Ley de protección de menores

La opinión de…..

NOEMI L. CASTILLO J.

Panamá no tiene una estrategia nacional para la reducción de la violencia y la criminalidad, que proteja a los menores. El Comité de los Derechos del Niño ha hecho observaciones importantes con respecto de las reformas introducidas al Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, considerando que se advierte una “tendencia de ampliar el uso de la privación de libertad, como método preferente de control sobre las y los adolescentes, pese a que no hay evidencias en estudios nacionales que sugieran que el internamiento, en general, y el internamiento prolongado, en particular, condicionen favorablemente el cambio de conducta de las y los adolescentes infractores”… “También hay preocupación porque el Estado panameño no ha hecho lo suficiente para que el sistema de administración de justicia de menores se ajuste a los principios y normas establecidos en el Comité de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales relacionados”. (UNICEF, 2011, P. 27).

La Constitución Política la República de Panamá (2004), establece la protección de menores como uno de los deberes fundamentales del Estado. También garantiza instituciones de justicia y resocialización especializada para adolescentes. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora es ampliar el número de delitos y aumentar la pena máxima de privación de libertad de los adolescentes, entre los 7 y 12 años, expresando que, al cumplir los 18 años, el joven que todavía no termina de pagar una sentencia, pasaría a los centros de detención para adultos. La Ley 6, del 8 de marzo de 2010, mantiene en 12 años la pena máxima, pero baja a 12 años la edad en la que un adolescente puede ser procesado.

En 2007, el Ministerio de Desarrollo Social presentó a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que se mantiene archivado. Las modificaciones discutidas y aprobadas en los últimos años se han focalizado en el tema de la responsabilidad penal de la adolescencia, dejando de lado la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que articule “la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas de protección, y organice los diferentes niveles de atención e intervención en el ámbito nacional y local”. (UNICEF, 2011, P. 28).

Con base a las estadísticas de criminalidad del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a pesar del endurecimiento de penas, la conducta delictiva de los menores de 20 años ha experimentado un fuerte incremento a partir de 2009, lo que indica que la penalización no es la clave para reducir los casos delictivos. Las investigaciones demuestran que una política integral de prevención puede contribuir a disminuir la conducta delictiva de mejor manera que el endurecimiento de penas. Si queremos una sociedad más segura e igualitaria, necesitamos que los jóvenes se sientan protegidos para que ejerzan plenamente sus deberes y derechos ciudadanos. El futuro del país depende de una nueva generación de individuos trabajadores, creativos y productivos. Es necesario contar con una estrategia nacional para la protección de los menores.

<>  Este artículo se publicó el 24 de enero de 2014 en el diario La Prensa y fue enviado hoy 7 de junio de 2016 como mensaje a al chat de Facebook de este editor,  por Don Alberto Barrow.  Damos a la autora y a todos los medios que lo publicaron el crédito que les corresponde.

 

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Familias vs. pandillas juveniles

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La opinión del Director Nacional de la Oficina de Desarrollo Social Seguro-Mides…

Alberto E. Petit P. 

A lo largo de la historia, se han realizado múltiples investigaciones sociales, las cuales han arrojado conclusiones importantes, que indican que la unidad familiar produce contribuciones trascendentales en campos muy concretos. En cuanto al aspecto educativo del niño y del joven, se habla de las estructuras escolares, la calificación profesional del educador, los textos educativos, el material didáctico de apoyo, los planes de estudios, incluso se habla mucho sobre la modernización del sistema de educación panameño; sin embargo, podemos afirmar que todo lo anterior sólo es una parte en la enseñanza del niño, el adolescente y el joven, ya que quizás la familia o el hogar influye en un 60% en el proceso enseñanza-aprendizaje.

 

Las familias influyen en el desarrollo de la denominada inteligencia emocional. Una lectura a las conclusiones del Dr. Daniel Goleman (1995), dejan claros algunos asuntos valiosos para la educación del individuo. Goleman señaló que “En cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de inteligencias: la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas; lo que importa no es sólo la capacidad intelectual sino también la inteligencia emocional (…)” (Goleman, Daniel 1996 La inteligencia emocional. Javier Vergara Editor. Argentina.49).

Esto nos lleva a reflexionar sobre la situación de la criminalidad juvenil, donde la familia surge, a la luz de las investigaciones sociales, como uno de los recursos cardinales con que cuenta la nación panameña para prevenirla. Los valores inculcados a los niños en la familia, en los años tempranos y los ejemplos de conducta observados, van a incidir considerablemente en sus decisiones y conductas futuras. Por lo tanto, las familias, junto a sus históricas y decisivas funciones afectivas y morales, cumplen funciones esenciales para el bienestar colectivo. Es importante apuntar hacia la prevención, antes que a la intervención en el tema de pandillas y la criminalidad juvenil, por lo que quiero señalar algunos aspectos relevantes de la formación del niño, a fin de prevenir de forma primaria: En primer lugar, la comunicación dentro de la familia: Es necesario que exista una comunicación activa, que los hijos se sientan atendidos, que puedan enunciar sus sentimientos e inquietudes. En segundo lugar, el tiempo que ofrecemos a nuestros niños: Es necesario comprender que el tiempo para compartir con los hijos debe ser de calidad. Es triste escuchar que hay jóvenes y adolescentes que expresan que sus padres jamás los escuchan. En tercer lugar, el fomento de la autoestima y la autonomía de los niños: Diversos estudios han demostrado que los adolescentes y jóvenes en pandillas reflejan una autoestima baja. Muchos de ellos son manipulables, precisamente por este defecto en la autoestima.

Por lo tanto, ayudar a la constitución de familias sólidas, con principios estables y valores admirables, influirá en la construcción de una sociedad más justa y pacífica para nuestros niños y jóvenes.

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<>Artículo publicado el 15  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

No lo podemos permitir

La opinión de…

Carlos David Abadía Abad

Hace unos días leí la entrevista que le hicieron a uno de los pandilleros más conocidos en Brasil, en la que él expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: “yo no tengo miedo de morir, quienes tienen miedo son ustedes” y al preguntarle qué opinaba del esfuerzo que el gobierno estaba realizando en las favelas, respondió: “ya es muy tarde, debían haberse preocupados hace muchos años, ya nosotros somos los que dominamos estas, y tenemos mucho dinero”.

Analicemos estas dos respuestas. ¿Por qué no tienen miedo de morir? Simple, porque no tienen nada que perder, viven en la extrema pobreza, con pocas oportunidades de estudios y en hogares desintegrados, sin la mínima orientación. Es el entorno que conocen. Y esto es lo que tenemos en Curundú, en El Chorrillo, San Joaquín, Cerro Cocobolo y otros barrios de nuestro Panamá.

Sobre la segunda respuesta, creo que aún estamos a tiempo, pero que todos estemos claros, esto no es un problema de gobierno, esto es una responsabilidad de todos; esta situación no se resuelve solo con más policías y matando pandilleros. Es un fenómeno complejo y se tiene que enfrentar en varios campos a la vez. Ningún gobierno por sí solo lo puede afrontar; además es la sociedad es la que sufre las consecuencias, lo cual obliga a su participación en la solución.

Decía el narcotraficante Pablo Escobar: “mover drogas es una profesión muy atractiva para los jóvenes pobres, sin educación y sin oportunidades”. Esta frase nos señala claramente que el enemigo no es el pandillero sino el hambre, la baja o ausencia de autoestima, y la ignorancia.

Entre 2005 y 2009, 52 mil jóvenes dejaron sus estudios. Actualmente tenemos 126 mil personas, entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan, aquí está el caldo de cultivo para nuevos pandilleros, si solo el 20% de esos 126 mil jóvenes tomaran el camino del pandillerismo se quintuplicaría el fenómeno en Panamá.

Un grupo de señoras de la organización denominada “Amigas de la Paz”, después de visitar Curundú y ver la realidad en que se vive allí, seleccionó a un grupo de niños para llevarlo al cine.    Cuando iban en el bus por la cinta costera, una de las señoras pidió a los niños que nunca había visto el mar que levantaran las manos.   Para su sorpresa, todos los niños levantaron la mano.   Estos niños, viviendo a menos de seis y siete cuadras del mar, nunca lo han visto, porque dentro de su barrio no pueden ir de una calle a otra, porque los pandilleros marcan sus territorios y llegar sin su consentimiento es causa de muerte. Están presos en su propio barrio.

La Fundación Jesús Luz de Oportunidades, a la cual pertenezco desde hace dos años por invitación del amigo Riqui Tribaldos, trabaja en varias vías a la vez. Iniciamos interviniendo pandillas con resultados muy satisfactorios, pero insuficientes. Hemos retirado de las pandillas a 16 jefes, a quienes financiamos para que, en los barrios en donde actuaron, retiren a otros pandilleros. Pero es insuficiente. Si analizamos las cifras antes mencionadas, y no hacemos algo para ayudarlos, todos esos jóvenes en pobreza, sin estudios ni oportunidades, se sumaran a ese mundo; por tal razón estamos abriendo 10 comedores para atender entre 50 y 70 niños, a quienes también los apoyamos en sus estudios, deportes y orientación.

Son cerca de 250 pandillas y 4 mil pandilleros, cifras que aún se pueden revertir, pero necesitamos que todos nos involucremos. Sigamos el ejemplo del gobierno municipal de Medellín, que en ocho años dejó de ser una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, y es hoy una de las más seguras.   Depende de nosotros que nuestra ciudad sea más segura. O nos involucramos en búsqueda de la solución, o nos encarcelamos en nuestras casas y nos lamentamos de las desgracias que nos puede suceder a nosotros, a nuestros amigos o parientes. Pablo Escobar ya nos señaló dónde está el problema, somos tontos sí mantenemos nuestra indiferencia, cuando los perjudicados seremos nosotros mismos.

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<> Este artículo se publicó el 15  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mas del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/abadia-abad-carlos-d/

‘El escudo citadino’ propuesto por Seguridad

La opinión de…

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO*

Según el ‘Plan Nacional de Seguridad’, dado a conocer por el gobierno, la sociedad panameña se enfrenta a cuatro amenazas.      Se destacan el narcotráfico, el crimen violento, la corrupción y el pandillerismo.        Para efectos de análisis, los cuatro factores se pueden separar. Sin embargo, las cuatro ‘amenazas’ son los brazos de un mismo flagelo.   Los pandilleros son los brazos armados del narcotráfico, que alimenta la corrupción, que sobrevive gracias al crimen violento.

Para enfrentar este flagelo el plan gubernamental propone desarrollar dos ejes de acción. Por un lado, la ‘acción preventiva del delito’ y, por el otro, las ‘acciones correctivas de criminalidad’.    Las acciones ‘preventivas’ se refieren a tres aspectos: En primer lugar, la coordinación de las agencias del Estado.

Segundo, el llamado ‘programa de barrio seguro’: Mejor iluminación, ‘remover’ cercas y recuperar los espacios públicos. Por último, duplicar el número de policías ‘en la calle’.   Lo terrible de este plan es que ninguna de las tres ‘acciones’ tiene relación alguna con la prevención del crimen.   El plan contra el crimen que promueve el gobierno no intenta identificar las causas del crimen en Panamá. La ciudadanía es testigo del fracaso de la lucha contra el crimen.

Por ejemplo, la corrupción existente actualmente no permite que las agencias del Estado coordinen. Más bien compiten entre sí.   El ejemplo del ‘barrio seguro’ es factible si las familias que viven en las comunidades son estables, los jefes tienen empleo y los niños están en las escuelas.   El número de policías está relacionado con el número de personas peligrosas. Con el paso de cada día el agente de policía se está convirtiendo en el ‘enemigo’ e, igualmente, el policía ve a los miembros de la comunidad como sus enemigos.

Las acciones preventivas, tal como están concebidas, no conducen a objetivo alguno. Todas están destinadas al fracaso.   Se olvidan del actor principal y el escenario donde se desarrolla este drama de la vida real.   Para acabar con el crimen, hay que tener jefes de familia con un empleo estable, capaces de conservar la solidez del hogar. Además, es el conjunto de familias que comparten un espacio cultural, que forma la comunidad con sus instituciones de educación y de recreación, que excluyen al crimen organizado y la corrupción.

Si las ‘acciones preventivas del delito’ propuestas están fuera de lugar, las ‘acciones correctivas de la criminalidad’ son un peligro abierto para la sociedad panameña. Entre las ‘acciones correctivas’ el gobierno coloca en primer lugar la ‘instalación de 11 estaciones aeronavales’.   Las estaciones o bases militares tienen como fin supuesto interrumpir el flujo del tráfico de drogas entre Colombia y EE.UU.    Para cualquier persona, con capacidad de raciocinio, es obvio que estas estaciones no sirven en absoluto para detener a los narcotraficantes.

La razón de ser de las ‘estaciones’ es militarizar a la Policía Nacional de Panamá y someterla a una vigilancia más estricta por parte de EE.UU.   La ‘seguridad pública’ panameña está siendo cada vez más centralizada en pocas manos que responden directamente a los estamentos norteamericanos.

En segundo lugar, las ‘acciones correctivas’ incluyen la creación de ‘un escudo citadino, con retenes alrededor de (las ciudades de) Panamá, Colón y (la provincia de) Chiriquí’.   La idea es tan asombrosa que es probable que la quieran hacer realidad.   En la edad media, las ciudades vivían amuralladas.   En la conquista europea del ‘lejano Oeste’ los fuertes se construían en el medio del territorio enemigo.    Ahora el Estado de Israel lo hace en los territorios ocupados de Palestina. La ciudad colonial de Panamá construyó sus murallas para separar a su población europea del ‘arrabal’.

‘El escudo citadino’ mencionado se complementaría con la cre ación de un ‘Centro de Análisis de Información’. Este gigantesco G—2, según el documento, ‘tendrá como objetivo centralizar y analizar la información procedente de los estamentos de seguridad, que serán utilizadas estratégicamente para la planificación operativa’.

Los panameños podríamos proclamarle al mundo que somos el primer país ‘democrático’ que se somete a sí mismo a un sistema de control policíaco total. (Israel se lo hace a Palestina, Alemania se lo hizo a sus enemigos durante la II Guerra Mundial y Pinochet lo aplicó al pueblo chileno).

¿Son estas ideas del presidente Martinelli, del director de la Policía, Gustavo Pérez, ambos productos de academias militares norteamericanas?   ¿Podrían ser ideas del ministro de Seguridad, Raúl Mulino, o del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, ambos sin entrenamiento militar?    No creemos. Los cuatro se encuentran maravillados con estas nociones de guerra, aviones y tanques, sin darse cuenta de que han convertido en su enemigo al pueblo panameño, los hijos de sus vecinos y probablemente los nietos que contraerán nupcias con sus propias nietas.

<> Artículo publicado el 30  de septiembre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

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Legalización de las drogas, una dicotomía

La opinión de…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Elaborar una pregunta sobre algo que realmente interesa a la gente y presentar una respuesta capaz de sorprenderla es el primer paso para desafiar la siempre cómoda, práctica y reconfortante “sabiduría convencional” (algunas veces errónea, inexacta y hasta hipócrita).

Hagamos, pues, el intento: ¿Cuál es la razón principal por la que más y más niños (de menor y menor edad) continúan incorporándose u organizándose en pandillas? Hecha la pregunta, veamos la respuesta: La extraordinaria demanda y consecuente rentabilidad de un producto denominado droga.

Mientras exista demanda habrá oferta, sea esta ilegal o legal. En economía, el modelo de oferta y demanda describe la interacción en el comercio de un determinado bien. Demanda es la relación de bienes que los consumidores desean y están dispuestos a comprar, y oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores.

En su libro Sociedad, violencia juvenil y seguridad ciudadana, un aporte para la reflexión, el profesor Alfredo Graham Rodríguez hace constar que en el territorio nacional coexiste un total de 226 pandillas juveniles plenamente identificadas (marzo de 2010). Esta chocante estadística, resultado investigativo de una realidad, debiera proyectarnos y concienciarnos hacia lo que está ocurriendo en otros lares.

Es obvio y notorio que la política de prohibición a las drogas ha tenido desastrosas consecuencias para el mundo (en especial para Latinoamérica); semejantes a las que se vivieron durante los años 20 del pasado siglo en Estados Unidos por razón de la proscripción al alcohol.   Pero en vez de reconocer el fracaso de dicha política, los gobiernos-en especial los denominados de primer mundo- siguen despilfarrando ingentes recursos y atentando aún más contra las libertades de los ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos.

Legalizar las drogas mitigaría significativamente los aterradores efectos, derivados del actual enfoque prohibitivo. El caso de México y su estrecha relación con el mayor consumidor (demanda), Centroamérica, Colombia, Perú y Panamá, resultan relevantes para todo análisis.

Circunscribir la trama de la droga dentro de un marco moral/ético, es desconocer la diversidad en los vicios y costumbres del ser humano producto de su natural imperfección. Aquellos que quieren ver la realidad como un jardín florido libre de alimañas, sujetos a la perfección de un mundo fantasioso, apenas se asoman a la calle tienen que afrontar el contraste con la realidad que les dice que no todo es tan bello como se lo imaginan.

Dado que el problema es mundial, la solución debe ser global, liderando el camino aquellos países con altos ingresos per cápita y un insaciable consumo. Entender que la droga es por sobre todo un tema económico y de salud, facilitaría resolver la encrucijada en que nos encontramos.

<> Este artículo se publicó el 26 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Políticas equivocadas y crimen organizado

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA…

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO

La semana pasada nos referimos a la violencia y el avance del crimen organizado en la Región. Sostuvimos que Panamá se encuentra en el mismo camino, ya trazado por los países vecinos, debido a las políticas desastrosas que ejecutan los gobiernos de turno, muy especialmente el actual, presidido por Ricardo Martinelli. Tanto las políticas sociales (flexibilización del trabajo) como la política exterior (someterse a la militarización impuesta por EE.UU.) son señales de futuros problemas que los panameños tendremos que pagar a precios muy elevados.

El diario O Globo de la ciudad de Sao Paulo, metrópoli de Brasil con 20 millones de habitantes, entrevistó a un capo pandillero encerrado por varios delitos y quien desde la cárcel revela las operaciones que realiza en combinación con el crimen organizado y la clase política de su país. El entrevistado se llama Marcos Camacho, mejor conocido como Marcola.  Dirige detrás de las barras una pandilla ligada al crimen organizado, conocida con el nombre de ‘Primer Comando de la Capital’ (PCC).

Marcola refleja la crisis del sistema político y su relación con el crimen organizado y el tráfico de drogas. Según Marcola, ‘yo era pobre e invisible. Solo éramos noticia cuando una favela desaparecía debajo de un derrumbe en los cerros o en la música romántica sobre ‘la belleza de esas montañas al amanecer’. ¿Qué hicieron los políticos? Nada. El gobierno federal nunca aprobó presupuesto para nosotros’.

Marcola dice que ‘ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. No hay solución. La propia idea de ‘solución’ ya es un error’.

O Globo pregunta: ‘¿Usted no tiene miedo de morir?’. Marcola contesta: ‘Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. En la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo ordenar que los maten allá afuera. Nosotros somos hombres—bombas.   En las favelas hay cien mil hombres—bombas.   La muerte para ustedes es un drama.   La muerte para nosotros es algo cotidiano, tirados en una fosa común’.

‘No hay más proletarios o infelices o explotados’, señala Marcola. ‘Hay una tercera cosa creciendo, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió una especie de post miseria que genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet y armas modernas’.

O Globo pregunta: ‘¿Qué cambió en las favelas?’. Marcola contesta: ‘Mangos (dólares). ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares, como Beira Mar (empresario brasileño), no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un despacho… ¿Qué policía va a quemar esa mina de oro? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y colocado en el microondas’.

Desde su silla tras las barras, Marcola le dice al periodista: ‘Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos.   Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte.   Ustedes se mueren de miedo. Ustedes nos transformaron en super stars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las favelas, por miedo o por amor.   Ustedes son odiados’.

O Globo pregunta: ‘¿Pero, qué debemos hacer?’. Marcola contesta: ‘Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mis intereses. ¡Agarren a ‘los barones, narcotraficantes del polvo’ (cocaína)! Hay diputados, senadores, empresarios y ex presidentes metidos en el tráfico de la cocaína y de las armas. ¿Pero, quién puede meterles mano? ¿El Ejército? Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Para acabar con nosotros necesitan estallar una bomba atómica en las favelas. ¿Ya pensó?   ¿Ipanema radio activa?’.

O Globo pregunta: ‘¿No habrá una solución?’. Marcola contesta: ‘Ustedes deben hacerse una autocrítica de su propia incompetencia. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Entiéndame, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden la extensión del problema. Como escribió el divino Dante:  Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno’.

Si México y Centroamérica se enfrentan a serios problemas, Brasil no se queda atrás. Para qué decir EE.UU. con una población marginada a punto de estallar.   Panamá todavía tiene una oportunidad de frenar el avance del crimen organizado, si hacemos un alto y modificamos radicalmente las políticas públicas equivocadas que sirven de caldo de cultivo de la violencia y empujan a la adolescencia hacia las pandillas.

<> Artículo publicado el 23 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,   lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Sin control avanza el crimen organizado

La opinión de…

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO

Nelson Quintanilla, sociólogo salvadoreño, acaba de escribir un artículo de alerta, que los panameños y latinoamericanos debemos tomar muy en cuenta.   En El Salvador las pandillas declararon un paro del transporte público que paralizó el país. ¿Debe sorprendernos o es la consecuencia de políticas públicas equivocadas? Según el sociólogo, el país centroamericano ‘vive una ola de criminalidad que afecta a los transportistas víctimas de asesinatos. El gobierno no logra definir una política que garantice la seguridad de la población.  El paro del transporte decretado por las pandillas tiene como antecedente la Ley de Proscripción de Organizaciones de Naturaleza Criminal’.

Mientras los gobiernos —el panameño entre los primeros— se apresuran en aprobar una legislación laboral que crea más desempleo e informalidad y, además, pone su política exterior al servicio de intereses bélicos de EE.UU., como consecuencia directa la Subregión cae cada vez más en manos del crimen organizado. En el caso de El Salvador, las pandillas se han convertido en un actor político, que disputa su legitimidad de igual a igual con otros sectores de la sociedad civil.

El Ejército declaró que tiene ‘la situación del transporte controlada’.    Sin embargo, ‘lo que no estamos controlando es el rumor’, declaró el ministro de Defensa, general David Munguía.   El 1º de setiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones.

Según la ley aprobada, ‘son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Máquina y Mao Mao’. Además, quedó establecido que los bienes, valores, dinero y otras posesiones derivadas de las actividades ilícitas de las pandillas serán confiscados y pasarán a manos del Estado.    En 2010, según el periódico Heraldo, en represalia al rechazo de los empresarios del transporte a pagarles la llamada ‘renta’ (extorsión), han asesinado a 107 personas, entre choferes y cobradores.

El incremento de la violencia se ha politizado, convirtiéndose en un arma de la extrema derecha para atacar al gobierno que cuenta con el apoyo político del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Según el sociólogo Quintanilla ‘no se puede negar que la situación es complicada y que necesita firmeza para resolverla… (Sin embargo), no necesitamos una dictadura militar para evitar la zozobra, el pueblo mismo puede y debe participar decididamente para evitar una guerra social’.

Se necesita una política pública que reincorpore a la juventud, que se ha unido a las pandillas, a las escuelas y a los centros de trabajo.   Política que consolidaría a la institución familiar y fortalecería a las comunidades y centros culturales.

Hay que estudiar cuáles son las fuerzas políticas que se encuentran detrás de las pandillas manipuladas por el crimen organizado. En el caso de El Salvador, plantean sus reivindicaciones y publican sus comunicados abiertamente en busca de legitimidad. La semana pasada circularon una declaración insólita pidiendo disculpas por la paralización del transporte público, pero explicando sus motivos:   ‘Los miembros de las pandillas MS y 18 le pedimos al pueblo salvadoreño, en general, nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados, a través de un paro de buses.   La MS y la M-18 piden al presidente salvadoreño vetar la ‘Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal’.

Las pandillas del crimen organizado convocan al diálogo y le pide ‘al Gobierno que vete la ley de proscripción… lo invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia’, indica el comunicado. Quintanilla concluye ‘que estos grupos son fuertes y si no se les presta la debida atención pueden crear más terror’. Señala con acierto que ‘no son leyes de mano dura o súper mano dura las que pueden resolver el problema. Debe revisarse las causas que hicieron posible la aparición de estas organizaciones y proponer alternativas de solución’.

Al igual que en Panamá, las causas que permiten la aparición de estas organizaciones criminales son las políticas públicas equivocadas que ejecutan los gobiernos de turno que desintegran las instituciones básicas de la sociedad. Estas políticas de flexibilización del trabajo y de ‘apertura’ a inversiones de capital ‘sucio’ se hacen cada vez más peligrosas al ser subordinados los gobiernos por los intereses del crimen organizado.

<>Artículo publicado el 16 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes  damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.