El presupuesto nacional, ¿por qué y para qué se formula?

La opinión de…

Eduardo Linares 

Como concepto general, el Presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo para el país e igualmente servir de control del gasto público. No debe aceptarse la idea de que se trata de una lista de buenas ideas, con el cálculo aproximado de cuanto cuesta llevarlas a la realidad.

Debe estar sustentado por planes y programas realistas con objetivos claros y metas alcanzables, a la par de los instrumentos de medición de la efectividad de estas; es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el responsable de exigir que cada institución, al sustentar su presupuesto, las proporcione. A la Asamblea Nacional le corresponde darle seguimiento para asegurar que se cumplan.

Sin analizar a fondo la factibilidad de alcanzar los ingresos suficientes para un presupuesto de $13 mil millones en 2011, pareciera que el Gobierno se ha convertido en un gigantesco agente de bienes raíces ofreciendo en venta terrenos nacionales, rellenos u oficinas por construir. Concentrémonos en comentar sus posibles gastos e inversiones.

Sin la debida planificación, se puede predecir un mayor caos en la ciudad de Panamá por el posible ensanche del Corredor Sur y el relleno frente a Atlapa, por la ciudad gubernamental, por las mejoras en el barrio de Curundú, el nuevo palacio de convenciones frente a Barraza, la Torre Financiera, los trabajos del metro, y la continuación de los actuales proyectos privados. Todo simultáneamente, y la lista no se agota.

En los sectores Salud y Educación, fundamentales para el progreso y desarrollo, se continúa con la contratación de hospitales, cambios a la ley de medicamentos y transformaciones curriculares, todas criticadas por deficiencias de fondo y la forma de presentarlas.

Pareciera que el ímpetu empresarial del actual gobierno –no criticable en su totalidad– los impulsa hasta el ofrecimiento de cambiar leyes, como la de la minería, para hacer más fácil la inversión de países y gobiernos extranjeros en el sector. Esto en contraposición con la baja capacidad para supervisar su buen manejo, con solo 12 inspectores para todo el país (tres geólogos incluidos) y 181 solicitudes mineras metálicas pendientes de aprobación. Se estima que el territorio dedicado a la minería podría llegar al 40 %, cifra alarmante.

Mientras esto ocurre, se estima que hay una reducción de 100 mil hectáreas del territorio nacional (34%) que se dedicaba a la siembra de alimentos. La autosuficiencia en arroz no existe; en siete años se pierden aproximadamente 2 mil hectáreas en la siembra de café, plátanos, ají, yuca, ñame etc. Por otra parte, el consumo de alimentos aumentó en 30%, ambas situaciones en los últimos 15 años. ¿Encontraremos en este presupuesto medidas para corregir lo antes señalado?

A pesar de los impuestos que pagan, las autorizaciones para abrir nuevos casinos (varios en Colón) solo aumentarían la pobreza y la delincuencia que rodea tradicionalmente estas inversiones, de escaso control.

Planes como la utilización de las acciones que posee el Estado en 10 empresas mixtas (Edemet Edechi, Cable & Wireless) y otras, con valor estimado entre $1.7 millón y $2.4 mil millones como figura para obtener fondos y capitalizar un fondo soberano para apalancar el futuro plan de inversiones de $13 mil millones en los próximos cuatro años, provienen de una mentalidad netamente empresarial.

¿Cuál es la gran diferencia entre manejar dineros públicos o privados? De los públicos siempre hay que rendir cuentas a todos los ciudadanos y contar con su anuencia para el gasto. De los privados, solo a los accionistas y dueños.

Las inversiones sin ganancia monetaria, como la buena salud, la educación, una mejor calidad y rebaja en el costo de la vida, y la reducción de la pobreza tienen que ser el propósito fundamental de un presupuesto público.

Esta es la ganancia del Estado. Aceptar que se maneje con el principal objetivo de ganar dinero equivale a “privatizarlo”, como la caja registradora de una empresa.

<>Artículo publicado el 8  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Compra de corredores: ¿un negocio para quién?

La opinión de…

Eduardo Linares 

La respuesta a la pregunta aparece poco a poco.   Primero señalaríamos a ICA y a PYCSA.   Después, dejamos a la imaginación e ingenio de los panameños identificar a los otros beneficiados.    ¿Serán los ciudadanos que usan, los corredores diariamente; los que no los usan pero ven como consuelo o debo decir “caramelo”, el que ya los mexicanos no se van a llevar la plata día a día -ahora se la llevan toda junta-; los que transitaremos gratis dentro de 10 años o más; o será alguien no mencionado?

Con este tercer esquema de financiamiento propuesto por el ministro Vallarino, una suma global de $1.070 millones, pareciera que se da por hecho que ya se han dado las explicaciones suficientemente amplias y claras de cómo se llegó a la cifra de compra.

Evidentemente no es así.   Aún la esperamos.   Los montos tentativos, de $200 millones a venderse en bonos en la bolsa de valores; $350 millones en deuda de PYCSA; $250 millones en bonos comprados por la Caja de Seguro Social; y $170 millones comprados por el Fondo Fiduciario hacen un total de $970 millones que sumados a los $100 millones que abonará el Estado como capital completan la propuesta de creación de Empresa Nacional de Autopistas S.A., (ENA), el 100% de sus acciones propiedad del Estado.

¿Habrá suficiente interés en el mercado para comprar bonos de una empresa que nace con una deuda de $9.70 por cada dólar invertido? Es decir, la deuda sería más de 9 veces del capital que se tiene para responder en caso de un fracaso financiero. ¿Sería razonable para la junta directiva de la Caja de Seguro Social aprobar una inversión con este nivel de riesgo en una empresa privada nueva, sin grado de inversión; hacer lo mismo con el Fondo Fiduciario (el ahorro nacional) frente al ejemplo de la reciente debacle en los Estados Unidos y Europa que afecta al mundo; podrá ENA garantizar la inversión y el pago de los intereses de los bonos?

Es lógico pensar que si se compran los corredores deben mejorarse las vías alternas. Esto implica nuevos puentes vehiculares, ensanche de las actuales vías, el Metro bus, y el metro, disminuyendo el total de usuarios del corredor. ¿Cómo afectarían estas obras el retorno y la seguridad de la inversión? La cautela de los inversionistas es lo usual y aconsejable, a partir de los ejemplos de Argentina a principios del año 2000, con su declaratoria de no poder pagar el principal ni los intereses de los bonos y préstamos que tenía como nación. Más recientemente Grecia, presenta la misma situación. ¿Es que ya contamos con la vacuna o un seguro contra posibles desastres financieros?

La posibilidad de ampliar el Corredor Sur y extender el Corredor Norte hasta la 24 de Diciembre requiere financiamiento. Se propone rellenar frente a Atlapa entre 60 y 100 hectáreas y nos informan un estimado de ganancia de $285 millones como fuente de fondos. Con estas cifras, estimamos que el costo del relleno sería de $965 millones. Es curioso ver cómo se planea una inversión de este nivel sin ningún beneficio social aparente ni inmediato, frente a las urgentes necesidades de inversión en la seguridad del país incluido el Órgano Judicial; en el combate contra la pobreza y la pobreza extrema; la desnutrición infantil y otras necesidades.

Confío en que cada día más panameños se percaten de los inconvenientes de esta transacción, lo manifiesten y se unan al llamado de que no se convierta en una de las promesas de campaña “imperdonables”, evitando así un mal negocio para el país.

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Este artículo se publicó el 11 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Compra de corredores ¿buen negocio para quién?

La opinión de…

Eduardo Linares

En días pasados, la prensa escrita informó acerca del acuerdo firmado para la compra del Corredor Sur, entre el Gobierno e ICA, por 420 millones de dólares. Igualmente, que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, mantendría una reunión con los representantes de Pycsa (Corredor Norte) para firmar un memorando de entendimiento para comprar el 100% de las acciones por 650 millones.

El financiamiento de estas dos operaciones está aparentemente estructurado con recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y del programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ambicioso plan de inversiones en una infraestructura que tiene, en el caso de ICA, 14 años de vida, y en el caso de Pycsa, 16 años transcurridos desde la firma de los respectivos contratos. Ambas concesiones se otorgaron por 30 años, lo que significa que ya transcurrió la mitad de su vida contractual y prácticamente lo mismo en su vida útil, que es lo que se estima para el pavimento de concreto.

Cualquier lector, medianamente enterado de los temas legales y contractuales, no escapará el hecho de que los contratos con estas dos empresas, en varias de sus cláusulas, fueron lo que podría calificarse de “leoninos” para el Estado panameño; ICA y Pycsa, los leones.

Por ejemplo, la auditoría revela que las tasas de descuento o cantidad aplicable a la amortización de la suma invertida es de 12.5%, en el caso de Pycsa, y de 12%, en el caso de ICA; estas harían prácticamente imposible la recuperación de la inversión en el plazo estipulado, ya que equivale a aplicar aproximadamente 16 y 18 centavos de cada dólar recuperado a la fecha.

Igualmente, el informe reveló otros desbalances en contra del Estado, tales como ambigüedad en la redacción, lo que abre margen para interpretaciones en contra del Estado; falta de cumplimiento en la construcción de los tramos acordados; deficiencias en el diseño y mantenimiento de las vías y, por supuesto, embotellamientos y lenta circulación en entradas y salidas.

El mismo informe señala que los montos recuperados, a la fecha, son de 180 millones para ICA, y 197 millones para Pycsa, estimados hasta el año 2009. Entonces, si un contrato firmado entre dos partes, resulta en el tiempo, el práctico abuso de poder de una de las partes (los concesionarios), lo lógico debería ser denunciar el contrato y pedir su resolución, por resultar oneroso para nuestros intereses.

Si, también, la auditoría comprueba que del total de 306 millones acordados originalmente como monto recuperable de la inversión de ICA, queda un saldo de 126 millones de dólares por recuperar, y para Pycsa de la cantidad original, ahora ajustada a los tramos efectivamente construidos por 307 millones, queda un saldo de 110 millones, no se explica la propuesta de comprar los corredores al precio que han acordado.

Nos preguntamos, ¿cuáles son las “terribles” consecuencias legales que tendría para Panamá rescindir los contratos por incumplimiento y por resultar onerosos para los intereses del país? ¿Debe comprometerse la salud financiera de la Caja de Seguro Social invirtiendo en un negocio netamente comercial no contemplado por su ley orgánica?; ¿cómo se explica que de los saldos por recuperar, 126 millones para ICA, se acuerde pagar 420 millones; y a Pycsa, por 110 millones, se acceda a pagar, por el 51% de las acciones, 280 millones? ¿Cómo entender que el Presidente en su discurso ante la Asamblea citó las cifras arriba mencionadas y posteriormente el viceministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia, informe que el precio acordado con Pycsa es de 650 millones?

Señor Presidente, con tantos millones en juego, este panameño y muchos más que opinan igual, piden que ésta sea una de las promesa de campaña, que no tiene que cumplir.

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Este artículo se publicó el 24 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

En espera de respuestas

La opinión de….

Eduardo Linares B.    

Los ciudadanos panameños y los extranjeros que habitamos en este país, nos merecemos respuesta a nuestras inquietudes. No tiene sentido alguno, ignorar los cuestionamientos hechos de buena fe a los funcionarios públicos. Cuando esto sucede, se deja margen a la imaginación.  Enterarme por un artículo publicado por The Government of Commonwealth of Dominica en el cual se transcribe, en inglés, la presentación que hizo el 29 de marzo 2010 el primer ministro y ministro de Finanzas de Dominica, Roosevelt Skerrit, en una reunión del Parlamento, no pudo menos que sorprenderme.   En esa presentación se informa de las acciones tomadas por los gobiernos de la Unión de Monedas del Este Caribeño (ECCU), por sus siglas en inglés, para enfrentar la crisis financiera de la British American Insurance Company y subsidiarias.

El primer ministro reconoce que la British American y otras subsidiarias de su afiliada con responsabilidad limitada, y base en Trinidad, la C.L. Financial, son, todas, compañías privadas.   Sin embargo, debido a la significativa exposición a riesgos colaterales, se hace imperativo que los gobiernos de la ECCU adopten medidas conjuntas, para enfrentar este reto financiero y para atenderlo, se designó un subcomité ministerial compuesto por Ralph Gonsalves, primer ministro de St. Vincent y las Granadinas, quien lo preside; Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica; Denzil Douglas, primer ministro de St. Kitts y Nevis, y Nazim Burke, ministro de Granada.   El comité cuenta con el apoyo de un grupo técnico en seguros y ha estado trabajando “diligentemente por varios meses”.

Se informó, igualmente, que a finales de julio y principios de agosto 2009, los organismos reguladores de la ECCU y de Bahamas, decidieron intervenir las operaciones de British American, y solicitar a las diferentes cortes judiciales, que designaran interventores.

El pasado mes de noviembre de 2009 el presidente del comité, Gonzalves, coordinaba una estrategia que incluía establecer una nueva compañía que se hiciera cargo de las obligaciones con los asegurados; que asegurara que el caso de British American no se convertiría en un riesgo que pudiera contagiar a otros sectores financieros; protección, en forma más práctica y extensa, de los intereses de los depositantes en renta vitalicia e inversionistas varios; mantener abiertas las puertas de British en una forma a ser determinada y que se elaborara una solución a nivel regional.

Qué alejados de todo lo anterior han estado el ministro Henríquez y el viceministro Quijano.   Con sus respuestas y decisiones de solicitar la quiebra de la empresa, ni siquiera están a la altura del peor administrador de empresas que pudiera existir en Panamá.   ¿Es que acaso no conocían que todo lo anterior se estaba llevando a cabo en el Caribe?   ¿Le informaron al Presidente de la República que en el Caribe se accionaba desde agosto 2009 para salvar a los miles de posibles afectados?    ¿O, por el contrario, le dijeron que aquí en Panamá no existía otra posibilidad que la quiebra?    ¿Le explicaron al (Ejecutivo) cómo y por qué salieron los 10 millones en bonos del Tesoro Nacional, que dejaron a la British sin sustento económico y garantía para operar?

Si miramos 20 años atrás, durante los días posteriores a la invasión, después del saqueo generalizado al comercio y la industria, recordaremos que sin la imaginación y determinación de la empresa privada, y del presidente actual, en esos tiempos uno de los empresarios afectados, no hubiera podido recuperarse el nivel económico tan rápidamente como se hizo. ¿Qué hacemos, ahora, señores ministros? ¿Rendirnos y llorar?

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Este artículo se publico el 28 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Preguntas y más preguntas en torno a caso British American

La opinión de….

Eduardo Linares

Pareciera que, como dice la canción, la vida te da sorpresas. Pero la diferencia estriba fundamentalmente en que si hay algo o alguien que pueda evitar que estas sean desagradables, entonces que lo haga.   La quiebra nunca es una buena alternativa, por lo que la primera pregunta sería: ¿era esta la única o la última alternativa, para el Gobierno Nacional, antes de solicitarla para la British American?

Me parece que no. El ministro Henríquez y el viceministro Quijano, con amplia experiencia en el sector privado, debieron ser más creativos, especialmente ahora que participan en el sector público, y buscar otra solución que no fuera castigar a 10 mil abonados, con la proyección de que por cada uno puede existir dos o más afectados por esta decisión, lo que sumaría entre 20 mil y 30 mil afectados en total.

Los primeros afectados, en forma automática, son los trabajadores de la empresa; pierden su fuente de ingresos, contraviniendo el discurso gubernamental expresado de crear más empleos.

Antes, mucho antes, de pensar en un estado de quiebra, existen alternativas como bajar precios, aumentar las ventas, rebajar gastos, vender activos, aumentar los cobros, renegociar las deudas, refinanciar los préstamos, buscar nuevos préstamos para capital de trabajo, buscar compradores para la empresa.

¿Se consideraron todas estas alternativas? ¿Se exploraron, se buscaron otras?

¿Se pensó que muchas de las personas que serían afectadas con tamaña decisión –en mi opinión apresurada– no tienen cómo obtener otro seguro a los costos actuales que tienen con British American y que muchos no serán asegurados por otras compañías por razón de la edad?

¿Se pensó que los que tienen un plan de ahorros o renta vitalicia por varios años van a perder todo ese ahorro previsto para su jubilación?

Para los que enfrentan esta situación, la planificación de un futuro seguro se ha convertido en incertidumbre.

Si bien la transferencia –no muy claramente explicada– de 10 millones de dólares deja sin sustento económico para servir de garantía a las obligaciones de la aseguradora, con la intervención desde finales del año 2009 se aseguraba que el resto de los activos y el efectivo en caja no iban a ser transferidos a ninguna otra parte.

Debo repetir, al solicitar una quiebra para un negocio que tiene más de 40 años de operar en Panamá y con cobros de 200 mil dólares por semana, según se informó, hizo falta creatividad y voluntad para que el Estado panameño, representado por el Gobierno a través del Ministerio de Comercio, asegurara mediante una carta de garantía del Banco Nacional, o por medio de otra forma aceptable, el funcionamiento de la British American hasta permitir que regresara a los niveles exigidos para seguir operando

Solamente tenemos que recordar las recientes malas experiencias de Banco Disa y Banaico, casos en los que solamente perdieron su dinero los confiados depositantes.

Esto en contraposición a lo sucedido en Estados Unidos y Europa, donde los gobiernos salieron a garantizar y a intervenir instituciones para evitar que los depositantes perdieran sus ahorros e inversiones.

¿Habrán considerado el ministro y viceministro de Comercio que la confianza en la industria del seguro está siendo seriamente afectada con una decisión como ésta? Aún tienen el recurso de reconsiderar y rectificar lo que han hecho, “sacando la pata” como lo aconseja el Presidente.  Rectificar es de sabios, insistir en el error es inaceptable en las actuales circunstancias.

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Este artículo se publicó el 17 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.