Índice de iniquidad

La opinión de…

Xavier Sáez-Llorens

Bienestar y desarrollo deberían ser palabras mutuamente incluyentes.   En la práctica, parecen conceptos antagónicos. Cuando uno lee que Panamá ocupa posiciones cimeras de América Latina en el índice de competitividad global, lo normal sería alegrarse.   Al analizar los factores ponderados, empero, la felicidad se convierte en tristeza.

Estamos en envidiables escalafones en lo que se refiere a mercado financiero, ambiente macroeconómico y adaptabilidad tecnológica, pero peleamos protagonismo con países africanos en educación,   transparencia institucional,  justicia y algunos aspectos de salud pública.   Estas iniquidades sociales son fina cortesía del clientelismo y corrupción de nuestros políticos durante dos décadas de democracia.

Como estoy harto de denunciar la mediocridad de gobernantes, diputados y magistrados o el “juega vivo” en las instituciones públicas, prefiero concentrarme en los ministerios sociales.   En el ámbito educativo, el foro económico mundial nos calificó mal en calidad de la enseñanza primaria, retención de estudiantes a nivel secundario, capacidad de los docentes y adiestramiento curricular en ciencia.    En materia sanitaria, salimos mal librados en prevalencia de infección por VIH, tuberculosis, malaria y mortalidad materno-infantil.    Estas deficiencias son espejo de nuestro fracaso con cumplir los Objetivos del Milenio para 2015. Una vergüenza.

La solución parece fácil, pero la ineptitud y soberbia de los tomadores de decisión dificulta progresar y propiciar el bien colectivo. La educación pública panameña requiere una urgente reforma, no selectiva sino integral. No basta con mejorar la cobertura escolar para toda la niñez panameña, incorporar novedosos métodos audiovisuales o impartir el idioma inglés en las asignaturas. Es imprescindible desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, desterrar los misticismos, inculcar la investigación científica e impulsar una reflexión filosófica pragmática en las actividades del saber académico.

Las calificaciones en salud son inaceptables para un país tan pequeño y medianamente rico. Debemos minimizar la malaria en áreas indígenas y atacar de forma contundente la tuberculosis, enfermedad ligada a pobreza, hacinamiento, insuficiente atención primaria y circulación del virus del sida.   La cifra de infectados por el VIH se aproxima al 1% de toda la población.

Esta elevada prevalencia obedece al machismo, promiscuidad, escaso uso de preservativos, falta de información mediática, campañas ministeriales sutiles e intermitentes y educación sexual mojigata en los colegios.   Los resultados de una encuesta realizada por investigadores del Instituto Gorgas, bajo el liderazgo de la Dra. Ruth de León, muestran el gigantesco desconocimiento que existe en la juventud en el campo de la sexualidad.

La infidelidad, en ambos géneros, es notoria pero lo peor es que ésta se ejecuta de manera insegura. La gente no usa condones. Esta irresponsabilidad es similar a no vacunarse contra la poliomielitis, no ponerse el casco al viajar en moto o no utilizar el cinturón de seguridad dentro de un vehículo en marcha.   Además del riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual (la sífilis también anda en aumento), la mujer se expone a embarazos no deseados, cada vez más frecuentes en niñas jóvenes.

La mortalidad infantil ronda el valor de 20 x 1000 infantes menores de 1 año de edad.   Cuba, Chile, Costa Rica y Puerto Rico, con cifras inferiores a 10 x 1000, nos dan una bofetada monumental. Los lactantes panameños se están muriendo en comarcas, regiones rurales y bolsones urbanos marginados debido a desnutrición, infecciones prevenibles y a una reciente disminución en tasas de vacunación.

La mortalidad materna se acerca a niveles de 50 por cada 100 mil niños nacidos vivos y en este índice nos superan aún más países de la región. Embarazos de alto riesgo en adolescentes, inasistencia a citas de control prenatal y abortos clandestinos son las principales causas de las defunciones.   Tristemente, el fácil acceso a métodos anticonceptivos está diseñado para clases adineradas, no para los segmentos más desaventajados que más lo necesitan.

La ceguera de nuestras autoridades es deprimente. La educación sexual y reproductiva es urgente, tanto en eso que llaman “valores” (los que deben ajustarse a la generación actual) como en la prevención (estrategia más barata e impactante). Los púlpitos sirven para dictar sermones espirituales a creyentes, no para normar la educación y salud pública de la nación.

Proyectos modernos y civilizados como, por ejemplo, la esterilización de mujeres que lo soliciten o la no discriminación de la homosexualidad se enfrentan a oposiciones viscerales basadas en creencias retrógradas y actitudes machistas.   Tal parece que a la derecha religiosa infiltrada en este gobierno le conviene mantener a la colectividad en tinieblas para beneficio particular.   La historia debe pasarles factura por las muertes y secuelas evitables que ocasionen en sus años de mandato.   En el siglo XXI, la hoguera debería aplicarse a los hipócritas de moral única.  Amén.

<> Este artículo se publicó el 3  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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