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La opinión de…
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Xavier Sáez-Llorens
xsaezll@cwpanama.net
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Había decidido no tocar este tema para evitar que mi posición se interpretara sesgada por la presencia de mi hermano en la dirección de la Caja de Seguro Social (CSS). Me harté. Billy siempre ha mantenido un lenguaje técnico, alejado de verborrea política. Eso, a mi juicio, le otorga credibilidad. De forma responsable, él ha expresado que la institución no está en capacidad de asumir el aumento a jubilados, a menos que el Estado se encargue del monto adicional. Pocas veces se ha visto a un director intentar que esta entidad se aparte de su sempiterna condición como botín económico y político del gobierno de turno.
Este puesto es solo por cinco años y después le quedarán varias décadas como simple ciudadano. Cuesta mucho forjar una imagen de independencia y honestidad para arriesgarse a perderla en poco tiempo. Conociéndolo, preferiría renunciar a dejar que su nombre se manche por parapetarse a intereses sectarios, de cualquier procedencia. Mi padre estaría orgulloso de su integridad y firmeza.
La CSS pertenece a todos los que cotizamos. Si pensamos en términos empresariales, los mayores accionistas serían los que más aportan. No obstante, la seguridad social fue ideada para ser solidaria y beneficiar a la mayor parte de la población, independientemente del estatus socioeconómico. De hecho, mucha gente pudiente ejerce el altruismo ya que cotiza bastante y no aprovecha sus recursos.
La medicina es cada vez más cara debido al surgimiento de sofisticadas tecnologías y terapias. Por tanto, para cumplir con el loable propósito humanista, se deben hacer ajustes periódicos en tiempo y cantidad de cuotas. En España, por ejemplo, hubo un acuerdo reciente entre gobierno y sindicatos (allá no son “frena-lo-todo”) para extender la edad de jubilación a 67 años, tanto para hombres como mujeres. Es evidente que, sin austeridad y eficiencia financiera, esta organización sin fines de lucro estaría destinada a colapsar.
Los ciudadanos tenemos derechos pero también deberes. Para prosperar como nación, la responsabilidad debe ser compartida. El Estado tiene la obligación de ofrecer condiciones básicas de salud a todos sus habitantes pero cada individuo debe colaborar con su propio bienestar. No es solo esperar “lo que puede hacer el Estado por uno sino lo que puede hacer uno por Panamá”.
Hay jubilados que poseen una enorme cantidad de beneficiarios entre sus filas. Debemos ser responsables por el número de hijos que elegimos tener. Idealmente, el individuo debe pensar en su futuro y ahorrar lo que pueda para gozar de una fuente complementaria de divisas para enfrentar su época senil. Hay varias cooperativas que ofertan paquetes de jubilación a precios bajos. Si los salarios son reducidos, habrá que esforzarse para educarse de noche y propiciarse posibilidades de mejor empleo. Por último, si el dinero es exiguo, toca sacrificarse y evitar los vicios (alcohol, cigarrillo, juegos de azar) que consumen lo poco que queda.
Hagamos cálculos. Un trabajador con sueldo de $300 aporta $25 mensuales (8% patrono, 0.5% individuo) para cobertura de enfermedad y maternidad. En un año, la cuota es de $300. Una tomografía, una cesárea, tres días de hospitalización en sala o un cateterismo cardiaco, le cuesta a la CSS más que eso. Este cotizante tiene inscritos gratuitamente a varios beneficiarios. Como comparación, una póliza privada vale más de $200 al mes, aumenta por cada familiar incluido y requiere pagar deducibles por hospitalización o copagos por obtener medicamentos. El jubilado paga un 6.5% para tener derecho a atención médica pero a mayor edad los gastos sanitarios suben considerablemente.
La cotización al programa de IVM corresponde al 12.5% (4% patrono, 8.5% individuo) mensual. Con el salario mencionado, el aporte acumulado rondaría unos $15,000 en 30 años de servicio laboral activo. Esta cifra es mucho menor en el trabajador con retiro anticipado. La pensión de vejez sería aproximadamente $185 por mes. Si esta persona vive 20 años después de su jubilación, la CSS le otorgaría unos $45,000, es decir $30,000 por encima de su contribución. Por tanto, sin adecuados subsidios estatales ni hábiles administradores, esta institución estaría condenada a desaparecer en el futuro.
Es cierto que hubo promesa presidencial y que todos deseamos una pensión más digna para nuestros ancianos. Eso no justifica, sin embargo, trancar calles recurrentemente, obstaculizar el paso a hospitales, vociferar derechos sin mencionar deberes y salir diariamente en los medios arremetiendo contra una institución que lo ha mantenido por tanto tiempo. Usted ya cansa, don Eladio. Y no solo a mí.
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Este artículo se publicó el 6 de febrero de 2011 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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