Vilipendio

La opinión del Abogado y Profesor Universitario en Derecho Procesal Penal ….

 

CARLOS  AUGUSTO  HERRERA
cherrera255@hotmail.com

Dentro de mis escasos conocimientos de la ley, trato de acoplarme al principio de legalidad tan apreciado en nuestro bamboleante medio como una regla de oro, el cual establece la seguridad jurídica, denominado también en la doctrina como principio de la primacía de la ley, lo que es fundamental en el derecho público.

Todos estamos sometidos a la majestuosa voluntad de la ley y su jurisdicción y no depende de la voluntad de las personas. Esto quiere decir que se debe interpretar de manera taxativa frente al imperio de la ley.

Claro que hay variadas reglas de interpretación de las normas. Si vemos en la etimología, el concepto denominado hermenéutica que preexiste desde Grecia y tiene que ver con el Dios Hermes. Esto siempre me recuerda la parte divina de la ley por los efectos de la lógica, pero en aquella época Hermes mediaba entre Dios y los hombres y por lo tanto, podemos decir que es a través de la hermenéutica, como se interpreta y devela el sentido de los mensajes, con una posible comprensión del sentido de la norma.

Para el caso concreto que nos ocupa, la verdad es que leo y releo el artículo 37 de nuestra Constitución Política, sobre aquello del libre pensamiento sea de palabra, por escrito o por cualquier medio sin la previa censura y de allí, la legislación cambia de norte para advertir sobre las responsabilidades si como consecuencia de la divulgación del pensamiento se atenta contra la reputación, honra de las personas, pero la norma agrega al final: ‘contra la seguridad social o el orden público’ dos conceptos agregados que tienen que ver con seguridad pública y de seguridad social al más alto nivel político.

Hay otras formas de interpretación como la exégesis, que encontramos en Internet sobre Wikipedia, la Enciclopedia Libre, y que se refiere a la exégesis lo que presupone un intento de ver el texto objetivamente.

Tenemos un documento sobre la interpretación de la Norma jurídica, del autor peruano, que superficialmente mencionamos en lo que se refiere a la fuente de la interpretación de la ley: doctrinal, judicial, auténtica; según los alcances: declarativa, modificativa, extensiva, restrictiva; según los métodos: gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico, empírico, sociológico y finalmente, las doctrinas de interpretación para mencionar las teorías: Exégesis, Dogmática, evolución histórica, libre investigación científica, del derecho libre, pura del derecho, y Egológica.

Con estos tenemos que hacer un alto en la valoración de lo que buscamos. Alguien expresó que no teníamos una cultura evolucionada, como para respetar las investiduras de los cargos.

Otro asunto son las conquistas en el mundo desarrollado, en el que se tiene el periodismo investigativo como un arma de combate intelectual contra la corrupción pública, pero pareciera entonces, que nosotros dentro de este parapeto de interpretaciones de tantos jueces de lengua que se excusan de no ser abogados, algunos confundimos la libertad con el libertinaje. La realidad con la fantasía. La verdad con la mentira.

Nada puede ser más dañino que la desmedida aplicación del desacato, cuya necesaria evolución decrece en la medida en que la sociedad evoluciona. El desacato es una desobediencia a la autoridad.

El 31 de octubre del año pasado, publicamos en este mismo periódico sobre ‘aquellas épocas tempranas, ya en los gobiernos se regulaba sobre el desacato. En la Antigua Roma no se podía atentar contra el imperio y claro está que además se extendía a los que gobernaban, tanto así, que se consideró como un delito de lesa majestad.

Los gobernantes gozaban de esa potestad y dignidad propia de quienes hacían cumplir la ley y garantizaban igualmente la soberanía, como dicen los historiadores y relatores en la página ‘Especialización Penal, Abogados’, para considerar esta descortesía de comportamiento en sus dos vertientes, primero con lo denominado: la potestas y la dignitas. Nos dicen que ahora solo se protege aquella potestas. Este interesante documento anuncia la tendencia en los gobiernos democráticos a eliminar las figuras contra aquellos que atenten contra la dignitas (injurias, calumnias, insultos) y a entenderse que no son sino delitos comunes contra el honor’. Vemos que el trabajo gana actualidad, pero a la fecha seguimos en lo mismo, especialmente en los ataques de índole político partidista. Sobre el principio de abajo el que suba.

 

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<> Este artículo se publicó el  16  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Meritoria justicia en el caso la Mina

La opinión del Abogado….

 

JOSÉ GÓNDOLA MOLINAR
jgondola@orobioyorobio.com

Bajo el convencimiento de que el abogado se constituye en un poder dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, me correspondió el honor de servir en la atención profesional de uno de los casos más emblemáticos de la historia de la abogacía en Panamá: Se trata de la Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Mina Hydropower Corp. ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ para la restitución de la Concesión Administrativa para la explotación del Proyecto Hidroeléctrico Bajo de Mina.

Para asumir semejante responsabilidad, comprometí mi experiencia y reputación profesional, y una inteligencia múltiple desarrollada a través de estudios especializados que me permitieron aplicar un conjunto de conocimientos y habilidades para resolver diversos tipos de problemas durante mi gestión en este caso en particular.

Al final de una intensa lucha judicial, mediante una sentencia de mérito, final y definitiva, se resolvió el litigio en mención. Se anularon las resoluciones emitidas por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Se restituyeron a favor del demandante los derechos para la construcción, explotación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina. Y a la vez, se dejó sin efecto cualquier otra concesión del objeto litigioso a cualquier tercera persona.

En ese transcendente fallo, los magistrados que conforman la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado VÍCTOR L. BENAVIDES P., en ejercicio de las facultades propias de la recta administración de la justicia, resaltaron la buena fe del demandante y el incumplimiento del contrato imputable a la ASEP., declararon categóricamente que el incumplimiento que se ha pretendido atribuir a la parte demandante, realmente es la consecuencia de una omisión de la ASEP, quien no demostró que hubiere atendido las solicitudes que en su momento le hiciere aquella; es decir, la adjudicación forzosa de servidumbre y de adenda al contrato (prórroga): y simplemente encontró viable arribar a la conclusión de resolverle administrativamente tal contrato; lo que a nuestro juicio denota la temeridad y mala fe procesal reconocidas expresamente en el fallo.

En efecto, la Sala no pudo soslayar, que el hecho de que la concesión objeto de la demanda fue concesionada a una tercera persona sin esperar las resultas del pleito, generó la configuración de daños y perjuicios, lo que en su momento deberá ser debatido, mediante una demanda contenciosa administrativa de indemnización.

Todo lo actuado en el reconocimiento judicial de la pretensión, constituye, sin lugar a duda alguna, un precedente que necesariamente se establece ante la falta de contestación de la demanda y de pruebas. Se impusieron las consecuencias adversas para el demandado. El Poder Judicial actuó en reconocimiento del principio del debido proceso que impera en nuestra Carta Magna, para realizar una meritoria justicia en el caso la Mina.

Es justo y meritorio reconocerles a los magistrados la valentía de su fallo, en un medio como el nuestro en el que es imperante consolidar los postulados propios de la Seguridad Jurídica, así como la seguridad de las inversiones.

No encuentro mejor forma de consignar mi agradecimiento a La Estrella de Panamá, que rememorando algunos de los aspectos más relevantes de los artículos publicados en ese medio, a ello nos dedicamos brevemente a continuación.

‘Mis argumentos se elevan no solo por el claro derecho que le asiste a mi representado, sino por la defensa del propio centro neurálgico de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestro sistema judicial’. (Llamado a los Factores de Poder y a las Fuerzas vivas del País, publicado por La Estrella de Panamá).

‘El deliberado ocultamiento de la verdad material en el proceso constituye un abuso de autoridad y un fraude de la Ley, que lo convierte en una farsa judicial; se crea así un precedente judicial de nefastas repercusiones para nuestro sistema jurídico que afectará negativamente la imagen del país’. (Una Farsa Judicial Absurda, publicada por La Estrella de Panamá).

‘Un país que pretende funcionar eficientemente es aquél que mantiene instituciones jurídicas estables con la suficiente credibilidad, conocimiento y confianza para que sean capaces de conducir la economía a un escenario de acuerdo a estándares internacionales, como mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones tanto a los extranjeros, como con mayor razón a los nacionales. Estas expresiones tienen un eco comprobado, una caja de resonancia ética y jurídica en las instituciones de globalización de la justicia, específicamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos’. (Grado de Inversor y Seguridad Jurídica, publicado por La Estrella de Panamá).

Así, se ha dictado una meritoria justicia, que constituye un firme compromiso con el propósito de coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de un sistema judicial confiable y competente en nuestro medio jurídico que propugne por el reconocimiento efectivo de los cuatro valores básicos de la justicia: eficacia, integridad, rendición de cuentas y excelencia.

 

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<> Este artículo se publicó el 28 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otra lesión patrimonial

La opinión de…

Francisco Sánchez Cárdenas

Hace varios meses denuncié la posibilidad de una lesión patrimonial por 15 millones de balboas, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli redimió B/. 530 millones en bonos a la CSS en forma prematura e inconsulta, con la excusa baladí y falsa de que devengaban un interés menor al 1%.  Entonces no hubo reacción de las autoridades de la CSS que contemplaban hacerse cómplices en la absurda compra de los corredores.

Esta irresponsable acción contribuyó a incrementar el déficit de 64 millones del programa IVM, anunciado recientemente por la Dirección de la CSS.

Ahora, con la proyectada compra de los corredores, opinamos que se está en la puerta de una nueva lesión patrimonial,  aparte de que la única lógica que le vemos a dicha operación no es otra que el empecinamiento de un solo hombre por culminar un negocio.

Sentimos que hay apresuramiento y desorganización, aunado a un cambio permanente de propuestas que hace percibir el asunto como altamente sospechoso.  Apresuramiento, porque sólo a tres semanas de entregado al MEF el informe Auditoría Contable Financiera y de Bienes Raíces del Corredor Sur se anuncia que se llegó a un acuerdo. Es poco probable que negocios serios y de la magnitud de B/.420 millones se puedan cerrar en el tiempo récord de 21 días.

La desorganización se observa cuando se dice que el proyecto sería financiado por la CSS, ahora debilitada por la redención prematura de bonos. Después anunciaron que el Fondo Fiduciario serviría como complemento al financiamiento; luego, que venderían acciones y, por último, una emisión de bonos.

Surgen más sospechas cuando el informe reconoce que el valor de la obra es de B/. 285 millones y el gobierno anuncia que pagará B/. 420 millones. También causa duda cuando el MEF anuncia que los corredores nunca se iban a recuperar, lo que es falso porque el contrato establece un período de 30 años para su devolución.   En caso de problemas de recuperación de inversión o de ganancia razonable, está pactada la renegociación o el rescate administrativo y hasta el arbitraje en caso de diferencias.   Todo dentro del respeto de la seguridad jurídica.

Si la propia Bolsa Bancaria de México calculó el valor del Corredor Sur en B/.91 millones, en libro, y el valor comercial hasta en B/.400 millones, ¿cuál es el apuro en pagar un exceso de 25 millones a 135 millones de balboas?   Si no agregaremos un solo metro de vía adicional con los más de mil millones que vamos a despilfarrar y si los peajes se mantendrán iguales, ¿por qué tanto apresuramiento por esta transacción?

De insistir, los altos personeros del Gobierno en pagar B/.420 millones por el Corredor Sur,  aún siendo advertidos por los auditores contratados por el MEF de que hay una cláusula de rescate administrativo, pactada y aceptada por ICA en el contrato original, firmado hace 14 años; que de aplicarla como corresponde, se pagaría una cifra tope de B/. 285 millones a pagar por la adquisición del bien, estarían cometiendo una lesión patrimonial al Estado por el orden de B/.135 millones.   ¿Por qué y para qué?   ¿A quiénes se pretende beneficiar con esta leonina transacción?

Con la pérdida del buen juicio del Gobierno, que por alguna oscura causa ha desatado una gigantesca y también sospechosa carrera para ver quién propone, licita u otorga en forma directa el proyecto más grande y millonario y, además, haciendo fiesta con la política de pagos adelantados de contratos, tan criticada en el pasado reciente, no podemos dejar de pensar que algo no huele bien en esta danza de millones.

Sé que algunos detractores me exigirán que interponga una denuncia, pero en los pasos que anda la justicia, no vale la pena ahogar el caso ante una Corte Suprema con su voluntad y prestigio hipotecados en las manos del presidente Martinelli. Prometemos luchar para que en el futuro la justicia sea reivindicada y que estas acciones con visos de corrupción no queden impunes.

<> Este artículo se publicó el 17 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,  a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La violación de un contrato

La opinión de….

Gabriel Ortega 

En la actualidad las compañías que ofrecen el servicio de distribución de energía eléctrica son privadas; ellas realizaron un contrato con el Gobierno en donde lo plasmado entre ambos no se puede cambiar, pues atenta contra la seguridad jurídica de las partes. Posteriormente, de forma individual, estas compañías realizaron contratos con cada una de las personas que necesitan la luz eléctrica (casas, negocios, industrias).

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones, en donde la voluntad de las partes en común acuerdo es plasmada en un documento, que a la final es respetado por ambos.

Este contrato es protegido por la llamada seguridad jurídica, un principio de derecho universal que busca darle a las partes garantía legal, por si surge alguna controversia o disconformidad en el futuro, pues habrá variables que en el camino darán ventaja a uno de los firmantes. Por eso esto se maneja como contrato-ley.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones dentro de la sociedad, es el actor llamado a salvaguardar la voluntad plasmada en un contrato

La seguridad jurídica es la garante dada al individuo o a un grupo por el Estado, de modo que sus bienes y sus derechos sean respetados.

Si yo, como ciudadano, firmo un contrato con las compañías de distribución eléctrica, cómo es posible que ahora se pretenda desconocer este contrato y prácticamente obligarme a pagar la basura de forma casada. No es que no quiera pagar la basura, es lógico pensar que debo pagar por el servicio.   Pero qué hay con la seguridad jurídica.   Esto significa que yo puedo alterar los contratos ya firmados con las distribuidoras eléctricas y las de teléfono. Ojo, ustedes están inventando.

Si usted quiere que las personas paguen por el servicio de basura, simplemente, si no pagan, no se las recojan o busquen otro mecanismo.

Soy de la opinión que el proyecto de ley 180, que crea la Autoridad Nacional de Aseo (ANA) no es malo, pero plasmar artículos como este es algo muy temerario, crea el precedente de que sí se pueden modificar los contratos con las compañías de servicio.   Cuando el pueblo se queja de que los servicios son muy caros, los gobiernos dicen que no se puede hacer nada, que es un contrato y no pueden obligar a las compañías a bajar las tasas de luz y teléfono. ¿Y qué pasó ahora? ¿Es esto un exabrupto jurídico? ¿Es una punta de lanza para modificar otros contratos?

El vínculo entre la tasa de aseo y la tasa de electricidad viola el contrato firmado entre el consumidor de energía eléctrica y el distribuidor.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Seguimos como arrieras sin pestañas

La opinión del Activista de Derechos Humanos….

Miguel Antonio Bernal 

Hace casi una década atrás, me preguntaba en este mismo espacio, ¿Cómo hacer para empezar a dejar de andar como arrieras sin pestañas, sometidos al vaivén de los caprichos, los antojos y creyendo que todavía “la Patria sabe a carimañola, huele a mar y suena a saloma”, si cada vez hay más compatriotas que no pueden comer ni carimañola, el mar no huele sino que hiede y poco asoma del canto del saloma?”

Entonces indicaba cómo “la corrupción no ha cesado de crecer y ha servido hasta de entretenimiento del neo-autoritarismo para violar –con la sonrisa en los labios- a la ya tantas veces violentada, violada y manoseada “constitución” y la cacareada “seguridad jurídica”. Eran los días en que Tito, Fito y Titi votaron por Winnie y Tito…

Y desde esa misma columna preguntaba si los panameños “¿Estaríamos dispuestos a aceptar que los partidos políticos “legalmente inscritos” no representan para nada al pueblo panameño por miles de inscritos que digan tener o tengan, sino los intereses personalísimos de sus jerarcas?

¿Vamos o no a reconocer, y por ende a actuar en consecuencia, que no hay en Panamá una verdadera organización política ni como Estado, ni como Gobierno, ni como oposición, ni como sociedad civil?

¿Conversaremos o no que las elecciones del 2014 no le deparan absolutamente nada mejor al país, a la sociedad o a la mayoría de la población, pero si un reacomodo a los factores reales de poder que tienen el monopolio de la política, de los partidos, de lo político y que manejan el Estado y sus instituciones como si fuera su feudo?”

Los acontecimientos llevan a reiterar que el sistema imperante en nuestro país, basado en una ‘antigua legalidad’ pese a la nueva realidad, se maneja con una dogmática concepción que no les permite el verdadero diálogo, ni la conversación seria, ni tampoco el debate y mucho menos la disidencia.   No nos queda entonces a los ciudadanos, a esa sociedad civil aun desorganizada y atomizada, otra cosa que resistir, que organizar la resistencia para no seguir como arrieras sin pestaña.

Les guste o no a los que monopolizan todo, los ciudadanos tenemos que organizarnos a lo largo y ancho de la geografía nacional bajo planteamientos claros y decididos que despierten la esperanza de días mejores, que entusiasme la voluntad sin inclinaciones ni dobleces, con dignidad de verdad por ese mañana que se nos niega cada vez más.

Para ello debemos entonces empezar a entender, de una vez por todas, que los ciudadanos no tenemos que seguir mendigando nuestras libertades ni nuestros derechos políticos; que “la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”.

Y en ese terreno, en Panamá hoy vemos como, entre otras tantas situaciones, aumenta la violación de los derechos humanos (desaparecen a los desaparecidos), la desinformación (somos los últimos en enterarnos de todo), la mordaza a la libertad de información continua en aumento, la autocensura, la despolitización de los ciudadanos y la confabulacion de gobernantes y gobernados con la corrupción y la impunidad como modus vivendi.

Obliguémonos a ser valientes y a ser resistentes y dejar tanta cursilería y salir a la búsqueda y el encuentro de un comportamiento verdaderamente digno de ciudadano.

Para ello tenemos que integrar un movimiento dinámico que no sea la suma mecánica de acciones aisladas, de análisis superficiales y falaciosos, y sobre todo de estar aceptando que el “consenso”, la “concordia”, el “diálogo”, la “armonía” nos procurarán una verdadera salida, pues solo han servido y sirven a los que a diario nos niegan nuestras libertades y nuestros derechos.

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Este artículo se publicó el 27 de agosto de 2010 en el diario Panamá América a quienes damos igual que al autor todo el crédito  que les corresponde.

El país de la zozobra diaria

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.

‘ Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas’, Antonio Porchia. El ahora presidente Ricardo Martinelli fue el más férreo opositor a suscribir el pacto ético para adecentar la pasada campaña electoral.   Entonces no respetó la más mínima ética pública, menos la respeta ahora.   Está imponiendo a la conciencia nacional su particular visión de país aderezada con los excesos verbales que devalúan su propia investidura y lo llevan a cometer toda suerte de extravíos.   Posee una visión maniquea que coloca de su lado a los buenos y agrupa al resto de los panameños como indios borrachos, sindicalistas maleantes, a la sociedad civil como conspiradora, a los periodistas como pacotilla, a las noticias contrarias como periodicazos, a los empresarios como gallotes y a los opositores como cínicos y corruptos.

No le bastaba a Martinelli con emplear cuanta tribuna tiene a mano para atacar a sus adversarios. El lanzar a las calles a las turbas oficialistas como tropa de choque —que en países vecinos han derivado en bandas paramilitares para eliminar físicamente a opositores— se inscribe en la lógica de una agresión permanente, de intolerancia hacia las críticas con la intensión de ocultar o desviar la atención sobre hechos y denuncias que afectan al gobierno.

Hay que comprender que el oficialismo tiene sus razones para ocultar la posibilidad de saber la verdad acerca de dónde estuvo desaparecido el indígena Víctor Palacio por más de un mes. Y que el estreno de la nueva modalidad de agresividad oficial, surja de la misma matriz totalitaria y de control mediático que ha signado la gestión de Martinelli.

El mandatario se ha caracterizado como maestro del engaño y la falsificación de la realidad.   El control del acceso a la información y el bombardeo propagandístico, intenta criminalizar a sus adversarios con el empleo de la mentira como arma política, sin el freno que podrían aplicar en otros tiempos las instituciones democráticas, sometidas a sus arranques despóticos.   Los grupos empresariales dueños de los medios de comunicación han cedido, por temor o complicidad, ante el embate del oficialismo para ser árbitro del flujo informativo.

Aunque al colectivo social le resulta inverosímil el falso relato de la realidad que pretende imponer, Martinelli está creyéndose su propia mentira.

En un gobierno que vive pendiente de los medios de comunicación, esa obsesión deriva de un error:   El de creer que la sociedad obedece a los medios como una fuerza física. Y que al dominar los mensajes que se emiten, se controlará a quienes reciben esos mensajes. La estrategia es rudimentaria, pero efectiva cuando no se cuenta con argumentos persuasivos.

El gobierno olvida que las sociedades nunca se colocan del lado de los victimarios y que el Estado pierde autoridad cuando se convierte en un Estado generador de ilegalidad y arbitrariedades.

Con Martinelli está en riesgo la paz social y la imagen del país, porque lo está polarizando.   Que se dejen de ‘babosadas’, dijo el martes en Changuinola, ‘yo no persigo a nadie’, en reacción al acoso por medios judiciales lanzado el contra el ex presidente Martín Torrijos. Esa acción responde a magistrados fieles al Palacio de las Garzas que están complaciendo al Ejecutivo, editorializó el miércoles La Prensa. Es ‘difícil descartar que detrás se escondan motivaciones políticas’, añadió.   ‘Es imposible para el gobierno convencer a la ciudadanía de que no se está cruzando la línea entre la verdadera justicia y la persecución política’, resaltó el mismo día el editorial de Crítica.

Sin duda que se cierne sobre el país un período horrible y hay que cubrirse. Nadie está a salvo en Panamá. Ningún gobernante totalitario se flexibiliza, todo lo contrario. Nunca como en estos días el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la libertad de expresión han estado tan amenazados. En el escenario nacional se advierte una fractura que está abriéndose y que pone en peligro la convivencia como se ha conocido hasta ahora.

Martinelli puede manifestar reacciones despiadadas y desenfrenadas del poder para fulminar a sus adversarios.   Sin embargo, es una verdad indiscutible que la sobrevivencia de un gobierno se pone en juego cuando se empecina en ahogar sistemáticamente la legalidad.   Martinelli, aunque ostente la primera magistratura del país, es un funcionario transitorio del Estado, y cuando concluya su mandato será un ciudadano más que deberá rendir cuentas por sus acciones, por muy blindado que ahora parezca.

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Este artículo se publicó el 26 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Justicia en tiempo de “Wild Bill”

La opinión del Abogado…

LUIS FUENTES MONTENEGRO

El “Salvaje Bill” adquiere relevancia de un momento a otro, de pronto toda la prensa se concentra en ese personaje aparentemente terrorífico que instalado en una isla de Bocas del Toro asesina a varias personas. ¿Pero qué parecido puede tener ese salvaje homicida con la justicia? A la verdad, mucho.

Lo que a veces parecieran coincidencias, en trasfondo no lo son, obedecen al principio de causalidad, o sea es la causa de algo lo que produce un efecto; determinar si “Wild Bill” o la justicia es la causa o efecto, en nada altera la realidad de una sociedad folclórica en donde justicia y democracia son casi dos ficciones o estúpidos ideales de personas que hay que extirpar como sea, en el criterio de los que tienen poder y lo usan conforme al juega vivo más deplorable y pernicioso.

“Wild Bill” vivía como un señor feudal en un país maravilloso donde cometer delitos o asesinar parece ser fácil, y mucho antes de que fueran públicos sus crímenes era un extranjero respetado, con inversiones, incluso aún desde el momento en que fue capturado ha gozado de todas las garantías constitucionales y del respeto tan acucioso por sus derechos humanos.   La justicia ha sido eficiente con “Wild Bill”, en nada ese sujeto puede decir que sus derechos no se le han respetado.

¿Qué diferencia existe entre ese “Wild Bill” y tantos ciudadanos que reclaman justicia y sólo reciben desprecio, dilataciones y abusos? ¿Es que ese extranjero criminal tiene más derechos que cualquier panameño? Entre el cómo procede la justicia y ese homicida hay una conexión que la semiótica puede explicar como la tesis de los rasgos compartidos: el juega vivo delictivo, la doble moral, la apariencia de la rectitud y de la honestidad, el afán por ser famoso porque salen en noticieros televisivos y en los periódicos diciendo lo que no es, lo que tergiversan.   Si las autoridades de Estados Unidos no hubieran dado informes sobre “Wild Bill” y solicitara cooperación judicial, seguro seguiría como persona respetada.

La justicia, en particular la que corresponde al ámbito penal  tanto en la fase sumarial como la fase plenaria?, tiene que ser revaluada, orientada al fortalecimiento de un estado de derecho, no como estructura de conveniencias o espacios políticos; en la medida que eso no ocurra, la fragilidad de la seguridad jurídica será mayor. Panamá quiere justicia verdadera.

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Artículo publicado el  17 de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde están las élites?

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

Entiendo muchas de las pasividades que medran el ánimo del país.   Quién va a protestar por el dolor que le produce a los campesinos del río Santa María en Veraguas la pérdida de su cauce y de sus tierras “en pro del desarrollo”;   por qué se iba a movilizar la sociedad ante un nuevo tramo de la cinta costera que confirmará el extraño empeño de nuestros gobiernos de acabar con el Patrimonio de la Humanidad que ha sido el Casco Viejo; qué motivaría a los que están entretenidos en la difícil tarea de sobrevivir a hacer vigilia a favor de la Procuradora, víctima del juicio express y de la vendetta del Ejecutivo; en qué momento un movimiento ciudadano se tomaría la Asamblea Nacional para tratar de refundarla desde sus ya humeantes cenizas…

La pasividad no es casual.   Son décadas, si no siglos, de educación adormecedora, formadora de seres sumisos que aceptan los golpes del poder con ese extraño silencio del que nos ha provisto ese mismo poder enfermo y enfermante.

La vida se ha convertido, sin más, en un tránsito bastante aburrido del trabajo a la casa hacinada y de la tristeza a la borrachera del olvido;   las protestas ya no son derecho sino el revés de unos cuantos tildados de antisistema, de enemigos de lo correcto. El país va camino del desbarrancadero mientras la mayoría sonríe en la fiesta de la desmemoria y el sinfuturo.   Pero… ¿y las élites? ¿Dónde están las élites?

No es que yo sea un patrocinador de esos clubes de empresarios que dicen velar por el desarrollo de nuestros pueblos, ni que crea que una teletón sea la solución para nuestros desvelos… pero sí pensaba –de forma ingenua, probablemente- que las élites económicas del país querían proteger la gallina de los huevos de oro, sus inversiones, sus cuentas de ahorros abultadas por la desigualdad y la injusticia.

Por eso, insisto, pensaba que las élites le pondrían freno a esta locura a la que estamos asistiendo. Es cierto que no frenaron a Martín Torrijos, pero es que este trabajó directamente para ellas: Martín fue el mejor CEO que podían soñar los millonarios reales y los potenciales, les parceló el país, hizo las leyes a su gusto y beneficio, los protegió y, además, logró dar una apariencia de cierta paz democrática –mentirosa, pero eficaz-.

Sin embargo, con el gobierno que se hace el loco las cosas no van bien. Cualquier empresario inteligente entendería que el golpe de Estado de facto con el que el Ejecutivo se ha metido en el bolsillo a la justicia supone la defunción oficial de la tan cacareada “seguridad jurídica”;   sabría que por mucha plata que se reparta a punta de contratos directos para las megainfraestructuras prometidas se está generando una bomba de tiempo en barrios y poblaciones afectadas por los mismos;   comprendería que sin un mínimo marco democrático la prosperidad de las élites se verá amenazada por embargos, bloqueos económicos o juicios internacionales;   intuiría que, si la imagen internacional de Panamá se empaña –como ya está ocurriendo-, muchos de los negocios que precisan de inversión extranjera o de compradores fulitos se irán apagando; temería por este rearme policial que ya parece militar y que dejará sin poder real a quien no controle esas “tropas”.

Creo que ha llegado el momento de las élites.   Las hay egoístas y acaparadoras, y esas deberían estar moviendo ya sus hilos para cambiar el rumbo de este gobierno y provocar cambios a su favor.   Hay élites, y soy consciente, preocupadas sinceramente por su país y el futuro de los suyos, y a esas les tocaría fomentar una reforma profunda del sistema que no se haga en el clóset del cabildeo sino a la luz de las mayorías.

Pareciera que este gobierno estuviera en su cuarto año, pero no es así. Y las élites, al igual que el pueblo, no van a salir indemnes de esta locura política que parece no tener límites.

Cuando se dice que con este actual gobierno los dueños del país se han puesto al frente de lo público se miente. Quien dirige el actual gobierno es la élite tradicional, el gamonal en su más pura expresión, los finqueros del ayer jugando a los gobernantes del presente.

Debe haber, y las hay, élites modernizadas que entienden que sin un marco democrático donde las mayorías reciban algo del cake y tengan los derechos básicos asegurados lo que peligra no son sus fortunas sino su tranquilidad, sus vidas, el mismo sistema.   Salgan del clóset y ayuden a enderezar este entuerto.

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Este artículo se publicó el 17 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ministerio Público vs. Seguridad Jurídica

La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris

Nuestra Constitución Política establece, como atribuciones del Ministerio Público, defender los intereses del Estado o del Municipio, promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales, servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos y ejercer las demás funciones que determine la ley.

También señala nuestra Constitución Política, como una de las funciones especiales del Procurador General de la Nación, velar porque los demás agentes del Ministerio Público, desempeñen fielmente su cargo, y se les exija responsabiliedad por falta o delitos que cometan.

Las normas que establecen lo señalado anteriormente, se encuentran contenidas dentro del capítulo segundo, del título VII, de nuestra Constitución Política, que trata sobre la Administración de Justicia.

Siempre me he mantenido dentro del principio de que la Administración de Justicia es la columna vertebral de la democracia y de que de la seguridad jurídica que resulte, del mejor cumplimiento, aplicación y efectividad de las normas jurídicas depende el fortalecimiento del sistema democrático y el desarrollo sostenible del país.

De todo lo afirmado anteriormente, se infiere que en esa institución tan importante del Estado Panameño, deben ser designados en sus cargos, funcionarios de reputada honorabilidad, capacidad académica indiscutible y con la firme convicción de lo que el fiel cumplimiento de sus atribuciones, representa, para el fortalecimiento de la democracia y de todas las instituciones de nuestro país.

Desafortunadamente, una triste realidad nos dice con hechos concretos que esa importante institución a la que nos estamos refiriendo, no se encuentra en las mejores manos y es manejada en sus despachos superiores por hombres que no mantienen el perfil que hemos mencionado.

Los despachos del Procurador General de La República y de La Fiscalía Auxiliar de la República, recientemente han llevado a cabo deplorables actuaciones, que atentan contra los más elementales Derechos Humanos y garantías constitucionales de los panameños. Los deplorables recientes hechos conocidos, con conductas criminales por parte de las autoridades, no serán debidamente investigados, porque pretenden sustentarse en la reciente mal querida Ley 30, que otorga a las fuerzas armadas el derecho de reprimir de cualquier forma y sin ninguna consecuencia legal para sus componentes, a quienes nos atrevamos a luchar por la democracia, la justicia y la libertad.

Todo lo aquí expresado, nos obliga a los que estamos dispuestos a luchar por el adecentamiento de la administración de justicia, y alcanzar la seguridad jurídica, a mantenernos vigilantes y denunciar las actuaciones de los funcionarios mencionados, por los hechos ya conocidos y por conocer.

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Este artículo se publicó el  23  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De orden público e interés social

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..

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CARLOS AYALA M.

La finalidad del derecho es la realización de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, valores fundamentales de la sociedad. Bajo este prisma deben ser analizados los textos legales por los operadores de justicia, no solo al enfrentar la norma con un hecho particular, sino al confrontar los textos legales entre sí.

No basta el análisis literal de la norma, por cuanto el legislador ni es perfecto, ni puede predecir los efectos que la norma puede producir. Por eso, es necesario entender cuál es la ratio legis, el bien protegido y los valores contenidos en la norma sujeta a interpretación.

El artículo 43 constitucional prohíbe la retroactividad de las leyes y por vía de excepción, serán retroactivas las que expresen ser de orden público e interés social o las que favorezcan al reo en materia penal. La jurisprudencia ha interpretado esta norma en el sentido que basta que el texto de una ley diga expresamente (literalmente, explícitamente) que es de orden público e interés social, para que sea válida su vigencia retroactiva. Esta apreciación inhibe a la Corte Suprema de conocer hasta dónde se compadece con el texto constitucional, cualquier concepto que se pretenda aplicar retroactivamente al cerrar la puerta del análisis con un letrero que dice ‘Prohibido entrar, porque esta Ley es de orden público e interés social’.

Si todas las leyes fuesen retroactivas, conteniendo una frase que diga ‘de orden público e interés social’, nadie, ni la Corte Suprema, podría negar su constitucionalidad, pese a la prohibición constitucional, lo que a todas luces es absurdo, porque anula el artículo 43 y el principio de seguridad jurídica que debemos percibir todos, entendiendo que las reglas jurídicas no cambiarán hacia atrás, en perjuicio de nuestros derechos.

La prohibición consagrada en el artículo 43 comentado, no puede ser anulada por una frase incluida en la Ley, sino que ésta debe explicar expresamente, debe justificar, el interés social; es decir, el interés que tienen la sociedad en dicha retroactividad; y si no lo explicita, pues, dicha norma es violatoria de la Constitución, porque la explicación permitiría al juzgador decidir si los argumentos del legislador justifican o no dicha retroactividad. De esa forma habría un acceso al análisis de la ratio legis y no se podría huir del mismo, debido a una frase simple en el texto de la Ley.

La Asamblea Nacional aprobó 61 leyes en el último año; cuatro de ellas retroactivas; dos de estas cuatro eliminaron derechos adquiridos: la Ley 43 de 2009 eliminó la estabilidad a 32000 servidores públicos (retroactiva a dos años) y la Ley 4 de 2010, eliminó la estabilidad a 800 funcionarios de la Asamblea Nacional (retroactiva a un año y medio).

Ninguna de ellas explica por qué es interés de la sociedad panameña sus efectos retroactivos. La Corte, siguiendo su secular tesis, se abstendrá de opinar, porque existe una frase que indica que son de ‘orden público e interés social’ en su texto, y la realización de la justicia y la seguridad social en este caso, serán nulas, como casi siempre.

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Este artículo se publicó el 31 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversor y seguridad jurídica

La opinión del Abogado…..

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JOSÉ GÓNDOLA

La inclusión de Panamá en los países con grado de inversión se tomó con base al factor de riesgo que surge sobre el cálculo de distintas variables financieras que analizan las perspectivas económicas del país, la libertad de hacer negocios, la libertad de expresión y la seguridad jurídica entre otros aspectos. La permanencia en ese exclusivo “ranking”, conjuntamente con las economías latinoamericanas más poderosas, se logra al perfeccionar un modelo de desarrollo económico justo, equitativo, libre, participativo y democrático; sobre todo, creando un ambiente de respeto y seguridad jurídica en favor de las inversiones. Solo así, se logrará que los inversionistas aumenten su confianza en el país, atrayendo más inversión, más empresas; y como consecuencia, más empleos, entre otros beneficios financieros.

Recientemente, se celebró una audiencia en la instancia internacional de los derechos humanos para evaluar aspectos relevantes de la justicia panameña. De allí la necesidad de adquirir un firme compromiso de contribuir con el saneamiento del entorno jurídico, para revertir la percepción de impunidad que surge del sistema judicial, con el propósito de coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de un sistema judicial confiable y competente en nuestro medio jurídico que propugne por el reconocimiento efectivo de los cuatro valores básicos de la justicia: eficacia, integridad, rendición de cuentas y excelencia.

Cuando el propietario de las concesiones hidroeléctricas Beitún y Bajo de Mina, no accedió a negociar las mismas por recibir una propuesta irrisoria, extrañamente, las dos concesiones fueron a parar bajo el dominio del mismo potentado. Desde entonces, se atenta contra la seguridad jurídica al pretender convalidar este despojo mediante un proceso amañado: un asunto de alto perfil jurídico que pone en duda el respeto por las inversiones.

Julio César Lisac, un inversionista panameño, fue despojado injustamente de sus proyectos hidroeléctricos para otorgárselo a Carlos Slim (uno de los hombres más ricos del mundo), sin esperar la decisión final de la demanda interpuesta por La Mina Hydro-Power Corp., contra el Estado panameño.

Como no contestaron la demanda en el término oportuno, se configura con la actuación una denegación de justicia sistemática, que se materializa por medio de la conducta permisiva ante el dolo procesal verificado para repetir indebidamente tanto el traslado como la contestación de la demanda; la simulación en actuaciones judiciales que pretende subsanar la referida omisión de ese presupuesto procesal, con el informe explicativo de conducta; y los diversos obstáculos para impedir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

El mismo Estado entra en contradicción con relación al tema, mientras que el presidente Martinelli condenó públicamente el regalo de estas hidroeléctricas, el operador judicial trata de perfeccionar a toda costa el despojo haciendo ilusorio el proceso.

Se viola el Principio de Seguridad Jurídica en esta oportunidad, al eludirse indebidamente la aplicación de la norma exclusiva que regula la falta de contestación de la demanda, normativa que está vigente y que no está sujeta al arbitrio de potestades discrecionales; en virtud de que no existen conflicto de leyes, duda o laguna legal en esta materia: no hay una pluralidad de soluciones judiciales posibles.

Estas actuaciones “ desaforadas ” implican un costo inconmensurable, que atentan contra las expectativas de acrecentar el avance económico del país fundamentado en la competitividad, toda vez que se incide negativamente sobre el clima de inversiones extranjeras, que tanto ha costado estructurar mediante mecanismos deliberados llevados a cabo para construir una imagen positiva del país, situación que mantiene suma relevancia para sostener la inserción en la comunidad internacional.

Un país que pretende funcionar eficientemente es aquél que mantiene instituciones jurídicas estables con la suficiente credibilidad, conocimiento y confianza para que sean capaces de conducir la economía a un escenario de acuerdo a estándares internacionales, como mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones tanto a los extranjeros, como, con mayor razón, a los nacionales. Estas expresiones tienen un eco comprobado, una caja de resonancia ética y jurídica en las instituciones de globalización de la justicia, específicamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Actuaciones jurisdiccionales descomedidas, como la que lamentablemente nos ocupa, vulneran de forma ostensible los postulados básicos de los derechos humanos que rigen nuestro ordenamiento jurídico positivo, parte esencial del debido proceso. Resulta insostenible la configuración que le ha dado en el caso en comento la institución garantista por antonomasia.

Los actos ejecutados “ contra legem ”, producen una degeneración de la institucionalidad jurídica del país; una contradicción interna de suma relevancia para la comunidad internacional, gravemente lesionadora tanto de la imagen como del riesgo país.

Al hacerse nugatoria la seguridad jurídica, de forma tan palmaria, se enrarece el clima de inversiones extranjeras que tanto ha costado estructurar en el seno de un mundo globalizado; la comunidad internacional no solo nos mira: tiene la capacidad de juzgarnos y hasta de sancionarnos.

La función jurisdiccional en un Estado de Derecho no es otra cosa que la recta aplicación e interpretación de las leyes para llegar a la solución general prevista por el ordenamiento jurídico.

Con este actuar arbitrario digno de un Estado autocrático, se burlan los derechos justiciables de nuestro representado, que conllevan la correlativa obligación para el Estado de garantizar un juicio eficaz.

Con la sistemática obstaculización de la Ley, se busca dejar sin efecto indebidamente la concesión administrativa de la forma más similar a una confiscación de bienes o una expropiación, desconociendo los obvios derechos industriales e intelectuales de mi representado, al obviarse el pago de la indemnización que corresponde, lo que es condenable en un Estado de Derecho.

Es esta, sin duda, una situación que produce efecto invalidante sobre la seguridad jurídica, que afecta la imagen / riesgo país necesaria para mantener el grado de gran inversor logrado, después de tanto esfuerzo nacional sostenido.

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Este artículo se publicó el 22 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Derecho a la tutela judicial efectiva

La opinión de…..

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César E. Escobar Vásquez

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende un triple e inseparable enfoque: La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; obtener una sentencia de fondo, es decir, motivada y fundada en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión; y que esa sentencia se cumpla.

La tutela judicial efectiva se vincula al estado de derecho, el que se caracteriza por el sometimiento de todos –gobernantes y gobernados– sin excepciones a la ley, de manera que nada ni nadie pueda estar por encima de ella.

Cuando el sistema institucional funciona en términos iguales para todos, a través de normas claras y susceptibles de ser conocidas por todos, que rigen y se aplican a situaciones posteriores a su entrada en vigencia, puede hablarse de seguridad jurídica.

De allí la importancia que revisten las garantías, tendientes a la efectividad de los derechos sustanciales, pero fundamentalmente también la organización del poder a través de una serie de potestades que se atribuyen a las magistraturas públicas, las que constituyen garantías políticas de control de las libertades. La tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso promoviendo la función jurisdiccional.

Una de las manifestaciones concretas de este primer momento está dada por el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables, y de interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.

En tal cometido es un principio básico de interpretación constitucional que la libertad es la regla y la limitación es, en cambio, la excepción, la que debe interpretarse restrictivamente. Resulta indiscutible que en caso de duda habrá que optar en virtud de la regla pro homine, a favor de las libertades y de la efectividad de los derechos.

De ello deviene una serie de principios que se aplican en los distintos ámbitos del derecho de fondo y el derecho procesal, tales como: in dubio pro reo, in dubio pro operario, in dubio pro administrado, in dubio pro legitimación, in dubio pro vida del proceso, in dubio pro prueba, etc.

El derecho a la doble instancia es otra de sus manifestaciones concretas, es decir a la posibilidad de revisión de las resoluciones judiciales, por parte de otro juez o tribunal superior al que las dictó.

El derecho a la doble instancia no debe ser, en principio, solo limitado al proceso penal, ya que la instancia única como regla puede resultar incompatible con la prohibición de la arbitrariedad y la concentración del poder en un régimen democrático.

Finalmente, el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la resolución judicial se cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos establecidos en ella será vano, una mera declamación de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica.

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Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.