El trabajo decente en Panamá

La opinión del Abogado…

Carlos Ayala Montero

ayalaabogado@hotmail.com

Del 14 al 17 de diciembre se reunirá en Chile la 17ava. Conferencia Regional Americana de OIT; en esta ocasión, para evaluar la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente (AHTD) adoptada en 2006, que debe culminar en 2015.

En desarrollo de la AHTD, Panamá suscribió un acuerdo tripartito en 2007, sobre promoción del empleo; disminución del trabajo infantil; capacitación y certificación de destrezas laborales; aprobación del Convenio No. 144 y el Convenio refundido sobre trabajo en el Mar, así como la divulgación del Convenio sobre la pesca; reforma de la Ley Orgánica de MITRADEL y fortalecimiento de la inspección laboral, además del fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

El balance de la ejecución de estos compromisos arroja los siguientes resultados:

El 25% de los trabajadores poseen ingresos inferiores al salario mínimo y el 79% posee ingresos inferiores al costo de la canasta básica familiar. Los trabajadores han disminuido su poder adquisitivo en un 5% en los últimos 7 años.

Siete de cada 10 nuevos empleos se producen en el sector informal, sin protección laboral ni social.   No existe estabilidad laboral en el sector público ni en el privado.

El trabajo infantil ha aumentado. La red de oportunidades (dinero por asistencia de menores al colegio en vez de trabajar) se encuentra relativamente estancada.

No se aprobó el Convenio 144; no se difundió el Convenio sobre la pesca; sólo se aprobó el convenio refundido sobre trabajo en el mar.

El proceso de capacitación y certificación laboral que inició INADEH y MITRADEL en 2007, ha sido desmantelado; se suspendió la certificación laboral que adelantaba la Fundación del Trabajo.

La terciarización de actividades se utiliza en perjuicio de los derechos de los trabajadores a ciencia y paciencia de las autoridades.

El Diálogo tripartito no existe. La comisión creada en 2007 no ha funcionado. Los enfrentamientos entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos son permanentes. Sólo basta recordar la nefasta Ley 30 de 2010, que fue derogada por la lucha de todo el pueblo, encabezada por el movimiento sindical.

Actualmente hay dirigentes sindicales perseguidos por la justicia, debido a su quehacer sindical.  No se ha entregado ni una sola personería jurídica sindical desde el 1 de julio de 2009.   A la Federación de Empleados Públicos se le ha negado el derecho al subsidio del 5% educativo y no se reformó la Ley Orgánica de MITRADEL.

Se aumentó el número de inspectores de trabajo, pero el 80% no posee capacitación alguna; se despidió al 70% de los que existían, con base en el clientelismo político y no existen manuales de protocolos para inspección laboral.

Seguramente en Chile se dibujará un Panamá distinto, pero eso no cambiará nuestra triste realidad en materia de trabajo decente.

 

<>Artículo publicado el  12  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Causas de las reformas laborales

La opinión del Abogado….

CARLOS AYALA MONTERO

Para la lógica de lo que Juan Pablo II llamó el capitalismo salvaje,   el mejor trabajador es aquel que no protesta ni se queja de sus condiciones de trabajo; no pide aumento salarial;   pide trabajar más (horas extras) y deja su rabia y sus frustraciones en casa.   No falta al trabajo ni estando enfermo; etc.; solo está para obedecer y servir, porque ‘hay que garantizar la fuente de empleo’.

Ernesto Sábato lo describe como la enfermedad de explotación y miseria espiritual, donde se aborrece la libertad por temor a ejercerla.   Una sociedad donde el miedo a perder el empleo es la garantía del ‘buen comportamiento’ de los trabajadores;   porque el empleo asegura el salario para comprar comida cara; celulares y consumir todo lo que nos ordenen los medios de comunicación, de acuerdo al último grito de la moda del consumismo extremo.

Bajo este concepto de ‘buen trabajador’, los sindicatos son un estorbo. Pretenden defender a los trabajadores creando problemas a los empleadores; les hacen gastar dineros no presupuestados y asumir costos sociales que perjudican el desarrollo de la empresa.   Los trabajadores y las empresas debieran funcionar sin la existencia de los molestos sindicatos, según la ideología del capitalismo salvaje.

Por eso, la confesión pública hecha por algunas autoridades acerca de que las reformas laborales van dirigidas a sacudirse de la actual dirigencia sindical, se basa precisamente en pensar que no es bueno que los dirigentes acumulen experiencias y conocimientos suficientes para la mejor defensa de los derechos de los trabajadores; además no es bueno que ni los dirigentes ni ningún trabajador posea buenos autos, se reúnan en hoteles de buena calidad, donde coman algunas exquisiteces porque todas esas bondades no se hicieron para los trabajadores.   No es bueno que los sindicatos sean dirigidos por personas académicamente capacitados; no es bueno que existan sindicatos en el Estado; lo único bueno es que existan ‘buenos trabajadores’ educados para servir y no para soñar con la justicia social.

Un amigo me dijo que lo que se quiere es que la dirigencia sindical se renueve y no se mantengan los mismos dirigentes por mucho tiempo, a pesar de que en las iglesias, los partidos políticos y otros, la dirigencia se repite por decenas de años y a nadie le molesta.

Le respondí que me parecía bien, si se garantizaba que una vez salidos de los cargos, lo dirigentes no serían despedidos de sus trabajos; por ejemplo, ampliando el fuero sindical post-dirigencia, a cuatro o cinco años.   Se sonrió y no me respondió, porque sabe que los dirigentes ingresan a una lista negra de la cual no salen jamás, por el delito de ser sindicalistas, solidarios y defensores de sus compañeros de trabajo. Por haber evitado que existan ‘buenos trabajadores’ al servicio de los adoradores del lucro y del poder.

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Este artículo fue publicado el  6 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Con la llave del miedo

La opinión del Abogado…..

Carlos Ayala Montero

Desde hace algún tiempo se ha sugerido a la población no dejarse dominar por el miedo infundado desde las altas esferas de poder: miedo al terrorismo, al comunismo, al narcotráfico, a la violencia social, al PRD, etc., pero creo que se ha demostrado que existen otros miedos, los miedos de los gobernantes.

Recientemente la Asamblea Nacional sesionó “a puerta cerrada”, “custodiada” por la fuerza pública, para aprobar el proyecto de Ley denominado “Ley Langosta”, que reforma 6 leyes y tres códigos nacionales, debido a la incapacidad de sustentar la causa de este muy sui géneris proyecto de ley, que provocó el rechazo de la ciudadanía a dicho proyecto, incluso de sus beneficiarios. En esas sesiones la mayoría de los diputados se limitaron a votar a favor del proyecto y no a sustentarlo.

Esta conducta denota mucho miedo. Miedo de los gobiernos a consultar con la ciudadanía y no poder “lucirse” como el gran hermano, que todo lo puede y que es capaz de resolver cualquier problema. Miedo a que surjan en las discusiones y consultas ciudadanas verdaderas, las limitaciones conceptuales, profesionales e ideológicas de que puedan carecer algunas autoridades. Miedo a que se les arrebate el “liderazgo” ganado en grandes batallas mediáticas, huecas de contenido y por supuesto de rigor científico, miedo a que se expongan sus limitaciones en el manejo de la cosa pública, y por supuesto, miedo a no concretar aspiraciones personales desde del poder.

Los miembros de nuestro órgano legislativo están secuestrados en la cárcel de muchos miedos y por eso prefieren sesionar sin ningún debate, haciendo de nuestra todavía incipiente democracia, algo muy frágil. Son presos del miedo a no contar con el beneplácito del Ejecutivo y en consecuencia, no manejar prebendas, canonjías y sobre todo, dinero, para bien de la comunidad o de ellos. Ese miedo es tan grande, que cualquier barbaridad que se les ordene, ellos siempre han estado dispuestos a convertirlas en ley, por lo menos desde 1983 hasta hoy, aún si la población entera se manifiesta en contra de tal iniciativa como en el caso de la “ley langosta”; la “ley carcelazo”, eliminación de carreras públicas, etc.

América Latina superó las dictaduras militares, produjo en las urnas gobiernos de todos los colores y tendencias ideológicas pero siempre desde la colonia, combatió con las armas o las ideas, los autoritarismos. Por eso el caudillismo fue enterrado en el pasado; ahora es tiempo de gobernar con la sociedad, porque los problemas sociales son permanentes y los gobiernos pasan, y porque el conocimiento difundido por la comunicación globalizada no es exclusividad de nadie. Los que no entienden esto y sólo quieren satisfacer vanidades o intereses materiales, gobernarán desde la cárcel de sus conciencias, cerradas, como dijo Rubén Blades: ¡con la llave del miedo!

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Este artículo se publicó el  19  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De orden público e interés social

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..

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CARLOS AYALA M.

La finalidad del derecho es la realización de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, valores fundamentales de la sociedad. Bajo este prisma deben ser analizados los textos legales por los operadores de justicia, no solo al enfrentar la norma con un hecho particular, sino al confrontar los textos legales entre sí.

No basta el análisis literal de la norma, por cuanto el legislador ni es perfecto, ni puede predecir los efectos que la norma puede producir. Por eso, es necesario entender cuál es la ratio legis, el bien protegido y los valores contenidos en la norma sujeta a interpretación.

El artículo 43 constitucional prohíbe la retroactividad de las leyes y por vía de excepción, serán retroactivas las que expresen ser de orden público e interés social o las que favorezcan al reo en materia penal. La jurisprudencia ha interpretado esta norma en el sentido que basta que el texto de una ley diga expresamente (literalmente, explícitamente) que es de orden público e interés social, para que sea válida su vigencia retroactiva. Esta apreciación inhibe a la Corte Suprema de conocer hasta dónde se compadece con el texto constitucional, cualquier concepto que se pretenda aplicar retroactivamente al cerrar la puerta del análisis con un letrero que dice ‘Prohibido entrar, porque esta Ley es de orden público e interés social’.

Si todas las leyes fuesen retroactivas, conteniendo una frase que diga ‘de orden público e interés social’, nadie, ni la Corte Suprema, podría negar su constitucionalidad, pese a la prohibición constitucional, lo que a todas luces es absurdo, porque anula el artículo 43 y el principio de seguridad jurídica que debemos percibir todos, entendiendo que las reglas jurídicas no cambiarán hacia atrás, en perjuicio de nuestros derechos.

La prohibición consagrada en el artículo 43 comentado, no puede ser anulada por una frase incluida en la Ley, sino que ésta debe explicar expresamente, debe justificar, el interés social; es decir, el interés que tienen la sociedad en dicha retroactividad; y si no lo explicita, pues, dicha norma es violatoria de la Constitución, porque la explicación permitiría al juzgador decidir si los argumentos del legislador justifican o no dicha retroactividad. De esa forma habría un acceso al análisis de la ratio legis y no se podría huir del mismo, debido a una frase simple en el texto de la Ley.

La Asamblea Nacional aprobó 61 leyes en el último año; cuatro de ellas retroactivas; dos de estas cuatro eliminaron derechos adquiridos: la Ley 43 de 2009 eliminó la estabilidad a 32000 servidores públicos (retroactiva a dos años) y la Ley 4 de 2010, eliminó la estabilidad a 800 funcionarios de la Asamblea Nacional (retroactiva a un año y medio).

Ninguna de ellas explica por qué es interés de la sociedad panameña sus efectos retroactivos. La Corte, siguiendo su secular tesis, se abstendrá de opinar, porque existe una frase que indica que son de ‘orden público e interés social’ en su texto, y la realización de la justicia y la seguridad social en este caso, serán nulas, como casi siempre.

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Este artículo se publicó el 31 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Protesta social y populismo

La opinión de…..

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Carlos Ayala Montero

Algunos gobernantes de América Latina y “expertos” en opinar sobre todos los temas en un permanente show mediático, declaran ampulosamente que la lucha de clases y las teorías “obsoletas” de las izquierdas no tienen sustento en el mundo globalizado actual porque desde la caída del socialismo se impone enfrentar los problemas sociales con una alianza de gobiernos y empresa privada con “responsabilidad social”, donde los trabajadores deben también aportar “algún sacrificio”.

De acuerdo a estos argumentos, no es necesaria la protesta de sindicatos ni de ningún tipo de organización popular o civil que exija la realización de la justicia social, en primer lugar porque los “buenos empresarios”, junto a gobiernos que entregan parte del presupuesto nacional en subsidios y beneficios directos como bonos y mochilas, entrega de dineros en efectivo (red de oportunidades, 100 para los 70, etc. ); se “esfuerzan” en resolver así los problemas de la sociedad y habría que sumarse a ese esfuerzo en vez de enfrentar tales medidas, y en segundo lugar porque están deslegitimados para ello, por decisión unilateral de los poderosos.

En el mundo unipolar actual sin embargo, la sobreproducción elevó el consumo hasta acumular grandes riquezas de un lado y pobreza en el otro extremo social. En Panamá, los últimos 20 años produjeron una concentración de riqueza en donde el 70% está en manos del 20% más rico, y el 20% de los más pobres reciben el 3% de la riqueza nacional. El 1% de los más ricos poseen el 15% de la riqueza, lo que nos distingue como una de las peores distribuciones de la riqueza del mundo.

Esta realidad no la cambian las medidas populistas descritas, ni las “buenas acciones” sociales de algunas empresas porque simplemente no son suficientes. Los trabajadores siguen teniendo poder adquisitivo muy limitado por más que se aumenten los salarios; los empleos sin protección social ni laboral crecen en relación de 8 a 1 respecto a los puestos formales de trabajo. El desempleo real ronda el 10% y hay total ausencia de estabilidad en el sector público debido al clientelismo político. La pobreza extrema sigue superando el 25% de la población.

Las estructuras socio-económicas no han cambiado y por lo tanto tampoco sus resultados. Las clases dominantes no tienen ningún plan nacional salvo obtener más poder y ganancias y la ideología difundida por la educación y los medios de comunicación social es la idolatría al individualismo egoísta y al dinero para consumirlo.

En esta realidad no es trasnochada ni manipulada por “ideologías desfazadas” la protesta social. Hace falta entender que para conjurarla no es necesario satanizarla sino entender sus causas y ajustar la conducta de los poderosos pues con o sin ideologías socio-políticas, a los pobres de siempre, legitimados por su realidad social, no les queda otra que protestar y hacer públicas sus reclamaciones de una vida más decorosa, con la esperanza de que otro mundo, más solidario y menos egoísta ¡aún es posible!

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.