Preaviso: ¿Salario adelantado?

La opinión del Abogado y Ex Director General de Trabajo…

Franklin Delgado

wwwpmalawyer.com

Para gran parte de los gerentes, inversionistas y propietarios, la Ley laboral panameña es una cuestión nada clara, muy por el contrario les parece una cuestión de suerte y azar.   Esta lotería, según muchos, se compone de dos elementos trascendentales recurrentes; la astucia del jefe de recursos humanos y/o lo buena gente del empleado.   Créanme que esta percepción, flaco favor le hace a un clima de inversiones que el país necesita.

La Ley laboral debe ser importante para cualquiera que pretenda tener éxito en los negocios en Panamá. No basta con contratar a todo un departamento de recursos humanos, usted debe conocer los principios básicos de la materia, principalmente los que inciden en el ROI y las ganancias.

No hace falta convertirse en un magistrado, sólo que sepa lo necesario, para que realice mejores decisiones que maximicen sus recursos, sin vulnerar la Ley.   De esta forma usted, no caerá en abruptos que dejan muy mal parada a su organización.

Uno de los errores más frecuentes de los gerentes y dueños de negocios, es creer que el preaviso es un mes de adelanto, el cual se debe pagar a un colaborador, a lo hora de su liquidación, sin siquiera trabajarlo.   En realidad, no es así, sí así como lo ha leído. Resulta que esta figura fue instaurada para que el trabajador tenga un tiempo prudencial para preparar su salida de la empresa. En este sentido, éste deberá ser comunicado del cese de funciones con dos quincenas antes a su separación, sin embargo continúa laborando en su misma posición o análoga hasta llegado el día anunciado, en el cual recibirá sus prestaciones.

Usted se preguntará, ¿De dónde viene entonces, la creencia popularmente aceptada? En parte del ego y del temor a la venganza. Así como se escucha, el ego por parte de los empleadores cuando afirman: “No lo quiero ver más en la oficina” o   “Se me va, de inmediato”.   Por otro lado, el temor a la venganza por parte del trabajador, que al mantenerse en la empresa por espacio de un mes más, podría maquilar la más dulce venganza en contra de la empresa, a la cual dedico tanto esfuerzo. Estas dos situaciones podrían darse, si este es el caso, sin lugar a dudas, el preaviso deberá pagarse integro por adelantado, más debemos convertir esta situación en la regla dado que no es más que una excepción.

Conociendo un poco más del tema, profundice en su Código de Trabajo y tome las mejores decisiones a fin de no malgastar recursos de su organización, que la Ley no le ha ordenado a pagar por adelantado.

 

<>Artículo publicado el  3 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Millones en publicidad engañosa

La opinión del Secretario General del SUNTRACS – FRENADESO….

GENARO LÓPEZ R.

¿ Cuánto del presupuesto nacional se destina a publicidad? Desde hace varios años el pueblo panameño viene cuestionando las cifras millonarias que se destinan a publicidad engañosa por parte del gobierno. Recursos que deberían ser utilizados para cubrir el déficit en la atención de las necesidades sociales, son utilizados para mentir a la población.

Según informe de la Secretaría de Comunicación del Estado el presupuesto para publicidad estatal en el 2010 es de 22 millones de dólares.   Mucho se ha dicho sobre la utilización de los fondos del Estado para montar campañas tendientes a vender leyes antipopulares; tal es el caso de la reformas tributarias (aumento del ITBMS a 7%) y hoy para lavar la cara del gobierno frente a la masacre de Bocas del Toro ante la imposición de la Ley 30.

Durante semanas el gobierno mantiene en diversos medios de comunicación publicidad engañosa sobre la Ley 30, que aparece bajo el título ‘La verdad de la ley 30: seguridad y progreso’.    Dicen:   ‘La ley 30 no quita derechos laborales:   No se elimina el domingo, las vacaciones, el fuero de maternidad, el cargo por horas extras…’. Es preciso recordarle al gobierno, que días antes de llevar la Ley Chorizo a la Asamblea Nacional, fue el Ejecutivo (ministra de Trabajo) quien colocó estos temas en la agenda nacional, a través de varias declaraciones en medios de comunicación social y en la OIT, al punto tal que voceros de la Iglesia Católica emitieron opinión pública rechazando la eliminación del día domingo como día de descanso obligatorio.   Ahora bien, el movimiento obrero, al igual que la comunidad de Bocas del Toro, jamás han confundido la llamada primera oleada de reformas al Código de Trabajo con lo que establece la Ley 30, que sí vulnera derechos laborales en sus artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Por otro lado, la publicidad engañosa sostiene que ‘no se eliminan los estudios de impacto ambiental’.    Los artículos 32 y 33 de la Ley Chorizo reforman la Ley General de Ambiente (Ley 41), exonerando al Estado de la obligación de estudios de impacto ambiental cuando el Consejo de Gabinete así lo considere necesario.

Igualmente dicen que ‘no se permite el abuso de la Policía’.   Los artículos 27 y 28 exoneran a los miembros de la Fuerza Pública del cargo de abuso en el uso de la fuerza.    Les da impunidad para avasallar al pueblo.   Lo vivido en Bocas del Toro es la muestra más evidente del ejercicio de la Ley 30.

En medio del ‘diálogo de YO con YO’ el gobierno ha incrementado su publicidad engañosa, lo que no contribuye a crear un clima honesto para el mismo, por lo que exigimos que se suspenda inmediatamente el derroche de nuestros impuestos en propagandizar la represiva Ley Chorizo.

La publicidad estatal debe invertirse en campañas donde hay que comunicarle al pueblo temas de relevancia (campañas de salud, campañas para alertar y combatir epidemias, prevención de riesgos, entre otras), debe estar regida por un criterio de utilidad social. Asimismo en toda propaganda del Estado debe señalarse que esa obra se ha hecho con el dinero de los contribuyentes, evitando así el ensalzamiento personal al que muchas autoridades son adictos con los recursos de todos.

Cerramos señalando que todavía el eco de los gritos y el llanto de las viudas y los hijos de Antonio Smith y Virgilio Castillo resuenan en los oídos del pueblo panameño, en ese marco de dolor e impotencia los diputados han abofeteado nuevamente el clamor popular, al imponer un proyecto que no deroga la Ley 30.    Estos son los ‘padres de la patria’, que no conformes con sus altos emolumentos, mañana destinarán miles de dólares en publicidad (en medios de comunicación de su propiedad), para esconder su traición al pueblo.

Ante la mafiocracia enquistada en todos los Órganos del Estado, al pueblo trabajador no le queda otro camino que organizarse y construir su propio instrumento político.

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Este artículo fue publicado el  15 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ordenando la venta de lotería

La opinión de…

Aracelis Leoteau 

Desde hace un tiempo he estado dando seguimiento a la polémica de la venta de lotería en nuestro país. Y lejos de definir una posición a favor o en contra de los vendedores de chances y billetes, deseo llamar la atención sobre la necesidad de modernizar el sistema de ventas y el fin de la grosería y el maltrato a que son sometidos los consumidores.

Hoy en día, en muchos países del mundo, la venta de lotería está organizada a través de agencias, que a su vez se diseminan en pequeños puntos de ventas.

La experiencia más cercana que me permite plantear esta necesidad de modernización, fue la que conocí en Chile, donde la venta de lotería está ordenada de tal forma que el cliente puede comprar los boletos de los diferentes juegos de azar que existen, en cualquier supermercado, quiosco y hasta panaderías o refresquerías.

Como ven, el “billetero” como tal no existe. Sé que al plantear esta opción podría pensarse que sería el fin de la única fuente de ingreso de muchas familias; sin embargo, esto puede ser previsto y gestionado de tal manera que los billeteros que hoy forman parte de un sistema que, según ellos, no les conviene, puedan participar del cambio y salir beneficiados con un salario fijo, seguro social y los demás beneficios que el Código Laboral ofrece a los trabajadores panameños.

Aquí le tocará a la institución proponer una reestructuración en cuanto al sistema de venta, en el que los billeteros pasarán a ser funcionarios de la Lotería y no vendedores independientes con un pequeño porcentaje de ganancia. Ahora bien, sobre el trato, o en este minuto maltrato, a que son sometidos los compradores de lotería, debo decir que se hará necesaria una capacitación intensa sobre la atención al cliente, porque claramente el problema no se limita a un asunto de insatisfacción de los billeteros con su contraparte la Lotería Nacional de Beneficencia, aquí hay un tema de “educación”, entiéndase amabilidad y cortesía.

¿Quién en Panamá, no ha sufrido insultos, malas caras a la hora de comprar un chance o un billete por el simple pecado de elegir un número bajo? Hasta llegan a ignorar al comprador cuando osa preguntar “¿por qué tengo que comprarlo casado?”

De no tomarse una solución pronta a este problema, lo único que se va a conseguir es crear más desgano en el comprador, que seguirá prefiriendo el servicio ilegal de las “casas grandes”, donde es más probable que encuentre su número favorito sin caras ni groserías.

Ojo, aclaro que así como hay billeteros groseros, hay quienes con su buena vibra son capaces de cambiar esa percepción negativa que muchas veces se tiene de ellos; lástima que hasta encontrarlos sea un golpe de suerte.

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Este artículo se publicó el 11 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Reformas laborales: El país maquilador

La opinión del Comunicador Social….

FERNANDO MARTÍNEZ G.

Omar Torrijos Herrera entregó al país en 1972 el Código de Trabajo más avanzado de su tiempo en nuestra región, con la intención de reivindicar décadas de lucha del movimiento social.   Antes de esa fecha las organizaciones populares (estudiantiles, obreras o campesinas) estaban proscritas, eran perseguidas y reprimidas con fuerza por la mayoría de los gobiernos de turno. Allí está el testimonio de sacrificio de mártires del movimiento popular como Ferdín Jaén, José Manuel Araúz, Rodolfo Aguilar Delgado, José del Carmen Tuñón y Juan Navas Pájaro.

El proceso de liquidación del proyecto torrijista, puesto por la derecha ultraconservadora de Estados Unidos y sus aliados internos tras la muerte de Torrijos, implicaba el desmantelamiento del movimiento social y revertir sus conquistas (incluido el Código del Trabajo).

Eran los años del resurgimiento del mundo unipolar (con el derrumbe de la URSS) y la llamada ofensiva neoliberal y muchos de los supuestos herederos de Torrijos abandonan el ideario torrijista para promover reformas antipopulares, incluidas las que se hicieron al Código del Trabajo.

La tesis de moda era que la fórmula del progreso consistía en atraer la inversión extranjera y convertir a Panamá en un país maquilador. Cualquiera que conozca algo la experiencia mexicana o que haya visitado los inframundos de San Pedro Sula en Honduras, sabrá las implicaciones de imponer un modelo basado en la superexplotación del trabajo sin otra regulación o derecho laboral que no sea el pago a destajo (la empresa no tiene otro compromiso que no sea el pago contra producto, es decir, ese ser humano que llamamos trabajador desaparece de la relación contractual).

Para el país maquilador había que hacer zonas especiales, que algún genio local bautizó como zonas procesadoras para la exportación, enclaves territoriales y económicos en los que no se pagan los mismos impuestos que pagan los empresarios panameños, en los que se prohíbe la formación de sindicatos y, desde luego, no se aplica el odioso Código del Trabajo.   A pesar de todas las ventajas, el proyecto fracasó estrepitosamente (a la antigua base militar de Davis llegaron una o dos empresas taiwanesas que abandonaron al poco tiempo de establecidas).

En la dirección equivocada el gobierno actual se ha propuesto llegar más lejos que sus antecesores. En un año se ha roto la base de la conciliación tripartita —gobierno—capital—trabajo—, una herramienta invaluable para la concertación y la elaboración y ejecución de políticas de Estado y parece empeñado en elegir a sus interlocutores tanto del sector sindical como empresarial (negociar exclusivamente con esquiroles a sueldo y empresarios de su entorno que comparten su sectaria visión de la economía). Peor aún, ha reprimido y castigado, violando las leyes del país, a manifestaciones organizadas contra su política económica. Sin mecanismos de participación, conciliación y sin libertad de organización y protesta, el gobierno está orillando el país a la confrontación social.

No es cierto que se busca modernizar al país, al contrario, sin justicia y compromiso social del Estado (y de las empresas), sin empleo de calidad y bien remunerado agrandamos las desigualdades, la marginación y, con ello, los flagelos de la violencia social y la delincuencia.

Lo que el país necesita es: una estrategia nacional de desarrollo amigable con el medio ambiente, que rompa los desequilibrios regionales para que las ciudades terminales de la zona de tránsito dejen de ser depósitos de mano de obra barata y de supervivientes de la economía informal; crear polos de desarrollo en el Panamá rural e indígena; hacer una reforma educativa integral y profunda (no cambios cosméticos y erráticos al currículo). Para ello es imprescindible una estrategia de desarrollo agropecuario (sector que —por cierto— el gobierno parece empeñado en destruir en favor de los comerciantes e importadores de víveres) y, de paso, garantizar nuestra seguridad alimentaria.

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Este artículo fue publicado el  23 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Breve análisis de la Ley 30

La opinión de…

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Carlos E. Rangel Martín 

En relación con el Código del Trabajo, el Artículo 12 de la Ley 30 dice textualmente:  “El empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores en favor de un sindicato las cuotas sindicales… que éste establezca”; luego añade que: “El trabajador que desee pagar las cuotas sindicales… fijadas por su sindicato deberá pagarlas de manera voluntaria”.   Según los voceros gubernamentales, esto evitaría que algunos líderes sindicalistas se aprovechen de los trabajadores para, por ejemplo, poder gastarse hasta 100 mil dólares en vehículos todo  terreno.

¿Aceptaría el actual gobierno una ley que dijera: “El empleador no estará obligado a descontar a sus ciudadanos en favor del Gobierno nacional los impuestos que este establezca, y el ciudadano que desee pagar los impuestos fijados por el Gobierno deberá pagarlos de forma voluntaria”?

Esta ley evitaría que algunos funcionarios gubernamentales se hicieran millonarios con los impuestos que pagan los ciudadanos; y si alguien objetara que esta ley eliminaría al Gobierno, se le podría señalar que esta ley en ningún lado dice que se eliminará al Gobierno.

La realidad actual es que así como cualquier ciudadano que no quiera pagar impuestos en Panamá puede mudarse de país, cualquier trabajador panameño que no quiera pagar cuotas sindicales puede mudarse de empresa.

El Artículo 13 de la Ley 30 estipula: “La convención colectiva se aplicará a todas las personas que trabajan en las categorías comprendidas en la convención en la empresa… aunque no sean miembros del sindicato”.

¿Aceptaría el Gobierno otra ley que estipulara: “Los beneficios que proporciona el Gobierno se aplicarán a todas las personas que trabajen en las categorías comprendidas en el Gobierno… aunque no sean funcionarios del Gobierno?

Un artículo de opinión no tiene espacio para analizar toda la Ley 30 así que, saltando al Artículo 14, Ordinal 2, este señala:   “La huelga legal suspende los efectos de los contratos de los trabajadores que la declaren o se adhieran a ella”. En otras palabras, una huelga invalida el contrato entre los trabajadores y la empresa.   Se deduce que esto se aplicaría aun cuando la huelga fuera por el incumplimiento de dichos contratos por parte de la empresa.

El Artículo 14, Ordinal 2 dice: “El empleador podrá celebrar nuevos contratos para la reanudación de los servicios suspendidos, siempre que a juicio de la Dirección Regional o General de Trabajo sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a las maquinarias y elementos básicos”. En otras palabras, queda en manos del Ministerio de Trabajo decidir si la empresa puede contratar nuevos empleados, porque algunas carretillas pudieran oxidarse a causa de la huelga.

El Artículo 18 dice: “Las confederaciones y centrales de trabajadores y las federaciones sindicales no afiliadas a ninguna confederación o central constituirán el Consejo de Trabajadores de Panamá (Cotrapa)… cuyas funciones reglamentará el Órgano Ejecutivo, sin perjuicio de la reglamentación que, para su régimen interno, aprueben las organizaciones que lo integren”. Más adelante, este artículo añade: “Cotrapa, las confederaciones y las centrales de trabajadores y las federaciones sindicales elaborarán las ternas de las cuales el Órgano Ejecutivo designará los delegados obreros que asistirán a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y a cualquier otro congreso o conferencia al cual el Estado deba enviar representación de los trabajadores”.

En otras palabras, las asociaciones de trabajadores podrán regirse por reglamentaciones propias solo para sus asuntos internos; para los asuntos externos, tanto las reglamentaciones como el escogimiento de los representantes de los obreros, el Presidente de la República tendrá la última palabra.

La pregunta al amable lector es: ¿Considera usted ecuánime la Ley 30?

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Este artículo se publicó el 19 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.