Vilipendio

La opinión del Abogado y Profesor Universitario en Derecho Procesal Penal ….

 

CARLOS  AUGUSTO  HERRERA
cherrera255@hotmail.com

Dentro de mis escasos conocimientos de la ley, trato de acoplarme al principio de legalidad tan apreciado en nuestro bamboleante medio como una regla de oro, el cual establece la seguridad jurídica, denominado también en la doctrina como principio de la primacía de la ley, lo que es fundamental en el derecho público.

Todos estamos sometidos a la majestuosa voluntad de la ley y su jurisdicción y no depende de la voluntad de las personas. Esto quiere decir que se debe interpretar de manera taxativa frente al imperio de la ley.

Claro que hay variadas reglas de interpretación de las normas. Si vemos en la etimología, el concepto denominado hermenéutica que preexiste desde Grecia y tiene que ver con el Dios Hermes. Esto siempre me recuerda la parte divina de la ley por los efectos de la lógica, pero en aquella época Hermes mediaba entre Dios y los hombres y por lo tanto, podemos decir que es a través de la hermenéutica, como se interpreta y devela el sentido de los mensajes, con una posible comprensión del sentido de la norma.

Para el caso concreto que nos ocupa, la verdad es que leo y releo el artículo 37 de nuestra Constitución Política, sobre aquello del libre pensamiento sea de palabra, por escrito o por cualquier medio sin la previa censura y de allí, la legislación cambia de norte para advertir sobre las responsabilidades si como consecuencia de la divulgación del pensamiento se atenta contra la reputación, honra de las personas, pero la norma agrega al final: ‘contra la seguridad social o el orden público’ dos conceptos agregados que tienen que ver con seguridad pública y de seguridad social al más alto nivel político.

Hay otras formas de interpretación como la exégesis, que encontramos en Internet sobre Wikipedia, la Enciclopedia Libre, y que se refiere a la exégesis lo que presupone un intento de ver el texto objetivamente.

Tenemos un documento sobre la interpretación de la Norma jurídica, del autor peruano, que superficialmente mencionamos en lo que se refiere a la fuente de la interpretación de la ley: doctrinal, judicial, auténtica; según los alcances: declarativa, modificativa, extensiva, restrictiva; según los métodos: gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico, empírico, sociológico y finalmente, las doctrinas de interpretación para mencionar las teorías: Exégesis, Dogmática, evolución histórica, libre investigación científica, del derecho libre, pura del derecho, y Egológica.

Con estos tenemos que hacer un alto en la valoración de lo que buscamos. Alguien expresó que no teníamos una cultura evolucionada, como para respetar las investiduras de los cargos.

Otro asunto son las conquistas en el mundo desarrollado, en el que se tiene el periodismo investigativo como un arma de combate intelectual contra la corrupción pública, pero pareciera entonces, que nosotros dentro de este parapeto de interpretaciones de tantos jueces de lengua que se excusan de no ser abogados, algunos confundimos la libertad con el libertinaje. La realidad con la fantasía. La verdad con la mentira.

Nada puede ser más dañino que la desmedida aplicación del desacato, cuya necesaria evolución decrece en la medida en que la sociedad evoluciona. El desacato es una desobediencia a la autoridad.

El 31 de octubre del año pasado, publicamos en este mismo periódico sobre ‘aquellas épocas tempranas, ya en los gobiernos se regulaba sobre el desacato. En la Antigua Roma no se podía atentar contra el imperio y claro está que además se extendía a los que gobernaban, tanto así, que se consideró como un delito de lesa majestad.

Los gobernantes gozaban de esa potestad y dignidad propia de quienes hacían cumplir la ley y garantizaban igualmente la soberanía, como dicen los historiadores y relatores en la página ‘Especialización Penal, Abogados’, para considerar esta descortesía de comportamiento en sus dos vertientes, primero con lo denominado: la potestas y la dignitas. Nos dicen que ahora solo se protege aquella potestas. Este interesante documento anuncia la tendencia en los gobiernos democráticos a eliminar las figuras contra aquellos que atenten contra la dignitas (injurias, calumnias, insultos) y a entenderse que no son sino delitos comunes contra el honor’. Vemos que el trabajo gana actualidad, pero a la fecha seguimos en lo mismo, especialmente en los ataques de índole político partidista. Sobre el principio de abajo el que suba.

 

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<> Este artículo se publicó el  16  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Meritoria justicia en el caso la Mina

La opinión del Abogado….

 

JOSÉ GÓNDOLA MOLINAR
jgondola@orobioyorobio.com

Bajo el convencimiento de que el abogado se constituye en un poder dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, me correspondió el honor de servir en la atención profesional de uno de los casos más emblemáticos de la historia de la abogacía en Panamá: Se trata de la Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Mina Hydropower Corp. ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ para la restitución de la Concesión Administrativa para la explotación del Proyecto Hidroeléctrico Bajo de Mina.

Para asumir semejante responsabilidad, comprometí mi experiencia y reputación profesional, y una inteligencia múltiple desarrollada a través de estudios especializados que me permitieron aplicar un conjunto de conocimientos y habilidades para resolver diversos tipos de problemas durante mi gestión en este caso en particular.

Al final de una intensa lucha judicial, mediante una sentencia de mérito, final y definitiva, se resolvió el litigio en mención. Se anularon las resoluciones emitidas por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Se restituyeron a favor del demandante los derechos para la construcción, explotación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina. Y a la vez, se dejó sin efecto cualquier otra concesión del objeto litigioso a cualquier tercera persona.

En ese transcendente fallo, los magistrados que conforman la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado VÍCTOR L. BENAVIDES P., en ejercicio de las facultades propias de la recta administración de la justicia, resaltaron la buena fe del demandante y el incumplimiento del contrato imputable a la ASEP., declararon categóricamente que el incumplimiento que se ha pretendido atribuir a la parte demandante, realmente es la consecuencia de una omisión de la ASEP, quien no demostró que hubiere atendido las solicitudes que en su momento le hiciere aquella; es decir, la adjudicación forzosa de servidumbre y de adenda al contrato (prórroga): y simplemente encontró viable arribar a la conclusión de resolverle administrativamente tal contrato; lo que a nuestro juicio denota la temeridad y mala fe procesal reconocidas expresamente en el fallo.

En efecto, la Sala no pudo soslayar, que el hecho de que la concesión objeto de la demanda fue concesionada a una tercera persona sin esperar las resultas del pleito, generó la configuración de daños y perjuicios, lo que en su momento deberá ser debatido, mediante una demanda contenciosa administrativa de indemnización.

Todo lo actuado en el reconocimiento judicial de la pretensión, constituye, sin lugar a duda alguna, un precedente que necesariamente se establece ante la falta de contestación de la demanda y de pruebas. Se impusieron las consecuencias adversas para el demandado. El Poder Judicial actuó en reconocimiento del principio del debido proceso que impera en nuestra Carta Magna, para realizar una meritoria justicia en el caso la Mina.

Es justo y meritorio reconocerles a los magistrados la valentía de su fallo, en un medio como el nuestro en el que es imperante consolidar los postulados propios de la Seguridad Jurídica, así como la seguridad de las inversiones.

No encuentro mejor forma de consignar mi agradecimiento a La Estrella de Panamá, que rememorando algunos de los aspectos más relevantes de los artículos publicados en ese medio, a ello nos dedicamos brevemente a continuación.

‘Mis argumentos se elevan no solo por el claro derecho que le asiste a mi representado, sino por la defensa del propio centro neurálgico de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestro sistema judicial’. (Llamado a los Factores de Poder y a las Fuerzas vivas del País, publicado por La Estrella de Panamá).

‘El deliberado ocultamiento de la verdad material en el proceso constituye un abuso de autoridad y un fraude de la Ley, que lo convierte en una farsa judicial; se crea así un precedente judicial de nefastas repercusiones para nuestro sistema jurídico que afectará negativamente la imagen del país’. (Una Farsa Judicial Absurda, publicada por La Estrella de Panamá).

‘Un país que pretende funcionar eficientemente es aquél que mantiene instituciones jurídicas estables con la suficiente credibilidad, conocimiento y confianza para que sean capaces de conducir la economía a un escenario de acuerdo a estándares internacionales, como mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones tanto a los extranjeros, como con mayor razón a los nacionales. Estas expresiones tienen un eco comprobado, una caja de resonancia ética y jurídica en las instituciones de globalización de la justicia, específicamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos’. (Grado de Inversor y Seguridad Jurídica, publicado por La Estrella de Panamá).

Así, se ha dictado una meritoria justicia, que constituye un firme compromiso con el propósito de coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de un sistema judicial confiable y competente en nuestro medio jurídico que propugne por el reconocimiento efectivo de los cuatro valores básicos de la justicia: eficacia, integridad, rendición de cuentas y excelencia.

 

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<> Este artículo se publicó el 28 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otra lesión patrimonial

La opinión de…

Francisco Sánchez Cárdenas

Hace varios meses denuncié la posibilidad de una lesión patrimonial por 15 millones de balboas, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli redimió B/. 530 millones en bonos a la CSS en forma prematura e inconsulta, con la excusa baladí y falsa de que devengaban un interés menor al 1%.  Entonces no hubo reacción de las autoridades de la CSS que contemplaban hacerse cómplices en la absurda compra de los corredores.

Esta irresponsable acción contribuyó a incrementar el déficit de 64 millones del programa IVM, anunciado recientemente por la Dirección de la CSS.

Ahora, con la proyectada compra de los corredores, opinamos que se está en la puerta de una nueva lesión patrimonial,  aparte de que la única lógica que le vemos a dicha operación no es otra que el empecinamiento de un solo hombre por culminar un negocio.

Sentimos que hay apresuramiento y desorganización, aunado a un cambio permanente de propuestas que hace percibir el asunto como altamente sospechoso.  Apresuramiento, porque sólo a tres semanas de entregado al MEF el informe Auditoría Contable Financiera y de Bienes Raíces del Corredor Sur se anuncia que se llegó a un acuerdo. Es poco probable que negocios serios y de la magnitud de B/.420 millones se puedan cerrar en el tiempo récord de 21 días.

La desorganización se observa cuando se dice que el proyecto sería financiado por la CSS, ahora debilitada por la redención prematura de bonos. Después anunciaron que el Fondo Fiduciario serviría como complemento al financiamiento; luego, que venderían acciones y, por último, una emisión de bonos.

Surgen más sospechas cuando el informe reconoce que el valor de la obra es de B/. 285 millones y el gobierno anuncia que pagará B/. 420 millones. También causa duda cuando el MEF anuncia que los corredores nunca se iban a recuperar, lo que es falso porque el contrato establece un período de 30 años para su devolución.   En caso de problemas de recuperación de inversión o de ganancia razonable, está pactada la renegociación o el rescate administrativo y hasta el arbitraje en caso de diferencias.   Todo dentro del respeto de la seguridad jurídica.

Si la propia Bolsa Bancaria de México calculó el valor del Corredor Sur en B/.91 millones, en libro, y el valor comercial hasta en B/.400 millones, ¿cuál es el apuro en pagar un exceso de 25 millones a 135 millones de balboas?   Si no agregaremos un solo metro de vía adicional con los más de mil millones que vamos a despilfarrar y si los peajes se mantendrán iguales, ¿por qué tanto apresuramiento por esta transacción?

De insistir, los altos personeros del Gobierno en pagar B/.420 millones por el Corredor Sur,  aún siendo advertidos por los auditores contratados por el MEF de que hay una cláusula de rescate administrativo, pactada y aceptada por ICA en el contrato original, firmado hace 14 años; que de aplicarla como corresponde, se pagaría una cifra tope de B/. 285 millones a pagar por la adquisición del bien, estarían cometiendo una lesión patrimonial al Estado por el orden de B/.135 millones.   ¿Por qué y para qué?   ¿A quiénes se pretende beneficiar con esta leonina transacción?

Con la pérdida del buen juicio del Gobierno, que por alguna oscura causa ha desatado una gigantesca y también sospechosa carrera para ver quién propone, licita u otorga en forma directa el proyecto más grande y millonario y, además, haciendo fiesta con la política de pagos adelantados de contratos, tan criticada en el pasado reciente, no podemos dejar de pensar que algo no huele bien en esta danza de millones.

Sé que algunos detractores me exigirán que interponga una denuncia, pero en los pasos que anda la justicia, no vale la pena ahogar el caso ante una Corte Suprema con su voluntad y prestigio hipotecados en las manos del presidente Martinelli. Prometemos luchar para que en el futuro la justicia sea reivindicada y que estas acciones con visos de corrupción no queden impunes.

<> Este artículo se publicó el 17 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,  a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La violación de un contrato

La opinión de….

Gabriel Ortega 

En la actualidad las compañías que ofrecen el servicio de distribución de energía eléctrica son privadas; ellas realizaron un contrato con el Gobierno en donde lo plasmado entre ambos no se puede cambiar, pues atenta contra la seguridad jurídica de las partes. Posteriormente, de forma individual, estas compañías realizaron contratos con cada una de las personas que necesitan la luz eléctrica (casas, negocios, industrias).

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones, en donde la voluntad de las partes en común acuerdo es plasmada en un documento, que a la final es respetado por ambos.

Este contrato es protegido por la llamada seguridad jurídica, un principio de derecho universal que busca darle a las partes garantía legal, por si surge alguna controversia o disconformidad en el futuro, pues habrá variables que en el camino darán ventaja a uno de los firmantes. Por eso esto se maneja como contrato-ley.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones dentro de la sociedad, es el actor llamado a salvaguardar la voluntad plasmada en un contrato

La seguridad jurídica es la garante dada al individuo o a un grupo por el Estado, de modo que sus bienes y sus derechos sean respetados.

Si yo, como ciudadano, firmo un contrato con las compañías de distribución eléctrica, cómo es posible que ahora se pretenda desconocer este contrato y prácticamente obligarme a pagar la basura de forma casada. No es que no quiera pagar la basura, es lógico pensar que debo pagar por el servicio.   Pero qué hay con la seguridad jurídica.   Esto significa que yo puedo alterar los contratos ya firmados con las distribuidoras eléctricas y las de teléfono. Ojo, ustedes están inventando.

Si usted quiere que las personas paguen por el servicio de basura, simplemente, si no pagan, no se las recojan o busquen otro mecanismo.

Soy de la opinión que el proyecto de ley 180, que crea la Autoridad Nacional de Aseo (ANA) no es malo, pero plasmar artículos como este es algo muy temerario, crea el precedente de que sí se pueden modificar los contratos con las compañías de servicio.   Cuando el pueblo se queja de que los servicios son muy caros, los gobiernos dicen que no se puede hacer nada, que es un contrato y no pueden obligar a las compañías a bajar las tasas de luz y teléfono. ¿Y qué pasó ahora? ¿Es esto un exabrupto jurídico? ¿Es una punta de lanza para modificar otros contratos?

El vínculo entre la tasa de aseo y la tasa de electricidad viola el contrato firmado entre el consumidor de energía eléctrica y el distribuidor.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Seguimos como arrieras sin pestañas

La opinión del Activista de Derechos Humanos….

Miguel Antonio Bernal 

Hace casi una década atrás, me preguntaba en este mismo espacio, ¿Cómo hacer para empezar a dejar de andar como arrieras sin pestañas, sometidos al vaivén de los caprichos, los antojos y creyendo que todavía “la Patria sabe a carimañola, huele a mar y suena a saloma”, si cada vez hay más compatriotas que no pueden comer ni carimañola, el mar no huele sino que hiede y poco asoma del canto del saloma?”

Entonces indicaba cómo “la corrupción no ha cesado de crecer y ha servido hasta de entretenimiento del neo-autoritarismo para violar –con la sonrisa en los labios- a la ya tantas veces violentada, violada y manoseada “constitución” y la cacareada “seguridad jurídica”. Eran los días en que Tito, Fito y Titi votaron por Winnie y Tito…

Y desde esa misma columna preguntaba si los panameños “¿Estaríamos dispuestos a aceptar que los partidos políticos “legalmente inscritos” no representan para nada al pueblo panameño por miles de inscritos que digan tener o tengan, sino los intereses personalísimos de sus jerarcas?

¿Vamos o no a reconocer, y por ende a actuar en consecuencia, que no hay en Panamá una verdadera organización política ni como Estado, ni como Gobierno, ni como oposición, ni como sociedad civil?

¿Conversaremos o no que las elecciones del 2014 no le deparan absolutamente nada mejor al país, a la sociedad o a la mayoría de la población, pero si un reacomodo a los factores reales de poder que tienen el monopolio de la política, de los partidos, de lo político y que manejan el Estado y sus instituciones como si fuera su feudo?”

Los acontecimientos llevan a reiterar que el sistema imperante en nuestro país, basado en una ‘antigua legalidad’ pese a la nueva realidad, se maneja con una dogmática concepción que no les permite el verdadero diálogo, ni la conversación seria, ni tampoco el debate y mucho menos la disidencia.   No nos queda entonces a los ciudadanos, a esa sociedad civil aun desorganizada y atomizada, otra cosa que resistir, que organizar la resistencia para no seguir como arrieras sin pestaña.

Les guste o no a los que monopolizan todo, los ciudadanos tenemos que organizarnos a lo largo y ancho de la geografía nacional bajo planteamientos claros y decididos que despierten la esperanza de días mejores, que entusiasme la voluntad sin inclinaciones ni dobleces, con dignidad de verdad por ese mañana que se nos niega cada vez más.

Para ello debemos entonces empezar a entender, de una vez por todas, que los ciudadanos no tenemos que seguir mendigando nuestras libertades ni nuestros derechos políticos; que “la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”.

Y en ese terreno, en Panamá hoy vemos como, entre otras tantas situaciones, aumenta la violación de los derechos humanos (desaparecen a los desaparecidos), la desinformación (somos los últimos en enterarnos de todo), la mordaza a la libertad de información continua en aumento, la autocensura, la despolitización de los ciudadanos y la confabulacion de gobernantes y gobernados con la corrupción y la impunidad como modus vivendi.

Obliguémonos a ser valientes y a ser resistentes y dejar tanta cursilería y salir a la búsqueda y el encuentro de un comportamiento verdaderamente digno de ciudadano.

Para ello tenemos que integrar un movimiento dinámico que no sea la suma mecánica de acciones aisladas, de análisis superficiales y falaciosos, y sobre todo de estar aceptando que el “consenso”, la “concordia”, el “diálogo”, la “armonía” nos procurarán una verdadera salida, pues solo han servido y sirven a los que a diario nos niegan nuestras libertades y nuestros derechos.

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Este artículo se publicó el 27 de agosto de 2010 en el diario Panamá América a quienes damos igual que al autor todo el crédito  que les corresponde.

El país de la zozobra diaria

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.

‘ Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas’, Antonio Porchia. El ahora presidente Ricardo Martinelli fue el más férreo opositor a suscribir el pacto ético para adecentar la pasada campaña electoral.   Entonces no respetó la más mínima ética pública, menos la respeta ahora.   Está imponiendo a la conciencia nacional su particular visión de país aderezada con los excesos verbales que devalúan su propia investidura y lo llevan a cometer toda suerte de extravíos.   Posee una visión maniquea que coloca de su lado a los buenos y agrupa al resto de los panameños como indios borrachos, sindicalistas maleantes, a la sociedad civil como conspiradora, a los periodistas como pacotilla, a las noticias contrarias como periodicazos, a los empresarios como gallotes y a los opositores como cínicos y corruptos.

No le bastaba a Martinelli con emplear cuanta tribuna tiene a mano para atacar a sus adversarios. El lanzar a las calles a las turbas oficialistas como tropa de choque —que en países vecinos han derivado en bandas paramilitares para eliminar físicamente a opositores— se inscribe en la lógica de una agresión permanente, de intolerancia hacia las críticas con la intensión de ocultar o desviar la atención sobre hechos y denuncias que afectan al gobierno.

Hay que comprender que el oficialismo tiene sus razones para ocultar la posibilidad de saber la verdad acerca de dónde estuvo desaparecido el indígena Víctor Palacio por más de un mes. Y que el estreno de la nueva modalidad de agresividad oficial, surja de la misma matriz totalitaria y de control mediático que ha signado la gestión de Martinelli.

El mandatario se ha caracterizado como maestro del engaño y la falsificación de la realidad.   El control del acceso a la información y el bombardeo propagandístico, intenta criminalizar a sus adversarios con el empleo de la mentira como arma política, sin el freno que podrían aplicar en otros tiempos las instituciones democráticas, sometidas a sus arranques despóticos.   Los grupos empresariales dueños de los medios de comunicación han cedido, por temor o complicidad, ante el embate del oficialismo para ser árbitro del flujo informativo.

Aunque al colectivo social le resulta inverosímil el falso relato de la realidad que pretende imponer, Martinelli está creyéndose su propia mentira.

En un gobierno que vive pendiente de los medios de comunicación, esa obsesión deriva de un error:   El de creer que la sociedad obedece a los medios como una fuerza física. Y que al dominar los mensajes que se emiten, se controlará a quienes reciben esos mensajes. La estrategia es rudimentaria, pero efectiva cuando no se cuenta con argumentos persuasivos.

El gobierno olvida que las sociedades nunca se colocan del lado de los victimarios y que el Estado pierde autoridad cuando se convierte en un Estado generador de ilegalidad y arbitrariedades.

Con Martinelli está en riesgo la paz social y la imagen del país, porque lo está polarizando.   Que se dejen de ‘babosadas’, dijo el martes en Changuinola, ‘yo no persigo a nadie’, en reacción al acoso por medios judiciales lanzado el contra el ex presidente Martín Torrijos. Esa acción responde a magistrados fieles al Palacio de las Garzas que están complaciendo al Ejecutivo, editorializó el miércoles La Prensa. Es ‘difícil descartar que detrás se escondan motivaciones políticas’, añadió.   ‘Es imposible para el gobierno convencer a la ciudadanía de que no se está cruzando la línea entre la verdadera justicia y la persecución política’, resaltó el mismo día el editorial de Crítica.

Sin duda que se cierne sobre el país un período horrible y hay que cubrirse. Nadie está a salvo en Panamá. Ningún gobernante totalitario se flexibiliza, todo lo contrario. Nunca como en estos días el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la libertad de expresión han estado tan amenazados. En el escenario nacional se advierte una fractura que está abriéndose y que pone en peligro la convivencia como se ha conocido hasta ahora.

Martinelli puede manifestar reacciones despiadadas y desenfrenadas del poder para fulminar a sus adversarios.   Sin embargo, es una verdad indiscutible que la sobrevivencia de un gobierno se pone en juego cuando se empecina en ahogar sistemáticamente la legalidad.   Martinelli, aunque ostente la primera magistratura del país, es un funcionario transitorio del Estado, y cuando concluya su mandato será un ciudadano más que deberá rendir cuentas por sus acciones, por muy blindado que ahora parezca.

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Este artículo se publicó el 26 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Justicia en tiempo de “Wild Bill”

La opinión del Abogado…

LUIS FUENTES MONTENEGRO

El “Salvaje Bill” adquiere relevancia de un momento a otro, de pronto toda la prensa se concentra en ese personaje aparentemente terrorífico que instalado en una isla de Bocas del Toro asesina a varias personas. ¿Pero qué parecido puede tener ese salvaje homicida con la justicia? A la verdad, mucho.

Lo que a veces parecieran coincidencias, en trasfondo no lo son, obedecen al principio de causalidad, o sea es la causa de algo lo que produce un efecto; determinar si “Wild Bill” o la justicia es la causa o efecto, en nada altera la realidad de una sociedad folclórica en donde justicia y democracia son casi dos ficciones o estúpidos ideales de personas que hay que extirpar como sea, en el criterio de los que tienen poder y lo usan conforme al juega vivo más deplorable y pernicioso.

“Wild Bill” vivía como un señor feudal en un país maravilloso donde cometer delitos o asesinar parece ser fácil, y mucho antes de que fueran públicos sus crímenes era un extranjero respetado, con inversiones, incluso aún desde el momento en que fue capturado ha gozado de todas las garantías constitucionales y del respeto tan acucioso por sus derechos humanos.   La justicia ha sido eficiente con “Wild Bill”, en nada ese sujeto puede decir que sus derechos no se le han respetado.

¿Qué diferencia existe entre ese “Wild Bill” y tantos ciudadanos que reclaman justicia y sólo reciben desprecio, dilataciones y abusos? ¿Es que ese extranjero criminal tiene más derechos que cualquier panameño? Entre el cómo procede la justicia y ese homicida hay una conexión que la semiótica puede explicar como la tesis de los rasgos compartidos: el juega vivo delictivo, la doble moral, la apariencia de la rectitud y de la honestidad, el afán por ser famoso porque salen en noticieros televisivos y en los periódicos diciendo lo que no es, lo que tergiversan.   Si las autoridades de Estados Unidos no hubieran dado informes sobre “Wild Bill” y solicitara cooperación judicial, seguro seguiría como persona respetada.

La justicia, en particular la que corresponde al ámbito penal  tanto en la fase sumarial como la fase plenaria?, tiene que ser revaluada, orientada al fortalecimiento de un estado de derecho, no como estructura de conveniencias o espacios políticos; en la medida que eso no ocurra, la fragilidad de la seguridad jurídica será mayor. Panamá quiere justicia verdadera.

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Artículo publicado el  17 de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.