Lo que desconozco importa más

La opinión de…..

PATRIZIA PINZÓN

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Lo que desconozco importa más

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“Asamblea Nacional: Fortaleciendo el futuro de Panamá”.   Ese es el eslogan que aparece en la página web de nuestra Asamblea. Y, sin embargo, en la página no hay información relevante.   No existe un sitio en donde fácilmente se pueda verificar en qué anda cada diputado.

Falta un resumen estadístico que muestre sus ausencias, en qué causas ha votado, en qué causas no, qué ha propuesto. Nada.  ¿Transparencia? Me hace dudar, cuando me entero por los medios que la Asamblea aprobó una ley de limitación a acceso de información que cubre aspectos importantísimos, como las denuncias y procesos contra los magistrados de la Corte Suprema, contra el Presidente mismo; resoluciones de la Comisión de Ética (¿es ético esto?), pero aún más peligroso: las propuestas a las modificaciones de ley, actas o informes de las comisiones permanentes.

No sé ustedes, pero yo le temo a lo que no sé.   ¿Qué pasa si esas modificaciones de ley van en contra del pueblo?   ¿Qué pasa si mañana deciden en un madrugonazo una ley absurda?  No me digan que en este país nunca se ha hecho… y que nunca se va a repetir.

Si bien a los periodistas muchas veces se les pasa la mano, también es cierto que han puesto al descubierto más de una “maniobra” y más de un caso de corrupción. Es increíble que en este siglo aún se esté debatiendo si la información debe o no ser pública. El panameño no es un niño de pecho, es un ciudadano responsable que debe y merece saber lo que está pasando yactuar como corresponde. Y si corresponde salir a la calle y protestar, es nuestro derecho. Eso es democracia.

El gobierno del presidente Martinelli ha hecho en 100 días más que ninguno, y muchos cambios han sido positivos.   Pero la Asamblea, con esta ley destroza con los pies lo que se ha hecho con las manos.   Y lo ha hecho sin importar que los organismos internacionales los observen y que esta decisión afecte la estabilidad política y la inversión foránea de la cual dependemos.

Aún estamos a tiempo para corregir este error garrafal. No nos convirtamos en otra Venezuela.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Cuestión de nacionalidad

La opinión del comunicador social…..
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ERNESTO A. HOLDER
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Cuestión de nacionalidad

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El pasado viernes 16 de octubre se llevó a cabo la conferencia: “Interpretando 500 años de historia panameña” en el marco de las actividades del Centro Latino del Smithsonian en la ciudad de Washington D.C.

El evento contó con excelentes presentaciones de historiadores, tales como Alfredo Castillero Calvo, quien disertó sobre “La visión histórica del pasado colonial panameño”; Aims McGuiness, quien habló sobre “La fiebre del oro de California y la nueva historia de Panamá”; y Juliee Green, quien expuso sobre “Los constructores olvidados del Canal de Panamá, 1903 – 1915”.

Una pregunta del público para el Dr. Castillero Calvo lo convidó a definir la verdadera nacionalidad panameña. Palabras más palabras menos, el Dr. Castillero Calvo sentenció tácitamente que no se atrevía a definir una nacionalidad panameña. Señaló que su pensar como historiador era que nuestra nacionalidad, en el marco de lo que había expuesto sobre la interpretación de los 500 años de historia colonial, aún estaba desarrollándose (tomando en cuenta nuestra especial condición histórica de ruta de tránsito y la influencia de varias culturas y períodos emigratorios).   No he utilizado comillas porque no son citas exactas. La respuesta creo que sirvió para que más de cuatro en la sala reflexionaran sobre aspectos determinantes del camino andado.

Nuestro país experimenta, en este inicio del milenio, un crecimiento que muchos no logran comprender y nuevamente grupos de otras nacionalidades han decidido establecerse aquí por diversas razones.  La ciudad amplía desmesuradamente su infraestructura habitacional para acomodar la nueva emigración.

La historia de los grupos humanos que llegaron a constituir el conglomerado social que hoy habita esta franja de tierra que separa los dos grandes océanos, es, indudablemente, una historia de cada panameño. Esta estrecha parte del continente americano, se convirtió en paso obligado de miles y miles de personas, que por siglos y siglos, desde que Vasco Núñez de Balboa, en 1513 con la ayuda de los indígenas del área, dio a conocer la estrechez del paso.

Esta historia es de triunfo de la ruta que, hace apenas 100 años, volvió a ser el inicio de la historia de miles de hombres y mujeres de muchas naciones alrededor del mundo, quienes vinieron a Panamá para trabajar en la construcción y posterior operación del Canal.

Existen muchos caminos y cuentos sobre diferentes aspectos de la gente de nuestro país, pero todos juntos, de forma gradual, hemos contribuido con nuestros aportes para que esta historia sea fascinante y compleja.  Por ejemplo, la más reciente es la historia del Canal de Panamá; una historia humana, que por su calidad de humana, es una historia de voces disímiles; de procesos comunicacionales encontrados; dificultosos, tensos, truncados, detenidos, reactivados; buenos y malos, negativos y positivos que de alguna manera encontraron la forma de hacer de esta hazaña, de la convivencia en esta tierra, un triunfo de la humanidad.

A lo largo de la ruta del Canal surgió una comunidad compuesta principalmente por inmigrantes estadounidenses, quienes llegaron al Istmo de Panamá a inicios del siglo 20 para la construcción de la vía acuática. Ellos, también reclamaron como suyo la fascinación de la historia del Canal.

Estos grupos de emigrantes se sumaron a los cerca de 300 mil habitantes que constituían la población del Istmo para inicios del siglo XX. Y brindaron nuevos elementos culturales y étnicos, lo que matizó y continuó la interrelación de una amalgama de diversas culturas que inició 400 años antes, y que vinieron a constituir la población del Istmo de Panamá durante la mayor parte del siglo XX.

¿Cuál es nuestra verdadera nacionalidad?  El que ha vivido en Panamá, andado por sus calles, ido a sus colegios, probado la comida, oído y bailado nuestra música, dudaría dos veces en hacer esa pregunta.   Somos claramente un país multicultural, sin una nacionalidad definida.   Vestidos de pollera o de congos; escoltados por el dragón chino y con el aroma del incienso hindú.   Lo que nos toca hacer es luchar juntos contra las desigualdades, contra la discriminación racial y social.

Con este nuevo auge de inmigración que experimentamos, no olvidemos que históricamente, esa ha sido nuestra naturaleza como ruta obligada de tránsito. Aprendamos de las experiencias anteriores y seamos abiertos a lo mejor de las culturas inmigrantes, sus mejores contribuciones culturales y sociales que, seguramente, nos presentan con la mejor disposición y afán de integración y participación.
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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.


Los derechos posesorios y el contrasentido del gobierno

La opinión de…..

RAUL EDUARDO MOLINA

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Los derechos posesorios y el contrasentido del gobierno

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La posesión es definida por el Código Civil como “la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño” (Art. 415).   Esta definición tiene al menos 2 mil 300 años y deriva del Derecho Romano.

Aunque per se no es propiamente constitutiva de la propiedad, sí es la génesis de la misma y en el caso panameño, producto de la incompetente mora del Estado panameño en titular las tierras desde el inicio de la República, se ha constituido en la única forma en que muchos panameños han ejercido dominio sobre las tierras que han trabajado por años e incluso por generaciones.

Como muestra de la importancia de esta figura en nuestras leyes podemos mencionar solo algunas afirmaciones que hace la ley, como por ejemplo la posesión, siempre se presume de buena fe y a quien afirma que el poseedor de una cosa lo es de mala fe, le corresponde probar su afirmación (Art. 419 del Código Civil).

El poseedor tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo (Art. 434 Código Civil).    Quien es privado injustamente de su posesión tiene derecho a pedir que se le restituya la misma (Art. 607 del Código Civil) y si el despojo de la posesión lo hace una autoridad, ello en nada afecta los derechos del poseedor despojado que tiene derecho a recurrir ante los tribunales. (Art. 1361 del Código Judicial). La posesión se entiende constituida cuando existe al menos un año de dominio sobre el bien poseído (Art. 599 Código Civil).

Sin embargo, todas estas normas legales son desconocidas por la llamada “doctrina Colamarco” (por la administración de la Dirección de Catastro por parte de Benjamín Colamarco entre 2004–2005), que consiste en que “todo terreno no titulado pertenece al Estado” y se basa en una desatinada interpretación del artículo 257, numeral cuatro de la Constitución que señala que pertenecen al Estado “las tierras baldías”, como si el término baldío incluyera (que no lo hace) tierras legítimamente poseídas, pero no tituladas.

Aceptar como cierta la doctrina Colamarco, como parece hacerlo el Gobierno, implica el mayor despojo en la historia republicana, pues ello constituye una expropiación de hecho, sin juicio ni indemnización en violación del artículo 48 de la Constitución.

Pero nuestra Asamblea Nacional no solo ha adoptado la doctrina Colamarco, sino que la ha refinado considerablemente cuando en el proyecto de ley No. 71 modificado en primer debate, se afirma que “se reconoce la posesión de una persona natural o jurídica, que demuestre haber ejercido el dominio material con ánimo de dueño de una manera pacífica e ininterrumpida por mayor a cinco años sobre las tierras patrimoniales de la Nación”.

La afirmación anterior es incongruente, puesto que si las tierras a las que se refiere la norma, se afirma que son patrimoniales de la Nación, no puede a la vez, reconocerse posesión de terceros sobre las mismas.

Y un elemento adicional es que si reconoce la posesión sobre tierras que son patrimonio de la Nación, no puede a la vez pretenderse cobrar (como lo hace el proyecto) por vender dichas tierras, puesto que entonces corresponde al Estado probar que es dueño de esas tierras supuestamente patrimoniales de la nación, lo cual no se hace declarándolo en una ley, sino presentando las pruebas (certificado de Registro Público que acredite tal afirmación) en un juicio.

Pero además, de adoptarse la doctrina Colamarco, el Estado deberá pagarse impuesto de inmueble a sí mismo, pues dicho impuesto aplica sobre todos los terrenos ubicados en territorio nacional, tengan éstos o no título de propiedad inscrito en el Registro Público (Art. 763 del Código Fiscal).

Lo curioso de este galimatías jurídico provocado por la “administración del cambio” es que pretende justificar una expropiación masiva de tierras, sin juicio, ni indemnización, en violación de la Constitución, pese a que en su plan de gobierno prometió titular masiva y gratuitamente las tierras de los panameños que han ejercido en debida forma derechos posesorios sobre las mismas y no han podido titular sus tierras por la incompetente mora del Estado panameño en hacerlo.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

“No hay records: FBI”

La opinión de la periodista…..

Adelita Coriat

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“No hay records: FBI”

Esa fue la respuesta del FBI ante una consulta efectuada por esta servidora con el fin de esclarecer las incongruencias y faltas en la documentación presentada por Asesor Legal de la Embajada de EU en Panamá, David Wattley, quien actuó en representación de esta organización en las pesquisas de la muerte del inspector Franklin Brewster. La respuesta del FBI, es clara; en nuestros archivos centrales no reposa ningún record Franklin Brewster.

Supuestamente, el FBI realizo exámenes de laboratorio a las muestras forenses y la vestimenta del difunto.  Estos resultados fueron presentados a la fiscalía auxiliar vía fax, en copias simples, sin firma, supuestamente proceden del Laboratorio de Quántico, pero carecen de sellos que autentiquen su procedencia.   Papeles que no tienen valor alguno en nuestro procedimiento jurídico, pero que fueron aceptados sin ningún cuestionamiento por el fiscal auxiliar Luis Martínez en una investigación de alto perfil.

Aunado a esto, tres supuestos agentes del FBI efectuaron exámenes de poligrafía en un hotel de la localidad, prueba contraria a la ley, que debió realizarse dentro de una institución oficial. ¿Cuál era la función de traer al país poligrafistas extranjeros cuando contamos con el recurso humano para este propósito?  ¿Cómo existe un documento en el expediente, que dice proceder del FBI si en sus archivos no hay registro de sus originales?   ¿Quién realizó la cooperación internacional que solicitó la procuraduría al asesor legal de la embajada de Estados Unidos?

Las serias dudas sobre la autenticidad de los documentos y la credibilidad de los supuestos agentes del FBI exigen una explicación expedita de los oficiales de la embajada de EU en Panamá, así como de Luis Martínez, y la procuradora Ana Matilde Gómez, quienes hasta ahora no han querido dar cuenta de sus actos, que parecen encerrar algo más que una simple omisión.
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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América,
a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Por un Panamá digno

La opinión de…..

Edgardo Lasso Valdés

Por un Panamá digno

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Como panameño preocupado por tantos asuntos que perturban la convivencia pacífica en nuestro país, pretendo en este artículo de opinión dejar plasmados algunos que considero son de relativa fácil solución, si los funcionarios gubernamentales actuaran responsablemente en el cumplimiento de sus obligaciones públicas.

Por ser el transporte colectivo y selectivo un servicio público, le corresponde al Gobierno, a través de los funcionarios correspondientes, establecer las reglas generales que deben ser acatadas por todos y cada uno de los que pretendan dedicarse abrindar ese servicio.

Los conductores o “palancas”, como se distingue a quienes conducen los vehículos de transporte colectivo, deben ser remunerados por los dueños del vehículo utilizado en ese servicio, con derecho a servicios sociales, vacaciones, licencia por enfermedad, turnos máximos de ocho horas.

Se debe cancelar el cupo al vehículo de transporte selectivo y no tan selectivo, cuyo conductor no acepte llevar a los usuarios, con el pretexto de vías muy congestionadas.

En Panamá, donde a cada hora y lugar las vías están repletas de vehículos de toda clase y tamaño y donde el transporte colectivo es tan deficiente, no se puede permitir que a los responsables de la única opción para quienes no tienen un vehículo particular, se les permita decidir si aceptan o no a los usuarios obligados del servicio de taxi.

Los cupos para dedicarse al transporte de pasajeros los otorgan las autoridades correspondientes, por tanto, a quienes incumplan las condiciones y reglamentos no se les puede permitir seguir brindando un servicio ineficiente.

Desde hace varios años, circulan por el país toda clase de vehículos comerciales (taxis, buses colegiales, buses de transporte público y camiones desde medianos hasta de carga de contenedores) con dos placas; una comercial que anuncia la actividad de negocio a la que dedican el vehículo, la otra que para la mayoría de los ciudadanos se debe exhibir en la parte trasera del automóvil, indicando su uso particular; en el caso de los vehículos comerciales, no se sabe qué pretenden las autoridades que debe significar. ¿Un taxi comercial y privado a la vez? ¿Un bus, colegial, un camión, una mula; es decir, cualquier tipo de vehículo comercial se puede usar como negocio y a la vez privado? ¿No sería más práctico, eliminar la entrega de placas privadas a los vehículos comerciales, ahorrándose el Estado ese gasto innecesario?

Como dije al principio, estas son algunas cosas de fácil solución que contribuirían a la convivencia pacífica en nuestro país.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La internacionalización del caso de Honduras, el ALBA: vía la OEA

La opinión del Ex Vice Presidente de la República, Ex Presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, Político y Docente Universitario…

Ricardo Arias Calderón

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La internacionalización del caso de Honduras, el ALBA: vía la OEA

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Si alguna vez pudo dudarse de que el caso de Honduras había sido pensado por sus estrategas en oposición al concepto de democracia y de la economía social de mercado y específicamente en oposición a los Estados Unidos de América como mandamás imperial de todo el resto de los países especialmente latinoamericanos, el discurso del presidente Hugo Chávez Frías ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no deja ninguna incertidumbre sobre tal propósito.

En la creación del ALBA, acaecida el 14 de diciembre de 2004, sólo participaron Cuba y Venezuela.  En un quid pro quo, la primera ofrecía notoriedad internacional y continuidad a lo interno a cambio de dinero producto del petróleo y de ello lograba, además, la superación del aislamiento impuesto por los Estados Unidos.

En este proyecto se unió Bolivia y paulatinamente los demás países que hoy lo conforman, se formó un núcleo que basado en la fuerza que da la unión ha ido influenciando a otros Estados para propagar sus concepciones sobre la vida política y económica, no sólo con ideas sino con armas y dinero.

Según ellos, en virtud de la difusión de su Alianza la geopolítica mundial quedaría así alterada presuntamente a favor de los países pobres o marginados en contra sobre todo de los Estados Unidos y de los principales países europeos.

Desde este contexto, Chávez con su liderazgo y manejo de los hilos de la situación del ex presidente Zelaya sería el sustituto hegemónico de Fidel Castro en el área , ya que ni Raúl Castro ni los otros dirigentes cubanos han demostrado acción relevante alguna en apoyo del derrocado mandatario, más bien su comportamiento ha sido confuso por su ausencia.

Dado el fracaso relativo de las gestiones del ALBA vía la OEA para la reinstalación de Zelaya Rosales en el poder, Lula da Silva, Presidente de Brasil, ha jugado un papel criticable al hacerse con la carga de brindarle su apoyo explícito, sobrepasando las reglas de cortesía, respeto y no intervención en los asuntos internos entre los Estados; al romper relaciones con Honduras y declarar “invitado” a Zelaya en una sede diplomática que ya no lo es, recibiéndole en un edificio que por esta razón tampoco es ya embajada.

Por lo tanto uno puede preguntarse si aún cabe la aplicación de la ficción jurídica de territorio protegido por la extensión de la soberanía en suelo extranjero y si es aceptable o medianamente tolerable la solicitud que ha hecho Brasil de que los militares hondureños no rodeen el edificio donde se encontraba su sede diplomática.

Este comportamiento rompe con los antecedentes de la política internacional brasileña.

En el caso de Panamá cuando la oposición democratizadora llevó su caso a la OEA y allí se discutió en varias Asambleas Generales, Brasil nunca tomó ninguna acción que enfrentara al régimen militar panameño argumentando que los gobiernos de dicho régimen eran legales y por tanto ellos no podían intervenir a favor de un cambio ni aún en materia de derechos humanos electorales.

Nos preguntamos: ¿Qué hará Brasil si como todo indica se llegara a las elecciones generales y al triunfo de uno de los candidatos que han sido convocados tanto por el propio Zelaya como por Micheletti para el 29 de noviembre?

Sin embargo, en la búsqueda de una solución democrática del caso hondureño ha sido de gran relevancia el papel que ha jugado el Presidente de Costa Rica Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, cuya mayor contribución ha sido lograr que la atención de las potencias se centre en la próximas elecciones como recurso expedito que desate el nudo gordiano hondureño.

Fallando este primer intento de internacionalización de la situación de Honduras comienza a plantearse una segunda tentativa a través de los organismos de la Naciones Unidas, en el próximo artículo hablaré de este tema.

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Publicado el 25 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América,   a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Quién nombró a la procuradora?

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..
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ROLANDO VILLALAZ G.
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¿Quién nombró a la procuradora?

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Cuando al ex presidente Martín Torrijos le tocó la oportunidad de designar a la procuradora general de la Nación, no desperdició la oportunidad para demostrar, como a la fecha ha ocurrido, que al PRD nadie le iba a tocar a sus altos personeros por un lado y por el otro se garantizaba una alianza con un poderoso grupo económico dueño del Banco donde laboraba en ese entonces la hoy jefa del Ministerio Público.

Ni siquiera los casos que venían del Gobierno anterior a Torrijos fueron llevados con acuciosidad y detenimiento, con los resultados que saltan a la vista. Por ello, hoy Mitchel Doens o Pedro M. González junto a Balbina Herrera, salen a rasgarse vestiduras por una institucionalidad sui géneris, que ellos mismos amoldaron en su momento a las circunstancias de los vaivenes políticos.

Si usted conoce de algún poderoso banquero atrapado en las redes de Rayo Montaño o de la Operación Divino Niño, me lo saluda con un plato de langostinos apanados y si se trata de las Leyes Patrióticas 1, 2 y 3, pues los resultados del extraordinario trabajo del Ministerio Público saltan a la vista con personas detenidas por más de tres años y con pruebas amañadas o ilegalmente fabricadas, quedan como saldo de esa gigantesca operación que iba a acabar con los herederos del Cartel de los Sapos, de Medellín y de Sinaloa juntos, según nos anunciaron en su momento.

¿Cuántos millones de balboas está desembolsando el Estado gracias a los despidos ilegales hechos por la actual procuradora de funcionarios en distintos niveles? ¿Fue pase de factura o el deseo de mejorar algo que lleva cinco años que no arranca?

Ni hablar del caso de los medicamentos contaminados y el “ show ” hecho para llenar el ego de unos cuantos, deteniendo contrario a la Ley, a los ex directores y al director de la CSS en ese momento, no profundizando la investigación por los caminos correctos para esclarecer y deslindar responsabilidades.   Tuvo el Pleno de la Corte en dos ocasiones, una a través de los Habeas Corpus interpuestos y la otra a través de la Sala Penal, a la hora de ordenar una ampliación de las sumarias evidenciando una desastrosa instrucción de las sumarias.

Nadie quiere un procurador o procuradora que meta presas a personas por encima de la Ley, pero tampoco queremos personas que usen pruebas ilícitas para llevar adelante una investigación o que abusen de las detenciones preventivas y otras medidas cautelares, dejando en el limbo a personas sin demostrar ninguna responsabilidad penal de las mismas, mientras los delincuentes de cuello blanco y otros que se regodean en una riqueza económica que solo ha permeado a unos cuantos, siguen en su lujo y veleidades, sin siquiera pisar una sola oficina del Ministerio Público, aunque fuera accidentalmente.

A mi juicio, Torrijos dio en el blanco, puso a quien mejor ha hecho ese trabajo al frente del Ministerio Público y su partido no puede menos que enorgullecerse de que ha pasado inmaculado en su gestión de gobierno, sin importar la diversidad de denuncias que han convertido el eslogan “ cero (0) corrupción ”, en una enorme montaña de desatinos y desaciertos que alguien tendrá que investigar en algún momento.

Por lo pronto, yo les garantizo que de seguir en el cargo la procuradora general de la Nación todo seguirá igual y que siga la fiesta de despidos a lo interno, al fin y al cabo, ella de su pecunio personal no va a pagar los millones de balboas que los contribuyentes desembolsamos por sus errores e ilegalidades ya confirmados por los más altos tribunales de justicia.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.