él reciba la misma, para acreditar entonces el inicio y terminación del plazo antes indicado, el cual exime de responsabilidad total al proveedor.

El Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá ha dicho sobre este tema lo siguiente: ‘efectivamente la sociedad demandada incumplió con su responsabilidad de proveedor consagrada en el artículo 45 la cual contempla el cuidado que este (el proveedor) debe tener frente a los bienes que le sean entregados por el consumidor para su reparación, mantenimiento o limpieza’, Fallo de 20 de junio de 2000.

La custodia de bienes como derecho tiene su limitación supeditada al monto del daño causado (que determinará la reparación o reemplazo) o la condición de abandono del bien hecha por el consumidor.

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<> Este artículo se publicó el 7 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/dominguezbonilla-irving/

Infórmese antes de decidir

De qué sirve que se nos brinde la información necesaria para la compra de un producto si no nos detenemos a leer.  La opinión del  Administrador General de ACODECO….

PEDRO MEILÁN

El principal lema de la Acodeco es ‘Un consumidor informado tiene poder’. Esta frase para nosotros es la génesis de algunos de los problemas con los que se enfrentan diariamente los consumidores.   Y por eso el título de nuestro escrito del día de hoy.   Efectivamente las cosas fuesen distintas si como consumidores hiciéramos simples ejercicios que se traducirían en aumentar el valor de nuestro dinero, como por ejemplo: comparar precios, obtener información de los servicios técnicos, periodos de garantías, existencias de partes o repuestos, capacidad e idoneidad del producto.   Pudiésemos enumerar una cantidad de otros detalles que se pueden investigar del producto a comprar, pero no es la costumbre del consumidor.

De qué sirve que se nos brinde toda la información necesaria para la compra de un producto o la adquisición de un servicio, si no nos detenemos a leer las características del mismo o las advertencias de su fabricante o distribuidor, información que es una obligación de ley que debe cumplir el proveedor.

Lo invito a que haga un análisis de su rutina de compra.   Practiquemos con una compra simple: Ir al supermercado. ¿Hace una lista de sus necesidades? ¿Lee la etiqueta para saber el contenido neto del producto y así comparar precios o para saber si los ingredientes de ese producto pueden ser los mismos de otra marca que sea de menor costo?    Estoy seguro que hubo más de un no.   Ojalá me equivoque, porque entonces usted será la excepción a la regla y no será de las personas que aunque les den la información, en idioma español incluso, lo primero que hacen luego de adquirir el producto o servicio es abrirlo, desechar las instrucciones y si no comprende algo, entonces es cuando se acuerda del manual del usuario y de repente le da una pequeña lectura.

Esto ocurre en muchos otros tipos de actividades comerciales, como en las financieras, en las cuales somos muy dados a primero firmar todo, hasta las letritas más pequeñas, utilizar el dinero y posteriormente cuando nos encontramos ante una situación irregular, procedemos a leernos línea por línea y hasta resaltamos la redacción que a nuestra consideración, resulta abusiva, leonina y cuantos adjetivos calificativos más podamos incluirles.

Ojalá el leer las letras chicas o grandes, los resaltados, las indicaciones de uso, las adendas, los anexos, las fechas de vencimiento, las advertencias, etc. fuese una costumbre de todos los panameños, costumbre que traería como consecuencia que se dieran muchos cambios en las relaciones de consumo y se evitarían abusos de algunos agentes económicos que se aprovechan de las necesidades de aquel que quiere adquirir una casa, un auto, o bien de aquel que mantiene una urgencia económica, entre otros.

Como consumidores tenemos derechos, ciertamente, pero no debemos olvidar que debemos cumplir con nuestros deberes y el más importante es estar informado, situación que sólo se logra con la lectura de la información que nos brindan. De ahí nacerá, entonces, la diferencia entre obtener lo que ciertamente necesitamos o lo que el vendedor nos logró mercadear; o comprar lo que más nos convenía de acuerdo a nuestras capacidades financieras. Hagamos de la lectura un hábito, no sólo para nuestra educación, también para una nueva cultura de consumo, para que así podamos confirmar que ‘Un consumidor informado, tiene poder’.

 

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<> Este artículo se publicó el 23 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/meilan-pedro/

Decisivo apoyo a todos los consumidores

La opinión del Empresario….

RAFAEL CARLES

Desde que Ernesto Pérez Balladares creó la CLICAC, en 1996, a través de la Ley 29 y Martín Torrijos la fortaleciera en 2007 por medio de la Ley 45,   ningún presidente de la República había sido tan elocuente y enfático con su responsabilidad de proteger el bienestar de los consumidores como sucedió con Ricardo Martinelli durante la reciente inauguración del IV Foro de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor.

En esta ocasión, al presidente Martinelli no le faltaron municiones para declarar la guerra a las grandes corporaciones que históricamente han abusado de la buena fe de la población.   Y en el camino felicitó a los directivos y funcionarios de la ACODECO por el buen trabajo que realizan en defensa de los consumidores y la libre competencia.

El presidente Martinelli dio cátedra y mostró su experiencia en el tema al recordar a la audiencia sobre la existencia por muchos años de los cárteles del azúcar y de la harina, y de la gran cantidad de comerciantes e industriales que se ponían de acuerdo para fijar precios y orquestar el mercado. ‘Lo normal era que en la Cámara de Comercio, en un Club Rotario o en cualquier actividad social se compartiera información de precios para luego arreglar las cosas’, en clara alusión a lo que se hacía en Panamá antes de 1996 y a una cita célebre de Adam Smith de su libro ‘La Riqueza de las Naciones’, escrito hace más de doscientos años.

Y en acto seguido, Martinelli se dirigió a Pedro Meilán, administrador de la ACODECO, quien se encontraba a su flanco izquierdo y le advirtió ‘cáigale a todos ellos, porque en este Gobierno no hay ni fuero, ni privilegios, bien sean los más ricos o quienes tengan que ser, o bien sean los que se creen que están por encima de la ley.   No tenga miedo y cáigale a todos esos que usted crea que debe caerles’.   Con apoyos directos como éste, además de hacerlo público delante de un par de centenares de asistentes foráneos y en medio de la máxima autoridad de los otros dos órganos del Estado, nuestro amigo Meilán tiene luz verde para proceder por el camino de la fiscalización (‘enforcement’), y resolver de una vez por todas los males que causan que miles de panameños reciben tratos injustos y condiciones abusivas por parte de agentes económicos en el mercado.

Además, las palabras del mandatario son claves, porque nos ayudan a entender el punto exacto en el que Panamá se encuentra actualmente y permite a los funcionarios de la ACODECO acercarse a una solución definitiva del problema. Porque es cierto que el verdadero impulso del crecimiento y del desarrollo del país se logra como consecuencia del flujo de la inversión privada, pero también es cierto que las leyes se crean para cumplirlas, porque también permiten una atmósfera de trabajo, de producción y de productividad.

Allí es donde está la verdadera clave del discurso del presidente, en destacar el valor de la competencia como instrumento para transformar nuestra sociedad. Y que los comerciantes comprendan que no deben realizar combinaciones ilegales para burlar la relación de consumo, que no deben limitar la información que permite la comparación y la selección de productos, que no deben engañar ni incitar a los consumidores a comprar bienes innecesarios, que no deben colocar imprecisiones en las etiquetas, que no deben desatender las garantías de los productos, que no deben acaparar mercancía ni tampoco deben inflar, ni manipular los precios.    Es decir, Martinelli nos invita a que todos participemos de una cultura cuya visión se enfoca fundamentalmente en la transparencia y la equidad.

Pero para que esto florezca, debe existir primero un compromiso ineludible por parte de las instituciones llamadas a defender y proteger el bienestar de los consumidores. Muy acertadamente lo expresó el presidente estadounidense Kennedy en 1962, cuando se refirió a que los consumidores son el grupo económico más grande en la economía, afectando y siendo afectados por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… pero son el único grupo importante… cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados.   Considero que con el espaldarazo que Martinelli le dio esa mañana inolvidable a la ACODECO, no queda ninguna duda de en qué lado se encuentra el péndulo del poder en estos momentos.

 

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-rafael/

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Cláusulas abusivas

“Los llamados contratos de adhesión, debido a esa posición de privilegio que ostenta quien lo redacta, suelen contener condiciones abusivas.”    La opinión de Administrador General de ACODECO….

PEDRO MEILÁN

Hoy día, gran parte de los agentes económicos que brindan servicios en Panamá utilizan formularios o contratos-tipo para garantizar el cumplimiento de los mismos; sin embargo, esta modalidad implica que el contrato contiene de antemano una serie de condiciones generales que unilateralmente impone una de las partes (agente económico) y que la otra (consumidor) debe aceptar sin mediar discusión alguna.

En Panamá, el Código Civil recoge en los artículos 1105, 1106, 1107 y 1109 las condiciones generales de los contratos, sin establecer taxativamente parámetros o reglas que definan claramente el contrato de adhesión. Siendo así, este instrumento pasa a ser un contrato atípico para nuestra legislación. Muchos ensayos han tratado de definir este tipo de contratos, pero al final todos concluyen en mencionar que los mismos carecen de una etapa de discusión previa; por lo que no hay otra alternativa que la aceptación total o la abstención de la firma del mismo.

Los llamados contratos de adhesión, debido a esa posición de privilegio que ostenta quien lo redacta, suelen contener, en su gran mayoría, una serie de condiciones que pudiesen resultar abusivas. Para tratar equilibrar las cargas y poner a las partes contratantes en un plano de igualdad, la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, establece las situaciones que, de concurrir en un contrato de adhesión, podrán ser demandadas por abusivas; sometiendo al juez de la causa a pronunciarse en cuanto a la nulidad absoluta o relativa de las cláusulas demandadas.

La Acodeco puede ensayar demandas de cláusulas abusivas, solicitando bien sea una nulidad relativa o, de darse el caso, una nulidad absoluta; la cual de ser declarada como tal, deberá ser eliminada totalmente del contenido del contrato.

Entre las causales a considerar para optar por una demanda pidiendo la nulidad absoluta de la cláusula podemos mencionar, el limitar derechos del adherente, extinguir la obligación del proveedor, favorecer excesivamente al prestador del servicio, exonerarlo de responsabilidades, facultar al proveedor a rescindir unilateralmente el contrato, que éste sea ilegible o que esté redactado en un idioma distinto al español y, por último, las que impliquen la renuncia de promover algún tipo de acción legal.

Queremos resaltar que la Acodeco, antes de promover una demanda, intenta a través del proceso de conciliación que brinda esta Institución, obtener un acuerdo consensuado entre las partes.   En el 2008, recibimos 23 quejas por presuntas cláusulas abusivas, de las cuales sólo tres fueron demandadas ante los tribunales especializados en la materia. Para el año 2009, las quejas disminuyeron a 12; sin embargo, las demandas aumentaron a cinco. En lo que va del año 2010, ya hemos tramitado cuatro quejas y presentado dos demandas.

Los montos de las demandas presentadas por contratos de adhesión ante los Tribunales desde enero de 2008 a junio de 2010 están por el orden de los $380,707 y, en su mayoría, son contratos de promesa de compraventa.

La Defensoría de Oficio de la Acodeco provee a todo consumidor de asesoría y representación jurídica gratuita, en este tipo de procesos obteniendo en la mayoría de los casos fallos favorables para los consumidores, siendo las empresas inmobiliarias las que mayormente han sido demandadas por cláusulas abusivas.

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<> Este artículo se publicó el 16  de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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