¿Es realmente necesario el nuevo Código Minero?

La opinión del Ingeniero …

Eduardo A. Esquivel R. 

Recientemente escuche en un programa de televisión al ministro Roberto Henríquez,  llamado por los ambientalistas “El Ministro Minero”, por causas obvias, explicar y defender con entusiasmo exagerado, el nuevo Código Minero, y tras la enclenque exposición, no me quedan dudas de que este es totalmente innecesario .

Desde luego que los burdos “señuelos” de esta Ley, para convencer a los ambientalistas y el pueblo en general son los aumentos en las regalías que recibe el estado, y los aspectos ambientales específicos en la minería.  Pero para esto no es necesaria una ley especial.  La Ley General del Ambiente es clara en que la ANAM puede regular por decreto todos los aspectos ambientales de la minería. Asimismo el Ministerio de Economía y finanzas puede regular las regalías de las mineras, como lo ha hecho anteriormente.

Es por esto falso que si no se aprueba el nuevo código minero, las mineras que actualmente tienen concesiones con el Estado, seguirán pagando lo mismo o perjudicando el medio ambiente, como alega el ministro Henríquez. Bastaría un par de decretos ejecutivos para arreglar este asunto.

De hecho el proyecto de Código Minero de marras, trata blandamente los aspectos ambientales y de las regalías que deben pagar las mineras. Cómo es posible que una empresa minera pague el 4% del oro extraído (o que dice que extrajo), cuando en otros países deben pagar hasta el 25% o más.   Cómo es posible que las empresas mineras contaminen y destruyan ecosistemas, y perjudiquen la salud de ciudadanos, y se burlen de las autoridades a través de tretas legales.   La flamante Ley de Delitos Ecológicos no se ha aplicado una sola vez en casos relacionados con la minería, a pesar de que existen muchos y con abundantes evidencias.

La verdadera finalidad del Código Minero, como dijo un medio recientemente, es “Permitir obtener concesiones a personas jurídicas en las que participen financieramente otros países”. Esto tiene un tufillo a inconstitucionalidad.

Si esto sigue así, en pocos años todas las empresas importantes de Panamá y gran parte del territorio nacional estarán en manos de extranjeros. Esta política económica malinchista puede que beneficie a algunos, para los que no tiene significado la soberanía, la identidad nacional o nuestra cultura. Es el “Himno Nacional” de las cajas registradoras de los neo-fariseos que nos acosan ahora. Hasta que el pueblo lo permita.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El presupuesto nacional, ¿por qué y para qué se formula?

La opinión de…

Eduardo Linares 

Como concepto general, el Presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo para el país e igualmente servir de control del gasto público. No debe aceptarse la idea de que se trata de una lista de buenas ideas, con el cálculo aproximado de cuanto cuesta llevarlas a la realidad.

Debe estar sustentado por planes y programas realistas con objetivos claros y metas alcanzables, a la par de los instrumentos de medición de la efectividad de estas; es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el responsable de exigir que cada institución, al sustentar su presupuesto, las proporcione. A la Asamblea Nacional le corresponde darle seguimiento para asegurar que se cumplan.

Sin analizar a fondo la factibilidad de alcanzar los ingresos suficientes para un presupuesto de $13 mil millones en 2011, pareciera que el Gobierno se ha convertido en un gigantesco agente de bienes raíces ofreciendo en venta terrenos nacionales, rellenos u oficinas por construir. Concentrémonos en comentar sus posibles gastos e inversiones.

Sin la debida planificación, se puede predecir un mayor caos en la ciudad de Panamá por el posible ensanche del Corredor Sur y el relleno frente a Atlapa, por la ciudad gubernamental, por las mejoras en el barrio de Curundú, el nuevo palacio de convenciones frente a Barraza, la Torre Financiera, los trabajos del metro, y la continuación de los actuales proyectos privados. Todo simultáneamente, y la lista no se agota.

En los sectores Salud y Educación, fundamentales para el progreso y desarrollo, se continúa con la contratación de hospitales, cambios a la ley de medicamentos y transformaciones curriculares, todas criticadas por deficiencias de fondo y la forma de presentarlas.

Pareciera que el ímpetu empresarial del actual gobierno –no criticable en su totalidad– los impulsa hasta el ofrecimiento de cambiar leyes, como la de la minería, para hacer más fácil la inversión de países y gobiernos extranjeros en el sector. Esto en contraposición con la baja capacidad para supervisar su buen manejo, con solo 12 inspectores para todo el país (tres geólogos incluidos) y 181 solicitudes mineras metálicas pendientes de aprobación. Se estima que el territorio dedicado a la minería podría llegar al 40 %, cifra alarmante.

Mientras esto ocurre, se estima que hay una reducción de 100 mil hectáreas del territorio nacional (34%) que se dedicaba a la siembra de alimentos. La autosuficiencia en arroz no existe; en siete años se pierden aproximadamente 2 mil hectáreas en la siembra de café, plátanos, ají, yuca, ñame etc. Por otra parte, el consumo de alimentos aumentó en 30%, ambas situaciones en los últimos 15 años. ¿Encontraremos en este presupuesto medidas para corregir lo antes señalado?

A pesar de los impuestos que pagan, las autorizaciones para abrir nuevos casinos (varios en Colón) solo aumentarían la pobreza y la delincuencia que rodea tradicionalmente estas inversiones, de escaso control.

Planes como la utilización de las acciones que posee el Estado en 10 empresas mixtas (Edemet Edechi, Cable & Wireless) y otras, con valor estimado entre $1.7 millón y $2.4 mil millones como figura para obtener fondos y capitalizar un fondo soberano para apalancar el futuro plan de inversiones de $13 mil millones en los próximos cuatro años, provienen de una mentalidad netamente empresarial.

¿Cuál es la gran diferencia entre manejar dineros públicos o privados? De los públicos siempre hay que rendir cuentas a todos los ciudadanos y contar con su anuencia para el gasto. De los privados, solo a los accionistas y dueños.

Las inversiones sin ganancia monetaria, como la buena salud, la educación, una mejor calidad y rebaja en el costo de la vida, y la reducción de la pobreza tienen que ser el propósito fundamental de un presupuesto público.

Esta es la ganancia del Estado. Aceptar que se maneje con el principal objetivo de ganar dinero equivale a “privatizarlo”, como la caja registradora de una empresa.

<>Artículo publicado el 8  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Esfuerzos de Panamá por salir de las listas discriminatorias

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.  A continuación presentamos el texto completo de este interesante artículo de opinión del Doctor en Derecho….

Hernán A. De León Batista

El Gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, mediante la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, ha establecido como estrategia y decisión política de Estado para salir de las listas discriminatorias que mantiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ser considerado Panamá una jurisdicción de baja imposición fiscal, el de suscribir por lo menos doce (12) Convenios para evitar la doble tributación internacional (CEDT); todo como consecuencia de que Panamá, mediante Carta de Compromiso de abril de 2002, se comprometió al intercambio de información con las autoridades tributarias de países de la OCDE.

En el aspecto de transparencia, se comprometió a que la Autoridad Tributaria tendría acceso a la información de los proveedores de servicios, a que dicha información indicaría los verdaderos propietarios de las personas jurídicas y que estas deberán llevar registros de sus operaciones. No obstante dicha Carta de Compromiso, desde el año 2002, sólo se modificó la legislación nacional para combatir el lavado de dinero sin que existiera convenio alguno de intercambio de información

Hasta el momento, Panamá ha negociado exitosamente diez (10) convenios con países como México, Italia, Bélgica, Barbados, Holanda, Qatar, España, Francia, Luxemburgo y Portugal, y de estos diez negociados, se han firmado dos: México (Ley 24 de 31 de marzo de 2010) y Barbados, la cual está en proceso de ratificación. En este mes de agosto, el equipo negociador de Panamá, liderado por el Viceministro de Economía, Frank De Lima, estarán negociando con Corea del Sur y Singapur, en septiembre con Irlanda y en octubre con República Checa, y para el 2011, se pretende iniciar negociaciones con Suiza, Canadá, Bulgaria, Hungría, Alemania y Gran Bretaña.

En total, Panamá ha realizado 47 acercamientos con otros países, a fin de negociar este tipo de convenios; pero esta negociación de convenios ha implicado una reforma al Código Fiscal a fin de armonizar nuestra legislación fiscal, incorporando a dicho texto codificado, mediante Ley 33 de 30 de junio de 2010, normas que regulan aspectos como: precios de transferencia; establecimiento permanente y Residencia Fiscal, de la cual muchas empresas contribuyentes ya deberían ir actualizándose en cuanto a este novedoso tema para Panamá.

Por otro lado, el MEF está creando la Unidad de Tributación Internacional, la cual se encargará de analizar y administrar los convenios para evitar la doble tributación que la República de Panamá suscriba, a fin de que los contribuyentes de los países o Estados contratantes con nuestro país, puedan acogerse a los beneficios que establecerán los mismos, así como la Unidad Técnica de Precios de Transferencia, la cual se encargará de fiscalizar que las empresas relacionadas o de un mismo grupo económico, realicen sus transacciones entre ellas bajo el principio de libre competencia en materia tributaria.

Como conclusión, todo este proceso ayudará a mejorar la imagen de la República de Panamá, como país cooperador en la lucha contra el fraude tributario internacional y el intercambio de información en materia tributaria, y de manera muy particular, que podamos salir de la lista gris de países considerados paraísos fiscales o jurisdicción de baja imposición fiscal. Igualmente, con todo este proceso habrá una repercusión positiva en la recaudación de tributos en general, el país y su economía serán más competitivos porque ayudará a la atracción de inversión extranjera y por ende, obtener una mejor calificación de inversión como país, tal como ya nos calificaron las tres empresas calificadoras más importantes como son Fitch, Moody´s y Standard & Poors, gracias a un arduo esfuerzo del Ministro Alberto Vallarino.

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.

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Este artículo se publicó el  21  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América y el 27 de agosto en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Indolencia

La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…

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Juan Jované

Mientras que en el mundo se habla sobre el posible fenómeno de la deflación y Dean Baker llama la atención de que el índice de precios al consumidor (IPC) en los Estados Unidos se ha visto reducido durante tres meses seguido,   en Panamá el proceso inflacionario sigue mostrando una notable vitalidad y persistencia.

Es así que, de acuerdo a estadísticas generadas por el INEC, el ritmo observado de inflación hasta el mes de junio significa que, de mantenerse el ritmo, el año terminará con un incremento de costo de vida equivalente al 4.2%, mientras que el índice de precios de los alimentos y bebidas lo hará en 5.7%.

El fenómeno del creciente costo de la canasta básica alimenticia también se refleja en las estadísticas del MEF, de acuerdo a las que el costo total de dicha canasta se habría incrementado entre diciembre del año pasado y junio del presente en 8.50 balboas, lo que representa un aumento de 3.2% en sólo seis meses.

De continuar esta tendencia en diciembre se tendrá que su costo superará en cerca de 17.34 balboas al observado al inicio del año.

Estos resultados y perspectivas no sólo muestran el incumplimiento del compromiso de campaña del actual gobierno de “garantizar la seguridad alimentaria de todos lo panameños”.   Descubren, además, que la argumentación esgrimida por los voceros oficiales, quienes han argumentado que el alza de precios de los alimentos se debe casi exclusivamente al entorno internacional, es simplemente errada.  En efecto, si se toma como referencia el índice internacional de los precios de los alimentos que es calculado por la FAO se puede observar que durante el mismo período de referencia este se ha visto reducido en cerca de 6.0%, cifra que contrasta con el aumento de 3.2% en la canasta básica alimenticia del MEF.

Se trata, de acuerdo a esto, de una diferencia de 9.2 puntos porcentuales que claman por una explicación.   Si se tiene en cuenta el alto grado de apertura de la economía panameña y su dependencia de las importaciones de alimentos, se tiene que concluir que una buena parte del incremento del costo de la canasta básica alimenticia, como ya hemos adelantado en otras ocasiones, tiene como origen la persistente especulación que existe a nivel del comercio de los bienes alimenticios.

Es claro, además, que el actual gobierno, que ha sido incapaz de reconocer el origen del problema, no cuenta con la voluntad política de enfrentar este problema,  el cual precisaría de una intervención seria del Estado con el fin de detener el creciente impacto negativo que sobre el nivel de vida de los panameños y panameñas tiene la inclemente especulación.

Se trata de un gobierno centrado en promover la acumulación por desposesión y apuntalar el modelo concentrante y excluyente de la economía, que resulta en consecuencia indolente frente al problema del alto costo de los alimentos.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Corredores, funcionarios y legalidad

La opinión del Economista y Docente Universitario…..

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Juan Jované

Siendo que la ley solo les otorga a los funcionarios públicos hacer lo que ella les permite, se esperaría de estos un conocimiento detallado de la misma, así como un apego estricto a su normativa, a fin de evitar las imposiciones autoritarias, así como las lesiones al patrimonio público.

Es teniendo esto en cuenta que resulta posible calificar de inconveniente la actitud tanto del Ministro de Economía y Finanzas como del Director General de la CSS frente al problema de la compra de los corredores.

Por lo que respecta al Director General resulta que este, de acuerdo a declaraciones recientes, simple y cándidamente toma como normal lo que califica como una invitación para que la CSS sea accionista de la Empresa Nacional de Autopista (ENA).

Cualquiera con un conocimiento mínimo de esta institución sabe que el artículo 108 de su Ley Orgánica establece que la misma podrá invertir “en títulos valores de renta fija, del mercado primario y/o secundario de empresa de capital nacional o internacional, debidamente registrados por la Comisión Nacional de Valores de Panamá, calificados con grado de inversión según lo haya determinado una entidad calificadora de riesgo, internacionalmente reconocida…”.

Se trata de una norma que, con el fin de proteger los fondos de la CSS contra riesgos excesivos, evita que esta adquiera acciones corrientes. Más aún, en caso de tratarse de bonos la norma establece, además del grado de inversión, que la CSS no podría poseer más allá del 5% de la deuda total la empresa que los emite.

Por tanto, ni se pueden comprar acciones de ENA ni bonos de la misma, los cuales están lejos de tener grado de calificación.

No menos sorprendente son las declaraciones del señor ministro, ya que al referirse a la posibilidad de que la CSS participe legalmente con el financiamiento de hasta un 25% en proyectos de inversiones públicas destinadas al desarrollo económico, olvida que el artículo 106 de la Ley Orgánica de la CSS preceptúa claramente que esta inversión debe estar “garantizadas por el Estado”.

De ser esto cierto, entonces las declaraciones del señor Presidente de la República en el sentido de que esta transacción no significa un incremento de la deuda pública serían radicalmente falsas.

¿Quién esta equivocado el ministro o el presidente? Más aún, desde el punto de vista estrictamente macroeconómico adquirir un activo ya existente, como lo son los corredores, no es estrictamente una inversión, ya que esta, como aclara el clásico texto de Samuelson, se refiere a la construcción de nuevas plantas y equipo, la construcción de nuevas residencias y al incremento de los inventarios.

Más allá de la necesidad de aclarar los problemas legales de la propuesta gubernamental, las autoridades deberían sentirse obligadas a explicar a la población quienes son los actuales tenedores de los bonos y las acciones de las empresas que al presente operan los corredores, quienes se verán notablemente beneficiados con la transacción propuesta.

Esto es sin duda un requisito a ser atendido en nombre de la mayor transparencia posible.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las implicaciones del grado de inversión

La opinión del Doctor en Derecho…..

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Hernán A. De León Batista

La histórica noticia de que Panamá consiguió el pasado martes una añorada calificación de grado de inversión para su deuda, en que la agencia Fitch subió la calificación de la deuda de “BBB–” desde “BB+”, colocando nuestro pequeño país en un privilegiado club de la región que incluye a economías más grandes como Brasil, México y Chile, tal vez es poco entendible para la mayoría de las personas que tienen poco conocimiento en cuanto al aspecto económico. Considero oportuno hacer una síntesis del significado que tiene la obtención de un grado de inversión.

Es importante señalar, primero, que el grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las agencias calificadoras de riesgo crediticio como son Fitch Ratings, Standard & Poors y Moody’s, que dan diferentes grados calificadores a la deuda gubernamental, la libertad de prensa y la distribución de la renta, obteniendo un promedio. Las agencias de crédito, también conocidas como agencias de rating, dividen a los países del mundo en dos grandes grupos: los que poseen grado especulativo y los que poseen grado de inversión.

Dentro de cada uno de estos dos grupos se presentan las “notas” atribuidas. En el caso de las agencias Fitch y Standard & Poor’s, la nota más baja posible es D, que la sitúan, obviamente, en el grupo especulativo. Después de eso, en orden ascendente, las notas son C, CC, CCC–, CCC, CCC+, b, B, B+, BB–, BB y BB+. La nota más baja posible del grado de inversión es la nota BBB–, seguida de BBB, BBB+, de A+, del AA–, del AA, de AA+ y del AAA, destacándose en esta última países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Francia, España, Austria, Suecia y Dinamarca.

En cambio, países como Grecia y Portugal enfrentan actualmente el riesgo de recortes a sus calificaciones de deuda por sus costosos déficits fiscales.   El año pasado dos agencias recortaron la calificación de México por la parálisis política que mantiene a su economía débil mientras su producción petrolera, fuente de ingresos clave del Gobierno, va en declive;    pero Panamá, a pesar de haber sido gobernada por dictaduras militares, mantuvo en línea su deuda en los años recientes.

Como ejemplo, la deuda de Panamá como porcentaje del producto interno bruto (PIB) cayó al 45% en 2009 desde el 71% en 2004, y en cuanto a la tasa de crecimiento, Panamá registró un promedio del 8% entre los años 2000 y 2009, siendo el mayor ritmo en Latinoamérica.

Según la agencia Fitch, la mejora en la calificación de Panamá refleja la superación continua de las finanzas públicas, rematada por las recientes reformas fiscales, y la resistencia de la economía ante la crisis financiera global y la recesión que le acompañó. De ahí que con esta mejora en la calificación probablemente genere mayor inversión en Panamá.

Tal como lo manifestó el presidente Martinelli en su momento, esto era uno de sus objetivos y prioridades, que se ha impulsado exitosamente con dos reformas fiscales, sin dejar de lado la importancia del trabajo que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas al negociar convenios y tratados internacionales para evitar la doble tributación, conforme exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como el trabajo del Ministerio de Comercio e Industrias en la negociación de tratados de libre comercio.

No cabe duda de que conseguir el grado de inversión implica para Panamá, tal como lo mencionó el ministro Alberto Vallarino, un menor costo de financiamiento tanto para el Gobierno como para la empresa privada, una mayor base de inversionistas que no podían invertir en el país por no contar esta calificación; y un mayor desarrollo y confianza en el sistema bancario panameño, que ha sido calificado injustamente por algunos países como paraíso fiscal.

Esperamos que este grado de inversión para Panamá llegue prontamente a los más necesitados porque, pese al crecimiento económico del país, son muchos los hogares que todavía no les alcanza para cubrir las necesidades básicas.

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Este artículo se publicó  el  26 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Calificadoras, poder y ética

La opinión del Economista, Docente Universitario y Político…

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Juan Jované

Si algo caracteriza al proceso de formulación de la política económica y financiera del actual gobierno es su falta de transparencia.   Esta se expresa en toda su crudeza en la total falta de discusión pública en torno a la estrategia nacional de desarrollo y, sobre todo, en relación a la anunciada reforma tributaria. Frente a esta realidad resulta necesario dejar en evidencia cuales son los elementos del poder económico que se mueven como factores dominantes en la determinación de la política económica.

Entre esos factores de se destacan las llamadas empresas calificadoras de riesgo, las cuales a decir de uno de los viceministros del Ministros de Economía y Finanzas merecen el esfuerzo de que estén debidamente informados de los planes de gobierno, mientras que uno de los socios de la firma Indesa argumenta que le “gusta la influencia positiva que puede tener la opinión de las calificadoras sobre nuestros gobernantes”. Aquí surge una importante pregunta: ¿quiénes son estas calificadoras?

Estas empresas, pese al aprecio del gobierno y los asesores financieros locales, no gozan en estos momentos de una buena reputación a nivel internacional.  La causa de esto es que estas han sido señaladas como uno de los principales responsables de la reciente crisis financiera internacional, debido a que las mismas otorgaron, de manera irresponsable, el grado de inversión a los exóticos derivados financieros que contenían las llamadas hipotecas chatarras. Esto demostró no solo que las mismas utilizaron sistemáticamente métodos inadecuados para su evaluaciones.

Demostró además que estas, en un acto carente de toda ética, otorgaron altas calificaciones a lo que ahora se conoce como la basura tóxica financiera con el fin de asegurarse sus propias ganancias, gracias a un sistema en el que los que emitían dicho documentos, no quienes los compraban, eran los que les pagaban por el servicio de calificación.   Se trata de lo que técnicamente se conoce como incentivos perversos y riesgo moral, pero que se puede describir mejor con las palabras de Lord Robert Skildesky en el sentido de que todo esto es síntoma de una sociedad en que el dinero ha sustituido al honor.

Desde el punto de vista de nuestro país se debe destacar que la preocupación con la influencia de las calificadoras sobre la política económica del gobierno no solo surge de los problemas de carácter ético antes señalados. A esto se suma el hecho de que a las calificadoras no les preocupan los intereses nacionales en si.  Su única preocupación es calificar, como lo declaró recientemente un funcionario local de una de las calificadoras, la capacidad del gobierno de pagar la deuda. Estamos, pues, frente a un proceso de formulación de la política económica profundamente antidemocrático, orientado por intereses distintos a los nacionales e influenciado por elementos de poder cuya integridad ética esta hoy en día en tela de juicio.

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Publicado el 12 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.