Tragedias por resolver

La opinión de….

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Arón Benzadón Cohen
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Tragedias por resolver

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El mes de octubre evoca momentos trágicos en nuestro querido Panamá.  El 12 de octubre se cumplen tres años del fatídico momento en que los laboratorios del Centro de Control de Drogas (CDC) de Atlanta nos confirmaron que el dietilene glycol en forma de jarabe para la tos era responsable de la epidemia de parálisis muscular e insuficiencia renal que sufríamos pacientes y familiares.

Ese 23 de octubre del mismo año, se produjo la tragedia del bus 8B-06 con 18 víctimas fatales y muchos lesionados con cicatrices físicas y psíquicas imborrables, como consecuencia de la irresponsabilidad de transportistas y gobernantes por partes iguales.

Con relación al accidente del bus 8B-06 y más recientemente el de Las Garzas de Pacora, el Gobierno ha realizado un tímido intento de regular algunos aspectos del transporte colectivo, sin éxito.

Debemos exigir, como sociedad, que los buses y camiones cuenten con los “gobernadores”; que se cancelen las licencias de todos los que han ocasionado muertes por negligencia al volante y que la responsabilidad penal por estos homicidios sea compartida por el conductor y el dueño del vehículo, de tal forma que el dueño comience a preocuparse de quién va a manejar su vehículo.

Aplaudimos las primeras acciones de la arquitecta Sandra Escorcia al frente de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), aunque el gusto nos duró poco, sucumbiendo ante la maleantería de algunos transportistas y a las presiones políticas que presumo, forzaron su renuncia.

Con relación al dietilene glycol, las investigaciones han sido un relajo. Inicialmente, el expediente lo llevó el fiscal Dimas Guevara, quien recopiló testimonios, pruebas, análisis de medicina legal y resultados de necropsias. De forma inexplicable, en julio del año pasado, se envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, donde fue engavetado por más de un año. Ahora lo vuelven a enviar al fiscal Guevara, habiéndose perdido tiempo precioso para el desarrollo de más investigaciones pertinentes.

Del conteo inicial de 189 pacientes afectados ahora se reportan más de mil 150, luego de que el Ministerio Público ha analizado 19 cajas de frascos del jarabe y todavía faltan 129 cajas más por analizar. El hecho es que el análisis se hace a los frascos y no a los pacientes, por lo que a estas alturas es imposible determinar que quienes recibieron esta prescripción hayan tomado el medicamento, si los que lo tomaron, desarrollaron la enfermedad o si como buen panameño le dio el medicamento a un amigo o un vecino.

Será prácticamente imposible estimar a cuántos llegará el total de afectados y al ritmo que van las investigaciones, podemos esperar el resultado final del análisis de los frascos en el año 2029.

Pero hay un hecho que se ha descuidado soberanamente: ¿Dónde están los responsables por esta fechoría? ¿Qué se ha adelantado en las investigaciones? ¡Pues no lo sabemos!

Hasta ahora solo hay un preso, mientras los otros responsables, incluidos los de la Caja de Seguro Social y de la Dirección de Farmacias y Drogas en las diferentes administraciones involucradas, siguen impunes y los pacientes afectados que aún sobreviven, continúan mendigando atención médica oportuna, medicamentos adecuados y un trato justo y humano.

Contrasta la rápida y generosa respuesta del Gobierno a los familiares de los fallecidos en un reciente accidente de helicóptero.

Me temo que jamás tendremos una aproximación real del número de ciudadanos afectados por el dietilene glycol. Muchos habrán muerto en sus casas sin haber obtenido atención médica y un diagnóstico que caracterizara el envenenamiento; otros tal vez no presentaron síntomas o los tuvieron muy leves; no faltarán también los deshonestos que en el afán del “juega vivo” que tanto nos denigra, tratarán de ser incluidos entre las víctimas, aunque nunca hayan tomado el jarabe.

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Publicado el 9 de octubre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.