‘Elige tu vida’, ¿programa social o negocio mediático?

La opinión de….

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Rolando Mendoza Ibarra—

Uno de los primeros programas del gobierno del presidente Martinelli, que se inició con bombos y platillos propagandísticos, fue el denominado “Elige tu vida”, que buscaba, según los largos y costosos spot publicitarios, ofrecer un conjunto de oportunidades tanto a adolescentes como a jóvenes en riesgo social, a través de una llamada telefónica.

Una definición del programa que recientemente encontré en la web del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), reza lo siguiente: “es un programa para ayudar a la juventud, a través de una red de cooperación con la finalidad de desarrollar, compartir, discutir y ejecutar proyectos, programas y publicidad de prevención, represión, rescate y reintegro de jóvenes de las manos de la violencia y la criminalidad”.

Una pregunta concita las dudas que siempre he tenido sobre este programa. ¿Se está cumpliendo con ese cometido?   Creo que no, porque al cabo de un año el show mediático sigue su curso sin que la comunidad observe algún cambio o impacto en cuanto a los supuestos objetivos que se pretendían alcanzar.

Aún hoy ese proceso continúa, incluso, donde además del flamante ministro de Desarrollo Social, se ha sumado la voz del primer magistrado de la Nación argumentando que con ese y otros programas estamos “Juntos haciendo un mejor Panamá”.

No obstante, contrario a lo que se buscaría con este programa –entre comillas– se ha generado un incremento significativo de la violencia en las calles y de las pandillas delincuenciales de jóvenes y adolescentes; es decir, de aquellos a los que se entendía que estaban en riesgo social y que ahora ya no están en tal riesgo, sino que están en conflicto con la ley.

Los resultados e impactos de este mal denominado programa, han sido inversos e incluso negativos, porque al parecer el negocio de la droga y el crimen organizado les han ofrecido más y mejores oportunidades que éste que buscaba que los jóvenes y adolescentes eligieran un nuevo modelo de vida marcando un número telefónico, pero sin ofrecer nada serio ni atractivo a la juventud que los llevase a romper con cualquier relación de riesgo, real o potencial, y mejor aún de evitar caer en el camino irreversible de los múltiples delitos que mantienen en zozobra a todas las clases y grupos de la sociedad panameña.

Pero ¿Qué podría esperarse de un “programa” que nació mal?; del cual se sabe muy poco y no existe un sitio web de ninguna institución y mucho menos del Mides, con amplia y suficiente información, donde se explique en qué consiste el mismo, cuáles son los resultados que se esperan y menos aún.  ¿Cuáles son las oportunidades efectivas que este mediático programa ofrece a los jóvenes y adolescentes?; es decir,  ¿Cuáles son las alternativas que se ofrecen a las familias cuando discan al número de teléfono indicado?, más allá de un listado de programas y proyectos de un conjunto de instituciones participantes de la denominada red, que solo ellos conocen, porque no existe coordinación interinstitucional ni mucho menos articulación.

En mi búsqueda virtual, pude constatar que quien ejecuta el programa es The Marketing Group, la misma que dirige el centro de llamadas, donde un minúsculo grupo de noveles profesionales con estudios universitarios que atienden cada vez menos llamadas telefónicas, dado que la población ya percibió que este programa es una farsa mediática que no ofrece ninguna respuesta sobre nada; y que la información que obtienen los receptores no es técnica ni oportunamente procesada, en desvirtud de que el Mides y otras instituciones no cuentan con un recurso humano calificado de psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, por resaltar solo algunos de los que tienen un perfil profesional apto para orientar las políticas públicas y atender programas similares.

En el marco de este evidente fracaso, el centro de llamadas de “Elige tu Vida” será objeto de una próxima evaluación, a través de una consultoría del Fondo de Población de las Naciones Unidas–Panamá; pero lo más curioso del caso es que los productos de esta evaluación serán un diagnóstico, un informe de la demanda del servicio, un estudio de viabilidad técnica y financiera del centro, otro estudio sobre los nudos críticos entre la oferta demanda y la demanda de servicios y, finalmente, una propuesta técnica y financiera que permita establecer un servicio de calidad con base en indicadores de eficiencia y eficacia.

En consecuencia, es una consultoría que busca fortalecer un supuesto servicio social, mediante una propuesta con indicadores de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad, que omite la realización de un estudio que formule, a su vez, una propuesta articuladora o coordinadora y que posibilite la accesibilidad, en términos efectivos, de los jóvenes a los programas y proyectos que se ofrece al conjunto de la institucionalidad pública del país.

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Este artículo se publicó el 24 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Criminalidad ‘versus’ desarrollo infantil temprano

La opinión de…..

IMPLICACIONES

Rolando Mendoza Ibarra

Recientemente tuve la oportunidad de participar en un importante foro de conferencias, realizado en la ciudad de Panamá, con motivo de la reunión de ministros del Sistema de Integración Social Centroamericano sobre Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

En el marco de tales conferencias, pude comprender con meridiana claridad mi ignorancia crasa sobre las implicaciones sociales de largo plazo que tiene el no atender integralmente y desde edades tempranas a los niños y niñas y, sobre todo, que dicha atención, denominada desarrollo infantil temprano (DIT), está constituida por un conjunto de elementos que nutren al cerebro de los infantes en los primeros cinco años de sus vidas.

Y esto es así, porque los niños y niñas en las edades de cero (antes de cumplir un año) y cinco años, nutren su cerebro no solo de comida, sino también de una buena atención de su salud, pero sobre todo del amor y el afecto de sus padres y familiares, lo cual se acompaña de lo que conocemos como estimulación temprana; algo de lo cual algunos recibimos en la educación preescolar o jardín de la infancia.

Muchos estudios, sustentados en datos y observaciones experimentales, revelan la gran diferencia entre una persona adulta que recibió adecuado desarrollo infantil tempranamente y, aquella que no la tuvo. La primera, en la mayoría de los casos, denota un dominio no solo de su razonamiento sino de los impulsos violentos hacia los semejantes que en un momento determinado pudieran agredirlo verbalmente, lo cual es sinónimo de tolerancia. La segunda, es más susceptible a las provocaciones y observa algunas limitaciones para razonar sosegadamente.

Pero las causas de la ausencia de un desarrollo infantil temprano en centenas de miles de niñas y niños panameños, está relacionado por un conjunto de factores sociales y culturales.

Por un lado la pobreza en que viven miles de familias, caracterizadas por bajos niveles educacionales y, consecuentemente, por los bajos ingresos percibidos en sus actividades productivas. Pero por otro, influyen los elementos culturales de ese amplio conjunto de familias pobres, inmersas en un complejo entorno de fragmentación social, donde la desintegración y la violencia intradoméstica figuran como uno de los determinantes de la violencia en la sociedad.

Entre muchas de las familias pobres, sean estas urbanas, rurales o indígenas, una parte importante de los escasos ingresos recibidos son utilizados en el consumo de alcohol, principalmente; sacrificando con ello a los miembros más vulnerables de la familia como son los niños, a lo cual le siguen las mujeres. Ello es un hecho real, visto por las propias autoridades con programas como Red de Oportunidades y otros, cuyos recursos que debieran fortalecer el desarrollo infantil y de la familia en la compra de alimento, atención a la salud y estimulación temprana; son desviados para otros fines.

La realidad social que viven las familias de clase media, por ejemplo, es totalmente diferente, en virtud de que este segmento de población le otorga una gran prioridad a la alimentación y educación de sus hijos, al margen de las excepciones. Son los hijos de la clase media los que en su gran mayoría no se les dificulta el aprendizaje y registran los porcentajes más bajos de repitencia y deserción escolar, así como menores conductas delictivas.

Los hijos del pueblo, social y culturalmente pobre, son los que muestran las mayores deficiencias en el aprendizaje y un gran desamor por la educación, los cuales finalmente no aprenden ningún oficio digno que les brinde oportunidades de una mejor calidad de vida.

Al final del corto camino desaprovechado por ellos e inentendido por los padres, nos encontramos con un conglomerado de adolescentes y jóvenes que no concluyeron sus estudios, muchos de los cuales pasan a formar parte de aquel grupo de “jóvenes en riesgo social”; es decir, de aquellos que están al borde de cometer actos delictivos, en tanto que otros pasan a formar parte del desafortunado segmento que ya entró en conflicto con la ley.

Bajo esta premisa y comprensión, el desarrollo infantil temprano (DIT), debe constituirse en una política y estrategia de Estado, como la mejor forma de prevenir, en forma efectiva y a mediano plazo, la violencia y la criminalidad que actualmente asola las calles de nuestras ciudades y barrios.

Es por ello que valoramos positivamente los pasos que está dando el Gobierno Nacional, en el sentido de haber creado mediante decreto ejecutivo el Consejo Asesor para la Atención de la Primera Infancia, lo cual constituye una iniciativa que debe fortalecerse con recursos y la participación de todos: el Gobierno y la sociedad civil organizada.

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Este artículo se publicó el 17   de mayo de 2010 en el diario La Prensa, La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El proyecto social de Nutre Hogar

La opinión de…..

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Rolando Mendoza Ibarra

Visitar los Centros de Recuperación Nutricional y los Centros Comunitarios Nutricionales de Nutre Hogar es una experiencia novedosa para quienes hasta hace poco desconocíamos la labor que desde hace más de 20 años realiza esta organización sin fines lucrativos, en beneficio de miles de niños desnutridos de comunidades donde la pobreza golpea con dureza.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar varios de estos centros y constaté la extraordinaria labor de Nutre Hogar en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Azuero, Coclé, Panamá y Colón, con el apoyo de donantes nacionales e internacionales, que han visto en el enfoque y compromiso social de esta organización un espacio para luchar contra el flagelo de la desnutrición infantil en niños de cero a cinco años. Los centros de recuperación nutricional son establecimientos que bien podemos denominar de salud; donde los niños referidos de los hospitales regionales y provenientes de comunidades pobres en extremo, especialmente de la comarca Ngäbe Buglé, reciben atención nutricional en la cual intervienen nutricionistas, niñeras, personal de enfermería y maestras de estimulación infantil temprana.

Conviene resaltar la importancia de la atención nutricional en menores de cinco años y el impacto incalculable en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo intelectual futuro. Estudios científicos de organizaciones internacionales que trabajan a favor de los derechos de los niños demuestran que este impacto no solo se refleja en su etapa infantil, sino que puede transformarse en un ahorro en el gasto social de los gobiernos, en la medida en que el ataque a la desnutrición en edades tempranas reduce la no aprobación escolar en el nivel de educación primaria, lo que permite a los niños concluir este nivel y los potencia a pasar a los niveles de educación premedia y media. Y si la pobreza se asocia a la falta de educación, es posible observar un efecto en cadena orientado a impactar, finalmente, en la apertura de mejores oportunidades laborales y de los ingresos.

La estimulación infantil temprana también constituye un componente de un valor incalculable, en la medida en que en los centros de recuperación, pero también en los de prevención, se oriente al desarrollo de las habilidades psicomotoras, a través de un conjunto de actividades de motora fina (rayar y colorear sobre papel) y, también, a las actividades de motora gruesa (manipulación de objetos y juguetes), todo lo cual se desarrolla en un ambiente de aprendizaje o socialización que garantiza en el niño desarrollar y/o mejorar sus capacidades intelectuales.

La labor de Nutre Hogar, sin embargo, representa solo un grano de arena en el desierto de pobreza en el que viven decenas de miles de familias con niños desnutridos; pero es una experiencia digna de replicar tanto por el Gobierno como por otras organizaciones privadas que movilizan recursos sin mayores evidencias tangibles de un impacto efectivo en la reducción de la desnutrición y la pobreza.

El trabajo de Nutre Hogar evidencia el esfuerzo de una labor en torno a los centros comunitarios nutricionales, a partir de los cuales es posible verificar la implementación de programas de producción de alimentos para el sostenimiento de los comedores (granos, raíces, tubérculos, hortalizas y cría de especies menores).

¿Quién pensaría que una idea surgida en 1988, de un grupo de mujeres interesadas en trabajar en beneficio de uno de los segmentos de población más vulnerable del país, se convertiría al cabo de 22 años en un proyecto social de primera línea, con el que se ha evitado que la desnutrición severa lesione el cerebro de miles de niños?

En este esfuerzo, en el que se han involucrado muchas personas, resulta meritorio reconocer el trabajo sostenido de Susy de Varela, actual viceministra del Mides.

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Este artículo se publicó el  10  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Retomar el diálogo político por Panamá

La opinión de…..

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Rolando Mendoza Ibarra

Una de las dimensiones inevitables que debe caracterizar la vida democrática de nuestras sociedades es la del diálogo político que implica, entre sus elementos fundamentales, la participación permanente de los actores sociales y políticos sobre temas que inciden sobre el presente y futuro de la población de un país.

El diálogo político es una herramienta de trabajo impulsada actualmente por casi todos los organismos internacionales, por lo cual debiera ser utilizada sabiamente por todos los gobernantes, a fin de posibilitar la apertura de espacios para construir, mediante el consenso y la concertación, las respuestas y soluciones estratégicas a los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos.

Nuestro país, Panamá, ha realizado con algún éxito ciertos ensayos de diálogo político, siendo los más relevantes los denominados encuentros de Bambito I, II y III, entre 1993 y 1994; los encuentros Panamá 2000 que entre 1995 y 1998 permitieron elaborar la Visión Nacional 2020 y, más recientemente, los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo de 2007. El éxito inicial de estos espacios lo constituye la voluntad política de la sociedad política –el Gobierno del Estado y los partidos– de sentarse con la representación de los distintos actores de la sociedad civil organizada.

Los resultados de la Visión Nacional 2020, concluidos en 1998 con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se dieron gracias a la participaron de la sociedad civil, los partidos políticos, la empresa privada, las universidades y el gobierno del momento, quienes finalmente llegaron a importantes acuerdos relacionados con el país que, en esa coyuntura, constituían el deseo de todos los panameños y panameñas hacia el año 2020, tomando en cuenta los recursos que serían transferidos al país con la reversión del Canal de Panamá, entre otros.

Por su parte, la Concertación Nacional para el Desarrollo, otro esfuerzo amplio apoyado por el PNUD –porque, al parecer, aún no somos capaces de sentarnos por nuestra propia cuenta– y en el que participaron casi los mismos actores de los encuentros Panamá 2000 y un poco más, generó un documento que consigna la voluntad de las diversas expresiones sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales y otras, sobre el Panamá que no solamente queremos los panameños y panameñas, sino por el que todos debemos trabajar o construir.

Sin sobredimensionar, este esfuerzo en el que se invirtieron muchos recursos y tiempo –horas de hombre o de mujer– contiene los elementos esenciales de la visión y la misión de Panamá como Estado.   Es decir, es un acuerdo que orienta las líneas y acciones estratégicas que deben servirnos de norte para construir un país con desarrollo para todos, con sostenibilidad ambiental y económica, con equidad social e inclusión, con oportunidades, donde la educación competitiva garantice la inserción eficiente de la juventud en el mercado laboral, donde la corrupción pública y privada le abra paso a la transparencia y, donde también, se pueda caminar por las calles o andar en automóvil con la seguridad de que no vamos a ser lastimados ni mucho menos asesinados.

Pero, ante este escenario todavía ilusorio, habría que preguntarse si las condiciones actuales –donde la vorágine de los acontecimientos políticos acapara la atención de los noticiarios y se constituyen en cortinas de humo desviándose la atención de los asuntos medulares del homo sapiens/sapiens panameño–, si existe en la actualidad una voluntad política verdadera para enrumbar un diálogo político que aproveche toda la acumulación y experiencia social para concertar acuerdos e implementarlos.

Yo diría que en la sociedad civil siempre ha existido y existirá esa voluntad y disposición a participar en este tipo de diálogo. Sin embargo, cosa distinta puede esperarse de la contraparte, es decir, de la sociedad política, en la medida en que los que ayer no compartieron voluntariamente en la concertación por el desarrollo, hoy son Gobierno, y el principal partido que ayer era Gobierno se ha retirado de la mesa.

Creo, sinceramente, que al margen de las posiciones divergentes es necesario retomar el diálogo en la mesa de concertación –Gobierno, partidos políticos y sociedad civil–, para implementar los acuerdos ya alcanzados, bajo el entendimiento de que debe hacerse por el bien del país y no para entorpecer o favorecer a determinados sectores políticos en función de las próximas elecciones.

En esa dirección estaríamos contribuyendo, no solo al desarrollo que tanto deseamos, sino garantizando un proceso de cohesión social que nos conduzca finalmente a un pacto social y político que asegure la gobernabilidad democrática.

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Publicado el 4 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Entre la cruzada civilista y la reforma tributaria

La opinión de…..

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Rolando Mendoza Ibarra

Uno de los hallazgos, en el marco de la investigación para mi trabajo de graduación en la Universidad de Panamá, después de la invasión de Estados Unidos en 1989, sobre la relación entre los partidos políticos y los sectores populares, fue la forma como la sociedad civil puede expresarse políticamente en un momento determinado.  A esta forma de expresión política la caracterizamos como las organizaciones de intermediación política no partidista. La Cruzada Civilista Nacional figuraría como la más clara expresión de este tipo de organización.

La tarea de esta entidad civilista en función política –que jugó un papel fundamental en la lucha por el retorno del país a la vida democrática, entendida como un vehículo multiclasista que sirvió para enfrentar la lucha contra el “hombre fuerte” y sus beneficiarios castrenses y pro castrenses– concluyó con el ascenso al poder del presidente Guillermo Endara Galimany, apoyado por las tropas de Estados Unidos, la cual tuvo, lógicamente, una vigencia tan coyuntural como efímera.

Hoy, ex dirigentes de la otrora Cruzada Civilista Nacional, reconocidos luchadores por la democracia y la libertad, viendo el peligro que significa, precisamente, la concentración del poder en manos de un solo hombre y sus allegados en el Palacio de las Garzas, han salido a “llamar la atención” al primer mandatario sobre los riesgos que significa su pretendida conducta de interferir en la institucionalidad democrática y la administración de justicia con el ánimo, entre otros, de perseguir y asfixiar a sus adversarios políticos y no políticos entre los que figuran sectores empresariales no vinculados al fuerte sector comercial hoy en el poder.

Pero en el país no solo se perciben estos peligros, como la toma del Ministerio Público con el tiro de gracia de un fallo complaciente de la Corte Suprema de Justicia, sino también el atentado contra el bolsillo de los panameños y panameñas que se verán sensiblemente afectados con el aumento del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) del 5% al 7% como parte de la propuesta de reforma tributaria aprobada el martes pasado por el Consejo de Gabinete.

Si bien es cierto que la democracia no se come, pero que sin ella se viviría mucho peor, no es menos cierto que cuando se trata de un incremento al gasto familiar por consumir, al que más se afecta es al panameño común –ese que gana salario mínimo–, porque además de comprar comida encarecida por múltiples causas, también tiene que gastar en artículos suntuarios como ropa, calzado, artículos domésticos y otros, sobre los cuales tendrá que pagar la nueva carga impositiva, en forma directa.

Esta nueva reforma tributaria que, de hecho y de derecho, será aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, está orientada a mejorar la calidad de vida de funcionarios del nivel medio y alto del gobierno que ganan, justamente, salarios que oscilan entre mil y 4 mil balboas mensuales, en virtud de que sobre ellos y también sobre los del sector privado, experimentarán una reducción del impuesto sobre la renta por el orden estimado de casi el 15%, engrosándose con ello sus ingresos y privilegiando aún más el consumo de estos segmento de la población económicamente activa.

Respecto al consumo en este país, hay que saber que el 20% de la población más rica acapara el 53% del consumo nacional, en tanto que el 20% de la población más pobre consume solo el 4%, de acuerdo con la encuesta de niveles de vida del 2008; hecho que expresa la gran desigualdad existente en el país, no solo en el consumo sino también en el ingreso, por lo que la reforma tributaria privilegia a los segmentos sociales que aún, sin la reducción del impuesto sobre la renta, sus ingresos poseen una significativa capacidad de compra y endeudamiento. Contrario a los segmentos de menores ingresos que ahora, ganando lo mismo, tendrán que pagar, proporcionalmente, más impuesto directo al consumo.

Lo que, al parecer, el país experimenta en estos momentos es una pugna por la redistribución de la riqueza entre los que tienen mayores y mejores ingresos en detrimento de una mayoritaria población cada vez más pauperizada.

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Püblicado el 6 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Actores y percepciones

La opinión de…….

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Rolando Mendoza Ibarra

Los últimos 6 meses, tiempo transcurrido de la administración del presidente Martinelli, han sido suficientes para que los actores sociales y políticos fundamentales de la sociedad panameña, hayan expresado sus percepciones respecto al método que caracteriza su novedosa forma de gobernar.

En un intento por imponer un especial concepto de orden, ha derribado estructuras físicas construidas en rellenos sobre fondo de mar, ha plantado la bandera nacional y obligado a los empresarios que tienen concesiones con el Estado a cumplir con los términos de los contratos y a pagar sus respectivos impuestos, incluidos los de la Zona Libre de Colón.

No obstante, un tema que ha generado reacciones parece ser el relativo al de la administración de justicia en el país. El hecho de que la Procuradora General de la Nación, en el contexto de un nombramiento que trasciende la administración que la designó y ratificó, parece haber incomodado a algunos círculos vinculados a la vida jurídica del país, con alguna incidencia en los medios de comunicación social y que aprovechando el clima de cambio político en la estructura del Estado, han descalificado su actuación y exigido sistemáticamente su renuncia.

En el marco de esta encrucijada, los entendidos en la materia perciben puntuales presiones políticas del Ejecutivo en el interés de que se procese penalmente a figuras prominentes de la administración anterior y de la tras anterior, a cambio de desactivar favorablemente un proceso administrativo que podría descabezar la actual conducción del Ministerio Público.

A ello se suma la designación del Ejecutivo y consecuente ratificación por el Legislativo, de los dos magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia que, de acuerdo con los expertos, no fue nada diferente a lo actuado en las administraciones anteriores.

Ante estos acontecimientos la sociedad civil ha expresado, a través de sus diversas formas de organización, la conveniencia de que los procesos penales contra cualquier persona se realicen atendiendo al debido proceso y han pedido observar la independencia en el actuar de las instituciones que administran justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. En esa dirección se pronunció recientemente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Lo cierto es que la sociedad panameña, al menos su gran mayoría, percibe que sus problemas más sentidos e inmediatos, como el precio de la canasta básica de alimentos y la seguridad ciudadana, no están siendo adecuadamente atendidos, y en nuestro diario caminar se escucha una especie de arrepentimiento implícito de quienes votaron a favor de un cambio y no lo ven; como tampoco parecen entender con claridad el eslogan de “ahora le toca al pueblo”, al no saber si se trata de salir o de profundizar su pobreza y desigualdad.

Por su parte la corrupción, de la cual no pocos parecen escapar, continuará siendo un flagelo que necesitará de muchos recursos y de tiempo para erradicarla; en la medida en que no se trata de un asunto de pertenencia político-partidista o de quienes abogan vehementemente por la democracia versus aquellos que en algún momento fueron proclives a la dictadura militar de Noriega, sino de hombres y mujeres carnales, tal como lo revela el diario La Prensa, cuando presuntamente más de una docena de diputados de partidos divergentes, de la presente y pasadas administraciones, se encuentran, al parecer, involucrados en actos relacionados con el manejo irregular de dinero público a través del Fondo de Inversión Social (FIS), detectado a través de una auditoría independiente no divulgada, que avizora convertirse en una papa hirviente para la administración del prístino presidente Martinelli.

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Publicado  el   24  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.