Los procesos arbitrales

El artículo 49 de la Constitución reconoce que la ley establecerá mecanismos para garantizar los derechos del consumidor

La opinión de….

PEDRO  MEILÁN

En aquellos contratos denominados de adhesión, las condiciones de la contratación son establecidas unilateralmente por las empresas.

El consumidor sólo se adhiere a las mismas.

Aún cuando ciertos elementos de alguna cláusula sean negociados individualmente, seguirá considerándose un contrato de adhesión.

Esta condición permite cuestionar la validez de sus cláusulas, pues las mismas son susceptibles de ser anuladas por abusivas y, con ello, dejadas sin efecto.

En algunos de estas contrataciones se está estableciendo la obligación para que se acuda a un proceso arbitral para dirimir las controversias que en materia de derecho de consumo se susciten entre las partes.

Con esto se obvia la tutela especial que el diseño normativo que presenta la Ley 45 de 2007, plantea a favor de la parte débil de la relación de consumo, el consumidor.

La vulnerabilidad del consumidor en la relación de consumo se ve sustentada en virtud de muchos aspectos, entre los que destacan la asimetría de información, el poder económico superior del agente económico versus el consumidor, en la mayoría de los casos, que le permite obtener, inclusive mejores condiciones para discutir sus controversias, entre otros.

El artículo 49 de la Constitución Nacional reconoce que es la ley la que establecerá los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del consumidor, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de esos derechos.

Asimismo, el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, señala en el numeral 1 de su artículo 2 que no podrán ser sometidas a arbitraje las controversias que surjan de materias que no sean de libre disposición de las partes.

Consideramos que son los mecanismos especialmente diseñados para regular las relaciones de consumo, los que deben regir el trámite de este tipo de causas. Los procesos arbitrales suponen un costo importante para el consumidor (honorarios del árbitro).

Esto constituye un desincentivo importante para querer discutir cualquier cosa con la empresa.

Adicionalmente, el fallo al final sería en equidad; no basado en la normativa especialmente diseñada para proteger al consumidor.

Es decir, un fallo de partes iguales para dos sujetos que presentan desigualdades económicas evidentes entre sí.

Estimamos que las cláusulas arbitrales resultan abusivas, si no se refieren al arbitraje de consumo que establece la Ley 45.   Esto ya que, básicamente, y como lo dispone el numeral 7 del artículo 74 de dicha ley, implican una renuncia del consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.

Es por esta razón, que ante la rigidez de condiciones que supone un contrato de adhesión al que se enfrente un consumidor, en la que se le imponga el arbitraje para solventar algún conflicto que surja entre las partes, correspondería demandar la nulidad de la cláusula, por abusiva, previa solicitud de suspensión de sus efectos ante el tribunal competente.

Cabe destacar que existen otras materias que han sido restringidas del ámbito de aplicación de la jurisdicción arbitral, por considerarse igualmente, de tutela, específicamente, el Derecho Laboral, el Derecho de Familia o el Derecho Penal.

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<> Este artículo se publicó el 8  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Arbitraje de consumo

Arbitraje de consumo
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PEDRO MEILÁN

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El Arbitraje de Consumo se instituye como un método alterno para la solución de conflictos que surjan entre consumidores y proveedores de bienes o servicios, observando los principios de legalidad, equidad e igualdad entre las partes. La Ley 45 de 2007, en su artículo 114, establece que el Órgano Ejecutivo reglamentará la materia.

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Es interesante la evolución que han tenido en Panamá los métodos alternativos de solución de conflictos, específicamente en protección al consumidor. En sus inicios la Ley 29 de 1996 solo contemplaba el proceso de conciliación como método para que ambas partes llegaran a un acuerdo sin tener que acudir a los Tribunales Ordinarios. Posteriormente el Decreto Ley 9 del 2006 y la Ley 45 del 2007 adoptan el Arbitraje de Consumo como otro método adicional para la solución alterna de conflictos entre proveedores y consumidores, lo que sin duda, una vez desarrollado mediante su respectiva reglamentación, generará una descarga al sistema judicial que actualmente regenta dicha materia de forma privativa en aquellos conflictos que superan los B/.2,500.00.

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Ha sido aspiración de Acodeco desarrollar el arbitraje institucional, del cual habla el artículo 114 de la Ley 45. En esa medida hemos elaborado un borrador de anteproyecto, para iniciar una discusión profunda sobre el tema y convocar a los interesados para que aporten y compartan sus experiencias. Ya hemos sido retroalimentados con algunas decisiones jurisdiccionales sobre la materia y en las cuales se definen algunos parámetros que deben regir.

Lo mismo aspiramos del sector empresarial y de las asociaciones de consumidores, para complementar el proyecto con el aporte de todos.
En el enfoque de la propuesta reglamentaria de Acodeco, el objetivo del Arbitraje de Consumo es atender y resolver las reclamaciones de los consumidores, en relación con los derechos y obligaciones emergentes de la Ley 45.

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En cuanto a las características del proceso se destacan las siguientes: Voluntario : El Sistema no es obligatorio para las partes; Accesible : Será gratuito, salvo las pruebas aportadas por las partes; Participativo : Representación de las Asociaciones de Consumidores y Organizaciones Empresariales; Público : El Sistema funcionará en el ámbito de Acodeco, que asumirá los costos; y, Vinculante : Produce efectos de cosa juzgada.

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Las reglas de procedimiento del Tribunal Arbitral serán dictadas por Acodeco, bajo los principios de audiencia, contradicción, igualdad de las partes y decisión vinculante.

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El convenio arbitral conlleva el compromiso para ambos de someterse al laudo arbitral, que se convertirá en un título ejecutivo, igual que una sentencia judicial. El procedimiento inicia con la designación del Tribunal Arbitral, que estará conformado por un representante de las asociaciones de consumidores, uno de los gremios empresariales y uno de Acodeco.

El Tribunal podrá practicar pruebas y debe emitir su laudo en 60 días. Otro aspecto importante que desarrolla el Proyecto es la adhesión previa que pueden solicitar los proveedores que, mediante un distintivo que dará Acodeco, estarán identificados como agentes económicos comprometidos a solucionar sus conflictos con los consumidores con un método rápido y gratuito ante la Acodeco.

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Publicado el 4 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.