Los Rotarios y los valores éticos

La opinión del Abogado…..

Enrique M. Illueca

La sociedad panameña está comprometida a promover la práctica de los valores éticos y morales, que es el objetivo fundamental y creó la Comisión de Valores del Club Rotario de Panamá, en coincidencia con el criterio del Teórico de la Nacionalidad Panameña, don Justo Arosemena, quien afirmaba que “lo que nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la falta de moralidad pública”.

Lógicamente la moral pública exige de parte de gobernantes y gobernados, en aras de un buen gobierno, el cumplimiento de deberes morales que tienen como motivos o sanciones, aquellos definidos por la Conciencia y el Honor. La Conciencia que nos produce la Reprobación de las malas acciones y el Honor que nos hace sentir el efecto denigrante de la Reprobación.

Los valores éticos y morales que predominan en la práctica de los adultos son determinados por los conceptos de la Conciencia y el Honor. Muchos seres humanos se abstienen de delinquir, no tanto porque quieran evitar el castigo de la ley, sino para escapar a la desaprobación moral de sus semejantes. Sin entrar a la distinción entre los principios del Derecho, la Moral y la Religión, es evidente que la reacción moral contra la conducta inmoral mantiene sus efectos al reflejarse en las vitrinas de la Conciencia y del Honor.

A raíz del Centenario de Rotary en 2005, el primer club de servicio del mundo, no podemos dejar de reconocer que nuestro país está constituido por una sociedad configurada por aportes de distintos grupos humanos, con una cultura que hemos sido capaces de crear como descendientes de indígenas, negros y europeos; advirtiendo Carlos Fuentes que la participación europea comprende la presencia ibérica que incluye la presencia mediterránea, romana, hebrea, griega y árabe.

Con base en nuestros antecedentes históricos, cabe señalar que la manera panameña de pertenecer a la cultura occidental es una manera panameña de estar en el mundo y una manera del mundo de estar en Panamá. Creo que a aquellos antepasados, a aquellos panameños y panameñas que nos precedieron y que en muchos sentidos nos superaron moralmente, las actuales y futuras generaciones pueden rendirle tributo a través de la conformación –individual y socialmente– de una ética del porvenir, una ética de lo que está aún por hacerse, una ética de lo que debemos hacer. Si esa ética estuviera ausente entre nuestros gobernantes y gobernados, tendríamos que pagar un precio que equivaldría a hipotecar el futuro de nuestros sucesores, de los integrantes de nuestras generaciones venideras.

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Este artículo se publicó el  3  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Estaciones navales, la Constitución y el régimen de Neutralidad

La opinión del Abogado….

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Enrique M. Illueca

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Estaciones navales, la Constitución y el régimen de Neutralidad


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El anuncio hecho el 27 de septiembre en la prensa local por el Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, indicando que para antes del 30 de octubre se firmará un acuerdo de Cooperación Internacional para establecer Estaciones Navales, en Bahía Piña en la Provincia del Darién y en Punta Coca en la provincia de Veraguas, plantea problemas políticos, jurídicos y constitucionales, que no pueden ignorarse.

Es oportuno mencionar en aras de la secuencia lógica, que el Presidente Ricardo Martinelli, en su Discurso de Toma de Posesión, el 1ero. de julio del presente año, declaró textualmente ante la Asamblea Nacional “ Vamos a ser un socio activo con México y Colombia en la batalla contra los narcoterroristas. Cabe destacar así mismo que el Presidente Martinelli, en su Discurso de Estado en el debate general de la 64 Asamblea General de las Naciones Unidas del mes pasado, declaró solemnemente en Nueva York: “Nos hemos convertido en un socio activo de México y Colombia en la batalla contra los Narcoterroristas”.

Agregó el Presidente Martinelli que “junto con el Presidente Uribe y el Presidente Calderón, pactamos reforzar los lazos de cooperación para que Panamá sea un agente activo de inteligencia”. Este pacto del Presidente Martinelli con los Presidentes Uribe y Calderón de Colombia y México, cuyo texto desconocemos, sirvió de plataforma para que el diario “La Jornada” de México publicase el 28 de septiembre que “Panamá forma parte del Plan Mérida”, el cual fue promovido por Washington, como un “plan internacional de seguridad”, en contra de las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas y armas.    Estos países a los cuales se suma los Estados Unidos, obviamente incluyen elementos de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, cuyas acciones tienen manifiesta incidencia en la soberanía nacional de Panamá y en sus potestades jurisdiccionales en el ámbito territorial marítimo y del espacio aéreo en toda la extensión de la República.

Todo lo anterior resalta la necesidad de que se cumpla con el mandato constitucional de someter a la aprobación de la Asamblea Nacional todo convenio sobre el establecimiento de las Estaciones Navales de Bahía Piña y de Punta Coca al tenor de lo preceptuado en el Artículo 179 numeral 9 y en el Artículo 153 numeral 3 de la Constitución Política de la República. Mientras no se cumpla con este requerimiento las Estaciones Navales adolecerán del vicio de inconstitucionalidad con la consiguiente responsabilidad de sus autores.

Por otra parte las Estaciones Navales contravienen el Régimen de Neutralidad de la República de Panamá, establecido en el Artículo V del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, que es parte integrante a los Tratados Torrijos- Carter firmados en Washington el 7 de septiembre de 1977, que en lo pertinente estatuye que “…sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.
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Publicado el 12 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Urge reabrir el caso CEMIS

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Urge reabrir el caso CEMIS

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Enrique M. Illueca- Abogado

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La Fundación Panameña de Etica y Civismo, mediante nota dirigida a la Procuradora General de la Nación de fecha 7 de julio de 2009 y un Comunicado a la Nación de la misma fecha, persiste en su preocupación de salvaguardar el honor nacional mediante la acción penal contra los autores del bochornoso escándalo del CEMIS que explotó el 16 de enero de 2002 cuando el Legislador Carlos Afú desde una televisora local denunció que cierto número de legisladores, entre los cuales se encontraba el mismo Afú, habían recibido un soborno de 6 mil dólares a cambio de su voto para la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, por medio del cual se desarrollaría el Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), en Colón.

Los legisladores implicados al decir de Carlos Afú no recibirían únicamente 6 mil dólares, sino que como beneficiarios de este delictuoso soborno “se les iba a dar (en total) 20 mil dólares a cada uno por el voto afirmativo del CEMIS”.

Por virtud de tecnicismos legales inaceptables que resultan incomprensibles para la ciudadanía, las investigaciones y tramitación del caso CEMIS no han prosperado sin que se haya producido la requerida vigorosa acción penal del Ministerio público, cuya máxima figura es la Honorable Procuradora General de la Nación, Lic. Ana Matilde Gómez Ruiloba.

Panamá no puede ni debe marginarse del esfuerzo concertado de naciones del hemisferio para asegurarse de que quien ha cometido actos de corrupción desde el poder político, sea juzgado y castigado por sus repudiables actos como se señala singularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, que pasó a ser en nuestro país la Ley 42 de 1998, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción abierta a la firma en la ciudad mexicana de Mérida el 9 de diciembre de 2003.

En estas Convenciones se adoptaron líneas de acción conforme a las cuales Panamá, al igual que los Estados de la región, se comprometió a negar acogida tanto a los funcionarios corruptos como a los que los corrompen.

El Estado panameño por tanto, no puede sustraerse del fomento de una cultura de rechazo de la corrupción ni de aliento a la impunidad, lo cual no armonizaría con la línea trazada recientemente por el Presidente de la República Ricardo Martinelli.

La reapertura del caso CEMIS está plenamente autorizada por las potestades de que está revestida ampliamente la Honorable Procuradora General de la Nación por los Artículos 217 incisos 4 y 219 inciso 1 de la Constitución Política vigente.

En apoyo de la reapertura por la cual abogamos, baste invocar el Catecismo Moral de Don Justo Arosemena, el teórico de la nacionalidad, quien decía que “lo que nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad es la falta de moral pública” y que para combatir la inmoralidad potencial de gobernantes y legisladores formuló su histórico Catecismo de moral, en que destaca que las sanciones o motivos de los deberes morales son la conciencia y el honor, al tiempo que señalaba Don Justo que “el prevaricato de un legislador lo hace detestable y es el más grave de sus actos porque menoscaba la conciencia y el honor de la nación”.

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Publicado el 13 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.