Despoliticemos la salud

La opinión de…..

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Manuel A. Cambra G.

Hemos tenido acceso al proyecto de ley 43, presentado por el diputado Crispiano Adames y el proyecto de ley 74, presentado por el diputado Sergio Gálvez, durante el actual período, por medio de los cuales “se reorganizan y se regulan los comités de salud en la República de Panamá”.

De su lectura concluimos que ninguno de los dos proyectos busca arrebatar los comités de salud de las garras de la manipulación política.   Por ejemplo, el proyecto de ley 43 profundiza la situación cuando el artículo 12 establece que “los comités de salud propondrán nombramientos o remoción de personal pagado con sus fondos a la dirección del centro”. A pesar de que estos funcionarios se someten al reglamento administrativo del centro de salud (del Minsa) y son tratados como empleados públicos, gozan en realidad de derechos como empleados privados a diferencia de los demás funcionarios.

Durante la administración pasada, el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, en San Miguelito, fue afectado financieramente por más de 25 mil balboas en reclamos salariales de funcionarios que fueron despedidos por la ingerencia impune de un representante de corregimiento. Esto perjudicó la capacidad de ese centro para adquirir insumos, medicamentos y solventar los reclamos de los funcionarios de mejoras en sus condiciones de trabajo.

Debe erradicarse efectivamente la ingerencia de las autoridades locales y la influencia de los partidos políticos en dichos comités. Vimos cómo se organizaron ferias, caravanas y jornadas de salud, con personal y recursos de salud, para favorecer a ciertos representantes de corregimiento.   Los miembros del comité de salud no deben ser integrantes de partidos políticos o, por lo menos, no haber pertenecido a ninguno durante los anteriores dos o tres años.

Se pretende que los miembros de la junta directiva de los comités de salud reciban atención gratuita en los centros de salud.   Muchas veces se atienden pacientes gratuitamente a solicitud de autoridades de salud que responden a algún pedido de políticos. Eso menoscaba las finanzas de los centros.

A los funcionarios, principalmente odontólogos, farmaceutas y laboratoristas, se nos exige mayor producción pues a través de los servicios que brindamos, los centros (léase comités de salud) recaudan mayores ingresos, convirtiéndonos en generadores de ingresos en lugar de salud, lo cual es un irrespeto al profesional.

Es un sistema en el que no tenemos ingerencia en las decisiones que se toman y puedan afectar nuestro desempeño, ni acceso a los libros contables ni a la planilla pagadas por los comités.   Sabemos que hay familiares de los directivos de los comités nombrados con altos salarios, en detrimento de otros que a pesar de tener títulos universitarios devengan salarios substancialmente menores.

Los comités de salud no deben tener la potestad de nombrar o remover funcionarios. Mientras, nuestras condiciones de trabajo continúan siendo inadecuadas, por no decir precarias.

Hacemos un llamado al diputado médico Crispiano Adames, al diputado Sergio Gálvez y demás colegas, para que se empinen sobre sus intereses políticos y concreten un proyecto de ley que encuentre una forma moderna y eficiente para administrar los centros de salud y que al mismo tiempo garantice su despolitización real. Fue una promesa de campaña del presidente Ricardo Martinelli.

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Este artículo se publicó el  22  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.