Reformas o nueva constitución

La opinión de…

 

Braulio S. Carrera 

Etimológicamente, Constitución proviene de la voz latina constituere, que define la forma de establecer una cosa. Según el sabio griego Aristóteles, la Constitución debe ocuparse de distribuir los poderes, regular las magistraturas, en fin, de la organización política del grupo social. En Panamá hemos tenido cuatro constituciones: la de 1904 con el nacimiento de la República; la de 1941 proclamada por Arnulfo Arias; la de 1946 dictada por una constituyente en base al proyecto de los constitucionalistas José D. Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari; y la de 1972, vigente, que pretendió darle legitimidad al golpe de Estado que dieron los militares en 1968 al gobierno legítimo de Arnulfo Arias.

En su obra Evolución Constitucional de Panamá, César Quintero califica la Constitución de 1972 como el estatuto “más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica. No solo instituyó de manera formal y expresa un sistema militar de gobierno, sino que atribuyó poderes extraordinarios, a título personal, al general Omar Torrijos”. Y creó “el Órgano Legislativo más anómalo y más supeditado al Ejecutivo que pueda concebirse”, “transformó y desnaturalizó la universal doctrina de la separación de los poderes y le confirió a la fuerza militar categoría de súper órgano del Estado”.

Dicha Constitución fue reformada en 1978, 1983, 1993, 1994 y 2004. De estas reformas, la verdaderamente importante es la de 1983. Pese a lo profunda que fue la reforma de 1983, la misma aún olía a militarismo, ya que su preámbulo afirmaba consagrar “los principios sociales, políticos, económicos y morales inspiradores de la revolución panameña”. Preciso es reconocer que en la última reforma se suprimió esa evocación a la época militar.

El presidente Ricardo Martinelli ha propuesto nuevas reformas que tendrían por objeto reducir de 10 a 5 años el término para que un presidente en ejercicio pueda postularse nuevamente, someter a elección popular a los gobernadores, incorporar la segunda vuelta electoral, e incluir algunos programas sociales de su gobierno como son la beca universal y el programa 100 a los 70. Ante esta propuesta cabe preguntarse, ¿conviene dejar vigente el engendro de los golpistas de 1968? o, por el contrario, ¿se hace necesaria una nueva constitución? Las reformas introducidas a la Constitución por el pasado gobierno permiten escoger uno de dos caminos, reforma o nueva constitución.

En efecto, la Constitución puede ser reformada mediante dos procedimientos: 1. Un acto constitucional que sea aprobado por mayoría absoluta de dos asambleas consecutivas; y 2. Un acto constitucional aprobado por mayoría absoluta de la Asamblea en tres debates y luego sometido a referéndum. La última reforma introdujo un artículo nuevo, el 314, según el cual el pueblo panameño puede adoptar una nueva constitución mediante el mecanismo de la constituyente paralela. Este método contempla la convocatoria por el Ejecutivo ratificado por las dos terceras partes de la Asamblea, o por iniciativa ciudadana con la firma de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

En el caso de la constituyente, corresponde al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y convocar a la elección de constituyentes en un término no menor de tres meses, ni mayor de seis. Cumplido este trámite, la constituyente se instalará e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales a sus integrantes.

La constituyente podrá reformar la constitución en forma parcial o total, pero en ningún caso sus decisiones tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los períodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo sus cargos al momento que entre a regir la nueva constitución. El acto constitucional aprobado conforme a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis, contado a partir de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral. La constitución así aprobada empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Con este artículo pretendo llamar la atención al Gobierno de que las reformas que se anuncian no ameritan gastar tanto tiempo y dinero para introducir figuras que no son bien comprendidas. Las relativas a programas sociales del actual gobierno son discutibles si las mismas deben ser materia constitucional.

Habría que ver si otras como la elección de gobernadores y la segunda vuelta electoral encajan dentro de nuestro sistema presidencialista. En virtud de lo anterior, considero que lo más conveniente para Panamá y los panameños es una nueva constitución que fortalezca nuestro sistema democrático.

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Este artículo se publicó el 7 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Por la puerta de la cocina!

La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Literal y materialmente en eso consiste la propuesta para reintroducir la figura de los llamados “diputados nacionales”.

 

Anteriormente los hubo y fueron parte de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 9 diputados nacionales y 42 diputados elegidos por provincias, para un total de 51, que elaboró la Constitución de 1946.

En 1945, para solucionar la crisis institucional que vivía el país, los dirigentes de las principales fuerzas políticas acordaron convocar la “Segunda Asamblea Nacional Constituyente”, la primera fue la de 1904, para que produjera una “nueva Constitución”, que reemplazara la de 1941, creada a su medida por el doctor Arnulfo Arias y de acuerdo con la cual el período presidencial que completaba Ricardo Adolfo de la Guardia, que lo había sucedido por un “golpe de Estado”, se hubiera extendido hasta febrero de 1947.

A partir de 1948, excepto durante el régimen militar, en el que desapareció la asamblea del corte tradicional, ya se denominare ésta “Asamblea Nacional, Legislativa o nuevamente Asamblea Nacional” ha tenido una sola clase de diputados. Sus miembros han sido elegidos por provincia o por los actuales circuitos electorales; pero no ha existido diferencia entre ellos.

Durante la crisis de 1945, la introducción de la figura de los “diputados nacionales” fue resultado de las transacciones políticas circunstanciales acordadas entonces; pero, en el presente político, para nada se explica y menos justifica su resucitación, mediante una fórmula absurda para privilegiar a personas específicas, que se erigirían en “seudo senadores”, utilizando para acceder a esa condición “la puerta de la cocina.”

So pretexto de que serviría para “elevar su nivel”, en el proyecto de la “comisión de reformas electorales” se propone que las 71 curules de la Asamblea Nacional se dividan entre “10 diputados nacionales”, que se elegirían en un circuito que comprendería todo el territorio nacional y 61 que se elegirían por los actuales circuitos. Y como en nuestro país no estamos vacunados contra sorpresas o contra la aparición de los que en la Argentina, certeramente, han bautizado como “flor de vivos”, la propuesta dispone que las listas de los 10 candidatos a “diputados nacionales”, estén encabezadas, automáticamente, por los candidatos o candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República. El puesto de los que ganen lo ocuparían “sus suplentes”; los que pierdan se consolarían, gracias a esa “brillante idea”, con una curul de “diputados nacionales.”

Si en las pasadas elecciones hubiera existido el “ingenioso mecanismo”, la fórmula perdedora del PRD estaría “irradiando sabiduría y buen hacer” desde el palacio Justo Arosemena.    Algo parecido existió en el régimen “pre-Chávez” y por su virtud los candidatos presidenciales derrotados se convertían en “augustos senadores” y, supuestamente, todos quedaban contentos y felices.

Los “diputados nacionales” son como el espejismo de la “Constituyente”. Nada garantiza que los “constituyentes” sean mejores que los actuales diputados. Tampoco el “nuevo engendro” es fórmula mágica para acabar la mediocridad existente en la asamblea. Lo único que puede garantizar que exista una buena asamblea es que el pueblo se disponga a elegir buenos diputados, con formación y criterio; pero, sobre todo, con vocación independiente, no dispuestos a “saltar” o claudicar, antes de que se los hayan, siquiera, insinuado.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los municipios tienen autonomía

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La opinión del Doctor en Derecho…

Ernesto Cedeño Alvarado 

Un futuro proyecto de ley se avecina, cuentan los medios, y pretende hacer, que los municipios del país, le tengan que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas, cualquier reforma que implique un aumento de impuestos, para los contribuyentes.
Según mi concepto, si la idea se llega a convertir en ley de la república, a mi juicio el instrumento sería inconstitucional, por lo siguiente: Atentaría contra el principio de separación de poderes, que reza el Artículo 2 constitucional.

Afectaría la función constitucional del Consejo Municipal, de determinar la aprobación o eliminación de sus impuestos municipales, de manera independiente, como consta en la Constitución, en su Artículo 242, numeral 5.

Minimizaría la autonomía municipal, que se recogen en los Artículos 232 y 233 de la Carta Magna.

Conculcaría la atribución del Alcalde de presentar proyectos de Acuerdos impositivos al Consejo Municipal, para su aprobación, de manera autónoma. (Véase el Artículo 243 de la Constitución, numeral 1).

Huelga añadir que el Órgano Ejecutivo, por imperio del Artículo 233 constitucional, debe garantizar el cumplimiento de los fines municipales, precisamente en base al principio de autonomía, entre otros; por lo que impera realizar una profunda reflexión sobre la idea en ciernes, para adecuarla al pensamiento supremo del constituyente, que he expuesto anteriormente; elucubro yo.

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<>Artículo publicado el 31  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Preocupaciones ciudadanas al detalle

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales 

En Latinoamérica, nuestro país es uno de los pocos que no cuentan con una jurisdicción constitucional especializada en cuanto a tutela de la libertad y control de los actos de poder que impliquen abuso, cuando estamos frente a órdenes de hacer o no hacer.

Muy a pesar que la Constitución Nacional, señala de manera expresa que la Acción de Habeas Corpus, surte un procedimiento sumario y el Recurso de Amparo de las garantías que establece nuestra Carta Magna, debe tramitarse de manera sumarísima, la realidad da cuenta de todo lo contrario, es decir, los mismos no se resuelven con la urgencia propia de una jurisdicción que al decir del maestro, Héctor Fix Samudio, tiene como misión, tutelar la libertad y controlar los abusos hacia los ciudadanos cuando estamos ante arbitrariedades que desbordan la normativa garantista.

En consecuencia, una Sala en la Corte Suprema, para dirimir conflictos de la naturaleza mencionada, si bien no es lo deseable, constituye un paso importante en el perfeccionamiento de la tutela de los derechos fundamentales. La institucionalidad que concierne a la protección o tutela de los derechos fundamentales, debe traducirse en la creación de una Corte Constitucional.   Importante precisar, que la Sala de lo Constitucional, tal como lo diseña la ley que le dio vida, no conocerá de los Recursos de inconstitucionalidad; esta materia por mandato constitucional, está reservada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de mis preocupaciones ciudadanas, vuelve el tapete la explotación de Cerro Colorado. El Gobierno Nacional, tiene que tener cuidado y mucha cautela en este tipo de proyecto. La región de por si, es de alta sensibilidad social, muy volátil.

Como estudioso de la cuestión política y social, he venido señalando, que un manejo inadecuado e inconsulto de la cuestión minera, pudiera reeditar un nuevo escenario de confrontación, con saldos negativos, para la paz y tranquilidad del país.

En torno al tema del agua, como abogado me he preguntado, si la crisis que estamos viviendo, corre por cuenta exclusivamente de la naturaleza o si faltó mayor diligencia en el cuidado y mantenimiento de la planta potabilizadora, de tal suerte que se hubiera podido evitar los niveles de gravedad del fenómeno aludido y los perjuicios a la salud de miles de panameños. Somos partidario, que lo anterior ha debido ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

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<>Artículo publicado el  20  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La Corte de los Milagros

La opinión de…

 

Vitelio De Gracia Perigault

En la novela Nuestra Señora de París, Víctor Hugo se mofa de los desalmados del hampa parisina que se hacían pasar por ciegos, tullidos, sordomudos y locos; que durante el día se comportaban como pordioseros lastimeros, cerca del famoso mercado de Les Halles, y que por la noche, “milagrosamente”, recuperaban la salud y la plenitud de los sentidos, para convertir en alcohol y favores sexuales lo ganado durante el día con la mendicidad.

Con su fino humor, Víctor Hugo llamó a este inmenso reino del timo La Corte de los Milagros” (extraído textualmente del “saco sin fondo”, internet).

Nos gustaría mucho que Víctor Hugo no hubiese muerto y que hoy nos describiera la situación política y el gobierno que improvisa diariamente en la administración del país, en la recolección de la basura, la falta de agua, la agricultura y la salud, entre muchos otros temas.

Creo que su escrito, más que comedia, sería un drama–tragedia que nos conduciría a una depresión colectiva.

La violación a la Constitución, al injustamente cesar en sus funciones a la procuradora, así como la conculcación de sus derechos humanos, al decretar la prohibición de que ocupe cargos públicos durante cuatro años, son ejemplos de lo que se puede esperar de un gobierno autoritario, que no mide las consecuencias de sus actos; prueba de esto lo tenemos con el desgreño y corrupción judicial, desatada durante la administración de Bonissi “el breve”.

Anterior a esto, vivimos la orden dada a la honorable Asamblea Nacional para devolverle la ciudadanía al alcalde y facilitar su toma de posesión, transgrediendo normas de ética, moral y legales, pobre ejemplo para generaciones presentes y futuras.

Las improvisaciones, mentiras, engaños, medias verdades, demagogia, manipulación, amenazas, persecuciones, violaciones a la Constitución y las leyes de contratación pública, vía los 600 millones de balboas en contrataciones de “yo para ti”, promesas incumplidas (pregúntenle a Eladio), son la hojaldra de cada día.

Pero, las agresiones no terminan. Ahora nos quieren empujar un nuevo chorizo legislativo con las reformas constitucionales, parches para un cuerpo que no tiene espacio para más. Lo que necesitamos es una Constituyente, entendiendo que no es la panacea para los males que nos aquejan, pero sí un principio para remediarlos.

Una Constituyente que contemple y defina el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del procurador general de la Nación y del contralor general… Hay que sacar estos nombramientos del bolsillo del presidente de turno y devolverle la real independencia y honorabilidad que perdieron hace mucho.

La reelección presidencial es un tema de cuidado, cuando hay un presidente como el que tenemos hoy día, a quien no le importa un comino con la sociedad civil, quien nombra comisiones como la que nombró para investigar y aclarar el tema de Bocas del Toro y, luego, él mismo se encarga de demeritarla, porque el resultado no está de acuerdo con su voluntad; cuando despiden a la procuradora porque no sigue la línea; que nombra otra comisión para evaluar a los candidatos a magistrados de la Corte, pero luego la desautoriza, porque le dieron bola negra a su candidato; con un presidente así, la reelección pone en peligro de muerte a nuestra imperfecta democracia.

Gracias a Dios alguien entró en la sensatez y rechazaron la reelección inmediata.

Fíjense que mi percepción es que hoy día lo que mantiene al Presidente en su puesto es el Gobierno de Estados Unidos y Gustavo Pérez… Con el primero, los Wikileaks han puesto en evidencia lo delicado de las relaciones, pero sus intereses están por encima de esta revelaciones, con el segundo las relaciones son excelentes gracias a los continuos aumentos salariales.

Los aliados políticos ponen su barba en remojo, al sentirse amenazados con el tema de la reelección. Hacen bien en poner distancia; día a día se percatan de lo poco que tienen en común y del costo político que pagan por errores y locuras ajenas a su acción y pensamiento.

Nuestra profunda convicción democrática nos señala el camino… La salida (como principio de la solución) es la Constituyente. Así rectificamos nuestra imperfecta democracia y reorganizamos nuestro futuro político, por un Panamá, verdaderamente, para todos.

Así lo percibo, así lo escribo.

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Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

La opinión de…

Olmedo Beluche

Las cartas están sobre la mesa: el actual bloque oficialista y el presidente, Ricardo Martinelli, aspiran a la reelección, para lo cual requieren una reforma a la Constitución Política. Pero al igual que los gobiernos de los últimos 20 años, el nuevo parche a la Constitución de 1972 pretenden hacerlo de manera controlada para que sus intereses sean preservados y, si algo cambia, sea para peor. Por ello el mecanismo elegido para las reformas es que lo haga la actual Asamblea Nacional, bien controlada desde el Ejecutivo, y que sus decisiones sean ratificadas por un plebiscito o referéndum.

Se trata de que el poder político siga en manos de la misma oligarquía y sus políticos de siempre. Además de la reelección presidencial, se avizoran en la agenda ataques puntuales a derechos sociales y a la soberanía nacional (como la extradición de nacionales o que Estados extranjeros posean propiedad territorial, como en las minas). El objetivo, liquidar los últimos vestigios del Estado desarrollista de los años 1970 con su concepto de soberanía nacional, suplantándolos por el Estado neoliberal que se ha venido construyendo durante tres décadas y su sometimiento al “libre mercado”.

La oligarquía que controla el país tiene claro su concepto de Estado, y no podemos culparle por ello. El problema es de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, que no han construido una concepción coherente sobre el Estado y el régimen político panameño. Por ello, o avanzamos unidos en levantar una concepción del Estado y el régimen desde la perspectiva de los intereses populares, alternativo al de la oligarquía, o seremos simples peones en el juego de intereses de la burguesía.

No debe volver a repetirse lo sucedido en la recién clausurada Comisión de Reformas Electorales (CNRE), en la que era imperativo para el movimiento obrero y popular ganar espacios democráticos de participación política, como la rebaja sustancial en la cuota de adherentes para partidos y candidatos por libre postulación, entre otras reformas, lo que fue desaprovechado sin pronunciamientos contundentes, ni movilización, por parte de la organizaciones sociales. El resultado fue una “curita” que no cambia nada sustancial.

En la CNRE, luego de que Frenadeso logró la importante conquista de acceder a un puesto en la mesa, no presentó propuestas de fondo y dejó la silla vacía la mayor parte del tiempo. Por su parte, Conato y Conusi optaron por no ir más allá de las propuestas muy moderadas del Foro Ciudadano, convenientemente controlado por la Apede y el Conep, incluso con derecho de veto. La única voz solitaria que se alzó con propuestas independientes fue la del Partido Alternativa Popular.

Urge que Frenadeso, Conato y la Unidad de Lucha Integral del Pueblo discutan un plan de acción común frente al proyecto de reforma constitucional que se nos viene encima. El primer punto de ese acuerdo tiene que anteponer a las reformas controladas de Martinelli, la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente con delegados elegidos por el pueblo de manera que no sólo la partidocracia actual pueda postular, sino que también el movimiento social pueda llevar sus voceros a la constituyente.

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Este artículo se publicó el  5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los procesos arbitrales

El artículo 49 de la Constitución reconoce que la ley establecerá mecanismos para garantizar los derechos del consumidor

La opinión de….

PEDRO  MEILÁN

En aquellos contratos denominados de adhesión, las condiciones de la contratación son establecidas unilateralmente por las empresas.

El consumidor sólo se adhiere a las mismas.

Aún cuando ciertos elementos de alguna cláusula sean negociados individualmente, seguirá considerándose un contrato de adhesión.

Esta condición permite cuestionar la validez de sus cláusulas, pues las mismas son susceptibles de ser anuladas por abusivas y, con ello, dejadas sin efecto.

En algunos de estas contrataciones se está estableciendo la obligación para que se acuda a un proceso arbitral para dirimir las controversias que en materia de derecho de consumo se susciten entre las partes.

Con esto se obvia la tutela especial que el diseño normativo que presenta la Ley 45 de 2007, plantea a favor de la parte débil de la relación de consumo, el consumidor.

La vulnerabilidad del consumidor en la relación de consumo se ve sustentada en virtud de muchos aspectos, entre los que destacan la asimetría de información, el poder económico superior del agente económico versus el consumidor, en la mayoría de los casos, que le permite obtener, inclusive mejores condiciones para discutir sus controversias, entre otros.

El artículo 49 de la Constitución Nacional reconoce que es la ley la que establecerá los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del consumidor, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de esos derechos.

Asimismo, el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, señala en el numeral 1 de su artículo 2 que no podrán ser sometidas a arbitraje las controversias que surjan de materias que no sean de libre disposición de las partes.

Consideramos que son los mecanismos especialmente diseñados para regular las relaciones de consumo, los que deben regir el trámite de este tipo de causas. Los procesos arbitrales suponen un costo importante para el consumidor (honorarios del árbitro).

Esto constituye un desincentivo importante para querer discutir cualquier cosa con la empresa.

Adicionalmente, el fallo al final sería en equidad; no basado en la normativa especialmente diseñada para proteger al consumidor.

Es decir, un fallo de partes iguales para dos sujetos que presentan desigualdades económicas evidentes entre sí.

Estimamos que las cláusulas arbitrales resultan abusivas, si no se refieren al arbitraje de consumo que establece la Ley 45.   Esto ya que, básicamente, y como lo dispone el numeral 7 del artículo 74 de dicha ley, implican una renuncia del consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.

Es por esta razón, que ante la rigidez de condiciones que supone un contrato de adhesión al que se enfrente un consumidor, en la que se le imponga el arbitraje para solventar algún conflicto que surja entre las partes, correspondería demandar la nulidad de la cláusula, por abusiva, previa solicitud de suspensión de sus efectos ante el tribunal competente.

Cabe destacar que existen otras materias que han sido restringidas del ámbito de aplicación de la jurisdicción arbitral, por considerarse igualmente, de tutela, específicamente, el Derecho Laboral, el Derecho de Familia o el Derecho Penal.

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<> Este artículo se publicó el 8  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El gobierno empresarial y las reformas

La opinión de….


 

MARCO  A.  GANDÁSEGUI
gandasegui@hotmail.com

 

Miembros del gabinete del presidente Ricardo Martinelli insisten que trabajan para un gobierno empresarial. El mandatario lo planteó antes de llegar al solio presidencial en 2009 y también en varios escenarios internacionales y podios nacionales después de ser ungido en su actual puesto. Recientemente, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, señaló que su lealtad hacia el presidente de la República pasaba por su compromiso de estar trabajando para un gobierno empresarial. La misma ministra fue la que anunció, a fines del año pasado, la intención del Ejecutivo de proponer reformas a la Constitución Política.

Las reformas obviamente tienen un tinte empresarial. Según el gobierno, las reformas quieren acortar a cinco años el período de espera para la reelección del presidente. También se quieren modificar algunos artículos relacionados con el sistema judicial y ciertos aspectos fiscales. Para adornar la propuesta el Ejecutivo ha introducido dos iniciativas muy originales. Por un lado, incorporar a la Constitución el programa que beneficia con un pago de 100 dólares a las personas con 70 años de edad o más que no cuentan con beneficio social alguno (‘los cien para los 70’). Por el otro, elevar a la categoría constitucional el programa denominado ‘beca universal’, que consiste en darles a los padres de estudiantes con índice de 3 un emolumento mensual de 20 dólares.

La propuesta ha creado un ambiente adverso en la población panameña, especialmente entre los sectores que sospechan que la intención verdadera del presidente Martinelli es aprobar una reforma que le permita aspirar a la reelección inmediata. La Asamblea de Diputados tendrá que debatir la propuesta de reforma en el período legislativo recién inaugurado. Si es aprobada por ese poder del Estado, la reforma tendría que ser llevada a un referéndum donde el pueblo votaría a favor o en contra.

Actualmente, el gobierno tiene una mayoría en la Asamblea formada por la llamada ‘Alianza para el cambio’ que está formada por el partido Cambio Democrático de Martinelli y el Partido Panameñista del vicepresidente Juan C. Varela. Los dos partidos y otros menores tienen casi 50 votos de un total de 71. Los panameñistas, sin embargo, se muestran contrarios a cualquier cambio constitucional que implique una reforma al articulado que se refiere a la reelección presidencial.

La Embajada de E.E.U.U que intervino directamente en 2009 para asegurar el triunfo electoral de Martinelli, ha tomado su distancia en el asunto. Según los mensajes secretos de los diplomáticos norteamericanos, publicados en El País, de Madrid, y en el New York Times, las relaciones de Washington con Martinelli han perdido el lustre que tenían hace año y medio. E.E.U.U se inclina por lo que llama una ‘democracia con alternabilidad’ similar a la que practican en su país.

El gobierno de Martinelli dio a conocer su plan de reformas constitucionales en medio de dos escándalos políticos y varias ‘metidas de pata’. Además, el gabinete del presidente mantiene una guerra permanente con la clase trabajadora, la clase media y los ambientalistas. Entre los escándalos políticos se destaca la renuncia del procurador general quien tuvo que enfrentar la liberación de supuestos narcotraficantes por parte de una red de funcionarios corruptos. También, Martinelli tiene que enfrentar las declaraciones de la embajadora de E.E.U.U, filtradas por Wilkileaks, que lo acusa de bravucón y acosador.

Lo que más preocupa a los panameños es que el presidente Martinelli siempre opta por irse de paseo cuando la casa está en desarreglo. Esta semana decidió ir a ver un juego de fútbol americano en el sur de E.E.U.U cuando sus planes de modernización del transporte urbano (Metro-Bus) están siendo criticados por los usuarios. Igualmente, cuando el área metropolitana de la ciudad de Panamá está prácticamente ahogada en la basura que no recoge el sistema de aseo colapsado. Decidió ausentarse el día después de que la ciudad de Panamá sufrió una interrupción total de la distribución de agua potable. Los tres servicios estratégicos – transporte urbano, aseo y agua potable – cuentan con los fondos públicos de sobra para que funcionen como corresponde. Simplemente, no están en las prioridades del gobierno. Al igual que la educación, la salud y la vivienda, el gobierno del presidente Martinelli se ha desentendido de estas áreas fundamentales para el desarrollo del país. También han quedado relegados de la agenda gubernamental los sectores productivos de la economía como la industria y el sector agropecuario.

Por estas razones los ministros del presidente Martinelli se consideran parte de un gobierno empresarial. Su objetivo estratégico es generar ganancias para un selecto grupo de empresarios, a cualquier costo, sin importar que el país continúe descendiendo por un espiral donde la pobreza y el crimen organizado se apoderen de nuestras instituciones.

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<> Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Respeto y libertad de expresión para todos

La opinión de la Economista y Educadora….


LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Recientemente, los medios se hicieron eco del comunicado, emitido por la Asamblea Nacional de Diputados, donde informan que discutirán en el pleno, un anteproyecto de ley presentado por el diputado suplente abogado Agustín Shellhorm, para ‘adicionar un artículo al Código Penal, con el fin de tipificar el delito de vilipendio contra servidores públicos en cargos de elección’.

Dicha propuesta generó rechazo inmediato de colectivos políticos, gremios periodísticos y sociedad civil, que ven en peligro la libertad de expresión, considerando dicha propuesta como instrumento para acallar la opinión pública hacia malas acciones ejecutadas por el gobierno.

Tal es la magnitud de malestar alcanzado, que el presidente del Consejo Nacional de Periodistas indicó, enviara un informe completo sobre el proyecto de ley mordaza, que se pretende aprobar, a la relatora de la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Igualmente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados se pronuncio, exponiendo que este anteproyecto vulnera la Constitución, debido a que el sistema jurídico contempla normas que regulan esta materia.

Si expertos en leyes aseguran que existen medidas que reglamentan este tema, ¿Por qué no se aplican las normas existentes? ¿Las autoridades competentes son ineficientes en la aplicación de las leyes? Están promoviendo suspicacia en la ciudadanía.

Históricamente políticos llegados a los círculos de poder se convierten en alérgicos a la crítica de la opinión pública y desatinadamente recurren a la amenaza, persecución y búsqueda de subterfugios que les resguarden de dar explicaciones objetivas, serias, transparentes sobre el uso de los fondos públicos y acciones ejecutadas durante el periodo de administración gubernamental donde han actuado.

La sociedad está cansada del circo al que continuamente se ve sometida, por los gobiernos; está ávida de solución a sus problemas y no está dispuesta a continuar pagando altos costos de planillas, en funcionarios elegidos por votación popular o escogidos por el Ejecutivo para desempeñar altos cargos, que no brindan respuestas efectivas a las necesidades y expectativas de la población.

La revocatoria de mandato en manos de la población es imperativa, así como la aprobación de una ley que sancione con el patrimonio personal a quienes lesionan, usufructúen o hagan mal uso de los recursos públicos.

Se desprende la importancia de establecer claramente las reglas del juego, sobre todo, en cuanto a libertad de expresión. Nuestra Carta Magna establece que no existen fueros ni privilegios, tanto gobernantes como gobernados merecemos respeto.

La regulación de la libertad de expresión, no puede dejarse a la subjetividad o interpretación de quienes gobiernan. Es conveniente conformar una comisión permanente, integrada por representantes de diferentes gremios, directores de medios, representantes de diversos sectores de la sociedad civil y miembros del gobierno, que actúe como garante de la aplicación objetiva de estas normas.

Lo verdaderamente relevante es demostrar sentido común en la administración del Estado, lograr una relación de equilibrio entre gobernantes y gobernados que impida el abuso de poder y permita el desarrollo de una democracia participativa.

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<> Este artículo se publicó el 12 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

La segunda o doble vuelta electoral

La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Para instituir la segunda vuelta no se requiere de una reforma constitucional; basta con una Ley. La Constitución dice, en la primera parte de su Artículo 177, lo siguiente: “El Presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos, para un período de cinco años.” Obsérvese que dice “la mayoría” y no, simplemente, “mayoría”. La Ley en cuestión, en desarrollo y aclaración de ese artículo deberá decir: “Cuando ninguno de los candidatos presidenciales obtenga la mayoría, o sea, el 50% de los votos, los dos más votados concurrirán a una segunda vuelta que se realizará treinta (30) días después de la primera elección”.

A la segunda vuelta me he referido en varias ocasiones. Comencé a hacerlo hace casi veinte años, cuando fui parte del gobierno de Guillermo Endara. Sostuve entonces, y sostengo ahora, que de haberse establecido, el PRD (eso explica su radical oposición actual) no hubiera podido regresar en 1994, cuando ganó las elecciones con el 32% de los votos que, en cifras reales, representaba, si acaso, a un 25% de los electores habilitados para votar.

De acuerdo con la interpretación, políticamente absurda, que hasta ahora se ha mantenido, se tergiversa el sentido lógico y común del texto citado arriba del Artículo 177 de la Constitución. En todas partes del mundo, por “la mayoría” se entiende la mitad más uno de los votos emitidos cuando un tema o asunto se somete a votación. Y, salvo que de otra manera, y expresamente, se especifique otra clase de mayoría, no cabe otra interpretación del concepto.

Por consiguiente, si nuestra Constitución dice que el presidente, o la presidenta, serán elegidos por “la mayoría de votos”, en un recto sentido debe entenderse que el texto constitucional exige, como mínimo, la mitad de los votos válidos. Entender, y lo que es peor, interpretar que la elección presidencial se puede decidir por “mayoría relativa”, conduce a resultados absurdos, como el que se dio en 1994, cuando, de acuerdo a esa perversa interpretación, se consideró legítima, a pesar de su rampante falta de representatividad, la elección de Pérez Balladares.

Mireya Moscoso y Torrijos obtuvieron el 42% y 47%, respectivamente. Y, por tanto, sus mandatos fueron más representativos de la voluntad popular. Y más aún el de Martinelli, que superó el 60%. Pero así como las tres últimas elecciones han ido dejando atrás la aberración que representó la elección de 1994, de no corregirse el sistema, bien podría ocurrir que en una futura contienda electoral, reñida, a la que concurran 4 o 5 candidatos, el ganador resulte electo con poco más del 20%. Matemática y políticamente sería posible.

El establecimiento en Panamá de la doble vuelta no sería como hincar “una pica en Flandes”. Ya existe en la mayoría de los países latinoamericanos y, por su comprobada efectividad, la tendencia es a su extensión. En la mayoría se requiere de la obtención del 50% de los sufragios para ganar en la primera vuelta. Ese el porcentaje que deberíamos exigir en Panamá. La segunda, o doble vuelta electoral, prevista para el caso de que ninguno de los aspirantes alcance el 50% de los votos, tiene ventajas que superan, de lejos, las desventajas que se le atribuyen. El sistema de doble vuelta permite que puedan surgir “nuevas alternativas políticas” que, bajo las circunstancias hasta ahora vigentes, terminan “siendo ahogadas” por “la polarización” en las dos candidaturas principales que ha sido recurrente en las elecciones panameñas. Y el argumento de que con ella se propiciarían “arreglos” para conquistar los votos de los candidatos que resulten descartados en la primera vuelta, encierra una enorme falacia. Más perjudicial para la consolidación de una verdadera democracia es que previamente, y como hasta ahora ha ocurrido, se “negocien” alianzas y repartos anticipados de “espacios políticos.” La segunda o doble vuelta electoral serviría para acabar con los nefastos caciquismos electorales impuestos y, en definitiva, pondrá en manos del pueblo, único y auténtico soberano, decidir qué candidato es el mejor, o el “menos malo” que, a la larga, es más democrático.

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Artículo publicado el  11  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá requiere a gritos una reforma constitucional

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La opinión del Abogado …

Alberto E. Fadul N.

Editorial.  Panamá América, 3 de enero 2011. Reformas a la Constitución.  “Toda Constitución supone un pacto social que debe renovarse constantemente para que sea reflejo de las urgencias ciudadanas y no un mamotreto dogmático que, como algunas leyes existentes hasta hace algunos años, incurrían en exabruptos como condenar más enérgicamente el cuatrerismo que la violación a una mujer”.

Tal como está escrita nuestra Carta Magna, para lograr el consenso indicado, habría que luchar contra el nudo gordiano que representan los principales partidos políticos, el cual impide la fluidez, lógica, que debe surgir de un sistema democrático efectivo y verdaderamente representativo.

El PRD ya pone de manifiesto que no debe modificarse el artículo referente a la extradición, pues uno de sus miembros podría verse afectado. Su prioridad, defender al adepto sin importar que, frente a un terrorismo creciente, los pactos de extradición de nacionales o extranjeros, con acusaciones de terrorismo, debidamente, representan una garantía de que nuestro Istmo no se perciba como refugio de terroristas. Por otra parte, el PRD considera que, sus dislocados ataques al gobierno actual, les permitirán retomar el poder y por ende, obstruyen todo lo que pueda facilitar la reelección presidencial. Como si los panameños fuésemos imbéciles y no entendiésemos que la reelección depende del querer de los votantes y que esta no es, de por si, automática. Es una forma de premiar a quien cumplió con un plan de trabajo serio y requiere mayor tiempo para continuar avanzándolo. Si no, simplemente, se elige al candidato contrario. También es muy cierto que no se conocen los cambios constitucionales que se propondrán. La sociedad, particularmente, la civil, deberá estar preparada para ofrecer sus sugerencias, las cuales siempre ha considerado deben ser de carácter integral.

Muy a fondo deben analizarse los requisitos para ser Presidente de la República, sus poderes y facultades; particularmente, las legislativas. Igualmente, los requisitos para ser Diputado, la eliminación de los suplentes, la revocatoria del mandato, los privilegios a ellos asignados, sus potestades orgánicas y administrativas. La selección y designación de los Magistrados de la CSJ. La conveniencia de incrementar su número, años de servicio y eliminación de los suplentes; de tal manera se haría innecesaria la Corte Constitucional.

La limitación de los periodos de servicio en cargos que exceden los del periodo presidencial, entre los cuales están los del Ministerio Público, Contraloría, etc. Las facultades del Tribunal Electoral y su condición de tribunal especial de única instancia. Bajar el elevado sitial de los partidos políticos en el acontecer democrático; igualmente, debe revisarse lo relativo al trabajo respecto de sus programáticas características en la constitución. El asunto es serio, complejo y realmente necesario.

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<>Artículo publicado el  9  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El país como chiste

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

El Panamá político es como un experimento de laboratorio. Científicos políticos observan diariamente nuestra capacidad para ser adultos democráticos. Nuestro comportamiento debe ser observado diariamente para medir nuestro progreso. Hace apenas cinco años atrás, a través de unas reformas constitucionales, se eliminó el artículo 33 de la Constitución de 1972 que permitía a las autoridades de mando y jurisdicción imponer penas hasta por 30 días de forma inmediata a quien le faltase el respeto en el desempeño de sus funciones.

La disposición era un ripio jurídico que provenía de la época colonial donde el debido proceso y la limitación de la actuación pública a la ley no eran propios de los funcionarios.   La disposición era una espada de Damocles contra cualquier ciudadano. Como no había un juicio previo para penar o imponer una multa el ciudadano común podía verse sujeto al arbitrio del funcionario con mando y jurisdicción para ser encerrado por un lapso de tiempo en una cárcel. Como buenas especies de laboratorio no contamos con el programa necesario para entender la institucionalidad democrática por mucho que lo intentemos.    Siempre por allí surge alguna mente o grupo idiotizado por el poder que pretende devolvernos las malas prácticas.

Hay por allí un proyecto de ley que pretende penalizar el ultraje o el vilipendio a la figura del Presidente y los funcionarios de elección popular. Que coincidencia que los que piden la penalización por el vilipendio ciudadano son aquellas figuras que gozan de inmunidad política. Tocarlos mediante el sistema judicial es casi una labor imposible.   Al pueblo lo único que se le permite es asolearlos y sin embargo, van en busca de castigar al pueblo por utilizar el único mecanismo de crítica y rechazo a sus actuaciones muchas veces espurias o delictivas.   La mayoría de los funcionarios en este país se merecen lo que se dice de ellos y quizás más.   Aquí en nuestro folklórico país, experimento democrático que nunca materializa, se escogen o se nombran idiotas, maleantes, imbéciles, morones, ególatras, sinvergüenzas, bestias humanas y todo tipo de ser humano atrofiado por la naturaleza, el entorno o decisión propia para puestos de mando y jurisdicción.

Encima esperan que se sienta respeto y admiración por ellos. Lo que ocurre es que por tanto nombrar a estos tipos de retazos humanos se han desprestigiado los cargos públicos.   Hoy no valen mucho.    Le pasa lo mismo que a las Universidades. Valen por la calidad de sus profesores y por selección de sus estudiantes.    No necesitamos leyes que hagan respetar el cargo. Necesitamos hombres y mujeres que respeten los cargos encomendados en el gobierno.

 

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<> Artículo publicado el 11  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.