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La opinión de…

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Arón Benzadón Cohen –

Tomé el nombre de la película La tormenta perfecta, protagonizada por George Clooney en la que se dan una serie de circunstancias atmosféricas que producen una tormenta monstruosa que arrasa con todo, incluyendo a los actores. Hago la analogía porque estamos conjugando en nuestro país una serie de condiciones, sobre todo sanitarias, que nos está haciendo sumamente vulnerables a gravísimos problemas de salud pública.

En primer lugar, tenemos el problema crónico de la basura con la acumulación de la misma, la falta de áreas designadas para su ubicación, la creación de minivertederos en cada barriada con la proliferación de gusanos, ratas, mosquitos y demás alimañas.

En este aspecto los municipios de la capital y San Miguelito han hecho gala de ineptitud y desidia hasta la saciedad. A partir del tres de enero con la estrenada Autoridad de Aseo y con más de 80 millones de balboas de presupuesto se debe acometer una estrategia integral, incluyendo ubicación de sitios de recolección, recipientes de tamaño adecuado, recolección regular y lo que se han olvidado todos, el reciclaje, tan importante para bajar el tonelaje de basura.

En segundo lugar tenemos el grave problema del agua, ocasionado por factores climáticos y agravados por la falta de mantenimiento adecuado, así como equipos imprescindibles para la potabilización.

Estoy convencido de que la cantidad brutal de lodo vertido a los ríos y fuentes de agua tiene relación directa, entre otras cosas, con la deforestación y la tala indiscriminada que permite que la tierra sea literalmente barrida por las lluvias. Además no veo que el Idaan tenga los equipos, el personal técnico en cantidad y calidad adecuados ni los recursos económicos que requiere urgentemente para resolver este problema a corto plazo.

Estuve en Puerto Rico hace unas semanas, donde tuve la oportunidad de hablar con una alta funcionaria del servicio de aguas de Puerto Rico. Siendo su población actual de 4 millones de habitantes, un poco más que en Panamá, tienen un presupuesto de 20 millones de dólares anuales solo para asegurarse del mantenimiento de sus fuentes y de la calidad del agua que toman. ¿Cuánto tenemos en Panamá para lo mismo?

El impacto de esta carencia lo estamos viendo a diario en la vida de todos los panameños, afectando la ingesta de agua potable y el aseo personal, además del daño a la industria, los comercios, los restaurantes, hoteles y todo el entorno turístico. ¿Me pregunto qué turista querrá venir a Panamá, si no puede bañarse ni jalar la cadena del inodoro?

Los fenómenos climatológicos están modificándose haciendo los fenómenos atmosféricos cada vez más cambiantes y severos. Lo peor de todo es que los pronósticos son que van a seguir así o se va a poner peor, ya que todos contribuimos al deterioro del medio ambiente.

Si a la basura y a la falta de agua le agregamos otro ingrediente como pudiera ser el cólera, no tan distante como creemos, viendo que en Haití han muerto más de 3 mil 600 personas y en República Dominicana se han reportado 152 casos, tendríamos la epidemia perfecta. ¡No dejemos que ocurra!

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más sobre las ‘islas de la codicia’

La opinión de….

Arón Benzadón Cohen

A diferencia de las tres islas artificiales que el gobierno metropolitano de Seúl, Corea, tiene previsto inaugurar este año, la abominable venta del fondo del mar que está permitiendo la creación de islas artificiales en la bahía de Panamá no respetó la ecología ni el hecho de que el fondo de mar no puede ser privatizado, porque pertenece a todos los panameños.   Las islas del proyecto coreano, impulsado por el gobierno metropolitano de Seúl, en el río Han serán ecológicas, flotarán en el río y albergarán instalaciones para promover actividades culturales y deportivas que redunden en beneficio de toda la población.

Las islas de la codicia que emprenden algunos panameños, con el contubernio de gobernantes presentes y pasados, servirán solamente para que pelechen unos cuantos; los promotores y los que recibirán las coimas por aprobar esa patraña, como hemos visto recientemente con otros proyectos.

¡Ahora le toca al pueblo! Le toca que la ya infestada bahía continúe creciendo en excremento y desechos que serán más difíciles de limpiar. Quienes hagan la inversión, también tendrán que conformarse con la contaminación, los pestilentes olores y el paupérrimo acceso terrestre a través de Punta Pacífica.

Queriendo comprender el asunto, he investigado sobre este chanchullo legalizado por el Gobierno. Por un lado, no puedo comprender que se haya aceptado la sustentación de las islas sobre la base de un estudio de impacto ambiental obsoleto y que no fue sometido a la consulta ciudadana en un proyecto con tantas implicaciones como este, lo que agrega trazos de ilegalidad al asunto.

Por el otro, tampoco puedo entender cómo la Corte Suprema de Justicia pudo llegar a la conclusión de que se podían construir las islas aduciendo, entre otros, el argumento de la seguridad jurídica.

La decisión desafortunada, por decir lo menos, de la Corte Suprema de Justicia sobre una demanda de inconstitucionalidad contra párrafos o renglones de algunas cláusulas del contrato No. 70–96 entre el ministerio de Obras Públicas e ICA Panamá,  condenó a los panameños a deponer sus derechos de tener una mejor ciudad, entregándola al mejor postor o sea, al que la pueda pagar.

El artículo 258 de la Constitución Nacional dice que pertenecen al Estado y son de uso público y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: el espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial. ¿Cómo puede la Corte, que debe ser suprema y de justicia también, propiciar la privatización del lecho del mar? ¿Cómo es que los magistrados no evalúen las implicaciones que sus fallos pueden tener a futuro? ¿Por qué tres magistrados, por diversas razones de peso, salvaron su voto?

Veo con suma preocupación que en este país nos estamos acostumbrando a que las leyes se tuerzan para beneficiar a unos cuantos sinvergüenzas y a que algunos magistrados de la Corte se presten para que todas estas bribonadas se consoliden, sino vean lo que pasa en el Casco Viejo.

Todo esto me hace comprender un poco mejor por qué la justicia en nuestro país anda a pie y la criminalidad en autos de lujo. ¿Qué le tocará al pueblo ahora? Seguir mirando todo lo que pasa pasivamente desde sus casas y apartamentos cercados de hierros, porque el pueblo no tiene seguridad física, ni mucho menos jurídica. ¿Este es el cambio tan pregonado?

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Publicado  el   13  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Tragedias por resolver

La opinión de….

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Arón Benzadón Cohen
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Tragedias por resolver

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El mes de octubre evoca momentos trágicos en nuestro querido Panamá.  El 12 de octubre se cumplen tres años del fatídico momento en que los laboratorios del Centro de Control de Drogas (CDC) de Atlanta nos confirmaron que el dietilene glycol en forma de jarabe para la tos era responsable de la epidemia de parálisis muscular e insuficiencia renal que sufríamos pacientes y familiares.

Ese 23 de octubre del mismo año, se produjo la tragedia del bus 8B-06 con 18 víctimas fatales y muchos lesionados con cicatrices físicas y psíquicas imborrables, como consecuencia de la irresponsabilidad de transportistas y gobernantes por partes iguales.

Con relación al accidente del bus 8B-06 y más recientemente el de Las Garzas de Pacora, el Gobierno ha realizado un tímido intento de regular algunos aspectos del transporte colectivo, sin éxito.

Debemos exigir, como sociedad, que los buses y camiones cuenten con los “gobernadores”; que se cancelen las licencias de todos los que han ocasionado muertes por negligencia al volante y que la responsabilidad penal por estos homicidios sea compartida por el conductor y el dueño del vehículo, de tal forma que el dueño comience a preocuparse de quién va a manejar su vehículo.

Aplaudimos las primeras acciones de la arquitecta Sandra Escorcia al frente de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), aunque el gusto nos duró poco, sucumbiendo ante la maleantería de algunos transportistas y a las presiones políticas que presumo, forzaron su renuncia.

Con relación al dietilene glycol, las investigaciones han sido un relajo. Inicialmente, el expediente lo llevó el fiscal Dimas Guevara, quien recopiló testimonios, pruebas, análisis de medicina legal y resultados de necropsias. De forma inexplicable, en julio del año pasado, se envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, donde fue engavetado por más de un año. Ahora lo vuelven a enviar al fiscal Guevara, habiéndose perdido tiempo precioso para el desarrollo de más investigaciones pertinentes.

Del conteo inicial de 189 pacientes afectados ahora se reportan más de mil 150, luego de que el Ministerio Público ha analizado 19 cajas de frascos del jarabe y todavía faltan 129 cajas más por analizar. El hecho es que el análisis se hace a los frascos y no a los pacientes, por lo que a estas alturas es imposible determinar que quienes recibieron esta prescripción hayan tomado el medicamento, si los que lo tomaron, desarrollaron la enfermedad o si como buen panameño le dio el medicamento a un amigo o un vecino.

Será prácticamente imposible estimar a cuántos llegará el total de afectados y al ritmo que van las investigaciones, podemos esperar el resultado final del análisis de los frascos en el año 2029.

Pero hay un hecho que se ha descuidado soberanamente: ¿Dónde están los responsables por esta fechoría? ¿Qué se ha adelantado en las investigaciones? ¡Pues no lo sabemos!

Hasta ahora solo hay un preso, mientras los otros responsables, incluidos los de la Caja de Seguro Social y de la Dirección de Farmacias y Drogas en las diferentes administraciones involucradas, siguen impunes y los pacientes afectados que aún sobreviven, continúan mendigando atención médica oportuna, medicamentos adecuados y un trato justo y humano.

Contrasta la rápida y generosa respuesta del Gobierno a los familiares de los fallecidos en un reciente accidente de helicóptero.

Me temo que jamás tendremos una aproximación real del número de ciudadanos afectados por el dietilene glycol. Muchos habrán muerto en sus casas sin haber obtenido atención médica y un diagnóstico que caracterizara el envenenamiento; otros tal vez no presentaron síntomas o los tuvieron muy leves; no faltarán también los deshonestos que en el afán del “juega vivo” que tanto nos denigra, tratarán de ser incluidos entre las víctimas, aunque nunca hayan tomado el jarabe.

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Publicado el 9 de octubre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de….

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Arón Benzadón Cohen

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Medicina oportuna y racional

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La salud es un derecho de todos los ciudadanos plasmado en la Constitución, sin discriminar si son asegurados o no. Por esto, parece claro que debe ser el Ministerio de Salud (Minsa) el rector de que este mandato constitucional se cumpla.

En 1941 se creó el régimen de Seguridad Social con la finalidad de ofrecer prestaciones, inicialmente por jubilación, posteriormente por salud y luego otros beneficios conexos, para aquellos trabajadores cotizantes que al final de su vida laboral y habiendo cumplido con ciertos requisitos como edad, número de cuotas y otros, podrían acogerse a este beneficio. Todo parecía ir bien, hasta la década de 1970 con el régimen militar y el Sistema Integrado de Salud. Desde entonces, la carga ha sido muy pesada.

Actualmente, la Caja de Seguro Social (CSS) recibe aportaciones de 913 mil cotizantes y atiende a un millón 600 mil beneficiarios aproximadamente. Es obvio que las cuentas no salen.

Pero además, el Minsa, durante muchas administraciones, ha desatendido su papel de rector de la salud de los panameños y, cómodamente, se ha recostado en la CSS como proveedora de la atención médica a esa porción importante de la población.

Hasta la pasada reforma, la situación de la CSS tenía una fórmula segura para el descalabro a corto plazo. Hoy, según algunos análisis, la situación está menos mal, pero todavía no se ha resuelto el problema fundamental. Como resultado, tenemos una institución que tanto financiera como administrativamente se quedó en el tiempo. Lo que es peor, ha habido un desarrollo desigual para el recurso humano (médico y paramédico), la inversión en equipos y medicamentos efectivos y oportunos, centros de salud funcionales y educación en salud.

El sistema actual, desafortunadamente, tiende a propiciar la desaparición del médico general, que está llamado a ser el proveedor de la atención primaria familiar y que debería tener un segmento de la población, incluyendo hombres, mujeres y niños, bajo su responsabilidad, conocerlos, saber quiénes son, su historial médico y darles seguimiento. A este médico le toca controlar el sobrepeso, aplicar las vacunas en adultos y niños, llevar el control ginecológico, ordenar papanicolaos, mamografías y exámenes de próstata; en fin, repito, conocer a sus pacientes. Pretender esto hoy es una quimera.

La mayoría de los pacientes, sin conocimientos de medicina, esperan que un especialista los atienda, hasta para tratar un resfriado. Si le duele la espalda, quiere ver a un ortopeda; si tiene una herida en la cabeza desea a un neurocirujano o a un cirujano plástico; si tiene dolores de cabeza, demanda a un neurólogo. El gran problema es que no hay suficientes especialistas para atender a toda esta población que además tiene demandas injustificadas desde el punto de vista médico. La situación se complica, porque el especialista se ocupa en asuntos que le previenen de atender oportunamente los casos que verdaderamente requieren su atención.

Los resultados son nefastos: demora en otorgar las citas o pacientes abarrotando los cuartos de urgencias.

Urge racionalizar la atención de salud por niveles, donde el médico general tenga las funciones que le son propias y que le han sido arrebatadas. Donde los especialistas, en un segundo nivel de especialidades básicas, tales como medicina interna y familiar, gineco-obstetricia, cirugía, pediatría y psiquiatría, puedan resolver lo que el generalista no puede hacer. Con un tercer nivel de subespecialistas que debería poder atender a todos los pacientes referidos de forma rápida, oportuna y eficaz.

Mientras el Minsa y la CSS no unifiquen sus esfuerzos financiera, administrativa y funcionalmente, ni todo el dinero del mundo nos podrá proveer un mejor sistema de atención y la población seguirá sufriendo.

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Publicado el 18 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las islas de la codicia

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Las islas de la codicia
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Arón Benzadón Cohen
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ICA y algunos poderosos empresarios panameños (PEP) no son los primeros en querer construir islas de la nada. Muchos otros se les adelantaron. Tal vez los más famosos son los árabes de Dubai, quienes en 2001 iniciaron el proyecto The Palm por la friolera de 1,200 millones de dólares, con grandes repercusiones ambientales, ya que solo la primera etapa del proyecto, amenaza acabar la vida marina alterando las corrientes, erosionando playas y el fondo del mar, y convirtiendo el azul marino en un desierto cubierto por una gruesa capa de lodo.

Proporciones guardadas, imagino un panorama similar con la construcción de las islas artificiales en Punta Pacífica, a escasos 150 metros de la costa. Ya se escuchan las voces airadas de ambientalistas. Hay cuestionamientos legales, así como sanitarios, relacionados con el saneamiento de la bahía de Panamá.

Parece que este proyecto inmobiliario fue avalado en 1996 por un contrato con el Estado para diseñar, construir, mantener y explotar el “corredor sur”, una autopista de peaje presupuestada en 222 millones de dólares, que finalmente costó casi 300 millones de dólares. La empresa mexicana, que estimó la recuperación de su inversión en 30 años, obtuvo, además, el derecho a rellenar como concesión para su venta, 35 hectáreas de fondo marino en la bahía de Panamá y 29.5 hectáreas en tierra firme, en áreas asignadas por el Estado.

Si la venta prevista de las islas se completa al precio base anunciado de entre 2,500 y 5,000 balboas el metro cuadrado, ICA podría obtener, solo por esta transacción, 463 millones de dólares. Según noticias de ACAN–EFE, la venta empezó en mayo de 2008, a 2,700 balboas el metro cuadrado.

Contra este mamotreto de islas se han manifestado instituciones de la seriedad de Alianza Pro Ciudad que catalogó al proyecto como exabrupto. Igual arremetió el urbanista Álvaro Uribe, quien consideró un abuso la enajenación del mar y las costas, que son bienes públicos, para realizar un plan de rentabilidad privada exclusivo del cual, agrego yo, se benefician unos pocos y nos perjudicamos todos.

Es gratificante la decisión actual de auditar los corredores norte y sur y determinar las ganancias de las empresas involucradas.

No me extrañaría que entre el Corredor Sur y los rellenos de Punta Pacífica, ICA ya hubiera recobrado su inversión con ganancias. Amanecerá y veremos las cifras.

También se cuestiona la legalidad de los procedimientos desarrollados para su implementación: no hubo consulta ciudadana y el estudio de impacto ambiental, con más de 10 años, además de obsoleto, podría estar viciado. Como si esto no fuera suficiente, el Tribunal Centroamericano del Agua en el año 2000 condenó a las autoridades panameñas por “haber permitido y seguir permitiendo la construcción de infraestructura que, tal como el Corredor Sur y Punta Pacífica, contribuirían a seguir convirtiendo la bahía de Panamá en un pantano de lodo fecal”; además, recomendó “ordenar una revisión técnica independiente y exhaustiva del Plan Maestro para el Saneamiento de la Bahía”.

Este planteamiento va de la mano con las declaraciones del Dr. Stanley Heckadon Moreno, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, quien analizó la influencia de las corrientes marinas en proyectos aparentemente desligados, pero interrelacionados por el movimiento de las mareas, tales como la calzada de Amador, los rellenos del Club de Yates y Pesca y del hotel Miramar y las islas en proyecto de construcción, pues “estas actividades de construcción que aparentan estar desconectadas, obedecen a un plan de privatización que terminará por destruir la bahía de Panamá”, manifestó.

De continuar así, podríamos tener la bahía de Panamá convertida en una enorme cloaca repleta de excremento a pesar del proyecto millonario de saneamiento.

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Publicado el 16 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

! Fuera los maleantes !

¡ FUERA LOS MALEANTES !
Arón Benzadón Cohen

Alejemos a los bandidos, malhechores, delincuentes y malandrines de la cosa pública. El próximo 3 de mayo tendremos la oportunidad de adecentar el país, seleccionando bien al próximo Presidente y con él al Órgano Ejecutivo, y también a quienes van a integrar el Órgano Legislativo. De esta manera, dos de los tres poderes del Estado estarán garantizados con los mejores y más decentes.

Durante muchos años, y a lo largo de varios gobiernos, hemos sido testigos de actos de corrupción, deshonestidad y tráfico de influencias políticas para lograr prebendas y ventajas que usualmente se traducen en miles o millones de balboas para el grupúsculo beneficiado y en pérdidas para la Nación, que en su mayoría está conformada por ciudadanos que no solo no nos movemos en ese inframundo, sino que además repudiamos su existencia.

Los ciudadanos decentes, que somos mayoría en este país, necesitamos dejar la pasividad y hablar alto y claro para decirle a los políticos que no seremos sus cómplices, que no jugaremos con ellos en el equipo de la corrupción, que sus malas acciones tendrán consecuencias y que nosotros trabajaremos juntos para adecentar este país.

Quimera o ilusión dirán algunos; soñando con pajaritos preñaos, dirán otros. Ni lo uno, ni lo otro. Yo creo que nuestro pueblo tiene la convicción, el potencial intelectual y la fortaleza para sostener la democracia que tanto nos costó recuperar. Pero para hacerlo, necesitamos el concurso de la mayoría. Necesitamos mayor participación y compromiso de las autoridades, particularmente de las judiciales, de los abogados, jueces, fiscales y magistrados, quienes juraron defender la ley y la justicia. No es posible que estén dejando al pueblo desamparado y a merced de maleantes, que no solo están acabando con nuestra seguridad sino también con el futuro de nuestro país.

El 3 de mayo los panameños tendremos la oportunidad de tomar las riendas del país y delegar la conducción de la Patria en quienes pensamos tienen las mejores credenciales para hacerlo. Ahora mismo el país está inundado con la propaganda política, con promesas de campaña y fotos retocadas que ofrecen al elector ingenuo una imagen fresca y hasta distinguida, tras la cual se esconden delitos serios. En estos pocos días antes de las elecciones, necesitamos mirar con sentido crítico a los candidatos, examinar sus trayectorias como ciudadanos y funcionarios y hacer nuestra elección de forma madura y racional, poniendo primero los intereses de Panamá.

Amigo lector, medita sobre el tiempo que algunos diputados y representantes vienen pelechando del trabajo honrado tuyo (y mío); evalúa lo que han hecho por el país y en tu comunidad; considera también a cuántos de sus parientes han colocado en puestos públicos en descarado nepotismo; recuerda las acusaciones por corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento injustificado, agresión y otros hechos deshonestos. ¿Quieres eso durante los próximos cinco años? Si no lo quieres, entonces ponlos a trabajar. ¡No le des tu voto! El Panamá que queremos demanda decisiones inteligentes el 3 de mayo. Necesitamos un gobierno que trabaje para el pueblo, no para sus compinches, copartidarios y familiares. Queremos un gobierno que sume a los mejores por el bien del país. No queremos maleantes en puestos públicos.

Artículo publicado el 25 de abril de 2009 en el diario La Prensa de Panamá